El 1 de noviembre de 2024, cuando medio millón de valencianos afectados por la dana intentaban limpiar el barro, la Generalitat Valenciana abrió una cuenta corriente para recaudar dinero en medio de la enorme ola de solidaridad en toda España. Consiguió 12 millones donados por ciudadanos particulares y pymes que aparcó en un cajón y no se utilizaron para cubrir necesidades de coche, vivienda o ropa que eran imperiosas en aquel momento.

Un año después de abrir la cuenta, cuando elDiario.es publicó que no se sabía nada del dinero, la entonces portavoz de Carlos Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero, aseguró que tres de esos doce millones ya estaban adjudicados para ayudar a familias vulnerables afectadas por la riada. Admitió así implícitamente que el resto, 9 millones, estaban parados: “Ya se ha asignado una parte a ayudas sociales aprobadas la semana pasada después de dar muchas vueltas a dónde podía ir el dinero”, dijo en aquella rueda de prensa del 20 de octubre de 2025, doce meses después de las inundaciones.

La documentación oficial muestra que era mentira y que fue una improvisación. Realmente ese día en el que habló, ese dinero seguía en un cajón sin destino. Fue al día siguiente de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y de su rueda de prensa cuando la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales reclamó esos tres millones que estaban en la cuenta solidaria. Los sumó a otros dos millones (que eran los que sí se habían aprobado) para ayudar a familias vulnerables afectadas.

Sin embargo, según el estado de ejecución del presupuesto a 31 de diciembre de 2025, los 5,5 millones totales que iban a destinar a esas familias que padecieron la riada y eran especialmente vulnerables, se quedaron en 4,7 millones (el destino del resto de dinero no se ha especificado, pero suele acabar en la caja común para cualquier otro gasto de la Generalitat). Sin embargo, a esa fecha, solo se habían pagado realmente 800.000 euros, quedando casi 4 millones de euros por enviar a los destinatarios. La Conselleria de Servicios Sociales no ha contestado sobre los motivos por los cuales la Generalitat no ha hecho el pago efectivo a estas personas beneficiarias ni tampoco ha especificado si lo ha hecho en 2026.

El resto del dinero recaudado por los ciudadanos de España para ayudar a los valencianos de la dana, casi 9 millones de euros, se adjudicó a un programa de bono térmico en noviembre del año pasado. Se trata de una ayuda directa de casi 400 euros para sufragar energía a los hogares que habían padecido la riada. A esa línea dedicó el dinero solidario y 9 millones más que venían de otras partidas. A fin de año, según la ejecución presupuestaria, a la Generalitat le habían sobrado 2,7 millones y había adjudicado el resto. Fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda, encargada de este bono, tampoco ha contestado a elDiario.es sobre por qué le ha sobrado ese dinero, a dónde ha ido a parar y si era parte del dinero solidario recaudado por pymes y ciudadanos solidarios. El resto, más de 15 millones, sí ha llegado íntegramente a los beneficiarios. “Las donaciones de la DANA están ejecutadas al 100%”, se han limitado a explicar fuentes oficiales de esa Conselleria.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha de una medida específica de modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones dirigida a la continuidad de empresas familiares, incluidas las agrícolas, negocios profesionales y participaciones en sociedades holding.

Se trata de la supresión de este gravamen a través de la bonificación del 99% hasta el cuarto grado de parentesco, extendiéndose además a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

Así se ha manifestado durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios donde el jefe del Consell ha destacado que las empresas familiares “suponen más del 90% de la actividad empresarial de la Comunitat Valenciana y generan en torno al 80% del empleo y del PIB” al tiempo que ha señalado que, desde la Generalitat, “estamos fortaleciendo nuestras clases medias trabajadoras bajándoles los impuestos para profundizar en la justicia social de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido ha puesto en valor que este año alrededor de un millón de personas con bases liquidables de hasta 60.000 euros en declaración individual o 78.000 euros en conjunta podrán deducir en el IRPF gastos relacionados con dentista, óptica, deporte, enfermedades raras o crónicas y salud mental.

Además, se ha bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones al 99% entre hijos, cónyuges y padres, y se aplicará una bonificación del 25% entre hermanos y sobrinos en 2026, que llegará al 50% en 2027. También se ha reducido el tipo del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 10% al 9%, y el tipo superreducido para jóvenes menores de 35 años que compran su vivienda habitual ha bajado del 8% al 6% y en Actos Jurídicos Documentados se ha bajado el tipo general del 1,5 al 1,4%.

Estabilidad, continuidad y confianza

Durante su intervención, el president de la Generalitat ha abogado por una política que garantice la estabilidad y la confianza, “conceptos clave para cualquier sociedad moderna y sin los que no hay seguridad, algo clave para la inversión, el crecimiento y la creación de empleo”.

Así, ha incidido en la necesidad de que cada uno de los actores implicados “haga lo que mejor sabe hacer: los empresarios crear riqueza, los ciudadanos vivir de su esfuerzo en libertad y las administraciones garantizar la convivencia de todos”.

Sobre esto, ha destacado que, desde la Generalitat, “se han abierto vías de diálogo, escuchando activamente a los ciudadanos en la calle y llegando a acuerdos con aquellos que han respetado la continuidad del proyecto político de cambio que llegó a la Comunitat Valenciana hace dos años ”.

Asimismo, ha trasladado su apuesta por la construcción de alianzas con la ciudadanía porque “es imprescindible la existencia de una sociedad civil estructurada que canalice demandas sociales de forma independiente, sin más pretensión que mejorar los resultados de lo que es para todos” al tiempo que ha trasladado la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para “conseguir una mayor efectividad de la acción pública para asumir los retos de futuro”.

El jefe del Consell ha subrayado el papel de la Asociación Valenciana de Empresarios, “relevante en la sociedad valenciana y buen ejemplo de liderazgo, constancia y compromiso con las distintas reivindicaciones de nuestra tierra como la innovación empresarial, el Corredor Mediterráneo o la exigencia de un modelo de financiación autonómico justo”.

En esta línea, ha manifestado que, el modelo de financiación presentado por el Gobierno de España, “sigue siendo injusto con los cinco millones y medio de españoles que viven en esta tierra, por lo que el Consell no va a ceder al chantaje que se nos ha planteado ya que esta nueva propuesta propone seguir aportando menos a cada ciudadano de la Comunitat Valenciana que la media nacional y no reconoce nuestra infrafinanciación”.

Política útil y gestión eficiente

En su discurso, Pérez Llorca ha incidido en la necesidad de las administraciones de hacer una política útil y una gestión eficiente porque “es compatible bajar impuestos y garantizar unos servicios públicos fuertes”.

Así, ha mostrado su compromiso por “impulsar una economía sin trabas que cree empleo” a través de la reducción de la hiperregulación normativa, la bajada de impuestos, en especial a las clases medias trabajadoras y la defensa de nuestros sectores productivos frente a países que compiten de forma desleal.

El president ha destacado la aprobación del Decreto Ley que ha permitido alcanzar la simplificación de 1.300 artículos de 170 normas legales, gracias al cual se ha introducido una mayor flexibilidad en el calendario comercial en la Ley de Comercio, incrementado la seguridad jurídica, establecido un plazo máximo de un mes para autorizar las acometidas eléctricas de viviendas o polígonos y desbloqueado más de 10.000 expedientes acumulados.

La Fundación Soliss ha hecho entrega de un donativo de 4.124 euros a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA), una cantidad que se corresponde con un euro por cada corredor y corredora que finalizó la 43ª edición de la San Silvestre Toledana Popular, celebrada el pasado 31 de diciembre.

La cifra se ve reforzada por la aportación solidaria voluntaria realizada por los corredores durante el proceso de inscripción, destinada íntegramente a la misma asociación.

El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de Soliss Seguros y ha contado con la presencia, por parte de la Fundación Soliss, de Mª Luisa González Bueno; en representación de la organización de la prueba, Amigos del Atletismo, han asistido Epifanio Gutiérrez y Pedro Guijarro; y por parte de AFA Toledo han estado presentes Mª Teresa Baillo y Juan Pérez, vocal y tesorero respectivamente.

Esta aportación solidaria de la Fundación Soliss se suma a los 1.001 euros que la propia organización de la San Silvestre Toledana ha hecho llegar a AFA Toledo, procedentes de la donación voluntaria realizada por los corredores en el momento de formalizar su inscripción, alcanzando así un importante respaldo económico para la asociación.

Deporte, participación ciudadana y solidaridad

Desde la Fundación Soliss se ha subrayado el compromiso de la entidad con iniciativas que combinan deporte, participación ciudadana y solidaridad, destacando el papel de la San Silvestre Toledana como un evento “plenamente consolidado que trasciende lo deportivo para generar un impacto social positivo en la ciudad”.

Asimismo, se ha querido poner en valor la implicación de los más de 4.000 participantes que lograron finalizar la prueba, convirtiendo “su esfuerzo individual en un apoyo directo a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y a sus familias”.

Por su parte, desde AFA Toledo se ha agradecido tanto la aportación económica de la Fundación Soliss como la sensibilidad mostrada por la organización y por los corredores de la San Silvestre Toledana, destacando la importancia de este tipo de colaboraciones para seguir desarrollando programas de atención, acompañamiento y apoyo a los enfermos y sus cuidadores.

La San Silvestre Toledana refuerza así, un año más, su carácter solidario, demostrando que “cada meta cruzada puede convertirse en una ayuda real para quienes más lo necesitan”.

Euskadi ha obtenido una tasa de 64,3 donantes por millón de población (pmp) en 2025 y se afianza como referente en tasas de donación de órganos, con cifras superiores en un 10% a las obtenidas en 2024, por encima de la media estatal de 51,9 donantes pmp y a gran distancia de la media europea, situada en 24,7 donantes pmp. Así lo ha destacado en un comunicado el Departamento de Salud, que ha destacado que estos resultados consolidan a Osakidetza como “referente en el en el ámbito de la donación estatal e internacional”, con una tendencia al alza mantenida durante los últimos seis años.

Durante el pasado año, 144 ciudadanos donaron sus órganos tras su fallecimiento en Euskadi, según los datos que recoge Europa Press. Los procesos de donación tras muerte por criterios circulatorios, denominada donación en asistolia, se consolidan como programas de donación mayoritario (64,5%) frente a la clásica donación tras muerte cerebral. El Gobierno vasco ha señalado que este cambio en el proceso de donación ha hecho que sea posible detectar a aquellas personas que en el final de su vida deciden incluir la donación de órganos y tejidos como parte de su proceso vital.

