Hace dos años, en enero de 2024, Carlos Hernández me envió una carpeta Drive con cartas e instrucciones para abrir en el momento de su fallecimiento, no antes. Me la entregó el mismo día en el que me contó que le habían detectado un cáncer y que tenía que someterse a una larga operación, de la que esperaba salir bien, “pero por si acaso”. “No quiero dejarle ese marrón a Conchi”. Conchi es su compañera de vida, su amor desde su primera juventud. 

Desde entonces, Carlos pudo disfrutar de dos años más de vida y los exprimió como siempre hacía: a tope. La semana pasada regresaba de un viaje por Tanzania, con su inseparable Conchi. Amó la vida hasta el final, con pasión, con mucha honestidad y compromiso. 

“Menudo marrón que te dejo, Rodríguez”, leo al abrir la carpeta Drive. “Es lo que tiene que seas mi amiga, jajaja”, continúa. En el archivo, que actualizó recientemente, hay cartas para Conchi, su familia, sus amigos y también un texto para sus lectores, “para que lo publique elDiario.es”, bajo el título 'Carta desde el más allá', y “para que lo difundáis a través de mis redes sociales, con esta frase: 'Mi despedida escrita antes de irme para el otro barrio. Hasta siempre'.”

Supo cómo vivir y ha sabido cómo despedirse. En sus instrucciones me pide que recuerde algunos de los momentos más difíciles que vivimos juntos en Bagdad, durante la invasión ilegal de Irak en 2003. Allí soportó bombardeos muy duros, fue testigo de asesinatos de niños y de nuestro propio compañero, el cámara gallego José Couso.

Irak y Couso

Carlos fue una figura clave entre los periodistas españoles en Bagdad, actuó como un pegamento, nos mantuvo unidos y tuvo claro que teníamos que quedarnos pese a las exigencias del Pentágono y del Gobierno español de Aznar para que nos fuéramos. 

Cuando el Ejército estadounidense disparó contra nuestro hotel y mató a Couso y a otro periodista de Reuters, escribimos a medias una nota anunciando que, como testigos, demandábamos investigación judicial y solicitábamos rendición de cuentas, porque los ataques contra la prensa no solo matan a civiles, también contribuyen a apagar el flexo informativo. 

Carlos declaró dos veces ante la Audiencia Nacional dando detalles de aquel crimen de guerra, y se posicionó públicamente contra la postura complaciente del Gobierno de José María Aznar, que no exigió más explicaciones a la Administración Bush sobre el asesinato de un ciudadano español.

Pocos meses después de regresar de Irak, fue despedido de Antena 3 Televisión, tras catorce años de trabajo. Así terminó su etapa como cronista parlamentario y corresponsal en varios conflictos internacionales –Kosovo, Palestina, Afganistán e Irak– y comenzó otra, en la que siguió ejerciendo el periodismo, con excelentes reportajes primero en la revista La Clave y, después, en elDiario.es. También trabajó como asesor político y empresarial.

En enero de 2011 tuvo claro que varios testigos del asesinato de Couso teníamos que acompañar a la comitiva judicial de la Audiencia Nacional que iba a viajar a Bagdad para realizar una “inspección ocular in situ”. Apoyó hasta el final la investigación de ese caso y denunció públicamente su cierre, provocado por la derogación de la Ley de Justicia Universal. Siempre fue fiel a sus principios, sin importarle las consecuencias.

Memoria histórica

Una noche de bombardeos en Bagdad, en 2003, hablando de otras cosas para intentar abstraernos, descubrimos que ambos procedíamos de familias represaliadas por el franquismo. “Algún día tendremos que escribir sobre eso, Rodríguez”, me dijo. Empezó a hacerlo tiempo después, con varios libros y una cuenta en redes sociales en la que se hacía pasar por su tío abuelo, Antonio Hernández, quien estuvo apresado en un campo de concentración nazi. 

Vivió su compromiso con la memoria histórica con la misma intensidad y entrega que antes había dedicado a las coberturas internacionales: con un enfoque crítico, valiente y centrado en los derechos humanos y el derecho internacional. Realizó varias investigaciones sobre la represión franquista y el nazismo y las materializó en tres excelentes libros: Los últimos españoles de Mauthausen, Los campos de concentración de Franco y Deportado 4443, este último un cómic ilustrado por Ioannes Ensis. Los campos de concentración de Franco, al igual que los anteriores, tuvo una gran repercusión, porque a través de él mucha gente se enteró de que en sus localidades había habido campos franquistas en los que se había asesinado a gente.

Poco después de esa publicación, él y Conchi nos ayudaron a exhumar la fosa en la que yacen los restos de más de sesenta personas –entre ellas, mi bisabuelo– en Villadangos del Páramo (León), acompañando al equipo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Solo se pudieron extraer los restos de seis desaparecidos –dos han sido identificados por ADN– y está pendiente otra exhumación para intentar localizar los demás. Carlos ayudó mucho en ese proceso, acompañando a todas las familias y contactando con la prensa para denunciar los obstáculos que se crearon para impedir la exhumación.

Los zarpazos de las guerras le permitieron aprender pronto que todo lo que tenemos es un tiempo finito y, en el mejor de los casos, amistad, amor y comunidad para intentar mejorar el mundo.

Vivir con honestidad

Hernández estuvo en primera línea como testigo de algunos de los acontecimientos más importantes de las últimas décadas. El futuro era de las pocas cosas que le faltaban por cubrir, y lo quiso hacer antes de irse, con una novela de ficción –pero con mucha realidad– en la que una periodista, Anne Watts, una especie de alter ego de Hernández en 2149, escribe un email a Carlos con un mensaje de advertencia sobre lo que viviremos en las próximas décadas.

Siempre fue un tipo único, vitalista, genuino, íntegro y leal. Se atrevió a buscar otra forma de vivir en un mundo en el que aún se nos trata, demasiado a menudo, según el cargo profesional que desempeñamos o las posesiones que tenemos. Tras décadas entregado al periodismo, decidió prescindir de contratos y compromisos laborales fijos y ser como un pájaro al libre vuelo. “Puedo vivir con poco dinero, pero no puedo vivir sin perderme lo que más me gusta”, decía. 

Los zarpazos de las guerras le permitieron aprender pronto que todo lo que tenemos es un tiempo finito y, en el mejor de los casos, amistad, amor y comunidad para intentar mejorar el mundo. A ello quiso dedicarse: a estar más con Conchi, a viajar por todo el planeta de mochilero –conocía los hostales más baratos de los cinco continentes–, a seguir escribiendo y a contar todo lo que veía. No podía evitar dedicar unas horas desde un país lejano para enviar una crónica a elDiario.es sobre memoria histórica, sobre la muerte de algún superviviente de la represión franquista, sobre los retrocesos de la justicia universal o los bulos de la extrema derecha. Fue periodista hasta el final. 

En sus instrucciones de la carpeta Drive pide que termine este texto con una historia que le gustaba escuchar: la del brindis en Bagdad por poder ser corresponsales de paz

Publicó su último artículo el pasado mes de septiembre: Decálogo para contestar a los expertos en deportes y genocidio, sobre la importancia de presionar ante la impunidad israelí en Palestina. Su penúltima publicación, que escribimos juntos, es una despedida a Maribel Permuy, la madre de José Couso, fallecida el pasado verano. 

Carlos Hernández deja un profundo poso en mucha gente: en su familia, en sus compañeros de trabajo, en sus amigos del barrio de toda la vida y también en sus lectores. En sus instrucciones de la carpeta Drive pide que termine este texto con una historia que le gustaba escuchar. Ahí va:

Una noche de febrero de 2003, estando en Bagdad, decenas de periodistas de varias nacionalidades nos reunimos en una habitación del hotel Al Rashid para barajar planes ante la inminencia de la invasión y los bombardeos. Corrieron las cervezas y el ron, y ya de madrugada varios reporteros confesaron que tenían ganas de que empezara la guerra, “la adrenalina”, “la acción”. Carlos y yo nos miramos desconcertados y dijimos que la noticia más espectacular que podríamos narrar no sería la de una invasión ilegal, sino la del triunfo del “no a la guerra” que clamaban tantas personas en el mundo. Estábamos en un piso alto y a través de los cristales se veía todo el centro de la capital iraquí, iluminada, aguardando los bombardeos. Miramos por la ventana, acercamos nuestros vasos y compartimos un deseo común, con el griterío de fondo: “Poder ser corresponsales de paz”. 

Han pasado veintitrés años de aquello, pero en cada encuentro siempre hemos brindado por ese anhelo de paz compartido en una noche previa al infierno en Bagdad. Carlos siempre quiso ser eso, y siempre lo fue, hasta el final. Te queremos, amigo. 

Ha muerto Maribel Permuy, una mujer que era mucho más que la madre del cámara gallego José Couso. Su fallecimiento nos obliga a recordar su lucha incansable por obtener justicia para su hijo, asesinado en Bagdad por tropas estadounidenses en 2003, durante la invasión ilegal de Irak por los ejércitos de EEUU y Reino Unido.

Aquella invasión y ocupación ilegal del país se basó en dos grandes mentiras, ya sabidas en aquel momento, y que acabarían confirmándose pocos años después. Ni Irak tenía armas de destrucción masiva ni el régimen de Sadam Hussein mantenía relación alguna con Al Qaeda.

Sin embargo, una gran parte de los medios occidentales no cumplió con el principal deber de su oficio: dudar, hacerse preguntas, investigar y evitar asumir como única información válida la que procede de los grandes despachos (en este caso, de Washington y Londres). Esa propaganda normalizada fue el pecado original que desencadenó la muerte de miles de iraquíes solo en las primeras semanas de bombardeos, y también la del hijo de Maribel Permuy.

El crimen de guerra

Fuimos testigos del asesinato de José Couso, con quien llevábamos compartiendo semanas de duro trabajo en Bagdad. En menos de tres horas, en la mañana del 8 de abril de 2003, las tropas estadounidenses atacaron tres sedes de la prensa internacional -la de Al Jazeera, la del canal Abu Dhabi y el hotel Palestine- y mataron a tres periodistas: Tarek Ayoub, Taras Prosyuk y José Couso. Estos dos últimos se encontraban en el hotel Palestine, donde nos alojábamos más de doscientas personas que trabajábamos para medios de comunicación europeos y americanos, y donde no había ninguna amenaza para las tropas que invadían la capital iraquí.

Pese a ello, un tanque estadounidense giró su cañón hacia nuestro hotel, pidió permiso para actuar, esperó diez minutos -apuntándonos- obtuvo luz verde de sus superiores y disparó un proyectil de fragmentación contra el piso decimoquinto del Palestine, donde un equipo de Reuters filmaba desde su balcón y enviaba esas imágenes en tiempo real a numerosos medios de comunicación de todo el mundo. Aquella retransmisión quedó interrumpida de inmediato.

Un fragmento del proyectil mató casi en el acto al reportero ucraniano Taras Prosyuk, de la agencia internacional Reuters, e hirió a varios más, entre ellos a José Couso, quien grababa con su cámara desde un balcón del piso decimocuarto. Tres horas después, Couso fallecía en un hospital de la capital iraquí.

Las consecuencias de aquellos ataques estadounidenses fueron inmediatas y provocaron una oscuridad informativa hasta el día 9 de abril. Los periodistas tuvimos que barajar opciones de seguridad, trasladar a los heridos a diferentes hospitales y llorar a nuestros muertos. Por ello, no hay ni una sola imagen de las siguientes horas, en las que las tropas estadounidenses avanzaron para ocupar el centro de Bagdad.

El tanque estadounidense que mató a José Couso podía vernos perfectamente desde el puente desde el que nos disparó, y así lo comprobó el juez Santiago Pedraz años después, en una inspección in situ. Además, Washington sabía perfectamente que la prensa internacional se alojaba en el hotel Palestine de Bagdad, como posteriormente reconoció el secretario de Estado, Colin Powell.

Maribel defendió justicia para Couso, consciente de que la impunidad podría sentar un peligroso precedente contra la libertad de información

La lucha

Cuando regresamos de Bagdad conocimos a Maribel Permuy, la madre de Couso. No olvidamos sus primeras palabras. En lugar de exhibir su dolor, Maribel insistió en la importancia de defender justicia para su hijo, consciente de que la normalización de lo ocurrido podría sentar un peligroso precedente contra la libertad de información, como así ha ocurrido. Apenas habían transcurrido unas semanas desde que había recibido el cuerpo sin vida de su hijo y ya mostraba la determinación de trabajar hasta conseguir que el asesinato de José fuera juzgado por los tribunales.

Comenzaba así una lucha desigual, plagada de grandes obstáculos. Unos gobiernos la despreciaron y otros incumplieron lo que habían prometido. “Me han utilizado”, lamentaría posteriormente. A Aznar le vino mal que ni ella ni el resto de su familia aceptaran una medalla y un cheque a cambio de su silencio. El entonces presidente del Gobierno no pudo evitar que Couso se convirtiera en un símbolo más de la sinrazón que suponía haber involucrado a España en aquella maldita guerra.

Maribel no estaba sola. Contaba con sus cuatro hijos -quienes, como ella, se prometieron luchar para que el crimen contra su hermano no quedara impune- y con numerosos compañeros y amigos. Detrás, y aún más importantes, miles y miles de ciudadanos.

Si se permite que un crimen de guerra quede impune, estaremos abonando el terreno para más y mayores abusos en el futuro

Maribel Permuy

La muerte de José Couso no fue un accidente, ni un “gaje del oficio”. Fue un ataque premeditado sin justificación alguna. Así lo repitió ella siempre, en todas sus intervenciones públicas, en todas las concentraciones ante la embajada estadounidense, en todos los actos exigiendo justicia a los distintos gobiernos españoles, hasta hoy.

Maribel fue consciente muy pronto de que no peleaba solo por la memoria de José. Intentar impedir que su asesinato quedara impune suponía defender la libertad de prensa y la necesidad de hacer respetar las leyes internacionales SIEMPRE. “Si no hay justicia para José, se estará creando un peligroso precedente”, solía decirnos.

“Si se permite que hoy se incumpla la ley, que un crimen de guerra quede impune, estaremos abonando el terreno para más y mayores abusos en el futuro”, repetía. Solo hay que mirar hacia Palestina, donde los ataques israelíes han matado a más de doscientos periodistas en los últimos veintidós meses, para ser conscientes de la importancia de lo que defendía.

