Meta ha obtenido un beneficio acumulado de 52.481 millones de dólares (46.763 millones de euros) en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un aumento del 39% respecto al mismo tramo del año anterior. Unos 20.000 millones de dólares más que en 2025 pese a que Meta se ha apuntado en estas cuentas un pago de 10.000 millones por el acuerdo extrajudicial alcanzado con 52 fiscales generales de EEUU para enterrar la macrodemanda por los daños que el diseño adictivo de sus redes ha provocado a los menores.

La empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp facturó 181.712 millones de dólares (161.914 millones de euros) entre enero y septiembre, un 29% más interanual. Un semestre en el que la empresa de Mark Zuckerberg ha seguido apostando muy fuerte por la inteligencia artificial, aunque la práctica totalidad de sus ingresos provienen de la publicidad en redes sociales.

La clave es que la nueva tecnología entronca directamente con el principal negocio de Meta. “Nuestras inversiones en IA ya están generando importantes ingresos publicitarios adicionales gracias a una mayor interacción de los usuarios, mejores recomendaciones y una monetización más eficiente”, ha explicado la jefa financiera de Meta, Susan Li, en la reunión con los inversores posterior a la comunicación de resultados.

Nuestras inversiones en IA ya están generando importantes ingresos publicitarios adicionales

Susan Li — jefa financiera de Meta

“Están creando la tecnología y la infraestructura necesarias para abrir importantes oportunidades de nuevos ingresos y reforzar las capacidades en todo el negocio”, ha insistido Li. Zuckerberg, por su parte, ha destacado que en este último trimestre la empresa ha logrado “hitos” en IA como el lanzamiento de su asistente Muse, una prueba de que las “inversiones están dando frutos” y su compañía experimenta un “avance acelerado”.

Presentado en septiembre y todavía no disponible en Europa, Muse es el agente de inteligencia artificial con el que Meta busca pasar de los chatbots que contestan preguntas a herramientas que actúan directamente en nombre del usuario. Para alcanzar su máximo potencial, necesitan acceso al correo electrónico, las apps de mensajería, el calendario, los archivos de los dispositivos personales o las cuentas bancarias del usuario.

Meta promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, aunque reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario. Abogados especialistas y la propia Agencia Española de Protección de Datos advierten que los agentes representan un reto mayor para la privacidad: “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”, explicó su presidente, Lorenzo Cotino, a elDiario.es.

Beneficio disparado en el trimestre pese al pago a los estados

En el tercer trimestre del año, el beneficio neto de Meta llegó a los 9.860 millones de dólares (8.786 millones de euros), un 264% más interanual, mientras que la facturación se situó en 64.601 millones de dólares (57.563 millones de euros), un 26% más. Tras publicar unos resultados que superaron las expectativas de los analistas al cierre de Wall Street, las acciones de la multinacional subieron casi un 6% en las operaciones posteriores al cierre y acumulan una revalorización cercana al 50% desde el inicio de 2026.

Todo ello a pesar de que las cuentas incluyen un cargo de 9.900 millones de dólares (8.821 millones de euros) correspondiente al acuerdo judicial alcanzado el pasado agosto para cerrar las demandas de 52 estados de Estados Unidos por haber diseñado sus redes sociales para que resulten adictivas para los menores. Meta señala que sin esa partida sus beneficios habrían sido mucho mayores, aunque advierte que aún tiene procesos judiciales abiertos por esta cuestión “en varios mercados”, cuyos resultados podrían “afectar” a su negocio.

Más centros de datos, menos gente

Zuckerberg espera que los ingresos de su compañía crezcan aún más en el cuarto trimestre, el más dulce para la publicidad por las festividades de acción de gracias y navidad, hasta los 76.000 millones de dólares (67.720 millones de euros). A su vez, también ha ampliado las previsiones de gasto en infraestructuras de IA, que podría alcanzar los 145.000 millones de dólares en el total del ejercicio (129.202 millones de euros).

El aumento del gasto basado en los centros de datos a hiperescala va acompañado de una reducción de personal. Meta tiene en concreto un 15% menos trabajadores que el año pasado, lo que sitúa su plantilla en 66.775 empleados. Asimismo, la compañía anunció que creará una nueva clase de acciones que podrán cotizar en bolsa, pero no tendrán derecho a voto, que entrarán en vigor en enero de 2027, una práctica que emula la que está siguiendo Elon Musk en SpaceX.

El incremento de la partida destinada a infraestructuras mantiene la apuesta de Zuckerberg en pleno debate sobre una burbuja en torno a la inteligencia artificial, cuya existencia tanto él como el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, han admitido que “es bastante posible”. “Aquí el riesgo, al menos para una empresa como Meta, está en no ser lo suficientemente agresivo, en lugar de en ser demasiado agresivo”, defendió Zuckerberg sobre el despliegue de infraestructuras para esta tecnología.

Se anunciaba hace unos días y esta semana se ha materializado. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su oposición al futuro Real Decreto del Gobierno de España, relativo a los centros de datos, presentando diez alegaciones al texto normativo.

El pasado 10 de septiembre la cuestión parecía abrir un nuevo conflicto entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ese día se terminaba el periodo de audiencia pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

El castellanomanchego amagó entonces con la posibilidad de acudir a los tribunales, después de que el futuro decreto vaya a exigir que los centros de datos de mayor tamaño tengan como obligación acreditar que al menos el 80% de su consumo eléctrico proceda de energía renovable, y que eso se acredite hora a hora, entre otras cuestiones.

Esta y otras exigencias podrían afectar a una de las mayores apuestas tecnológicas previstas en la comunidad autónoma por el Gobierno socialista de Emiliano García-Page: el data center que Meta, la multinacional matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, propiedad del magnate norteamericano Mark Zuckerberg planea abrir en Talavera de la Reina.

El proyecto tiene ya todos los parabienes del Gobierno regional para que se inicien las obras y Meta ha pagado ya la fianza de un millón de euros exigida por el Ejecutivo autonómico para comenzar. Ahora, reconocen una “profunda preocupación” ante el impacto directo que el actual diseño normativo puede provocar sobre el tejido tecnológico e industrial de la región.

Aducen que Castilla-La Mancha “se ha consolidado como un nodo tecnológico de referencia en el sur de Europa, albergando inversiones estratégicas de impacto global” (como el desarrollo de Meta) o “acumulando una cartera de iniciativas clave para la soberanía digital de España”.

“No es razonable” modificar condiciones de proyectos avanzados

La consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha justificado hoy las 'pegas' que ponen al texto normativo que se prepara, precisamente, porque con la actual propuesta se complicaría el camino a proyectos como el de Meta al cambiarse “las reglas del juego” en plena carrera empresarial -ya en marcha- por el desarrollo de estos centros tecnológicos.

Es algo que expresamente se ha reflejado al exponer los motivos de las diez alegaciones planteadas por el Gobierno de Page a las que ha tenido acceso elDiario.es Castilla-La Mancha.

La norma, se advierte, tendría “capacidad para condicionar inversiones tecnológicas estratégicas ya comprometidas en nuestra región” y en este caso, nada más y nada menos que con uno de los gigantes tecnológicos mundiales.

En opinión del Ejecutivo de esta comunidad, “se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular”.

Se introducen rigideces desproporcionadas, plazos de transición manifiestamente insuficientes y criterios de eficiencia e hídricos desvinculados de la realidad climática peninsular

Padilla ha puesto el acento en el tratamiento de los proyectos que ya han obtenido permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.

El proyecto de Real Decreto establece nuevos requisitos para estas instalaciones y concede seis meses para acreditar su cumplimiento. En caso contrario, podrían caducar los permisos y ejecutarse las garantías depositadas.

La portavoz de Page ha dicho que “no resulta razonable” modificar las condiciones de proyectos que ya han sido diseñados, tramitados y comprometidos de acuerdo con la normativa actualmente vigente.

Por este motivo, el Gobierno regional reclama “un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada” y ha incidido precisamente en el caso de Meta.

Pedimos un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada proyecto y que proteja aquellas inversiones cuya tramitación se encuentre ya en una fase avanzada

Aunque el Gobierno regional “comparte” objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética de la norma o que “los centros de datos deben avanzar con un uso responsable de la energía y del agua, un recurso especialmente valioso y limitado” en Castilla-La Mancha, la consejera portavoz ha reclamado hoy que la norma sea “exigente, segura y territorialmente justa”.

Por un lado se afea que el proyecto normativo no se limite a desarrollar condiciones técnicas, sino que prevé recargos que pueden llegar al 500%, a la pérdida de permisos de acceso y conexión o a la caducidad de permisos ya concedidos, si las empresas promotoras no cumplen.

“Entendemos que medidas de esa intensidad necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, señala el Gobierno castellanomanchego que reclama, además, que los recargos sean “graduales y proporcionados”. En su opinión, “no debe recibir el mismo tratamiento un desajuste puntual que un incumplimiento grave y continuado”.

También sugiere que la pérdida de los permisos debe reservarse para los supuestos más graves, tras escuchar al interesado y ofrecer un plazo efectivo de subsanación.

“Respetar” las competencias autonómicas 

Otra de las críticas de Castilla-La Mancha tiene que ver con las competencias políticas sobre la cuestión. “El proyecto de Real Decreto concentra en el Estado las decisiones sobre la viabilidad de los centros, la retirada de permisos y el destino de la capacidad eléctrica que quede liberada”, explica el Ejecutivo de esta región.

A reglón seguido recuerda que la implantación de estas infraestructuras afecta al territorio, el urbanismo, la industria, el medio ambiente, el agua y las redes de distribución “son ámbitos en los que las comunidades autónomas tenemos competencias y responsabilidades”. De ahí que consideren los de Page que una norma con este alcance requiere “consulta pública previa y un diálogo más amplio con las comunidades y los sectores afectados”, incluido su “examen” en la Conferencia Sectorial de Energía.

“Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad”.

Además, reclama que los conflictos relativos a permisos de conexión en redes de competencia autonómica “sigan siendo resueltos por la Administración competente, como establece la legislación del sector eléctrico”.

Castilla-La Mancha no puede quedar reducida a recibir una comunicación cuando ya se ha tomado la decisión. Pedimos una participación efectiva antes de denegar solicitudes, retirar permisos o reasignar capacidad

“Tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio”

El Gobierno castellanomanchego pide una “aplicación realista y territorialmente justa de los criterios de eficiencia” para este tipo de proyectos empresariales.

Desde su punto de vista, los indicadores energéticos y de consumo de agua “deben tener en cuenta las condiciones climáticas de cada territorio, utilizando factores de normalización compatibles con la metodología que establezca la Unión Europea”.

Eso, apostilla, “no significa rebajar los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, sino “medir de forma comparable instalaciones situadas en condiciones climáticas diferentes y prever un periodo razonable de puesta en funcionamiento antes de aplicar recargos o declarar la caducidad de permisos”.

Ahora mismo, sugieren, las características climatológicas de la meseta sur peninsular, caracterizadas por mayores oscilaciones térmicas estacionales y veranos cálidos, “penalizan de forma directa y artificial a los centros de datos emplazados en el interior frente a regiones costeras o septentrionales de Europa”. Y eso, añaden, “supone una discriminación territorial indirecta y desincentiva la inversión en zonas de interior”.

También proponen una implantación progresiva de las exigencias de consumo renovable, que esté acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.

Finalmente advierten del posible “vacío regulatorio” sobre las instalaciones renovables asociadas a un centro de datos cuando este renuncia o pierde sus permisos, de ahí que esperen que el Gobierno de España “estudie estas alegaciones y las incorpore al texto definitivo”.

De lo contrario, concluyen, “estas exigencias ponen en riesgo la viabilidad de proyectos altamente maduros y comprometen gravemente la competitividad de la región frente a otros territorios nacionales y comunitarios”.

El consejero delegado Meta, Mark Zuckerberg, propone que evaluadores y asesores independientes analicen los sistemas y los modelos de inteligencia artificial (IA) que desarrollan las empresas, pero no por frenar su desarrollo. Meta es el gigante tecnológico dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp, entre otras.

Zuckerberg recuerda que Meta retrasó durante meses el lanzamiento de su último modelo de inteligencia artificial (Muse) para centrarse en su seguridad, pero también que no exigieron al resto de empresas que lo hicieran también.