Respecto al perfil del potencial donante de órganos, ha indicado que se mantiene similar al de años anteriores. Así, los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representan el 4% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes ha sido el accidente cerebrovascular (44%). En cuanto a la edad del donante, cerca del 60% de los personas supera los 60 años; el 36%, los 70; y un 3%; los 80 años. El donante más longevo registrado en Euskadi en 2025 contaba con 83 años.

En relación a la actividad de trasplantes, Osakidetza ha gestionado que un total de 262 personas accedieran a un trasplante de órganos en el País Vasco durante el pasado año. Entre los resultados obtenidos destacan 76 trasplantes hepáticos y 164 trasplantes renales, realizados en el Hospital Universitario Cruces, y que constituyen los programas de trasplante de órganos con mayor trayectoria en Osakidetza.

Además, a lo largo de 2025, el Hospital Universitario Donostia, centro de referencia de trasplante de medula ósea, llevó a cabo 66 trasplantes de tipo alogénico (20 de personas emparentadas y 46 no emparentadas), lo que consolida la tendencia de aumento sostenido de la actividad en los tres últimos años y lo convierte en “polo de referencia” en este campo para toda la zona norte peninsular. Asimismo, durante el pasado año, se localizaron a un total de 104 ciudadanos vascas posibles donantes de médula ósea entre los inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea.

Nuevos retos

El Departamento de Salud ha manifestado que la donación y el trasplante de tejidos se configuran ahora como uno de los retos de los equipos de coordinación de donación y trasplante de Osakidetza, por su impacto directo en la mejora de la calidad de vida de los cientos de personas trasplantadas en Euskadi.

En este sentido, ha subrayado que, gracias a la colaboración de los hospitales de Osakidetza acreditados para la extracción de tejidos, ha sido posible alcanzar en Euskadi los 225 donantes de córneas, así como 90 donantes de tejido osteotendinoso, de los que se obtienen gran número de piezas óseas y tendones destinadas a trasplante. El Centro Vasco de Trasfusión y Tejidos Humanos de Osakidetza (CVTTH), situado en el Hospital de Galdakao, es el encargado de las labores de almacenamiento, procesado y distribución de los tejidos a trasplantar.

Ayudar lo máximo posible con los recursos disponibles y saber que funcionan. Con esa vocación nació el conocido como “altruismo efectivo” o “altruismo racional”, una forma de apoyar campañas de cooperación al desarrollo internacional o de ayudas ante catástrofes naturales que maximiza la efectividad de la cuantía. Hay personas que las apoyan con aportaciones de seis cifras, otras que apenas llegan a los cinco euros, pero todas con la consciencia de que serán evaluadores externos e independientes los que examinarán cómo de efectivo es el dinero en un proyecto concreto. No se trata de ayudar solo con el corazón, sino hacerlo también con la cabeza.

El altruismo racional es un movimiento relativamente reciente, impulsado por los profesores de Oxford William MacAskill y Toby Ord y con mucho predicamento en universidades de EEUU. La popularidad de esta corriente se disparó cuando uno de sus principales defensores, Sam Bankman-Fried, fue detenido y posteriormente condenado por el robo de 8.000 millones de dólares a los clientes de su fondo de inversión. Bankman-Fried se había rodeado de una serie de seguidores de esta filosofía, defensores de que la mejor manera de ayudar a los demás era ganar la mayor cantidad de dinero posible para luego ser donada con criterios de eficacia.

Aquel grupo lo componían profesionales de la inversión, matemáticos de mente privilegiada y, en general, profesionales de primer nivel en sus sectores, que es donde principalmente ha calado esta forma de entender la ayuda a los demás. La corriente ha calado además entre parte de los millonarios de Silicon Valley, deseosos de contribuir con su dinero para que este sea empleado de la manera más efectiva posible.

Ese es el mantra que persiguió a Pablo Melchor, ahora presidente de la Fundación Ayuda Efectiva y autor de “Altruismo racional. Por qué podemos ayudar más y cómo hacerlo mejor” (arpa, 2025), cuando dejó de lado el emprendimiento empresarial. “Tenía éxito profesional, pero me planteé qué sentido tenía lo que hacía. Me preguntaba si eso era lo mejor que podía hacer con mi vida. Siempre me he sentido un privilegiado, y tuve la suerte de poderme parar a pensarlo”, cuenta a elDiario.es en conversación telefónica.

De ese parón llegó la pregunta que todavía le recorre: ¿cómo puedo ayudar? Así llegó a lo que fuera de España se conoce como “altruismo eficaz”, que en esencia es usar la evidencia y la razón para encontrar la mejor forma de ayudar a los demás y llevarla a la práctica, según define el mismo Melchor.

De esta manera, apuesta por dejar un poco de lado la parte más emotiva con la que solemos apoyar proyectos solidarios para acercarnos a algo concebido quizá como frío, que es la razón. “Porque tanto emociones como razón nos caracterizan como seres humanos. Será un verdadero drama si decidimos ayudar a los demás y lo hacemos de una manera en que no cambian las cosas. Habremos derrochado esa emoción que nos lleva a preocuparnos por los más vulnerables”, apuntilla.

El presidente y cofundador de Ayuda Efectiva recalca que la ciudadanía suele adolecer de un sesgo muy fuerte a la hora de decidir a qué proyectos aportar, ya que se decanta por aquellos que tienen una efectividad más local. Según Melchor, eso lleva a una doble tragedia: “Si has nacido en un país africano sin acceso a una sanidad de calidad y además la gente que ha ganado la lotería del nacimiento va a ayudar a las personas que tiene más cerca, no solo la población africana seguirá sin nada sino que quienes pueden ayudarles tampoco lo harán”.

Para entrar de lleno en el altruismo efectivo la idea de que una vida humana vale lo mismo en cualquier coordenada del mundo es esencial. Melchor confirma que el dinero rinde 100 veces más en los países más pobres, y reitera que guiarse por lo cercano y emocional hace que la ayuda deje de tener impacto.

El objetivo: hacer más con menos

Formar parte de Ayuda Efectiva supone donar una cantidad determinada a algún proyecto ya elegido previamente por los evaluadores externos e independientes de la organización sin ánimo de lucro GiveWell. Según Melchor, utilizan la investigación académica y la evidencia y averiguan sobre el terreno de los países empobrecidos cómo una misma cantidad de dinero puede ayudar más. Entre los factores que más puntúan, aquellos proyectos orientados de forma directa a salvar vidas.

Ilustrarlo es sencillo. La malaria es una enfermedad transmitida por un mosquito que mata a 600.000 personas en el mundo al año, de las que el 75% son menores de 5 años, según la Organización Mundial de la Salud. “Todos los días mueren más de 1.000 niños por una enfermedad que se puede prevenir por un coste de cinco a siete euros”, recalca Melchor. Cinco son los euros que cuesta una mosquitera insecticida que protege a dos personas entre dos y tres años, y en cuyo coste va incluido su distribución y explicación sobre por qué hay que usarla a las personas que componen el censo. Ese es el censo que guiará a los evaluadores al tiempo para analizar en qué estado se encuentran las mosquiteras y su efectividad. Las de siete euros están pensadas para evitar la malaria estacional.

“Pero es que con 100 euros se podría suplementar a 50 niños con vitamina A. Esto es muy desconocido en España, pero sobre todo en el Sahel hay tal deficiencia de esta vitamina que entre 250.000 y medio millón de niños se quedan ciegos cada año por no tener una vitamina que cuesta dos euros al año”, desarrolla el mismo Melchor. Así pues, maximizar la relación coste-efectividad es el principal objetivo.

Una elección abierta

Desde Ayuda Efectiva han puesto en marcha el llamado Fondo Salud Global, el más popular de todos. Este fondo acumula el dinero de los donantes, quienes aportan según su capacidad. Una vez al trimestre, la Fundación lo vuelca totalmente en los programas de investigación mejor puntuados por los evaluadores de GiveWell.

Esta fundación española con algo más de cinco años de vida destaca su transparencia: “La persona que quiera donar anualmente y meterlo en este fondo lo puede hacer y olvidarse de ello, porque irá a un buen proyecto. También hay otras personas que prefieren elegir, y pueden hacerlo entre los programas que incentivamos desde el fondo”, desarrolla Melchor. De esas donaciones también sale la cobertura de los gastos que tiene la Fundación, desde donde sugieren aportar un 10% de las mismas.

Auditoría sobre el terreno y rendición de cuentas

Luchar contra la falta de cultura de ayuda efectiva es una de las principales batallas que fundaciones como la que lidera este antiguo emprendedor libran en su día a día. Enfrentarse al escepticismo que en ocasiones las ONG causan en la sociedad es otra. Para eso existen esos evaluadores externos. “La solución no es la pasividad, sino ser más exigentes”, sostiene el autor de “Altruismo racional”.

La idea principal es medir y optimizar los resultados que una cuantía económica dedicada a un proyecto concreto pueden conseguir. “Dedican 70.000 horas al año para investigación, auditan desde el terreno y su sueldo está cubierto por filántropos que saben que la información sobre los proyectos siempre será más útil si se publica”, subraya el presidente de Ayuda Efectiva. Asimismo, analizan proyectos “prometedores” pero de los que todavía no hay datos y animan a invertir en ellos para ayudarles a crecer y ver si entran en lo más efectivo o no. 

De todas formas, los evaluadores también pueden cometer errores en sus tasaciones. Cuando suceden estos contratiempos, en los que se ha podido dar una sobrestimación del impacto del proyecto, desde GiveWell aceptan el error públicamente. “Yo no me fío de nadie, sino del mejor proceso”, confirma el propio Melchor, que a día de hoy se dedica totalmente a la Fundación Ayuda Efectiva cobrando el ingreso mínimo que le corresponde por convenio y donando a la entidad todavía una mayor cantidad, asegura.

Un estafador escondido en la ayuda efectiva

Una idea tan solidaria también puede ser explotada como lavado de cara. Es lo que hizo el estafador Sam Bankman-Fried, un magnate cripto condenado a 25 años de prisión y que llegó a conocerse bajo la etiqueta de “filántropo”. Este inversor estadounidense y ex director ejecutivo de FTX estafó 8.000 millones de dólares a sus clientes para distribuirlos a otras startups, políticos y ONG. También fue una de las caras más conocidas de este “altruismo efectivo”. 

