'Cantabria contra la tauromaquia' ha hecho un llamamiento para acudir a las concentraciones antitaurinas que ha convocado para los próximos viernes 24 y sábado 25 de julio, a las 17.30 horas, frente a la Plaza de Toros de Santander, para reivindicar la abolición de la tauromaquia y por unas “fiestas sin sangre”.

Ante la nueva campaña de actos taurinos que están teniendo lugar durante las Fiestas de Santiago, el colectivo vuelve a movilizarse para denunciar estos “bochornosos” actos que se vienen manteniendo con dinero público por parte del Ayuntamiento de Santander, ha indicado en nota de prensa.

Según ha señalado, este año la feria de “tortura taurina” ha sido organizada y difundida “ignorando” la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que hasta “apenas unos días antes de su comienzo, anulaba la prórroga del contrato de 2025 adjudicado a la empresa Lances de Futuro”, promotora de la feria que también elaboró y comercializó el cartel de 2026.

Además, ha censurado de nuevo la “lamentable promoción” de la asistencia de menores de edad con el 'Abono Joven', pese a las advertencias del Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas sobre las “consecuencias negativas” de la asistencia de los menores a estos eventos.

En este punto, ha reclamado fijar la edad mínima de 18 años para participar en estos eventos y escuelas taurinas, así como realizar campañas de sensibilización sobre los “efectos negativos” que la tauromaquia puede tener en los menores.

El colectivo ha criticado que el Gobierno de Cantabria y muchos ayuntamientos como el de Santander apuesten “por estos actos de tortura, en lugar de fomentar la cultura”.

“Estos actos de tortura taurina son inmorales, pero además implican un derroche de dinero público que se deberían estar destinando a promover la cultura”, ha sentenciado.

Finalmente, ha instado a “no dejarse manipular” por el regalo de entradas o la promoción de bonos con precios reducidos y ha llamado a toda la sociedad cántabra a “reaccionar mostrando un rotundo rechazo”.

Sí se puede ha reclamado este miércoles al Gobierno de Canarias y al Parlamento autonómico que impulsen una reforma de la legislación para prohibir el uso de cetáceos y otros animales marinos en espectáculos públicos en las islas.

La formación considera que el cierre de grandes parques marinos en Europa, especialmente en Francia, gracias a sus leyes avanzadas, y la posibilidad de que algunos ejemplares sean trasladados a otras instalaciones, hacen necesario anticiparse mediante una regulación “clara” que impida que el archipiélago se convierta en destino de este modelo de negocio, según expresa el grupo en un comunicado.

La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, señala que la situación representa una oportunidad para que las Islas vuelvan a ejercer un papel pionero en materia de bienestar animal, tal y como ocurrió con la prohibición de las corridas de toros en la legislación autonómica.

“Canarias ya demostró hace décadas que podía liderar avances sociales en materia de protección animal con la prohibición de los toros. Ahora tenemos la oportunidad de volver a hacerlo, apostando por una legislación que impida el uso de animales marinos en espectáculos y sitúe el bienestar animal por encima del negocio”, afirma.

Actualmente, recuerdan desde la organización, en el Estado español no existe una norma estatal que prohíba expresamente los espectáculos con orcas y delfines en cautividad. La Ley de Bienestar Animal regula diferentes aspectos relacionados con la protección de los animales y prohíbe el uso de animales salvajes en circos, pero los delfinarios continúan funcionando al amparo de la normativa aplicable a los zoológicos y de las regulaciones autonómicas.

Sí se puede destaca que el debate social sobre la continuidad de estos espectáculos es cada vez más intenso. Diversos países han comenzado a modificar su legislación para restringir o prohibir la reproducción, el mantenimiento en cautividad y las exhibiciones con cetáceos, respondiendo a una creciente sensibilidad ciudadana respecto al bienestar animal y al impacto que estas instalaciones tienen sobre especies altamente inteligentes y sociales.

La formación recuerda que Canarias ya marcó un precedente en 1991 al convertirse en la primera comunidad autónoma en prohibir las corridas de toros mediante su Ley de Protección de los Animales. A juicio de la organización, ese espíritu innovador debería recuperarse para afrontar nuevos retos en materia de conservación y ética animal.

Para Sí se puede, el eventual cierre del mayor parque marino de Europa y el posible traslado de algunos de sus ejemplares a otros centros ha despertado una preocupación lógica entre organizaciones ecologistas, entidades de defensa de los animales y buena parte de la ciudadanía, que rechaza la continuidad de este modelo de exhibición.

La formación subraya que Canarias posee una responsabilidad especial en esta materia. Las aguas del archipiélago albergan alrededor del 30 % de las especies de cetáceos conocidas en el planeta, lo que convierte a las Islas en uno de los enclaves de mayor valor para la observación y conservación de estos animales en toda Europa. La singular combinación de profundidades oceánicas próximas a la costa y unas condiciones marinas excepcionales hacen de Canarias un auténtico santuario natural para ballenas y delfines.

Además, desde 2021 la costa occidental de Tenerife cuenta con el reconocimiento como primer Lugar Patrimonio de Ballenas de Europa, una distinción internacional que pone de manifiesto la importancia ecológica de este espacio y el compromiso que debería asumir el archipiélago con la protección de los cetáceos en libertad.

“Igual que Canarias fue pionera al prohibir las corridas de toros, debemos volver a ser la avanzadilla de una iniciativa que refleje sensibilidad ambiental, respeto hacia las especies que habitan nuestras aguas y una apuesta decidida por un modelo turístico más responsable”, concluye Vanesa Martín.

Por ello, Sí se puede insta al Gobierno de Canarias y al Parlamento autonómico a promover una modificación de la legislación canaria que impida el uso de animales marinos en espectáculos públicos y refuerce la protección de unas especies que forman parte del patrimonio natural más valioso del archipiélago.

Una compra de pocos minutos puede acabar con el perro solo en la acera y con su dueño expuesto a una sanción elevada. Esa escena, que todavía se repite ante algunos comercios, choca en España con la Ley de Bienestar Animal, que prohíbe dejar a una mascota atada en un espacio público sin supervisión presencial.

La norma busca evitar que el animal quede desatendido durante el tiempo que dura el recado y contempla multas que pueden ir de 500 a 10.000 euros.

DogSpot instala casetas para perros junto a supermercados alemanes

La cuantía de las sanciones previstas por la Ley de Bienestar Animal depende de la infracción que se determine y de las condiciones en las que haya permanecido la mascota. El estado del perro, incluida la posible presencia de estrés o ansiedad, puede influir en la valoración del caso.

La prohibición afecta a perros y a otras mascotas que se dejen sujetas fuera de un establecimiento mientras su responsable entra a comprar, ya que la supervisión debe mantenerse de forma presencial.

Mientras España ha optado por prohibir esa práctica, algunos supermercados de Alemania han instalado casetas cerradas para que los perros permanezcan protegidos durante la compra. La iniciativa procede de DogSpot, una startup que impulsa puntos de estacionamiento para mascotas junto a los accesos de determinados establecimientos.

Estos espacios pretenden reducir el riesgo de dejar al animal atado fuera o encerrado en un vehículo, dos situaciones que pueden provocar estrés o ansiedad.

Los expertos citados por DogSpot defienden la utilidad de estos puntos para millones de personas que se desplazan habitualmente con sus perros y necesitan realizar recados breves. Según su explicación, “ofrecemos una alternativa segura a dejarlos en el coche o atarlos fuera cuando necesitan hacer un recado rápido”.

La cifra aportada alcanza a 68 millones de dueños de mascotas que llevan a sus perros consigo cada semana, un volumen que ayuda a entender el mercado al que se dirige la propuesta.

Los habitáculos incorporan sistemas para cuidar al animal durante la espera

Las casetas incorporan control de temperatura y un sistema de ventilación que mantiene el interior en condiciones adecuadas durante la estancia del perro. Su diseño facilita la limpieza y busca que el animal permanezca aislado del tránsito de personas mientras su dueño entra en el supermercado.

El acceso puede bloquearse y abrirse mediante una aplicación para teléfono móvil o con un código facilitado por la tienda, de modo que ninguna otra persona pueda abrir la puerta durante ese periodo.

A esas medidas se añaden la videovigilancia y la desinfección automática, que permiten controlar cada módulo y acondicionarlo antes de recibir al siguiente animal. La caseta permanece cerrada, ventilada y limpia mientras el dueño está dentro del establecimiento, con un sistema pensado para limitar riesgos durante una ausencia breve.

DogSpot forma parte de Pet Care Innovation, una organización dedicada a impulsar proyectos relacionados con el cuidado de mascotas y que respalda la expansión de estas casetas. La entidad participa en la financiación y difusión del sistema, mientras la startup se ocupa de venderlo a establecimientos y usuarios privados.

Entre sus usos previstos figura la colocación junto a comercios que no permiten la entrada de animales y en otros espacios donde el dueño necesita dejarlos durante un periodo breve.

España mantiene la supervisión presencial como única opción permitida

La propuesta alemana ha generado críticas entre algunos clientes, que han expresado en redes sociales que ciertos supermercados de otros países permiten entrar con perros. Esa posibilidad elimina la necesidad de dejar al animal en una caseta exterior y plantea otra forma de resolver el mismo problema.

En España, algunos centros comerciales ya aceptan mascotas en sus instalaciones, aunque esa autorización depende de las normas de cada recinto y no se extiende a todos los establecimientos, sobre todo donde hay comida.

La comparación entre ambos modelos deja dos respuestas distintas ante una misma necesidad, porque España sanciona la falta momentánea de supervisión y Alemania prueba espacios cerrados junto a algunos supermercados. Las casetas de DogSpot ofrecen un acceso protegido y ventilación, mientras la videovigilancia permite seguir su uso, aunque su aceptación depende de que los clientes las consideren adecuadas. También influye que los comercios prefieran instalarlas antes que permitir la entrada de animales.

La Ley de Bienestar Animal obliga en España a mantener la supervisión presencial, por lo que el dueño debe permanecer junto a su mascota o recurrir a una alternativa autorizada mientras realiza la compra.

