Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

Según datos oficiales, en España hay alrededor de un centenar de grandes simios en parques zoológicos y unos 50 en centros de rescate. El destino de este grupo de gorilas, chimpancés y orangutanes depende de lo que se apruebe en la futura ley de protección de los grandes simios, un proyecto que quedó estancado tras un prometedor arranque en 2006. El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Pablo Bustinduy, ha retomado la tarea y trabaja en la que quiere llamar “Ley Jane Goodall” con el objetivo de “proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de estos animales”.

En las reuniones preliminares con los diferentes agentes implicados, el Ministerio se está encontrando dos posiciones enfrentadas: la de quienes defienden que la actual generación de grandes simios en los zoos españoles sea la última tras prohibir la cría e incorporación de nuevos individuos, y la de quienes quieren que continúe habiendo cría e intercambio de especímenes para garantizar la diversidad genética y una posible reintroducción en caso de que fuera necesaria. A un lado los activistas y los centros de rescate, al otro lado los zoológicos.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha recibido esta semana por separado al Instituto Jane Goodall y a los representantes de los centros de rescate (Fundación Mona, Primadomus y Reinfer) y a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). Estos últimos organizaron una jornada en el Congreso de los Diputados el pasado viernes bajo el título “Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia” para escuchar a las diferentes voces implicadas. El encuentro, que contó con la presencia de Becerra, reunió a especialistas independientes en cognición animal, a profesionales de los zoos y a representantes de distintos proyectos relacionados con la conservación de primates, y puso de manifiesto la diferencia de posturas.

“Jaulas cerradas” 

La posición más contundente es la de Pedro Pozas, director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de la Proposición No de Ley presentada en 2006, quien durante su intervención en la jornada hizo un duro alegato contra la existencia de los zoos que hizo removerse a muchos en sus asientos. “Mantener y reproducir grandes simios en cautividad no es ético, no es justo y no es conservacionista”, aseguró. Pozas puso el foco en la necesidad de poner fin al comercio y la reproducción en cautividad de los grandes simios, una práctica que, a su juicio, “constituye la principal vía de abastecimiento de los zoos para mantener el modelo de exhibición y negocio”. 

Pozas niega que la cría de los grandes simios se haga para su futura reintroducción en la naturaleza y asegura que no hay ejemplos exitosos. De hacerse, además, se utilizaría antes a los animales de los santuarios en los países implicados. “La reproducción se mantiene para que las colecciones no se extingan”, expuso. Su otro argumento es que quienes trafican con grandes simios pueden introducirlos en el circuito legal aprovechando las reglas del convenio CITES y falsificando su origen como si provinieran de un zoo, de modo que “facilitan el blanqueo del tráfico ilegal” y suponen “una coartada perfecta”. 

Si mañana encontrásemos a un grupo de neandertales, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes

Pedro Pozas — Director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de ley

“Hablamos de homínidos, nuestros parientes evolutivos más cercanos, con los que compartimos entre un 96 y un 99% del ADN”, aseguró Pozas. “Si mañana encontrásemos a un grupo de Homo neanderthalensis, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes”. Por estos motivos, pide que se siga el camino emprendido por otros países como Canadá y se prohíba la llegada de nuevos simios a los zoos españoles y la reproducción en cautividad. “De modo que los que hay ahora queden en donde están, 30 o 40 años o lo que duren, y, después, las jaulas cerradas”, aseguró.

Las cifras y el contexto

En los zoos españoles hay 38 gorilas, 35 chimpancés y 26 orangutanes, según datos de finales de 2025 (no hay bonobos). Sobre el número de crías que han tenido no existe una cifra oficial, pero la cantidad es muy pequeña, según los responsables. El director de Bioparc Valencia, Miguel Casares, no cree que hayan nacido más de diez crías por especie en la última década, y niega que se gestionen para atraer el público. En sus instalaciones, pone por ejemplo, hay una hembra fértil que no es capaz de criar porque no produce suficiente alimento (leche) y no le permiten seguir reproduciéndose porque no es bueno para ella.

En cuanto al movimiento de individuos entre zoos, Casares afirma que son muy limitados y que por cada especie existe un programa de conservación y un comité de expertos que se reúnen una vez al año y deciden. “A veces se muere un individuo en un zoo y tienen que reponer el macho reproductor en otro sitio”, explica. “Nosotros el año pasado enviamos un macho desde Fuengirola al zoo de Colchester, en Inglaterra, pero se hace por el bien de la especie. No es un intercambio de cromos”. 

Si esterilizamos a todos esos animales, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?

Miguel Casares — Director de Bioparc Valencia

Casares recuerda que cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hace sus valoraciones contempla la población de la especie global y no renuncia a la población de reserva, porque dada la situación límite de la mayoría de estas poblaciones sería un suicidio. “Si esterilizamos a todos esos animales y paramos la reproducción, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? En nada”, asegura. “Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?”.

Un caso espectacular es de los ibis eremitas, que se llevaron desde Marruecos a diversos zoos y desde allí se ha empezado la reintroducción, como la que se ha hecho en Cádiz, en España. Otro ejemplo muy citado es el del orangután de Sumatra, en peligro crítico de desaparición, o las reintroducciones exitosas de especies como el panda rojo o el bisonte europeo. “La UICN tiene decenas de ejemplos que publica cada año sobre animales que se han reintroducido, muchos con ayuda de zoológicos”, asegura Javier Almunia, presidente de AIZA. “Las epidemias en santuarios no son inusuales, incluso en poblaciones naturales, y si una epidemia diezmara las poblaciones la única posibilidad de recuperarlas sería a través de los zoológicos”.

Visiones enfrentadas

Muchas afirmaciones de Pozas fueron replicadas por los especialistas que asistieron a las jornadas organizadas por AIZA en el Congreso y criticadas por su falta de rigor. Ana Fidalgo, etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española, defendió que los zoológicos son centros de investigación, conservación y educación y no solo espacios recreativos. “La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies”, aseguró. 

La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies

Ana Fidalgo — Etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española

Sobre el blanqueo de crías secuestradas en la naturaleza con el sistema CITES, Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, aseguró durante su intervención que en España no se ha registrado ningún caso y que los protocolos lo hacen muy difícil. “En España los controles CITES son muy estrictos, se conoce bien la genealogía de los animales y se implanta un microchip de manera que es difícil cambiar un animal por otro”, dice Almunia. “Las pruebas genéticas actuales hacen imposible blanquear un gran simio con una falsificación de un permiso”.

Xavier Manteca, especialista en bienestar animal de la UAB, defendió que la presencia de crías tiene efectos positivos en los grupos de primates y Miquel Llorente, especialista en cognición animal de la Universidad de Girona, recordó que la reproducción es una necesidad fisiológica de los animales. Este último asegura que es un mito que la cautividad provoca trastornos mentales, además de advertir del peligro de legislar desde la emoción humana y sin escuchar a la ciencia. El especialista en cognición animal Josep Call, de la Universidad de Saint Andrews, recalcó la importancia del trabajo que se hace en los zoos para estudiar determinados aspectos cognitivos, como el de teoría de la mente.

La afirmación de Pozas de que tener a una familia de gorilas en un zoo es como mantener a una familia de neandertales en cautividad fue respondida por una autoridad mundial en genética de primates. Tomás Marqués-Bonet, genetista de la Universitat Pompeu Fabra, dejó claro que la cifra del 99% de coincidencia entre nuestro genoma y el de los chimpancés es fruto de un malentendido y se aproxima más a un 85%. “Por otro lado, nadie duda de la categoría 100% humana de los neandertales”, explicó. “[Plantearse encerrarlos] sería como hacerlo con un asiático, un australiano o un americano si nos lo encontramos por aquí”. 

¿Esterilizar o no?

Desde AIZA señalan que la limitación de la cría y el intercambio de grandes simios para los zoológicos españoles supondría la imposibilidad de participar en los programas internacionales en los que colaboran cientos de zoológicos de todo el mundo. “Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles”, señala Javier Almunia. “La única razón de esta regulación parecen ser opiniones y emociones personales que no se sustentan en la evidencia científica”.

Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles

Javier Almunia — Presidente de AIZA

Desde la Fundación Mona, en cambio, están a favor de la prohibición de la cría. “Consideramos que la cría de grandes simios en cautividad no tiene ninguna finalidad de reintroducción”, explica su presidenta, Olga Feliu. “Los santuarios locales ya tienen más de 1.000 individuos y si hay alguien que tiene posibilidad de reintroducirlos son ellos. Por otro lado, si no crían, ¿para qué van a mover individuos para la mejora de la diversidad genética?”.

La política de estos centros es impedir la reproducción de animales no reubicables y evitar que sean trasladados si ello implica reproducción con fines de perpetuar su cautividad. “Nosotros cuidamos de muchos chimpancés que nacieron en la selva pero fueron víctimas del tráfico ilegal”, explica Cristina Valsera, bióloga de la Fundación Mona. “Su reintroducción en su hábitat natural es completamente inviable y, si crían, hacemos el problema más grande, porque condenamos a una vida de cautividad a más animales y pueden superar los 60 años”. “Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan”, resume.

Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan

Cristina Valsera — Bióloga de la Fundación Mona

El director en España el Instituto Jane Goodall, Federico Bogdanowicz, confirma a elDiario.es que están alineados con los centros de rescate. “Nuestra postura no es prohibir la reproducción en cautividad, sino limitarla y que solo se permita cuando sea dentro de un proyecto concreto de reintroducción, como se hace con los ibis o las gacelas, no en un futuro indefinido”. En su opinión, la jornada organizada por AIZA intentó dar la impresión de que la ciencia estaba de un lado y los activistas de otro, pero no es así. Y cree que se está planteando un falso debate, porque el esfuerzo hay que centrarlo en la conservación del hábitat. “Si se extinguen los orangutanes es porque ya no tienen dónde vivir, hay que conservar eso”, asegura.

Un mes y medio para tramitar la ley

En los próximos días, el ministerio elaborará un documento con las alegaciones presentadas por las diferentes partes y convocará después a todos con la intención de empezar a tramitar la ley en el plazo de un mes y medio, según fuentes del proceso. Como representante del Ministerio de Transición Ecológica, Fernando Magdaleno insistió en que la norma que se apruebe deberá estar dentro del marco CITES y España no podrá ser una excepción.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, aseguró que será necesario un equilibrio entre la visión científica y las visiones jurídica, ética, económica y social, y que la ley irá acompañada de una memoria económica para facilitar su cumplimiento, en referencia al impacto que pueda tener en zoos y centros de rescate. En todo caso, subrayó el representante del ministerio, “una ley de derechos de los grandes simios no trata de equiparar a los grandes simios con las personas: trata de dar derechos a unas especies que el legislador entiende que los merecen”.

La Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort de 27 gossos de caça que, dissabte passat, van ser trobats sense vida dins d'una furgoneta que viatjava a l'interior de la bodega d'un vaixell procedent de Barcelona i que acabava d'atracar al port de Palma.

Els investigadors del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'Institut Armat estan duent a terme una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del que ha ocorregut i, en aquests moments, es troben a l'espera dels resultats de les necròpsies per poder determinar les circumstàncies de la defunció dels animals.

D'acord amb les primeres indagacions, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània per entrenar 36 cans de cara a la temporada de la becada. De tots ells, només nou van aparèixer vius al seu retorn a l'illa. D'immediat, el Seprona es va fer càrrec de les indagacions per investigar els detalls del succés.

Després de tenir coneixement del mateix, el partit animalista Pacma va exigir responsabilitats per uns fets que considera “una mostra més del tracte que reben els gossos utilitzats per a la caça”. En aquest sentit, retreuen que aquests animals siguin considerats “eines” i no éssers sentients amb drets. Per això, exigeixen al Govern de PSOE i Sumar que rectifiqui i inclogui els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal, de la qual, apunten, “van ser exclosos per pressió, precisament, del lobby cinegètic”.