Solo hay que mirar hoy a Palestina para entender la importancia de lo que ella defendía

El proceso judicial

Paradójicamente, y a pesar de pelear contra Goliat, la Justicia también le dio la razón. Los distintos magistrados de la Audiencia Nacional que se hicieron cargo del caso -y, muy especialmente, Santiago Pedraz- avanzaron en la investigación, a pesar de las presiones de EEUU y de los obstáculos de la propia Fiscalía española.

El juez Pedraz recabó testimonios y pruebas que le permitieron concluir que había indicios sólidos de que la muerte de Couso fue un crimen de guerra. Desde su despacho salió una orden de búsqueda y captura contra tres de los militares estadounidenses que abrieron fuego contra el Hotel Palestina.

El magistrado viajó a Bagdad en 2011 y ratificó in situ todas y cada una de sus sospechas. “A mí la palabra que me queda de estos años es «dignidad» porque han intentado ningunearnos, han intentado anularnos y no lo han conseguido”, señaló entonces Maribel Permuy. “Un montón de gente anónima nos ha seguido apoyando y vamos a continuar con nuestra lucha”, dijo en el décimo aniversario del asesinato de su hijo.

Pese a las promesas, ningún gobierno español ha recuperado la Ley de Justicia Universal ni ha revertido la reforma que permitió que el asesinato de Couso quedara impune

La Justicia Universal

Solo unos meses después, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy cambió sobre la marcha las reglas del juego. Con su mayoría absoluta impuso una reforma legal que acababa con la llamada Ley de Jurisdicción Universal -ya limitada en 2009 por el Gobierno del PSOE- y restringía drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, escribió el juez Pedraz en su auto, en 2015, lamentando la imposibilidad de mantener abierta la investigación tras la reforma de la ley.

En los años siguientes, y pese a las promesas de varios partidos, ningún gobierno español ha recuperado la Ley de Justicia Universal ni ha revertido la reforma que permitió que el asesinato de José Couso quedara impune. A pesar de ello, Maribel Permuy siguió luchando por conseguir justicia para su hijo, por defender la libertad de información, por proteger la aplicación del derecho internacional, consciente de que la impunidad asienta la ley del más fuerte.

En julio del pasado año llegó otra mala noticia: el Tribunal Europeo avaló el archivo del caso Couso por la Justicia española. El doble rasero en la aplicación de las leyes y el derecho de quita y pon son características que definen nuestra actualidad.

En un momento de enorme retroceso en derechos y libertades en muchas partes del mundo, en un contexto de genocidio contemplado y consentido en tiempo real, las voces de madres como Maribel están cargadas de verdad y de humanidad frente a la brutalidad de las armas y frente la complicidad de gobiernos que facilitan el belicismo, la impunidad o la inacción ante crímenes masivos.

Si siempre es difícil decir adiós, decírselo a Maribel Permuy lo es aún más. Esta Madre Coraje ferrolana perseverante nos dio a todos una lección. Convivió con la tristeza por el asesinato de José Couso pero también con la alegría que le causaban sus hijos y sus nietos. La ciudadanía en general y la profesión periodística en particular le debemos mucho. Su lucha no solo fue por José. Fue por todos.

Por eso solo te podemos decir adiós de una manera: Gracias, Maribel, infinitas gracias y hasta siempre.

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Carlos Hernández y Olga Rodríguez cubrieron la guerra de Irak desde Bagdad y, junto con los reporteros Jon Sistiaga y Jesús Quiñonero, declararon ante la Audiencia Nacional como testigos del asesinato de José Couso en Bagdad

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar el recurso de la familia de José Couso pone punto y final a años de batalla legal para intentar que el asesinato del cámara bajo fuego estadounidense en Irak en 2003 no quede impune. Una resolución que avala los efectos de la reforma que impulsó en solitario el Gobierno del Partido Popular hace una década y que condenó al archivo de una docena de causas relacionadas con la justicia universal: desde el caso Couso hasta las masacres del Tíbet pasando por la muerte de españoles en Mauthausen y desembocando en la liberación de medio centenar de narcotraficantes que se vieron beneficiados.

El concepto de justicia universal que había funcionado en España durante tres décadas murió hace diez años y medio en el Congreso de los Diputados tras un debate de dos horas. El Partido Popular impuso el rodillo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para sacar adelante la reforma impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que esos días justificó que España no podía ser “gendarme del mundo”.

Sobre el papel, la modificación tocaba algunos puntos esenciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial para endurecer los requisitos que permitían a los jueces abrir estas investigaciones: en casos de genocidio o crímenes contra la humanidad, el acusado debe ser español o vivir de forma habitual en España. En casos de torturas o desapariciones forzadas, la víctima debe tener nacionalidad española y el acusado estar en el país. El laberinto para llevar a un criminal de guerra al banquillo, por tanto, se complicaba.

Ese jueves de 2014 el diputado del PP, José Miguel Castillo, culminó su defensa parlamentaria de la reforma con una frase: “Sin demagogia ni cuentos chinos”. Detrás de la expresión se escondía la verdadera exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2014: el conflicto diplomático abierto con China por la imputación de los expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, además de varios miembros de la cúpula del Partido Comunista chino, por la represión a 15 miembros de Falun Gong.

Esa causa tardó unos pocos meses en archivarse. Diligencia tras diligencia, la Audiencia Nacional estampó el sello del sobreseimiento en las principales causas de justicia universal que instruían desde hacía años: el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, la muerte de miles de españoles en el campo de concentración de Mauthausen, el genocidio en Ruanda o los ataques al campo de refugiados iraquí de Ashraf.

Pocas causas sobrevivieron a la criba: el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador terminó con una condena firme de 133 años de prisión para el coronel Inocente Montano. Y las decisiones no fueron unánimes por parte de los jueces. Tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía surgieron voces discrepantes contra la aplicación general de la reforma. Supuso, dijo el Supremo, “una restricción sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción”.

La reforma impulsada en solitario con el PP para que España dejara de ser el “gendarme” del mundo también tuvo efectos imprevistos: los jueces dejaron en libertad a más de medio centenar de acusados de narcotráfico tras dejar de ser competentes para investigar delitos fuera del territorio nacional. En esa ocasión, al contrario de lo que sucedió más recientemente con la ley del 'solo sí es sí', el Consejo General del Poder Judicial no encargó un recuento mensual de excarcelaciones, pero los archivos judiciales recuerdan quién se benefició de la reforma de rebote: desde siete marineros sirios detenidos a pocos kilómetros de las costas de Alborán con 16 toneladas de hachís a ocho supuestos narcos detenidos cerca de Málaga con otras 12 toneladas.

El caso Couso: el archivo que llegó a Europa

El archivo de estas causas, con más o menos entusiasmo, fue refrendado por el Tribunal Supremo y en algunos casos por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso del PSOE contra la ley. Pero el único caso que pasó el filtro de admisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fue el de José Couso. El cámara de Telecinco que fue asesinado en el hotel Palestina de Bagdag por los disparos de las fuerzas estadounidenses durante la invasión de Irak.

La investigación fue llevada desde la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, que llegó a procesar a tres militares de EEUU y a desplazarse personalmente a Bagdag para inspeccionar el lugar del crimen. El archivo en aplicación de la ley llegaba en el verano de 2015: “Pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de ilícitos, el delito quedaría impune”, lamentó el juez.

El aval definitivo de Europa llegó hace unos días, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó de forma definitiva el último recurso de la familia del cámara asesinado. Una sentencia que no solo puso el último clavo en el ataúd de la causa sino que avaló, al menos en su aplicación práctica, la reforma de 2014. “No parece irrazonable que un Estado ponga condiciones al ejercicio de la justicia universal, por ejemplo que existan vínculos con ese Estado”, afirmaba la sentencia.

En el caso concreto de Couso, según Estrasburgo, la decisión de los tribunales españoles de no seguir investigando no vulneró la Convención de Derechos Humanos. Todo sin dejar de defender, un párrafo después, que no se cuestiona el “consenso” de la comunidad internacional sobre el derecho de las víctimas de crímenes internacionales para obtener reparación, y la obligación de los Estados a examinar sus casos. Es “recomendable” que los Estados hagan esfuerzos para garantizar el acceso de estas víctimas a los tribunales, dijo el TEDH en la misma sentencia que le cerraba la puerta a la familia de José Couso para siempre.

Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica que representó a la familia de Couso ante Europa, explicaba minutos después de recibir la sentencia que el fallo no había producido “ninguna sorpresa”. “Causa poca sorpresa que se haya avalado hoy una modificación legislativa como la que se produjo en nuestro país hace 10 años y que permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados”, afirmaba en un comunicado.

La sentencia de Estrasburgo es el punto final al recorrido judicial del asesinato de José Couso tanto dentro como fuera de España. Y cualquier hipotética reforma legal para volver a ampliar los supuestos de la justicia universal tampoco tendrá ningún efecto sobre el caso por la imposibilidad de aplicar una norma más dura de forma retroactiva a un acusado, en este caso a los militares estadounidenses que nunca se sentarán en el banquillo por el asesinato de José Couso.

Han vuelto a asesinar a José Couso, 21 años y 3 meses después de su muerte. No ha sido la segunda, ni la tercera, ni la cuarta vez que rematan al reportero gallego de Telecinco, aunque esta sí ha sido la definitiva. Antes ya lo hicieron, con diferente grado de responsabilidad, ensañamiento y crueldad: Estados Unidos, el Gobierno de Aznar, la Fiscalía, los Ejecutivos de Zapatero y de Rajoy, el Tribunal Supremo, el Gobierno de Pedro Sánchez con Podemos, el Tribunal Constitucional, el Reino Unido y el Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Esta vez, el ejecutor ha sido el llamado Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La resolución dictada este jueves por esa corte supone, paradójicamente, un flagrante atropello de los derechos humanos, una oda a la impunidad y una muestra más del doble rasero que impera en las relaciones internacionales. Si no es de “los nuestros”: críticas, persecución judicial, sanciones y reivindicación de la “libertad”, la “justicia” y los “derechos humanos”. Si es aliado: carta blanca para matar y violar la legislación internacional.

La resolución del TEDH rechaza el recurso presentado por la familia de Couso y cierra definitivamente el caso con dos argumentos principales: el primero limita la posibilidad de perseguir judicialmente a genocidas y criminales de guerra; el segundo insulta a la víctima y a su familia falsificando la realidad. Para entender lo que ha hecho este tribunal debemos viajar a 2014. Ese año, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz continúa con la investigación del caso. Ha recopilado multitud de pruebas, ha tomado declaración a varios testigos y ha viajado a Bagdad para confirmar in situ sus sospechas. Con todo ello sostiene que hay indicios más que suficientes de que la muerte de Couso fue un crimen de guerra, ha imputado a tres militares estadounidenses y mantiene activas órdenes de búsqueda y captura contra ellos.

En ese momento, harto de los problemas con Estados Unidos que le generaba este tema, Mariano Rajoy decidió cambiar la ley. Durante los 11 años anteriores, ni a él ni a la vicepresidenta de Zapatero, Mª Teresa Fernández de la Vega, ni a Aznar les había valido con utilizar a la Fiscalía para intentar abortar el proceso. Rajoy, con su mayoría absoluta en el Congreso y el Senado, acabó de un plumazo con la llamada Justicia Universal. Ya que no había logrado doblegar al juez Pedraz con amenazas y presiones, le cambió la ley en la que se apoyaba para investigar el asesinato de Couso. El magistrado, aun así, se negó a cerrar el caso amparándose en que la legislación internacional prevalece sobre la nacional. Pocos meses después, el Tribunal Supremo le quitó la razón. 

Pedraz no tuvo otro remedio que archivar el caso, pero lo hizo dejando constancia de lo ocurrido. En el auto en el que formalizó esa decisión, insistió en que la muerte de Couso fue un crimen de guerra. Afirmó que el delito “quedará impune, aunque existan múltiples esfuerzos y recomendaciones para perseguirlo”. Advirtió, además, del marco de impunidad que se creaba con el cambio legal: “Ante crímenes contra periodistas, cooperantes o personas españolas consideradas como población civil, ni la Fiscalía ni los familiares de las víctimas podrán instar la apertura de diligencias en España para perseguir a los culpables”.

Una resolución al más puro estilo Peinado

De no ser por la extensión y la profusa argumentación jurídica, parecería que el Tribunal Europeo ha copiado el estilo de resolución inconsistente, arbitraria e incoherente del que, hoy por hoy, es el juez más famoso España. A pesar de que, como hemos visto, no hubo juicio contra los asesinos de Couso porque se cambió torticeramente la ley, el TEDH considera que no se ha vulnerado el derecho de la familia de la víctima a tener un juicio justo. La corte añade como argumento el hecho de que entre 2003 y 2015 se desplegaran “esfuerzos considerables” para determinar la responsabilidad de los autores de su muerte, obviando que al “esforzado” juez le acabaran cortando las alas y sus “considerables esfuerzos” no sirvieron para nada. El TEDH culmina esta parte de la resolución aduciendo que, en cualquier caso, no habría podido celebrarse un juicio porque Estados Unidos no habría entregado a los tres militares imputados. Entendemos, pues, que ese sólido argumento se utilizará, a partir de ahora, con los políticos, oficiales y soldados rusos acusados de crímenes de guerra. ¿Para qué perseguirles si Putin no los va a extraditar?

El otro alarde de coherencia en la resolución del TEDH es que legitima la reforma legal de Rajoy que impide a los tribunales españoles investigar crímenes de guerra como el de Couso y, al mismo tiempo, afirma que su fallo “no pone en duda el amplio consenso internacional” que “alienta” a los estados a dotar de competencias sus tribunales para amparar a las “victimas de crímenes internacionales”. La evidente contradicción la justifica afirmando que, pese a lo anterior, “no parece descabellado que un Estado que establece la jurisdicción universal condicione su ejercicio a distintos factores de conexión o vínculos jurisdiccionales con ese Estado”. Extravagante argumento, sobre todo si tenemos en cuenta que en la reforma legal de Rajoy no hay excepciones ni por “factores de conexión” ni por “vínculos”.  

Los hechos que no quieren que recordemos

El tiempo suele conducir al olvido y facilita la tergiversación de los hechos. En estos 21 años, la familia, amigos y compañeros de Couso han tenido que escuchar todo tipo de falacias con las que muchos políticos y demasiados periodistas han intentado blanquear lo ocurrido. Por ello, y no sé si por última vez, recuerdo punto por punto lo que sucedió aquel 8 de abril de 2003. Yo estaba allí. No fue un error, no ocurrió porque “la guerra es un lugar peligroso”. Fue un crimen de guerra premeditado en el que la víctima fue la verdad, la libertad de expresión y la prensa.