“Simplemente lo hicimos como parte de nuestro trabajo diario porque era claramente lo correcto para la gente y para nosotros”, explica.

La gente, según el máximo responsable de Meta, no va a querer usar agentes que no estén “alineados” con ellos y que no hagan lo que se les pide, por lo que los laboratorios tienen a su juicio el incentivo de preparar mejor sus modelos.

Sobre el debate para ralentizar el progreso de las capacidades que proponen los dirigentes de otras grandes tecnológicas, Zuckerberg asegura que “la confianza y la alineación” se están convirtiendo rápidamente en las capacidades más importantes que diferenciarán a los agentes y modelos.

“Los laboratorios se enfrentan a una responsabilidad significativa si sus modelos causan daño, por lo que también tienen un fuerte incentivo para evitarlo”, ha escrito en X, donde defiende que contratar evaluadores y asesores independientes “es la mejor práctica de la industria”.

Reitera que Meta ha asumido ese compromiso con la seguridad y que “otros laboratorios también pueden hacerlo”, y que la clave para construir un futuro positivo para todos “reside en mantener el equilibrio de poder adecuado”. 

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y la Policía Nacional han alertado a la ciudadanía de la propagación de una peligrosa modalidad de ciberestafa a través de WhatsApp. Esta amenaza, calificada por expertos en ciberseguridad como un ataque de tipo zero-click, está generando un impacto social más elevado de lo habitual en España. A diferencia de los engaños tradicionales, donde los ciberdelincuentes necesitan convencer al usuario para que pulse un enlace malicioso, escanee un código QR o descargue un archivo adjunto infectado, esta técnica vulnera el perfil de la víctima sin requerir interacción alguna por su parte.

Y es que la peligrosidad radica en que el titular del teléfono sigue utilizando su cuenta con total normalidad, completamente ajeno al fraude que los atacantes están ejecutando de forma paralela a su propio nombre. El origen del problema técnico se encuentra en la explotación en cadena de dos fallos de seguridad que afectan directamente a dispositivos móviles desactualizados. Según los investigadores, las bandas criminales aprovechan una vulnerabilidad crítica presente en anteriores versiones de iOS, combinada con un fallo en la app de mensajería. Este escenario de riesgo se produce principalmente en teléfonos antiguos cuyo software no ha sido renovado por falta de espacio o por omitir las descargas de seguridad.

Los desarrolladores de la plataforma han lanzado parches que corrigen estas brechas, por lo que la exposición al ataque afecta de forma exclusiva a quienes mantienen terminales y aplicaciones en versiones obsoletas desprovistas del código de protección. Una vez que los ciberdelincuentes logran el acceso no autorizado al perfil, despliegan una cuidada estrategia de suplantación de identidad dirigida a los contactos más estrechos de la víctima. Utilizando la cuenta legítima del usuario, los atacantes entran en las conversaciones recientes con familiares o amigos para solicitarles transferencias económicas urgentes.

Los mensajes apelan al vínculo afectivo inventando situaciones de apuro, como la necesidad de abonar un envío contra reembolso o adquirir un móvil por una supuesta rotura del terminal habitual. Al recibir la comunicación desde el número y chat de siempre, las personas del entorno confían plenamente en la veracidad de la petición e ingresan importes elevados en cuentas señaladas por los estafadores sin llegar a sospechar en ningún momento del engaño.

La clave técnica que permite a los estafadores mantener el delito en la absoluta invisibilidad se basa en la sincronización de la cuenta a través de dispositivos vinculados. Los atacantes interactúan mediante la versión web de la plataforma y, tras enviar los textos fraudulentos, seleccionan de inmediato la opción de eliminar solo para mí. Como consecuencia de la sincronización entre el terminal del titular y el equipo del atacante, los mensajes enviados se borran instantáneamente de la pantalla de la víctima pero permanecen intactos en los chats de los destinatarios. De este modo, la persona suplantada no encuentra ningún rastro ni registro de las peticiones en su historial.

Las fuerzas de seguridad y el INCIBE han registrado múltiples casos documentados que demuestran el elevado alcance de este fraude desde sus primeras detecciones en Italia durante el año 2026. Un ejemplo esclarecedor es el de usuarios jóvenes y profesores universitarios cuyos padres y parejas recibieron solicitudes de pago por importes cercanos a los mil euros de manera totalmente inesperada. Las víctimas no llegaron en ningún momento a facilitar códigos SMS de confirmación ni claves PIN, lo que evidencia la eficacia del ataque directo al sistema. La efectividad psicológica reside en la absoluta confianza interpersonal que caracteriza a las conversaciones de WhatsApp, donde el receptor no intuye que tras el perfil habitual se encuentra una red criminal.

Cómo reaccionar

Ante cualquier sospecha de que la cuenta de mensajería ha sido comprometida por este método, las autoridades recomiendan activar de forma inmediata un protocolo estricto de contención de daños. El primer paso consiste en alertar cuanto antes a los contactos más cercanos utilizando medios alternativos, como llamadas de voz, SMS tradicionales o correo electrónico, para que no realicen ninguna transferencia bancaria. Posteriormente, es indispensable acceder a los ajustes de la aplicación para revisar la sección de dispositivos vinculados y cerrar cualquier sesión no reconocida. Asimismo, se aconseja desinstalar y volver a instalar la aplicación.

Para consolidar la protección del teléfono móvil y evitar futuros ciberataques, resulta imprescindible actualizar el sistema operativo iOS y la aplicación a su última versión disponible de manera urgente. Junto a la actualización de software, los especialistas insisten en la activación inmediata de la verificación en dos pasos desde la configuración de seguridad de la app. En el caso de que se haya materializado algún perjuicio económico, es necesario contactar de inmediato con la entidad bancaria para intentar la cancelación del pago y acudir a la Policía Nacional o Guardia Civil para interponer la correspondiente denuncia.

Se acelera el proyecto de implantación del centro de datos de Meta en Talavera de la Reina. Tras varios retrasos, cambios en los expedientes administrativos sobre las necesidades de agua y el impacto ambiental, y algún que otro traspié en cuanto al reconocimiento de los titulares del suelo, los trámites para las operaciones de la empresa de Mark Zuckerberg que agrupa a Facebook, WhatsApp o Instagram, están ahora en manos del Ayuntamiento de la ciudad.

Zarza Networks, la empresa promotora y filial de Meta, ya ha formalizado y constituido una fianza de un millón de euros. Se trata de la garantía urbanística (vinculada a la monetización del 49% del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal) que está asociada a su tramitación como Proyecto de Singular Interés (PSI) en la comunidad autónoma.

De esta forma, se activa la fase final de tramitación administrativa y el inicio de las actuaciones técnicas sobre el terreno. Ahora, el siguiente paso es que la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo del Gobierno regional emita la correspondiente certificación administrativa del proyecto.

Precisamente, Silvia López, la titular de este departamento, dependiente de la Consejería de Fomento, explica que tras la aprobación de la reparcelación, unida al pago de la fianza por parte de la empresa promotora, permite seguir dando “pasos decisivos” en la ordenación y desarrollo de los terrenos sobre los que se implantará el futuro campus del centro de datos,

Con esa certificación de la garantía, el Ejecutivo procederá a la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes que han sido aprobadas. Así quedaría jurídicamente definida la distribución y titularidad del suelo industrial en el Polígono Torrehierro de Talavera, donde se implantará el 'data center'.

Posteriormente, al haberse completado la ordenación regional, será el turno del Ayuntamiento. Meta debe presentar los proyectos de ejecución y construcción detallados ante la Corporación Local, que se encargará de tramitar de forma prioritaria (al ser un PSI) las correspondientes licencias de obras y actividad para iniciar la edificación.

El propio alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio (PP), sacó pecho recientemente de este proceso al afirmar que el Ayuntamiento será “más rápido” que el Gobierno castellanomanchego en este proceso. Pero tampoco habló de ninguna fecha concreta.

Lo que sí está claro es que cuando la promotora tenga las licencias correspondientes, las máquinas podrán comenzar los trabajos de acondicionamiento físico del terreno, canalizaciones y acometidas de suministros necesarios en las más de 190 hectáreas que ocupará el campus tecnológico. Después se iniciará la construcción por fases de los edificios principales que albergarán los servidores e infraestructura digital.

Meta ya detalló que tiene proyectado desarrollar este centro de datos de forma progresiva. Según el cronograma del plan de implantación, se dio un plazo máximo de hasta 10 años para la finalización y consolidación absoluta de la totalidad de las instalaciones.

El horizonte final, en 2030

En realidad, se trata de una flexibilidad temporal que permite a la empresa ir poniendo en marcha algunos módulos de centros de datos de manera escalonada en función de la demanda global de sus servicios. El horizonte final es que sus operaciones globales funcionen a pleno rendimiento en 2030.

Meta prevé una inversión estimada en torno a los 750 millones de euros en este proyecto, que incluso podría superar los 1.000 millones según el desarrollo definitivo de las instalaciones.

En términos de empleo, hasta ahora el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sostenido que generará 250 puestos de trabajo directos estables y de alta cualificación profesional en su fase operativa, apoyando un total de 780 empleos anuales en la región al sumar la cadena de suministro y el consumo inducido.

Asimismo, durante los años previstos para el desarrollo por fases de las obras, se requerirá una media de cientos de trabajadores de la construcción en el emplazamiento.

Además, el Plan de Singular Interés (PSI) también prevé recuperar los corredores ecológicos de los arroyos Zarzueleja y Cervines para crear un gran parque fluvial público de entre 50 y 60 hectáreas para el disfrute recreativo de los vecinos de la pedanía de Gamonal y de toda la comarca, además, de la urbanización de los accesos a esta última y la reserva de suelo necesaria para la futura ampliación de su cementerio municipal.

En su estudio de impacto ambiental detalla que habrá “cero contaminación lumínica” y estima un consumo directo de agua de 0,2 hectómetros cúbicos al año gracias al uso de refrigeración por aire seco,.

Esta segunda fase de la implantación del 'data center' de Meta en Talavera se produce mientras el Gobierno prepara una normativa para endurecer los requisitos de funcionamiento de este tipo de infraestructuras.

Los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa, y Transformación Digital y Función Pública, van a iniciar el trámite de audiencia pública, por la vía de urgencia, del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a estos centros.

El Gobierno quiere proyectos sostenibles y con 'carné europeo'

El objetivo, explican fuentes gubernamentales, es que sean “sostenibles, eficientes y soberanos”, y avanzar en su desarrollo ordenado de forma que cumplan los estándares europeos de eficiencia hídrica y energética más exigentes. Entre las obligaciones está que respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, el 80% de su consumo energético.

Entre otros muchos objetivos, estudian exigir ‘carné europeo’. Es decir, que deba operarlos una entidad establecida en la UE para mantener los datos relativos a la operación de la infraestructura en territorio comunitario y adoptar medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo.

La empresa Zarza Networks S.L. que va a operar en Talavera de la Reina está establecida en Madrid, según figura en el Registro Mercantil. Y su filial, Meta, está establecida legalmente en la Unión Europea. Aunque la matriz global es una multinacional estadounidense con sede central en California, todas sus operaciones, servicios y el tratamiento de datos de los usuarios dentro de la UE se gestionan a través de su filial europea oficial: Meta Platforms Ireland Limited, con sede en Dublín.

Las estafas que circulan a través de WhatsApp siguen adaptándose a funciones habituales de la aplicación para intentar engañar a los usuarios. En algunos casos, los delincuentes aprovechan herramientas que forman parte del uso cotidiano de la plataforma y las convierten en el punto de partida de una situación que busca presionar a su víctima. Según la Policía Nacional, una de las últimas estafas utiliza fotografías de visualización única para iniciar el contacto con la víctima.

Este tipo de imágenes 'efímeras' desaparece después de abrirse y, precisamente por eso, puede despertar más curiosidad cuando llega desde un número desconocido. El contenido no es el objetivo final del fraude, sino un recurso para provocar una reacción y conseguir que el destinatario continúe pendiente de la conversación. A partir de ahí, los responsables intentan generar una sensación de culpa y urgencia que facilite la extorsión posterior.

