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REPORTAJE

Tres décadas del plan concertado de servicios sociales: ¿es la hora de revisar fórmulas?

Administraciones y trabajadores sociales analizan el complejo sistema de atención primaria basado en este acuerdo tripartito y en las llamadas zonas PRAS

El caso de Torralba de Calatrava, que ha renunciado al Plan Concertado con la Junta de Castilla-La Mancha, ha generado una “debilidad” en el sistema

El Colegio Oficial de Trabajo Social pide que este colectivo “ejerza su trabajo con libertad y sin coacciones políticas”

Desde el Gobierno regional, el director de Acción Social apuesta por estudiar el sistema de consorcios, pero subraya que “la fórmula siempre será mixta”

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Colegio de Trabajo Social

Durante la entrega de los  II Premios de Trabajo Social que el Colegio Oficial de estos profesionales entrega en Castilla-La Mancha, se aludió en varias ocasiones a la necesidad del colectivo de poder contar con más recursos, pero también con mayor independencia y libertad a la hora de desarrollar su labor. En definitiva, mayor comprensión y autonomía. La fórmula mixta mediante la cual la atención primaria -la puerta de entrada para las personas con mayor necesidad- se presta mediante dos tipos de planificaciones, ha provocado variadas protestas por parte de trabajadores sociales en localidades donde no se ha respetado su código ético, quedando al albur de decisiones políticas. En este evento se mencionó especialmente el caso de Torralba de Calatrava (Ciudad Real) municipio donde la alcaldesa ha renunciado al Plan Concertado, abriendo una espita en este debate, precisamente cuando cumple 30 años de vigencia.

Para comprenderlo, primero es importante desgranar este complejo sistema. Actualmente, la prestación de servicios sociales de atención primaria en Castilla-La Mancha se realiza de dos maneras. La primera es el mencionado Plan Concertado, que data de 1988 cuando el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó este acuerdo tripartito con las comunidades autónomas, que también compete a ayuntamientos. Fue a todas luces un pacto de Estado que cumple ya tres décadas y a través del cual los trabajadores sociales dependen del Ayuntamiento, administración que gestiona los servicios, pero es la Junta quien paga hasta un 70% de su sueldo. Los ayuntamientos que conforman estas zonas son aquellos con una población superior a 3.500 habitantes y suscriben el acuerdo con la Consejería de Bienestar Social, en el caso de Castilla-La Mancha

La segunda fórmula son las zonas PRAS (siglas del Programa Regional de Acción Social). Las constituyen municipios con una población inferior a 3.500 habitantes y están conformadas por agrupaciones de localidades. En este caso, se trata de un programa específico de la comunidad autónoma que se articuló en el año 1985, con el objeto de estructurar una Red de Servicios Sociales de Atención Primaria en el medio rural. Estos servicios los paga la Junta casi al cien por cien (concretamente el 99,98%) pero el personal lo contrata un Ayuntamiento, el de cabecera de la zona. Posteriormente, en el año 1999 con el objeto de dotar de otros profesionales que reforzarán la intervención, se comenzaron a formalizar los convenios supramunicipales que agrupan a las zonas PRAS en un área de servicios sociales. Al amparo de este convenio se contratan educadores sociales y también personal administrativo.

Actualmente, en Castilla-La Mancha hay 98 municipios suscritos a la concertación (el primero de los modelos), la mayoría de ellos en las provincias de Ciudad Real y Toledo. Entre ellos están las cinco capitales de provincia y las localidades de mayor población. El resto, hasta los más de 900 municipios que conforman la región, se agrupan en zonas PRAS. También existen modelos mixtos de ambos sistemas según las demandas de la población.

En definitiva, hablamos de dos sistemas que, aunque con renovaciones, tienen décadas de existencia. Durante la legislatura pasada de María Dolores de Cospedal como presidenta, los recortes en servicios sociales provocaron que apenas afloraran otros problemas respecto a ambos sistemas. Lo fundamental para los trabajadores sociales ha sido recuperar el estatus perdido y su dignidad como profesionales. Ahora, con el Gobierno de Emiliano García-Page, las adhesiones al plan concertado se ha convertido en una de las piezas clave de la política social, pero el caso de Torralba de Calatrava ha hecho aflorar un nuevo debate.