1.- El blindado estadounidense que disparó sobre el Hotel Palestina llevaba horas inmóvil, en un puente sobre el río Tigris. Centenares de periodistas le grabábamos, sin escondernos, a pecho descubierto, desde decenas de balcones del hotel. Horas en las que sus ocupantes nos estuvieron observando y pudieron confirmar que, tal y como sabían hasta en el último puesto de mando norteamericano, el Palestina era el centro de la prensa internacional. Desde ese hotel, cada hora, el Pentágono, la Casa Blanca y cualquier ciudadano veían a un ejército, sí, pero de corresponsales informando en directo.

2.- Ese ataque no fue el único que se perpetró esa mañana contra la prensa internacional. Los blindados estadounidenses ya habían disparado contra las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi TV, asesinando a un periodista e hiriendo a otros tres.

3.- Como buen mentiroso, el Ejército de Estados Unidos cambió de versión según se iban desmintiendo las anteriores. Empezó alegando que había recibido “fuego hostil” desde la base del hotel. Al haberse producido el impacto en la planta 15 del edificio, muy pronto tuvo que corregir el relato: quienes dispararon lo hicieron desde la azotea. 

Cuando los centenares de periodistas alojados en el Palestina desmentimos, unánimemente, esa versión, el ejército de EEUU se inventó su última tesis: la del “oteador”. En uno de los balcones, un combatiente iraquí con prismáticos estaba “delatando” la posición de sus tanques. Una teoría que rozaba el ridículo porque esos blindados eran visibles, a simple vista, desde varios kilómetros a la redonda.

Los otros “asesinatos” de José Couso

1.- Años 2003 y 2004, responsable: Gobierno de José María Aznar.

El Ejecutivo utilizó a la Fiscalía para intentar evitar que la investigación judicial arrancase. El fiscal ni siquiera estuvo presente en la declaración de los testigos directos del crimen. Aznar y su gobierno aceptaron las falsas y escuetas explicaciones de Estados Unidos, se pusieron del lado de los verdugos y despreciaron a la familia de la víctima.

2.- Años 2004-2011, responsable: Gobierno de Zapatero.

La vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega, el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y otros miembros del ejecutivo se comprometieron ante el embajador de EEUU a trabajar para que el procedimiento judicial naufragara. Tal y como se reveló gracias a las filtraciones de Wikileaks, de la Vega llegó a informar al diplomático norteamericano de alguno de los pasos que pensaba dar la fiscalía para oponerse a los autos del juez Pedraz.

3.- Años 2011-2014, responsable: Gobierno de Mariano Rajoy.

El regreso del Partido Popular a la Moncloa intensificó el trabajo de la Fiscalía para abortar la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional. Ante la falta de resultados, en 2014 Mariano Rajoy cambió la ley para forzar a Pedraz a cerrar el caso. El juez se negó, alegando que la legislación internacional prima sobre la nacional.

4.- Año 2015. Responsable: Tribunal Supremo.

El 22 de abril el Tribunal Supremo archivó definitivamente las dos causas abiertas contra dirigentes chinos por crímenes de lesa humanidad. Los magistrados dictaminaron que debía aplicarse la reforma legal de Rajoy, ignorando los recursos que apelaban a la prevalencia de las leyes internacionales. El auto sentó jurisprudencia, acabó definitivamente con la Justicia Universal y Pedraz tuvo que archivar el caso Couso.

5.- Años 2018-2019. Responsable: Gobierno de Pedro Sánchez.

El gobierno socialista surgido de la moción de censura a Mariano Rajoy incumplió su promesa de restaurar la Justicia Universal. Nada más llegar al poder, el ejecutivo de Pedro Sánchez encargó a una comisión de expertos un informe para corregir la reforma realizada por Mariano Rajoy. Los expertos presentaron sus propuestas y el gobierno las enterró en un cajón.

6.- Año 2019. Responsable: Tribunal Constitucional.

En el mes de junio, el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por la familia de Couso. En su fallo, los magistrados afirmaban que la reforma legal de Rajoy no era lesiva para los derechos fundamentales de los recurrentes.

7.- Año 2020-2023. Responsable: Gobierno PSOE-Podemos.

En los más de tres años que permaneció en el poder, la coalición progresista no cumplió su promesa electoral de restaurar la Justicia Universal.

En marzo de 2020 el Gobierno recurrió ante el Tribunal Supremo una sentencia de la Audiencia Nacional que, por dejación de funciones, condenaba al Estado a indemnizar a la viuda de Couso. El Supremo acabó rechazando el recurso.

8.- Años 2019-2024. Responsable: Reino Unido.

El Gobierno británico se personó como parte en el procedimiento abierto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según los abogados que defendían el recurso de la familia, las presiones de Londres sobre la corte han sido constantes e intensas.

9.- Años 2023-2024. Responsable: Gobierno PSOE-Sumar.

En este año de legislatura el gobierno de coalición sigue incumpliendo su promesa de recuperar la Justicia Universal. La única iniciativa en este sentido se ha concretado fuera del Consejo de Ministros y Ministras. Sumar presentó en el Congreso, el pasado mes de febrero, una proposición de ley para recuperar la Justicia Universal que fue aceptada a trámite. Aunque se encuentra en fase de tramitación, no parece haber mucho interés ni ninguna urgencia por avanzar hacia su aprobación definitiva.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido rechazar el recurso de la familia de José Couso, el cámara asesinado en Irak en 2003 bajo fuego estadounidense, contra el archivo de la investigación judicial en España. La corte de Estrasburgo entiende que el carpetazo judicial tras la reforma de la jurisdicción universal que impulsó el ejecutivo de Mariano Rajoy no vulneró su derecho a un juicio justo ni tampoco al respeto a los derechos humanos.

“A nadie se le escapa que vivimos tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario, y la sentencia dictada hoy por el TEDH es hija de estos tiempos”, ha dicho el despacho de abogados Red Jurídica, cooperativa que lleva la defensa letrada de la familia del cámara de televisión. 

El tribunal considera, según explica en su fallo unánime, que la decisión de los jueces españoles tras la enterada en vigor de la reforma de la justicia universal “no fue desproporcionada” y que no ha habido una violación de los derechos de la familia del cámara, recogidos en la Convención.

La Audiencia Nacional puso en marcha una investigación penal por el asesinato del cámara de Tele5 bajo fuego del ejército estadounidense en el Hotel Palestina de Irak en abril de 2003. Unas pesquisas que fueron archivadas en 2015, poco después de la entrada en vigor de la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno del PP y Mariano Rajoy. Hasta ese momento, el juez Santiago Pedraz había dirigido su investigación contra varios militares de EEUU por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

Los sucesivos archivos fueron confirmados por los distintos tribunales españoles, tal y como sucedió con otras causas como la que investigaba el genocidio en el Tíbet, aunque en 2020 la Audiencia Nacional reconoció una indemnización, por la vía administrativa, para la familia del cámara por “omisión de protección diplomática”. El hermano de Couso decidió finalmente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consiguiendo superar el primer filtro de la admisión a trámite.

El resultado, después de meses de deliberaciones, ha sido rechazar el último recurso que podía interponer la familia del cámara asesinado. Los jueces destacan, en primer lugar, que la investigación “siguió durante un tiempo después de la entrada en vigor de la reforma” y, por tanto, “no puede decirse que la intervención de la ley hiciera inútiles cualquier continuación del procedimiento”. Y antes de la entrada en vigor de la norma “la jurisdicción fue ejercida de forma efectiva”.

Entiende el TEDH que no existió una actuación “arbitraria o manifiestamente irrazonable” en la actuación de los tribunales españoles al declarar que, tras la reforma, no tenían capacidad para seguir investigando a militares estadounidenses. “Todo estuvo dentro del margen de apreciación del Estado español”, afirma la sentencia.

“Con tristeza pero sin sorpresa”

Las acciones judiciales de la familia de Couso ante los tribunales internacionales ha sido llevada por el letrado Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica. En un comunicado emitido este lunes a través de su página web, explica que ha recibido la decisión del TEDH “con tristeza, pero sin ninguna sorpresa” al denunciar que “vivimos en tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario”. La sentencia conocida hoy, aseguran, es “hija de estas tiempos”.

La reforma de la Justicia universal impulsada en 2014 por el Gobierno de Rajoy, recuerdan los letrados, “permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados”.

El caso de José Couso, explican, “ha ido a morir a Estrasburgo” con una sentencia que, según su criterio, implica que los jueces “avalan la impunidad de determinados criminales de guerra y ratifica la insoportable vacuidad del derecho internacional humanitario”. 

Bagdad, 8 de abril de 2003. Un carro de combate estadounidense apunta desde un puente sobre el río Tigris hacia el Hotel Palestina, en el que se alojan cientos de periodistas. El blindado lleva horas inmóvil en la misma posición y la prensa internacional lo graba desde los balcones del edificio, a más de 1,5 kilómetros de distancia. Diez minutos después, dispara contra el piso 15 en el que está situado el equipo de la agencia Reuters, dañando los balcones superior e inferior, en el que se encuentra grabando el periodista español de Telecinco José Couso. El cámara, herido de gravedad, es trasladado al hospital donde muere horas más tarde.

“Aquel 8 de abril de 2003 era un día tenso”, recuerda el periodista Carlos Hernández, entonces enviado especial de Antena 3 a Irak. “Ya el día anterior habíamos visto blindados estadounidenses al otro lado del río Tigris, desde las ventanas y balcones del Hotel Palestina, con lo cual era el indicio de que ya habían hecho las primeras incursiones en Bagdad y que la invasión completa de la ciudad era cuestión de momentos”.

Los periodistas del Palestina llevaban toda la mañana en los balcones del hotel grabando los disparos de dos tanques situados en un puente sobre el río Tigris. Cámaras, trípodes, fotógrafos que entran y salen, periodistas tomando notas antes de las conexiones en directo… “Nosotros los veíamos a simple vista, ellos con sus potentísimos visores, por supuesto que nos veían a nosotros”, dice la periodista Olga Rodríguez, enviada especial de la Cadena Ser a Bagdad durante la guerra de Irak. “El día anterior habíamos visto a otra división de soldados estadounidenses a tan solo unos 300 metros del hotel, al otro lado del río Tigris, e incluso nos habíamos saludado”.

Los blindados disparaban en distintas direcciones, pero nunca hacia el hotel ni a sus cercanías, recuerda Hernández. El frente de batalla, donde Rodríguez tenía intención de ir esa mañana, estaba en el aeropuerto, a varios kilómetros de allí. Sin embargo, el vuelo de helicópteros estadounidenses a muy baja altura en la zona era una novedad y un símbolo de confianza, lo que hizo que cambiaran sus planes tras una llamada a Madrid.

Hubo unas horas de calma en las que no se produjo ningún disparo, explica Hernández, que se encontraba visionando unas imágenes en su habitación en la planta 15 cuando el blindado apuntó en dirección al Hotel Palestina.

Minutos antes del disparo, Rodríguez había colocado el teléfono dentro de su habitación en la planta 16 porque había encontrado, tras tres meses en la ciudad, un cable que le permitía alejarlo de la pantalla satelital, situada en el balcón. “Eso probablemente me salvó la vida, o al menos de heridas mayores”, afirma la periodista, que tiene una lesión de oído derivada de ese momento.

“En principio pensamos que había sido un misil o un obús que había caído cerca del hotel, hasta que escuchamos gritos en el pasillo. Ese momento fue terrible porque nos temimos lo peor”, recuerda Hernández, que junto a su compañero, el cámara Jesús Quiñonero, corrió a ver lo sucedido para descubrir que el impacto se había producido en la habitación 1503, en la que estaba la agencia Reuters. “Encontramos un panorama terrible, dantesco. El cristal de la terraza estaba totalmente destrozado. En el suelo, el cámara Taras Protsyuk inconsciente. Sobre la cama, uno de los productores de Reuters totalmente ensangrentado y había varios compañeros más heridos”.

Intentaron evacuar a los heridos entre el pánico del hotel, desde la planta 15 y con los ascensores colapsados, durante más de media hora. Cuando lo consiguieron, un compañero periodista le dijo a Hernández que José Couso estaba herido y lo habían llevado al hospital. Ahí es cuando se dio cuenta de que una habitación por encima estaba una cadena de televisión mexicana en la que muchas veces había compañeros de la Cadena Ser como Olga Rodríguez o incluso parte de su equipo; y de que una planta por debajo estaban José Couso, Jon Sistiaga y a veces otros compañeros españoles, mexicanos y argentinos.

Ese día murieron tres periodistas en Bagdad. José Couso, Taras Protsyuk y Tarek Ayub, este último en un ataque contra la sede de Al Jazeera. Este sábado se ha convocado una concentración frente a la embajada de EEUU en Madrid a las 12 horas en honor al periodista asesinado.

Apagón informativo

“Lo cierto es que esos ataques provocaron una oscuridad informativa durante las siguientes horas”, afirma Rodríguez, y continúa: “Más allá de que interrumpieron la señal de Reuters que llegaba a todos los medios de comunicación del mundo, los periodistas tuvimos que trasladar a nuestros heridos a hospitales, llorar a nuestros muertos y también barajar opciones de seguridad porque temíamos que nos volvieran a disparar”. En ese tiempo no hubo ni una imagen de la toma de las tropas estadounidenses del centro de Bagdad hasta el día siguiente, cuando se derribó la estatua de Sadam Husein.

Hay varias teorías sobre el ataque, explica Hernández. La primera es que los estadounidenses querían acallar a la prensa independiente, que no estaba empotrada con sus tropas y que tenía más libertad y no estaba bajo su control. La segunda es que intentaron acabar con las señales de televisión que estaban emitiendo en directo, atacando al Hotel Palestina en el que se encontraba Reuters y anteriormente las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi Televisión. “Es probable que sea una de las dos teorías o una mezcla, aunque eso no lo sabremos nunca”, dice.

La versión estadounidense sobre el motivo del ataque cambió varias veces. Primero dijeron que habían disparado porque estaban siendo atacados desde la base del hotel, lo que no tendría sentido cuando atacaron la planta 15. Después, que habían recibido disparos desde los pisos más altos, algo que negaron los periodistas que se encontraban en el edificio. Y, finalmente, que había un oteador con unos prismáticos que estaba informando a los combatientes iraquíes de la posición de los blindados.