La clave está en no actuar por impulso ante archivos o mensajes que llegan sin contexto. La recomendación pasa por desconfiar de fotografías, vídeos, enlaces o documentos enviados desde números que no se reconocen y evitar responder a conversaciones sospechosas. Si el contacto ya ha sido iniciado y aparecen amenazas o peticiones de dinero, lo aconsejable es cortar la comunicación, no pagar y utilizar las herramientas de bloqueo y reporte disponibles en WhatsApp.

El engaño empieza con una foto que solo puede verse una vez

El fraude comienza cuando una persona recibe una fotografía de visualización única desde un número que no figura entre sus contactos. Normalmente, no hay una explicación previa que permita saber qué contiene el archivo, y esa falta de contexto forma parte del propio engaño. La intención es provocar el impulso de abrir la imagen antes de pensar si tiene sentido hacerlo o quién puede estar detrás del envío.

Una vez visualizada, la fotografía suele mostrar contenido sensible, comprometido o íntimo. Ese material no tiene por qué pertenecer a quien ha enviado el mensaje y sirve únicamente para preparar la siguiente fase. Cuando el remitente comprueba que la imagen se ha abierto, vuelve a escribir y asegura que la mandó por error. A partir de ese momento, el tono cambia y la conversación deja de parecer un simple envío equivocado.

El siguiente paso consiste en responsabilizar al destinatario por haber visto el contenido. La acusación parte de una idea falsa: presentar como una conducta indebida el hecho de abrir una fotografía que el propio desconocido ha enviado de forma voluntaria. Con ello se intenta generar inseguridad y hacer creer a la víctima que ha cometido algo reprochable, aunque la situación haya sido provocada desde el principio por quien está detrás del fraude.

Después aparece la extorsión. El delincuente suele amenazar con presentar una denuncia, tomar represalias o provocar algún tipo de consecuencia si no recibe un dinero a cambio. La presión busca aprovechar el desconcierto y conseguir que la persona actúe antes de analizar lo ocurrido. El contenido inesperado, la acusación y la exigencia económica se utilizan así de forma encadenada para aumentar el miedo y reducir el margen de reacción.

El funcionamiento de esta modalidad se apoya principalmente en la manipulación psicológica. Primero se utiliza la curiosidad para lograr que la imagen se abra y, después, la culpa y el miedo para mantener la conversación activa. El estafador necesita que la víctima responda, se justifique o acepte la idea de que ha hecho algo incorrecto. Por eso, entrar en explicaciones o intentar razonar con quien envía las amenazas solo prolonga una situación creada para ejercer presión.

Cuando la extorsión es a tus contactos

En los últimos días, la Policía Nacional también ha alertado de otra modalidad de estafa que aprovecha las vulnerabilidades de los dispositivos móviles para acceder a una cuenta de usuario en WhatsApp. En concreto, el atacante explota los fallos de seguridad del móvil por carecer de la versión más actualizada del sistema operativo y logra utilizar la aplicación al mismo tiempo que su víctima sin que ella se dé cuenta.

Una vez obtenido el acceso a WhatsApp, los ciberdelincuentes pueden enviar mensajes a los contactos de familiares solicitándoles dinero para hacer un pago en concreto o a través de una transferencia bancaria. Al manipular la aplicación, los atacantes logran interactuar con los familiares sin que la víctima vea reflejada esas mismas conversaciones en su dispositivo.

Qué conviene hacer si te llega uno de estos mensajes

La principal medida preventiva es no abrir imágenes, vídeos, archivos ni enlaces que lleguen desde contactos desconocidos. En el caso de las fotografías de visualización única, su carácter efímero puede aumentar la curiosidad porque solo existe una oportunidad para verlas. Precisamente por eso, conviene no dejarse llevar por ese impulso y desconfiar de cualquier contenido inesperado que aparezca sin una explicación clara.

También es recomendable no responder a mensajes sospechosos aunque, en un primer momento, parezcan inofensivos. Contestar confirma al remitente que el número está activo y puede facilitar que el contacto continúe. Si la fotografía ya se ha abierto y comienzan las amenazas, no conviene discutir, explicar por qué se vio el archivo ni intentar convencer a la otra persona de nada. Mantener el intercambio solo da más oportunidades para seguir presionando.

Si aparece una petición de dinero, la recomendación es no realizar ningún pago ni aceptar las condiciones planteadas. La estrategia del fraude consiste precisamente en generar urgencia para conseguir una reacción rápida. Salir de esa dinámica implica detener la conversación, bloquear el número y reportarlo dentro de WhatsApp, evitando cualquier nueva interacción con la cuenta desde la que se están enviando los mensajes.

La actuación recomendada cambia poco aunque el engaño ya haya avanzado. Si la imagen se abrió, eso no obliga a seguir participando en la conversación ni a responder ante las amenazas. Cortar el contacto evita que el estafador siga utilizando la culpa como herramienta de presión, mientras que el bloqueo impide que continúe escribiendo desde ese número y el reporte permite señalar la cuenta dentro de la propia plataforma.

La advertencia principal consiste, por tanto, en no reaccionar de manera inmediata ante contenidos inesperados enviados por desconocidos. Si la fotografía no se abre, el fraude pierde el recurso que utiliza para iniciar la acusación. Y si ya se ha visualizado, la mejor respuesta sigue siendo no pagar, no negociar y no mantener el contacto. El engaño depende en buena medida de que la víctima continúe participando en una conversación diseñada para generar miedo y conseguir dinero.

La Guardia Civil de La Rioja, a través del Equipo de Delitos Telemáticos (EDITE) y del Equipo@, ha detectado durante las últimas semanas cuatro casos de ataques a cuentas de WhatsApp en dispositivos iOS (iPhone), registrados en los municipios de Calahorra, Haro y Logroño. En uno de ellos, la víctima sufrió pérdidas económicas por valor de 2.000 euros.

Esta modalidad de ataque resulta especialmente preocupante, ya que permite a los ciberdelincuentes utilizar la identidad digital de la víctima para contactar con familiares, amigos o conocidos y solicitarles dinero, aprovechando la confianza existente entre ellos.

En los casos analizados, los propietarios de las cuentas afectadas no habían enviado los mensajes fraudulentos ni habían facilitado códigos de verificación o escaneado códigos QR para vincular nuevos dispositivos. Además, al comprobar el apartado “Dispositivos vinculados” de WhatsApp, no aparecían sesiones desconocidas.

Esta circunstancia dificulta la detección del ataque, ya que, para el receptor del mensaje, todo parece legítimo: aparece el número de teléfono habitual, el nombre del contacto y la conversación mantenida anteriormente. De este modo, el ciberdelincuente aprovecha una conversación reciente para hacerse pasar por el titular de la cuenta y solicitar a uno de sus contactos una transferencia de dinero, facilitándole incluso un número de cuenta bancaria que, en algunos casos, puede corresponder a una entidad extranjera.

Los investigadores también han constatado que este tipo de ataques presenta características diferentes de las modalidades tradicionales de “GhostPairing”, en las que los delincuentes consiguen que la víctima vincule un dispositivo a su cuenta mediante técnicas de ingeniería social. En los casos detectados existen indicios de que el atacante puede mantener una sesión activa sin que esta aparezca de la forma habitual en el listado de dispositivos vinculados.

Este tipo de ataques, conocidos como “zero‑click”, pueden comprometer un dispositivo sin que la víctima llegue a percatarse de ello. Resultan especialmente difíciles de detectar porque, a diferencia de otras estafas, no requieren que el usuario pulse sobre un enlace, introduzca una contraseña o escanee un código QR.

No obstante, los casos analizados se han producido principalmente en determinados modelos de iPhone y en versiones antiguas de iOS, por lo que esta circunstancia no implica que todos los usuarios de WhatsApp se encuentren afectados.

Recomendaciones

Recuerda: ninguna aplicación de mensajería es un canal válido para verificar una petición de dinero, especialmente si es inesperada o te piden transferir a una cuenta distinta de la habitual.

Tras la detección de algún caso en La Rioja, es relevante conocer el método utilizado en este tipo de estafa y así, prevenirla. Un mensaje de un familiar, un amigo o un compañero de trabajo aparece en ‘WhatsApp’. La conversación parece normal: su fotografía, su nombre y su forma habitual de contacto están ahí. En algún momento, esa persona pide un favor aparentemente sencillo: necesita un código que, por error, o por alguna incidencia ha llegado a nuestro teléfono.

El problema es que, quien está al otro lado, puede no ser nuestro conocido. Los delincuentes están utilizando cuentas de ‘WhatsApp’ previamente comprometidas para dirigirse a nuevas víctimas, aprovechando precisamente una de las mejores herramientas que tienen a su alcance: la confianza.

Durante el engaño, la víctima recibe en su teléfono un SMS de ‘WhatsApp’ que contiene un código de verificación. El delincuente necesita precisamente esos números para completar el acceso a la cuenta desde otro dispositivo. Puede inventar diferentes excusas para conseguirlos y tratar de generar urgencia para evitar que la persona tenga tiempo de pensar o comprobar lo que está ocurriendo.

Ese código es personal. No debe facilitarse a nadie, y sospechar incluso cuando lo solicite un familiar o una persona de absoluta confianza. ‘WhatsApp’ utiliza este sistema para comprobar que quien intenta registrar una cuenta dispone realmente del número de teléfono correspondiente.

Tu cuenta se convierte en herramienta para engañar a otros

Una vez dentro de ‘WhatsApp’, el objetivo ya no es únicamente la persona a la que han robado la cuenta. Los delincuentes comienzan a escribir a sus contactos haciéndose pasar por ella, convirtiendo cada cuenta comprometida en una puerta de entrada hacia nuevas víctimas.

Las excusas pueden ser muy diferentes: una transferencia urgente, un pago que no pueden realizar en ese momento, un problema con su banco, o cualquier situación diseñada para justificar que necesitan ayuda económica inmediatamente.

Quien recibe la petición reconoce el nombre y la fotografía de la persona y está conversando desde el mismo número con el que posiblemente lleva años comunicándose. Por ello, una solicitud que procedente de un desconocido, levantaría sospechas, en este caso puede resultar mucho más convincente.

Antes de enviar dinero, llama

Cualquier petición inesperada de dinero realizada mediante ‘WhatsApp’ debe comprobarse por otra vía. Si un amigo escribe diciendo que necesita urgentemente una transferencia, llámale directamente antes de realizarla.

La misma preocupación debe aplicarse cuando alguien solicita códigos recibidos por SMS, información bancaria, contraseñas o determinados datos personales. La urgencia no debe convertirse en una razón para actuar rápidamente, sino precisamente, en un motivo para desconfiar.

Si ‘WhatsApp’ deja de funcionar repentinamente, o aparecen indicios de que otra persona ha conseguido acceder a la cuenta, es importante reaccionar avisando a policía y advirtiendo a amigos y familiares de la situación.

En este tipo de estafas no hace falta que nuestro familiar o amigo se comporte de manera extraña. Por eso conviene recordar que un código de verificación que llega a tu teléfono es para ti, no lo compartas; no pinches en enlaces sospechosos; y no facilites contraseñas, datos personales o bancarios con nadie.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación del Proyecto de Singular Interés (PSI) correspondiente al futuro campus de centros de datos que la compañía Meta implantará en Talavera de la Reina.

Esta aprobación, que ya había sido anunciada por el presidente Emiliano García-Page, supone un nuevo paso para una actuación que permitirá la creación de 250 empleos directos y otros 300 durante la fase de construcción.

El consejero de Fomento, Nacho Hernnado, ha destacado que “gracias a una decisión clave del Gobierno regional, Talavera de la Reina sigue avanzando hacia un futuro que conjuga sus raíces con la vanguardia tecnológica, a través de la aprobación de la reparcelación del campus de Meta con una inversión privada de 750 millones de euros para la ciudad de la cerámica”.

Asimismo, Hernando ha asegurado que “con esta aprobación se completa la fase de gestión urbanística autonómica del proyecto, quedando definidas las parcelas resultantes y haciendo efectivas las cesiones, dotaciones públicas, viarios y espacios libres contemplados en la ordenación aprobada”. Además, ha explicado que “la resolución aporta la seguridad jurídica necesaria para continuar avanzando en la tramitación de los proyectos constructivos y en el desarrollo de la actuación”.