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava

Ayuntamiento de Torralba de Calatrava

En este municipio la polémica se produjo cuando el Ayuntamiento, gobernado por el PP, decidió renunciar a la concertación para pasar a formar parte de una zona PRAS. Despidió a una trabajadora social a jornada completa y a una educadora social a media jornada, procedentes del plan concertado. En declaraciones a eldiarioclm.es, la alcaldesa, María Antonia Álvaro García-Villaraco explica que cuando el PP llegó al Ayuntamiento en 2015 existía ya el plan concertado pero comenzó a plantearse renunciar al mismo al tener este pueblo 3.000 habitantes y corresponderle por tanto ser zona del plan regional. Asegura que realizó las gestiones desde ese año pero que no fue hasta el pasado mes octubre cuando la Junta le comunicó que “ya podía renunciar”.

“La decisión nunca me han dejado tomarla a mí, ha sido la Junta quien lo ha decidido, y por eso en diciembre de 2017 fue cuando se llevó a cabo la renuncia al plan”. Esto produjo los despidos mencionados de las dos trabajadoras y la contratación de otra trabajadora social, la misma que realizaba esta tarea de zona PRAS antes del plan concertado.

Entiende el enfado de las personas despedidas, pero hasta el momento, dice la alcaldesa, no se ha llevado a cabo ninguna medida de denuncia laboral contra el Ayuntamiento. “Solamente se ha hecho campaña política con este tema, desde la oposición”. También afirma estar tranquila con la decisión porque los servicios se están prestando con normalidad, aunque ahora la trabajadora social solo acude una vez por semana. “Haría falta más apoyo”, admite, pero afirma que ya se ha adjudicado otra plaza a esa zona PRAS, de la que Torralba ahora forma parte junto a Carrión de Calatrava (municipio de cabecera del área) y Fernán Caballero. “Es más viable para el municipio y nunca ha habido vacío en la prestación de los servicios sociales”, insiste, remarcando que con el plan concertado el Ayuntamiento tenía que asumir parte del gasto en servicios sociales “cuando es una competencia de la Junta” y ahora “hemos estabilizado la deuda y todo funciona perfectamente”.

La interpretación es muy distinta por parte del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha. Su presidente, Floren Alfaro, es trabajador social de Villamalea (Albacete), que funciona como área mixta del PRAS y del Plan Concertado. Esta organización profesional denunció la decisión de la alcaldesa de Torralba por motivos diferentes a los que ella alega. Denuncian que alegó “mala praxis” de la trabajadora social y que con ello puso en tela de juicio la labor que cada día desarrolla este gremio.

"Ahora el servicio se da con menos frecuencia"

“La prestación de servicios sociales a través del municipio es una recomendación del Consejo de Europa; el municipio es la entidad administrativa ideal, y me escandaliza que la alcaldesa venda haber renunciado al Plan Concertado como un ahorro. Nadie permitiría que eso pasara por ejemplo en sanidad: que un alcalde decidiera que en su pueblo se redujeran los pediatras para ahorrar dinero”, recalca. Ante las acusaciones de la alcaldesa, desde el Colegio de Trabajo Social se consultó a las compañeras del ayuntamiento, y no existía constancia de ninguna queja. “Ahora, con ese argumento falso se está dando un servicio con menos frecuencia”.

Y en este último argumento se encuentra una de las principales quejas de estos trabajadores. “Desde el PP se sigue cuestionando la prestación de servicios sociales y en su imaginario todo sigue relacionado con la caridad y la beneficencia”. De hecho y con carácter general, Floren Alfaro dice que todo ello merece un “tirón de orejas” a las administraciones. “No debería ser posible que un político -como un alcalde- te pida que hagas algo que va contra tu código deontológico. El caso de Torralba es muy concreto y específico, pero lo que nos alarma es que sea tan sencillo hablar de mala praxis”.