En aquesta línia, Pacma reclama la inclusió d'aquests animals al Reial Decret de Núclis Zoològics, del qual, lamenta, “també planen ser exclosos”. Mitjançant el seu reconeixement dels gossos de caça per part d'aquesta norma, els animalistes volen “garantir controls i condicions mínimes de transport, descans i seguretat”. “Mentre els gossos de caça continuïn quedant fora del marc legal de protecció, continuaran sent víctimes d'una indústria que els explota, els arrisca i els descarta quan ja no serveixen”, lamenten des de la formació.

Segons un estudi realitzat pel partit amb dades reportades per un terç de les protectores d'animals del país, només el 2023 més de 12.000 gossos de caça van ser abandonats a Espanya.

La Federació Balear de caça recolça els propietaris: “No tenen cap responsabilitat”

Per la seva banda, la Federació Balear de Caça va expressar aquest diumenge el seu pesar pel succés i va mostrar el seu recolçament als propietaris dels gossos: “Volem traslladar tot el nostre suport als propietaris dels animals, que formen part de la nostra comunitat de caçadors i que estan profundament afectats” pels fets, va manifestar la presidenta de la Federació, Marta Lliteres, qui assegura que “els caçadors no tenen cap responsabilitat pel que ha succeït”.

Segons va explicar, els caçadors havien contractat els serveis d'una empresa especialitzada en transport d'animals “amb la finalitat de garantir que els seus gossos viatgessin en les millors condicions de seguretat i benestar possibles”. Respecte a això, apunta que “el trajecte des de Lituània fins a Barcelona es va desenvolupar amb total normalitat, i va ser durant la travessia marítima final cap a Mallorca quan es va produir la mort dels gossos”.

Lliteres va subratllar que, “per a qualsevol caçador, els seus gossos no són simples animals de treball, sinó companys inseparables, fruit d'anys de dedicació, ensinistrament i cura diària”. “La relació entre caçador i gos es basa en el respecte, la confiança i l'afecte, i per això la pèrdua d'aquests animals suposa un cop emocional molt dur”, va incidir.

Des de la Federació Balear de Caça van mostrar la seva “plena col·laboració” amb les autoritats i el seu “compromís amb la transparència” perquè s'esclarissin els fets i es depurin responsabilitats, adoptant-se les pertinents decisions judicials si s'escau. Així mateix, es va reafirmar finalment en el seu “compromís amb el benestar animal i amb les bones pràctiques cinegètiques”, a les quals es va referir com a “pilars fonamentals d'una caça ètica, responsable i respectuosa amb els animals que formen part d'ella”.

La Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que, el pasado sábado, fueron hallados sin vida dentro de una furgoneta que viajaba en el interior de la bodega de un barco procedente de Barcelona y que acababa de atracar en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de lo ocurrido y, en estos momentos, se encuentran a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, indican fuentes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania para entrenar a 36 canes de cara a la temporada de becada. De todos ellos, solo nueve aparecieron vivos a su regreso a la isla. De inmediato, el Seprona se hizo cargo de las pesquisas para investigar los pormenores del suceso.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el partido animalista Pacma exigió responsabilidades por unos hechos que considera “una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza”. En este sentido, recriminan que estos animales sean considerados “herramientas” y no seres sintientes con derechos. Por ello, exigen al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, de la que, apuntan, “fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético”.

En esta línea, Pacma reclama la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del que, lamenta, “también planean ser excluidos”. Mediante su reconocimiento de los perros de caza por parte de esta norma, los animalistas quieren “garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad”. “Mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven”, lamentan desde la formación.

Según un estudio realizado por el partido con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, solo en 2023 más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España.

La Federación Balear de caza apoya a los dueños: “No tienen ninguna responsabilidad”

Por su parte, la Federación Balear de Caza expresó este domingo su pesar por el suceso y mostró su respaldo a los propietarios de los perros: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los propietarios de los animales, que forman parte de nuestra comunidad de cazadores y que están profundamente afectados por lo sucedido”, manifestó la presidenta de la Federación, Marta Lliteres, quien asegura que “los cazadores no tienen ninguna responsabilidad” en los hechos.

Según explicó, los cazadores habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales “con el fin de garantizar que sus perros viajaran en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles”. Al respecto, apuntó que “el trayecto desde Lituania hasta Barcelona se desarrolló con total normalidad, y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la muerte de los perros”.

Lliteres subrayó que, “para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario”. “La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por ello la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro”, incidió.

Desde la Federación Balear de Caza mostraron su “plena colaboración” con las autoridades y su “compromiso con la transparencia” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, adoptándose las pertinentes decisiones judiciales si hubiera lugar a ello. Asimismo, se reafirmó finalmente en su “compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas”, a las que se refirió como “pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella”.

Ni un solo gato en adopción: muchas protectoras de animales cortan de raíz en estos días la entrega de felinos para evitar el uso, sobre todo de los gatos negros, en festividades o sacrificios relacionados con la fiesta de Halloween; las que siguen con los procesos de adopción extreman los filtros para asegurarse de que los animales van al hogar adecuado.

“En esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color”, asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida. Porque, a falta de gatos negros, explica, se recurre a los carey o a los atigrados oscuros, también muy demandados.

Quienes buscan gatos para disfraces o rituales y se encuentran con la negativa de las protectoras acuden entonces a páginas de compraventa entre particulares para localizar camadas que se ofrecen gratis. Ahí el control es prácticamente imposible.

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) es uno de los organismos oficiales que ha prohibido la adopción de gatos negros del centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre.

Natalia Esteban indica que es fácil rastrear en internet o en redes sociales la práctica de rituales en las que se utiliza a los gatos: negros para la brujería, blancos para la santería. Estos rituales, dice, a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas “con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente”. ¿Se puede denunciar? “Sí, pero difícilmente probar”, apunta Esteban, muy crítica con la Ley de Bienestar Animal de 2023 por asuntos como no incluir a los perros de caza.

Filtros y seguimiento, las herramientas de las protectoras

Para ilustrar la importancia de controlar a quién se da un gato en adopción, la representante de La Posada Felina menciona el caso de una petición que llegó a su asociación y que resultó proceder de la dueña de una tienda de esoterismo en Madrid. No se le concedió el gato, por si acaso.

Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver “a quién se le dan”. “Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar”, afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. “Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales”.

Julià señala que el gato negro es mucho menos demandado que el resto, por superstición, aunque la gente no sabe que “tiene un carácter maravilloso”. “Quien ha tenido uno, repite”, asegura. “El color del manto, aunque parezca mentira, dice mucho de las características que definen a un gato. Un gato negro es una panterita adorable”, afirma.

Según Julià, actualmente hay “veinte veces más personas que adoptan gatos que perros” y las clínicas veterinarias también atienden más a aquellos que a estos. “Es el animal del futuro. Los dueños, con las actuales jornadas de trabajo, prefieren un animal que se autocuida y que es limpísimo”.

Beatriz Martín, presidenta de Gatocan, coincide en la necesidad de ser “muy exigentes” al dar un animal en adopción. “Este tipo de gente que busca gatos negros en Halloween, que desgraciadamente la hay, va a sitios donde se los dan sin más”, comenta.

“Nosotros hacemos un cuestionario previo, un contacto, y luego un seguimiento. Esas personas no pasarían el filtro”. “Quienes cometen esas barbaridades no buscan garantías, sino facilidades”, destaca la responsable de esta protectora gallega.

En muchos países, España entre ellos, el gato negro se asocia con la mala suerte y con la brujería. Para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró en Estados Unidos el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre.

Unidas por Fontanar exigirá explicaciones sobre las presuntas infracciones de la Ley de Bienestar animal y el uso de vehículos no autorizados en los encierros de esta localidad de Guadalajara el pasado sábado, denunciados por la Asociación APA Luna Nueva.

Lo harán en un escrito al alcalde Jesús Caballero y también en el próximo pleno municipal. Unidas por Fontanar se ha referido a las imágenes que hizo públicas el ayuntamiento en sus redes sociales. Unas imágenes, comentan, “en las que, en tono laudatorio, se homenajeaban los encierros en la localidad” y en las que se pudo ver cómo varios perros hostigaron al toro durante el festejo taurino.

En opinión de Unidas por Fontanar eso “pone en riesgo la vida de dichas mascotas, e incrementa el estrés del bóvido. También se puede ver cómo los novilleros hostigan al animal con vehículos no autorizados, llegando a embestirlo”, critican.

La formación dice desconocer “qué hacían esos perros en el encierro” y considera que el Ayuntamiento debe dar explicaciones “claras” al respecto.

En 2023, “PACMA también advirtió del hostigamiento a los toros”

La Asociación APA Luna Guadalajara ha sido la primera en alertar de la situación, explica Unidas por Fontanar, aunque señala esta formación que “no es la primera vez que asociaciones en defensa del bienestar animal denuncian irregularidades en los encierros por el campo de nuestra localidad”. En 2023, explican, “PACMA ya advirtió del hostigamiento a los toros por parte de vehículos”.

“El Ayuntamiento de Fontanar debe aplicar estrictamente el reglamento de Castilla La Mancha que regula los encierros por el campo y velar para que los vehículos autorizados para los encierros por el campo realicen su cometido de guiar e intentar asistir a los participantes a pie, nunca azuzar a los animales”, sostiene la formación Unidas por Fontanar. “Su presencia se tiene que limitar estrictamente al cometido de sus funciones, y no como parte del espectáculo”.

En caso de que sea probado que se ha incumplido el reglamento y no sean suficientes las explicaciones, Unidas por Fontanar exigirá que se depuren responsabilidades por “la falta de organización y por dejación de funciones”.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha opinado que peticiones como la de un abogado donostiarra a la Fiscalía de Gipuzkoa para que suspenda cautelarmente el concurso de fuegos artificiales de Semana Grande de la capital guipuzcoana en cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, llevan “casi al absurdo”. En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Goia, preguntado por la citada petición por un periodista, ha confesado que, “sinceramente”, no se esperaba esa pregunta. “No sé lo que dirá la Fiscalía, lo digo sinceramente, pero creo que con algunas cuestiones estamos llegando a un punto que nos lleva ya casi casi al absurdo”, ha opinado según informa Europa Press.

Goia ha confesado que le “sorprenden” peticiones como ésta, de suspender “un festival o un concurso internacional de fuegos artificiales que lleva 60 años entre nosotros” y que forma parte ya “de forma indisoduble” de la Semana Grande donostiarra, y que, además, es un tipo de evento que “no solamente se celebra en esta ciudad”, sino también “en Pamplona, en Bilbao y en muchísimos otros sitios y forma parte de muchas de las manifestaciones festivas”,

“Puedes empezar por ahí y acabar por no hacer absolutamente nada”, ha afirmado. Tras indicar que habrá que ver qué dice la Fiscalía, ha apuntado que opina “parecido” sobre las críticas vertidas por grupos ecologistas hacia otros eventos de la ciudad como el festival Glad is the Day, celebrado el pasado domingo en Cristina Enea con actuaciones musicales, DJs y un mercadillo y que los ecologistas pidieron boicotear por sus daños al citado parque donostiarra. “Es que si hacemos esta consideración y la llevamos al extremo absolutamente, es que no se me ocurre ningún evento que se celebre en la ciudad que pueda tener esas implicaciones y, por lo tanto, pues no sé, igual deberíamos suspender todo”, ha reiterado.

En este contexto, ha señalado que, por ejemplo, este pasado lunes se presentó la regata Plymouth-Donostia que se celebrará el año que viene y “decíamos, entre bromas, pero casi en serio, igual no se debe celebrar porque produce estrés a los peces”.