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, ha informado este miércoles de una consulta pública previa para la elaboración de un estudio de viabilidad de introducción y de un Plan de reintroducción del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en la comunidad autónoma, con el objetivo de avanzar en la recuperación de esta especie, actualmente catalogada como “extinta” en la región.

La resolución por la que se convoca este trámite ha sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y el plazo para participar en la consulta pública será de 15 días hábiles a contar desde este jueves, 25 de junio. A través de este procedimiento, el Ejecutivo autonómico busca recabar opiniones de ciudadanía, organizaciones y colectivos interesados sobre la necesidad y oportunidad de la futura norma, los objetivos del plan de reintroducción y las posibles alternativas regulatorias.

Las aportaciones podrán presentarse por escrito ante la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, así como a través del Portal de Transparencia de Cantabria. En un comunicado, el Gobeirno ha resaltado que con este trámite “refuerza su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la recuperación de especies emblemáticas, apostando por una gestión participativa y basada en el conocimiento científico”.

La iniciativa, promovida por la Dirección General de Montes y Biodiversidad, se enmarca en lo establecido por la Ley de Conservación de la Naturaleza de Cantabria, que exige la realización de un estudio previo para evaluar la posibilidad de reintroducción de aquellas especies desaparecidas del medio natural.

En caso de que dicho estudio resulte favorable, se procederá a la aprobación de un plan específico que permita su recuperación, ha explicado el Ejecutivo en una nota de prensa. Ha indicado que el quebrantahuesos es una de las aves más singulares de la fauna ibérica, figura además en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 'En Peligro de Extinción' y cuenta con protección en el marco de la normativa estatal y europea.

La Consejería ha resaltado que los programas de reintroducción desarrollados en el Parque Nacional de los Picos de Europa han mostrado “resultados positivos”. Y es que, fruto de estos esfuerzos, en los últimos años se ha detectado una “presencia creciente” de la especie en Cantabria, donde ya se han identificado dos parejas reproductoras, lo que “refuerza las expectativas de éxito de un posible plan de reintroducción”.

Dejar al perro atado a una farola, a la valla de un comercio o junto a la puerta del supermercado mientras entramos a comprar el pan o a hacer un recado rápido ha sido, durante décadas, una estampa de lo más cotidiana en nuestros barrios. Sin embargo, este gesto tan arraigado ya forma parte del pasado y es motivo de sanción. La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal en España ha transformado por completo las obligaciones de los titulares de mascotas, priorizando la seguridad y el cuidado de los animales en los espacios públicos y prohibiendo de forma expresa ciertas conductas que antes considerábamos inofensivas.

El marco legal actual es muy claro respecto a las nuevas obligaciones de los propietarios en la vía pública. El Artículo 27.d de la normativa, centrado en las prohibiciones específicas respecto de los animales de compañía prohíbe explícitamente “mantenerlos atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”.

Esta prohibición de mantener a los animales desatendidos en la vía pública se enmarca dentro de las políticas para combatir una de las grandes problemáticas actuales en España: la falta de identificación y el abandono. Según el primer estudio oficial sobre la gestión de la protección animal en España, presentado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, más del 80% de los perros y gatos que llegan a los centros de recogida no están identificados con chip.

De forma concreta, el estudio revela lo siguiente:

Infracciones y sanciones de la Ley de Bienestar Animal

El marco regulador de la normativa determina en su Artículo 72 que constituyen infracciones administrativas todas las acciones u omisiones que incumplan las obligaciones o prohibiciones dispuestas en la ley. Para garantizar una aplicación justa de la norma, estas conductas se clasifican en tres niveles diferenciados (leves, graves y muy graves) según la naturaleza de la falta, el riesgo generado o el daño físico ocasionado al animal. Este cuadro sancionador se traduce en un estricto baremo de multas económicas cuyos ingresos, tal y como dictamina la propia ley, se destinarán íntegramente de forma finalista a la financiación de actuaciones y planes públicos enfocados en la protección de los animales.

Asimismo, el Artículo 77 contempla la aplicación de sanciones accesorias que complementan a la multa económica según la naturaleza de los hechos. Así, ante una falta leve, el infractor puede ser obligado a realizar trabajos en beneficio de la comunidad o cursos de formación en bienestar animal, mientras que en los casos más graves la autoridad puede intervenir al animal para trasladarlo a un centro de protección o la inhabilitación para la tenencia de mascotas. Para fijar la cuantía exacta y graduar estas sanciones, el Artículo 78 establece que las autoridades tendrán en cuenta criterios clave como el perjuicio causado al animal, la continuidad de la conducta o el grado de culpabilidad, intencionalidad, imprudencia o negligencia del responsable.

PP y Vox han sellado un acuerdo que incorpora la eliminación de una de las prohibiciones expresas que el Ejecutivo de Francina Armengol introdujo en 2017 en la ley balear de protección animal: la que veta la celebración de competiciones de tiro al pichón y codorniz, una práctica consistente en lanzar aves vivas para ser abatidas en competiciones.

La medida, sin embargo, no será materializada mediante la modificación específica de la legislación animalista, sino mediante una disposición final que prevén añadir al proyecto de ley autonómica de aceleración de proyectos estratégicos, una norma concebida para agilizar inversiones pero que PP y Vox han convertido en cajón de sastre para modificar buena parte del ordenamiento autonómico balear. Las correcciones están provocando la reforma encubierta, como denuncian desde la oposición, de más de 50 leyes autonómicas.

La acumulación de medidas heterogéneas en una ley de carácter económico ha despertado las críticas de los grupos de izquierdas sobre el uso de este tipo de normas 'ómnibus' para introducir reformas de calado sin un debate específico. Junto a la reforma de la ley animalista, el último pacto alcanzado en ponencia por conservadores y extrema derecha incluye la autorización de pistolas táser para policías locales, la exención del catalán para alumnos desplazados temporalmente y la flexibilización del requisito lingüístico en plazas docentes de difícil cobertura.

En el caso de la normativa de protección animal, el acuerdo contempla suprimir la letra d) del artículo 4 que el Govern de Armengol introdujo “con carácter específico” en su reforma de la ley autonómica de 1992. Junto a las competiciones de tiro al pichón y a la codorniz en sus distintas modalidades -a brazo o palomero, a brazo mecánico o tubo y a jaula-, la norma prohíbe los circos con animales, los espectáculos que impliquen tortura, maltrato o sufrimiento, las peleas de animales y la filmación de escenas con crueldad animal.

El veto de las prácticas de tiro provocó el inmediato rechazo de las federaciones de caza y tiro y parte del sector trasladó pruebas y campeonatos fuera de las islas para poder seguir celebrándolos sin infringir la normativa autonómica.

Entre quienes se mostraron más beligerantes contra aquella prohibición figuró el entonces presidente de la Federación Balear de Caza, Pedro Bestard, en la actualidad dirigente de Vox y vicepresidente del Consell de Mallorca. Bestard denunció que el veto suponía un “ataque al mundo rural y cinegético” y proclamó que  los cazadores son “los primeros ecologistas, amantes de la naturaleza y de los animales”, al tiempo que reprochó a las fuerzas progresistas “hablar de maltrato cuando se refieren a prácticas propias del mundo rural que vienen de muy lejos y que forman parte de la cultura”.

El paquete de enmiendas pactadas por PP y Vox incluye también otras medidas de alto contenido político. Por un lado, se autoriza a los ayuntamientos a dotar a la policía local de dispositivos eléctricos de control -los conocidos táseres- y, por otro, se introducen cambios en el sistema educativo: los alumnos desplazados temporalmente, como hijos de militares o trabajadores trasladados, quedarán exentos de la evaluación de catalán, y se flexibiliza el requisito lingüístico para cubrir plazas docentes de difícil acceso.

En un comunicado difundido este miércoles, Vox reivindica el acuerdo como una demostración de su capacidad de influencia: “Cuatro victorias reales para los ciudadanos”, recalca su portavoz parlamentaria, Manuela Cañadas. El proyecto de ley de proyectos estratégicos encara ahora su tramo final de tramitación y deberá ser aprobado en el pleno del Parlament. De confirmarse los distintos acuerdos alcanzados por ambos socios de investidura, Balears no solo avanzará en la agilización de proyectos estratégicos, sino que también, como advierten desde la oposición, dará marcha atrás en algunas de las políticas vigentes en los últimos años.

Agentes de la Guardia Civil en Gipuzkoa detectaron este domingo una furgoneta con diez gallos de pelea sin documentación ni anillar. En el peaje de Irún, los cinco ocupantes del vehículo fueron interceptados en la carretera. Según fuentes policiales, todos ellos cuentan con antecedentes por apuestas ilegales y maltrato animal.

La furgoneta había partido desde Cantabria y se dirigía a Baiona, ya pasada la frontera de Francia. La Guardia Civil confirma a este medio que colabora con el Seprona (la unidad especializada en delitos ambientales) de Cantabria para conocer el estado de crianza de los animales y con la Gendarmería francesa de Baiona para esclarecer “las posibles actividades” previstas en destino. Una vez recopilada la información, valorarán “la pertinencia o no de cursar las oportunas denuncias administrativas”.

El cuerpo ha difundido el caso este martes a través de su cuenta en la red social X. En respuesta a un comentario publicado en su perfil, ha expresado su “rechazo ante prácticas tan crueles, incompatibles con cualquier mínimo respeto por los animales”. Cabe recordar que la Ley de Bienestar Animal, en vigor desde 2023, prohíbe las peleas entre animales, con excepciones en Andalucía y Canarias. Actualmente, los animales permanecen bajo la custodia de sus propietarios, siempre que se verifique su buen estado y se acredite su situación veterinaria. Aunque en España las peleas de gallos están prohibidas, la cría de estas aves sí está permitida.