Pone así otro ejemplo: el alcalde de Casas de Juan Núñez, Alonso Cutanda (PP), ha decidido que este municipio ya no forme parte de la Mancomunidad de la Manchuela, lo que implica que la trabajadora del PRAS siga acudiendo pero no así la educadora social y las trabajadoras del Centro de la Mujer asignado a la zona. “Ahora mismo en ese municipio no hay respuesta a la violencia machista”. “Es intolerable y hay que remover algunos pilares administrativos. No puede pasar que un pueblo o una zona se queden sin profesionales”.

Se trata también de blindar los servicios para evitar que se vean afectados por la proximidad de elecciones o por los resultados de los propios comicios. Aquí regresa de nuevo al símil sanitario: “Ningún concejal se atrevería a coaccionar a un médico porque quiere resultados ya y ahora”. Este Colegio apunta a la necesidad de “caminar hacia consorcios”, y que “los técnicos ejerzan su derecho con libertad sin estar coaccionados por los políticos”.

Inauguración de las I Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión de la FEMP-CLM

Inauguración de las I Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión de la FEMP-CLM

Fue una de las premisas que se abordaron en la Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión celebradas en Toledo en noviembre. Allí se estudió el caso de Aragón, donde la atención primaria está organizada en comarcas, de forma similar, pero no igual, a los nuevos convenios supramunicipales castellano-manchegos. “Sí, ya se está haciendo pero hay equipos donde las diferencias administrativas son muy notables. Depender de administraciones distintas con diferentes categorías genera equipos muy heterogéneos. Para mejorarlo, no solo habría que ampliar recursos sino también dar elementos de seguridad jurídica y praxis profesional. Si no, la mesa se queda coja”.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, nos habla también del caso de Torralba, aparte de ofrecer una visión general sobre ambos sistemas de servicios sociales. En el caso de este Ayuntamiento, considera negativas "las formas y las justificaciones" que dio la alcaldesa, apuntando a la mala praxis y al coste. Al margen de ello, explica que no fue una decisión consensuada con la Administración regional, que además no entra en este tipo de decisiones, que “siempre son técnicas”. “Los técnicos trabajan de manera coordinada para que ninguna zona se quede sin cobertura de servicios sociales y siempre van a tratar de convencer a un ayuntamiento de que mantenga el plan concertado”.

Tampoco entiende el director general que la alcaldesa no defienda seguir en el plan concertado cuando su financiación autonómica se ha incrementado. Recuerda que hasta 2013, año en que ya gobernaba Cospedal, en Castilla-La Manca todos los ayuntamientos, fueran mayores o menores de 20.000 habitantes, contaban con una financiación del 68% del plan concertado. Con el decreto y la posterior orden del Gobierno del PP, a los municipios de más de 20.000 habitantes no se les financiaba más del 40%, una “bajada brutal". “Nosotros aumentamos un 15% esa financiación”.

Sí reconoce Ramón Lara que el caso de Torralba refleja “cierta debilidad” del sistema. Subraya que si el Ayuntamiento de Carrión hubiera decidido seguir con el personal de su área, la Junta no podría haberle obligado a asumir un pueblo más. Y aunque se trata de un caso puntual, admite que el debate sobre los dos modelos “está siempre en el aire”. Menciona también las fórmulas de consorcios abordadas en las Jornadas de Servicios Sociales y afirma que el Gobierno afrontará el debate.

“No vamos a eludirlo, pero yo tengo claro que la fórmula tiene que ser mixta, no existe otra. La Administración regional y la local están obligadas a entenderse, indistintamente de que pueda haber un consorcio o no. Es un debate con una solución compleja y a largo plazo. Hay que respetar la autonomía local y el modelo de provisión tiene que ser consensuado, no se puede imponer”, concluye, avanzando que es una cuestión que se está estudiando con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

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