“Es evidente que esos blindados se veían desde medio Bagdad, estaban en el centro de un puente sobre el enorme río Tigris”, explica Hernández. “Un oteador no es una amenaza que justifique un disparo contra una sede de prensa y, por lo tanto, esto refuerza la tesis de que pudo ser un crimen de guerra”, dice Rodríguez.

Posteriormente, el entonces secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, reconocería que sabían que el Hotel Palestina estaba lleno de periodistas. La prensa internacional se había cambiado de su anterior hotel porque el Pentágono avisó a varios medios estadounidenses, diciéndoles que el edificio donde estaban podría resultar dañado al estar cerca de algunos edificios ministeriales que podrían ser objetivo de las bombas estadounidenses, explica Rodríguez. Por ello, toda la prensa internacional, incluida la CNN, se trasladó al Hotel Palestina.

“Es un crimen de guerra”

“Los periodistas asumimos que podemos tener la mala suerte de ser alcanzados por un fuego cruzado, por una bomba, ser secuestrados por grupos armados descontrolados, pero lo que no podemos asumir es que ejércitos de países que se erigen como adalides de la democracia y la libertad incumplan la ley internacional y ataquen sedes de prensa”, explica Rodríguez. La periodista incide en que la impunidad ante este tipo de asesinatos puede despejar las dudas de aquellos que se plantean atacar a la prensa o asustarla para que no pueda hacer su trabajo, lo que perjudica en la calidad de la información.

Hernández coincide: “Es un crimen de guerra, es un ataque contra la libertad de prensa y es además una prueba de impunidad en los conflictos bélicos”, y añade que si no se hace justicia, se está lanzando un mensaje de que todo vale en las guerras.

“Si matar a periodistas sale gratis, ¿cuál va a ser el precio a pagar por bombardear y matar a civiles que sean de países en vías de desarrollo?”, se pregunta Rodríguez. “No podemos pedir que se juzgue a Putin por crímenes de guerra o a cualquier otro líder en cualquier conflicto del mundo si no hacemos justicia en casos como el de José Couso”, dice Hernández.

El caso marcó un antes y un después en el periodismo y la cobertura de conflictos. Tras lo sucedido, muchos medios de comunicación preferían recurrir a periodistas freelance antes que a miembros de su redacción, dice Hernández. “Por un lado, para evitar muertes y complicaciones, pero por otro lado es muy triste porque aprovecharon para ahorrar costes”, explica el periodista, refiriéndose a la precarizada situación de estos profesionales que no forman parte de las plantillas de los medios, algo que tiene repercusiones en su seguridad.

Ambos coinciden en que, pese al excelente trabajo de los freelance, la calidad de la información sobre conflictos es peor porque el número de periodistas es menor, lo que conduce a una uniformidad de la información y a menos opciones de completar la realidad.

Veinte años exigiendo justicia

“Crimen de guerra, investigación y justicia” es el lema que adoptó la familia de José Couso y que se repite cada año en las concentraciones en su nombre. Desde el primer momento hubo respuesta social, también desde el periodismo.

“La profesión en 2003 estuvo a la altura y la familia entendió que toda la exigencia de investigación de justicia para este caso no es solo por José Couso, sino por la protección de la libertad de información y el cumplimiento de las leyes internacionales”, dice Rodríguez.

La familia presentó en 2003 una querella en la Audiencia Nacional contra los tres militares estadounidenses implicados en el presunto ataque. Tras la investigación correspondiente, el juez Santiago Pedraz llegó a dictar una orden de búsqueda y captura de los implicados. Durante el proceso, el juez recopiló nuevas pruebas y testimonios e incluso viajó a Bagdad en 2011 con una recreación de un visor menos potente pero similar al del tanque que disparó. “De ese modo pudo observar que desde ese tanque y desde ese puente nos podía ver incluso el color de los ojos”, dice la periodista, que acompañó al magistrado.

Sin embargo, cuando parecía que no se podía parar la investigación, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo una reforma que terminó con la llamada 'justicia universal' y que obligó al juez Pedraz a archivar la causa.

“Todos los gobiernos españoles han sido cómplices de que no se investigara el caso de José Couso”, dice Hernández. El Ejecutivo de Aznar, que dio por buena la versión estadounidense y “pasó a ningunear a la familia”; el Gobierno de Zapatero, “a través de WikiLeaks nos enteramos años después de que se había hablado con el embajador de Estados Unidos para tranquilizarle y decirle que la investigación no iba a llegar a nada y que la Fiscalía iba a trabajar para evitar que se investigara el tema”; el Ejecutivo de Rajoy, que cambió la ley; y el actual Gobierno, que no ha cumplido su promesa de restablecer la justicia universal.

El caso, archivado en España, fue recurrido por la familia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está llevando a cabo una investigación.

Familiares y allegados de José Couso han emplazado este sábado al Gobierno a recuperar la justicia universal para investigar el asesinato del reportero ferrolano, del que se cumplen 20 años en esta misma jornada, en un acto en recuerdo del cámara de Telecinco celebrado en Ferrol, su ciudad de nacimiento.

La cita, impulsada por la agrupación ferrolana de Esquerda Unida, ha comenzado con la lectura de un manifiesto a cargo de la responsable local de la formación, Paula Faraldo, tras la cual ha intervenido el tío del informador, Quico Permuy.

Ante representantes del grupo político y de entidades de la ciudad en la Plaza de la Paz, en el barrio de Esteiro, ha adelantado que se desarrollará un evento similar el próximo 22 de abril en Madrid.

Permuy ha exhortado al Ejecutivo a que se “cumpla con lo establecido” en el acuerdo para la formación de la “coalición progresista” de PSOE y Unidas Podemos, que estipulaba la modificación legislativa precisa para recuperar la justicia universal, suprimida por el anterior Gobierno, del PP.

Así, ha estimado que después de “veinte años no nos cansamos de pedir justicia”, y ha lamentado la cifra de muertes en el colectivo de periodistas en todo el mundo en los últimos años, con referencia a países como México.

Además, ha aludido al caso del periodista Pablo González, “preso e incomunicado en Polonia desde 2022”, tras el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y ha afeado que permanezca “recluido en régimen de aislamiento” y que no contase con asesoramiento legal de “oficio hasta 16 días” después de su detención.

Quico Permuy ha reclamado una “libertad de prensa” plena y ha insistido en “exigir justicia e información veraz”, con apoyo del Gobierno en aras de la “seguridad de los periodistas” para que haya una “información libre”, como también ha pedido “investigación y justicia” para Couso.

En este último año hemos vuelto a ver imágenes que nos recuerdan demasiado a aquella guerra de Irak en la que el ejército estadounidense asesinó al reportero español José Couso. Muerte, destrucción y una marea de hombres, mujeres y niños obligados a dejar, repentinamente, sus vidas más o menos felices para convertirse en tristes refugiados. Un país, Ucrania, invadido por una gran potencia mundial que se ampara en excusas y falsedades para arrasarlo. Censura y propaganda ejercida por ambos bandos. Periodistas que mueren en el campo de batalla, reporteros detenidos irregularmente y otros que son asesinados deliberadamente por la nación agresora. El mundo entero sigue la guerra entre Rusia y Ucrania con el mismo interés con el que contempló en 2003 la destrucción de Irak a manos de las tropas de George W. Bush.

La proximidad geográfica y cultural, las consecuencias provocadas en los mercados energéticos y financieros, así como el poder nuclear de la Rusia de Putin justifica ese interés. La ausencia de unos motivos tan poderosos explica, pero no justifica, que nuestra sociedad, teledirigida por la clase política y los medios de comunicación, no preste una atención proporcional al drama humano vivido en otros conflictos bélicos como los de Yemen, Afganistán o Palestina. En estos y otros escenarios se siguen generando destrucción, muerte, sufrimiento y grandes oleadas de refugiados. Refugiados que no hemos acogido con los brazos abiertos tal y como hemos hecho acertadamente con los ucranianos. Para quienes tienen diferente color de piel y rezan a otro dios no solo no ha habido una mínima política de acogida, sino que hemos permitido y promovido que naciones como Marruecos, Libia y Turquía actúen como diques de contención en los que hoy se les sigue maltratando, humillando, asesinando y violando. El diputado ultraderechista español Hermann Tertsch verbalizó la posición del neofascismo mundial en este tema: “En Ucrania son refugiados de verdad. Son blancos y cristianos”. El gran problema para las democracias mundiales no es que un ultraderechista lance ese mensaje abiertamente racista. Lo que debería preocuparnos es que la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no lo digan públicamente, están siguiendo el criterio de Tertsch.

No hay criminales de guerra entre “los nuestros”

Ucrania ha puesto sobre la mesa otro tema esencial, presente en todos los conflictos bélicos: el incumplimiento de la legislación internacional. Políticos y tertulianos han defendido la necesidad de que Vladímir Putin sea juzgado por crímenes de guerra. Viendo lo ocurrido durante esta invasión, no parece que les falten argumentos y pruebas para sostener dicha acusación. Aunque solemos olvidarlo, ni siquiera en las guerras vale todo. La sociedad internacional se ha ido dotando de una serie de convenios y leyes, unas normas mínimas que los contendientes no pueden ni deben rebasar. Atacar objetivos civiles, asesinar o torturar prisioneros, bombardear hospitales o violar mujeres entra dentro de esas líneas rojas. Putin ha hecho méritos de sobra para ser, al menos, investigado por crímenes de guerra. La pregunta que surge a continuación es por qué en otros conflictos similares no se ha hecho ese mismo planteamiento. ¿No invadió George W. Bush un país soberano como era Irak? ¿No lo hizo en contra del criterio de la ONU y amparándose en una doble mentira: Sadam tiene armas de destrucción masiva y Sadam colabora con Al Qaeda? ¿No causaron las tropas estadounidenses miles de víctimas civiles, muchas de ellas de forma intencionada? ¿No torturaron prisioneros de guerra en recintos siniestros como Abu Ghraib o Guantánamo? ¿No está haciendo lo mismo Israel en Palestina o Arabia Saudí en Yemen? Siendo así, ¿podemos defender que Putin es un criminal de guerra mientras miramos para otro lado ante las atrocidades perpetradas por Washington, Tel Aviv o Riad? 

Esa doble vara de medir daña profundamente la credibilidad de nuestro mundo democrático. No podemos dar lecciones a los demás de ética y exigir respeto a los derechos humanos sin predicar con el ejemplo. Denunciar el agravio que sufren los refugiados sirios o yemeníes no es minusvalorar el dolor de los ucranianos. Apuntar los posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, Arabia Saudí o Israel no es justificar las atrocidades perpetradas por Putin. Solo se trata de ser coherente y justo. Y solo así, sin justificar a “nuestros malos”, puede que logremos fortalecer los debilitados y amenazados sistemas democráticos en que vivimos.

Cumplir siempre la legislación internacional

Esa coherencia la llevan ejerciendo 20 años la familia, los amigos y compañeros de José Couso. Sabedores de que el reportero de Telecinco fue asesinado deliberadamente por las tropas estadounidenses, decidieron luchar para evitar que el crimen quedara impune. Era y sigue siendo mucho más que una batalla por Couso. Era y sigue siendo una defensa del derecho a la libertad de prensa y un enfrentamiento, cara a cara, contra quienes violan la legislación internacional.  

Antes de nada, disipemos cualquier duda sobre lo que dicen o no las leyes que la mayor parte de los países juraron respetar. Robin Geiss, experto jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, explica con claridad la protección que el derecho internacional humanitario brinda a los periodistas en los conflictos bélicos: “En su condición de civiles, el derecho internacional humanitario protege a los periodistas contra ataques directos, salvo que participen directamente de las hostilidades y mientras dure tal participación. Las infracciones de esta norma constituyen una violación grave de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I. Además, dirigir un ataque contra un civil de manera intencional –ya sea durante un conflicto armado internacional o no internacional– también equivale a un crimen de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. 

Siendo así de clara la protección legal con que cuentan los periodistas, tan solo nos quedaría recordar lo ocurrido en Bagdad aquel 8 de abril de 2003. José Couso y el cámara ucraniano Taras Protsyuk no murieron en medio de un combate. No perecieron “porque la guerra es un lugar peligroso”, como dijo el entonces presidente Bush, mientras José María Aznar le aplaudía la ocurrencia. No fueron víctimas del fragor del combate, de un obús perdido ni de una equivocación. Sus muertes no fueron parte de esos “gajes del oficio” que todos los que somos o hemos sido corresponsales de guerra aceptamos conscientemente. Aunque llevamos 20 años explicándolo, recordemos nuevamente los hechos acaecidos ese día para evitar que el olvido deje espacio a las falsedades y las medias verdades de quienes justifican este y otros crímenes de guerra. 

1.- El blindado estadounidense que disparó sobre el Hotel Palestina llevaba horas inmóvil, en un puente sobre el río Tigris. Un largo periodo de tiempo en el que varios centenares de periodistas le grabábamos, sin escondernos, a pecho descubierto, desde decenas de balcones del hotel. Horas en las que sus ocupantes nos estuvieron observando y pudieron confirmar que, tal y como sabían hasta en el último puesto de mando norteamericano, el Palestina era el centro de la prensa internacional.

2.- El ataque contra el Palestina no fue el único que se perpetró esa mañana contra la prensa internacional. Los blindados estadounidenses ya habían disparado antes contra las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi TV, asesinando a otro periodista e hiriendo a tres más. Los militares comandados por Bush también sabían perfectamente que se trataba de edificios en los que la única amenaza provenía de bolígrafos, libretas, micrófonos y cámaras.

3.- El Ejército de Estados Unidos cambió dos veces de versión según se iban desmintiendo las anteriores: la estrategia habitual de todo buen mentiroso. Primero dijo que había recibido “fuego hostil” desde la base del hotel. Al resultar evidente que ese “argumento” no justificaba su ataque contra la planta 15 del edificio, corrigió el relato y afirmó que estaban disparando a sus tropas desde la azotea del Palestina. Cuando los centenares de periodistas alojados allí, estadounidenses y británicos incluidos, aseguramos que no se había producido disparo alguno, el ejército de EEUU volvió a cambiar de versión y apuntó su última tesis: en un balcón había un “oteador”, un hombre con prismáticos que estaba “delatando” la posición de sus tanques. Un argumento igual de falso que los anteriores y que rozaba el ridículo porque desde media ciudad de Bagdad, con solo tener dos ojos, era posible divisar perfectamente a esos blindados detenidos durante horas en mitad del puente.

