Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado una nueva planta solar fotovoltaica con baterías en el Intercambiador de Mogán, una infraestructura que permitirá aumentar el autoconsumo energético, reducir la dependencia de la red eléctrica y avanzar en la transición hacia un modelo basado en energías renovables. La instalación, ubicada sobre las marquesinas de la estación de guaguas, cuenta con una potencia pico de 65,88 kWp y contribuirá a mejorar la eficiencia energética de uno de los principales nodos de transporte del sur de Gran Canaria.

La actuación ha supuesto una inversión de 190.860,43 euros, de los que 147.949,34 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Este proyecto apuesta por el autoconsumo energético en infraestructuras públicas y la reducción de las emisiones de CO₂ mediante el uso de energía solar.

Al acto de inauguración asistieron el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández.

García Brink recalcó que “seguimos acelerando la transición energética de Gran Canaria, impulsando la implantación de energías renovables en infraestructuras públicas estratégicas, como es el principal intercambiador de transporte público de un enclave turístico tan importante como Mogán”.

Asimismo, señaló que esta instalación nace con una visión de futuro, ya que la energía que produzca podrá destinarse más adelante al punto de recarga para vehículos eléctricos que el Cabildo proyecta junto al Ayuntamiento de Mogán en esta zona, así como a abastecer a la futura comunidad energética del municipio.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, aseguró que esta instalación fotovoltaica “refuerza la sostenibilidad del municipio y mejora la eficiencia de un espacio público clave para Mogán y Gran Canaria”. En ese sentido, señaló que la Administración local valora “muy positivamente esta actuación, que complementa el trabajo que por nuestra parte venimos desarrollando en edificios municipales como el Centro para la Autonomía Personal, el Centro Cultural El Mocán, el Centro Polivalente y las Oficinas Municipales de Arguineguín, donde ya hemos instalado paneles solares para autoconsumo”.

Más de 129.000 kWh de energía renovable al año

La instalación, ubicada en la también conocida como Estación de Guaguas de Puerto de Mogán, cuenta con 108 módulos fotovoltaicos, que alcanzan una potencia pico total de 65,88 kWp, y dispone de dos inversores de 50 kW. Además, incorpora un sistema de almacenamiento mediante baterías con una capacidad de 197,12 kWh, que permitirá aprovechar la energía generada fuera de las horas de mayor producción solar, aumentando la autonomía energética del intercambiador.

La planta producirá una media estimada de 129.237 kWh al año, contribuyendo a reducir el consumo eléctrico de la infraestructura y su dependencia de la red.

Gracias a esta actuación se evitará la emisión de 67,07 toneladas de CO₂ al año, una reducción equivalente al consumo eléctrico anual de 37 viviendas.

La iniciativa, promovida por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo para impulsar la implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas, favoreciendo un modelo energético más sostenible, eficiente y resiliente, al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones asociadas al consumo eléctrico.

A pesar de que el incendio de La Mierla (Guadalajara) continúa activo y aún “no se piensa” en controlarlo, se ha entrado en fase de “estabilización”, las operaciones para su extinción progresan de manera “positiva” y las llamas avanzan a un ritmo menor que en días previos.

Así lo ha detallado el director técnico del dispositivo de extinción, Juanjo Fernández, en la tarde de este martes, precisando que las hectáreas calcinadas alcanzan las 32.000 y que ha evitado de momento que el incendio llegue a la provincia de Soria.

“Estamos empezando a bascular los esfuerzos de los bomberos forestales desde la cabeza hacia el flanco izquierdo. Esto es muy positivo porque lo que más centraba nuestros esfuerzos durante la pasada noche y la mañana ya se ha ejecutado y eso nos permite ir progresando por el flanco izquierdo desde la cabeza hasta la cola”, ha explicado Fernández.

Sobre los municipios afectados, Fernández ha precisado que son los mismos que en el día de ayer, 34 evacuados y 14 confinados, aunque los servicios de extinción consideran que están todos asegurados contra las llamas salvo en el caso de Prádena de Atienza, que es el municipio en el que más “problemas” tienen para considerarlo defendido. “La situación está asegurada, pero queremos asegurarnos más”, ha aclarado.