Según datos oficiales, en España hay alrededor de un centenar de grandes simios en parques zoológicos y unos 50 en centros de rescate. El destino de este grupo de gorilas, chimpancés y orangutanes depende de lo que se apruebe en la futura ley de protección de los grandes simios, un proyecto que quedó estancado tras un prometedor arranque en 2006. El Ministerio de Derechos Sociales, que lidera Pablo Bustinduy, ha retomado la tarea y trabaja en la que quiere llamar “Ley Jane Goodall” con el objetivo de “proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de estos animales”.

En las reuniones preliminares con los diferentes agentes implicados, el Ministerio se está encontrando dos posiciones enfrentadas: la de quienes defienden que la actual generación de grandes simios en los zoos españoles sea la última tras prohibir la cría e incorporación de nuevos individuos, y la de quienes quieren que continúe habiendo cría e intercambio de especímenes para garantizar la diversidad genética y una posible reintroducción en caso de que fuera necesaria. A un lado los activistas y los centros de rescate, al otro lado los zoológicos.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, ha recibido esta semana por separado al Instituto Jane Goodall y a los representantes de los centros de rescate (Fundación Mona, Primadomus y Reinfer) y a la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA). Estos últimos organizaron una jornada en el Congreso de los Diputados el pasado viernes bajo el título “Ciencia, legislación y grandes simios: hacia una normativa basada en la evidencia” para escuchar a las diferentes voces implicadas. El encuentro, que contó con la presencia de Becerra, reunió a especialistas independientes en cognición animal, a profesionales de los zoos y a representantes de distintos proyectos relacionados con la conservación de primates, y puso de manifiesto la diferencia de posturas.

“Jaulas cerradas” 

La posición más contundente es la de Pedro Pozas, director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de la Proposición No de Ley presentada en 2006, quien durante su intervención en la jornada hizo un duro alegato contra la existencia de los zoos que hizo removerse a muchos en sus asientos. “Mantener y reproducir grandes simios en cautividad no es ético, no es justo y no es conservacionista”, aseguró. Pozas puso el foco en la necesidad de poner fin al comercio y la reproducción en cautividad de los grandes simios, una práctica que, a su juicio, “constituye la principal vía de abastecimiento de los zoos para mantener el modelo de exhibición y negocio”. 

Pozas niega que la cría de los grandes simios se haga para su futura reintroducción en la naturaleza y asegura que no hay ejemplos exitosos. De hacerse, además, se utilizaría antes a los animales de los santuarios en los países implicados. “La reproducción se mantiene para que las colecciones no se extingan”, expuso. Su otro argumento es que quienes trafican con grandes simios pueden introducirlos en el circuito legal aprovechando las reglas del convenio CITES y falsificando su origen como si provinieran de un zoo, de modo que “facilitan el blanqueo del tráfico ilegal” y suponen “una coartada perfecta”. 

Si mañana encontrásemos a un grupo de neandertales, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes

Pedro Pozas — Director del Proyecto Gran Simio y principal impulsor de ley

“Hablamos de homínidos, nuestros parientes evolutivos más cercanos, con los que compartimos entre un 96 y un 99% del ADN”, aseguró Pozas. “Si mañana encontrásemos a un grupo de Homo neanderthalensis, no admitiríamos criarlos en recintos para sostener una población cautiva, separarlos, moverlos como fichas o usar a sus crías para atraer visitantes”. Por estos motivos, pide que se siga el camino emprendido por otros países como Canadá y se prohíba la llegada de nuevos simios a los zoos españoles y la reproducción en cautividad. “De modo que los que hay ahora queden en donde están, 30 o 40 años o lo que duren, y, después, las jaulas cerradas”, aseguró.

Las cifras y el contexto

En los zoos españoles hay 38 gorilas, 35 chimpancés y 26 orangutanes, según datos de finales de 2025 (no hay bonobos). Sobre el número de crías que han tenido no existe una cifra oficial, pero la cantidad es muy pequeña, según los responsables. El director de Bioparc Valencia, Miguel Casares, no cree que hayan nacido más de diez crías por especie en la última década, y niega que se gestionen para atraer el público. En sus instalaciones, pone por ejemplo, hay una hembra fértil que no es capaz de criar porque no produce suficiente alimento (leche) y no le permiten seguir reproduciéndose porque no es bueno para ella.

En cuanto al movimiento de individuos entre zoos, Casares afirma que son muy limitados y que por cada especie existe un programa de conservación y un comité de expertos que se reúnen una vez al año y deciden. “A veces se muere un individuo en un zoo y tienen que reponer el macho reproductor en otro sitio”, explica. “Nosotros el año pasado enviamos un macho desde Fuengirola al zoo de Colchester, en Inglaterra, pero se hace por el bien de la especie. No es un intercambio de cromos”. 

Si esterilizamos a todos esos animales, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?

Miguel Casares — Director de Bioparc Valencia

Casares recuerda que cuando la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) hace sus valoraciones contempla la población de la especie global y no renuncia a la población de reserva, porque dada la situación límite de la mayoría de estas poblaciones sería un suicidio. “Si esterilizamos a todos esos animales y paramos la reproducción, ¿en qué beneficia esto a los chimpancés? En nada”, asegura. “Si los chimpancés se extinguen en África y hemos esterilizado a la población que tenemos en Europa, ¿quién asume esa responsabilidad?”.

Un caso espectacular es de los ibis eremitas, que se llevaron desde Marruecos a diversos zoos y desde allí se ha empezado la reintroducción, como la que se ha hecho en Cádiz, en España. Otro ejemplo muy citado es el del orangután de Sumatra, en peligro crítico de desaparición, o las reintroducciones exitosas de especies como el panda rojo o el bisonte europeo. “La UICN tiene decenas de ejemplos que publica cada año sobre animales que se han reintroducido, muchos con ayuda de zoológicos”, asegura Javier Almunia, presidente de AIZA. “Las epidemias en santuarios no son inusuales, incluso en poblaciones naturales, y si una epidemia diezmara las poblaciones la única posibilidad de recuperarlas sería a través de los zoológicos”.

Visiones enfrentadas

Muchas afirmaciones de Pozas fueron replicadas por los especialistas que asistieron a las jornadas organizadas por AIZA en el Congreso y criticadas por su falta de rigor. Ana Fidalgo, etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española, defendió que los zoológicos son centros de investigación, conservación y educación y no solo espacios recreativos. “La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies”, aseguró. 

La ciencia no justifica el cautiverio, lo transforma en una herramienta para proteger individuos y especies

Ana Fidalgo — Etóloga y presidenta de la Asociación Primatológica Española

Sobre el blanqueo de crías secuestradas en la naturaleza con el sistema CITES, Fernando Magdaleno, subdirector general de Biodiversidad Terrestre y Marina, aseguró durante su intervención que en España no se ha registrado ningún caso y que los protocolos lo hacen muy difícil. “En España los controles CITES son muy estrictos, se conoce bien la genealogía de los animales y se implanta un microchip de manera que es difícil cambiar un animal por otro”, dice Almunia. “Las pruebas genéticas actuales hacen imposible blanquear un gran simio con una falsificación de un permiso”.

Xavier Manteca, especialista en bienestar animal de la UAB, defendió que la presencia de crías tiene efectos positivos en los grupos de primates y Miquel Llorente, especialista en cognición animal de la Universidad de Girona, recordó que la reproducción es una necesidad fisiológica de los animales. Este último asegura que es un mito que la cautividad provoca trastornos mentales, además de advertir del peligro de legislar desde la emoción humana y sin escuchar a la ciencia. El especialista en cognición animal Josep Call, de la Universidad de Saint Andrews, recalcó la importancia del trabajo que se hace en los zoos para estudiar determinados aspectos cognitivos, como el de teoría de la mente.

La afirmación de Pozas de que tener a una familia de gorilas en un zoo es como mantener a una familia de neandertales en cautividad fue respondida por una autoridad mundial en genética de primates. Tomás Marqués-Bonet, genetista de la Universitat Pompeu Fabra, dejó claro que la cifra del 99% de coincidencia entre nuestro genoma y el de los chimpancés es fruto de un malentendido y se aproxima más a un 85%. “Por otro lado, nadie duda de la categoría 100% humana de los neandertales”, explicó. “[Plantearse encerrarlos] sería como hacerlo con un asiático, un australiano o un americano si nos lo encontramos por aquí”. 

¿Esterilizar o no?

Desde AIZA señalan que la limitación de la cría y el intercambio de grandes simios para los zoológicos españoles supondría la imposibilidad de participar en los programas internacionales en los que colaboran cientos de zoológicos de todo el mundo. “Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles”, señala Javier Almunia. “La única razón de esta regulación parecen ser opiniones y emociones personales que no se sustentan en la evidencia científica”.

Es una situación absurda, especialmente cuando Proyecto Gran Simio no ha aportado ni una sola evidencia concreta sobre problemas de bienestar en los zoológicos acreditados españoles

Javier Almunia — Presidente de AIZA

Desde la Fundación Mona, en cambio, están a favor de la prohibición de la cría. “Consideramos que la cría de grandes simios en cautividad no tiene ninguna finalidad de reintroducción”, explica su presidenta, Olga Feliu. “Los santuarios locales ya tienen más de 1.000 individuos y si hay alguien que tiene posibilidad de reintroducirlos son ellos. Por otro lado, si no crían, ¿para qué van a mover individuos para la mejora de la diversidad genética?”.

La política de estos centros es impedir la reproducción de animales no reubicables y evitar que sean trasladados si ello implica reproducción con fines de perpetuar su cautividad. “Nosotros cuidamos de muchos chimpancés que nacieron en la selva pero fueron víctimas del tráfico ilegal”, explica Cristina Valsera, bióloga de la Fundación Mona. “Su reintroducción en su hábitat natural es completamente inviable y, si crían, hacemos el problema más grande, porque condenamos a una vida de cautividad a más animales y pueden superar los 60 años”. “Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan”, resume.