4.- El militar que mandaba el blindado que disparó contra el Palestina aseguró, posteriormente, que no había visto en ningún momento a periodistas en los balcones. Hay horas y horas de grabaciones, miles de fotografías y cientos de testimonios que demuestran la falsedad de tal afirmación.

El motivo del ataque

A menos que algún oficial estadounidense decida contar la verdad, es muy probable que nunca sepamos por qué las tropas de George W. Bush decidieron asesinar reporteros aquel 8 de abril. Solo hay dos teorías suficientemente consistentes, aunque quizás la respuesta pueda estar en una combinación de ambas.

Teoría 1. Estados Unidos quiso destruir los tres puntos desde los que se estaban retransmitiendo imágenes en directo del avance de sus tropas. En 2003 ni existían las redes sociales ni era tan fácil como lo es hoy difundir fotografías o vídeos en tiempo real. Esa posibilidad quedaba limitada, casi por completo, a las agencias de noticias televisivas y a las grandes cadenas. En el caso de la capital iraquí las todopoderosas BBC o CNN contaban con equipos limitados y con restricciones impuestas por el régimen de Sadam. Por ello solo dos cadenas árabes: Al Jazeera y Abu Dhabi TV tenían autorización para disponer de sedes propias desde las que retransmitían en directo el día a día de la guerra. El resto de la prensa internacional nos concentrábamos en el Hotel Palestina, edificio en el que solo la agencia Reuters estaba ofreciendo imágenes en directo en el momento del ataque. Poco después del amanecer los blindados estadounidenses dispararon contra los edificios en los que trabajaban las dos televisiones árabes. Horas más tarde lanzaron un obús contra el cuartel general que la agencia Reuters tenía en la planta 15 del Hotel Palestina, dañando también el balcón superior y el inferior en el que se encontraba trabajando Couso. El plan se había completado. Los monitores en los que todo el planeta contemplaban las imágenes en directo de Bagdad se fueron a negro. Tres periodistas habían muerto y otros siete habían resultado heridos. 

Teoría 2. Estados Unidos quiso silenciar y amedrentar a la prensa internacional que no estaba bajo su control. Desde que empezó a preparar la invasión, Washington diseñó su estrategia de información y propaganda. Para controlar las crónicas y las imágenes que se ofrecían desde el campo de batalla trató de que solo hubiera periodistas en su área de influencia. Así, en la zona controlada por las tropas angloestadounidenses no se permitía a los reporteros moverse libremente. Si alguien quería contar lo que ocurría tenía que ir “empotrado” con las propias unidades militares. Eso requería ya una primera criba porque los invasores aceptaban o vetaban a los periodistas que solicitaban acompañarlos en el avance. Los que lo lograban tenían que ceñirse a unas normas muy estrictas que coartaban enormemente su libertad de movimiento y, por tanto, su capacidad de informar adecuada y verazmente. Todos realizaron un magnífico e insustituible trabajo. Un trabajo que a algunos, como nuestro querido Julio Anguita Parrado, les costó hasta la vida. Sin embargo, ellos mismos fueron siempre conscientes de la censura directa e indirecta que sufrían. Las tropas les decían dónde, cuándo y en qué condiciones podían moverse. 

En esta estrategia sobrábamos los periodistas que nos encontrábamos en zona iraquí. Por ello, antes de que comenzara la guerra el Pentágono lanzó numerosos mensajes amenazantes a quienes informábamos desde Irak y nos instó a abandonar el país. Sadam nos iba a tomar como rehenes. Sadam iba a usar armas químicas que provocarían nuestra muerte… Patrañas que calaron en algunos colegas, especialmente entre los norteamericanos. Ese objetivo se tradujo también en la presión atroz que algunos directivos de medios de comunicación españoles afines al gobierno de Aznar ejercieron sobre sus corresponsales. Quienes allí estuvimos compartíamos las llamadas que íbamos recibiendo. “Tenéis que salir de allí ahora mismo. Van a arrasar Bagdad”, me dijo repetidas veces Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de Antena 3 TV, la cadena para la que yo trabajaba. “No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando… marchaos de allí”, añadió en una conversación posterior. Ángela Rodicio de TVE y otros compañeros y compañeras recibieron presiones igual de intensas. Cuanto más afín al gobierno de Aznar era el medio, más extremos eran los intentos de empujarnos a tirar la toalla antes de empezar. Sabíamos que más que interesarse por nuestra seguridad, lo hacían por cumplir las instrucciones que habían recibido de la Moncloa. Los colegas de diarios, radios y televisiones ajenos a la órbita gubernamental solo recibieron de sus jefes mensajes bienintencionados de preocupación, comprensión y solidaridad. Les animaban a irse, a no correr riesgos, a no pensar en el medio para el que trabajaban sino en sus familias.

A 4.000 kilómetros de distancia de nuestras redacciones y a las puertas de una guerra no existía la competencia. Unos y otros compartíamos aquellos mensajes que llegaban desde despachos enmoquetados ubicados en Madrid, Sevilla o Barcelona. “No nos podemos ir”, me dijo José Couso en aquellas inciertas horas. “Tenemos que quedarnos para contar lo que ocurra”. Él era plenamente consciente de la importancia que tenía su trabajo. Importancia para la sociedad española, que merecía recibir información de primera mano. Importancia también para los iraquíes que necesitaban testigos que relataran, con independencia y rigor, lo que el destino les deparara. Y por eso nos quedamos. Decenas de periodistas incómodos seguíamos en Bagdad aquel 8 de abril. La propia información que se filtraba desde el alto mando invasor reflejaba una enorme preocupación por lo que pudiera ocurrir en la capital iraquí. La enorme superioridad militar de estadounidenses y británicos se reduciría considerablemente en una eventual guerra urbana, librada casa por casa. Era presumible una campaña larga y sangrienta que se vería perjudicada por la difusión de imágenes de las víctimas civiles iraquíes. 

En ese contexto, atacar en unas pocas horas los tres únicos edificios en los que trabajaba la prensa internacional supuso una advertencia y un acto de amedrentamiento contra los periodistas que, a partir de ese momento, tuvimos que preocuparnos por nuestra seguridad tanto o más que por hacer nuestro trabajo. El objetivo, en este caso, no se cumplió. Primero porque fue innecesario ya que no se produjo la esperada resistencia armada iraquí y la ciudad cayó en pocas horas. Segundo porque, tras ver morir a nuestros compañeros, los periodistas nos conjuramos para seguir informando... pasara lo que pasara.

La lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación continúa

Si aquel 8 de abril de 2003 alguien nos hubiera contado los avatares judiciales y políticos que marcarían el caso Couso, no nos lo habríamos creído. Han sido 20 años en los que Goliat se ha defendido de David aprovechándose no solo de su enorme diferencia de volumen y poder, sino actuando como un matón insensible, tramposo y corrupto. Un Goliat que, salvo por aplicarse una fina capa de maquillaje, se ha comportado de la misma manera cuando sus hilos eran manejados por dos gobiernos del PP, por otro del PSOE y por el actual de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos.

2003 y 2004 fueron los años del desprecio. Aznar justificó la muerte del reportero, se puso del lado de su amigo Bush y despreció a todos aquellos que exigían, simplemente, que se investigara lo ocurrido. Couso se convirtió muy pronto en una víctima de tercera. Su familia, sin embargo, comenzó su lucha en los tribunales y la Audiencia Nacional se hizo cargo del asunto. A pesar de que el Gobierno del PP utilizó torticeramente a la Fiscalía para intentar archivar el caso y presionó al magistrado responsable de la investigación, se fueron acumulando pruebas y testimonios indicando que lo ocurrido en Bagdad había sido un crimen de guerra.

Entre 2004 y 2011 fueron los años de la hipocresía política. El PSOE había llegado al poder tras pedir “Justicia para Couso” y comprometerse a facilitar la investigación desde la Moncloa. De cara a la galería se hicieron gestos de acercamiento y de comprensión hacia la familia. Lo que ocurría de puertas adentro solo lo pudimos conocer unos años más tarde, gracias a las filtraciones de Wikileaks. El gobierno socialista no solo no ayudó, sino que mantuvo una actitud cómplice con las autoridades estadounidenses. Los documentos que vieron la luz en 2010 demostraban que el ejecutivo presidido por Zapatero veía con preocupación los avances judiciales en el caso. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reunió tantas evidencias que terminó procesando a tres militares norteamericanos y dictando sendas órdenes de búsqueda y captura internacional contra ellos. La documentación revelada por Wikileaks demuestra que el gobierno del PSOE maniobró contra el magistrado y trató de ayudar a los criminales. El entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se reunió varias veces con el embajador estadounidense para tranquilizarle, asegurarle que los fiscales “seguirían oponiéndose” a la orden de detención y que el caso acabaría siendo archivado. Por si en Washington no quedaban suficientemente satisfechos, la mismísima vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, también rindió pleitesía al embajador al que le dijo “estar muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestan atención los más altos cargos del Gobierno español”. De la Vega llegó a adelantarle las intenciones del ejecutivo de recurrir el auto de Pedraz. Una decisión que se consumó en mayo de 2007 a través de la fiscalía. 

2011-2018. Si no puedes manipular a un juez, cambia la ley. En enero de 2011 el magistrado Santiago Pedraz dio el paso definitivo en su investigación y viajó hasta Bagdad. Visitó la habitación en la que grababa Couso cuando resultó mortalmente herido, recorrió el puente desde el que disparó el blindado estadounidense… El juez y una valiente secretaria judicial pusieron en riesgo su vida, en una ciudad sumida en el caos y la inseguridad, para conocer la verdad. Meses después, Pedraz reafirmó su conclusión: había pruebas suficientes para considerar los hechos un crimen de guerra y para juzgar a sus responsables. Con el Partido Popular de nuevo en la Moncloa, frenar la vía judicial del caso Couso se convirtió en una prioridad. Constatando la independencia y profesionalidad del juez, así como la contundencia de las pruebas, el gobierno de Mariano Rajoy optó por una solución tan drástica como antidemocrática: cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Rajoy modificó la ley en 2014, a través de una reforma exprés, y acabó de un plumazo con la llamada Justicia Universal. De nada sirvió que expertos juristas, asociaciones judiciales y organizaciones como Amnistía Internacional consideraran que la modificación era de dudosa legalidad porque atentaba contra el derecho internacional. De la noche a la mañana, nuestros tribunales no podían investigar ni juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, salvo que el autor fuera español. La reforma tenía además carácter retroactivo lo que suponía una intromisión sin precedentes del Poder Legislativo en el trabajo del Poder Judicial que tenía varios casos abiertos en aquellos momentos.

Santiago Pedraz se negó inicialmente a archivar el caso Couso al mantener que el derecho internacional seguía prevaleciendo sobre el interno. Su resistencia terminó un año después, cuando el Tribunal Supremo dictó jurisprudencia al impedir que se juzgara el genocidio perpetrado por China en el Tíbet. “Casualmente” el miembro del alto tribunal que llevó ese caso y que dio la puntilla definitiva a la Justicia Universal fue Cándido Conde-Pumpido, aquel fiscal general del Estado “socialista” que se dedicaba a complacer los deseos del embajador estadounidense.  En el auto en el que comunicó su inevitable decisión de archivar el caso, Pedraz reiteró que la muerte de Couso fue un crimen de guerra contemplado en el Convenio de Ginebra y añadió que “el delito quedará impune, aunque existan múltiples esfuerzos y recomendaciones para perseguirlo”. El magistrado advertía de la indefensión que, a partir de ese momento, tendrían los civiles españoles que tengan que desplazarse a una zona en conflicto: “Ante crímenes contra periodistas, cooperantes o personas españolas consideradas como población civil”, ni la Fiscalía ni los familiares de las víctimas podrán instar la apertura de diligencias en España para “identificar a la víctima, solicitar la autopsia o investigar cómo acontecieron los hechos”. De las palabras de Pedraz se deducía que se abría una barra libre para que cualquier combatiente pueda asesinar españoles sabiendo que no tendrá que pagar precio alguno por ello. Una barra libre que hoy sigue abierta.

2018-2023. La ignominia continúa. Tras ratificar el Tribunal Constitucional el archivo del caso, la familia de José Couso recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la llegada al poder del PSOE en 2018 y la posterior coalición gubernamental con Unidas Podemos pareció abrir una nueva vía. Ambos partidos se habían comprometido, en su acuerdo de gobierno, a derogar la reforma de 2014 y regresar a la senda de la legalidad internacional restaurando la Justicia Universal. Nada de eso ha ocurrido. Es más, cuando en enero de 2020 la Audiencia Nacional condenó al Estado español por no haber brindado la debida protección diplomática a la viuda y los hijos de José Couso, el gobierno de coalición PSOE-UP se mostró en desacuerdo y recurrió al Tribunal Supremo. No le sirvió de nada; un año después el alto tribunal ratificó de forma contundente la decisión de la Audiencia Nacional. En su sentencia, el Supremo afirmaba que el Estado “estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado”. Por ello, criticaba que, en lugar de eso, diera “la callada por respuesta” o se limitara “a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó”. 

Han pasado más de tres años desde que se formó el gobierno de coalición y cinco desde que Pedro Sánchez es presidente, pero España sigue manteniendo el criterio de Injusticia Universal aprobado por el PP en 2014. Las promesas de acabar con la impunidad de los criminales de guerra y de los genocidas siguen guardadas en un cajón, quizás a la espera de ser rescatadas en la próxima campaña electoral o cuando PSOE y UP regresen a la oposición. En este contexto, la familia, compañeros y amigos de José Couso saben que si algún día hay Justicia, será porque llegue impuesta desde Estrasburgo. La última palabra la tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está investigando el caso. Allí la batalla tampoco está siendo fácil. El “gobierno de progreso” español está peleando para que se rechace el recurso presentado por los letrados de la familia. 

Couso somos todos

La resolución final que dicte el TEDH nos afectará a todos porque lo que está en juego no es la suerte o la desgracia de una familia. Lo que está en juego es el cumplimiento o la violación institucionalizada de la ley. La sentencia dirá si perseguimos todos los crímenes de guerra o solo aquellos que les interesen a determinados gobiernos. El veredicto establecerá si la Unión Europea defiende la libertad de información o si establece una peligrosa excepción, diseñada al gusto de sus aliados estadounidenses. La decisión determinará si hay o no personas con licencia para asesinar periodistas, cooperantes o civiles impunemente. El fallo, en definitiva, servirá para demostrar si en Europa, a diferencia de lo que ocurre en España, todos somos iguales ante la ley.