La fundación de FTX prometió donar 1.000 millones de dólares durante 2022, aunque antes de su caída en noviembre solo había podido llegar a contrastar 132 millones invertidos en diferentes proyectos y ONG, tal y como publicó elDiario.es en abril de 2024.

Además de Bankman-Fried, el grupo directivo del fondo de inversión estaba compuesto por algunos defensores a ultranza del altruismo efectivo. Su caída fue un duro golpe para sus seguidores y algunas de las figuras más relevantes como el cofundador de Facebook Dustin Moskovitz lamentó que esa filosofía había dado a este estafador una coartada. William MacAskill, uno de los cofundadores de esta corriente, lamentó que la “buena voluntad” de alguno de los seguidores del altruismo racional había “blanqueado el fraude”. Bankman-Fried llegó a decir en una entrevista que quería hacerse rico no por el dinero, sino porque quería “donar ese dinero a la caridad”.

Melchor tilda lo ocurrido con Bankman-Fried como “un caso de mierda” que supuso “un desastre absoluto”. Sin embargo, en sus propios términos, solo ha habido un tipo como él, mientras que en el terreno hay cientos de personas evaluando la ayuda y haciendo trabajos muy interesantes. De todas formas, el presidente de Ayuda Efectiva concluye que “aquello fue un desastre y ojalá esta persona jamás se hubiera asociado con el altruismo eficaz”.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha pedido hoy a Vox que explique qué hizo con los fondos que pidió para las víctimas de Letur y Mira, tras la dana de octubre de 2024 después de que ofreciera a su organización juvenil oficiosa, Revuelta, como catalizador para la recogida y distribución de las donaciones hace ahora algo más de un año

“El 31 de octubre de 2024, muy insistentemente, el señor Moreno pedía fondos para los afectados de Letur y Mira, en Castilla-La Mancha”, ha recordado Ana Isabel Abengózar. Ese día, el líder de la formación de ultraderecha en la comunidad autónoma anunciaba que Vox había puesto en funcionamiento su estructura interna, a través de 'Solidaridad y Revuelta' - la organización juvenil oficiosa del partido- para gestionar la donación de elementos de primera necesidad destinados a las víctimas de la dana.

Ahora se han detectado supuestas irregularidades en la contabilidad de Revuelta conocidas a través de audios difundidos por los periódicos El Mundo y El Plural. Los fondos recaudados no habrían sido destinados a las víctimas de la dana, sino que habría sido desviados, y eso era conocido por la formación de Santiago Abascal. Este miércoles, el PSOE castellanomanchego ha puesto el foco en la presunta implicación del diputado de Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina David Moreno, y también del diputado nacional por Toledo, el talaverano Manuel Mariscal, que aparece en los audios.

Los socialistas piden saber qué páso con los fondos recaudados por la organización juvenil para Mira y Letur y “si han llegado a su destino, que eran los afectados. Yo creo que es importante que conozcamos dónde ha ido ese dinero, por lo que estamos viendo a nivel nacional, lo recaudado para Valencia no fue a Valencia”, ha comentado la diputada regional socialista.

“Creo que hoy más que nunca se hace necesario que Vox diga, muestre y, por tanto, tengamos, si lo muestran, confianza en ellos, que muestre a dónde fueron esos fondos que su organización juvenil y que él mismo ponía a disposición para que Revuelta fuera quién los recabara”.

Interpelación al PP: “Pidan explicaciones a los socios de gobierno”

También se ha referido la diputada al Partido Popular, al recordar que el líder del Vox en Castilla-La Mancha es de Talavera de la Reina. Allí ejerce como teniente de alcalde en un gobierno con los 'populares'.

“El alcalde de Talavera de la Reina es el Partido Popular. Creo que más que ningún otro tiene que pedir explicaciones, luz y taquígrafos, sobre las cuentas, sobre los fondos municipales que utiliza Vox, en este caso, pero así en toda Castilla-La Mancha”.

En su opinión, “no puede ser” que el PP valore “lo de otros pero no valoren lo propio, y lo de los socios [de gobierno]”. Abengózar pide al PP que sea “serio, responsable y que si se pide explicaciones al de al lado, se la pida a los propios socios con lo que están compartiendo gobierno, con los que están gestionando pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha”.

Inés Cañizares: “No hemos traspasado fondos al partido”

El PSOE pedía ayer al PP que se investiguen también las cuentas de Vox en los ayuntamientos donde ambos gobiernan de forma conjunta. Es el caso de Toledo, donde Carlos Velázquez (PP) tiene como número dos a Inés Cañizares, de Vox.

Sobre esta cuestión ha sido preguntada hoy la vicealcaldesa de Toledo. “Si lo que quieren saber es si nosotros traspasamos dinero para fines que no son los de la ciudad o para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca jamás”.

“El dinero se queda en Toledo y se invierte en el grupo municipal”, ha concluido.

Sobre los audios en los que su compañero de filas, el diputado nacional por Toledo Manuel Mariscal, deja entrever la necesidad de 'adelantarse' a la posibilidad de disolver Revuelta porque con su actuación - las supuestas irregularidades contables- “a todos nos está llevando a algo malo”, Inés Cañizares ha dicho no estar preocupada. “Tengo las mismas informaciones que ustedes. No sé cuál es la verdad. Vox quería tener conocimiento de todos los movimientos que hacía esta asociación y al no tenerla, pretenden desvincularse”.

No ha querido ir más allá, aclaraba, tras asegurar que “no tiene más información”.

La vicealcaldesa de Toledo Inés Cañizares ha negado hoy que el grupo municipal de Vox que dirige haya traspasado fondos de dinero público que reciben de los presupuestos públicos municipales a su partido.

La edil salía así al paso de la interpelación del PSOE que lleva ya dos días pidiendo al PP que investigue las cuentas de Vox en los ayuntamientos donde ambos gobiernan de forma conjunta. Es el caso de Toledo, donde Carlos Velázquez (PP) tiene como número dos a Inés Cañizares, de Vox.

Sobre esta cuestión ha sido preguntada hoy la vicealcaldesa de Toledo, durante el tradicional encuentro navideño con la prensa. “Las cuentas son totalmente transparentes y limpias”, ha asegurado, tras la polvareda por el supuesto desvío de fondos de la dana por parte de Revuelta, la organización juvenil satélite de Vox y después de que el Grupo Parlamentario ultra en las Cortes de Castilla-La Mancha tuviera que devolver 34.000 euros que habían sido desviados a la dirección nacional de la formación, tal y como advirtió el interventor del Parlamento castellanomanchego.

Inés Cañizares asegura que su grupo dedica los fondos públicos que recibe “a aquello para lo que están concebidos y para el mantenimiento del grupo municipal” y sostiene que son “siempre acciones que están relacionadas con la ciudad de Toledo”.

Ante la insistencia de los periodistas durante una rueda de prensa hoy ha sido tajante: “Si lo que quieren saber es si nosotros traspasamos dinero para fines que no son los de la ciudad o para el partido, eso no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer nunca jamás”.

“El dinero se queda en Toledo y se invierte en el grupo municipal”, ha concluido.

“No estaría de más que el Grupo Parlamentario diera explicaciones”

A Cañizares también le han preguntado si cree que su partido debería estar dando explicaciones sobre organización juvenil de Vox, Revuelta, implicada supuestamente en el desvío del dinero procedente de las donaciones destinadas a las víctimas de la dana.

No estaría de más que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha diera explicaciones

El PSOE de Castilla-La Mancha lleva dos días pidiendo explicaciones a la formación de ultraderecha. “Hombre, yo creo que con lo que el PSOE tiene ahora encima... Creo que son ellos los que tienen que dar explicaciones a nivel nacional”. Sin embargo ha querido dejar claro que no se trata de tirar del 'y tú más' y ha añadido que “no estaría de más que el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha diera explicaciones”, sobre el destino de las donaciones a las víctimas de la dana gestionadas por Revuelta.

“Tenemos que adelantarnos antes de que salga un titular de que Vox está metido en esto”. Con esa frase, pronunciada en una reunión interna y ahora recogida en unos audios a los que han accedido El Mundo y El Plural, la cúpula de Vox asumía que conocía desde hace meses las presuntas irregularidades contables de Revuelta, su organización juvenil satélite, con los fondos recaudados para destinar a las víctimas de la dana. Las grabaciones revelan no solo el grado de conocimiento de la dirección nacional del partido, sino también la implicación directa de Santiago Abascal, que seguía el asunto con inquietud para evitar un escándalo público.

Los audios corresponden, principalmente, a un encuentro celebrado el 17 de octubre en la sede de la fundación Disenso entre la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluis, y el secretario general de Revuelta, Pablo González Gasca, quien además trabaja en el partido como responsable de marketing digital. Durante 42 minutos de conversación, Lluis admite que Abascal estaba al tanto de “los pormenores del caso” y que tanto ella como Jorge Buxadé habían recibido el encargo de reconducir la situación. “No tener información pone a Santiago como una moto”, reconoce, al tiempo que deja claro que el mayor temor era el impacto que el caso pudiera tener para el partido de cara a la opinión pública.

En ese contexto, los enviados de Vox en las conversaciones con los responsables de la organización juvenil plantean soluciones como “contratar a un abogado”, “dárselo a los viejos de Paiporta”, “hacerse una puta foto”, “hacerse un Alvise” o justificar que la asociación “había estado comprando lavadoras o limpiando casas”.

En la grabación, Lluis apunta a un problema estructural dentro del partido. “Este partido es la casa de Tócame Roque. Si queremos gobernar España no podemos funcionar así”, lamenta, antes de insistir en la necesidad de profesionalizar y limpiar la gestión: “Hay que empezar a funcionar de una manera que sea todo más profesional y limpio”. En ese contexto, plantea que una auditoría externa podría haber servido para zanjar las dudas sobre Asoma, la asociación de apoyo a mayores utilizada por Revuelta como estructura operativa. “¿El partido se conformaría con una auditoría de Deloitte para asegurar que las cuentas están correctas?”, pregunta González Gasca. “Totalmente”, responde Lluis, aunque después, no resultó suficiente para Vox, que exigió un control directo de las cuentas y liquidar la asociación.

“Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo”

La relación entre Vox y Revuelta aparece descrita en los audios como mucho más estrecha de lo que oficialmente se admite. Lluis llega a afirmar que el problema de fondo es la falta de control político: “Si Revuelta es Vox, que lo sea para todo; hagamos esto como un satélite de verdad del partido”. González Gasca respalda esa versión y defiende que la coordinación era constante, citando instrucciones directas sobre campañas y acciones territoriales: “Siempre había una comunicación, 100%”. Esa dinámica se había hecho visible desde 2023, cuando Revuelta ganó protagonismo en las protestas contra la amnistía en Ferraz, respaldadas por dirigentes de Vox, incluido Abascal.