Además, el técnico ha explicado que se ha permitido el acceso a algunos ganaderos de la zona y a un camión de paja para alimentar al ganado.

Con respecto al incendio forestal de Selas, iniciado al mediodía de este martes también en la provincia de Guadalajara y que continúa activo, Fernández ha ofrecido un balance de 1.700 hectáreas quemadas y seis municipios desalojados. El técnico ha asegurado que este segundo incendio no ha retraído recursos que se estuvieran utilizando en las labores de extinción de La Mierla.

Entre los grandes incendios de la historia reciente de España

El fuego sigue en situación operativa de nivel 2. El PP de Guadalajara ha reclamado hoy valorar la activación del nivel 3, el máximo nivel de emergencia, que pasaría a considerarse nacional, según la escala del cero a cuatro, en las situaciones operativas de este tipo de catástrofes. Algo que ha descartado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar por innecesario.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aaegesen, aseguró por la mañana que “se sitúa ya entre los grandes incendios forestales de la historia reciente de España”.

Son más de 1.200 personas las evacuadas de una zona eminentemente rural, y una de las más despobladas del país, con una gran riqueza ecológica y ganadera en el parque natural de la Sierra Norte de la provincia. En la localidad de Humanes se mantiene habilitado un albergue en el polideportivo. Tiene capacidad para 200 camas. Allí atienden a los desplazados tres voluntarios y una ambulancia con dos técnicos, según ha informado Cruz Roja.

A ellos se sumaron durante la noche de ayer varios municipios de la provincia de Soria, ya que las llamas se encuentran a una distancia de entre 5 y 7 kilómetros del límite provincial.

Se mantienen las evacuaciones de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria de y de la población de Barcones. En la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón permanecen 33 personas trasladadas desde Retortillo (31 usuarios de la residencia y dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia) y en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán 27 vecinos de la localidad de Barcones, que puede ampliarse en cinco más esta noche, según ha informado la alcaldesa en el CECOPI.

La cercanía con Soria provocó que la Junta de Castilla y León se haya incorporado al mando de la emergencia para coordinar los trabajos de manera conjunta.

No hay viviendas dañadas, pero sí algunas naves industriales que se han quemado, aunque no se han precisado los detalles. Se está también trabajando desde la Diputación Provincial para suministrar pienso a los animales. Personas particulares y empresas están poniendo a disposición de los ganaderos sus instalaciones, mientras los vecinos evacuados piden “alguna acción” para gallinas y mascotas.

Mientras tanto, para el miércoles en Castilla-La Mancha y a las puertas de una nueva ola de calor, según las previsiones de AEMET, se mantiene el riesgo extremo de incendios. El mapa del índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) está teñido de rojo en toda la provincia y en prácticamente toda la comunidad autónoma.

Ya es el incendio forestal que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha, superando por mucho ya la superficie quemada por el fuego en La Riba de Saelices, en 2005, tristemente conocido por la muerte de 11 miembros de un retén, y del que se cumplen ahora 21 años.

Hay palabras y expresiones que se gastan de tanto usarlas, como una moneda que pasa de mano en mano hasta que ya no se le distingue el relieve. “Transición justa” es, a estas alturas, una de ellas. La vemos en los informes patronales y en los manifiestos sindicales, en las directivas europeas sobre el clima y, cada vez más, en cualquier documento que mencione la inteligencia artificial. La usa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus reuniones técnicas, la arrastran las consultoras en sus presentaciones y la repiten los gobiernos como un mantra litúrgico. A fuerza de querer explicarlo todo, cada vez explica menos.

Pero el problema no es solo el desgaste. Es que estamos trasladando el concepto de un terreno a otro sin preguntarnos si la tierra es la misma. Y, sobre todo, sin distinguir desde qué perspectiva lo analizamos. Si observamos ambas transformaciones desde el lugar donde negocian sindicatos y empresas, aparecen diferencias decisivas.

La “transición justa” no nació en la estratosfera de la retórica corporativa. Nació con nombre, apellidos y hollín en el sindicalismo del carbón y del petróleo del siglo pasado, y más tarde se formalizó como principio en la acción climática. Su premisa original era de una honestidad brutalmente concreta: si el interés general exige cerrar una central térmica o una mina, alguien tiene que responder por el minero de cincuenta y tantos años que se queda sin oficio y sin comarca.