Lo que nosotros defendemos es que se deje de criar y que a lo largo de los años las colecciones de grandes simios desaparezcan

Cristina Valsera — Bióloga de la Fundación Mona

El director en España el Instituto Jane Goodall, Federico Bogdanowicz, confirma a elDiario.es que están alineados con los centros de rescate. “Nuestra postura no es prohibir la reproducción en cautividad, sino limitarla y que solo se permita cuando sea dentro de un proyecto concreto de reintroducción, como se hace con los ibis o las gacelas, no en un futuro indefinido”. En su opinión, la jornada organizada por AIZA intentó dar la impresión de que la ciencia estaba de un lado y los activistas de otro, pero no es así. Y cree que se está planteando un falso debate, porque el esfuerzo hay que centrarlo en la conservación del hábitat. “Si se extinguen los orangutanes es porque ya no tienen dónde vivir, hay que conservar eso”, asegura.

Un mes y medio para tramitar la ley

En los próximos días, el ministerio elaborará un documento con las alegaciones presentadas por las diferentes partes y convocará después a todos con la intención de empezar a tramitar la ley en el plazo de un mes y medio, según fuentes del proceso. Como representante del Ministerio de Transición Ecológica, Fernando Magdaleno insistió en que la norma que se apruebe deberá estar dentro del marco CITES y España no podrá ser una excepción.

El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, aseguró que será necesario un equilibrio entre la visión científica y las visiones jurídica, ética, económica y social, y que la ley irá acompañada de una memoria económica para facilitar su cumplimiento, en referencia al impacto que pueda tener en zoos y centros de rescate. En todo caso, subrayó el representante del ministerio, “una ley de derechos de los grandes simios no trata de equiparar a los grandes simios con las personas: trata de dar derechos a unas especies que el legislador entiende que los merecen”.

La Guàrdia Civil continua investigant les causes de la mort de 27 gossos de caça que, dissabte passat, van ser trobats sense vida dins d'una furgoneta que viatjava a l'interior de la bodega d'un vaixell procedent de Barcelona i que acabava d'atracar al port de Palma.

Els investigadors del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'Institut Armat estan duent a terme una investigació exhaustiva per determinar les causes exactes del que ha ocorregut i, en aquests moments, es troben a l'espera dels resultats de les necròpsies per poder determinar les circumstàncies de la defunció dels animals.

D'acord amb les primeres indagacions, un grup de caçadors de Mallorca havien passat diversos dies a Lituània per entrenar 36 cans de cara a la temporada de la becada. De tots ells, només nou van aparèixer vius al seu retorn a l'illa. D'immediat, el Seprona es va fer càrrec de les indagacions per investigar els detalls del succés.

Després de tenir coneixement del mateix, el partit animalista Pacma va exigir responsabilitats per uns fets que considera “una mostra més del tracte que reben els gossos utilitzats per a la caça”. En aquest sentit, retreuen que aquests animals siguin considerats “eines” i no éssers sentients amb drets. Per això, exigeixen al Govern de PSOE i Sumar que rectifiqui i inclogui els gossos de caça a la Llei de Benestar Animal, de la qual, apunten, “van ser exclosos per pressió, precisament, del lobby cinegètic”.

En aquesta línia, Pacma reclama la inclusió d'aquests animals al Reial Decret de Núclis Zoològics, del qual, lamenta, “també planen ser exclosos”. Mitjançant el seu reconeixement dels gossos de caça per part d'aquesta norma, els animalistes volen “garantir controls i condicions mínimes de transport, descans i seguretat”. “Mentre els gossos de caça continuïn quedant fora del marc legal de protecció, continuaran sent víctimes d'una indústria que els explota, els arrisca i els descarta quan ja no serveixen”, lamenten des de la formació.

Segons un estudi realitzat pel partit amb dades reportades per un terç de les protectores d'animals del país, només el 2023 més de 12.000 gossos de caça van ser abandonats a Espanya.

La Federació Balear de caça recolça els propietaris: “No tenen cap responsabilitat”

Per la seva banda, la Federació Balear de Caça va expressar aquest diumenge el seu pesar pel succés i va mostrar el seu recolçament als propietaris dels gossos: “Volem traslladar tot el nostre suport als propietaris dels animals, que formen part de la nostra comunitat de caçadors i que estan profundament afectats” pels fets, va manifestar la presidenta de la Federació, Marta Lliteres, qui assegura que “els caçadors no tenen cap responsabilitat pel que ha succeït”.

Segons va explicar, els caçadors havien contractat els serveis d'una empresa especialitzada en transport d'animals “amb la finalitat de garantir que els seus gossos viatgessin en les millors condicions de seguretat i benestar possibles”. Respecte a això, apunta que “el trajecte des de Lituània fins a Barcelona es va desenvolupar amb total normalitat, i va ser durant la travessia marítima final cap a Mallorca quan es va produir la mort dels gossos”.

Lliteres va subratllar que, “per a qualsevol caçador, els seus gossos no són simples animals de treball, sinó companys inseparables, fruit d'anys de dedicació, ensinistrament i cura diària”. “La relació entre caçador i gos es basa en el respecte, la confiança i l'afecte, i per això la pèrdua d'aquests animals suposa un cop emocional molt dur”, va incidir.

Des de la Federació Balear de Caça van mostrar la seva “plena col·laboració” amb les autoritats i el seu “compromís amb la transparència” perquè s'esclarissin els fets i es depurin responsabilitats, adoptant-se les pertinents decisions judicials si s'escau. Així mateix, es va reafirmar finalment en el seu “compromís amb el benestar animal i amb les bones pràctiques cinegètiques”, a les quals es va referir com a “pilars fonamentals d'una caça ètica, responsable i respectuosa amb els animals que formen part d'ella”.

La Guardia Civil continúa investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que, el pasado sábado, fueron hallados sin vida dentro de una furgoneta que viajaba en el interior de la bodega de un barco procedente de Barcelona y que acababa de atracar en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas de lo ocurrido y, en estos momentos, se encuentran a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, indican fuentes del cuerpo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania para entrenar a 36 canes de cara a la temporada de becada. De todos ellos, solo nueve aparecieron vivos a su regreso a la isla. De inmediato, el Seprona se hizo cargo de las pesquisas para investigar los pormenores del suceso.

Tras tener conocimiento de lo ocurrido, el partido animalista Pacma exigió responsabilidades por unos hechos que considera “una muestra más del trato que reciben los perros utilizados para la caza”. En este sentido, recriminan que estos animales sean considerados “herramientas” y no seres sintientes con derechos. Por ello, exigen al Gobierno de PSOE y Sumar que rectifique e incluya a los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, de la que, apuntan, “fueron excluidos por presión, precisamente, del lobby cinegético”.

En esta línea, Pacma reclama la inclusión de estos animales en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos, del que, lamenta, “también planean ser excluidos”. Mediante su reconocimiento de los perros de caza por parte de esta norma, los animalistas quieren “garantizar controles y condiciones mínimas de transporte, descanso y seguridad”. “Mientras los perros de caza sigan quedando fuera del marco legal de protección, seguirán siendo víctimas de una industria que los explota, los arriesga y los descarta cuando ya no sirven”, lamentan desde la formación.

Según un estudio realizado por el partido con datos reportados por un tercio de las protectoras de animales del país, solo en 2023 más de 12.000 perros de caza fueron abandonados en España.

La Federación Balear de caza apoya a los dueños: “No tienen ninguna responsabilidad”

Por su parte, la Federación Balear de Caza expresó este domingo su pesar por el suceso y mostró su respaldo a los propietarios de los perros: “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a los propietarios de los animales, que forman parte de nuestra comunidad de cazadores y que están profundamente afectados por lo sucedido”, manifestó la presidenta de la Federación, Marta Lliteres, quien asegura que “los cazadores no tienen ninguna responsabilidad” en los hechos.

Según explicó, los cazadores habían contratado los servicios de una empresa especializada en transporte de animales “con el fin de garantizar que sus perros viajaran en las mejores condiciones de seguridad y bienestar posibles”. Al respecto, apuntó que “el trayecto desde Lituania hasta Barcelona se desarrolló con total normalidad, y fue durante la travesía marítima final hacia Mallorca cuando se produjo la muerte de los perros”.

Lliteres subrayó que, “para cualquier cazador, sus perros no son simples animales de trabajo, sino compañeros inseparables, fruto de años de dedicación, adiestramiento y cuidado diario”. “La relación entre cazador y perro se basa en el respeto, la confianza y el afecto, y por ello la pérdida de estos animales supone un golpe emocional muy duro”, incidió.

Desde la Federación Balear de Caza mostraron su “plena colaboración” con las autoridades y su “compromiso con la transparencia” para que se esclarezcan los hechos y se depuren responsabilidades, adoptándose las pertinentes decisiones judiciales si hubiera lugar a ello. Asimismo, se reafirmó finalmente en su “compromiso con el bienestar animal y con las buenas prácticas cinegéticas”, a las que se refirió como “pilares fundamentales de una caza ética, responsable y respetuosa con los animales que forman parte de ella”.

Ni un solo gato en adopción: muchas protectoras de animales cortan de raíz en estos días la entrega de felinos para evitar el uso, sobre todo de los gatos negros, en festividades o sacrificios relacionados con la fiesta de Halloween; las que siguen con los procesos de adopción extreman los filtros para asegurarse de que los animales van al hogar adecuado.

“En esta época del año no damos ni un solo gato en adopción. Ni negro, ni blanco, ni de ningún color”, asegura Natalia Esteban, miembro de La Posada Felina, una asociación sin refugio físico, pero que trabaja con distintas casas de acogida. Porque, a falta de gatos negros, explica, se recurre a los carey o a los atigrados oscuros, también muy demandados.

Quienes buscan gatos para disfraces o rituales y se encuentran con la negativa de las protectoras acuden entonces a páginas de compraventa entre particulares para localizar camadas que se ofrecen gratis. Ahí el control es prácticamente imposible.

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) es uno de los organismos oficiales que ha prohibido la adopción de gatos negros del centro municipal de animales domésticos hasta el 10 de noviembre.