“Creo que en algunas cosas el sentido de la proporcionalidad suele ser un buen criterio y no sé hasta qué punto lo estamos perdiendo”, ha finalizado.

El Partido Animalista Pacma ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Mérida y la Guardia Civil por la carrera de cuadrigas organizada este jueves por el Consistorio con motivo de la celebración de la fiesta de recreación romana Emerita Lvdica, que en su opinión podría vulnerar la normativa de protección animal.

La formación política considera que esta actividad podría vulnerar, en concreto, la Ley 32/2007 sobre el cuidado de los animales, la Ley 7/2023 de bienestar animal, y la Ley 5/2002 de protección de los animales en Extremadura.

En una nota, ha afirmado que la celebración de este tipo de espectáculos, en los que se utiliza a los animales como herramienta de entretenimiento, “puede provocarles estrés, sufrimiento físico e incluso lesiones graves”. Además, ha criticado que el evento transmite “una imagen anticuada y violenta” del uso de animales en espectáculos públicos.

Ante ello, ha solicitado al Ayuntamiento el acceso al expediente completo del evento, incluyendo detalles sobre las condiciones de alojamiento, transporte, asistencia veterinaria, seguridad y medidas de bienestar para los animales implicados. Asimismo, ha exigido “su cancelación inmediata si se demuestra que no cumple con la legalidad vigente”.

Pacma ha recordado además que las normativas autonómica y estatal prohíben expresamente la utilización de animales en actividades que impliquen maltrato, sufrimiento y tratamientos antinaturales. El partido ha solicitado también que se practiquen diligencias de inspección.

Perdidos o abandonados, y sin ninguna identificación. Aunque la Ley de Bienestar Animal aprobada la pasada legislatura obliga a colocar un microchip en perros, gatos y otros animales domésticos, el 80% de los que acaban en centros de acogida no los llevan. Es una de las conclusiones del primer estudio elaborado con datos oficiales sobre la gestión de los centros de protección animal en España que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales.

Se trata, ha explicado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, de un paso previo para orientar las políticas públicas y la creación de un Plan estatal de Acción contra el Abandono. El informe, elaborado a partir de encuestas a 500 ayuntamientos y 250 entidades de protección, revela que el 95% de los gatos y el 70% de los perros trasladados a estos centros no disponen del chip que permitiría localizar a sus propietarios, lo que dificulta la devolución rápida a sus titulares en casos de extravío. 

Esta identificación es “fundamental” para prevenir su abandono, afirma José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales. La obligatoriedad del uso del chip en perros y gatos, así como otros animales, entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023, e incumplirla puede suponer multas de varios miles de euros.

Más perros que gatos identificados

El informe desvela que la mayoría de los centros de recogida de animales de compañía registraron en 2023 más entradas que salidas en todas las especies acogidas. Este hecho es para Rosa Martínez de especial relevancia, ya que muestra la necesidad de que las entidades locales “reciban apoyo técnico y financiero” para hacer frente a esta problemática.

La normativa en materia de salud pública y la Ley de Bases de Régimen Local, en vigor desde 1985, establece que son los ayuntamientos los responsables de la retirada de animales abandonados en la vía pública. A pesar de ello, solo el 21% de los ayuntamientos dispone de un centro propio de recogida y entre los que no lo tienen, un 42% recurre a un servicio externo para gestionar a los animales. Uno de cada cuatro ayuntamientos (25%) reconoce que no cuentan con ningún medio para atender a los animales.

El perfil de los perros que se encuentran acogidos en los centros es el de un animal adulto, de gran tamaño y de raza mestiza.

La tasa de retención –ejemplares que no se devuelven ni se adoptan– es del 4% en el caso de los perros, mientras que la de los gatos alcanza el 18%, porque apenas un 5% están identificados. La de “otros animales” (donde se incluyen conejos y hurones, entre otros) llega hasta el 19%.

En lo que respecta a los gatos, el 62% de las entradas corresponden a adultos. Los cachorros tienen una mayor salida hacia la adopción, ya que son el 38% de las entradas y suponen casi seis de cada diez adopciones del total.

Los veterinarios españoles se plantan contra la reglas implantadas a partir del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta próxima semana se movilizarán en Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los profesionales castellanomanchegos se sumarán a la protesta para pedir cambios en la normativa que entró en vigor el pasado mes de enero de 2025 y, entre otras cosas, también reclaman reducir el IVA por los servicios que prestan.

Ejercer la profesión veterinaria se ha convertido para muchos profesionales en un trabajo con “un régimen de control administrativo y burocracia excesiva”, según señalan desde Consejo de Colegios Profesionales de Veterinaria de Castilla-La Mancha en un comunicado emitido esta semana.

No gusta la implantación del sistema Presvet, Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos. Es una base de datos que recoge la información de todas las prescripciones de antibióticos realizadas por veterinarios, incluyendo qué prescriben y a quien. Los profesionales consideran una “ imposición” la notificación que deben hacer sobre la prescripción de antimicrobianos en el sistema exigido por la Ley de Sanidad Animal que . En su opinión, les sitúa bajo “un régimen de control administrativo que coarta su autonomía profesional” y que “entorpece la labor diaria de los facultativos”.

Ana García dice que su profesión es “vocacional”. Hablamos con esta veterinaria toledana que se muestra indignada y preocupada tras la entrada en vigor de la normativa. Explica que es un comentario habitual entre otros profesionales con los que se relaciona: “Presvet es la gota que ha colmado el vaso”.

Denuncia que el Real Decreto les obliga a seguir los prospectos de los medicamentos “al pie de la letra, a rajatabla”. Y frente a eso pone un ejemplo: “Imaginemos que un paciente tiene una cistitis, pues aunque yo sepa que ese medicamento es adecuado para tratar esa dolencia, si en el prospecto no pone que pueda aplicarse a esa patología no puedo utilizarlo”. 

Nos cuenta que, a raíz de la entrada de la nueva normativa, resulta “muy duro tener que decir a alguien que no puedo administrar un medicamento a su mascota, que creo conveniente desde el principio, o que tenemos que retrasar el tratamiento”.

“Me agobia muchísimo”. Ana García lo tiene claro a la hora de defender su trabajo y rechazar las medidas: “Lo que queremos es que nuestro paciente mejore cuanto antes, por su bienestar primero, y luego por salud pública, pues no es conveniente tener animales enfermos y sin tratar en nuestra sociedad”.

La veterinaria de Toledo apuesta por el concepto 'One Health, una salud única', no solo en lo que tiene que ver con los animales de ganaderías, sino con los domésticos. “Si nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo, si se nos atan las manos con ciertas cosas... Esto primero lo padecerán nuestros pacientes, pero lo siguiente será que la salud pública se verá afectada”.

No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada

Ana García — Veterinaria de Toledo

Los veterinarios también rechazan el mantenimiento del 21% de IVA aplicado sus servicios porque creen que provoca el encarecimiento de los tratamientos y limita el acceso a ellos a personas con bajos recursos. La organización colegial considera que “penaliza la salud, el bienestar animal y, por tanto, a la salud pública”, además de “pasar a ser un artículo de lujo”.

“No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada”, apostilla Ana García. “Si los tratamientos se encarecen van a provocar que un problema puntual se convierta en algo global para la salud pública”.

Los veterinarios también rechazan el “régimen sancionador en caso de error o falta de comunicación, que supone multas de más de un millón de euros”. Algo que consideran “desproporcionado”.

El Ministerio de Agricultura dice que “han tenido tiempo para prepararse”

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende el sistema Presvet y rechaza las críticas. “Es un sistema de recogida de información y no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario”.

En su opinión, la norma “no es nueva ni desconocida para el colectivo veterinario ni para sus representantes”, a preguntas de elDiarioclm.es. Fuentes de este departamento recuerdan que el decreto se publicó en en julio de 2023, que no entraba en vigor hasta el pasado 2 de enero y que “los veterinarios de mascotas conocían la obligación de transmitir la información requerida desde año y medio antes, por lo que han tenido tiempo para prepararse”.

Las mismas fuentes explican que, durante el último trimestre de 2024, ha estado a disposición de estos profesionales un módulo de pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema y adaptar sus propios sistemas informáticos o que el decreto se sometió a un proceso de consulta previa, “durante el que no se recibió ni una sola alegación sobre el sistema Presvet”.

La obligación que rige desde 2023, se había empezado a aplicar cuatro años antes para los animales de consumo humano entre otros los cerdos, vacas, cabras u ovejas entre otros. “Los veterinarios españoles llevan transmitiendo las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y en estos momentos la base de datos y todo el sistema de transmisión de información funciona con total normalidad. Es un sistema conocido y rodado, que funciona correctamente”, sostiene el ministerio del ramo.

También rechaza el argumento de una mayor carga administrativa porque “en el caso de los pequeños animales, la casi totalidad de las actuaciones se realizan en una clínica que dispone de sistemas informáticos” y además, “el único paso adicional necesario es transmitirla desde el ordenador al sistema Presvet”. En este sentido Agricultura argumenta que solo se requiere “una adaptación del sistema informático de envío de información” y dice que hay programas comerciales para hacerlo.

Sobre las sanciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que cuando se puso en marcha el mismo sistema para animales de granja, ya se observó que era necesario graduar las sanciones iniciales en función de si la falta de comunicación era reiterada o no. El cambio está actualmente en tramitación parlamentaria.

Objetivo, reducir el uso de antibióticos en el ámbito veterinario

Otro de los argumentos que maneja el ministerio en la defensa de la normativa es que “trata de dar respuesta a un problema de salud pública de primer orden: la resistencia a los antibióticos, como consecuencia de un uso excesivo y no prudente de estos”.

Aporta cifras. La resistencia a los antibióticos es responsable de miles de muertes a nivel mundial. Se estiman alrededor de 33.000 anuales en la Unión Europea y unas 4.000 en España, con un gasto derivado de unos 150 millones de euros.

“La lucha contra esta lacra mundial es una absoluta prioridad política para cualquier Gobierno, y desde luego para el de España”, explican desde el ministerio, que recuerda que la vigilancia del consumo de antibióticos en veterinaria ha formado parte de los planes estratégicos y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos, aprobados en España desde al año 2014. El último vio la luz en la Conferencia Sectorial de Agricultura con unanimidad de todas las comunidades autónomas, el pasado mes de diciembre.

Para el Gobierno central, “la única solución es la utilización prudente de los antibióticos y, por tanto, reducir su uso innecesario” y argumenta que sistemas como Presvet “introducen una mayor conciencia de los profesionales, y tienen en sí mismo un efecto favorable en el uso prudente de los antibióticos, ya que también da a los profesionales información que les permite comparar y tomar decisiones”.

Sostiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que Presvet “ha tenido un impacto muy positivo en el uso prudente de antibióticos, con una reducción del 52,8 % desde el año el año 2020” y que los sectores ganadero y veterinario español “están contribuyendo ya de una manera muy positiva a resolver el problema y se ven signos positivos en los microrganismos que se utilizan como indicadores en veterinaria”. 

En los últimos días, varios medios y redes sociales han difundido información sobre un supuesto impuesto que los propietarios de perros tendrían que pagar a partir de 2025. Este tema, que ha generado confusión y preocupación entre los dueños de mascotas, carece de base legal y responde más a un malentendido que a una medida real.

La raíz de esta información errónea parece estar en la interpretación equivocada de ciertas normativas relacionadas con la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023. Esta legislación busca garantizar un trato adecuado a los animales, estableciendo requisitos para tenencia responsable, pero ningún apartado menciona la creación de una tasa específica para las mascotas.

Requisitos actuales para los propietarios de mascotas

Entre los aspectos destacados de la Ley de Bienestar Animal se encuentra la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para los perros. Este seguro tiene como objetivo cubrir los daños que el animal pueda causar a terceros, asegurando así una tenencia responsable y una convivencia adecuada en los entornos sociales.