Soporte para Instagram, Whatsapp o Facebook

El futuro campus albergará infraestructuras destinadas al procesamiento y almacenamiento de datos que darán soporte a algunos de los principales servicios digitales de Meta, entre ellos Instagram, WhatsApp, Messenger y Facebook.

El proyecto contempla una inversión estimada de 750 millones de euros y permitirá la creación de 250 puestos de trabajo directos, además de otros 300 empleos durante la fase de construcción. A ello se suman los efectos indirectos derivados de la actividad económica asociada, la atracción de talento especializado, el impulso a la formación vinculada al ámbito tecnológico y la generación de nuevas oportunidades empresariales en sectores relacionados con la economía digital.

Tras la aprobación definitiva de la reparcelación, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa centrada en la tramitación de los proyectos constructivos, la obtención de las autorizaciones sectoriales y municipales correspondientes y el posterior inicio de las obras.

En la noche del 30 al 31 de julio, miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos a Ceuta, algunos lo hicieron a través del espigón del Tarajal; otros, abriendo la valla que separa la ciudad autónoma con Castillejos (Fnideq). Días después, en grupos de WhatsApp, Facebook y en publicaciones en Instagram hablan de un nuevo cruce a España para el 15 de agosto, tanto por el Tarajal, como desde otros puntos de la frontera sur con Ceuta, y se abre la posibilidad de que pueda ser algunos días antes.

En Maldita.es hemos entrado en cuatro grupos de WhatsApp, diez grupos de Facebook, e identificado más de 50 cuentas en Instagram en los que se habla de que van a cruzar desde Marruecos a Ceuta el 15 de agosto.

En Facebook se convoca, en Instagram lo anuncian y en WhatsApp se organizan: así se coordina el cruce del 15 de agosto

“¿La puerta sigue abierta o no?” Este es el mensaje de un usuario en Facebook que preguntaba, antes de la entrada a Ceuta del pasado 30 de julio de 2026, por la situación en la frontera entre Marruecos y Ceuta. En este grupo, algunos usuarios publican de forma anónima y la conversación se centra principalmente en la coordinación de “saltos” y convocatorias, testimonios de personas que ya cruzaron e informan de la situación que encontraron, logística de transporte y rutas. También hay algunas publicaciones que difunden desinformación como el falso asilo de la Comisión Europea, los rumores de que “no devolverán a los que tengan oficios”, el “la puerta está abierta” o las supuestas ayudas que da España.

En WhatsApp, la conversación cambia de tono. Si Facebook funciona como un escaparate que convoca y moviliza, donde los usuarios comparten su teléfono con todos los participantes para que les añadan a estos grupos o envían links de invitación para que se unan, WhatsApp funciona más como un ‘centro de operaciones’. Aquí centran la conversación en la coordinación técnica e información para el cruce del 15 de agosto.

Junto a las referencias para efectuar el salto el 15 de agosto hay algunos mensajes que proponen adelantarlo a “antes del 15, porque ese día habrá demasiada gente”. Además de la logística del cruce, otros usuarios preguntan por detalles de quienes ya están en Ceuta: si están escondidos, detenidos o han sido trasladados a centros de acogida. Incluso se habla de personas que supuestamente han pasado varios días ocultas. Algunos mensajes también muestran que entre estas personas hay preocupación sobre la comida y el agua y se hace énfasis en que quienes planeen cruzar el 15 de agosto lleven suficientes provisiones.

Tras la entrada del 30 de julio, también hay mensajes que animan a seguir las conversaciones en privado por el temor a infiltraciones en los grupos. Además, a la logística se le suman mensajes de ánimo entre los miembros del grupo y otros mensajes de desánimo de quienes llevan días esperando para cruzar.

En Instagram, las publicaciones entremezclan perfiles personales con otros dedicados específicamente a contar cómo cruzar la frontera, pero con un tono personal: la mayoría comparten sus fotos con la fecha del 15 de agosto de 2026 por encima. Incluyen etiquetas como “Fenideq”, “Fnidaq”, o “FENIDG CEUTA” para indicar el punto de salida, Castillejos (Marruecos), y la frase “todo se verá/aparecerá ese día” se repite. Muchos de los perfiles identificados nunca habían publicado sobre migración y publicaron por primera vez sobre el tema entre el 31 de julio y el 3 de agosto. Los comentarios se centran en darles ánimos y pedir cuidado y precaución, también muchos usuarios comparten sus números de teléfono y piden ser añadidos en los grupos de WhatsApp.

En la misma plataforma, hay también otro tipo de cuentas con imágenes de perfil de la bandera de España o de la Unión Europea que se dedican a publicar contenido relacionado con la migración a estos lugares. Algunos incluyen en su biografía un descargo de responsabilidades diciendo “no se permite la incitación a la migración” mientras que otros han difundido la movilización el 15 de agosto.

“Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”: los mensajes donde usuarios anuncian que cruzarán a Ceuta el 15 de agosto

“Hermanos, al atardecer y al amanecer del día 15 todo el mundo entra”. Este es el mensaje que un usuario escribió el 3 de agosto en un grupo en Facebook llamado ‘Alhucemas 🙋 puerta de Ceuta’. Ya desde las horas posteriores a la entrada de miles de personas en Ceuta, otros usuarios preguntaban por ello: “¿Qué sucederá el día 15/8/2026?”, escribió un usuario anónimo el 31 de julio de 2026 a las 8:52 de la mañana (hora peninsular española). “¿Cuál es el plan del 15/8?”, escribe otro, a lo que otro integrante del grupo responde pidiendo precaución: “tened cuidado, esto no es un ataque al azar. Esto no es lo mismo que la destrucción de ayer”.

Pero este no es el único mensaje ni la única plataforma, en Telegram identificamos un grupo que redirige a otro en WhatsApp bajo el mensaje “Todos entren aquí. Pongámonos de acuerdo en un plan para una salida”. En este grupo, creado el 13 de febrero de 2025 se habla de temas logísticos, como que esta vez es más importante llevar agua y comida para subsistir en Ceuta, o del miedo a que haya una mayor presencia policial en la frontera. Precisamente por ese refuerzo fronterizo, otros usuarios sugieren adelantar la entrada.

“El que quiera, que lo haga antes del 15, unos dos días antes… el 15 estará demasiado lleno”

Esto lo refleja un usuario que pide redirigir la conversación a chats privados: “Hermanos, hay un golpe antes del 15; el día 15 estará demasiado lleno. Quien quiera ir, que envíe un mensaje privado”. A continuación, otros integrantes del grupo envían mensajes de voz en los que se mencionan “cortes” entre Marruecos y España, en lo que podrían ser referencias a cierres en las fronteras, avisos de una mayor presencia policial y advertencias de que no encontrarán ayuda para cruzar.

Es ahí cuando otro usuario pregunta en un audio por la barrera flotante que ha instalado el Gobierno español en el espigón del Tarajal: “Hermanos, ¿cuánto mide la red de abajo donde pusieron una barrera entre Ceuta y Fnideq [Castillejos] para el que quiera sumergirse?” Pero esta duda se queda sin respuesta.

A las 16:28 del 3 de agosto, una persona con prefijo de Dinamarca escribe en Dariya (dialecto del árabe en Marruecos): “Todo está listo para el nuevo salto nocturno de esta noche a las 22:00” (en referencia al 3 de agosto de 2026). A esto, inmediatamente después, otra persona, esta sí con un número marroquí, le pregunta: “¿Dónde será el salto?” Pocos minutos después, el mensaje había sido eliminado.

En WhatsApp también se ofrecen consejos y recomendaciones sobre cómo cruzar hacia Ceuta sin pasar por la frontera del Tarajal. El 2 de agosto, un usuario compartió un vídeo en el que se veía un trazado hasta el Embalse del Infierno, al sur de Ceuta, en Google Maps. Este vídeo va acompañado del texto: “salieron por ahí”. El recorrido que se realiza se inicia en la carretera P-4701, en la localidad de Beliones (Belyounech), que hace frontera con Ceuta pero en el punto contrario al espigón del Tarajal. El cruce hacia Ceuta se realizaría en una zona boscosa bordeando la N-632 para llegar a la Torre de Anyera y posteriormente sortear el Acuartelamiento García Aldave, base de la Legión en la ciudad autónoma. El vídeo finaliza en una zona boscosa, lo que encaja con otros comentarios en estos grupos donde se habla de esconderse de la Policía en estos puntos.

La logística para cruzar: de pagos por servicios a recordatorios para llevar comida y agua

Las estrategias para atraer a quienes desean cruzar hasta España son variadas y en muchas ocasiones tratan de pasar desapercibidas, sin publicar textos, lo que dificulta el rastreo o ser detectados por la propia red social. En Facebook diferentes grupos y perfiles promocionan la emigración a Ceuta y a otras partes de Europa con fotos de motores de lancha o de lanchas u otro tipo de embarcaciones. Una de estas páginas, creada en julio de 2025, publica con frecuencia imágenes de un motor, de Kayaks hinchables o de los metros que separan la frontera en el mar de Marruecos con la valla de la playa del Tarajal, en Ceuta, como reclamo a quienes quieren emigrar a la ciudad autónoma.

Otro perfil de un particular, que se unió a Facebook en febrero de este año, lleva desde el 3 de junio publicando fotos de todo tipo de transporte marítimo: embarcaciones neumáticas, motos acuáticas o lanchas. Otras veces publica una imagen de la bandera de España con un número de teléfono y señalando que se encuentra en el norte de Marruecos. La misma persona aprovecha para promocionar su número de teléfono en otros grupos de la misma red social donde se comparten fotos de la llegada de miles de personas a Ceuta a finales del mes de julio. Estos grupos también promocionan el “Haraga”, que significa “los que queman” y que describe tanto a los migrantes clandestinos como a un fenómeno viral en redes sociales que incita a jóvenes a cruzar de forma irregular a España. En algunos post podemos ver hashtags como #fastmoney (dinero rápido). Algunos de estos grupos funcionan en formato multiplataforma, esto es, los mismos perfiles con las mismas publicaciones las encontramos en diversas plataformas como Instagram, Facebook y Threads.

En grupos de WhatsApp se recomienda la provisión de enseres y agua a los usuarios que planean venir el 15 de agosto. “El agua lo es todo y es obligatoria” dice un usuario. En los audios también se advierte de que el hambre y la sed son los mayores riesgos para quienes intentan mantenerse ocultos antes del salto.

En un grupo de Facebook otra persona publica una foto de ganchos artesanales con el texto: “Quien tenga ganchos para vender, que me escriba”. Otro usuario, esta vez de Instagram también publica un vídeo donde se le ve con una mochila y unos ganchos en la mano dando consejos para la “harraga”, como llevar las herramientas en una bolsa en lugar de en una mochila o que los que vayan en grupo lo hagan por separado para no ser detectados.

También hay quienes preguntan si unas aletas de buceo son buenas o un cinturón de espuma de natación: “chicos, ¿qué os parece esto? Junto con unas aletas o un traje de neopreno…Podríamos entrar/cruzar con ello, yo y otra persona, de noche, poco a poco, hasta llegar”, consulta otro usuario.

Unos quieren irse, otros están preocupados por los que cruzaron y de los que no tienen noticias

“Chicos, que Dios os proteja. ¿Alguien ha visto a este chico? Hace 10 días que no se sabe nada de él”, comenta en uno de estos grupos de Facebook Yassine, el tío de Zakaria, un joven de 26 años a quien vieron por última vez en la ciudad de Villa Cisneros, en el Sáhara Occidental. “Se fue con un grupo de aproximadamente 40 jóvenes, entre ellos también había chicas”, explica a Maldita.es su tío que añade que “salieron para emigrar el día 14 de julio y hasta ahora no hay ninguna noticia de ellos”.

También encontramos fotos de Aymen, que desapareció el 14 de julio y fue visto por última vez entre Alcazarseguer y Tarfaya en dirección a España; o Abdelghani, de 17 años, que salió desde Argelia en una embarcación de motor. Es la otra realidad, la de los que intentan emigrar y nunca llegan al destino y la de sus familiares buscándolos en grupos donde se comparten historias de quienes sí llegan e incluso animan al resto. La mayoría, jóvenes, menores de 30 años.