La sospecha de irregularidades en la gestión de fondos a través de Asoma ha derivado en denuncias ante la Fiscalía y en un enfrentamiento entre ambas organizaciones. En un intento de desvincularse, Vox ha llevado el caso ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante y advierte de acciones legales contra quienes hablen de “calumnias”, mientras en Revuelta sostienen que todo responde a una maniobra para tomar el control de la asociación. “Yo lo que no quiero es presentar unas cuentas para que luego toda la maquinaria empiece a actuar contra mí”, se escucha decir a González Gasca en uno de los audios.

Revuelta nació exitosa, visible, oportuna. Apareció por primera vez ante las cámaras en la manifestación de Colón contra el Gobierno del 29 de octubre de 2023: en la foto aparecían junto al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y con su propia pancarta. Incluso ofrecieron su propio discurso, en el que el entonces portavoz de la organización, César Pintado, habló de tomar las calles y universidades contra la amnistía.

Tomar las calles, ocupar el espacio público, atraer a más jóvenes a un partido que en las elecciones generales de julio de ese año había superado los tres millones de votos. Revuelta se convirtió rápidamente en una herramienta útil y vistosa para los de Santiago Abascal, y lo demostró con las protestas convocadas ese noviembre frente a la sede del PSOE en Ferraz contra la amnistía. 

Un año después de aquel estreno, la organización fundada por jóvenes vinculados a Vox iba a vivir su momento de gloria: se convirtieron en protagonistas de las redes en las horas posteriores a la dana de Valencia, adonde se acercaron para colaborar. En aquellas jornadas todo era emoción a flor de piel, ímpetu solidario exacerbado por las dimensiones del drama. Y Revuelta no solo consiguió repercusión, sino también mucho dinero en forma de donaciones. 

Las grandes figuras del partido sacaron pecho entonces de sus jóvenes, los pusieron de ejemplo, pidieron activamente más aportaciones de la gente. Incluso Jorge Buxadé, que hoy impulsa una querella contra ellos, y que entonces escribió una carta pública alabando la labor de Revuelta que súbitamente ha desaparecido de la web del partido.  

Un año después, el romance se ha acabado. Hace un par de semanas, tras varios meses de perfil bajo, Revuelta organizó una nueva protesta. Pero ya no hubo fotos con Abascal. Ni siquiera el altavoz del partido para promocionarla. La concentración fue un fiasco.

El rumor

El quiebre, según cuentan en Vox, había empezado poco antes. “Llegaron rumores de irregularidades en Revuelta. Y ante esos rumores, el partido exigió transparencia absoluta a los trabajadores de Vox que colaboraban con la organización”, explica José Antonio Fúster, su portavoz nacional. Él sitúa el “celo por las cuentas claras” como origen de las dos denuncias que han puesto en evidencia que la relación está más que rota: dinamitada. Descarta “por completo” cualquier tipo de pelea de poder interna o conflicto político. 

El vicepresidente de la organización juvenil, Arturo Villarroya, dimitió de su cargo a finales de noviembre y, acto seguido, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto desvío de fondos recaudados para ayudar a los damnificados por la dana. Villarroya es asesor de Jorge Buxadé en el Parlamento Europeo. 

Esta misma semana, el partido presentó a su vez una denuncia por “presuntas irregularidades, posible estafa en el destino de fondos y cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados” ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante, un organismo creado recientemente para proteger a las personas que faciliten información sobre fraudes y corrupción.

Villarroya, además de trabajar con Buxadé, es también el protagonista de unos audios publicados por El Plural en los que se le oye plantear posibles soluciones a estas irregularidades. “Hemos pedido dinero para la dana y no lo hemos gastado en la dana y tengo un marrón de la hostia”, se le oye decir. Pero apunta a una posible solución propuesta desde Bruselas: donar el dinero a una asociación de mayores, hacerse la foto, y disolver Revuelta. “Muerto el perro, se acabó la rabia”, suelta. “Si hacemos las cosas bien (...) se liquida el dinero y se dona a Paiporta. No hay siguiente paso ni denuncia porque ya no hay delito”. “Y te haces una puta foto ahí con los viejos en la dana...”, agrega. Revuelta deja de existir porque nos inventamos alguna pollada… y ya está“. 

La denuncia al cuadrado sugiere que esa solución no fue bien recibida por los miembros de la dirección de Revuelta señalados por Villarroya: el presidente, Jaime Hernández, que “junto a sus colaboradores Santiago Aneiros y Pablo González Gasca, han acaparado todo el poder de decisión, con absoluta opacidad hacia el resto de miembros de la Junta Directiva y asociados”, acusa el asesor de Vox.

Hernández hizo a su vez su descargo público, que recibió el apoyo de varias personas cercanas a El Yunque o que han admitido formar parte de esta organización secreta ultracatólica, como el empresario Marcial Cuquerella. La vinculación de Hernández con El Yunque viene a través de otro grupo cercano, pero en este caso para nada secreto: HazteOir. Hernández fue durante tiempo portavoz de la organización ultracatólica y la mano derecha de su presidente, Ignacio Arsuaga. 

“En esos audios se reconoce la exigencia de Vox de transparencia y rendición de cuentas”, asegura el portavoz del partido, José Antonio Fúster, que descalifica el valor de los audios por estar “troceados”. La formación de Abascal ha amenazado a El Plural con una querella.  

Vox se desvincula del tema de una manera contradictoria: saca pecho por su exigencia de transparencia, pero a la vez dice públicamente que no tiene nada que ver con este caso. Despacha el asunto con un “Revuelta no forma parte de Vox” –así zanjó la pregunta de los periodistas la portavoz en el Congreso, Pepa Millán– pero es un trabajador de Vox y (ahora ex) miembro de la organización el que lleva la supuesta utilización fraudulenta de las donaciones a los juzgados. 

Mientras tanto, Abascal insiste en su discurso centrado en la corrupción de PSOE y PP. “En esto es capaz de generar más tramas que Netflix”, le espetó al presidente del Gobierno en la última sesión de control del año. Para Fúster, el caso Revuelta no debilita su discurso ni supone ninguna contradicción: “Se agarrarán a cualquier clavo ardiendo mientras la tendencia en las encuestas siga al alza para Vox”.

Regreso al pasado en el caso Cellex. La jueza que investiga si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron en su propio beneficio su herencia en vez de donarla a la ciencia, ha celebrado este viernes una nueva vista de medidas cautelares después de que la Audiencia de Barcelona anulara la primera intervención de las fundaciones en la que el empresario tenía su fortuna.

La Fiscalía ha solicitado, de nuevo, que se aparte a los albaceas imputados (Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), de la gestión de las fundaciones y que sea el Protectorat de Fundacions de Catalunya, dependiente de la Generalitat, el que se encargue de ellas.

Según fuentes jurídicas, en la vista, las defensas de los investigados han vuelto a defender que no cometieron desfalco alguno y han cargado contra la intervención de la Generalitat.

El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona consideró que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó, en abril, la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

Este viernes se ha celebrado una nueva vista, igual a la que tuvo lugar en abril tras un informe de los Mossos d'Esquadra que reveló varias irregularidades de los albaceas, así como un entramado societario en paraísos fiscales que tejió, en vida, el gran mecenas catalán (Mir fue loado por políticos de todo signo por sus donaciones a centros científicos).

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal Álvaro de Juan, además de la intervención, ha solicitado la prohibición de disponer sobre varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor.

El objetivo, explica la Fiscalía en un comunicado, es “salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades, y garantizar la efectividad de la responsabilidad patrimonial” que puedan tener los investigados en caso de que resulten condenados.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

Els partits d’esquerres es plantegen interrogar en la comissió d’investigació de la dana que s’esdevé en el Congrés dels Diputats els líders de la branca juvenil de Vox acusats de desviar fons recaptats per a les víctimes de les inundacions del 29 d’octubre de 2024, una tragèdia que va deixar 230 persones mortes a la província de València.

Dimecres, Sumar anunciava que sol·licitaria que Vox i Revuelta, la seua branca juvenil, compareguen en la comissió d’investigació de la dana al gener per a explicar els pretesos desviaments dels fons solidaris que van recaptar de donants que volien ajudar els afectats, tal com l’explicava el diputat de la formació Nahuel González, que assegurava que seran “molt contundents” amb aquesta qüestió.

“La dana va ser una tragèdia terrible. Alguns irresponsables no van estar a l’altura aquell dia. Però, a més, ens assabentem ara que alguna part de l’extrema dreta va utilitzar una pretesa recaptació de fons, la bona voluntat de la gent, per a lucrar-se, i ens sembla molt greu”, va dir González en els passadissos del Congrés. Sumar vol que tant l’organització juvenil com Vox expliquen “què ha passat amb els diners” dels que van donar a la recuperació de la dana. “Aquesta gent es moria, i n’hi havia alguns que, en compte d’ajudar, el que van fer va ser enfangar, omplir de faules i, damunt, sembla ser, robar diners de tots i de totes”.

Fonts del PSOE consultades per elDiario.es confirmen que donaran el seu suport a la proposta que els líders l’organització d’ultradreta lligada a Vox compareguen en el Congrés per a donar explicacions pel desviament de fons procedents de donacions.

Esquerra demanarà la compareixença en el Senat

L’obertura del nou termini per a actualitzar el pla de treball i el llistat de compareixences de la comissió d’investigació sobre la dana en el Senat ha permés a Esquerra Republicana registrar una ampliació de la seua proposta de compareixents. L’actualització incorpora tant perfils institucionals com responsables polítics vinculats a la gestió prèvia, durant i posterior a la catàstrofe, a més de representants de l’associació Revuelta.

Esquerra Republicana del País Valencià lamenta des de fa temps que el PP “utilitze la comissió d’investigació de manera partidista, orientant els treballs a exculpar els responsables de la gestió de la dana en el Consell, en compte de facilitar una investigació rigorosa i transparent que permeta esclarir els fets i les actuacions institucionals posteriors al 29 d’octubre”.

En aquest nou paquet actualitzat, Esquerra Republicana inclou representants de l’organització juvenil vinculada a Vox com Javier Esteban Berajano, membre de la Junta Directiva de Revuelta, Jaime Hernández Zúñiga, president de l’organització, i Pablo González Gasca, el seu secretari.