Natalia Esteban indica que es fácil rastrear en internet o en redes sociales la práctica de rituales en las que se utiliza a los gatos: negros para la brujería, blancos para la santería. Estos rituales, dice, a veces conllevan sacrificios y mutilaciones hechas “con precisión quirúrgica para que el animal muera lentamente”. ¿Se puede denunciar? “Sí, pero difícilmente probar”, apunta Esteban, muy crítica con la Ley de Bienestar Animal de 2023 por asuntos como no incluir a los perros de caza.

Filtros y seguimiento, las herramientas de las protectoras

Para ilustrar la importancia de controlar a quién se da un gato en adopción, la representante de La Posada Felina menciona el caso de una petición que llegó a su asociación y que resultó proceder de la dueña de una tienda de esoterismo en Madrid. No se le concedió el gato, por si acaso.

Lola Julià, presidenta de la protectora madrileña Abrazo Animal, señala que en estas fechas ponen especial cuidado con los gatos negros, para ver “a quién se le dan”. “Filtramos muchísimo, hay tal triaje que no nos suele pasar”, afirma en referencia a la adopción por motivos espurios. “Pero tenemos que prevenir, porque sí se han usado para rituales”.

Julià señala que el gato negro es mucho menos demandado que el resto, por superstición, aunque la gente no sabe que “tiene un carácter maravilloso”. “Quien ha tenido uno, repite”, asegura. “El color del manto, aunque parezca mentira, dice mucho de las características que definen a un gato. Un gato negro es una panterita adorable”, afirma.

Según Julià, actualmente hay “veinte veces más personas que adoptan gatos que perros” y las clínicas veterinarias también atienden más a aquellos que a estos. “Es el animal del futuro. Los dueños, con las actuales jornadas de trabajo, prefieren un animal que se autocuida y que es limpísimo”.

Beatriz Martín, presidenta de Gatocan, coincide en la necesidad de ser “muy exigentes” al dar un animal en adopción. “Este tipo de gente que busca gatos negros en Halloween, que desgraciadamente la hay, va a sitios donde se los dan sin más”, comenta.

“Nosotros hacemos un cuestionario previo, un contacto, y luego un seguimiento. Esas personas no pasarían el filtro”. “Quienes cometen esas barbaridades no buscan garantías, sino facilidades”, destaca la responsable de esta protectora gallega.

En muchos países, España entre ellos, el gato negro se asocia con la mala suerte y con la brujería. Para contrarrestar esta imagen, en 2011 se declaró en Estados Unidos el 27 de octubre como el Día del Gato Negro, coincidiendo con la proximidad de la noche de Halloween, el 31 de octubre.

Unidas por Fontanar exigirá explicaciones sobre las presuntas infracciones de la Ley de Bienestar animal y el uso de vehículos no autorizados en los encierros de esta localidad de Guadalajara el pasado sábado, denunciados por la Asociación APA Luna Nueva.

Lo harán en un escrito al alcalde Jesús Caballero y también en el próximo pleno municipal. Unidas por Fontanar se ha referido a las imágenes que hizo públicas el ayuntamiento en sus redes sociales. Unas imágenes, comentan, “en las que, en tono laudatorio, se homenajeaban los encierros en la localidad” y en las que se pudo ver cómo varios perros hostigaron al toro durante el festejo taurino.

En opinión de Unidas por Fontanar eso “pone en riesgo la vida de dichas mascotas, e incrementa el estrés del bóvido. También se puede ver cómo los novilleros hostigan al animal con vehículos no autorizados, llegando a embestirlo”, critican.

La formación dice desconocer “qué hacían esos perros en el encierro” y considera que el Ayuntamiento debe dar explicaciones “claras” al respecto.

En 2023, “PACMA también advirtió del hostigamiento a los toros”

La Asociación APA Luna Guadalajara ha sido la primera en alertar de la situación, explica Unidas por Fontanar, aunque señala esta formación que “no es la primera vez que asociaciones en defensa del bienestar animal denuncian irregularidades en los encierros por el campo de nuestra localidad”. En 2023, explican, “PACMA ya advirtió del hostigamiento a los toros por parte de vehículos”.

“El Ayuntamiento de Fontanar debe aplicar estrictamente el reglamento de Castilla La Mancha que regula los encierros por el campo y velar para que los vehículos autorizados para los encierros por el campo realicen su cometido de guiar e intentar asistir a los participantes a pie, nunca azuzar a los animales”, sostiene la formación Unidas por Fontanar. “Su presencia se tiene que limitar estrictamente al cometido de sus funciones, y no como parte del espectáculo”.

En caso de que sea probado que se ha incumplido el reglamento y no sean suficientes las explicaciones, Unidas por Fontanar exigirá que se depuren responsabilidades por “la falta de organización y por dejación de funciones”.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, ha opinado que peticiones como la de un abogado donostiarra a la Fiscalía de Gipuzkoa para que suspenda cautelarmente el concurso de fuegos artificiales de Semana Grande de la capital guipuzcoana en cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, llevan “casi al absurdo”. En rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local de este martes, Goia, preguntado por la citada petición por un periodista, ha confesado que, “sinceramente”, no se esperaba esa pregunta. “No sé lo que dirá la Fiscalía, lo digo sinceramente, pero creo que con algunas cuestiones estamos llegando a un punto que nos lleva ya casi casi al absurdo”, ha opinado según informa Europa Press.

Goia ha confesado que le “sorprenden” peticiones como ésta, de suspender “un festival o un concurso internacional de fuegos artificiales que lleva 60 años entre nosotros” y que forma parte ya “de forma indisoduble” de la Semana Grande donostiarra, y que, además, es un tipo de evento que “no solamente se celebra en esta ciudad”, sino también “en Pamplona, en Bilbao y en muchísimos otros sitios y forma parte de muchas de las manifestaciones festivas”,

“Puedes empezar por ahí y acabar por no hacer absolutamente nada”, ha afirmado. Tras indicar que habrá que ver qué dice la Fiscalía, ha apuntado que opina “parecido” sobre las críticas vertidas por grupos ecologistas hacia otros eventos de la ciudad como el festival Glad is the Day, celebrado el pasado domingo en Cristina Enea con actuaciones musicales, DJs y un mercadillo y que los ecologistas pidieron boicotear por sus daños al citado parque donostiarra. “Es que si hacemos esta consideración y la llevamos al extremo absolutamente, es que no se me ocurre ningún evento que se celebre en la ciudad que pueda tener esas implicaciones y, por lo tanto, pues no sé, igual deberíamos suspender todo”, ha reiterado.

En este contexto, ha señalado que, por ejemplo, este pasado lunes se presentó la regata Plymouth-Donostia que se celebrará el año que viene y “decíamos, entre bromas, pero casi en serio, igual no se debe celebrar porque produce estrés a los peces”.

“Creo que en algunas cosas el sentido de la proporcionalidad suele ser un buen criterio y no sé hasta qué punto lo estamos perdiendo”, ha finalizado.

El Partido Animalista Pacma ha presentado una denuncia ante el Ayuntamiento de Mérida y la Guardia Civil por la carrera de cuadrigas organizada este jueves por el Consistorio con motivo de la celebración de la fiesta de recreación romana Emerita Lvdica, que en su opinión podría vulnerar la normativa de protección animal.

La formación política considera que esta actividad podría vulnerar, en concreto, la Ley 32/2007 sobre el cuidado de los animales, la Ley 7/2023 de bienestar animal, y la Ley 5/2002 de protección de los animales en Extremadura.

En una nota, ha afirmado que la celebración de este tipo de espectáculos, en los que se utiliza a los animales como herramienta de entretenimiento, “puede provocarles estrés, sufrimiento físico e incluso lesiones graves”. Además, ha criticado que el evento transmite “una imagen anticuada y violenta” del uso de animales en espectáculos públicos.

Ante ello, ha solicitado al Ayuntamiento el acceso al expediente completo del evento, incluyendo detalles sobre las condiciones de alojamiento, transporte, asistencia veterinaria, seguridad y medidas de bienestar para los animales implicados. Asimismo, ha exigido “su cancelación inmediata si se demuestra que no cumple con la legalidad vigente”.

Pacma ha recordado además que las normativas autonómica y estatal prohíben expresamente la utilización de animales en actividades que impliquen maltrato, sufrimiento y tratamientos antinaturales. El partido ha solicitado también que se practiquen diligencias de inspección.

Perdidos o abandonados, y sin ninguna identificación. Aunque la Ley de Bienestar Animal aprobada la pasada legislatura obliga a colocar un microchip en perros, gatos y otros animales domésticos, el 80% de los que acaban en centros de acogida no los llevan. Es una de las conclusiones del primer estudio elaborado con datos oficiales sobre la gestión de los centros de protección animal en España que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales.

Se trata, ha explicado Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, de un paso previo para orientar las políticas públicas y la creación de un Plan estatal de Acción contra el Abandono. El informe, elaborado a partir de encuestas a 500 ayuntamientos y 250 entidades de protección, revela que el 95% de los gatos y el 70% de los perros trasladados a estos centros no disponen del chip que permitiría localizar a sus propietarios, lo que dificulta la devolución rápida a sus titulares en casos de extravío. 

Esta identificación es “fundamental” para prevenir su abandono, afirma José Ramón Becerra, director general de Derechos de los Animales. La obligatoriedad del uso del chip en perros y gatos, así como otros animales, entró en vigor el pasado 29 de septiembre de 2023, e incumplirla puede suponer multas de varios miles de euros.

Más perros que gatos identificados

El informe desvela que la mayoría de los centros de recogida de animales de compañía registraron en 2023 más entradas que salidas en todas las especies acogidas. Este hecho es para Rosa Martínez de especial relevancia, ya que muestra la necesidad de que las entidades locales “reciban apoyo técnico y financiero” para hacer frente a esta problemática.

La normativa en materia de salud pública y la Ley de Bases de Régimen Local, en vigor desde 1985, establece que son los ayuntamientos los responsables de la retirada de animales abandonados en la vía pública. A pesar de ello, solo el 21% de los ayuntamientos dispone de un centro propio de recogida y entre los que no lo tienen, un 42% recurre a un servicio externo para gestionar a los animales. Uno de cada cuatro ayuntamientos (25%) reconoce que no cuentan con ningún medio para atender a los animales.