Esquerda Unida ha celebrado este sábado en Ferrol un acto de homenaje al cámara José Couso con motivo del 19 aniversario de su asesinato, durante la invasión de Irak en 2003. Según informa Europa Press, en el acto han estado presentes familiares y allegados del periodista gallego y vecinos de la ciudad.

Los organizadores hicieron una ofrenda florar al mediodía en la Praza da Paz. Durante el homenaje han vuelto a plantear las demandas que llevan casi dos décadas haciendo y han pedido que haya una “regeneración democrática” y se cumpla el acuerdo entre las dos formaciones que integran el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, para recuperar la justicia universal. Han exigido que “los culpables sean juzgados y depurados”.

“Como sucede también hoy, las guerras las organizan otros y los muertos los ponen los pueblos. Sus intereses económicos son a costa de nuestras vidas”, protestaron durante el acto.

El Gobierno de España no utilizó todos sus recursos para que EE UU investigara a fondo la muerte del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por el disparo de un tanque durante la invasión de Bagdad (Irak), en abril de 2003. Así lo determinó la Audiencia Nacional, y así lo ha confirmado ahora el Tribunal Supremo, quien ratifica que el Estado debe indemnizar a la familia de Couso con 182.290 euros. El magistrado Wenceslao Olea asume la tesis de la instancia previa al considerar que se dio “la callada por respuesta” o se “dieron por buenos los argumentos” del Estado responsable de los hechos pese a lo “escuetas” de las explicaciones.

El juez señala en su auto, hecho público este jueves, que “los ciudadanos españoles tienen derecho a la protección diplomática por parte de la Administración nacional, para el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por un hecho ilícito, conforme al Derecho Internacional, ocasionado directamente por otro Estado”. El texto señala que esta vía se abre “cuando el propio perjudicado no haya podido obtener la reparación por los mecanismo de Derecho interno del Estado productor del daño, siempre que estén establecidos y sea razonable obtener un pronunciamiento expreso en tiempo razonable”.

EE UU nunca investigó a fondo lo ocurrido en los alrededores del Hotel Palestina, donde se albergaban buena parte de los periodistas extranjeros que informaban de la invasión de Irak ordenada por el presidente George W. Bush al margen de la ONU y con el apoyo expreso de España, gobernada entonces por José María Aznar.

¿Y qué podía hacer el Estado? Lo explica el Tribunal Supremo: “La utilización de las vías diplomáticas que se consideren procedentes, conforme a las reglas de la actuación exterior de la Administración, o por otros medios admitidos por el Derecho Internacional, encaminada a la reparación del perjuicio ocasionado, siempre que dichos medios la hagan razonablemente admisibles”.

El juez considera acreditado que “el Estado español no ha prestado la protección diplomática, conforme a los requisitos que le es exigido y atendiendo a la pérdida de oportunidad que comportaría dicha omisión”. Y concluye: “el Estado español estaba obligado, como se hace constar en la sentencia recurrida, a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado, no a dar la callada por respuesta o limitarse a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó”.

Wenceslao Olea zanja: “Lo que no es admisible es omitir cualquier acción que no sea la de dar por buenas las escuetas explicaciones dadas por las autoridades del Estado que ocasionó el daño, sino la búsqueda de una valoración objetiva de los hechos, con las consecuencias que resultaran procedentes”.

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora ratificada ya planteaba que hubo una “omisión de protección diplomática” tras el asesinato de Couso. “Las circunstancias del caso hacían exigible que el Estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados”, aseguró el tribunal en enero del año pasado. “Sin embargo, (y esto no ha sido puesto en cuestión en la contestación a la demanda) -añadió- la Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente”.

La Audiencia Nacional también investigó hasta 2015 la muerte de Couso. Entonces, 12 años después de que un tanque de EE UU disparara contra el Hotel Palestina pese a saber que en él se alojaban decenas de periodistas, el Gobierno de Mariano Rajoy derogó la conocida como Justicia Universal, que permitía a los tribunales españoles conocer y juzgar determinados casos, aunque hubieran ocurrido fuera de su jurisdicción territorial.

El juez Santiago Pedraz llegó a dictar una orden de detención internacional ante el bloqueo al que EE UU sometía cualquier intento de investigar lo ocurrido, y con el fin de que los soldados señalados prestaran declaración. La reforma del PP puso fin a toda la instrucción, y la familia de José Couso recurrió al Constitucional, que en 2019 dio carpetazo al asunto.

España ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desestime la demanda presentada por la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado en 2003 cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas. La Abogacía del Estado expone en un escrito presentado ante la Corte de Estrasburgo “que no ha existido violación alguna del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del Reino de España”, según el informe emitido por los servicios jurídicos de la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos (dependiente del Ministerio de Justicia) y fechado 2 de diciembre, al que ha accedido elDiario.es. 

La familia Couso expuso que, “agotada la vía jurisdiccional”, recurrían al TEDH para que “determine si la reforma de la normativa española sobre la jurisdicción universal [la herramienta que permite a los jueces españoles perseguir delitos cometidos en el extranjero] supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, toda vez que impidió seguir investigando un crimen de guerra cometido contra un ciudadano español”.

Los magistrados lanzaron al Estado varias preguntas sobre el caso y, en su respuesta, la Abogacía del Estado ha avalado la actuación de los tribunales españoles. Los letrados defienden que se respetaron los “derechos del demandante a un proceso con las debidas garantías”. Por un lado, defienden que “hasta la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014, [relativa a la justicia universal] se desplegó por parte de las autoridades nacionales una intensísima actuación de investigación judicial para determinar los responsables del crimen, llegando a dictarse sendos autos de procesamiento”. 

Por otro lado, los abogados dependientes del Ministerio de Justicia, aseguran que a pesar de la modificación legal que restringió la jurisdicción universal en España, “las autoridades nacionales continuaron las actuaciones judiciales, tendentes a esclarecer la permanencia o no de su jurisdicción”. Para la Abogacía del Estado “el paso del tiempo” en la investigación del caso “no convirtió al demandante en víctima de una violación ante el Tribunal”, por lo tanto, no consideran que esta situación sea “contrario” al Convenio Europeo de Derechos Humanos.

“Su prolongación se debió a la falta de asistencia por autoridades distintas de las españolas”, recuerdan los representantes del Estado. Las instituciones a las que apuntan son Estados Unidos (EEUU) e Interpol, a las que acusan de aportar una “falta de prestación” de “asistencia” a la justicia española. Consideran que no fue necesaria la reforma de la jurisdicción universal para que el caso se estancase, “ya antes de la entrada en vigor de la LO 1/2014, la instrucción había llegado a un punto muerto” por la actuación de EEUU. En ese mismo contexto, defienden que el archivo se hubiese producido igual “dada la falta de disponibilidad de los acusados para comparecer ante las autoridades judiciales españolas”.

La Abogacía del Estado defiende que el caso llegó a “un punto muerto”

A pesar de llegar a plantear que el caso había alcanzado “un punto muerto”,  la Abogacía del Estado defiende en otro párrafo del informe que “las autoridades españoles (sic) investigaron de forma completa y exhaustiva el crimen cometido” contra Couso “mientras España tuvo jurisdicción para perseguir in absentia a los responsables del crimen”.

“A partir de la reforma normativa operada por la ley Orgánica 1/2014, la actuación de los órganos jurisdiccionales se encaminó exclusivamente a determinar si tenían o no jurisdicción para enjuiciar penalmente a los responsables de los hechos criminales” —continúa la Abogacía del Estado en el informe enviado a Estrasburgo— que acabaron con la vida de Couso.

Ante esta exposición, solicitan la inadmisión del recurso, alegando que “durante el tiempo en que España tuvo jurisdicción la ejerció, investigando efectivamente el crimen hasta que no pudo continuar, por ausencia de los presuntos responsables del territorio español”. “En el momento de presentarse la demanda España carece de jurisdicción, por tratarse de hechos cometidos fuera de su territorio, en el que no ejercía un control efectivo, y por agentes de un tercer Estado ajenos al Reino de España”, apuntan.

Aunque también alegan que “aún en el supuesto en el que no se hubiese producido la modificación normativa operada en España 2014 [previa a la modificación de la justicia universal]”, “los tribunales españoles tampoco hubieran podido ejercer su jurisdicción”. Los representantes del Ministerio de Justicia defienden que “ni antes de la reforma procesal operada en España, ni ahora, con la regulación vigente, pueden las autoridades judiciales españolas enjuiciar conductas respecto de hechos por los cuales los posibles responsables han sido ya absueltos por las autoridades competentes de un tercer país”. 

Los letrados se posicionan sobre la justicia internacional, asegurando que “en el ámbito internacional se destaca que la aplicación de una jurisdicción universal pura resulta problemática”. Ahondan en este argumento asegurando que existe “el riesgo de sobrecargar los recursos nacionales de investigación, en particular en aquellos casos en que parece muy verosímil que nunca llegará a celebrarse el juicio penal”, señalándose también en este caso “abusos potenciales de los procedimientos legales”. 

La responsabilidad del Estado “sólo puede extenderse hasta donde pueda de manera efectiva ejercer sus potestades, no más allá”, continúa la Abogacía, que destaca que “España no es responsable de realizar una acción militar, sea legal o ilegal, en el territorio de Irak que haya producido un resultado lesivo”. Y, a pesar de que el Gobierno de Aznar autorizó el envío de tropas a Irak, añaden que nuestro país “no era combatiente en dicho conflicto y que, adicionalmente, ni siquiera tenía personal diplomático”.

La familia Couso ya ha contestado

La defensa de la familia Couso ya ha contestado al TEDH. En el escrito enviado a Estrasburgo, al que ha accedido esta redacción, constatan que “el hecho de que la instrucción de la causa se prolongara a lo largo de 11 años permitió al Gobierno de España de aquel momento tener el margen temporal suficiente para proceder a un cambio legislativo que supuso la vulneración de los derechos anteriormente invocados”. 

El abogado Eduardo Gómez Cuadrado, que representa al hermano del cámara de Telecinco asesinado en Irak, sostiene que “la reforma de jurisdicción universal es contraria al IV Convenio de Ginebra, y por lo tanto al derecho de la Unión Europea, y las consecuencias de su aplicación suponen una vulneración del Convenio de Derechos Humanos”. 

El Ministerio de Exteriores estudia si “existiría la posibilidad” de que la mujer e hijos de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Iraq en 2003 por tropas norteamericanas, obtuvieran algún tipo de “reparación moral” por parte de los “responsables” de su “fallecimiento”. Así consta en una respuesta parlamentaria al senador de Compromís Carles Mulet a la que ha tenido acceso eldiario.es. En ese mismo escrito, el departamento que dirige Arancha González Laya asegura que la ministra se reunió “formalmente” con la viuda Couso y le pidió “disculpas” por “la forma en que fue tratada por el Gobierno en el pasado”. 

Esta posible búsqueda de una “reparación moral” llega después de que el Gobierno decidiera impugnar la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a indemnizar con 182.000 euros a la mujer e hijos de José Couso. Ese fallo concluyó que los familiares del cámara no recibieron el soporte necesario del Estado en su intento de que Estados Unidos, como causante del daño, lo reparara. Y que, en consecuencia, España debía compensarles por esa “conducta omisiva”. “La Administración se limitó a recibir y aceptar las explicaciones de EEUU de que el ataque al hotel Palestina fue justificado y el fallecimiento, un lamentable accidente”, dice la sentencia. 

En su recurso, la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, considera “gravemente dañosos” para los “intereses generales” las consecuencias de esa resolución porque abre la puerta a que “cualquier particular” pueda “exigir” la asistencia diplomática del Estado. La comparaba, por ejemplo, con la que tendría que prestar a turistas. “La obligación de ejercer la protección diplomática, aún como obligación de comportamiento, dejaría al Estado muy mermado en su capacidad de maniobra al estar condicionado por las decisiones de particulares pertenecientes a grupos muy respetables pero minoritarios frente al resto de la población”, subraya el escrito, en el que se reitera que “la casuística es numerosa”.

La reforma de la ley de Poder Judicial aprobada por el PP en 2014 que limitó la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional frustró la investigación que había abierta en la Audiencia Nacional contra los presuntos responsables del asesinato de Couso. El juez Santiago Pedraz, que llegó a viajar a Bagdad en 2011 para reconstruir el ataque in situ, tuvo que archivar un sumario en el que estaban procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, lamentó entonces el magistrado en el auto en el que explicaba que con la regulación aprobada en 2014 los supuestos autores no pueden ser buscados ni investigados ni en España ni en otros países porque impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en España. El Supremo y el Constitucional confirmaron después esta decisión. 

La única esperanza para los familiares de Couso de que se pueda hacer justicia es que las cámaras constituidas tras las últimas elecciones generales reformen de nuevo la jurisdicción universal para que se puedan investigar y juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Así se lo prometieron en octubre de 2018 todos los grupos presentes en el Congreso a la familia del cámara. El acuerdo fue suscrito incluso con el PP, que se mostró partidario de rescatar aspectos que recortó cuando estaba en el Ejecutivo con mayoría absoluta. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos también incluye este compromiso.

Unidas Podemos vuelve a posicionarse contra una decisión del Gobierno. En un comunicado, el grupo confederal se ha posicionado en contra del criterio de la Abogacía del Estado que recurrirá la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga al Estado a indemnizar a la familia del cámara José Couso, asesinado en Iraq en 2003 por el ejercito de Estados Unidos.

En un comunicado, Unidas Podemos asegura, sin nombrar al Gobierno, que la sentencia de la Audiencia Nacional fue “clara” sobre la procedencia de la indemnización y la reparación establecida. “Seguiremos trabajando para que a la viuda, hijos y familia de José Couso les sea plenamente reparado el daño causado”, apunta la nota. De este modo, Unidas Podemos incide en su “apoyo” a la familia Couso y a su batalla judicial que ha tenido “inmensas dificultades”.

La Audiencia Nacional impuso al Estado español indemnizaciones a la mujer y los dos hijos de José Couso por valor de 182.000 euros en razón de la “omisión de protección diplomática” que sufrieron tras el asesinato del cámara de televisión en Irak en 2003 a manos de las tropas estadounidenses. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal especial reconoce una indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos menores cuando ocurrieron los hechos.