Fa uns dies, exdirigents de Revuelta van denunciar que l’organització havia comés “greus irregularitats” amb els diners recaptats per a la dana. Específicament, “irregularitats greus, possible estafa en la destinació de fons i en el cobrament de quotes d’afiliació sense drets associats”, segons va denunciar ex-vicepresident de l’organització juvenil, Arturo Villarroya, en dimitir. La qüestió ha esguitat també Vox, que tracta d’allunyar-se de la polèmica.

Precisament, la portaveu de Vox en el Congrés, Pepa Rodríguez de Millán, intentava desvincular-se de Revuelta: “No forma part de Vox”. Mentre que des de l’organització asseguraven que és un moviment “net i transparent” i que “provarà tot el que haja de provar”. El seu naixement va ser apadrinat per líders de Vox com Manuel Mariscal o Ignacio Garriga.

Esquerra vol Mazón, Mompó, Camarero i Cuenca en el Senat

Així mateix, el grup republicà torna a insistir en la citació de responsables institucionals com l’ expresident Carlos Mazón, diputat en les Corts Valencianes; Vicente Mompó, president de la Diputació de València; Susana Camarero, vicepresidenta i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge de la Generalitat Valenciana; i José Manuel Cuenca, cap de gabinet de Mazón, el pas previ del qual per la comissió del Congrés va deixar ERC “amb molts dubtes” que considera necessari aclarir en seu parlamentària.

ERPV defensa que la comissió ha de servir per a aclarir responsabilitats i millorar la resposta institucional davant futures emergències, evitant qualsevol intent d’instrumentalització partidista.

Los partidos de izquierdas se plantean interrogar en la comisión de investigación de la dana que se celebra en el Congreso de los Diputados a los líderes de la rama juvenil de Vox acusados de desviar fondos recaudados para las víctimas de las inundaciones del 29 de octubre de 2024, una tragedia que dejó 230 personas fallecidas en la provincia de Valencia.

El miércoles, Sumar anunciaba que iba a solicitar que Vox y Revuelta, su rama juvenil, comparezcan en la comisión de investigación de la dana en enero para explicar los supuestos desvíos de los fondos solidarios que recaudaron de donantes que querían ayudar a los afectados, tal y como lo explicaba el diputado de la formación Nahuel González, quien aseguraba que van a ser “muy contundentes” con esta cuestión.

“La dana fue una tragedia terrible. Algunos irresponsables no estuvieron a la altura ese día. Pero, para colmo, nos enteramos ahora que alguna parte de la extrema derecha utilizó una supuesta recaudación de fondos, la buena voluntad de la gente, para lucrarse, y nos parece gravísimo”, dijo González en los pasillos del Congreso. Sumar quiere que tanto la organización juvenil como Vox expliquen “qué ha pasado con el dinero” de quienes donaron a la recuperación de la dana. “Esa gente se moría, y había algunos que, en vez de ayudar, lo que hicieron fue enfangar, llenar de bulos, y encima parece ser robar dinero de todos y de todas”.

Fuentes del PSOE consultadas por elDiario.es confirman que darán su apoyo a la propuesta de que los líderes la organización de ultraderecha ligada a Vox comparezcan en el Congreso para dar explicaciones por el desvío de fondos procedentes de donaciones.

Esquerra pedirá la comparecencia en el Senado

La apertura del nuevo plazo para actualizar el plan de trabajo y el listado de comparecencias de la comisión de investigación sobre la dana en el Senado ha permitido a Esquerra Republicana registrar una ampliación de su propuesta de comparecientes. La actualización incorpora tanto perfiles institucionales como responsables políticos vinculados a la gestión previa, durante y posterior a la catástrofe, además de representantes de la asociación Revuelta.

Esquerra Republicana del País Valencià lamenta desde hace tiempo que el PP “esté utilizando la comisión de investigación de manera partidista, orientando los trabajos a exculpar a los responsables de la gestión de la dana en el Consell, en lugar de facilitar una investigación rigurosa y transparente que permita esclarecer los hechos y las actuaciones institucionales posteriores al 29 de octubre”.

En este nuevo paquete actualizado, Esquerra Republicana incluye a representantes de la organización juvenil vinculada a Vox como Javier Esteban Berajano, miembro de la Junta Directiva de Revuelta, Jaime Hernández Zúñiga, presidente de la organización, y Pablo González Gasca, su secretario.

Hace unos días, exdirigentes de Revuelta denunciaron que la organización había cometido “graves irregularidades” con el dinero recaudado para la dana. Específicamente, “irregularidades graves, posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados”, según denunció exvicepresidente de la organización juvenil, Arturo Villarroya, al dimitir. La cuestión ha salpicado también a Vox, que trata de alejarse de la polémica.

Precisamente, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, intentaba desvincularse esta de Revuelta: “No forma parte de Vox”. Mientras que desde la organización aseguraban que es un movimiento “limpio y transparente” y que “probará todo lo que tenga que probar”. Su nacimiento fue apadrinado por líderes de Vox como Manuel Mariscal o Ignacio Garriga.

Esquerra quiere a Mazón, Mompó, Camarero y Cuenca en el Senado

Asimismo, el grupo republicano vuelve a insistir en la citación de responsables institucionales como el expresident Carlos Mazón, diputado en las Corts Valencianes; Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia; Susana Camarero, vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat Valenciana; y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, cuyo paso previo por la comisión del Congreso dejó a ERC “con muchas dudas” que considera necesario aclarar en sede parlamentaria.

ERPV defiende que la comisión debe servir para aclarar responsabilidades y mejorar la respuesta institucional ante futuras emergencias, evitando cualquier intento de instrumentalización partidista.

Hace cinco años, Helena congeló sus óvulos en la clínica IVI de Barcelona. Su contrato incluía la conservación sin coste extra durante un lustro, así que hace unas semanas le tocó decidir qué hacer con ellos y se llevó una gran sorpresa. Ella no quiere ser madre y desea destruirlos, pero resulta que no puede. La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida 14/2006, de 26 de mayo, estipula que solo es posible descongelar gametos femeninos o preembriones si la paciente presenta dos informes de médicos diferentes y ajenos a su clínica que certifiquen que no reúne los requisitos clínicamente adecuados para el embarazo. Por ejemplo, que sea un peligro para ella o para el feto. 

En el caso de no cumplir con dichas exigencias, la mujer que ya no quiere o no necesita esos óvulos o preembriones congelados, puede darles dos destinos diferentes: fines reproductivos de otras personas o investigación médica. No hay garantías de que la clínica vaya a utilizarlos, así que el mantenimiento de ese material biológico vitrificado corre a cargo de la donante. Esto puede durar hasta que cumpla 50 años, edad a partir de la cual se considera que el embarazo no es posible. Hay una tercera opción: dejar de pagar, pero entonces se pierde el control sobre esos óvulos.

En 2010, el primer año en que la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) registró esos datos, 129 mujeres preservaron su fertilidad y en 2022 fueron 5.011. Pero el presidente de la organización, Juan José Espinós, señala que apenas el 10% de las pacientes los utiliza finalmente. Por lo tanto, el 90% de las mujeres que vitrifican óvulos se puede ver en la tesitura de no poder deshacerse de ellos de forma sencilla. Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, no se ponen en marcha demasiados proyectos de investigación en este ámbito, así que es bastante probable que no se utilicen Y, por otro lado, la donación para fines reproductivos no suele ser factible. 

A este segundo respecto, María Hernando, embrióloga y asesora de fertilidad, comenta que aunque los óvulos procediesen de una mujer menor de 35 años y fuesen candidatos a la ovodonación: “Los criterios de exigencia para un donante de óvulos o de semen son mucho mayores que los que se solicitan a una mujer que realiza criopreservación de sus óvulos, por lo que estos últimos no cumplen con los requerimientos para ser usados en ciclos de donación”. Hernando concreta que no sería posible por los requisitos legales de la trazabilidad, que es el seguimiento de los gametos y embriones desde que se extraen hasta que se utilizan en ciclos de donación: “Ni en España (por la normativa del Sistema de Información de Reproducción Humana Asistida – SIRHA), como en toda Europa por el Reglamento (UE) 2024/1938 sobre sustancias de origen humano (SoHO)”.

Por supuesto, hay otra opción para olvidarse del material biológico vitrificado: no escoger ninguno de los destinos anteriores y dejar de pagar el mantenimiento. Según recoge la ley, cada dos años la empresa tiene la obligación de ponerse en contacto con la paciente para consultar si quieren mantener sus muestras congeladas [en concreto con los preembriones, pero también se hace con los óvulos]. En caso de que tras un par de requerimientos la clínica no haya recibido ninguna indicación, ese material genético pasa a ser propiedad del laboratorio.

Teresa Bartret, abogada especialista en el campo de la Reproducción Asistida en el bufete Lextrha, sostiene que: “Los ovocitos, pagues o no, no se pueden destruir, aunque luego en la práctica es verdad que, quieras que no, los protocolos han intentado adaptar la realidad social y las limitaciones a una práctica que se considere que entra dentro de la legalidad” y si hasta el momento no ha habido represalias “si finalmente los terminan destruyendo y la inspección de Sanidad no dice nada y no hay ningún problema, pues se convierte en modus operandi”.

La gran parte de las clínicas –“por no decir todas”, desliza Hernando– utiliza el documento de consentimiento informado de la SEF que indica las restricciones de la ley a la hora de destruir el material biológico. Sin embargo, algunas empresas van más allá y añaden otras cláusulas, sobre todo “las más grandes o más fuertes”, dice la letrada.

Por ejemplo, cuando llegó la hora de escoger el destino de sus ovocitos IVI le dio a Helena una opción extra que no aparece recogida de manera literal en la ley sobre técnicas de reproducción humana asistida: “En el caso de que no pueda aportar los informes/dictámenes que acrediten que ya no se encuentra en condiciones adecuadas para gestar con garantías razonables de seguridad, tanto para usted como para la posible descendencia, debe tener presente que la destrucción de los ovocitos que solicita no podrá hacerse de manera inmediata, produciéndose cuando el equipo médico considere que procede”. Desde el departamento de comunicación de IVI no han aclarado las dudas de este medio sobre esa cláusula.

Qué pasa con este material biológico

Ante la falta de informes y de ganas de seguir pagando el mantenimiento, Helena escogió esa propuesta de ‘destrucción no inmediata’, aunque no sin reparos. “Es muy ambiguo, ¿qué pasa mientras tanto? Me asaltan dudas morales”, desarrolla, “pero si quieren hacer Black Mirror con mis ovocitos, que lo hagan porque yo, ahora mismo, me siento como abusada”. 