El perfil de los perros que se encuentran acogidos en los centros es el de un animal adulto, de gran tamaño y de raza mestiza.

La tasa de retención –ejemplares que no se devuelven ni se adoptan– es del 4% en el caso de los perros, mientras que la de los gatos alcanza el 18%, porque apenas un 5% están identificados. La de “otros animales” (donde se incluyen conejos y hurones, entre otros) llega hasta el 19%.

En lo que respecta a los gatos, el 62% de las entradas corresponden a adultos. Los cachorros tienen una mayor salida hacia la adopción, ya que son el 38% de las entradas y suponen casi seis de cada diez adopciones del total.

Los veterinarios españoles se plantan contra la reglas implantadas a partir del Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Esta próxima semana se movilizarán en Madrid, a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los profesionales castellanomanchegos se sumarán a la protesta para pedir cambios en la normativa que entró en vigor el pasado mes de enero de 2025 y, entre otras cosas, también reclaman reducir el IVA por los servicios que prestan.

Ejercer la profesión veterinaria se ha convertido para muchos profesionales en un trabajo con “un régimen de control administrativo y burocracia excesiva”, según señalan desde Consejo de Colegios Profesionales de Veterinaria de Castilla-La Mancha en un comunicado emitido esta semana.

No gusta la implantación del sistema Presvet, Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos. Es una base de datos que recoge la información de todas las prescripciones de antibióticos realizadas por veterinarios, incluyendo qué prescriben y a quien. Los profesionales consideran una “ imposición” la notificación que deben hacer sobre la prescripción de antimicrobianos en el sistema exigido por la Ley de Sanidad Animal que . En su opinión, les sitúa bajo “un régimen de control administrativo que coarta su autonomía profesional” y que “entorpece la labor diaria de los facultativos”.

Ana García dice que su profesión es “vocacional”. Hablamos con esta veterinaria toledana que se muestra indignada y preocupada tras la entrada en vigor de la normativa. Explica que es un comentario habitual entre otros profesionales con los que se relaciona: “Presvet es la gota que ha colmado el vaso”.

Denuncia que el Real Decreto les obliga a seguir los prospectos de los medicamentos “al pie de la letra, a rajatabla”. Y frente a eso pone un ejemplo: “Imaginemos que un paciente tiene una cistitis, pues aunque yo sepa que ese medicamento es adecuado para tratar esa dolencia, si en el prospecto no pone que pueda aplicarse a esa patología no puedo utilizarlo”. 

Nos cuenta que, a raíz de la entrada de la nueva normativa, resulta “muy duro tener que decir a alguien que no puedo administrar un medicamento a su mascota, que creo conveniente desde el principio, o que tenemos que retrasar el tratamiento”.

“Me agobia muchísimo”. Ana García lo tiene claro a la hora de defender su trabajo y rechazar las medidas: “Lo que queremos es que nuestro paciente mejore cuanto antes, por su bienestar primero, y luego por salud pública, pues no es conveniente tener animales enfermos y sin tratar en nuestra sociedad”.

La veterinaria de Toledo apuesta por el concepto 'One Health, una salud única', no solo en lo que tiene que ver con los animales de ganaderías, sino con los domésticos. “Si nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo, si se nos atan las manos con ciertas cosas... Esto primero lo padecerán nuestros pacientes, pero lo siguiente será que la salud pública se verá afectada”.

No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada

Ana García — Veterinaria de Toledo

Los veterinarios también rechazan el mantenimiento del 21% de IVA aplicado sus servicios porque creen que provoca el encarecimiento de los tratamientos y limita el acceso a ellos a personas con bajos recursos. La organización colegial considera que “penaliza la salud, el bienestar animal y, por tanto, a la salud pública”, además de “pasar a ser un artículo de lujo”.

“No se le da suficiente importancia, pero algo tan sencillo como administrar una pastilla antiparásitos puede suponer que los niños puedan ir seguros al parque y jugar con arena que no esté contaminada”, apostilla Ana García. “Si los tratamientos se encarecen van a provocar que un problema puntual se convierta en algo global para la salud pública”.

Los veterinarios también rechazan el “régimen sancionador en caso de error o falta de comunicación, que supone multas de más de un millón de euros”. Algo que consideran “desproporcionado”.

El Ministerio de Agricultura dice que “han tenido tiempo para prepararse”

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación defiende el sistema Presvet y rechaza las críticas. “Es un sistema de recogida de información y no establece limitaciones a las prescripciones y por tanto no condiciona en absoluto el juicio clínico del veterinario”.

En su opinión, la norma “no es nueva ni desconocida para el colectivo veterinario ni para sus representantes”, a preguntas de elDiarioclm.es. Fuentes de este departamento recuerdan que el decreto se publicó en en julio de 2023, que no entraba en vigor hasta el pasado 2 de enero y que “los veterinarios de mascotas conocían la obligación de transmitir la información requerida desde año y medio antes, por lo que han tenido tiempo para prepararse”.

Las mismas fuentes explican que, durante el último trimestre de 2024, ha estado a disposición de estos profesionales un módulo de pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema y adaptar sus propios sistemas informáticos o que el decreto se sometió a un proceso de consulta previa, “durante el que no se recibió ni una sola alegación sobre el sistema Presvet”.

La obligación que rige desde 2023, se había empezado a aplicar cuatro años antes para los animales de consumo humano entre otros los cerdos, vacas, cabras u ovejas entre otros. “Los veterinarios españoles llevan transmitiendo las prescripciones de antibióticos de animales de granja, y en estos momentos la base de datos y todo el sistema de transmisión de información funciona con total normalidad. Es un sistema conocido y rodado, que funciona correctamente”, sostiene el ministerio del ramo.

También rechaza el argumento de una mayor carga administrativa porque “en el caso de los pequeños animales, la casi totalidad de las actuaciones se realizan en una clínica que dispone de sistemas informáticos” y además, “el único paso adicional necesario es transmitirla desde el ordenador al sistema Presvet”. En este sentido Agricultura argumenta que solo se requiere “una adaptación del sistema informático de envío de información” y dice que hay programas comerciales para hacerlo.

Sobre las sanciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación explica que cuando se puso en marcha el mismo sistema para animales de granja, ya se observó que era necesario graduar las sanciones iniciales en función de si la falta de comunicación era reiterada o no. El cambio está actualmente en tramitación parlamentaria.

Objetivo, reducir el uso de antibióticos en el ámbito veterinario

Otro de los argumentos que maneja el ministerio en la defensa de la normativa es que “trata de dar respuesta a un problema de salud pública de primer orden: la resistencia a los antibióticos, como consecuencia de un uso excesivo y no prudente de estos”.

Aporta cifras. La resistencia a los antibióticos es responsable de miles de muertes a nivel mundial. Se estiman alrededor de 33.000 anuales en la Unión Europea y unas 4.000 en España, con un gasto derivado de unos 150 millones de euros.

“La lucha contra esta lacra mundial es una absoluta prioridad política para cualquier Gobierno, y desde luego para el de España”, explican desde el ministerio, que recuerda que la vigilancia del consumo de antibióticos en veterinaria ha formado parte de los planes estratégicos y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de la resistencia a los antibióticos, aprobados en España desde al año 2014. El último vio la luz en la Conferencia Sectorial de Agricultura con unanimidad de todas las comunidades autónomas, el pasado mes de diciembre.

Para el Gobierno central, “la única solución es la utilización prudente de los antibióticos y, por tanto, reducir su uso innecesario” y argumenta que sistemas como Presvet “introducen una mayor conciencia de los profesionales, y tienen en sí mismo un efecto favorable en el uso prudente de los antibióticos, ya que también da a los profesionales información que les permite comparar y tomar decisiones”.

Sostiene el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que Presvet “ha tenido un impacto muy positivo en el uso prudente de antibióticos, con una reducción del 52,8 % desde el año el año 2020” y que los sectores ganadero y veterinario español “están contribuyendo ya de una manera muy positiva a resolver el problema y se ven signos positivos en los microrganismos que se utilizan como indicadores en veterinaria”. 

En los últimos días, varios medios y redes sociales han difundido información sobre un supuesto impuesto que los propietarios de perros tendrían que pagar a partir de 2025. Este tema, que ha generado confusión y preocupación entre los dueños de mascotas, carece de base legal y responde más a un malentendido que a una medida real.

La raíz de esta información errónea parece estar en la interpretación equivocada de ciertas normativas relacionadas con la Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023. Esta legislación busca garantizar un trato adecuado a los animales, estableciendo requisitos para tenencia responsable, pero ningún apartado menciona la creación de una tasa específica para las mascotas.

Requisitos actuales para los propietarios de mascotas

Entre los aspectos destacados de la Ley de Bienestar Animal se encuentra la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para los perros. Este seguro tiene como objetivo cubrir los daños que el animal pueda causar a terceros, asegurando así una tenencia responsable y una convivencia adecuada en los entornos sociales.

El requisito se aplica a todos los propietarios de perros, independientemente de la raza o tamaño del animal. Aunque algunos seguros del hogar ya incluyen esta cobertura, es importante que los dueños consulten con su aseguradora para confirmar que su póliza cumple con la normativa vigente. En caso de no estar incluido, será necesario contratar un seguro específico para cumplir con esta disposición legal.

A nivel estatal, no se contempla la existencia de un impuesto para quienes tengan mascotas.

El caso del supuesto “impuesto para perros” es un ejemplo más de cómo la desinformación puede extenderse rápidamente. Para evitar caer en este tipo de engaños, es fundamental verificar las fuentes de la información y consultar directamente los textos legales o comunicados oficiales.

Además, las consultas a veterinarios y asociaciones protectoras de animales pueden proporcionar una visión clara y precisa sobre los requisitos actuales para los dueños de mascotas.

La importancia de la tenencia responsable

Más allá de los rumores sobre impuestos inexistentes, la tenencia responsable de mascotas sigue siendo un tema central en el debate sobre el bienestar animal. Adoptar un perro implica compromisos económicos y emocionales que van más allá del cumplimiento de la normativa legal.