El Gobierno impugnará esta sentencia de la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, considera “gravemente dañosos” para los “intereses generales” las consecuencias de ese fallo porque abre la puerta a que “cualquier particular” pueda “exigir” la protección diplomática del Estado frente a la actuación de otro país.

En el escrito de preparación del recurso de casación, la Abogacía del Estado dice que “no se trata solo de los profesionales de la información” y cita expresamente los casos de turistas, empresarios, cooperantes, trabajadores de ONG o misioneros que visiten o trabajen en zonas de conflicto. “La obligación de ejercer la protección diplomática, aún como obligación de comportamiento, dejaría al Estado muy mermado en su capacidad de maniobra al estar condicionado por las decisiones de particulares pertenecientes a grupos muy respetables pero minoritarios frente al resto de la población”, subraya el escrito, en el que se reitera que “la casuística es numerosa y con una virtualidad expansiva”.

El Gobierno impugnará la sentencia de la Audiencia Nacional que obliga a indemnizar con 182.000 euros a la mujer e hijos de José Couso, el cámara de Telecinco asesinado en Iraq en 2003 por tropas norteamericanas. Ese fallo concluyó que los familiares de Couso no recibieron el soporte necesario del Estado en su intento de que Estados Unidos, como causante del daño, lo reparara. Y que, en consecuencia, España debe compensarles por esa “conducta omisiva”. En su recurso, la Abogacía del Estado, que depende del Ejecutivo, considera “gravemente dañosos” para los “intereses generales” las consecuencias de esa sentencia porque abre la puerta a que “cualquier particular” pueda “exigir” la asistencia diplomática del Estado.

En el escrito de preparación del recurso de casación, la Abogacía del Estado dice que “no se trata solo de los profesionales de la información” y cita expresamente los casos de turistas, empresarios, cooperantes, trabajadores de ONG o misioneros que visiten o trabajen en zonas de conflicto. “La obligación de ejercer la protección diplomática, aún como obligación de comportamiento, dejaría al Estado muy mermado en su capacidad de maniobra al estar condicionado por las decisiones de particulares pertenecientes a grupos muy respetables pero minoritarios frente al resto de la población”, subraya el escrito, en el que se reitera que “la casuística es numerosa y con una virtualidad expansiva”.

Esta exigencia de protección diplomática -continúa el escrito- es “particularmente grave” si se tiene en cuenta que ese tipo de demandas suelen tener lugar “sobre todo en situaciones de crisis o en contextos internacionales complejos”. Y añade: “Conforme al Derecho Internacional vigente la protección diplomática es un Derecho del Estado y no del particular y ni el Derecho interno ni el Derecho internacional imponen dicha obligación del Estado a favor de los particulares”.

En declaraciones a los periodistas en el Senado, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, señaló este martes que la sentencia de la Audiencia Nacional “ abre una vía de agua tan grande al Estado en responsabilidad civil que es inasumible”. Según sus palabras, la “dificultad” del Estado para asumirla estriba en que “transforma el derecho de protección consular en una obligación del Estado de atender cualquier petición de cualquier español que se encuentre en el extranjero”. “No lo es en el caso Couso, lo es en abstracto y en general”, añadió. La ministra aseguró que la semana pasada se reunió con familiares del cámara para trasladarles esta decisión y pedirles “disculpas” por la forma en que España se portó con ellos en el pasado.

“Un lamentable accidente”

La sentencia de la Audiencia Nacional que ahora impugnará la Abogacía del Estado reconoció que el Estado no ejercitó ante Estados Unidos la protección diplomática para que la viuda obtuviera la reparación que considera justa por la muerte del reportero. “La Administración se limitó a recibir y aceptar las explicaciones de EEUU de que el ataque al hotel Palestina fue justificado y el fallecimiento, un lamentable accidente”, dice el fallo del tribunal especial.

La resolución, que resuelve que la mujer y los dos hijos de Couso sufrieron “omisión de protección diplomática”, prevé para los tres una indemnización de 182.000 euros. El tribunal hace constar que, a pesar de las peticiones de la familia para que la Administración General del Estado actuase ante las autoridades norteamericanas, “no hubo gestión alguna” ni en relación a la “ilicitud del ataque” ni sobre “la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”.

La Abogacía del Estado, sin embargo, sostiene que la protección diplomática se ejercitó ante los Estados Unidos, si bien fue “rechazada” y resultó “infructífera”, al considerar el país norteamericano que no existía base en la que sustentar tal petición. El escrito reitera, además, que esa protección fue activada, sin que exista ninguna norma que establezca hasta dónde o de qué manera debe llevarse a cabo.

Para sustentar su recurso, la Abogacía del Estado se basa en que la sentencia recurrida infringe cuatro artículos de la Constitución. Además, en contra de lo que subraya la sentencia de Audiencia Nacional, el recurso del órgano que defiende los intereses del Gobierno sostiene que Estados Unidos tampoco tenía obligación de indemnizar a los familiares del cámara asesinado puesto que no ha ratificado el Protocolo Adicional I a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.

En consecuencia -dice el escrito- España tampoco tiene que compensar a los familiares del cámara “por omisión”. “Dado que Estados Unidos no está obligado por ese protocolo, no puede construirse ese ”deber“ por parte de España en el que fundar la responsabilidad patrimonial por omisión”, subraya. La viuda y los hijos de Couso sí recibieron una indemnización por parte del Estado articulada a través del Real Decreto que establece las compensaciones a los participantes en operaciones internacionales de paz y seguridad.

La batalla judicial de la familia de José Couso empezó hace más de tres lustros, poco después de que el cámara de Telecinco fuera asesinado en un ataque del ejército de Estados Unidos contra el hotel Palestina en Bagdad, en el que se alojaba la prensa internacional. Era el 8 de abril de 2003 y la guerra de Iraq prácticamente acababa de comenzar. La onda expansiva también provocó la muerte del reportero ucranio Taras Protsyuk, que estaba retransmitiendo en directo para la agencia Reuters.

Los familiares del reportero español no han dejado desde entonces de intentar que el crimen no quedara impune. Pero ese es un camino que han recorrido solos, sin el soporte del Estado, tal y como ha reconocido la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional es una sentencia reciente. “La Administración se limitó a recibir y aceptar las explicaciones de EEUU de que el ataque al hotel Palestina fue justificado y el fallecimiento, un lamentable accidente”, dice el fallo del tribunal especial.

En virtud de esa resolución, que resuelve que la mujer y los dos hijos de Couso sufrieron “omisión de protección diplomática”, los tres serán indemnizados con 182.000 euros. El tribunal hace constar que, a pesar de las peticiones de la familia para que la Administración General del Estado actuase ante las autoridades norteamericanas, “no hubo gestión alguna” ni en relación a la “ilicitud del ataque” ni sobre “la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable”.

La sentencia es positiva y resarce en parte a los familiares del cámara, pero no resuelve algo por lo que llevan luchando desde 2003: que el crimen no quede impune. Así lo asegura a eldiario.es David Couso, hermano del reportero. “El fallo de la Audiencia Nacional certifica el desprecio, el olvido y la traición de la que hemos sido objeto por parte de mandatarios y gobiernos, pero nosotros siempre hemos priorizado la vía penal”, subraya. De hecho, Couso cuestiona que sean los españoles quienes asuman el pago de las indemnizaciones y no la Administración norteamericana.

Un crimen impune

Esa vía penal de la que habla el hermano del cámara es a la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se vio obligado a dar cerrojazo tras la reforma de la ley de Poder Judicial aprobada por el PP en 2014 que limitó la capacidad de los jueces españoles para investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera el territorio nacional. Pedraz, que llegó a viajar a Bagdad en 2011 para reconstruir el ataque in situ, tuvo que archivar un sumario en el que estaban procesados tres militares del Ejército de Estados Unidos por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, lamentó entonces el magistrado en el auto en el que explicaba que con la regulación aprobada en 2014 los supuestos autores no pueden ser buscados ni investigados ni en España ni en otros países porque impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se haya refugiado en España. El Supremo y el Constitucional confirmaron después esta decisión.

“Nos asesinaron a José y luego hemos visto como se remataba su cadáver con archivos y modificaciones legislativas, con la traición de los cables de Wikileaks que mostraron que cargos del Gobierno del PSOE y de la Fiscalía se reunían en la embajada de EEUU, con el desprecio de Aznar...”, dice David Couso. “Habiendo perdido esa legislación, a los ciudadanos nos cuesta mucho que la vía penal legitime la memoria y la justicia de las víctimas”, añade.

Javier Chinchón, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense y director de Investigación de Rights International Spain, explica que con el archivo de la vía penal lo que los tribunales decretaron fue el fin del procedimiento hasta que se acreditase que se cumplían los nuevos requisitos impuestos tras la reforma. “Si esos requisitos cambiasen, si se recuperase adecuadamente la justicia universal en nuestro derecho interno, este procedimiento podría y debería continuar”, subraya.

A su juicio, la sentencia que reconoce que el Estado abandonó a la familia frente a Estados Unidos es muy importante “en lo fáctico, lo material y en la doctrina que defiende sobre la Protección Diplomática”, pero sigue sin resolver quiénes fueron los responsables de la muerte de Couso porque su objeto era otro.

De ahí que la única esperanza para los familiares de que se pueda hacer justicia es que las cámaras constituidas tras las últimas elecciones generales reformen de nuevo la jurisdicción universal para que se puedan investigar y juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Así se lo prometieron en octubre de 2018 todos los grupos presentes en el Congreso a la familia del cámara. El acuerdo fue suscrito incluso con el PP, que se mostró partidario de rescatar aspectos que recortó cuando estaba en el Ejecutivo con mayoría absoluta. El pacto de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos también incluye este compromiso.

La Audiencia Nacional ha impuesto al Estado español indemnizaciones a la mujer y los dos hijos de José Couso por valor de 182.000 euros en razón de la “omisión de protección diplomática” que sufrieron tras el asesinato del cámara de televisión en Irak en 2003 a manos de las tropas estadounidenses. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal especial reconoce una indemnización en favor de la viuda de Couso de casi 100.00 euros y de más de 41.000 para cada uno de sus dos hijos menores cuando ocurrieron los hechos.

La Sala considera que “las circunstancias del caso hacían exigible que el estado desenvolviera su actividad diplomática en favor de los perjudicados por el fallecimiento del señor Couso”. “Sin embargo, (y esto no ha sido puesto en cuestión en la contestación a la demanda) -añade- la Administración General del Estado se limitó a recibir y aceptar las explicaciones ofrecidas por la Administración de los Estados Unidos en el sentido de que el ataque al hotel Palestina se encontraba justificado y que el fallecimiento del señor Couso fue un lamentable accidente”.

El Tribunal hace constar que no hubo ninguna gestión por parte de la Administración General del Estado. “No consta la realización de gestión alguna tendente, no ya al reconocimiento de la ilicitud del ataque (sobre la que se lamenta la ya citada sentencia del TS de la Sala Segunda) sino a la reparación de sus consecuencias patrimoniales de un modo razonable. Y ello pese a las muy numerosas peticiones que al respecto se formularon por diversos grupos parlamentarios, según consta en el expediente administrativo”.

José Couso falleció víctima de un ataque contra el hotel en el que, como conocían los ejércitos invasores de Irak, se alojaban los periodistas internacionales que contaban al mundo lo que estaba ocurriendo. El Gobierno de José María Aznar había decidido que España participara en la coalición internacional para la invasión y derrocamiento de Sadam Hussein.

La tramitación del proceso se suspendió hace años en tanto que no se resolviese, primero por el Tribunal Supremo y luego por el Tribunal Constitucional, la cuestión relativa al sobreseimiento de la causa penal tramitada por estos hechos como consecuencia de la modificación del régimen jurídico de la denominada “jurisdicción universal”.

La sentencia toma como punto de partida que ya en 2016 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo declaró que la muerte de Couso constituyó un ilícito internacional, así como el hecho de que la demandante carecía de la posibilidad efectiva de obtener una reparación razonable directamente de los tribunales estadounidenses.

A partir de estos presupuestos, la Audiencia considera que el Estado debió ejercer la protección diplomática en favor de los familiares de Couso, consistente en “un procedimiento de aplicación del derecho internacional, en virtud del cual un Estado realiza en favor de uno de sus nacionales diversas acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional a fin de que este último cese en un comportamiento ilícito cometido en la persona de uno de sus nacionales y, en su caso, repare el daño causado por su conducta constitutiva de ilícito internacional.”

La actitud pasiva de las sucesivas Administraciones en relación a lo que la sentencia de la Audiencia Nacional considera una obligación de dispensa de protección a su nacional es lo que motiva la condena de la Administración. Se rechaza así que en este concreto supuesto la dispensa de protección internacional tuviera carácter discrecional.

Ahora bien, dado que el éxito de la protección diplomática que se echa en falta era incierto, la sentencia modera la indemnización que por hechos semejantes reconocen habitualmente las autoridades americanas. La cantidad así limitada cubre la indemnización que solicitaba la viuda de Couso en razón del fallecimiento de su esposo y se rechazan otros conceptos indemnizatorios.

Finalmente, la sentencia resalta que, además del derecho de la recurrente, estaba en juego la libertad de información como valor objetivo del ordenamiento jurídico y como medio para la formación de la opinión pública libre. De manera que el derecho a la indemnidad por su ejercicio obligaba también al Estado a dispensar la protección diplomática.

“No pararemos”

David Couso, hermano del cámara de Telecinco asesinado, ha reaccionado a la noticia a través de su perfil en la red social Twitter: “Nuestra máxima nunca ha sido la vía 'legal', queremos sentar a los asesinos de José, queremos un juicio, queremos sentar un precedente. El dinero compra voluntades, cosa que con nosotros no casa. No pararemos”

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Estado a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso asesinado hace 16 años en Bagdad cuando tropas estadounidenses abrieron fuego contra el Hotel Palestina, donde se alojaban los periodistas, el 8 de abril de 2003. Considera que España omitió su deber de brindarle protección diplomática.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ignacio De la Cueva, establece que el Estado deberá indemnizar con 100.000 euros a la viuda de Couso y con 41.000 euros a cada uno de sus dos hijos, aún menores de edad cuando ocurrieron los hechos, por no haber emprendido “acciones ante otro Estado que ha incurrido en un ilícito internacional” a fin de conseguir reparación del daño causado por esa conducta.