En los grupos de WhatsApp también se percibe preocupación: “¿Qué pasó con las pocas personas que permanecieron en Ceuta, escondidas o que no regresaron?”, dice un usuario. Otros piden precaución o desean tener la misma suerte cuando lo intenten: “Dios mío, ojalá me lo facilites. Mi intención no es solo huir de la miseria; mi intención es construir un futuro en este país”, dice una usuaria en Facebook.

Jose Marí Olano, regidor del PP de València i pes pesant de l'equip de l'alcaldessa María José Catalá, va bromejar en un xat intern minuts després de l'enviament de l'Es-Alert per la dana del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. “Jo he telefonat al 112 perquè vingueren a atendre'm de l'ensurt que m'he emportat amb el so de l'alerta”, va escriure Marí Olano en referència al missatge automàtic enviat als mòbils per Emergències de la Generalitat a les 20.11 del dia dels fets, quan ja hi havia desenes i desenes de morts sobre el terreny i un nombre incalculable de ciutadans atrapats per les inundacions. La broma va ser la seua única intervenció en tot el dia en el xat, al qual ha tingut accés elDiario.es.

Dos de les principals institucions controlades pel PP de Carlos Mazón —la Generalitat i l'Ajuntament de València— van encarar la resposta a l'emergència de la dana amb camins paral·lels, distància i una certa desigualtat pel que fa amb l'agilitat de cadascuna.

El grup de WhatsApp dels regidors de l'Ajuntament de València (lliurat per l'alcaldessa a la jutgessa de la dana després de la seua declaració testifical del passat 8 de juliol) permet fer-se una idea de la resposta per part de l'equip del PP en el consistori, que va convocar la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal) només un minut després que els arribara que s'havia activat l'alerta roja per a la província de València.

El xat també acredita la presència continuada de l'alcaldessa María José Catalá, en contrast amb la desconnexió de Carlos Mazón del grup de WhatsApp del Consell, especialment quan el president es va tancar amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro en un llarg dinar i una llarga sobretaula en els moments clau de la gestió de l'emergència.

Les primeres converses ressenyen les queixes de l'equip de Catalá davant els avisos d'Aemet, tal com va escriure Pilar Esquible, assessora de premsa, a les 8.51: “Que s'aclarisca Aemet amb les alertes, els mapes i els colors, per favor”.

Un altre missatge, escrit per Catalá a les 8.52, resa: “És evident que no hi ha protocol per a aquestes situacions. Demà, a treballar-hi. Resulta il·lògic que suspenguem activitats a l'aire lliure a la ciutat i no avisem els coles que eviten els patis, per exemple. És una incoherència rere l'altra”.

Carlos Mundina, regidor del Cicle Integral de l'Aigua i de Cementeris, va advertir tres minuts després que els cementeris de la ciutat s'havien tancat. A les 8.58, Rocío Gil, edil d'Educació, va anunciar que havia ordenat que es tancaren els patis dels col·legis municipals.

Després de diversos intercanvis de missatges, Carlos Mundina va reenviar a les 10.19 un missatge sobre l'activació de l'alerta roja a tot el litoral de la província de València (incloent-hi, per tant, la capital). A penes un minut després, el vicealcalde i regidor de Protecció Civil, Juan Carlos Caballero, va anunciar la constitució del Cecopal. Dos minuts després, a les 10.22, l'alcaldessa Catalá va escriure que es reuniria el Centre Integral de Seguretat i Emergències (CISE) i va proposar que el seu equip valorara si s'emetia un comunicat sobre aquest tema.

L'enviament de “l'alerta del govern”

El xat inclou la preparació de la nota de premsa sobre la convocatòria del Cecopal, que va estar activat davall el comandament tècnic dels Bombers municipals des de sis hores abans que la Generalitat reunira el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi). A la vesprada, a les 18.44, es va informar en el xat que s'havia habilitat un pavelló per a acollir possibles afectats per les inundacions.

I, a les 20.11, l'assessora Pilar Esquibel va escriure: “M'acaba d'arribar l'alerta del govern”, en referència a l'Es-Alert enviat pel Centre d'Emergències de la Generalitat. “I a mi”, va contestar l'edil María José Ferrer San Segundo. Esquibel va compartir una captura del text de l'alerta (que la jutgessa instructora de la causa considera tardana i errònia en el seu contingut) i també va especificar que era “la que entra automàticament per l'antena [de telefonia]”.

Huit minuts després, Marí Olano va escriure la seua extemporània broma, que no va obtindre cap resposta. Els missatges següents, reenviats per Carlos Mundina a partir de les 20.56, donaven compte de la situació sobre el terreny i al·ludien al fet que Sedaví estava amb “mig metre d'aigua” i que l'aigua del “barranc del Pollo [sic]” estava “arribant” a les pedanies de la Torre i de Forn d'Alcedo.

Dos minuts després, José Manuel Esteve, assessor de premsa de Catalá, va reenviar vídeos de les inundacions que atribuïa a la pedania de la Torre. A les 21.00, el regidor Carlos Mundina va reenviar un missatge que deia: “Sembla que el barranc del Poio s'ha desbordat i afecta tota la zona”.

Llobet: “A les meues amigues ningú les ha ateses en una hora”

Després d'una successió de missatges de WhatsApp sobre l'afectació de les inundacions, a les 21.51, l'edil Jesús Carbonell (titular de l'àrea de Seguretat i Policia Local) va plantejar la possibilitat que el Govern de Pedro Sánchez assumira el comandament: “Jo em pregunte si no tocaria passar a nivell 3 i que ens ajudaren”. La regidora Paula Llobet va contestar quatre minuts després: “Jo crec que sí. Les meues amigues continuaven al sostre del cotxe fa 10 minuts. Ningú no les ha ateses en una hora. I ara estan sense bateria, o això vull pensar. I així estan en molts punts”.

Jesús Carbonell va remarcar a les 21.59: “Nivell 2 [de l'emergència] és perquè se suposa que podem arribar [a atendre la població amb recursos propis]. I, si no és així, aleshores és evident que hem de passar a nivell 3”. “O ens cauria el pèl”, va advertir l'edil. “Estic amb tu”, va contestar José Manuel Esteve.

La germana de l'alcaldessa, l'assessora Sonsoles Catalá, va alertar a les 22.45: “[La carretera] V-30 a l'altura de Paiporta i la Torre és un drama”. José Manuel Esteve va predir a les 23.17: “Serà gros. Aigua fins dalt a l'aeroport de Manises”.

Els mateixos edils del PP de València es van queixar del col·lapse del telèfon 112 d'Emergències de la Generalitat, un fet negat per Mazón aquella nit. Paula Llobet va escriure a les 23.36: “Això que el 112 no està col·lapsat... A mi m'arriba per molts fronts que no aconseguixen contactar-hi i això crea moltíssim nerviosisme. S'haurien d'habilitar més mitjans”.

L'alcaldessa Catalá va enviar el primer missatge al president Carlos Mazón a les 23.13 per informar-lo que estava a la central de la Policia Local de València. “És horrible. Hi haurà molts morts. Desenes segur ja”, va contestar Mazón.

El concejal de Seguridad de València, Jesús Carbonell, planteó la noche de la dana la conveniencia de ceder el mando de la gestión de la catástrofe al Gobierno central: “Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 [de la emergencia] y que nos ayuden”, escribió en el chat de WhastApp del equipo de la alcaldesa María José Catalá. “O nos caerá la del pulpo”, apostilló. La opción, sin embargo, correspondía bien a la Generalitat Valenciana o bien al Ministerio del Interior. Lo cierto es que nunca se activó.

Por otro lado, José Marí Olano, concejal del PP de València y peso pesado del equipo de la alcaldesa Catalá, bromeó en un chat interno minutos después del envío del Es-Alert por la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos. “Yo he llamado al 112 para que vinieran a atenderme del susto que me he llevado con el pitido del SMS”, escribió Marí Olano en referencia al mensaje automático enviado a los móviles por Emergencias de la Generalitat a las 20.11 del día de autos, cuando ya había decenas y decenas de fallecidos sobre el terreno y un número incalculable de ciudadanos que permanecían atrapados por las inundaciones. La chanza fue su única intervención en todo el día en el chat, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Dos de las principales instituciones controladas por el PP de Carlos Mazón —la Generalitat y el Ayuntamiento de València— encararon la respuesta a la emergencia de la dana en carriles paralelos, con distancia y cierta desigualdad en relación con la agilidad de cada una.

El grupo de WhatsApp de los concejales del Ayuntamiento de València (entregado por la alcaldesa a la jueza de la dana tras su declaración testifical del pasado 8 de julio) permite hacerse una idea de la respuesta por parte del equipo del PP en el consistorio, que convocó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) apenas un minuto después de que les llegara que se había activado la alerta roja para la provincia de Valencia.

El chat también acredita la presencia continuada de la alcaldesa María José Catalá, en contraste con la desconexión de Carlos Mazón del grupo de WhatsApp del Consell, especialmente cuando el president se encerró con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro en una larga comida y sobremesa en momentos clave de la gestión de la emergencia.

Las primeras conversaciones reseñan las quejas del equipo de Catalá ante los avisos de Aemet, tal como escribió Pilar Esquibel, asesora de prensa, a las 8.51: Que se aclare Aemet con las alertas, los mapas y los colores, por favor“.

Otro mensaje, escrito por Catalá a las 8.52, reza: “Es evidente que no existe protocolo para estas situaciones. Mañana a trabajar en él. Resulta ilógico que suspendamos actividades al aire libre en la ciudad y no avisemos a los coles de que eviten los patios, por ejemplo. Es una incoherencia tras otra”.

Carlos Mundina, concejal de Ciclo Integral del Agua y de Cementerios, advirtió tres minutos después de que los camposantos de la ciudad se habían cerrado. A las 8.58, Rocío Gil, edil de Educación, anunció que había ordenado que se cerraran los patios de los colegios municipales.

Tras varios intercambios de mensajes, Carlos Mundina reenvió a las 10.19 un mensaje sobre la activación de la alerta roja en todo el litoral de la provincia de Valencia (incluyendo, por lo tanto, a la capital). Apenas un minuto después, el vicealcalde y concejal de Protección Civil, Juan Carlos Caballero, anunció la constitución del Cecopal. Dos minutos después, a las 10.22, la alcaldesa Catalá escribió que se iba a reunir el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISE) y propuso que su equipo valorara si se emitía un comunicado al respecto.

El envío de “la alerta del gobierno”

El chat incluye la preparación de la nota de prensa sobre la convocatoria del Cecopal, que estuvo activado bajo el mando técnico de los Bomberos municipales desde seis horas antes de que la Generalitat reuniera al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Por la tarde, a las 18.44, se informó en el chat de que se había habilitado un pabellón para acoger a posibles afectados por las inundaciones.

Y, a las 20.11, la asesora Pilar Esquibel escribió: “Acaba de llegarme la alerta del gobierno”, en referencia al Es-Alert enviado por el Centro de Emergencias de la Generalitat. “Y a mí”, contestó la concejala María José Ferrer San Segundo. Esquibel compartió una captura del texto de la alerta (que la jueza instructora de la causa considera tardía y errónea en su contenido) y también especificó que era “la que entra automática por la antena [de telefonía]”.

Ocho minutos después, Marí Olano escribió su extemporánea broma, que no obtuvo respuesta alguna. Los siguientes mensajes, reenviados por Carlos Mundina a partir de las 20.56, daban cuenta de la situación sobre el terreno y aludían a que Sedaví estaba con “medio metro de agua” y a que el agua del “barranco del Pollo [sic]” estaba “llegando” a las pedanías de La Torre y de Forn de Alcedo.

Dos minutos después, José Manuel Esteve, asesor de prensa de Catalá, reenvió vídeos de las inundaciones que atribuía a la pedanía de La Torre. A las 21.00, el concejal Carlos Mundina reenvió un mensaje que rezaba: “Parece que el barranco del Poyo se ha desbordado y afecta a toda la zona”.