Los propietarios deben asumir gastos regulares relacionados con alimentación, cuidados veterinarios y vacunas, así como invertir tiempo en el entrenamiento y la socialización del animal. Este compromiso asegura una convivencia armónica y mejora la calidad de vida tanto de la mascota como de su entorno.

La proliferación de noticias falsas no solo genera confusión, sino que también distrae de los temas realmente importantes relacionados con el bienestar animal. La responsabilidad individual y la educación son herramientas clave para combatir la desinformación y promover un trato digno hacia las mascotas.

Es importante que los propietarios de perros sigan algunas recomendaciones para estar bien informados y evitar preocupaciones innecesarias:

El supuesto “impuesto para perros” que comenzaría a aplicarse en 2025 no tiene fundamento en la normativa vigente. Se trata de un malentendido, que ha sido amplificado por la desinformación y que subraya la importancia de acudir a fuentes fiables para resolver dudas legales. Hace seis años, el Ayuntamiento de Zamora recuperó una tasa municipal por tenencia de perros, que posteriormente anuló. Y es una propuesta recurrente en las consultas ciudadanas que realizan los ayuntamientos, sin que a día de hoy haya tenido plasmación legal.

La tenencia responsable de mascotas, más allá de los rumores, sigue siendo la clave para garantizar el bienestar de los animales y una convivencia adecuada en la sociedad.

Tu mascota puede darte muchas alegrías, pero no te dará ninguna relacionada con Hacienda. En los últimos días han aparecido en redes sociales y algunos medios de comunicación bulos afirmando que, gracias a la Ley de Bienestar Animal, ciertos gastos veterinarios pueden desgravarse en la próxima declaración de la Renta. Aunque esta norma que entró en vigor en septiembre de 2023 ha traído nuevos derechos para los más peludos de la casa, la ley no incluye ventajas fiscales para sus dueños.

La Ley de IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) no contempla deducciones a particulares por las facturas del veterinario. En otras palabras, estos gastos no van a reducir el saldo total de impuestos que debemos pagar a nivel estatal. Tampoco hay suerte con los impuestos de las Comunidades Autónomas: “No existe ninguna deducción en la declaración de la Renta para gastos veterinarios, igual que tampoco se contempla ninguna deducción para los gastos médicos de una persona”, explican a elDiario.es desde Accecop Asesoría.

Si tu mascota está asegurada, tampoco podrás deducir este gasto en la declaración de la Renta. Sea el tipo de seguro que sea –veterinario, de responsabilidad civil, mixto– no te aportará ningún tipo de ventaja fiscal: “No hay forma de que se establezca ninguna deducción”, abundan desde la asesoría.

¿Quién puede decucir sus gastos veterinarios?

Tus animales de compañía no reducirán tus cuentas con Hacienda, ¿y tus animales de trabajo? Aunque los propietarios particulares de una mascota no pueden desgravar ningún tipo de gasto veterinario a Hacienda, los autónomos pueden deducir gastos veterinarios derivados de su actividad: “Los animales deben ser necesarios para el desarrollo de la actividad, o que formen parte de la actividad económica”, explican desde Accecop.

Por ejemplo, ganaderos, empresas con perros guardianes, dueños de hoteles caninos y veterinarios sí pueden deducir este tipo de gastos: “En el caso de los hoteles de animales, entendemos que podrán deducir la visita del veterinario”, dicen desde Accecop. “Cualquier gasto que necesiten para conseguir ingresos a posteriori será apto para una deducción”, resumen desde la asesoría. “Por el contrario, un gasto innecesario o que no esté vinculado con la actividad del negocio no va a desgravar”, matizan.

Los autónomos que cumplan estas condiciones también podrían deducir el seguro de los animales que formen parte de su actividad económica: “Deberían poder deducir sus seguros de responsabilidad civil o el negocio”, señala Accecop. En resumidas cuentas, un autónomo sí podría deducir el IVA de sus gastos veterinarios o del seguro si los animales forman parte de su negocio.

Pero si se trata de un asalariado, la cosa cambia. Y es que estas deducciones solo se aplican a los ingresos derivados de las actividades económicas. En el caso de un asalariado cuyos ingresos se consideran rendimientos del trabajo, de ninguna manera les dresgravará los gastos de los animales a su cargo, aunque formen parte de su actividad económica. En la actualidad, ni el Estado ni ningún gobierno autonómico tienen establecidas deducciones para asalariados de los gastos veterinarios o del seguro de sus animales en la declaración de la Renta.

Cómo deducir los gastos veterinarios en la declaración de la Renta

Ahora que sabemos que es posible que los gastos veterinarios desgraven en la Renta de un autónomo, queda por saber cómo pueden incluir esas cifras en la Renta. Si eres autónomo y dudas sobre cómo documentar este tipo de gastos para luego presentarlos en la Renta, puedes consultar con un profesional.

“En principio lo que se necesita para deducir un gasto simple es que exista una factura”, recuerdan desde Accecop. “En ocasiones Hacienda pide que se le presente también el justificante de pago de esa factura. Con eso debería ser suficiente”, abundan. Es por ello que es vital solicitar y guardar todas las facturas hasta que llegue el momento de presentarlas.

Por último, debes asegurarte de que el gasto ha sido registrado en tu contabilidad de autónomo. Una vez aportadas todas las cuentas, la deducción se aplica en la autoliquidación trimestral del IVA. 

Es triste, pero en nuestra ciudad el 'bienestar animal' seguirá sin poder escribirse con 'b' de Bilbao. A finales del pasado mes, el Gobierno dio su primer paso para la aprobación definitiva de la que será la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía. Definitivamente, un nombre muy largo para una herramienta jurídica muy corta, que no aborda con rigurosidad el reto del bienestar animal dentro de la ciudad. 

El Gobierno municipal de Bilbao ha dejado pasar la oportunidad política de poder dotarnos de una normativa actualizada en materia de bienestar animal. En este sentido, no han querido aprovechar los avances en materia de derechos animales que se dieron con la aprobación en el año 2022 de la ley vasca de protección animal y el año pasado con la aprobación de la ley estatal de bienestar y derechos de los animales. Una vez más, este Gobierno no ha sabido ver el actual 'sentir social', en el que cada vez son más las personas que empatizan y defienden los derechos de los animales, tengan o no animales de compañía. Por ello, no podemos entender que este Ayuntamiento apruebe una ordenanza municipal que básicamente se distingue por desproteger a los animales y, sobre todo, por liberar de responsabilidades a nuestra institución local. 

En este sentido, no es exagerado decir que nos encontramos ante una ordenanza de “malestar animal”, una ordenanza que deja en muy mal lugar a nuestro Ayuntamiento bilbaíno, al evidenciar una total falta de empatía hacia los animales con los que convivimos en nuestro ecosistema urbano. Con esta ordenanza Bilbao nunca podrá ser una ciudad amiga de los animales, porque en la práctica los desprecia y abandona a su suerte, de una manera, a nuestro entender, intolerable. Sin duda, no podemos olvidar que la forma en que tratamos a los animales refleja nuestra forma de ser, también como sociedad. En este sentido, respetar los derechos animales es fundamental si de verdad queremos construir una sociedad cuidadora y justa.

Si nos fijamos en algunos aspectos concretos de la ordenanza propuesta por el PNV y el PSE-EE, desprotege a los animales de la ciudad porque deja fuera de su ámbito de aplicación a los animales urbanos, como a las aves. Además y esta cuestión supone un tema fundamental, la ordenanza propuesta desprotege a la gran mayoría de los gatos comunitarios, ¿por qué van a cuidar a unos gatos y a otros no? ¿Por qué sólo se van a ocupar de la gestión de las colonias felinas reconocidas? Desde el punto de vista ético, no se pueden hacer diferencias entre colonias urbanas. Por esto mismo, denunciamos que esta normativa dejará en el más absoluto abandono a la gran mayoría de gatos comunitarios de Bilbao. Actuar así no tiene ningún sentido, todo el mundo sabe que si se esterilizan a unos gatos y se deja a otros reproducirse, no se controlan las poblaciones y se contribuye al aumento descontrolado del número de gatos callejeros.

Decía al principio de este artículo, que esta propuesta de ordenanza exime de responsabilidades al Ayuntamiento. Básicamente porque con la nueva norma se desentienden de todo lo que pueden en base a las legislaciones vigentes. Da la sensación de que no quieren trabajar en la defensa de los animales y es por ello que interpretan las leyes superiores a su antojo, olvidando sistemáticamente el beneficio de los animales. 

Por último y a modo de ejemplo paradigmático, con esta ordenanza el Gobierno municipal de Bilbao pretenden recoger de la vía pública sólo los animales extraviados, por eso mismo nos preguntamos: ¿qué va a pasar con los animales abandonados una vez se apruebe la ordenanza? Evidentemente, no pueden saber si un animal que está en la calle está perdido o abandonado si no investigan su situación. Por ello, dar por extravío —como proponen— toda presencia de animales en la vía pública puede ocultar un posible delito de abandono. 

En definitiva y por todo lo descrito, nos encontramos ante un despropósito de normativa municipal que en la práctica puede desproteger a los animales de nuestro ecosistema bilbaíno. Sin duda, a este Gobierno municipal le interesan poco las vidas animales y en coherencia con sus desprecios gubernamentales, durante el proceso de elaboración de esta normativa, han ignorado sistemáticamente a los colectivos y asociaciones animalistas de nuestro territorio. En este sentido, ahora llega el momento administrativo de las alegaciones ciudadanas y seguro que serán muchos los aportes animalistas, aunque mucho nos tememos, que por parte del Gobierno de la ciudad, solo seguirán recibiendo palabras o excusas vacías de contenido. Mientras tanto y nunca mejor dicho ¡un ronroneo vale más que mil de sus palabras!