Lo cierto es que ningún laboratorio tiene permitido operar con ese material biológico más allá de lo que determina la ley. Es decir, no pueden experimentar con la clonación humana con fines reproductivos, pero sí pueden utilizarlos para una investigación científica que no esté prohibida. Espinós observa que las clínicas no suelen trabajar con los ovocitos aunque ya sean sus dueños “por si viene la paciente y dice que cambió de domicilio y no le llegaron los requerimientos, por ejemplo”. 

Así lo hacen en Eugin, según comenta María Jesús López, ginecóloga de reproducción asistida senior. Aunque solo el 12% de quienes han vitrificado sus óvulos en su clínica les da un destino diferente al del almacenamiento, han tenido casos de mujeres que dejan de pagar y años después regresan a por ellos “porque nunca sabes las vueltas que va a dar la vida”, apunta. En ese caso, las interesadas deben abonar todas las cuotas que deben para poder recuperarlos.

Leer la letra pequeña

Helena firmó el consentimiento informado, pero no recuerda haber hablado de las opciones de futuro de sus gametos. Mientras que en las consultas siempre se comentan detalles médicos del proceso que aparecen en los papeles del contrato, parece que no ocurre lo mismo con el tema de las opciones alternativas a la implantación.

Laura vitrificó ovocitos en la clínica CIRH de Barcelona a finales del año 2020. Y, al igual que Helena, cuando llegó el momento de renovar el contrato, descubrió las trabas que hay para eliminarlos. “En la clínica verbalmente no me informaron de cómo destruirlos”, expresa, “no sé si en el consentimiento informado que firmé, y se supone que me tendría que haber leído, lo ponía expresamente, pero yo no lo recuerdo”. De momento, paga la cuota anual de mantenimiento, aunque cree que finalmente no querrá ser madre y los donará a la investigación. “Al enterarme de la dificultad de la destrucción de los óvulos, me sentí bastante desamparada y frustrada, porque es material genético propio que no podemos controlar”.

María Jesús López, de Eugin, reconoce que es una cuestión que no siempre se trata en persona: “Hay tanta información, que no es un punto imprescindible en la primera visita”. Por su parte, Pedro Royo, ginecólogo de IVI en Logroño, asegura que siempre se informa a las pacientes “oralmente y por escrito” de esta cuestión e incluso “en varias ocasiones” aunque ellas no pregunten directamente por ello. Espinós expone que: “Cuando se comenta una técnica, salen muchas preguntas a las cuales se dan respuesta. Pero es imposible, porque necesitarías 30.000 horas, que a veces se comenten estrictamente todos los aspectos” y considera que no hay “absolutamente nadie” que esté interesado en que esa información no se conozca. 

En España hay más de 700.000 óvulos y preembriones congelados que no se pueden utilizar y cuya conservación supone un gasto para los laboratorios. También hay miles de personas pagando una cuota anual para mantener un material biológico que quieren destruir, aunque el presidente de la SEF apunta que las clínicas de reproducción asistida no viven de esos ingresos.

Los informes médicos

Si Helena hubiese conocido las dificultades que existen para eliminar sus ovocitos congelados, posiblemente se habría ahorrado el trago, el dinero y el enfado actual. Pero Laura cree que sí hubiese seguido adelante porque en ese momento estaba más preocupada por preservar su fertilidad (dentro de lo posible, porque nadie asegura al 100% un embarazo futuro) que en cómo podría descongelar sus muestras.

María (nombre ficticio), de 42 años, sintió lo mismo cuando vitrificó los preembriones con su pareja (la ley pone a los gametos femeninos y a los preembriones al mismo nivel). En la clínica Asisa de Zaragoza les informaron de todos los aspectos de su caso: “En ese momento no piensas que te vas a echar para atrás en tu decisión de ser padres”. Tras varios intentos fallidos de embarazo, ella y su pareja decidieron que no querían seguir y ahora tienen tres preembriones congelados que no pueden destruir. Han intentado conseguir los dos informes médicos, pero no lo han logrado y finalmente han optado por la donación a la ciencia. Como no hay investigaciones en marcha, pagan 200 euros al año por el mantenimiento. 

“Yo no creo que las clínicas quieran lucrarse con ello. En la mía me ponen todas las facilidades del mundo, pero la ley es la ley, y ellos no pueden destruirlos”, contempla María. Su angustia es tal que llegó a pensar en un método extremo para acabar con su problema: “Se me pasó por la cabeza implantármelos. En España es legal implantarme hasta tres preembriones en una sola vez. Y luego, si me quedaba embarazada, abortar [una mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo libremente durante las primeras 14 semanas de gestación]”. No quiere deshacerse de ellos por ahorrarse el dinero sino porque le duele no poder pasar página. “Para mí es importante dejar eso atrás, y cada año que me llega el recibo es volver a recordar por lo que pasé”, asevera.

Rosa (nombre ficticio), ginecóloga en un hospital de segundo nivel comarcal, ha firmado tres o cuatro informes médicos a conocidas en la misma situación que María. “Yo he venido aquí a facilitar la vida a los demás, no a fastidiarles”, afirma. Las solicitantes tenían unos 45 años y ya eran madres desde hacía uno o dos años: “Tú alegas que existe un riesgo para las futuras gestaciones. Pero siendo honestos, ya tenía riesgo en su anterior embarazo y eso no se lo miran tanto”. Explica que en dichos papeles ella pone su nombre, su número de colegiada y que no recomienda futuros embarazos “por el riesgo potencial de enfermedades relacionadas con la edad de la madre o alguna cosa así, no es en plan ‘te puedes morir’”. Una vez hecho el informe, este se envía a un comité externo, que es el que decide si lo acepta, no la clínica. 

Una ley obsoleta

La mayoría de los entrevistados –pacientes y profesionales– considera que es necesario actualizar la ley sobre técnicas de reproducción asistida. Por ejemplo, Hernando opina que se ha quedado obsoleta tanto en los procesos de vitrificación de óvulos y preembriones como en otras cuestiones como el diagnóstico genético preimplantacional. “Hay que entender que, a pesar de ser una de las leyes europeas más avanzadas en cuanto a reproducción asistida, se redactó hace ya casi 20 años y, desde entonces se ha progresado mucho”, afirma. 

Desde la SEF, aseguran que han intentado cambiar el marco legal de todas las formas a su alcance para que la mujer pueda hacer lo que considere con sus ovocitos y preembriones vitrificados, pero aún no han logrado nada. “Es un problema importante. Supone una diferencia de género, porque si un hombre congela semen puede destruir la muestra cuando quiera”, declara Espinós. Él achaca este inmovilismo al clima político, ya que este tipo de acciones requieren cierto consenso y, a día de hoy, hay demasiada crispación, según su opinión. “Yo casi prefiero, que en la situación actual, no discutan nada”, sostiene y añade que teme que, si no se aprueban las modificaciones que sugieren, pasen “otros 30 años” sin que se actualice la ley. Mientras tanto, miles de mujeres esperan a que algo cambie para poder descongelar sus ovocitos o preembriones sin tener que justificar esa decisión.

La ONG 'Socorro de los Pobres' de Toledo ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para colaborar, con especial énfasis, en la recogida de leche, aunque también se puede colaborar con otros alimentos no perecederos, ante el incremento constante de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social que acuden a la organización en busca de ayuda.

“Necesitamos especialmente leche, galletas y otros productos para el desayuno de los niños. Queremos garantizar que ningún niño se quede sin desayuno”, subrayan desde la ONG.

'Socorro de los pobres', que lleva décadas atendiendo a familias con dificultades, señala que la demanda ha aumentado “de forma notable” en los últimos meses, lo que ha provocado una disminución “preocupante” de sus reservas de alimentos básicos.

La ONG invita a todas las personas, empresas y entidades que puedan colaborar a entregar sus donaciones en su sede, ubicada en la Bajada de San Martín, número 6, en Toledo. “El apoyo ciudadano es esencial para poder seguir cubriendo las necesidades básicas de tantas familias que dependen de nosotros”, destacan.

Para más información sobre cómo colaborar, puede contactarse con la organización a través del teléfono 619 56 69 39 o del correo electrónico ongsocorrodelospobres3@gmail.com.

El horario para la entrega de donaciones es de 17.00 a 19.00 horas los martes y de 9.00 a 13.00 horas los miércoles.

Trece meses después de la dana, el dinero que ciudadanos y empresas donaron para los afectados en una cuenta solidaria abierta por la Generalitat Valenciana tiene por fin un destino. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana acaba de publicar este viernes que 8.884.079,49 euros de esas donaciones se van a invertir en ayudas directas para un “bono térmico” destinado a ciudadanos “vulnerables” o que hubieran tenido pérdidas de “bienes de primera necesidad” en la tragedia. Así, el gobierno de Mazón completa con un año de retraso la promesa que hizo al abrir la cuenta, el 1 de noviembre de 2024, que era destinar este dinero “íntegramente a asistir a las personas afectadas y a contribuir a reparar los daños sufridos”.

Tal y como publicó elDiario.es en el primer aniversario de la tragedia, los más de 12 millones recaudados gracias a la solidaridad de personas y empresas de toda España dormían en un cajón y no se habían invertido en nada, mientras que el Consell se quejaba de falta de recursos estatales. En aquella cuenta se podían constatar desde donaciones de particulares de 5 euros hasta entregas de 20.000 euros de una misma persona un mismo día. Los importes más habituales han sido de 20, 50 y 100 euros y la mayor parte de las donaciones se produjeron en los primeros meses de la dana. El Sabadell, que fue el banco elegido para acumular el dinero, se comprometió a aportar un euro adicional por cada euro donado, “con una aportación mínima por parte de la entidad de 500.000 euros” que se ha convertido en tres millones, según ha informado este banco.

Desde la Conselleria de Hacienda y desde la de Reconstrucción optaron durante todo el año por no aclarar el destino del dinero y dejaron en el aire si se había gastado o no, lo que incluyó no responder las preguntas que planteaba este medio. Pero el día que se publicó la noticia de elDiario.es y tras la polémica suscitada, la vicepresidenta Susana Camarero tuvo que dar explicaciones tras el pleno del Consell y admitir que ese dinero no se había gestionado un año después de recaudarlo. En las explicaciones de la rueda de prensa, la vicepresidenta reivindicó la “transparencia” con la que se habían gestionado y desveló sorpresivamente que unos días atrás se habían invertido 3,4 millones de euros de esas donaciones como parte de las ayudas sociales a familias numerosas o en situación de vulnerabilidad, a razón de 1.000 euros de ayuda directa por familia, una información que no se aportó ni a este medio cuando preguntó ni cuando se presentaron dichas ayudas en público.

