El Gobierno renuncia a ampliar la Justicia Universal como piden los expertos a los que encargó la reforma

El Gobierno creó a finales de agosto un comité de expertos para que elaborasen una propuesta para reformar y ampliar la Justicia Universal, la herramienta que permite a los jueces españoles perseguir delitos cometidos en el extranjero. El plan del Ejecutivo no era tanto volver al punto anterior a la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014 –que dejó prácticamente sin efecto esa herramienta jurídica– sino ampliar la capacidad de perseguir delitos cometidos en otros países. Sin embargo, el Ministerio de Justicia ha terminado por renunciar a esa ambiciosa propuesta.

Se trataba de un empeño personal de la ministra, que en su carrera como fiscal siempre había hecho bandera de la justicia universal. De hecho, fue una larga conversación con Pedro Sánchez sobre este asunto cuando el PP gobernaba en España y ambos apenas se conocían, la que llevó al presidente a colocar al frente de Justicia a aquella fiscal afiliada a la UPF que tanto entusiasmo había demostrado en la justicia universal. 

Según adelantó eldiario.es el pasado 26 de agosto, Delgado puso en marcha desde el ministerio una comisión para que esta elaborase una propuesta de por dónde debía ir encaminada la reforma de la Justicia Universal, cuya recuperación había sido también una de las banderas del PSOE hasta su llegada al Gobierno. La comisión iba a elaborar un informe y el Ministerio decidiría la mejor forma de traducirlo en una reforma: bien vía enmiendas a una iniciativa registrada en el Congreso por ERC o impulsando un proyecto propio desde el Consejo de Ministras.

Esa comisión estuvo integrada por José Ricardo de Prada, juez de la Audiencia Nacional –miembro del tribunal del caso Gürtel– y que ha formado parte de los Tribunales Penales Internacionales de Naciones Unidas; Manuel Ollé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense; Manuel Miguel Vergara, profesor de Derecho Penal y asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón; y Hernán Hormazábal, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH).

Como informaron entonces fuentes del Ministerio, el encargo a esos expertos era que su propuesta fuese más allá de revertir la reforma de 2014. Les reclamaron “nuevas ideas” para que ampliasen esa herramienta. Así lo hicieron. Entregaron su informe y los socialistas optaron finalmente por canalizar la reforma a través de enmiendas a la iniciativa de ERC, actualmente en trámite legislativo. El PSOE presentó esas enmiendas -firmadas por el número dos del grupo parlamentario Rafael Simancas- el pasado 30 de octubre, cuando finalizaba el plazo legal para hacerlo.

Sin embargo, ese documento no recoge algunas de las recomendaciones fundamentales que acordaron los expertos. En concreto, propone una limitación a la hora de perseguir los crímenes internacionales que hace que el texto sea muy similar al de antes de la reforma de 2014.

Para la persecución de crímenes por parte de la Fiscalía y los jueces deberá quedar acreditado, según establecen las enmiendas del PSOE, “que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España”. Fuentes de la comisión aseguran a eldiario.es que estos requisitos chocan directamente con su propuesta.

Según explican, su informe apostaba por perseguir los crímenes internacionales más graves sin importar la nacionalidad o el lugar en el que se hubieran cometido, porque así se recoge en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el texto que sirve de base para la jurisdicción universal.

El preámbulo de ese documento establece que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo” y apela a adoptar medidas en el plano nacional para mejorar la cooperación jurídica internacional. El objetivo es “poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.

Ese es el espíritu que los expertos plasmaron en su informe, según explican fuentes de la comisión. El objetivo era que el Gobierno acometiese una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para garantizar que la Jurisdicción Universal pudiese perseguir delitos sin ninguna limitación por nacionalidad. Pero no ha sido así.

Una “importante limitación”

Fuentes de la comisión lamentan que el PSOE haya establecido esta “importante limitación”. “Proponíamos que se pudiese perseguir cualquier delito sin importar la nacionalidad o país de residencia del autor o las víctimas. Eso garantizaba que nadie que cometa estos delitos pueda refugiarse en ningún lado”, añaden.

Desde la comisión aseguran también que, en general, las enmiendas presentadas por el PSOE “se han quedado cortas”. Se incluye algún delito más, pero básicamente se trata de volver al texto anterior a la limitación introducida por el PP.

Fuentes de Justicia reconocen que se ha producido una “rebaja respecto a las expectativas iniciales”, pero lo atribuyen al “funcionamiento normal del Gobierno”. Una vez recibido el informe de los expertos, varios ministerio se pronunciaron sobre su contenido.

“Desde el Ministerio se parte de una propuesta de máximos, cuando esa propuesta pasa por otros ministerios la cosa se rebaja o no, o se decide ir por otro lado”, afirman esas fuentes. “El Gobierno no está directamente obligado a sacar adelante lo que diga esa comisión de expertos”, añaden.

Lo que sí remarcan desde Justicia es que se está muy cerca de conseguir el objetivo principal, que es volver a la situación anterior a la reforma del 2014. Además, aclaran que se hace vía enmiendas porque es un procedimiento más rápido y con menos burocracia que impulsar una nueva norma desde el Consejo de Ministras, que habría que elaborar desde cero.

La propuesta de reforma de la Justicia Universal provocó un problema con el Ministerio de Exteriores. Según publicó El Español, un informe de la Asesoría Jurídica Internacional de Exteriores cuestionó la reforma en la línea planteada por los expertos porque introducía “elementos que pueden afectar directa y gravemente a las relaciones internacionales del Estado”.

Ahora la reforma seguirá los trámites parlamentarios. Las enmiendas planteadas por los distintos grupos se debatirán y votarán en la comisión. La mayoría en la Cámara Baja apunta a que será fácil sacar adelante un texto que revierta la limitación que impuso el Ejecutivo de Rajoy.