El requisito se aplica a todos los propietarios de perros, independientemente de la raza o tamaño del animal. Aunque algunos seguros del hogar ya incluyen esta cobertura, es importante que los dueños consulten con su aseguradora para confirmar que su póliza cumple con la normativa vigente. En caso de no estar incluido, será necesario contratar un seguro específico para cumplir con esta disposición legal.

A nivel estatal, no se contempla la existencia de un impuesto para quienes tengan mascotas.

El caso del supuesto “impuesto para perros” es un ejemplo más de cómo la desinformación puede extenderse rápidamente. Para evitar caer en este tipo de engaños, es fundamental verificar las fuentes de la información y consultar directamente los textos legales o comunicados oficiales.

Además, las consultas a veterinarios y asociaciones protectoras de animales pueden proporcionar una visión clara y precisa sobre los requisitos actuales para los dueños de mascotas.

La importancia de la tenencia responsable

Más allá de los rumores sobre impuestos inexistentes, la tenencia responsable de mascotas sigue siendo un tema central en el debate sobre el bienestar animal. Adoptar un perro implica compromisos económicos y emocionales que van más allá del cumplimiento de la normativa legal.

Los propietarios deben asumir gastos regulares relacionados con alimentación, cuidados veterinarios y vacunas, así como invertir tiempo en el entrenamiento y la socialización del animal. Este compromiso asegura una convivencia armónica y mejora la calidad de vida tanto de la mascota como de su entorno.

La proliferación de noticias falsas no solo genera confusión, sino que también distrae de los temas realmente importantes relacionados con el bienestar animal. La responsabilidad individual y la educación son herramientas clave para combatir la desinformación y promover un trato digno hacia las mascotas.

Es importante que los propietarios de perros sigan algunas recomendaciones para estar bien informados y evitar preocupaciones innecesarias:

El supuesto “impuesto para perros” que comenzaría a aplicarse en 2025 no tiene fundamento en la normativa vigente. Se trata de un malentendido, que ha sido amplificado por la desinformación y que subraya la importancia de acudir a fuentes fiables para resolver dudas legales. Hace seis años, el Ayuntamiento de Zamora recuperó una tasa municipal por tenencia de perros, que posteriormente anuló. Y es una propuesta recurrente en las consultas ciudadanas que realizan los ayuntamientos, sin que a día de hoy haya tenido plasmación legal.

La tenencia responsable de mascotas, más allá de los rumores, sigue siendo la clave para garantizar el bienestar de los animales y una convivencia adecuada en la sociedad.

Tu mascota puede darte muchas alegrías, pero no te dará ninguna relacionada con Hacienda. En los últimos días han aparecido en redes sociales y algunos medios de comunicación bulos afirmando que, gracias a la Ley de Bienestar Animal, ciertos gastos veterinarios pueden desgravarse en la próxima declaración de la Renta. Aunque esta norma que entró en vigor en septiembre de 2023 ha traído nuevos derechos para los más peludos de la casa, la ley no incluye ventajas fiscales para sus dueños.

La Ley de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) no contempla deducciones a particulares por las facturas del veterinario. En otras palabras, estos gastos no van a reducir el saldo total de impuestos que debemos pagar a nivel estatal. Tampoco hay suerte con los impuestos de las Comunidades Autónomas: “No existe ninguna deducción en la declaración de la Renta para gastos veterinarios, igual que tampoco se contempla ninguna deducción para los gastos médicos de una persona”, explican a elDiario.es desde Accecop Asesoría.

Si tu mascota está asegurada, tampoco podrás deducir este gasto en la declaración de la Renta. Sea el tipo de seguro que sea –veterinario, de responsabilidad civil, mixto– no te aportará ningún tipo de ventaja fiscal: “No hay forma de que se establezca ninguna deducción”, abundan desde la asesoría.

¿Quién puede decucir sus gastos veterinarios?

Tus animales de compañía no reducirán tus cuentas con Hacienda, ¿y tus animales de trabajo? Aunque los propietarios particulares de una mascota no pueden desgravar ningún tipo de gasto veterinario a Hacienda, los autónomos pueden deducir gastos veterinarios derivados de su actividad: “Los animales deben ser necesarios para el desarrollo de la actividad, o que formen parte de la actividad económica”, explican desde Accecop.

Por ejemplo, ganaderos, empresas con perros guardianes, dueños de hoteles caninos y veterinarios sí pueden deducir este tipo de gastos: “En el caso de los hoteles de animales, entendemos que podrán deducir la visita del veterinario”, dicen desde Accecop. “Cualquier gasto que necesiten para conseguir ingresos a posteriori será apto para una deducción”, resumen desde la asesoría. “Por el contrario, un gasto innecesario o que no esté vinculado con la actividad del negocio no va a desgravar”, matizan.

Los autónomos que cumplan estas condiciones también podrían deducir el seguro de los animales que formen parte de su actividad económica: “Deberían poder deducir sus seguros de responsabilidad civil o el negocio”, señala Accecop. En resumidas cuentas, un autónomo sí podría deducir el IVA de sus gastos veterinarios o del seguro si los animales forman parte de su negocio.

Pero si se trata de un asalariado, la cosa cambia. Y es que estas deducciones solo se aplican a los ingresos derivados de las actividades económicas. En el caso de un asalariado cuyos ingresos se consideran rendimientos del trabajo, de ninguna manera les dresgravará los gastos de los animales a su cargo, aunque formen parte de su actividad económica. En la actualidad, ni el Estado ni ningún gobierno autonómico tienen establecidas deducciones para asalariados de los gastos veterinarios o del seguro de sus animales en la declaración de la Renta.

Cómo deducir los gastos veterinarios en la declaración de la Renta

Ahora que sabemos que es posible que los gastos veterinarios desgraven en la Renta de un autónomo, queda por saber cómo pueden incluir esas cifras en la Renta. Si eres autónomo y dudas sobre cómo documentar este tipo de gastos para luego presentarlos en la Renta, puedes consultar con un profesional.

“En principio lo que se necesita para deducir un gasto simple es que exista una factura”, recuerdan desde Accecop. “En ocasiones Hacienda pide que se le presente también el justificante de pago de esa factura. Con eso debería ser suficiente”, abundan. Es por ello que es vital solicitar y guardar todas las facturas hasta que llegue el momento de presentarlas.

Por último, debes asegurarte de que el gasto ha sido registrado en tu contabilidad de autónomo. Una vez aportadas todas las cuentas, la deducción se aplica en la autoliquidación trimestral del IVA. 

Es triste, pero en nuestra ciudad el 'bienestar animal' seguirá sin poder escribirse con 'b' de Bilbao. A finales del pasado mes, el Gobierno dio su primer paso para la aprobación definitiva de la que será la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía. Definitivamente, un nombre muy largo para una herramienta jurídica muy corta, que no aborda con rigurosidad el reto del bienestar animal dentro de la ciudad. 

El Gobierno municipal de Bilbao ha dejado pasar la oportunidad política de poder dotarnos de una normativa actualizada en materia de bienestar animal. En este sentido, no han querido aprovechar los avances en materia de derechos animales que se dieron con la aprobación en el año 2022 de la ley vasca de protección animal y el año pasado con la aprobación de la ley estatal de bienestar y derechos de los animales. Una vez más, este Gobierno no ha sabido ver el actual 'sentir social', en el que cada vez son más las personas que empatizan y defienden los derechos de los animales, tengan o no animales de compañía. Por ello, no podemos entender que este Ayuntamiento apruebe una ordenanza municipal que básicamente se distingue por desproteger a los animales y, sobre todo, por liberar de responsabilidades a nuestra institución local. 

En este sentido, no es exagerado decir que nos encontramos ante una ordenanza de “malestar animal”, una ordenanza que deja en muy mal lugar a nuestro Ayuntamiento bilbaíno, al evidenciar una total falta de empatía hacia los animales con los que convivimos en nuestro ecosistema urbano. Con esta ordenanza Bilbao nunca podrá ser una ciudad amiga de los animales, porque en la práctica los desprecia y abandona a su suerte, de una manera, a nuestro entender, intolerable. Sin duda, no podemos olvidar que la forma en que tratamos a los animales refleja nuestra forma de ser, también como sociedad. En este sentido, respetar los derechos animales es fundamental si de verdad queremos construir una sociedad cuidadora y justa.

Si nos fijamos en algunos aspectos concretos de la ordenanza propuesta por el PNV y el PSE-EE, desprotege a los animales de la ciudad porque deja fuera de su ámbito de aplicación a los animales urbanos, como a las aves. Además y esta cuestión supone un tema fundamental, la ordenanza propuesta desprotege a la gran mayoría de los gatos comunitarios, ¿por qué van a cuidar a unos gatos y a otros no? ¿Por qué sólo se van a ocupar de la gestión de las colonias felinas reconocidas? Desde el punto de vista ético, no se pueden hacer diferencias entre colonias urbanas. Por esto mismo, denunciamos que esta normativa dejará en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao. Actuar así no tiene ningún sentido, todo el mundo sabe que si se esterilizan a unos gatos y se deja a otros reproducirse, no se controlan las poblaciones y se contribuye al aumento descontrolado del número de gatos callejeros.

Decía al principio de este artículo, que esta propuesta de ordenanza exime de responsabilidades al Ayuntamiento. Básicamente porque con la nueva norma se desentienden de todo lo que pueden en base a las legislaciones vigentes. Da la sensación de que no quieren trabajar en la defensa de los animales y es por ello que interpretan las leyes superiores a su antojo, olvidando sistemáticamente el beneficio de los animales. 

Por último y a modo de ejemplo paradigmático, con esta ordenanza el Gobierno municipal de Bilbao pretenden recoger de la vía pública sólo los animales extraviados, por eso mismo nos preguntamos: ¿qué va a pasar con los animales abandonados una vez se apruebe la ordenanza? Evidentemente, no pueden saber si un animal que está en la calle está perdido o abandonado si no investigan su situación. Por ello, dar por extravío —como proponen— toda presencia de animales en la vía pública puede ocultar un posible delito de abandono. 

En definitiva y por todo lo descrito, nos encontramos ante un despropósito de normativa municipal que en la práctica puede desproteger a los animales de nuestro ecosistema bilbaíno. Sin duda, a este Gobierno municipal le interesan poco las vidas animales y en coherencia con sus desprecios gubernamentales, durante el proceso de elaboración de esta normativa, han ignorado sistemáticamente a los colectivos y asociaciones animalistas de nuestro territorio. En este sentido, ahora llega el momento administrativo de las alegaciones ciudadanas y seguro que serán muchos los aportes animalistas, aunque mucho nos tememos, que por parte del Gobierno de la ciudad, solo seguirán recibiendo palabras o excusas vacías de contenido. Mientras tanto y nunca mejor dicho ¡un ronroneo vale más que mil de sus palabras!

“La imatge amb què ens vam trobar va ser dantesca”. Guillermo Amengual recorda amb horror la tarda que, després de l'avís de diversos veïns, va anar a una finca amb animals als afores de Palma. Li havien advertit de la presència d'animals en pèssim estat, però el que va veure ho va deixar sense respiració: “Ovelles moribundes a les quals els quedaven poques hores de vida, olor nauseabunda per la retirada d'algun cadàver a les últimes hores i ossos d'animals per la finca”. En total, fins a dos-cents animals, la majoria en males condicions, i dos cadàvers en descomposició. El president del partit animalista Progreso en Verde, immediatament, va posar els fets en coneixement de les autoritats locals, encara que lamenta que les institucions “es creuen de braços davant dels casos de maltractament, tortura o mort dels animals”.