Llobet: “A mis amigas nadie les ha atendido en una hora”

Tras una sucesión de whatsapps sobre la afectación de las inundaciones, a las 21.51, el edil Jesús Carbonell (titular del área de Seguridad y Policía Local) planteó la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez tomara el mando: “Yo me pregunto si no tocaría pasar a nivel 3 y que nos ayuden”. La concejala Paula Llobet contestó cuatro minutos después: “Yo creo que sí. Mis amigas seguían en el techo del coche hace 10 minutos. Nadie les ha atendido en una hora. Y ahora están sin batería, o eso quiero pensar. Y así están en muchos puntos”.

Jesús Carbonell remachó a las 21.59: “Nivel 2 [de la emergencia] es porque se supone que podemos llegar [a atender a la población con recursos propios]. Y si no es así entonces va de suyo que pasemos a nivel 3”. “O nos caerá la del pulpo”, advirtió el concejal. “Estoy contigo”, contestó José Manuel Esteve.

La hermana de la alcaldesa, la asesora Sonsoles Catalá, alertó a las 22.45: “[La carretera] V30 a la altura de Paiporta y La Torre es un drama”. José Manuel Esteve predijo a las 23.17: “Va a ser gordo. Agua hasta arriba en el aeropuerto de Manises”.

Los propios ediles del PP de València se quejaron del colapso del teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat, un hecho negado por Mazón aquella noche. Paula Llobet escribió a las 23.36: “Lo [de] que el 112 no está colapsado... A mí me llega por muchos frentes que no consiguen contactar y eso crea muchísimo nerviosismo. Se deberían habilitar más medios”.

La alcaldesa Catalá envió el primer mensaje al president Carlos Mazón a las 23.13 para informarle de que estaba en la central de la Policía Local de València. “Es horrible. Va a haber muchos muertos. Decenas seguro ya”, contestó Mazón.

La jueza de la dana ha incorporado a la causa los mensajes de WhatsApp de la alcaldesa de València, María José Catalá, relativos a la gestión de la emergencia.

Los whatsapps, a los que ha tenido acceso elDiario.es, incluyen los mensajes intercambiados entre la primera edil y el entonces president Carlos Mazón. “Es horrible, va a haber muchos muertos”, escribió Mazón a las 23.20 del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos.

“Lo sé”, contestó Catalá un minuto después. El último mensaje de Mazón a la alcaldesa lo escribió a las 23.27: “Decenas seguro ya”.

María José Catalá, según se desprende del chat incorporado a la causa, tenía anotado a Mazón en la agenda de su teléfono como presidente de la Diputación de Alicante, su anterior cargo al de jefe del Consell.

La alcaldesa de València, tal como explicó en su declaración ante la jueza del pasado 8 de julio, no habló con Mazón hasta la noche. De hecho, el primer mensaje enviado al president por Catalá fue a las 23.13: “Estoy en central PLV [Policía Local de València]. Si necesitas algo dime”, escribió la primera edil.

Los mensajes de WhastApp fueron cotejados por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) tras la testifical de Catalá, quien prestó su contentimiento para que se incoporaran a la causa.

WhatsApp está trabajando en un cambio en la forma de compartir el contacto dentro de la aplicación. La plataforma ya ha empezado a dejar que algunos usuarios reserven un nombre propio, aunque de momento esta opción no sirve como vía para iniciar conversaciones. La medida forma parte de una nueva función que permitirá identificarse dentro del servicio sin tener que facilitar siempre el número de teléfono, un dato que hasta ahora ha sido la base para hablar con otra persona en la app.

El sistema todavía se encuentra en una fase previa. Esto significa que, en los casos en los que la opción ya aparezca en los ajustes, el usuario puede guardar un nombre de usuario para su cuenta, pero tendrá que esperar a que la función se active por completo para usarlo como forma de contacto. Cuando la función termine de desplegarse por completo, ese nombre podrá mostrarse en chats, grupos, llamadas y videollamadas con personas que no tengan el contacto guardado. La idea es que el teléfono deje de ser el único dato necesario para abrir una conversación.

Esta novedad no elimina el número de WhatsApp. La aplicación seguirá vinculada a una línea móvil y quienes ya conocían ese número de teléfono seguirán viéndolo. La diferencia estará en los primeros contactos. En una venta puntual, una consulta, un grupo o cualquier situación en la que no se quiera compartir el teléfono, el nombre de usuario funcionará como alternativa. Además, la función será opcional, así que nadie estará obligado a crear uno.

Qué son los nombres de usuario de WhatsApp

Los nombres de usuario son identificadores únicos asociados a cada cuenta. Cada persona podrá tener uno y no se repetirán dentro de la aplicación. En la práctica, servirán para localizar a alguien sin introducir su número. Si alguien quiere iniciar una conversación, podrá escribir ese alias en el apartado de nuevo mensaje y, si coincide con un identificador existente y disponible, aparecerá la cuenta correspondiente.

La idea recuerda a cómo se comparten perfiles en otras plataformas, aunque WhatsApp no plantea esta herramienta como una red social. No se trata de crear un perfil público ni de sustituir la agenda del móvil, sino de añadir una capa extra de privacidad. Se podrá compartir un nombre en lugar del teléfono, reduciendo así la exposición de un dato personal en situaciones donde no siempre es necesario.

El funcionamiento también dependerá de los permisos que configure cada cuenta. En el apartado dedicado a recibir mensajes por nombre de usuario, la aplicación puede ofrecer la opción de permitir que cualquiera que conozca el alias exacto pueda escribir. También puede aparecer una alternativa más restrictiva: exigir una clave de cuatro dígitos. En ese caso, el identificador por sí solo no bastará para iniciar una conversación.

Este filtro puede resultar útil si el nombre se comparte en una tarjeta, una web, una red social o en grupos con muchas personas. La clave evitaría que el alias funcione como una puerta abierta. Aun así, la herramienta no ocultará el número a quienes ya lo tengan guardado o lo hayan visto antes en un chat. Tampoco sustituye el teléfono como elemento necesario para crear y mantener la cuenta de WhatsApp.

Cómo registrar un nombre de usuario

Para reservar un nombre de usuario hay que entrar en los ajustes de WhatsApp desde el móvil. En Android, el menú se abre desde los tres puntos situados en la parte superior derecha de la pantalla. En iPhone, se accede desde la pestaña “Tú”. Una vez dentro de la configuración, hay que ir al apartado “Cuenta”, identificado con el icono de una llave, y buscar la opción “Nombre de usuario” dentro de esa sección.

Al entrar en ese apartado, la aplicación muestra una pantalla explicativa sobre la nueva función. Desde ahí se puede seleccionar “Crear nombre de usuario” y escribir el identificador que se quiera reservar. Es posible que haga falta probar varias veces, ya que dos cuentas no pueden tener el mismo alias. Si el elegido ya está en uso, habrá que intentar otra combinación hasta encontrar una disponible y aceptada por la aplicación.

La elección conviene hacerla con cierto criterio. Un nombre sencillo facilita que otras personas lo escriban bien, pero en un servicio con tantos usuarios muchas opciones habituales pueden no estar libres. La reserva sigue el orden de llegada: quien configure primero un identificador válido se lo queda. Aun así, la función se plantea como editable, por lo que se podrá cambiar o eliminar más adelante.

Una vez reservado, habrá que definir quién puede contactar mediante ese nombre. La opción más abierta permite que cualquier persona que conozca el alias exacto pueda iniciar un chat. La más restrictiva añade una clave de cuatro dígitos. Hasta que WhatsApp active por completo el sistema, el identificador quedará guardado en la cuenta. Cuando el despliegue sea oficial, podrá utilizarse como alternativa al número en los nuevos contactos.

La vicepresidenta Susana Camarero va plantejar serioses reticències a entregar a la jutgessa de la dana els missatges de WhatsApp del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, emmagatzemats al xat del Govern autonòmic de Carlos Mazón, un grup format pel president, els seus consellers i tres alts càrrecs de Presidència (que van ocultar davant la magistrada l'existència de la prova). Així consta en l'acta de la declaració de Camarero del passat 10 de juny, a la qual ha tingut accés elDiario.es. “Hi ha molts altres consellers involucrats i crec que no sóc jo qui ho ha d'aportar”, va esgrimir la vicepresidenta quan l'advocat Manolo Mata, que representa l'acusació popular exercida en la causa per Acció Cultural del País Valencià, va exposar l'existència del grup de WhatsApp intern del Consell.

“Em consta que té bastant rellevància”, li va reballar el lletrat a la testimoni, que es va quedar molt descol·locada davant la jugada de Mata, segons confirmen diverses fonts presents en la testifical. “Però, en tot cas, també té el xat la senyora Pradas”, va adduir la vicepresidenta en referència a la principal investigada en la causa, l'exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentat penalista que, a més, va ser portaveu del PSPV-PSOE a les Corts Valencianes durant l'etapa del Pacte del Botànic i coneix les interioritats del poder autonòmic, havia llançat la xarxa a la testimoni abans d'entrar en matèria. Prèviament a traure a la palestra l'existència del xat, va preguntar a Camarero si conservava el mateix telèfon mòbil sense desconfigurar. “Sí”, va contestar la testimoni.

Immediatament, l'advocat va llançar el dard: “És que és la primera membre del Govern valencià que acudeix [a declarar]. Hi ha un WhatsApp grupal de tots els consellers i vosté conserva [els missatges] d'aquell dia; ho podria aportar perquè vegem quina valoració es va fer sobre l'emergència?”, li va preguntar.

Camarero, després de l'ensurt inicial, es va oposar a aportar els missatges. “No tindria cap problema, però no crec que siga jo qui haja d'aportar un xat on estem els membres del Consell, que tenim secretes les nostres deliberacions”, va manifestar la vicepresidenta tant de l'Executiu anterior de Carlos Mazón com de l'actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El lletrat va recollir el guant i va argumentar que un grup de WhatsApp no era precisament un òrgan deliberatiu del Consell. “Eixe WhatsApp és determinant”, va argumentar Mata.

“Hi ha molta gent que ha canviat el telèfon; han canviat fins i tot els consellers. En aquest cas, la senyora Camarero és vicepresidenta del Govern actualment, i ni se li ha perdut ni se li ha destruït ni se li ha desconfigurat ni actualitzat negativament el telèfon, amb la qual cosa és probablement l'única oportunitat que puguem tindre'l”, va insistir l'advocat.

La jutgessa instructora, Nuria Ruiz Tobarra, va intervindre en l'interrogatori per a aclarir a la testimoni que, en qualsevol cas, l'aportació dels missatges de WhatsApp seria “voluntària”. “Jo li ho puc demanar, però després, si no ho vol aportar, no ho aporta”, va dir la magistrada.

Davant tal dilema, Camarero es va plantar en un primer moment:

—Doncs, si em permet, ho pensaré, ho consultaré; no només depén de mi. El que té a veure amb mi jo ho aporte com a testimoni.

L'interrogatori va seguir per altres derroters fins que, una estona després, la jutgessa va anunciar una breu pausa. La vicepresidenta va aprofitar el recés per a consultar fora de la sala de vistes amb el subsecretari Carlos Lirio, que, juntament amb la cap de premsa, acompanyava la testimoni en aquella visita al Palau de Justícia. Quan es va reprendre la testifical, Susana Camarero va canviar la seua postura inicial, de la qual ja s'havien fet ressò els mitjans de comunicació.

—En aquest recés (...) he preguntat, perquè vinc acompanyada per algú que pertany al meu equip, que sap aquestes coses, si entregar el [xat de] WhatsApp que m'ha sol·licitat el senyor Mata anteriorment de l'equip del Consell, dels consellers, estava dins de la legalitat; perquè li he comentat quan m'ho ha demanat: he de fer la consulta, perquè jo no sé si estic fent alguna cosa incorrecta o alguna cosa que em vaja a generar un problema. I m'han dit que el puc entregar i, per tant, la seua senyoria m'indicarà com (...).

La vicepresidenta, que (en una polèmica decisió revelada per aquest diari) es va absentar de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la dana per a acudir a un acte de lliurament de premis de la patronal, va defensar davant la jutgessa l'actuació del seu departament, del qual depenien les residències de persones grans i el servei de teleassistència. No obstant això, Camarero no s'esperava la jugada de l'advocat de l'acusació popular. La testimoni va reconéixer: “Jo, sincerament, per a preparar aquesta compareixença, no me n'he anat a aquest [xat de] WhatsApp”.