Aun así, quedaban casi 9 millones –8.884.079,49– por gastar y a cuyo destino se le estaba dando vueltas un año después, señalaba entonces Camarero, que avanzó que sería destinado a “futuras ayudas sociales en las que estamos trabajando”. Finalmente, irán a parar a una ayuda directa “de carácter urgente en forma de bono dana térmico a las personas físicas residentes en municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 en situación de vulnerabilidad o que hayan sufrido la pérdida de bienes de primera necesidad”, tal y como recoge la necesaria modificación de crédito publicada este viernes, que permite transferir ese dinero desde la cuenta solidaria al presupuesto de la Conselleria de Servicios Sociales para que lo gaste.

Como se estima que ese bono térmico requiera más dinero –hasta un total de 18 millones–, esa misma orden reclama más de 9 millones que se habían previsto para empresas, concretamente para “subvención a la ayuda para la financiación de empresas afectadas por la dana” a través del Instituto Valenciano de Financias, que se detraerán del presupuesto de esta entidad económica valenciana y que se destinarán finalmente al bono térmico.

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre en la 'Gran Recogida 2025'.

El objetivo de esta edición es alcanzar el equivalente a 10 millones de kilos de alimentos, ya sea mediante la donación de alimentos no perecederos o a través de aportaciones económicas en caja que se quedan en los supermercados en favor de los Bancos de Alimentos para que estos las utilicen para comprar según necesite en cada momento.

La recaudación obtenida se destinará íntegramente a atender las necesidades alimentarias de más de 1 millón de personas vulnerables, según ha señalado Fesbal.

Entre las ventajas de la donación monetaria, Fesbal destaca que así se garantiza la posibilidad de adquirir los alimentos cuando son necesarios, garantizando una asistencia alimentaria sostenible en el tiempo y adaptada a las necesidades reales de las personas atendidas por los Bancos de Alimentos al mismo tiempo que se evita el desperdicio alimentario.

Además, pone de relieve que esta modalidad es “más sostenible”, al reducir los desplazamientos y el impacto medioambiental asociado al transporte de productos. A su vez, recuerda que las donaciones económicas cuentan con ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse enviando el ticket de compra en la web www.granrecogida.org.

Según ha recordado Fesbal, citando datos del último Informe sobre el Estado de la Pobreza, en 2024, cerca de 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población española) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. De ellas, 9,6 millones viven con menos de 965 euros al mes, mientras que el gasto medio por persona supera los 1.100 euros, según el INE.

“Esta situación dificulta seriamente el acceso de miles de personas a una alimentación digna. Muchas nunca imaginaron verse en una circunstancia así y hoy lo viven en silencio, en una realidad invisible que pasa desapercibida para gran parte de la sociedad, pero que los Bancos de Alimentos conocen de cerca y tratan de aliviar cada día”, advierte FESBAL.

Por ello, desde los Bancos de Alimentos han subrayado la importancia de colaborar en esta campaña solidaria “esencial para abastecer los almacenes y seguir llenando cestas básicas” destinadas a estas personas.

En esta Gran Recogida participarán más de 11.000 establecimientos, en todo el país. Además, en la web www.granrecogida.org está disponible la opción de donar cualquier cantidad de forma virtual desde el inicio de la campaña hasta finales de diciembre, o mediante Bizum.

“En nombre de todos los Bancos de Alimentos, quiero animaros a darlo todo en la Gran Recogida. Porque, juntos, somos capaces de dar mucho más que alimentos: podemos dar dignidad y futuro”, ha afirmado el presidente de Fesbal, Pedro Miguel Llorca.

En septiembre de 2024, los asistentes a la lectura del testamento de Juana R.P. se quedaron de una pieza al escuchar que la mujer, de 87 años, dejaba los ahorros de toda una vida al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El texto contenía instrucciones para legar a esta institución “el noventa por ciento del metálico existente” con un destino muy concreto: “para la investigación en España de las enfermedades el párkinson y alzhéimer”.

La abultada cifra legada al CSIC —824.769,86 euros— también fue una sorpresa. Porque nada hacía sospechar que esta vecina del madrileño barrio de Fuente del Berro, que llevaba una vida extremadamente modesta, había ahorrado casi un millón de euros. “Mi madre se quedó un poco a cuadros”, dice Miguel, hijo de Juliana, amiga y vecina que cuidó a Juana en los últimos años. “Seguramente le contó que iba a donar su dinero a la ciencia, pero no sabía a qué institución”.

Según sus más allegados, Juana era una persona que no gastaba dinero y vivía prácticamente “en la miseria”, en un piso de apenas 30 metros cuadrados. “Esta mujer no tenía familia”, relata Miguel. “No había estado nunca casada, no tenía hijos y tampoco tenía hermanos. El dinero seguramente lo ahorró durante años, con los tres sueldos que entraban en su casa: el de su madre, el de su tío y el de ella”.

El dinero seguramente lo ahorró durante años, con los tres sueldos que entraban en su casa: el de su madre, el de su tío y el de ella

Miguel — Vecino de Juana, donante del CSIC

¿De dónde le vino la motivación para donar el dinero al CSIC? Juliana cree que la idea se forjó en su mente durante los 20 años que cuidó de su madre enferma de párkinson. “Creo que se quedó siempre bastante tocada con la enfermedad y la cosa pudo surgir de ahí”, comenta Miguel. “Quizá cuando escribió el testamento preguntó al notario qué institución era la más grande en investigación y este citó al CSIC, no lo sabemos. La mujer debió pensar: por lo menos que nadie pase lo que ha tenido que pasar mi madre”.

Los ángeles de la ciencia

En los últimos cinco años, el CSIC ha ingresado alrededor de 3,5 millones de euros con la fórmula de las donaciones. Algunas se dirigen a acciones concretas, como la investigación en cáncer, y otras a centros específicos, como el Instituto de Biomedicina de Valencia. La donación de mayor valor, informan desde la institución, la hizo recientemente una persona que legó varias propiedades inmobiliarias en París, Madrid, Alicante y Orihuela con un valor estimado de unos 1,7 millones de euros.

Otra institución que ha recibido la generosidad de los donantes es el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según el departamento de Filantropía del centro, han ingresado hasta la fecha 2.851.245 euros por herencias y legados y están pendientes de incorporar una cantidad estimada de un millón de euros, aún en tramitación.

Uno de estos casos es el de María Natividad (Mari Nati para los amigos), que falleció a los 74 años en septiembre de 2023 y dejó más de 600.000 euros a la Fundación del CNIO, tras pasar por un cáncer de esófago. “Cambiamos el testamento el día antes de morirse, porque lo habíamos ido dejando”, explica Paulina, viuda y compañera de Mari Nati durante 46 años. “Nombró al CNIO como heredero universal, para sorpresa de su hermano, que no sabía sus intenciones ni que nos habíamos casado”. 

Mari Nati era matemática y profesora. Antes de la enfermedad, había planeado dejar su herencia a instituciones como la Cruz Roja, pero fue su experiencia con el cáncer lo que cambió su decisión. “Le repetía a todo el mundo que ella había vivido con calidad de vida un año y medio gracias a la investigación contra el cáncer, gracias a esa quimio que le ponían. Y dijo: pues mira, vamos a dar casi todo al CNIO”, recuerda. 

Nombró al CNIO como heredero universal, para sorpresa de su hermano, que no sabía sus intenciones ni que nos habíamos casado

Paulina — Viuda y compañera de Mari Nati durante 46 años

La idea de donar a este centro les surgió a ambas mientras veían un reportaje en televisión. “Tú fíjate cómo era ella, que dijo que no quería flores en el entierro, que lo que quería era que la gente donase ese dinero que iban a gastarse en el centro de flores al CNIO”, comenta Paulina. La mujer, de 66 años, se muestra orgullosa del gesto de su pareja, tanto que ella está dispuesta a seguir sus pasos y dejar su testamento a la investigación. “Es el esfuerzo de toda una vida y quieres que sirva para algo”, asegura. “Cada uno tiene que contribuir como pueda”.

“El mal de nuestros días”

Enrique, de 69 años, también ha decidido poner al CNIO en su testamento, en parte concienciado tras el diagnóstico de un cáncer de próstata. “Aunque ahora vivo en la costa, vivía en Madrid hasta los 52 años y vivía justamente al lado del CNIO”, relata. “Me pillaba a 100 metros de mi casa”. En total, calcula, dejará a la investigación más de medio millón de euros, e informó a la institución tras llamar para pedir sus datos fiscales, requisito para incluirles en el testamento. 

Yo considero que la ciencia es indispensable hoy en día, y apoyar a los investigadores creo que es primordial

Enrique — Paciente de cáncer de próstata de 69 años que ha incluido al CNIO en su testamento

“Pienso que el cáncer es el mal de nuestro día”, asegura Enrique. “Conozco un montón de gente con cáncer y muchos están muriendo, gente que lo tuvo al mismo tiempo que yo y que, por desgracia, ha muerto. Mi padre también falleció de cáncer a los 69 años, que es la edad que tengo yo ahora. Yo considero que la ciencia es indispensable hoy en día, y apoyar a los investigadores creo que es primordial”.

Compromiso contra el alzhéimer

Creada en 2008, la Fundación Pasqual Maragall es seguramente la institución de carácter privado que más donaciones recibe en España, en este caso en la lucha contra el alzhéimer. Los primeros testamentos empezaron a llegar a partir de 2019, 11 años después de su nacimiento. “Desde entonces hemos recibido más o menos 4,5 millones provenientes de 25 distintas herencias o legados que han ayudado a acelerar la ciencia contra esta enfermedad que hoy en día sigue sin tener un tratamiento”, asegura Gloria Oliver, directora general adjunta de la fundación. “Y una de cada dos provienen de socios y de personas que han vivido situaciones muy duras por culpa de esta enfermedad”.

Desde 2019 hemos recibido más o menos 4,5 millones provenientes de 25 distintas herencias o legados que han ayudado a acelerar la ciencia contra el alzhéimer

Gloria Oliver — Directora general adjunta de la fundación

En el caso de Isabel y Joan, de 63 y 69 años, han adquirido un compromiso en vida con la fundación. “En el testamento hemos puesto como beneficiario a la Fundación Pasqual Maragall, como heredero universal”, explica ella. “Si yo muero antes, está mi marido como heredero universal. Y cuando muera él, entonces es para la fundación”. La decisión la tomaron hace alrededor de siete años, de nuevo por haber tenido cerca a alguien enfermo. 