El propietari, de 84 anys, ja ha estat denunciat en ocasions anteriors i acumula més de 60.000 euros en multes, d'acord amb les dades proporcionades pel Progrés en Verd i pel Govern balear. De fet, segons les indagacions del partit animalista, aquest terreny ubicat entre les barriades de Son Roca i La Vileta ha arribat a ser utilitzat com a escorxador clandestí sense cap mena de garantia sanitària, i el seu amo també s'ha dedicat a la venda de rucs criats dins del recinte. “Com és possible que es permeti morir els animals a les finques de suposats ramaders? Morts per desnutrició o malalties que es denuncien any rere any sense que passi res. I quan apareixen els responsables de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, resulta que tot està bé. Què amaguen? A qui protegeixen?”, es pregunta Amengual.

Avís: aquesta notícia conté fotos que mostren patiment animal

L'activista recrimina la lentitud amb què, “per desgràcia”, es tramiten els processos judicials contra aquest tipus de casos. Tot i així, la seva pretensió és sobretot una: la confiscació de tots els animals vius del terreny i la inhabilitació del propietari per a la tinença de qualsevol tipus d'animal. “Aquesta persona no pot tenir més animals perquè ja hem vist el resultat. Ja no és una vegada ni dos, sinó uns quants anys fent el mateix”, recrimina en declaracions a elDiario.es. El president de Progreso en Verde critica que el propietari del terreny “no sembla que hagi escarmentat, sinó tot al contrari”. Ara com ara, des de l'entitat es mantenen pendents que els veïns informin de si es produeix algun moviment més o si hi torna a haver animals “per poder actuar de seguida” i “evitar que més animals morin”.

Com és possible que es permeti morir els animals a les finques de suposats ramaders? Morts per desnutrició o malalties que es denuncien any rere any sense que passi res. I quan apareixen els responsables de la Conselleria dAgricultura i Pesca, resulta que tot està bé. Què amaguen? A qui protegeixen?

Guillermo Amengual — President de Progreso en Verde

Infraccions “molt subjectes a interpretació”

En concret, les normatives que s'apliquen a l'hora de fer les inspeccions pertinents en aquests terrenys d'animals de producció, tant les relatives al programa de control amb què compta el Govern com les derivades de les denúncies interposades per veïns o animalistes, són la Llei 348/ 2000 de protecció dels animals en explotacions ramaderes, així com la 32/2007 per a la cura dels animals, a la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. A partir d'aquí, cada sector ramader té el seu propi decret d'ordenació amb les normes específiques de benestar animal, cosa que no passa amb els àmbits oví i caprí, com assenyala en declaracions a elDiario.es el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, que assevera que en aquests casos les infraccions “estan molt subjectes a interpretació” i “a vegades resulta difícil qualificar-les com a lleus, greus o molt greus”.

“El que nosaltres apliquem és un criteri que és l'anàlisi de risc: quan fem una inspecció per primera vegada a una explotació guanyadora que no té un historial previ d'infraccions i veiem coses que no estan del tot correctes, s'aplica una infracció lleu. Però, evidentment, si reitera en el temps, s'aplica un criteri de risc i es va elevant la categoria de la infracció, encara que els fets siguin els mateixos”, explica Fernández, especialista en polítiques agràries, desenvolupament rural i sobirania alimentària. És el cas, en concret, de la finca de la Vileta. “Hi ha gent que no hauria de tenir animals”, abunda el director general, que apunta que en els casos més greus es retira al propietari el codi d'explotació de producció i reproducció.

El que nosaltres apliquem és un criteri que és l'anàlisi de risc: quan fem una inspecció per primera vegada a una explotació guanyadora que no té un historial previ d'infraccions i veiem coses que no són del tot correctes, s'aplica una infracció lleu. Però, evidentment, si reitera en el temps s'aplica un criteri de risc i es va elevant la categoria de la infracció, encara que els fets siguin els mateixos

Fernando Fernández — Director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Davant les crítiques de Progreso en Verde que, després de la seva denúncia, diversos dels animals del terreny de la Vileta han desaparegut, Fernández reconeix que així ha passat amb alguns dels exemplars, però “no amb tots”. De fet, explica que el que sí que va fer el propietari després que els fets transcendissin públicament va ser regularitzar-los “d'un dia per l'altre”. “Però també la gent ha de saber que quan de cop arriba un senyor i regularitza un munt d'animals de cop, se suposa que ja tenia una explotació [de forma irregular] i això ja comporta sanció”, afegeix. De moment, l'expedient obert contra l'amo de la finca està pendent de resolució.

La “finca de l'horror” de Palma “no és l'única”

Amengual lamenta que, els darrers anys, aquest “cementiri d'animals” no és l'únic detectat a Mallorca. Un dels casos més “flagrants”, recorda, es va produir el 2017 a una altra finca de Palma, a la barriada de sa Indioteria. Diversos veïns van denunciar la presència, en ple estiu, de més de vint ovelles abandonades i desnodrides, gairebé sense aigua i aliment. El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil es va personar immediatament a la zona i va emplaçar el propietari dels animals a proporcionar-los abeuradors i cobertes perquè les ovelles poguessin protegir-se de les elevades temperatures. Tot i això, els agents van exposar que no n'havien apreciat cap delicte per maltractament animal mentre els tècnics de Benestar Animal van certificar que els ovins es trobaven en bon estat, tal com va informar al seu dia el diari Última Hora.

Després del precinte de la finca i la retirada de les ovelles, des de l'associació Rescatando Juntos Mallorca van fer públic, mitjançant fotografies, que l'amo del solar havia recuperat els animals: ara eren esquilats, amb les orelles marcades, amb menjar i pasturant en una zona propera. “L'aigua, això sí, segueix el sol”, criticaven des de l'entitat, fent veure que el Govern havia “fet complir el protocol que estableix la llei”, però advertint: “Seguirem vigilant-les i pendents d'aquest cas molt de prop”. Tot seguit agraïen la tasca dels qui s'havien ocupat de denunciar el cas davant de les autoritats.

El 2021, Progreso en Verde va denunciar una altra “finca dels horrors” al Port d'Andratx en què asseguraven que “s'estava deixant morir de gana a les ovelles” malgrat les múltiples denúncies que, afirma l'entitat, acumulava el seu propietari per part d'animalistes i veïns, que “fins i tot es van mobilitzar per donar-los menjar i proporcionar-los aigua”, tal com recorda Amengual.

“Què està passant perquè el propietari d'una finca on hi ha desenes d'animals i se'ls abandona fins a morir de gana surti sempre indemne de tal situació? Per què se'l protegeix tant? Quins contactes té perquè no li passi absolutament res?”, es preguntava llavors Amengual, que assenyalava que les primeres denúncies interposades contra l'amo del terreny dataven de l'any 2017. De la mateixa manera, un any després Progreso en Verde va informar d'un altre solar a la localitat de Campanet al que “es deixava morir les ovelles de gana o malaltia”.

Tot i haver estat multades per la tinença d'animals en mal estat, Amengual incideix que les sancions econòmiques “no resolen el problema”. “Estem denunciant que s'ha deixat morir animals en unes condicions deplorables, per gana, set o malalts. Són moltes les finques que s'han denunciat i el patró sempre és el mateix. Al final són animals en mal estat, que moren, veïns que es mobilitzen perquè veuen que els animals no poden més i nombroses denúncies que acaben en simples sancions”, lamenta.

Sobre això, el director general d'Agricultura assenyala que el paper tant els tècnics com d'ell no és “deixar-se portar ni per l'alarmisme o per la manera de veure les coses de les associacions ni, per descomptat, pel que digui el propietari de l'explotació”. “Intento mantenir una posició una mica més equànime entre una cosa i una altra. Això no és una inacció. Hi ha uns programes de control que apliquem i responem sempre a totes les denúncies que ens plantegen les associacions, els particulars, els ajuntaments o el Seprona. Sempre obrim els procediments d'inspecció i, quan pertoca, sempre elevem els procediments d'inspecció a infraccions”, comenta.

El meu paper i el dels tècnics és no deixar-nos portar ni per l'alarmisme o per la manera de veure les coses de les associacions ni, per descomptat, pel que digui el propietari de l'explotació. Intento mantenir una posició una mica més equànime entre una cosa i una altra. Això no és una inacció

Fernando Fernández — Director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Amb tot, fa referència a dues problemàtiques a què s'enfronten: una, que els períodes de prescripció de les infraccions lleus, com el fet de no tenir actualitzat el llibre d'explotació ramadera, són “extremadament” curts -sis mesos- perquè les infraccions arribin moltes vegades a substanciar-se. La segona, el fet que nombroses vegades els expedients oberts per la Conselleria acabin arxivats per la via penal. “En molts casos, els jutges acaben dictant sentències absolutòries perquè no està prou demostrat el dol o la culpa de les persones imputades”, incideix Fernández, que assenyala que de vegades el seu departament opta per no acudir als tribunals per evitar la paralització dels procediments sancionadors, així com per impedir que les denúncies “acabin en res”.

En aquest sentit, el responsable d'Agricultura apel·la, “sense ànim de voler interferir” en l'acció judicial, a la necessitat que els jutges comptin “amb una major formació en matèria de benestar animal” per poder tractar amb eficiència aquests assumptes, en tractar-se d'àmbits “en què la societat va avançant molt ràpidament”.

“La imagen con la que nos encontramos fue dantesca”. Guillermo Amengual recuerda con horror la tarde en que, tras el aviso de varios vecinos, acudió a una finca con animales en las afueras de Palma. Le habían advertido de la presencia de animales en pésimo estado, pero lo que vio lo dejó sin respiración: “Ovejas moribundas a las que les quedaban pocas horas de vida, olor nauseabundo por la retirada de algún cadáver en las últimas horas y huesos de animales por la finca”. En total, hasta doscientos animales en malas condiciones y dos cadáveres en descomposición. El presidente del partido animalista Progreso en Verde, de inmediato, puso los hechos en conocimiento de las autoridades locales, aunque lamenta que las instituciones “se cruzan de brazos ante los casos de maltrato, tortura o muerte de los animales”.

El propietario, de 84 años, ya ha sido denunciado en ocasiones anteriores y acumula más de 60.000 euros en multas, de acuerdo a los datos proporcionados por Progreso en Verde y por el Govern balear. De hecho, según las pesquisas del partido animalista, este terreno ubicado entre las barriadas de Son Roca y La Vileta ha llegado a ser utilizado como matadero clandestino sin ningún tipo de garantía sanitaria, y su dueño también se ha dedicado a la venta de burros criados dentro del recinto. “¿Cómo es posible que se permita morir a los animales en las fincas de supuestos ganaderos? Muertes por desnutrición o enfermedades que se denuncian año tras año sin que pase nada. Y cuando aparecen los responsables de la Conselleria de Agricultura y Pesca, resulta que todo está bien. ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?”, se pregunta Amengual.

Aviso: esta noticia contiene fotos que muestran sufrimiento animal

El activista recrimina la lentitud con la que, “por desgracia”, se tramitan los procesos judiciales contra este tipo de casos. Con todo, su pretensión es sobre todo una: la incautación de todos los animales vivos del terreno y la inhabilitación del propietario para la tenencia de cualquier tipo de animal. “Esta persona no puede tener más animales porque ya hemos visto el resultado. Ya no es una vez ni dos, sino varios años haciendo lo mismo”, recrimina en declaraciones a elDiario.es. El presidente de Progreso en Verde critica que el dueño del terreno “no parece que haya escarmentado, sino todo lo contrario”. Por ahora, desde la entidad se mantienen pendientes de que los vecinos informen de si se produce algún movimiento más o si vuelve a haber animales “para poder actuar enseguida” y “evitar que más animales mueran”.

¿Cómo es posible que se permita morir a los animales en las fincas de supuestos ganaderos? Muertes por desnutrición o enfermedades que se denuncian año tras año sin que pase nada. Y cuando aparecen los responsables de la Conselleria de Agricultura y Pesca, resulta que todo está bien. ¿Qué ocultan? ¿A quién protegen?