A més, els missatges de WhatsApp amb l'alt càrrec que va deixar connectat al Cecopi, incorporats a la causa, van confirmar que la vicepresidenta va abandonar la reunió tot i témer per la integritat de 80 xiquets d'un centre sota la seua protecció.

Un comprometedor xat amb un Mazón en to indecorós

La incorporació al procediment del xat del Consell de Carlos Mazón va suposar un cert punt d'inflexió en la instrucció de la causa. A més de revelar el to indecorós de l'aleshores president, va confirmar que Mazón, després de donar ordres a tort i a dret a primera hora del dia dels fets, es va desconnectar totalment del xat durant la resta de la jornada, en què va participar en un llarg dinar i sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro, malgrat que els seus consellers van alertar quasi en directe de l'empitjorament de la catàstrofe sobre el terreny.

Per la seua banda, la defensa de l'excap del Consell es resisteix, de moment, a entregar la resta de missatges de WhatsApp d'aquella jornada (escudant-se en un “elemental criteri de prudència”).

El xat també ha propiciat que la jutgessa es plantege citar com a testimonis altres consellers, una via inicialment descartada per la instructora. Es tracta del vicepresident Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular d'Educació durant la dana i actual conseller d'Economia i Hisenda); Miguel Barrachina (Agricultura), i Marciano Gómez (Sanitat).

Un incòmode escenari que obri la porta que, al retorn de la pausa en la instrucció per les vacances del mes inhàbil d'agost, desfile mig Consell de Pérez Llorca pel Palau de Justícia de Catarroja.

La vicepresidenta Susana Camarero planteó serias reticencias a entregar a la jueza de la dana los mensajes de WhatsApp del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, almacenados en el chat del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, un grupo formado por el president, sus consellers y tres altos cargos de Presidencia (que ocultaron ante la magistrada la existencia de la prueba). Así consta en el acta de la declaración de Camarero del pasado 10 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es. “Hay muchos otros consellers involucrados y creo que no soy yo la que lo tiene que aportar”, esgrimió la vicepresidenta cuando el abogado Manolo Mata, que representa a la acusación popular ejercida en la causa por Acció Cultural del País Valencià, expuso la existencia del grupo de WhatsApp interno del Consell.

“Me consta que tiene bastante relevancia”, le espetó el letrado a la testigo, que se quedó muy descolocada ante la jugada de Mata, según confirman varias fuentes presentes en la testifical. “Pero en todo caso también tiene el chat la señora Pradas”, adujo la vicepresidenta en referencia a la principal investigada en la causa, la exconsellera Salomé Pradas.

Manolo Mata, un experimentado penalista que además fue portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes durante la etapa del Pacte del Botànic y conoce las interioridades del poder autonómico, había lanzado la red a la testigo antes de entrar en materia. Previamente a sacar a la palestra la existencia del chat, preguntó a Camarero si conservaba el mismo teléfono móvil sin desconfigurar. “Sí”, contestó la testigo.

Inmediatamente, el abogado lanzó el dardo: “Es que es la primera miembro del Gobierno valenciano que acude [a declarar]. Hay un whatsapp grupal de todos los consellers y usted conserva [los mensajes] de ese día, ¿lo podría aportar para que veamos qué valoración se hizo sobre la emergencia?”, le preguntó.

Camarero, tras el susto inicial, se opuso a aportar los mensajes. “No tendría ningún problema pero no creo que sea yo quien tenga que aportar un chat donde estamos los miembros del Consell que tenemos secretas nuestras deliberaciones”, manifestó la vicepresidenta tanto del Ejecutivo anterior de Carlos Mazón como del actual de Juan Francisco Pérez Llorca.

El letrado recogió el guante y arguyó que un grupo de WhatsApp no era precisamente un órgano deliberativo del Consell. “Ese whatsapp es determinante”, argumentó Mata.

“Hay mucha gente que ha cambiado el teléfono, han cambiado incluso los consellers. En este caso la señora Camarero es vicepresidenta del Gobierno actualmente, y ni se le ha perdido ni se le ha destruido ni se le ha desconfigurado ni actualizado negativamente el teléfono, con lo cual es probablemente la única oportunidad de que podamos tenerlo”, insistió el abogado.

La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, terció en el interrogatorio para aclarar a la testigo que, en cualquier caso, la aportación de los mensajes de WhatsApp sería “voluntaria”. “Yo se lo puedo pedir, pero luego si no lo quiere aportar, no lo aporta”, dijo la magistrada.

Ante tal dilema, Camarero se plantó en un primer momento:

—Pues si me permite yo lo pensaré, lo consultaré, no solo depende de mí. Lo que tiene que ver conmigo yo lo aporto como testigo.

El interrogatorio siguió por otros derroteros hasta que, un rato después, la jueza anunció una breve pausa. La vicepresidenta aprovechó el receso para consultar fuera de la sala de vistas con el subsecretario Carlos Lirio, que junto a la jefa de prensa acompañaba a la testigo en aquella visita al Palacio de Justicia. Al reanudarse la testifical, Susana Camarero cambió su postura inicial, de la que ya se habían hecho eco los medios de comunicación.

—En este receso (...) he preguntado, porque vengo acompañada por alguien que pertenece a mi equipo, que sabe estas cosas, si entregar el [chat de] WhatsApp que me ha solicitado el señor Mata anteriormente del equipo del Consell, de los consellers, estaba dentro de la legalidad; porque se lo he comentado cuando me lo ha pedido: tengo que hacer la consulta, porque yo no sé si estoy haciendo algo incorrecto o algo que me vaya a generar un problema. Y me han dicho que lo puedo entregar y, por lo tanto, su señoría me indicará el cómo (...).

La vicepresidenta, que (en una polémica decisión revelada por este diario) se ausentó de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la dana para acudir a un acto de entrega de premios de la patronal, defendió ante la jueza la actuación de su departamento, del que dependían las residencias de personas mayores y el servicio de teleasistencia. Sin embargo, Camarero no se esperaba la jugada del abogado de la acusación popular. La testigo reconoció: “Yo sinceramente, para preparar esta comparecencia, no me he ido a ese [chat de] WhatsApp”.

Además, los mensajes de whatsapp con el alto cargo que dejó conectado al Cecopi, incorporados a la causa, confirmaron que la vicepresidenta abandonó la reunión a pesar de temer por la integridad de 80 niños de un centro bajo su protección.

Un comprometedor chat con un Mazón en tono indecoroso

La incorporación al procedimiento del chat del Consell de Carlos Mazón supuso un cierto vuelco para la instrucción de la causa. Además de desvelar el tono indecoroso del entonces president, confirmó que Mazón, tras dar órdenes a diestro y siniestro a primera hora del día de autos, se desconectó totalmente del chat durante el resto de la jornada, en la que participó en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro, pese a que sus consellers alertaron casi en directo del empeoramiento de la catástrofe sobre el terreno.

Por su parte, la defensa del exjefe del Consell se resiste, de momento, a entregar el resto de mensajes de WhatsApp de aquella jornada (escudándose en un “elemental criterio de prudencia”).

El chat también ha propiciado que la jueza se plantee citar como testigos a otros consellers, una vía inicialmente descartada por la instructora. Se trata del vicepresidente Vicente Martínez Mus; de José Antonio Rovira (titular de Educación durante la dana y actual conseller de Economía y Hacienda); Miguel Barrachina (Agricultura), y Marciano Gómez (Sanidad).

Un incómodo escenario que abre la puerta a que, al regreso de la pausa en la instrucción por las vacaciones del mes inhábil de agosto, desfile medio Consell de Pérez Llorca por el Palacio de Justicia de Catarroja.  

Venga, enséñame tus whatsapps. Abre el móvil, ahora, sin aviso previo, y déjame leer tus conversaciones, todas, íntegras, literales, sin aclaraciones ni contexto. Déjame leer lo que hablas con tu pareja, con quien no es tu pareja, con tu hermana hablando de tu pareja, con tu madre hablando de tu hermana, con amigos, con amigos hablando sobre otros amigos, con los compañeros de trabajo hablando de la empresa, las bromas que ríes en el grupo de antiguos colegas del instituto, los chistes incorrectos, el humor negrísimo, los cotilleos y maldades, las pequeñas mentiras sin importancia y las grandes, las confesiones propias y ajenas, y el grupo que tienes contigo mismo y que usas para anotar tus cositas.

¿Hasta dónde me dejarías leer? ¿Qué mensajes querrías dejar fuera, cuáles borrarías ahora mismo si temieses su lectura? ¿Hasta dónde soportarías que los leyera yo, otras personas, los aludidos, cualquiera, todo el mundo, que se publicasen en prensa y reprodujesen en pantallazos en la tele? La respuesta es obvia: ningún mensaje. Cero. No hace falta ser un delincuente, ni un adúltero, ni un mal amigo ni un imbécil chistoso, para encontrar terrorífico que tus WhatsApp puedan ser leídos sin tu consentimiento. El WhatsApp es intimidad absoluta, intimidad profunda. Más íntimo incluso que tus búsquedas en Google o tus preguntas a ChatGPT, que tampoco querrías enseñar.

Si eres un personaje público, la violación de tus conversaciones privadas tiene un plus de exposición mediática y escarnio. Si además estás siendo investigado, su difusión equivale a una confesión de culpabilidad. Y si encima eres el pimpampum elegido por la derecha política, mediática y judicial para hacer daño al gobierno, entonces ya hablamos de linchamiento.

Ya no nos acordamos, pero hace unos meses condenaron al Fiscal General del Estado, y uno de los indicios admitidos en su contra era el borrado de su móvil. Algo debía de esconder, razonaron los inquisidores. Lo que García Ortíz temía, con conocimiento de causa, era que sus conversaciones, todas, terminasen en manos de las acusaciones populares, y de ahí a las portadas de los medios. Tanto si contenían secretos de Estado como si se referían a su vida más privada.

El último violado en su intimidad es el ex presidente Zapatero. Si hubiese borrado sus conversaciones al saberse investigado, hoy lo acusarían de destruir pruebas. Como no lo hizo, los mensajes con su secretaria, todos, también los ajenos a la causa, han acabado en manos del PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y así hasta ocho acusaciones “populares”. Ahora ya sabemos para qué se personan algunos como acusación en todas las causas: disfrutan acceso prémium a las actuaciones. Para impedir más filtraciones, el juez ha decidido que en adelante solo tenga acceso una de ellas, la que coordina a todas: el PP. Muy tranquilizador.

Y todavía puede dar gracias Zapatero de que la UDEF no se llevó también su teléfono personal, que si no, hoy estaríamos leyendo su chat con los amigotes del instituto. Me parece terrorífico que normalicemos que las conversaciones privadas de alguien puedan acabar en las portadas. Lo mismo si solo dan juego como cotilleo, que si son utilizadas como pruebas de nuevos delitos distintos a los que motivaron su intervención. Qué miedo y qué vergüenza y qué asco.

“S'han produït rescats a la zona de la Ribera Alta, majoritàriament per cotxes encallats o persones que sol·licitaven ajuda per eixir dels seus domicilis. BCV [Bombers del Consorci de València] informa que s'ha mobilitzat l'helicòpter de rescat per assistir un camió a la població d'Alzira. Es produeix un buidatge, per part de BCV, en una residència de Carlet. No hi ha evacuació”.

Aquest és només un dels apartats de l'“Informe núm. 01 Episodi Meteo Dana Comunitat Valenciana” (complet al final de la informació) que l'exconsellera investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, va adjuntar el dia de la riuada a les 10.40 hores al grup de WhatsApp del Consell, en el qual estaven l'expresident Carlos Mazón, els seus alts càrrecs i tots els consellers i conselleres del Govern valencià.

Es tracta del primer d'una sèrie de documents que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana elabora i actualitza periòdicament i que, ja en les primeres hores del 29 d'octubre de 2024, dibuixa una situació extraordinària. Un informe que tots els responsables de la Generalitat tenien al seu abast i al qual, a la vista dels esdeveniments posteriors, no van prestar la deguda atenció.

Pradas va adjuntar l'informe al grup després de les instruccions que Mazón va donar en el xat a primera hora del matí: “Inundar de dades els mitjans hui, val? Dóna sensació d'estar alerta que et cagues”, va dir l'expresident a les 8.17 hores. A les 8.53 hores va fer l'última anotació al grup i ja no hi va tornar a intervenir en tota la jornada.