“Yo tengo la experiencia con mi madre que padeció alzhéimer durante unos años y, como no sabíamos a quién podíamos dejar el dinero, porque no tenemos un familiar directo, pues dijimos: nos parece bien que vaya para la investigación sobre esta enfermedad”, asegura Isabel. “Podría resumirse en que nos gustaría ayudar a quien lo necesita”, explica Joan. “Somos ella y yo que no tenemos descendencia. Bueno, yo tengo dos hijos, pero ellos viven en el extranjero y no nos tratamos. En los tiempos que corren, cuando el dinero es la prioridad, y hay tanto egoísmo, nos parece que es la mejor forma de ayudar a la gente”, resume.

Un bizum para la ciencia

Pero no hace falta morirse para donar dinero a la ciencia, también se puede hacer en vida. “Cada vez más, personas con patrimonios importantes deciden donar en vida en vez de esperar a dejar su fortuna cuando fallecen”, explica Mercedes Antona, del departamento de Filantropía del CNIO. “Resultado de esto es la donación de 700.000 euros que recibimos de una persona, cada año nos ingresaba una cantidad, o los 100.000 euros de otra persona donados este mismo año, gracias a la cual hemos podido adquirir un equipamiento de última generación que está ayudando a reforzar la capacidad investigadora del CNIO”, señala.

En las últimas semanas, el CSIC ha ido un paso más allá y para facilitar este tipo de donaciones en vida ha habilitado la opción de hacerlo sencillamente desde el teléfono mediante Bizum. La institución también permite indicar a qué centro se quiere hacer la donación y recuerda que puede ser desgravable: deducción del 80% si donas hasta 250 euros y del 40% por donaciones superiores puntuales o del 45% si son continuadas. 

En el caso de la Fundación Pasqual Maragall, las donaciones de sus socios en vida son fundamentales para su supervivencia, al tratarse de una entidad privada que no recibe fondos del Estado. “En toda España tenemos 108.000 personas que nos dan soporte de forma recurrente, con una media de 180 euros al año”, informa Gloria Oliver. El aumento de esperanza de vida ha aumentado la prevalencia y cada vez más gente tiene casos cerca. “Cuando llegamos a 65 años, la posibilidad de enfermar es de 1 de cada 10, pero a los 85 es de uno de cada dos”, subraya Oliver. “Si tienes dos hijos, como yo, los datos dicen que uno sería el cuidador y otro el que desarrolla alzhéimer”.

Si estos casos han despertado tu interés, en los siguientes enlaces hay información sobre las formas de donar, en vida o a través de un cambio en el testamento:

El actor estadounidense Johnny Depp ha donado 65.000 dólares (56.282 euros) al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa (Valencia), que fue arrasado por la dana del 29 de octubre de 2024 y que usará este dinero para acondicionar un nuevo local como sede.

Así lo ha contado a EFE su presidente, Jesús Mateo, quien ha recordado que su sede fue “totalmente destruida” por la dana. “Nos destrozó absolutamente, lo perdimos todo: sede, archivos, instrumentos...” y ha señalado que la donación ha llegado “un poco por casualidad”.

Ha recordado que David, el informático que les llevaba la escuela y la banda, se imaginó cómo les había afectado la dana porque estaban en un sótano y le dijo que les iba a intentar tramitar una ayuda porque estaba en contacto con la Fundación de Johnny Depp, y “así empezó el tema”.

“Ha sido posible gracias a la intermediación de su amigo Juan Luis Hortelano”, ha detallado y ha explicado que para hacer la petición les requirieron mucha documentación, que fueron entregando y al final ha sido una empresa de Estados Unidos la que tramita todas las donaciones.

“Ayer mismo -por este miércoles- me llama y me dice que le han confirmado que tramitaban ya la transferencia aunque nos han dicho que por lo menos puede tardar unos quince días”, ha revelado.

Según Mateo, ahora ensayan en el patio de butacas del auditorio municipal, “también afectado y sin butacas”, y la escuela está provisionalmente en la parte superior de la iglesia, donde tenían el sótano de la sede.

“Con las donaciones que hemos ido recaudando pudimos comprar un local para la sede y necesitamos el dinero para acondicionarla, porque hay que insonorizarla y adaptarla y eso cuesta mucho dinero”, subraya para resaltar que siguen recaudando fondos para ello y la donación de Depp ayudará.

El destino de esos 56.000 euros será la adaptación de una planta baja adquirida por el CIM de Massanasa como nueva sede social ya que la que tenían quedó “totalmente destruida” por la dana.

El CIM recuerda en su cuenta de Instagram que tres días después de las inundaciones, durante una visita a España, el actor estadounidense ya mostró su apoyo a los afectados por la dana y destacó “la resistencia y la fuerza del pueblo español”.

En su visita al Festival de Cine de San Sebastián, el actor insistió en ello y dijo: “Somos una pizca de experiencia comparada con la devastación y las cosas que la gente está pasando”.

“Todo nuestro corazón está con el pueblo de España. Nos gustaría hacer todo lo posible para ayudar de alguna manera”, concluyó el protagonista de la saga de películas 'Piratas del Caribe'.

Sorpresa en el caso Cellex, la investigación que comanda una jueza de Barcelona para determinar si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron ilegalmente de su millonaria fortuna. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a los tres albaceas investigados por el presunto desfalco de la herencia y ha anulado la administración judicial de las dos fundaciones en las que estaba distribuida la fortuna de Mir, Cellex y Mir-Puig.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los albaceas investigados, Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), todos ellos defendidos por el despacho Molins.

Los magistrados consideran que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

La sección 9ª de la Audiencia de Barcelona destaca que la jueza, tras investigar un año el caso bajo secreto, levantó la reserva de actuaciones el 10 de abril y “sin solución de continuidad”, citó a los tres investigados un día después y, en la misma fecha, acordó celebrar la vista para adoptar medidas cautelares para intervenir la fundación.

“El derecho de defensa no solo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz”, aseveran los magistrados, que reprochan a la jueza de instrucción el escaso tiempo que dio a las defensas para prepararse la vista de medidas cautelares en la que se decidió la administración judicial de Cellex.

En su resolución, los magistrados encargados de revisar las decisiones de la instructora no prejuzgan “la procedencia o adecuación” de la administración judicial de la fundación Cellex, esto es, si la intervención estuvo bien motivada, sino que tan solo la anulan porque la jueza no dio suficiente tiempo a los investigados para prepararse la vista de cautelares.

A la vista de la “complejidad del asunto”, ahonda el tribunal, hubiera sido necesario que la jueza otorgara a la defensa al menos 10 días para estudiarse los más de 1.900 folios del caso, toda vez que “no existía una situación de urgencia y necesidad” que justificara la celeridad en la vista.

Y esto es precisamente lo que la Audiencia de Barcelona ordena a la jueza instructora más de medio año después de su decisión: convocar, de nuevo, una vista sobre medidas cautelares, en la que la Fiscalía podrá volver a pedir la administración judicial de Cellex, pero dando al menos diez días de margen a las defensas para estudiar el caso.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

Asun tiene trabajo fijo y un sueldo de unos mil seiscientos euros al mes. Se considera afortunada. Sin embargo, ni con esas veía posibilidades de comprarse una vivienda. Pasados los 30 había asumido ya que tendría que vivir toda la vida de alquiler, lo que a su vez le imposibilitaba ahorrar. Sin embargo, su abuela acaba de solucionar su futuro. Trinidad vivía sola hasta hace unas semanas en su piso de toda la vida, en la calle Pérez Galdós de Logroño. Los años la obligan ahora a necesitar ayuda y por eso se acaba de mudar a casa de su única hija. Ha sido una decisión difícil pero le ha permitido tomar otra mucho más satisfactoria: donar su piso a su nieta Asun.

Es lo que comunmente se conoce como una “herencia en vida”, una transmisión patrimonial a un familiar directo. Igual que Asun, el pasado año más de mil riojanos recibieron donaciones de vivienda por parte de algún familiar. “Gracias a esta decisión de mi abuela, mi vida va a cambiar a partir de ahora. Tal como están los pisos no veía opciones de comprar uno, aunque hubiera podido hacer frente a una hipoteca me resultaba imposible ahorrar para la entrada”, cuenta, “y ella está feliz de hacerme este inmenso regalo”.

Según los datos del Consejo General de Notariado, en 2024 se hicieron en España 200.000 donaciones, 50.000 de ellas fueron de viviendas. En La Rioja esa cifa asciende a 1.026. Esto significa que en esta comunidad autónoma, esa cifra se ha incrementado en un 206% en la última década y representa a día de hoy una tasa de 31,8 donaciones por cada 10.000 habitantes.

Los expertos coinciden en señalar que el problema actual de la vivienda tiene mucho que ver con el incremento de las donaciones y añaden también que esta realidad no hace más qeu abrir una brecha de desigualdad ya que no todos los jóvenes pueden heredar una vivienda. Además, quien la recibe, aumenta su capacidad de ahorro muy por encima de otros que tienen que pagar hipotecas y alquileres. Esto implica que los primeros tendrán más posibilidades de comprar con el tiempo una segunda vivienda, en definitiva, aumentar su patrimonio y perpetuar así la desigualdad.

También influye notablemente en este incremento de las donaciones la fiscalidad de cada territorio. En el caso de La Rioja, fue en 2018 cuando se empezaron a aplicar las bonificaciones a las donaciones y transmisiones patrimoniales entre familiares. Los datos reflejan claramente cómo, antes de esa fecha, se registraban de media unas 300 donaciones al año. Sin embargo, desde entonces no se ha bajado ningún año de las mil donaciones, llegando en su punto más alto a las 2.203 en el año 2019.

En esta comunidad, la bonificación que se aprobó en 2018 y que se mantiene hasta ahora es del 99%, es decir, una persona que reciba una vivienda de un familiar, sólo tendrá que pagar el 1% del impuesto correspondiente. Algunos muncipios de La Rioja además ofrecen bonificaciones en las plusvalías. Además, el pasado año se eliminó el tope máximo de 400.000 euros que se había establecido para esta bonificación, lo que significa que ahora puede beneficiarse cualquier persona sin tener en cuenta el valor del bien que se reciba.