Guillermo Amengual — Presidente de Progreso en Verde

Infracciones “muy sujetas a interpretación”

En concreto, las normativas que se aplican a la hora de realizar las inspecciones pertinentes en estos terrenos, tanto las relativas al programa de control con el que cuenta el Govern como las derivadas de las denuncias interpuestas por vecinos o animalistas, son la Ley 348/ 2000 de protección de los animales en explotaciones ganaderas, así como la 32/2007 para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio. A partir de ahí, cada sector ganadero tiene su propio decreto de ordenación con sus normas específicas de bienestar animal, algo que no sucede con los ámbitos ovino y caprino, como señala en declaraciones a elDiario.es el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Ruralca, Fernando Fernández, quien asevera que en estos casos las infracciones “están muy sujetas a interpretación” y “a veces resulta difícil calificarlas como leves, graves o muy graves”.

“Lo que nosotros aplicamos es un criterio que es el análisis de riesgo: cuando vamos a hacer una inspección por primera vez a una explotación ganadora que no tiene un historial previo de infracciones y vemos cosas que no están del todo correctas, se aplica una infracción leve. Pero, evidentemente, si reitera en el tiempo, se aplica un criterio de riesgo y se va elevando la categoría de la infracción, aunque los hechos sean los mismos”, explica Fernández, especialista en políticas agrarias, desarrollo rural y soberanía alimentaria. Es el caso, en concreto, de la finca de La Vileta. “Hay gente que no debería tener animales”, abunda el director general, quien apunta que en los casos más graves se retira al propietario el código de explotación de producción y reproducción.

Lo que nosotros aplicamos es un criterio que es el análisis de riesgo: cuando vamos a hacer una inspección por primera vez a una explotación ganadora que no tiene un historial previo de infracciones y vemos cosas que no están del todo correctas, se aplica una infracción leve. Pero, evidentemente, si reitera en el tiempo se aplica un criterio de riesgo y se va elevando la categoría de la infracción, aunque los hechos sean los mismos

Fernando Fernández — Director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ante las críticas de Progreso en Verde de que, tras su denuncia, varios de los animales del terreno de La Vileta han desaparecido, Fernández reconoce que así ha sucedido con algunos de los ejemplares, pero “no con todos”. De hecho, explica que lo que sí hizo el propietario después de que los hechos trascendieran públicamente fue regularizarlos “de un día para otro”. “Pero también la gente tiene que saber es que cuando de pronto llega un señor y regulariza un montón de animales de golpe, se supone que ya tenía una explotación [de forma irregular] y eso ya conlleva sanción”, añade. Por el momento, el expediente abierto contra el dueño de la finca se encuentra pendiente de resolución. 

La “finca del horror” de Palma “no es la única”

Amengual lamenta que, en los últimos años, este “cementerio de animales” no es el único detectado en Mallorca. Uno de los casos más “flagrantes”, recuerda, se produjo en 2017 en otra finca de Palma, en la barriada de sa Indioteria. Varios vecinos denunciaron la presencia, en pleno verano, de más de veinte ovejas abandonadas y desnutridas, sin apenas agua y alimento. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se personó de inmediato en la zona y emplazó al propietario de los animales a proporcionarles bebederos y cubiertas para que las ovejas pudieran protegerse de las elevadas temperaturas. Sin embargo, los agentes expusieron que no habían apreciado ningún delito por maltrato animal mientras los técnicos de Bienestar Animal certificaron que los ovinos se hallaban en buen estado, tal como informó en su día el diario Última Hora.

Tras el precinto de la finca y la retirada de las ovejas, desde la asociación Rescatando Juntos Mallorca hicieron público, mediante fotografías, que el dueño del solar había recuperado los animales: ahora se encontraban esquilados, con las orejas marcadas, con comida y pastando en una zona próxima. “El agua, eso sí, sigue al sol”, criticaban desde la entidad, haciendo ver que el Govern había “hecho cumplir el protocolo que establece la ley”, pero advirtiendo: “Vamos a seguir vigilándolas y pendientes de este caso muy de cerca”. Acto seguido agradecían la labor de quienes se habían ocupado de denunciar el caso ante las autoridades.

En 2021, Progreso en Verde denunció otra “finca de los horrores” en el Port d'Andratx en la que aseguraban que “se estaba dejando morir de hambre a las ovejas” a pesar de las múltiples denuncias que, afirma la entidad, acumulaba su propietario por parte de animalistas y vecinos, que “incluso se movilizaron para darles de comer y proporcionarles agua”, tal como recuerda Amengual. 

“¿Qué está pasando para que el propietario de una finca donde hay decenas de animales y se les abandona hasta morir de hambre salga siempre indemne de tal situación? ¿Por qué se le protege tanto? ¿Qué contactos tiene para que no le pase absolutamente nada?”, se preguntaba entonces Amengual, quien señalaba que las primeras denuncias interpuestas contra el dueño del terreno databan del año 2017. De igual forma, un año después Progreso en Verde informó de otro solar en la localidad de Campanet en el que “se dejaba morir a las ovejas de hambre o enfermedad”.

Pese a haber sido multadas por la tenencia de animales en mal estado, Amengual incide en que las sanciones económicas “no resuelven el problema”. “Estamos denunciando que se ha dejado morir a animales en unas condiciones deplorables, por hambre, sed o enfermos. Son muchas las fincas que se han denunciado y el patrón siempre es el mismo. Al final son animales en mal estado, que mueren, vecinos que se movilizan porque ven que los animales no pueden más y numerosas denuncias que acaban en simples sanciones”, lamenta.

Al respecto, el director general de Agricultura señala que el papel tanto los técnicos como de él no es “dejarse llevar ni por el alarmismo o por la forma de ver las cosas de las asociaciones ni, por supuesto, por lo que diga el propietario de la explotación”. “Trato de mantener una posición un poco más ecuánime entre una cosa y otra. Eso no es una inacción. Hay unos programas de control que aplicamos y respondemos siempre a todas las denuncias que nos plantean las asociaciones, los particulares, los ayuntamientos o el Seprona. Siempre abrimos los procedimientos de inspección y, cuando corresponde, siempre elevamos los procedimientos de inspección a infracciones”, comenta.

Mi papel y el de los técnicos es el de no dejarnos llevar ni por el alarmismo o por la forma de ver las cosas de las asociaciones ni, por supuesto, por lo que diga el propietario de la explotación. Trato de mantener una posición un poco más ecuánime entre una cosa y otra. Eso no es una inacción

Fernando Fernández — Director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Con todo, alude a dos problemáticas a las que se enfrentan: una, que los periodos de prescripción de las infracciones leves, como el hecho de no tener actualizado el libro de explotación ganadera, son “extremadamente” cortos -seis meses- para que las infracciones lleguen muchas veces a sustanciarse. La segunda, el hecho de que numerosas veces los expedientes abiertos por la Conselleria acaben archivados por la vía de lo penal. “En muchos casos, los jueces acaban dictando sentencias absolutorias porque no está suficientemente demostrado el dolo o la culpa de las personas imputadas”, incide Fernández, quien señala que en ocasiones su departamento opta por no acudir a los tribunales para evitar la paralización de los procedimientos sancionadores, así como para impedir que las denuncias “acaben en nada”. 

En este sentido, el responsable de Agricultura apela, “sin ánimo de querer interferir” en la acción judicial, a la necesidad de que los jueces cuenten “con una mayor formación en materia de bienestar animal” para poder tratar con eficiencia estos asuntos, al tratarse de ámbitos “en los que la sociedad va avanzando muy rápidamente”. 

La patrulla del Seprona de Brihuega, en Guadalajara, ha detenido a un varón, vecino de la localidad de Romancos, como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora, fauna y animales domésticos. Habría apaleado a un perro hasta la muerte, después de atraparlo en un lazo.

Según informa la Guardia Civil, las actuaciones de los agentes que localizaron el animal escondido entre unas zarzas, junto con los informes veterinarios y las declaraciones de los testigos de los hechos, habrían llevado finalmente a la detención de esta persona como supuesto autor de la muerte del animal.

El detenido había sido denunciado en numerosas ocasiones por los agentes del Seprona por la comisión de diferentes infracciones relacionadas con el bienestar animal y la protección del medio ambiente.

Desde la Guardia Civil indican que, aunque la tendencia se ha reducido considerablemente en los últimos años, estas situaciones de maltrato animal con manifestaciones de crueldad o ensañamiento hacia los animales, muchas de ellas con resultado de muerte, se siguen produciendo en algunos lugares de nuestra geografía.

Penas de prisión

Las conductas de maltrato y abandono de animales domésticos están recogidas en el artículo 340 del Código Penal y llevan aparejadas penas de prisión de hasta 24 meses, además de la inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión que tenga relación con los animales y para la tenencia de los mismos.

Por otro lado, la Guardia Civil recuerda que la tenencia de los animales domésticos está regulada en las diferentes legislaciones de las comunidades autónomas, donde se específica todo lo referente a sus cuidados, higiene, documentación, vacunaciones así como la tipificación de las infracciones y sus sanciones.

Rescate de nueve cachorros en Ciudad Real

Por otra parte, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de Ciudad Real rescataron a una perra y sus nueve cachorros del interior de una arqueta de desagüe de un camino rural en la localidad de Alcubillas. A raíz de un aviso vecinal, se encontró al animal, supuestamente abandonado, que deambulaba por las inmediaciones del pueblo. Los agentes encontraron posteriormente a los nueve cachorros, que fueron rescatados de la arqueta para “evitar una muerte segura, por el previsible ahogamiento de los animales”.

 Para realizar el rescate se tuvieron que utilizar pértigas y lazos para poder capturarlos, con motivo de la profundidad en la que se encontraban los animales y la estrechez de la arqueta.

 La perra, que no se encontraba identificada con su correspondiente microchip, y sus cachorros fueron depositados en el Centro Municipal Canino de la localidad de Valdepeñas, para que sean debidamente atendidos. El cuerpo recuerda que corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal.

Más de 286.000 (perros y gatos), es la cifra de animales que fueron rescatados en España a lo largo del año 2023; concretamente 170.712 perros y 115.970 gatos. Estos datos suponen una tasa de abandono que se mantiene estable desde hace cuatro años según el estudio `Él nunca lo haría´ elaborado por la Fundación Affinity para España, el único del que se tiene constancia en Europa.

Tener una mascota, un animal de compañía que forme parte de la familia, tiene que ser una decisión que debe ser meditada con responsabilidad. Un animal es un ser vivo cuyo cuidado en vital y no puede ser negociable. El número de animales que son abandonados en carreteras y campos a su suerte aumenta coincidiendo con la época estival, momento en el que las personas quieren hacer uso de una libertad que a veces choca con las necesidades y demandas de sus animales de compañía. Desde el año 1992, el 17 de agosto se celebra el Día Internacional del Animal sin Hogar, un día marcado en el calendario por la Sociedad Internacional de los Derechos de los Animales (ISAR, por sus siglas en inglés) con el objetivo de poner la atención durante al menos un día al año sobre la “creciente crisis de los animales de compañía abandonados y sin hogar en todo el mundo”.

En España hay unos 6,5 millones de perros y 4,7 millones de gatos de familia. Todas ellas son cifras orientativas, ya que no existen registros oficiales y en la mayoría de los casos se elaboran a través de estimaciones basadas en los registros de las protectoras de animales, principalmente. Eso sí, España es “el único país de Europa que tiene un estudio así”, tal y como explica Paula Calvo, doctora en Antrozoología, licenciada en Bioquímica y etóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona en declaraciones recogidas por SMC España.

En Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza recogió en 2023 un total de 181 perros abandonados y 140 fueron adoptados. El centro de protección animal recuerda que adoptar un perro es gratis y tiene la garantía de estar bien cuidado.