“La imatge amb què ens vam trobar va ser dantesca”. Guillermo Amengual recorda amb horror la tarda que, després de l'avís de diversos veïns, va anar a una finca amb animals als afores de Palma. Li havien advertit de la presència d'animals en pèssim estat, però el que va veure ho va deixar sense respiració: “Ovelles moribundes a les quals els quedaven poques hores de vida, olor nauseabunda per la retirada d'algun cadàver a les últimes hores i ossos d'animals per la finca”. En total, fins a dos-cents animals, la majoria en males condicions, i dos cadàvers en descomposició. El president del partit animalista Progreso en Verde, immediatament, va posar els fets en coneixement de les autoritats locals, encara que lamenta que les institucions “es creuen de braços davant dels casos de maltractament, tortura o mort dels animals”.

El propietari, de 84 anys, ja ha estat denunciat en ocasions anteriors i acumula més de 60.000 euros en multes, d'acord amb les dades proporcionades pel Progrés en Verd i pel Govern balear. De fet, segons les indagacions del partit animalista, aquest terreny ubicat entre les barriades de Son Roca i La Vileta ha arribat a ser utilitzat com a escorxador clandestí sense cap mena de garantia sanitària, i el seu amo també s'ha dedicat a la venda de rucs criats dins del recinte. “Com és possible que es permeti morir els animals a les finques de suposats ramaders? Morts per desnutrició o malalties que es denuncien any rere any sense que passi res. I quan apareixen els responsables de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, resulta que tot està bé. Què amaguen? A qui protegeixen?”, es pregunta Amengual.

Avís: aquesta notícia conté fotos que mostren patiment animal

L'activista recrimina la lentitud amb què, “per desgràcia”, es tramiten els processos judicials contra aquest tipus de casos. Tot i així, la seva pretensió és sobretot una: la confiscació de tots els animals vius del terreny i la inhabilitació del propietari per a la tinença de qualsevol tipus d'animal. “Aquesta persona no pot tenir més animals perquè ja hem vist el resultat. Ja no és una vegada ni dos, sinó uns quants anys fent el mateix”, recrimina en declaracions a elDiario.es. El president de Progreso en Verde critica que el propietari del terreny “no sembla que hagi escarmentat, sinó tot al contrari”. Ara com ara, des de l'entitat es mantenen pendents que els veïns informin de si es produeix algun moviment més o si hi torna a haver animals “per poder actuar de seguida” i “evitar que més animals morin”.

Com és possible que es permeti morir els animals a les finques de suposats ramaders? Morts per desnutrició o malalties que es denuncien any rere any sense que passi res. I quan apareixen els responsables de la Conselleria dAgricultura i Pesca, resulta que tot està bé. Què amaguen? A qui protegeixen?

Guillermo Amengual — President de Progreso en Verde

Infraccions “molt subjectes a interpretació”

En concret, les normatives que s'apliquen a l'hora de fer les inspeccions pertinents en aquests terrenys d'animals de producció, tant les relatives al programa de control amb què compta el Govern com les derivades de les denúncies interposades per veïns o animalistes, són la Llei 348/ 2000 de protecció dels animals en explotacions ramaderes, així com la 32/2007 per a la cura dels animals, a la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici. A partir d'aquí, cada sector ramader té el seu propi decret d'ordenació amb les normes específiques de benestar animal, cosa que no passa amb els àmbits oví i caprí, com assenyala en declaracions a elDiario.es el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, Fernando Fernández, que assevera que en aquests casos les infraccions “estan molt subjectes a interpretació” i “a vegades resulta difícil qualificar-les com a lleus, greus o molt greus”.

“El que nosaltres apliquem és un criteri que és l'anàlisi de risc: quan fem una inspecció per primera vegada a una explotació guanyadora que no té un historial previ d'infraccions i veiem coses que no estan del tot correctes, s'aplica una infracció lleu. Però, evidentment, si reitera en el temps, s'aplica un criteri de risc i es va elevant la categoria de la infracció, encara que els fets siguin els mateixos”, explica Fernández, especialista en polítiques agràries, desenvolupament rural i sobirania alimentària. És el cas, en concret, de la finca de la Vileta. “Hi ha gent que no hauria de tenir animals”, abunda el director general, que apunta que en els casos més greus es retira al propietari el codi d'explotació de producció i reproducció.

El que nosaltres apliquem és un criteri que és l'anàlisi de risc: quan fem una inspecció per primera vegada a una explotació guanyadora que no té un historial previ d'infraccions i veiem coses que no són del tot correctes, s'aplica una infracció lleu. Però, evidentment, si reitera en el temps s'aplica un criteri de risc i es va elevant la categoria de la infracció, encara que els fets siguin els mateixos

Fernando Fernández — Director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Davant les crítiques de Progreso en Verde que, després de la seva denúncia, diversos dels animals del terreny de la Vileta han desaparegut, Fernández reconeix que així ha passat amb alguns dels exemplars, però “no amb tots”. De fet, explica que el que sí que va fer el propietari després que els fets transcendissin públicament va ser regularitzar-los “d'un dia per l'altre”. “Però també la gent ha de saber que quan de cop arriba un senyor i regularitza un munt d'animals de cop, se suposa que ja tenia una explotació [de forma irregular] i això ja comporta sanció”, afegeix. De moment, l'expedient obert contra l'amo de la finca està pendent de resolució.

La “finca de l'horror” de Palma “no és l'única”

Amengual lamenta que, els darrers anys, aquest “cementiri d'animals” no és l'únic detectat a Mallorca. Un dels casos més “flagrants”, recorda, es va produir el 2017 a una altra finca de Palma, a la barriada de sa Indioteria. Diversos veïns van denunciar la presència, en ple estiu, de més de vint ovelles abandonades i desnodrides, gairebé sense aigua i aliment. El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil es va personar immediatament a la zona i va emplaçar el propietari dels animals a proporcionar-los abeuradors i cobertes perquè les ovelles poguessin protegir-se de les elevades temperatures. Tot i això, els agents van exposar que no n'havien apreciat cap delicte per maltractament animal mentre els tècnics de Benestar Animal van certificar que els ovins es trobaven en bon estat, tal com va informar al seu dia el diari Última Hora.

Després del precinte de la finca i la retirada de les ovelles, des de l'associació Rescatando Juntos Mallorca van fer públic, mitjançant fotografies, que l'amo del solar havia recuperat els animals: ara eren esquilats, amb les orelles marcades, amb menjar i pasturant en una zona propera. “L'aigua, això sí, segueix el sol”, criticaven des de l'entitat, fent veure que el Govern havia “fet complir el protocol que estableix la llei”, però advertint: “Seguirem vigilant-les i pendents d'aquest cas molt de prop”. Tot seguit agraïen la tasca dels qui s'havien ocupat de denunciar el cas davant de les autoritats.

El 2021, Progreso en Verde va denunciar una altra “finca dels horrors” al Port d'Andratx en què asseguraven que “s'estava deixant morir de gana a les ovelles” malgrat les múltiples denúncies que, afirma l'entitat, acumulava el seu propietari per part d'animalistes i veïns, que “fins i tot es van mobilitzar per donar-los menjar i proporcionar-los aigua”, tal com recorda Amengual.

“Què està passant perquè el propietari d'una finca on hi ha desenes d'animals i se'ls abandona fins a morir de gana surti sempre indemne de tal situació? Per què se'l protegeix tant? Quins contactes té perquè no li passi absolutament res?”, es preguntava llavors Amengual, que assenyalava que les primeres denúncies interposades contra l'amo del terreny dataven de l'any 2017. De la mateixa manera, un any després Progreso en Verde va informar d'un altre solar a la localitat de Campanet al que “es deixava morir les ovelles de gana o malaltia”.

Tot i haver estat multades per la tinença d'animals en mal estat, Amengual incideix que les sancions econòmiques “no resolen el problema”. “Estem denunciant que s'ha deixat morir animals en unes condicions deplorables, per gana, set o malalts. Són moltes les finques que s'han denunciat i el patró sempre és el mateix. Al final són animals en mal estat, que moren, veïns que es mobilitzen perquè veuen que els animals no poden més i nombroses denúncies que acaben en simples sancions”, lamenta.

Sobre això, el director general d'Agricultura assenyala que el paper tant els tècnics com d'ell no és “deixar-se portar ni per l'alarmisme o per la manera de veure les coses de les associacions ni, per descomptat, pel que digui el propietari de l'explotació”. “Intento mantenir una posició una mica més equànime entre una cosa i una altra. Això no és una inacció. Hi ha uns programes de control que apliquem i responem sempre a totes les denúncies que ens plantegen les associacions, els particulars, els ajuntaments o el Seprona. Sempre obrim els procediments d'inspecció i, quan pertoca, sempre elevem els procediments d'inspecció a infraccions”, comenta.

El meu paper i el dels tècnics és no deixar-nos portar ni per l'alarmisme o per la manera de veure les coses de les associacions ni, per descomptat, pel que digui el propietari de l'explotació. Intento mantenir una posició una mica més equànime entre una cosa i una altra. Això no és una inacció

Fernando Fernández — Director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Amb tot, fa referència a dues problemàtiques a què s'enfronten: una, que els períodes de prescripció de les infraccions lleus, com el fet de no tenir actualitzat el llibre d'explotació ramadera, són “extremadament” curts -sis mesos- perquè les infraccions arribin moltes vegades a substanciar-se. La segona, el fet que nombroses vegades els expedients oberts per la Conselleria acabin arxivats per la via penal. “En molts casos, els jutges acaben dictant sentències absolutòries perquè no està prou demostrat el dol o la culpa de les persones imputades”, incideix Fernández, que assenyala que de vegades el seu departament opta per no acudir als tribunals per evitar la paralització dels procediments sancionadors, així com per impedir que les denúncies “acabin en res”.

En aquest sentit, el responsable d'Agricultura apel·la, “sense ànim de voler interferir” en l'acció judicial, a la necessitat que els jutges comptin “amb una major formació en matèria de benestar animal” per poder tractar amb eficiència aquests assumptes, en tractar-se d'àmbits “en què la societat va avançant molt ràpidament”.