L'informe compartit per Pradas conté informació fins a les 10.15 hores. Fins a aquell moment, a més dels rescats esmentats, ja reflectia la suspensió de les classes en centres educatius de tres municipis de la província d'Alacant i de 51 de la de València. A més, recollia afectacions per inundacions en trams d'onze carreteres, nou de les quals van haver de ser tallades.

El document reflecteix també que, un dia abans, el 28 d'octubre, “Iberdrola estableix la situació d'alerta segons el seu protocol intern a les províncies de València i Castelló”, mentre el Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) de la Generalitat continuava sense convocar-se.

En el mateix grup de WhatsApp, Pradas va comunicar també a les 13.09 hores les alertes hidrològiques al riu Magre i al barranc del Poio. En concret, va escriure: “⚠️ Acabem de decretar alerta hidrològica en riu Magre i barranc del Poio, en coordinació amb la CHX [Confederació Hidrogràfica del Xúquer]”.

Consellers com José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i Vicente Martínez Mus, d'Infraestructures, també van compartir informació sobre la suspensió de les classes en centres educatius i les carreteres tallades, respectivament. No obstant això, el primer se'n va anar al seu domicili d'Alacant al migdia i el segon va assistir a un lliurament de premis de la patronal a les 18.00 hores, quan Metrovalència ja registrava incidències.

A les 18.03 hores va comunicar: “En FGV tenim incidències variades que es van resolent. La més important és el tancament del tram entre Picassent i Castelló per desperfectes greus a la via que impediran circular no sols hui, sinó també durant els pròxims dies. En aquests moments, a més, al baixador de l'Omet (Picassent) ha quedat atrapat un tren amb 10 passatgers. Estan treballant per traure'ls amb la policia local”.

Recentment, la jutgessa de la dana va demanar a la vicepresidenta Susana Camarero els arxius adjunts del grup de WhatsApp dels consellers i de Carlos Mazón que havia aportat al procediment. Així ho va acordar la magistrada instructora en una providència dictada aquest dimarts, amb caràcter previ a la resolució sobre la procedència de la declaració com a testimoni del conseller Vicente Martínez Mus, sol·licitada per l'advocada de l'acusació popular que exerceix en la causa el PSPV-PSOE.

“A l'objecte de resoldre sobre la sol·licitud formulada”, explica la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, la providència comunica a Camarero la “possibilitat d'aportació voluntària” dels arxius adjunts del xat denominat Consell PP, en el qual Mazón va donar instruccions als seus consellers a primera hora del matí del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, per a desaparèixer després completament de la conversa mentre estava en un llarg dinar i una sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro.

“Se han producido rescates en la zona de la Ribera Alta, mayoritariamente por coches varados o personas que solicitaban ayuda para salir de sus domicilios. BCV [Bomberos del Consorcio de Valencia] informa que se ha movilizado el helicóptero de rescate para asistir a un camionero en el municipio de Alzira. Se produce un achique, por parte de BCV en una residencia de Carlet. No hay evacuación”.

Este es solo uno de los apartados del “Informe nº 01 Episodio Meteo dana Comunitat Valenciana” (completo al final de la información) que la exconsellera investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, adjuntó el día de la riada a las 10.40 horas al grupo de Whatsapp del Consell en el que estaban el expresidente, Carlos Mazón, sus altos cargos y todos los consejeros y consejeros del Gobierno valenciano.

Se trata del primero una serie de documentos que va elaborando y actualizando cada cierto tiempo el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y que ya en esos primeros compases del 29 de octubre de 2024 dibuja una situación extraordinaria, un informe que tuvieron a su alcance todos los responsables de la Generalitat y a la vista de los acontecimientos no prestaron la debida atención.

Pradas adjuntó el informe al grupo tras las instrucciones que dio Mazón en el chat a primera hora de la mañana: “Inundar de datos a los medios hoy, ¿vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas”, dijo el expresidente a las 8.17 horas. A las 8.53 horas hizo el último apunte en el grupo y ya no volvió a intervenir en toda la jornada.

El informe compartido por Pradas contiene información hasta las 10.15 horas. Hasta ese momento, además de los mencionados rescates, ya refleja clases suspendidas en colegios de tres municipios de la provincia de Alicante y de 51 de la de Valencia. Además, recoge también afecciones por inundaciones en tramos de 11 carreteras, nueve de las cuales se tuvieron que cortar.

Además, se refleja el “cierre total del Puerto Valencia y de Sagunto” y en cuanto a afecciones en Metrovalencia se informa del “corte total” del tramo “Alginet- Castelló”, de “vía inundada” en Carlet y de circulación lenta “con algún retraso” en el tramo entre Godella y Rocafort.

El documento refleja que un día antes, el 28 de octubre, “Iberdrola establece la situación de alerta según su protocolo interno en las provincias de Valencia y Castellón”, mientras el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Generalitat seguía sin convocarse.

En el mismo grupo de Whatsapp, Pradas comunicó también a las 13.09 horas las alertas hidrológicas en el Magro y en el Pollo. En concreto escribió: “⚠️ Acabamos de decretar alerta hidrológica en Río Magro y barranco Pollo, en coordinación con la CHJ [Confederación Hidrográfica del Júcar]”.

Consellers como José Antonio Rovira, entonces de Educación, y Vicente Martínez Mus, de Infraestructuras, también compartieron información sobre clases suspendidas en colegios y carreteras cortadas respectivamente. Sin embargo, el primero se fue a su domicilio en Alicante a mediodía y el segundo acudió a una entrega de premios de la patronal a las 18.00 horas, cuando el metro ya registraba incidencias. A las 18.03 comunicó: “En FGV tenemos incidencias variadas que se van solventando. La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no solo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local”.

Recientemente, la jueza de la dana pidió la vicepresidenta Susana Camarero los archivos adjuntos del grupo de WhatsApp de los consellers y de Carlos Mazón que entregó al procedimiento. Así lo acordó la magistrada instructora en una providencia dictada este martes, “con carácter previo” a la resolución sobre la procedencia de la declaración testifical del conseller Vicenet Martínez Mus efectuada por la abogada de la acusación popular que ejerce en la causa el PSPV-PSOE.

“Al objeto de resolver sobre la solicitud formulada”, explica la jueza Nuria Ruiz Tobarra, la providencia comunica a Camarero la “posibilidad de aportación voluntaria” de los archivos adjuntos del chat denominado “Consell PP”, en el que Mazón dio instrucciones a sus consellers a primera hora de la mañana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, para desaparecer después completamente de la conversación mientras permanecía en una larga comida y sobremesa con Maribel Vilaplana en un reservado del restaurante El Ventorro.

La jutgessa de la dana, la magistrada Núria Ruiz Tobarra, estudia obrir un altre focus en la instrucció de la causa que podria suposar la declaració com a testimoni de més consellers de l'Executiu autonòmic de Carlos Mazón, després que la vicepresidenta Susana Camarero lliurara els missatges del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts, compartits al xat de WhatsApp denominat “Consell PP” (reproduït íntegre al final d'aquesta informació). Així es desprèn d'una providència dictada aquest dimarts en la qual s'ofereix a Camarero la possibilitat que aporte voluntàriament els documents en PDF que va compartir el conseller d'Infraestructures, Vicente Martínez Mus, sobre l'estat de les carreteres al llarg del dia dels fets. L'oferiment de la instructora s'emmarca en el pas previ a decidir sobre la citació com a testimoni de Martínez Mus, sol·licitada per l'acusació popular que exerceix en la causa el PSPV-PSOE.

La magistrada s'havia negat prèviament a citar com a testimonis els consellers José Antonio Rovira (titular d'Educació durant l'etapa de Mazón) i Miguel Barrachina (Agricultura), tal com sol·licitava l'acusació popular de Compromís, que va recórrer en apel·lació contra les negatives de la jutgessa a les diligències proposades, de manera que la decisió final haurà de prendre-la la secció segona de l'Audiència Provincial de València.

La instructora es va escudar en el caràcter secret de les deliberacions del Ple del Consell per a rebutjar les declaracions testificals, mentre que el fiscal de la causa va argumentar, per contra, que la resposta a l'emergència no ocupava cap dels punts de la reunió de l'Executiu d'aquella jornada i va concloure que les declaracions de Rovira i Barrachina serien “útils i pertinents”, tal com va informar aquest diari. Per la seua banda, l'aleshores portaveu del Consell, Ruth Merino, està citada a declarar com a testimoni el pròxim 22 de juliol.

Ordres de Mazón als consellers Rovira, Barrachina i Gómez

Tanmateix, el xat “Consell PP” obri un nou escenari. La prova documental incorporada al procediment confirma que Mazón va donar ordres —abans del Ple del Consell d'aquell infaust matí amb alerta roja— a diversos dels seus consellers (entre ells, Rovira i Barrachina, a més del titular de Sanitat, Marciano Gómez) sobre la gestió de l'emergència.

L'aleshores president va aportar la seua visió de la gestió de l'emergència i va demanar als seus consellers “inundar de dades els mitjans”, una tècnica que, segons el seu parer, “desprén sensació d'estar alerta que et cagues”. Malgrat aquestes instruccions, Mazón —que figura personat en la causa com una mena de “preinvestigat”— ja no va intervindre la resta de la jornada, durant la qual va assistir a un llarg dinar i una llarga sobretaula amb Maribel Vilaplana en un reservat del restaurant El Ventorro.

Mentre el recurs de Compromís sobre les declaracions com a testimonis de Rovira i Barrachina continua pendent de resolució per part de l'Audiència de València, l'acusació del PSPV-PSOE va aprofitar la conjuntura propiciada pel xat aportat per Susana Camarero per a sol·licitar la declaració com a testimoni de Martínez Mus, qui va alertar al grup de WhatsApp sobre “situacions crítiques” en infraestructures autonòmiques pròximes al barranc del Poio, com ara el Lloc de Comandament de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), tal com afirma l'escrit del passat 12 de juny de l'advocada Nuria de Antonio.

El “col·lapse progressiu” de la xarxa de Metrovalència

L'acusació popular pretén que Martínez Mus, actualment vicepresident tercer del Govern de Juan Francisco Pérez Llorca, aclarisca el “coneixement precís” de què disposava sobre el “col·lapse progressiu” de la xarxa de Metrovalència al seu pas per les zones afectades per la dana i quan es va comunicar a Emergències.

Abans de decidir sobre la petició, la jutgessa ha oferit a Camarero la possibilitat que aporte voluntàriament els arxius adjunts intercanviats al grup de WhatsApp: els PDF amb els informes sobre carreteres aportats per Martínez Mus i les actualitzacions sobre l'emergència de Salomé Pradas, a més d'un vídeo de les inundacions compartit per l'aleshores portaveu del Consell, Ruth Merino. Tant els informes sobre carreteres com els informes d'Emergències ja consten en el sumari.

La jutgessa pretén així comptar amb tots els elements previs per a decidir sobre l'eventual citació de Martínez Mus, una decisió que podria obrir la porta fins i tot a la compareixença d'altres consellers davant del Palau de Justícia de Catarroja. Un escenari potencialment inquietant per a l'actual Govern de Pérez Llorca, atesa la possibilitat que cada testimoni aporte —sempre voluntàriament— els seus propis missatges de WhatsApp del dia de la catàstrofe.

El llenguatge indecorós de Carlos Mazón

El xat del “Consell PP” ja retratava el llenguatge indecorós de Mazón, a més de la seua completa desaparició durant pràcticament tota la jornada, i les prioritats expressades pel conseller José Antonio Rovira, qui en plena tragèdia al·ludia al fet que “l'esquerra ha començat la seua campanyeta”, en relació amb una publicació a X d'un compte paròdic.

Unes eventuals declaracions com a testimonis de consellers com José Antonio Rovira, Miguel Barrachina, Marciano Gómez o Vicente Martínez Mus podrien suposar la incorporació a la causa de nous missatges de WhatsApp relatius a la gestió de l'emergència, sempre que els testimonis els aportaren voluntàriament —eixa ha sigut la tònica, fins i tot en el cas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo— i que no hagen sigut esborrats dels seus respectius terminals telefònics.