¿Son suficientes los avances de los últimos años?

España cuenta desde su aprobación el día 29 de septiembre de 2023 con una nueva Ley de Bienestar Animal. El texto trae normas más estrictas para los propietarios de mascotas y amplia el cerco, porque afecta a todos los animales que conviven en casa y a todos los animales de especies silvestres que estén bajo la responsabilidad y el cuidado humano. Además, y por primera vez, el castigo animal es penado con más de un año de prisión y hasta 36 meses en caso de muerte. Un endurecimiento de la norma que responde, tal y como señala el Ministerio de Derechos Sociales, a la necesidad de “luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales”.

A pesar de las mejoras introducidas en los últimos años, los expertos coinciden en señalar que el sistema sigue fallando, tal y como lo manifiesta la coordinadora del Grupo de Estudio de Derecho Animal del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia, María González Lacabex, ya que, en su opinión la nueva Ley recoge y unifica la legislación autonómica y sienta algunos “mínimos”, “aunque sin gran novedad” como por ejemplo la definición de “animal abandonado”.

En el caso de la gestión del abandono animal en concreto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado recientemente (junio de 2024) una dotación de casi dos millones de euros en subvenciones para este fin.

El chip, una herramienta que obliga a la responsabilidad

Según el último informe de la fundación Affinity, la mayoría de los perros sin microchip acaba en las protectoras y solo un 4 % de los gatos que llegan hasta ellas tienen implantado el chip. María Luisa Fernández de Miguel, veterinaria clínica de animales de compañía y presidenta del Colegio de Veterinarios de Tenerife señala en SMC España que la identificación es el factor clave, porque te obliga a ser responsable“, además de que si un animal tiene microchip ”se puede devolver a sus propietarios“.

En este sentido, la veterinaria platea la idoneidad de implantar medidas disuasorias más contundentes, como que haya agentes en parques para controlar que los animales lleven microchip o instar a los veterinarios a denunciar si detectan que un animal está sin identificar. La nueva Ley obliga a quienes tengan un perro, un gato o un hurón, a tenerlos identificados a través de un chip; en el caso de pájaros, con una anilla. Quienes lo incumplan deben saber que la multa ha ascendido de 5.000 a entre 10.000 y 50.000 euros al considerarse una falta grave

Las colonias felinas

La nueva ley de protección de los derechos y el bienestar, según el Colegio de Bizkaia, creen que el nuevo texto “estructura mejor el caso de las colonias felinas”, hasta ahora carente de algún tipo de estructura administrativa. De los casi dos millones de euros que ha invertido el Estado, 1.200.000 euros son ayudas dirigidas al control de las colonias felinas. La nueva Ley recoge el protocolo de Captura, Esterilización y Retorno (CER), que “si se aplica con ética” dice Paula Calvo, etóloga, ayudara a la vida de los animales, que irán falleciendo “poco a poco, al hacerse viejos” dentro de un “proceso natural”. Ahora, dicen que es voluntad política de los ayuntamientos que ese dinero se destine para “hacer bien las cosas”. Aunque es necesario subrayar que, a veces, son las gestoras de colonias las que asumen su gestión, a pesar de que es responsabilidad de los ayuntamientos.

En Aragón hay varias iniciativas en este sentido, por ejemplo, en la capital turolense y sus barrios rurales hay registradas 42 colonias felinas que son alimentadas y cuidadas por 62 voluntarios que desde finales de 2023 cuentan con un carné entregado por la alcaldesa de Teruel y el concejal de protección animal autorizándolos para realizar estas tareas, de manera altruista. En la localidad de Ejea de los Caballeros, aprobó en el mes de mayo, llevar a cabo un proceso de implantación de forma progresiva del método CER en las colonias felinas Ejea y sus Pueblos, a través de un convenio de colaboración con los veterinarios del municipio o con otras entidades. El objetivo es apoyar la puesta en marcha del Programa para la formación, concienciación y divulgación de las condiciones y buen trato que deben recibir los animales, además de diseñar las medidas necesarias para la protección y cuidado de los animales abandonados y su posterior puesta en adopción.

El animal abandonado, el gran pagano

Los veterinarios, coinciden en recordar que un animal doméstico necesita estar en familia, y no en un refugio, donde “un perro, con suerte, puede salir 20 minutos al día a un patio”, señala la etóloga, como consecuencia de la falta de recursos, financiación y personal de las que adolecen las protectoras de animales. El abandono de mascotas es un tema ético, y “todo animal merece una vida digna y abandonar a un animal criado en cautividad puede ser una condena”, señala al SMC España Alberto Maceda, doctor en Biología y profesor investigador en el departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona.

Pero el abandono de animales tiene efectos para toda la sociedad porque, además del impacto que sufren los animales que son abandonados, conlleva problemas de seguridad, también en la salud pública y de financiación. Y es que, todo está interrelacionado, “es lo que se llama one health, una sola salud”, explica la veterinaria Fernández de Miguel a SMC. Por eso, la experta considera que controlar a los animales es una cuestión de salud pública para controlar el riesgo de enfermedades como la leishmaniosis, la toxoplasmosis o la enfermedad de Lyme.

Un animal grande abandonado en la carretera o en el campo puede también causar accidentes de tráfico que, además de ser costosos pueden repercutir en otros intereses humanos como las cosechas al verse afectadas, bien porque traen consigo enfermedades que terminan impactando de manera negativa en el ecosistema, o porque las destrozan, ya que los animales abandonados a su suerte se siguen reproduciendo y necesitan seguir alimentándose. El impacto en el Patrimonio Natural puede llegar a ser muy alto, sobre todo cuando se habla de especies exóticas que tiene el riesgo de convertirse en invasoras como algunas tortugas, mapaches y otras especies.

La Fiscalía de Cantabria ha incoado diligencias de investigación tras la denuncia de la Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) al Ayuntamiento de Polanco por la gestión de colonias felinas en el municipio. El ministerio público ha abierto el procedimiento a finales de julio, según la notificación remitida a la entidad denunciante -y consultada por Europa Press- por “sospechas de irregularidades” y supuestos “incumplimientos” por parte del Consistorio de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales respecto a gatos comunitarios.

La denuncia se interpuso tras la polémica surgida en junio por la captura de los gatos de un vecino del municipio que, por su situación personal, no puede hacerse cargo de ellos. A raíz de este asunto, la alcaldesa, Rosa Díaz (PRC), también denunció a la Guardia Civil recibir insultos y amenazas de muerte.

Según explicó entonces DEAN, la regidora anunció en redes sociales que los gatos iban a ser capturados para llevarlos a una entidad protectora. Sin embargo, la Federación aseguró que esas labores las estaba realizando “una empresa privada con ánimo de lucro que carece de instalaciones adecuadas para albergar felinos”.

Y apuntó además que los felinos de la colonia no tienen identificación mediante microchip, por lo que “son gatos comunitarios y difícilmente alguien que no posee su titularidad legal puede cedérselos al Ayuntamiento”.

Para la presidenta de DEAN, Victoria Cedrún, el Consistorio “ha hecho todo lo contrario a lo que se tiene que hacer”, mientras que la Federación “ha hecho lo que tenía que hacer” al denunciar estos hechos, según contrasta este lunes en un comunicado, en el que valora la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía y la “celeridad” con la que ha iniciado la investigación.

El objetivo de este paso es, según ha explicado, que se esclarezca “cualquier cuestión que ponga mínimamente en duda” el cumplimiento de la ley en relación a la gestión de colonias felinas mediante el método CER (Captura-Esterilización-Retorno) y, también, la “falta de apoyo y protección” del Ayuntamiento al voluntariado que atiende los gatos, “impidiendo además su labor”.

El PSOE exige explicaciones

El Grupo Socialista de Polanco ha exigido explicaciones al equipo de Gobierno del PRC ante la incoación de diligencias. En un comunicado, los socialistas han recordado que, tras la polémica surgida el pasado mes de junio por la captura de los gatos de un vecino del municipio que, por su situación personal, no podía hacerse cargo de ellos, exigieron al equipo de Gobierno “el debido cumplimiento” de la Ley de Protección de los derechos y el Bienestar de los Animales de 2023.

Además, presentaron en el Pleno del 24 de julio una moción en la que solicitaban a la Corporación que “cumpliera con las obligaciones impuestas” por la mencionada ley, entre ellas, la gestión ética de colonias felinas. La moción no salió adelante por los votos en contra del PRC y las abstenciones del PP y Vox.

Ante estos hechos, el PSOE de Polanco ha exigido al PRC que, como mínimo, “lean la Ley del Protección Animal para aclarar conceptos”. “Tal vez así, comiencen a entender las diferencias entre lo que es un centro de protección animal y una entidad de protección animal, o una persona responsable y una persona propietaria, o lo qué son las colonias felinas y los gatos comunitarios”.

Los socialistas también piden explicaciones al equipo de Gobierno por la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Cantabria por la gestión de colonias felinas en el municipio y exigen a la alcaldesa, Rosa Díaz, y a las concejalías implicadas en la gestión de colonias felinas que, en caso de que las diligencias acaben en alguna condena penal y/o administrativa, “asuma la máxima responsabilidad política”.

La Ley de Bienestar Animal, en vigor desde el 29 de septiembre de 2023, es la primera norma estatal que regula los derechos y la situación de los animales en nuestro país. No solo recoge directrices para el cuidado de los animales domésticos, sino que también prohíbe la tenencia de animales silvestres en cautividad y su actividad y participación en espectáculos. En concreto, los circos han tenido una moratoria de seis meses para adaptarse a la ley. El plazo finaliza el 29 de marzo. Sin embargo, la mayoría de ellos ya comenzaron hace años un reciclaje hacia una nueva manera de hacer circo libre de animales, ya fuese porque la comunidad autónoma en la que actuaban lo prohibía con una ley de Protección Animal a nivel regional o por voluntad propia.

El primer circo que decidió comenzar esta transición de manera voluntaria fue el Circo Europa, regentado por Francisco Cristo –familiar directo del famoso domador Ángel Cristo– y su familia. Hasta mayo de 2017 trabajaban con leones, tigres, llamas, caballos, ponis, watusis, búfalos y serpientes. En ese momento decidieron donar su totalidad a un centro de protección animal: “Vimos que tarde o temprano los animales no iban a tener cabida en los circos. Un circo portugués me ofreció mucho dinero por ellos, pero esos animales eran nuestra familia y decidimos buscarles un sitio donde fuesen a vivir en las mejores condiciones el tiempo que les quedase de vida, y lo encontramos en Villena”, señala Francisco.

Se trata de un centro de rescate situado en este municipio valenciano, donde la entidad de protección de fauna salvaje AAP España - Primadomus ha ido reubicando paulatinamente algunos animales silvestres de los circos españoles. El lugar es una gran finca adaptada con vallas que dividen a las especies pero que, en comparación a su anterior vida, les permite estar libres. Cuentan con un veterinario las 24 horas del día y un gran equipo que se implica para que la vida de estos animales criados en cautividad sea la más natural posible.

A partir de la donación de sus animales, el Circo Europa tuvo que reinventarse. Ahora viajan por toda España con su equipo de malabaristas, contorsionistas, trapecistas y payasos, artistas que, aparte de seguir haciendo sus números particulares, han creado un equipo de teatro de cuentos y personajes infantiles: “Nuestros espectáculos siguen teniendo la esencia de un circo destinado a los niños, pero sin animales. Ahora hacemos números teatrales de la Patrulla Canina, Bob Esponja, la Vaca Lola y Pocoyó, entre otros. Después, salen nuestros artistas para hacer disfrutar del circo de siempre”. Para el Circo Europa 2018 “fue un año difícil” ya que esta nueva dinámica, dice el dueño del circo, “no gustó nada al público en un primer momento”.