Esta sentencia de la Audiencia Nacional supone un éxito judicial para la familia del cámara, después de 16 años litigando para tratar de traer ante la justicia a los responsables del ataque al Hotel Palestina de Bagdad. Paralelamente, los familiares ya han presentado un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para tratar de reactivar el caso, después de haber agotado todas las vías ante los tribunales españoles, el último el Constitucional el pasado mes de junio.

El objetivo de la familia es “buscar el respaldo ante la violación de Derechos Humanos y la pérdida de protección ante las modificaciones de la legislación española”, que les ha dejado, afirma, “incapacitados para buscar justicia ante el asesinato de José Couso”.

Con esta reforma de la ley se refieren a la restricción de la justicia universal y lo que denuncia la familia ante el tribunal con sede en Estrasburgo es que esta circunstancia les ha “privado de la posibilidad de articular un recurso efectivo que permita la investigación y enjuiciamiento del crimen”.

“La cámara no dejará de grabar”, repite insistentemente la actriz Marta Alonso. Y la cámara sigue ahí grabando al público. No la ha apagado la metralla ni el fuego amigo. No dejará de enviar información por mucho que algunos insistan en silenciarla. Este es el final esperanzador de El fuego amigo, la obra de la compañía Vuelta de Tuerca, escrita por Juanma Romero, y que retrata “la herida colectiva”, según sus palabras, del asesinato del cámara José Couso en el hotel Palestina de Bagdad aquel 8 de abril de 2003. El montaje se puede ver este fin de semana y el próximo 26 de mayo en el Teatro del Barrio de Madrid dentro del Festival Surge.

“Es una obra que ya tenía en mente desde hace ocho años, aunque empecé a escribirla hace dos. Sin embargo, creo que le doy vueltas desde que ocurrió, porque me impactó. Nos impactó a muchos”, relata Romero a eldiario.es. La obra testimonializa el atentado mediante un monólogo poético e intimista, ayudado en gran parte por la labor performática de la artista Beatriz Vaca (Narcoléptica).

“Hay una parte que son testimonios, de todo lo que contaron periodistas que acompañaban a José como Jon Sistiaga, Olga Rodríguez y Carlos Hernández, pero también hay partes muy personales, porque el teatro no narra el trauma, sino que indaga en él. Cuando la escribía tuve dos niños, y quería mostrar también la vivencia de traer a un niño al mundo, y lo que cuesta traerlo”, comenta Romero.

“Jugar con la cámara azul y naranja”, recita Marta Alonso al comienzo de la obra. Son las primeras pinceladas poéticas que rezuman a infancia. Es la de un niño enamorado de las cámaras, que después será un adolescente y luego un joven siempre con la cámara al hombro. Y se ofrecen fogonazos de diversas experiencias. “Estábamos en su visor en Galicia, estábamos en su visor en la playa. Estábamos en su visor en la II Guerra del Golfo”, prosigue el monólogo que también recuerda la foto de los tres de las Azores –José María Aznar, George Bush Jr y Tony Blair- mientras un tanque de juguete se pasea por el escenario.

Se descorren entonces unas cortinas y se abre un baúl del que tanto la actriz como la artista musical van extrayendo objetos para construir el mapa de la ciudad de Bagdad. Un cable azul hace las veces del río Tigris. Otras piezas son los museos y universidades incendiados por los bombardeos. Otras reconstruyen el hotel Palestina, donde se alojaba la prensa internacional. “Estamos en la habitación 1403. Enviamos la mejor de nuestras crónicas. No, estamos en la de Televisa, ¡la cantina mexicana!, no, estamos en la de Antena 3. No, estábamos en su risa contagiosa”, avanza el texto.

En aquel hotel se quedaron cincuenta periodistas para dar cuenta al mundo de lo que estaba ocurriendo. “La noticia ha de ser la masacre, no la victoria”, narra la actriz. Allí conocieron la muerte del reportero Julio Anguita Parrado. Sabían que la ciudad iba a ser arrasada por las tropas estadounidenses, pero se quedaron, aunque ya hubieran sido bombardeadas dos sedes de medios árabes como la de Al Jazzeera.

“La idea del mapa de la ciudad surgió en los ensayos. Cuando teníamos que contar los hechos apareció esta idea. También es un homenaje a la ciudad, porque era una ciudad como cualquier capital, con sus museos, ciudades, ministerios”, indica el director del montaje. Y es desde ese mapa desde el que se cuenta cómo estaban desayunando en el hotel, cómo un acorazado se dirigió desde el otro lado del Tigris a través de un puente, cómo se produce el trallazo del mortero.

“La información es una amenaza”, se afirma en el texto. “Quería contar cómo ocurrió porque creo que a estas alturas está bastante claro”, añade Romero. Después, música. Y luego, una escoba para limpiar todas las piezas de la ciudad arrasada. “Una imagen que nunca se pudo ver en televisión porque después de aquello ya no quedaron periodistas. Lo único que vimos fue la caída de la estatua de Sadam Hussein”, resalta el director.

La tercera parte cuenta la lucha de los amigos y familiares de José Couso por hacerle justicia. “El gobierno de Estados Unidos asegura que fue un error. ¡Y no dicen nada más!”, se grita desde el escenario. Y comienzan las manifestaciones ante la embajada de EEUU. La querella ante la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Las manifestaciones otra vez. “La ira es nuestra ofrenda. Los asesinos no querían que hubiera imágenes”, recita la actriz que recuerda el motivo de la lucha: la reforma de la ley de justicia universal para que los asesinos de Couso puedan ser juzgados en España. “Son 16 años sin José, pero no perdemos el ánimo”, cierra el monólogo.

Los familiares leyeron el texto antes del estreno. “Se emocionaron mucho”, afirma el director que también reconoce que le dio pudor enviárselo “porque no nos conocían de nada”. Pero para ambas partes había una cuestión clave: señalar la batalla por conseguir la reforma de esta ley. “Lo más probable es que aunque se reformara las tres personas a las que se acusa no vinieran nunca a España, pero no vamos a dejar de intentarlo”, manifiesta. Y mientras tanto, hay una cosa que tiene clara: “La cámara no dejará de grabar”.

Amigos, familiares y compañeros del cámara José Couso, asesinado por las tropas estadounidenses en Bagdad el 8 de abril de 2003, se han concentrado frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid. Han pedido a los partidos políticos que 'tumben' la reforma de 2014 de la Ley de Justicia Universal, que llevó a cabo el PP, y con la que se archivó el caso de su muerte y “varios procesos más por genocidio, asesinato o torturas”, según EuropaPress.

Los familiares presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, que confirmó el cierre de la investigación, por lo que presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en febrero de 2017, alegando inconstitucionalidad de la reforma y vulneración de la Convención de Ginebra. Este recurso está aún pendiente de resolución.

A finales de 2018 la familia Couso Permuy se reunió con los grupos parlamentarios para abordar el futuro de la investigación, después de que ERC presentara una proposición de ley destinada a revisar las reformas aprobadas por los gobiernos del PSOE y el PP, que limitaron la aplicación en España de la jurisdicción universal.

Los grupos parlamentarios anunciaron entonces un acuerdo para desbloquear la revisión de la ley de Justicia Universal, con el PP abierto a “corregir” su reforma. A tres semanas de las elecciones generales, los familiares de José Couso exigen que se retome aquel consenso parlamentario para tumbar la reforma 'exprés' del PP.

Sobre el escenario, Sabela Couso ha reclamado “justicia” y no “venganza” para su hermano José y “para el millón de víctimas de la invasión ilegal de Irak”, para “calmar el dolor”.

Se ha preguntado también por qué quienes hicieron un “galimatías” jurídico hace unos años “escupen sobre la verdad”. “Seguimos viendo que desde los poderes del Estado se trabaja por torpedear la justicia universal”, ha criticado.

“Buscamos poder juzgar a los militares americanos, a quienes acusamos de ser asesinos de mi hermano José”, ha sentenciado Sabela y ha pedido “sentar un precedente para respetar la justicia universal y la protección a informadores”.

En este sentido, ha destacado la labor de los periodistas y profesionales de la comunicación e información, quienes se encargan, a su juicio, de dar a conocer “las atrocidades” que se cometen en el mundo, como es el caso de la guerra de Vietnam, las tramas de corrupción o las denuncias por vincular el narcotráfico con el Estado. “La lucha de Couso no es una causa exclusiva de periodistas, es la causa que supone defender el derecho que tenemos todos de una información veraz”, ha exigido.

“Necesitamos que los gobernantes se sitúen por encima de intereses militares y políticos y se posicionen de lado de sus compatriotas”, ha pedido, así como “trabajar por la recuperación de la jurisdicción universal” para obtener “justicia, verdad y reparación”.

En el acto también ha estado Maribel Permuy, madre de José Couso. Ha recordado los “días interminables” que vivió desde que se enteró de la muerte de su hijo y ha remarcado que fue “asesinado” porque trataba, con su cámara, de demostrar al mundo la “crudeza de una masacre”.“Era una mirada incómoda, una denuncia, un testimonio vivo”, ha relatado, pues murió porque un proyectil estadounidense que atacó el hotel donde se alojaba trató de “callar las bocas de la prensa libre e independiente”.

“Estamos peleando para que el ataque contra la prensa no sea un efecto colateral de la guerra”, ha recordado Maribel, así como para que los culpables de su muerte sean juzgados por un tribunal imparcial. “Solo nos queda vencer, porque la lucha va a seguir continuando”, ha concluido la madre de Couso su intervención, que ha estado arropada al grito de 'José Couso, crimen de guerra'.

La concentración también ha contado con las actuaciones de 'Samba da Rua' y 'Tremenda Jauría', que han amenizado con música el ambiente.

Los familiares y compañeros del cámara José Couso, asesinado en 2003 en un ataque del ejército estadounidense al hotel Palestina de Bagdad, han pedido un año más el fin de la impunidad frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid. En palabras de David Couso, hérmano del periodista de Telecinco: “No nos contentamos con unas meras palabras de perdón; queremos justicia y entendemos que se la debemos a la sociedad, a nuestro país”.

Un centenar de personas se ha reunido este 8 de abril, cuando se cumplen quince años con Couso -énfasis en el 'con'- para reclamar justicia para el “crimen de guerra” mientras la familia continúa a la espera del posicionamiento del Tribunal Constitucional sobre el recurso contra el archivo del caso a raíz de la reforma de la justicia universal del PP. La siguiente vía para la familia, en caso de no obtener el amparo del Constitucional, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

“Quince años después está más viva que nunca esta defensa de la Justicia, no solo para la familia de José Couso. Tenemos que seguir hablando de la invasión ilegal de Irak y de que hay unos señores, a los que calificamos de terroristas internacionales, Durao Barroso, Bush, Blair y Aznar, que se han ido de rositas”, ha rematado Couso su discurso.

“A pesar de estar en silla de ruedas, mi dignidad está intacta frente a vuestra impunidad”, ha intervenido la madre de José Couso, Maribel Permuy, durante el acto de esta mañana. Permuy ha gritado “asesinos” mirando directamente a la embajada estadounidense en un discurso en el que ha afirmado que su hijo fue y es una “víctima incómoda”, informa Mercedes Domènech.

En el acto se han reunido numerosos compañeros de José Couso, entre ellos el periodista de la Agencia EFE Yon Galocha, que ha denunciado que “dejar impune el asesinato” de Couso supondría “la aceptación de la barbarie”: “Hasta en la guerra hay reglas que no se pueden saltar y los derechos humanos tienen que ser respetados”.

El 27 de mayo de 2003, la familia Couso presentó una querella ante la Audiencia Nacional contra los tres militares estadounidenses presuntos autores del ataque. Aunque el juez Santiago Pedraz llegó a dictar orden de detención internacional contra ellos, la Audiencia Nacional archivó el caso en junio de 2015 en aplicación de la reforma de la justicia universal –que acabó con la posibilidad de perseguir desde España delitos internacionales como crímenes de guerra cometidos contra españoles fuera de nuestro país– realizada por el Ejecutivo de Rajoy. El Supremo sobreseyó el recurso de casación de la familia, que recurrió de nuevo el archivo de la investigación ante el Tribunal Constitucional.

“Fue un ataque deliberado”

El homenaje al cámara ha tenido lugar al mismo tiempo en la plaza de José Couso en Ferrol, la ciudad natal del fallecido. Allí, su tío, Rafael Permuy, ha considerado “positivo que hayan admitido a trámite” el recurso ante el Constitucional y ha asegurado que la “Constitución española habla de que todos tendrán derecho a la justicia”. En su opinión, privar de la justicia por un “cambio de la ley, no es muy constitucional”, en alusión a la reforma de la legislación sobre jurisdicción universal, promovida por el Gobierno central.

Para Permuy, la muerte de Couso fue un “ataque deliberado de las tropas estadounidenses contra los medios de comunicación que estaban transmitiendo en directo la entrada en Bagdad” de militares con la intención de acabar con el régimen dictatorial. Criticó la “complicidad de los sucesivos gobiernos” en España, tanto del José María Aznar como de José Luis Rodríguez Zapatero, el primero por “dar la espalda” y el segundo por pretender que apoyaba cuando las filtraciones de los “papeles de Wikileaks” desvelaron que “maniobraba en retaguardia para impedir que la justicia española actuase” contra los soldados estadounidenses.

En ese sentido, lamentó que los mandatarios españoles, en lugar de defender a sus ciudadanos, se “convirtieron en verdaderos abogados defensores de los asesinos, cómplices y encubridores”.

Las vías que permanecen abiertas en el caso Couso

El Congreso está tramitando una proposición de ley de ERC para recuperar la justicia universal, cuya reforma no solo archivó el caso del cámara de Telecinco sino también otros once procesos como el genocidio del Tíbet o las torturas sufridas por los presos de Guantánamo. La otra vía con la que cuenta la familia Couso es esperar el fallo del Constitucional sobre el recurso del PSOE contra la reforma del año 2014 y la resolución sobre el recurso que presentó la propia familia contra el archivo de la causa. El siguiente paso sería recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Sobre las dificultades de la vía parlamentaria, David Couso remarca que el PP “se quedó solo en 2014” y “todo el arco parlamentario” votó en contra de la iniciativa del PP, que sin embargo salió adelante porque la formación contaba con la mayoría absoluta. Se centra en Ciudadanos, que con el PP tiene la mayoría de la Mesa del Congreso –lo que pemite que controlen plazos de debate y tramitación –para pedir que posibiliten que el Congreso se pronuncie: “Que podamos todos, no solo la familia de José porque esta no es una lucha partidista, tener justicia”.