“Durante muchos meses el público nos rechazaba. Llegábamos a un pueblo y solo venían a vernos el primer día de la semana, después nos teníamos que ir a otro. A los niños les gustaba igualmente, pero los mayores, acostumbrados a ir al circo para ver leones o elefantes, decían que un circo sin animales no valía para nada. Poco a poco se ha ido aceptando el cambio de paradigma, tanto por los demás circos como socialmente. Aunque al principio costó, digamos, ‘educarlos’, ahora el público disfruta igual que con el circo tradicional”, concluye Cristo.

A este pequeño circo le siguió otro más conocido a nivel nacional: el Circo Wonderland. Regentado por la familia italiana Macaggi, sus grandes carpas de colores llevan más de 40 años girando por España. Hasta hace seis años, los protagonistas cada fin de semana eran sus siete tigres, su león y su elefante. En septiembre de 2017 decidieron donarlos de manera amistosa a Primadomus junto a sus demás animales, haciendo historia por ser el mayor rescate de grandes felinos circenses en la historia española hasta la fecha.

Los teníamos domesticados, sí, pero sabíamos que no dejaban de ser animales salvajes por ello. [...]. No los vendimos porque no son objetos, son seres vivos que tienen que estar en su hábitat y hay que cuidarlos como se merecen

Fredy Blanco — Director de publicidad del Circo Wonderland

“Yo he crecido con esos tigres en las caravanas. Los teníamos domesticados, sí, pero sabíamos que no dejaban de ser animales salvajes por ello. En el momento en el que nos dimos cuenta de que los códigos sociales estaban cambiando respecto al cuidado de los animales –también en la mentalidad de nuestro propio circo–, no dudamos ni un segundo en donarlos. No los vendimos porque no son objetos, sino seres vivos que tienen que estar en su hábitat y hay que cuidarlos como se merecen”, cuenta Fredy Blanco, director de publicidad del Circo Wonderland.

A partir de ese momento decidieron no trabajar con ningún animal, solo con talento humano. Necesitaban conseguir que el reciclaje de sus espectáculos fuese efectivo sin que el famoso circo perdiese atracción. Ahora sus actuaciones son muy parecidas a las del Circo Europa, aunque con más presupuesto. Adaptaron ciertas narrativas infantiles al formato circense sin dejar de lado los números tradicionales. Uno de sus espectáculos estrella es la representación de la saga de ‘Piratas del Caribe’, teatralización a la que añaden funambulismo, acrobacias o números con fuego. La segunda parte de sus shows se basa en el circo más puro: muchos payasos, magos, la rueda de la muerte y un espectáculo de telas, entre otros.

Creo que gracias al esfuerzo de todos se está creando una cultura circense mucho más respetuosa con los animales

Fredy Blanco — Director de publicidad del Circo Wonderland

La transición hacia una nueva manera de hacer circo alejándose de la tradición fue “muy difícil”, señala Blanco, “tanto por el cambio repentino como por la rápida llegada de la pandemia”. Sus ingresos se desplomaron de un día para otro mientras habían hecho una gran inversión para la contratación de nuevos artistas, “aunque rápidamente se contrarrestó al no tener que mantener a los animales”, detalla. “A esas dificultades se le añadió nuestra añoranza a la forma que hemos tenido de trabajar durante cuarenta años, pero creo que gracias al esfuerzo de todos se está creando una cultura circense mucho más respetuosa con los animales”, concluye este miembro del Wonderland.

En AAP España - Primadomus señalan que los dos casos de circo anteriores son una excepción: “Muy pocos circos escogieron la opción de donar sus animales silvestres al centro de rescate de Valencia, concretamente tres. La mayoría de los circos a los que nos dirigimos decidieron ganar dinero vendiéndolos a otros países”.

Aparte de Primadomus, existen otros santuarios de animales donde han acabado los animales circenses. Por ejemplo, el centro de rescate de primates Rainfer, el Safari Aitana o El Bosque. Todas ellas son entidades privadas, pues el Gobierno no ha contemplado crear un centro público o contratar centros privados para recoger estos animales. La falta de sitio hace que muchos se tengan que reubicar en centros fuera de España, según DeAnimals, un despacho de abogados especializados en Derecho Animal.

Los inmóviles: “Si tengo la oportunidad, seguiré trabajando con elefantes y tigres”

Francisco Cristo recuerda que, cuando decidió dar el paso a una regeneración de su espectáculo, el resto de circos con los que tenía contacto le recriminaron sus acciones por cómo eso les iba a afectar: “Los compañeros de profesión se nos echaron encima al tomar esta decisión. Hemos tenido muchos problemas con ellos por esto, nos decían ‘¿Y cómo es que habéis dado los animales? Ahora nos van a obligar a todos a hacer lo mismo’”, recuerda el dueño del Circo Europa. Aunque desde el 2017 el goteo de circos libres de animales fue constante, no todos los circos ni todos los gobiernos autonómicos han aceptado la idea de eliminar los animales de los espectáculos de igual manera.

Según Infocircos –una coalición formada por distintas entidades de protección de los animales y la fauna salvaje–, en 2021 aún existían cinco circos en España en los que se utilizaban animales silvestres para hacer números con ellos: el Circo Quirós, el Circ de Nadal, el Gran Circo Alaska, el Alpha Circus-Circo Parada y el Circo Roma Dola. Este último, según la coordinadora de Infocircos y responsable de Políticas Públicas de AAP España - Primadomus, Marta Merchán, ha sido famoso por “haber mantenido a más animales en propiedad hasta el último momento. ”Varias veces alegaron que cuando no les dejasen actuar en España, el circo se marcharía del país con los animales. Finalmente, en 2022 crearon un zoológico y siguieron actuando sin ellos“, recuerda.

Merchán asegura que “en 2020 algunos de estos cinco circos ni siquiera tenían animales en propiedad, sino que los alquilaban para hacer números concretos allí donde sabían que podían hacerlo e iban a vender más entradas”. La Comunidad de Madrid, Andalucía, las Islas Canarias, Cantabria y Castilla y León han sido las regiones que se han resistido a implantar leyes de Proyección Animal autonómicas para proteger a los animales salvajes de los espectáculos circenses.

También señala que, hoy en día, “todos han dejado los animales salvajes de forma definitiva y, si los tienen, no los utilizan en sus espectáculos”. Sin embargo, con la cuenta atrás para la prohibición efectiva de animales salvajes a nivel nacional, algunos se han resistido al cambio. Por ejemplo, el Circ de Nadal (Valencia), que las pasadas navidades utilizaba watusis en su nuevo espectáculo llamado “Amar a los animales, las estrellas del Circo”.

Otro de ellos es el Circo Quirós, actualmente ubicado en el barrio de Carabanchel, en Madrid. La familia circense lleva varios años haciendo gira con parada en la capital, donde hasta hace unos meses era legal utilizar animales salvajes. A Marta Merchán le consta que este circo ha criado felinos en cautividad “siendo el circo que más se resistió al cambio hasta el último momento” aunque asegura que, en los últimos años, “Quirós decidió vender la mayoría de sus animales y, cuando llegaban a un municipio donde aún era legal utilizarlos, los alquilaban para determinados números junto a su dueño o domador”.

Nacho Pedrera Mallo, gerente del Circo Quirós, cuenta en una entrevista con elDiario.es que, en efecto, ya ha vendido todos sus animales salvajes, algo que le parece “muy mal”. Asegura sentirse “obligado por una normativa pensada para ganar votos y lavar la cara a este gobierno”. “Este año solo estoy trabajando con camellos y caballos, pero si en futuros años se me presenta la oportunidad de hacerlo con elefantes o con leones lo voy a hacer”, reconoce en esta conversación. “Si querían prohibirlo, la ley está mal hecha”, continúa asegurando que “existe una lista de animales prohibidos en la que no aparecen ni los elefantes, ni los leones, ni los tigres”.

Nuestros animales cumplen la normativa del bienestar animal porque los hemos criado nosotros ‘a biberón’ desde pequeños. [...]. Tengo claro que cuando quiera los llamaré para trabajar con ellos

Nacho Pedrera — Gerente del Circo Quirós

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 aseguran que “lo que pretenden desde ese circo está expresamente prohibido por la ley en varios aspectos”. En primer lugar, señalan que “está prohibida la tenencia de cualquier animal silvestre en cautividad”. Además, la ley es clara respecto a uso en circos: “Está prohibido utilizarlos en espectáculos públicos o actividades artísticas turísticas o publicitarias, que les causen angustia, dolor o sufrimiento, [...], así como el uso de animales pertenecientes a especies de fauna silvestre en espectáculos circenses”. 

Para Nacho, los tigres que él ha criado “no son salvajes”. “Nuestros animales cumplen la normativa del bienestar animal porque los hemos criado nosotros ‘a biberón’ desde pequeños”. Sin embargo, segundos más tarde rectifica al ser preguntado si esos tigres son de su propiedad: “Los tigres como tal no son nuestros, sino de compañeros que los tienen y desde chiquititos están con ellos. Y tengo claro que cuando quiera los llamaré para trabajar con ellos”, reiteraba.

La Federación de Veterinarios Europea (FVE) en 2015 se posicionó en contra de la utilización de animales salvajes en circos y declaró que “estos animales comparten la misma estructura genética que sus homólogos en estado salvaje y conservan sus mismos impulsos y necesidades naturales de comportamientos instintivos.”

Por otro lado, el ministerio reconoce que “existe un listado positivo de animales silvestres que no se ha publicado todavía”, pero que “para el caso de los leones y elefantes no es necesario que se publique para saber que su tenencia está ya prohibida desde la entrada en vigor de la Ley”.

Aunque trabajar con camellos y caballos también pueda parecer que está fuera de la norma, lo cierto es que la actual ley estatal de Bienestar Animal también permite la actividad y participación de animales en espectáculos circenses siempre y cuando no sean silvestres y que su utilización no implique maltrato, crueldad o sacrificio. Es decir, no prohíbe explícitamente la utilización de animales que no son considerados silvestres, como los camellos, caballos o watusis.

Una entidad animalista ha logrado rescatar un mono que llevaba casi 35 años malviviendo en una pequeña jaula dentro de un piso de Barcelona. El animal, que se llama Linito, era propiedad de una mujer de 80 años que lo adquirió en su día por 45.000 pesetas y que lo mantenía en condiciones “totalmente inadecuadas”, según la asociación FAADA. 

La liberación de este mono capuchino llega tras diez años de disputas entre la entidad animalista y la propietaria. Después de numerosas denuncias interpuestas al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat que no llegaron a prosperar, finalmente la mujer ha llegado a un acuerdo con la entidad para trasladar a Linito a la Fundació MONA, una entidad de rehabilitación de primates en Girona. 

En un comunicado, FAADA explica que realizaron visitas al domicilio en las que pudieron comprobar “irregularidades” que afectaban al bienestar del animal. Entre ellas, que vivía en una jaula de 2x1x1 metros ubicada en el comedor del piso, que no tenía acceso a zona exterior ni a luz solar directa, y que la propia propietaria reconocía que no lo sacaba a la calle. “Se ve que la última vez que lo hizo fue en 2014 y Linito la atacó”, señala la abogada Anna Estaran. 

Desde 2014, cuando tuvieron conocimiento del caso, la entidad animalista trató de convencer a la propietaria para que aceptara un traslado de Linito. Pero fue en vano. Tampoco la Administración atendió a sus denuncias, a pesar que Estaran asegura que podrían haber actuado al ser su origen ilegal y estar prohibida la tenencia en la ciudad, según la ordenanza de protección de animales. 

Finalmente, en 2024, con la entrada en vigor de la Ley de protección de Derechos y el Bienestar de los animales, FAADA volvió a insistir con una nueva denuncia a la Generalitat. Pero no hizo falta esperar al decomiso, puesto que acabaron llegando a un acuerdo con la mujer propietaria.