Ese origen no es un detalle anecdótico, sino la clave de todo. Desde la perspectiva de la empresa y de la negociación colectiva, la transición ecológica es, en la inmensa mayoría de los casos, una transición de costes de sustitución. Exige rediseñar procesos productivos, sustituir tecnologías, transformar sistemas de transporte, cambiar materiales o desmantelar instalaciones para cumplir objetivos ambientales. Todo ello requiere inversiones y genera costes de adaptación. La transición justa nació precisamente para decidir cómo repartir esos costes sin que recaigan íntegramente sobre el eslabón más débil de la cadena productiva.

La transición digital, la robótica y ahora la inteligencia artificial responden a una lógica distinta, y ahí es donde el trasplante conceptual empieza a hacer aguas. También requieren inversiones, formación y reorganización empresarial. Pero su motor económico no es asumir un coste para cumplir un objetivo colectivo, sino obtener un incremento de productividad. Se hacen las mismas tareas con menos tiempo, menos costes operativos o menos trabajo humano. Esa mejora genera un excedente económico cuya distribución no está predeterminada.

Aplicar sin más el vocabulario de “compensar al perdedor” a un fenómeno que se implanta precisamente para generar ganancias de productividad es un error de origen. No es que la digitalización no tenga damnificados concretos —los tiene, e incluso de cuello blanco, muy reales—, sino que reducir la transición justa a la gestión asistencial de esas pérdidas deja fuera la pregunta verdaderamente decisiva: ¿qué ocurre con la riqueza adicional que genera esa nueva productividad y quién decide cómo se reparte?

Si la transición climática ha obligado principalmente a negociar cómo repartir los costes de la adaptación —prejubilaciones, recolocaciones, formación o planes de reindustrialización—, la transición digital obliga, además, a negociar el destino del nuevo valor que crea. Hoy ese excedente tiende, por defecto, a concentrarse en el margen empresarial y en la retribución del capital. Pero no existe ninguna razón económica que obligue a que toda la mejora de productividad derivada de un algoritmo termine exclusivamente en la cuenta de resultados de la empresa. Cómo se distribuye ese valor es una decisión de gobernanza y de negociación colectiva, no un destino inevitable.

Quizá ahí resida el verdadero cambio de época. La negociación colectiva del siglo XX aprendió, sobre todo, a repartir los costes de las crisis, de las reconversiones industriales y de los procesos de adaptación. La del siglo XXI tendrá que aprender también a negociar cómo se distribuyen las ganancias de productividad que genera la inteligencia artificial. No se trata de sustituir una misión por otra, sino de ampliar el objeto mismo de la negociación colectiva.

De ahí que las bases de una verdadera transición justa digital no puedan limitarse a copiar el esquema de la transición climática. No basta con negociar indemnizaciones dignas para quien pierde su empleo, aunque esa siga siendo una obligación irrenunciable. Hace falta incorporar una nueva agenda sindical: negociar también el reparto de las ganancias de productividad que la tecnología genera.

Reducir la jornada laboral sin merma salarial cuando la productividad aumenta de forma significativa, establecer mecanismos transparentes sobre los algoritmos que organizan el trabajo, garantizar el derecho a la formación permanente o vincular una parte estable del ahorro obtenido a fondos internos de recualificación son algunas de las herramientas de esa nueva negociación. Todas parten de una pregunta distinta de la que inspiró el sindicalismo del carbón. Ya no preguntan únicamente cómo protegemos a quien pierde, sino también cómo repartimos lo que se gana.

No se trata de abandonar el término “transición justa”. Sería tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Se trata de comprender que hemos heredado un concepto forjado para gestionar procesos de reconversión y adaptación, y que hoy debemos ampliarlo para responder a una transformación cuya principal característica, en el ámbito de la empresa, es la generación de ganancias de productividad. Mientras sigamos discutiendo el impacto de la inteligencia artificial únicamente con el vocabulario de la mina que se cierra, seguiremos formulando la pregunta equivocada. La cuestión decisiva ya no es solo quién compensa las pérdidas, sino también quién decide, bajo qué reglas y con qué participación de los trabajadores, cómo se reparte la riqueza que la inteligencia artificial contribuye a crear.

El Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, abre un nuevo capítulo en su historia. El centro de referencia internacional ubicado en el entorno del Parque Nacional del Teide se dispone a cambiar de nombre este mismo mes de julio. Así lo ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a este periódico.

La infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al ya mencionado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), estrenará oficialmente su nueva denominación el próximo 9 de julio. Ese día, la ministra Sara Aagesen visitará Tenerife para rendir homenaje al científico Emilio Cuevas, cinco meses después de su fallecimiento, y reconocer una trayectoria decisiva para situar a Izaña entre los grandes referentes internacionales de la investigación atmosférica.

Será entonces cuando el Observatorio de Izaña pase a denominarse Observatorio Emilio Cuevas, en honor al legado de quien lo impulsó a convertirse en un referente mundial de observación meteorológica.

No en vano, el observatorio tinerfeño comparte con el Mauna Loa Observatory, en Hawái, el reconocimiento de ser uno de los dos grandes referentes mundiales en la vigilancia de la atmósfera. Mientras el centro del archipiélago del Pacífico central, gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) a través de su Laboratorio de Monitoreo Global (GML), es célebre por albergar el registro histórico continuo más antiguo de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, Izaña se ha consolidado como una infraestructura científica clave para el seguimiento de la composición atmosférica y el cambio climático a escala global.

Emilio Cuevas, el científico que convirtió Izaña en un referente mundial

Emilio Cuevas Agulló nació un 30 de junio de 1961 para cambiar la ciencia en Canarias. Fue pionero en las islas en abanderar la lucha contra el cambio climático con trabajos sobre la evolución de la temperatura media y el impacto de los gases de efecto invernadero en el archipiélago y el primer español miembro de la Comisión Internacional del Ozono.

Su nombre quedó especialmente ligado al Observatorio Atmosférico de Izaña desde su llegada, en 1989, hasta 2023, año en el que se jubiló tras casi un cuarto de siglo como director. Su jubilación estuvo motivada por una enfermedad neurodegenerativa contra la que llevaba luchando años. Bajo su liderazgo, el centro que ahora llevará su nombre dejó de ser un destacado observatorio meteorológico para convertirse en uno de los principales centros de investigación atmosférica del mundo, referencia internacional en el estudio del cambio climático, la vigilancia de los gases de efecto invernadero, el ozono, la radiación solar y el polvo sahariano. Gracias a su trabajo, Canarias se consolidó como un enclave estratégico para la observación global de la atmósfera y un socio científico de organismos como la Organización Meteorológica Mundial, la NASA y numerosos centros de investigación internacionales.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

Muchos estudios sobre la emergencia climática tienen dos problemas. El primero es la falta de propuestas: realizan un diagnóstico más o menos atinado de la situación, pero se quedan ahí, incapaces de plantear posibles soluciones. En el segundo caso, sí se apuntan ideas prácticas, aunque están tan limitadas a la acción individual (reducir el consumo de energía, optar por el transporte público, reciclar o adquirir alimentos de proximidad) que se quedan cortas a la hora de concebir una transformación a fondo de todo el sistema. Esto deriva en un pesimismo colectivo que puede conducir a la inacción y el desánimo, algo que ya está perjudicando la salud mental de la población, sobre todo de los jóvenes.

¿Cómo revertir este panorama? Todo cambio comienza con la capacidad de imaginar un futuro distinto, de no resignarse al desaliento solo porque hasta ahora nos han dicho que no se puede hacer más. El siguiente paso consiste en buscar alternativas y refrendarlas con situaciones en las que hayan demostrado su eficacia. Puede que la humanidad no se haya enfrentado a un desafío semejante, pero ha habido otros retos que en su momento también parecían imposibles de asumir y que sin embargo se superaron o, como mínimo, mejoraron sus pronósticos.

El último paso, quizá el más difícil, es comunicar esa posible solución al público para instarlo a actuar. Porque, esto hay que tenerlo claro, los cambios solo se consiguen al ponerse en marcha. Para ello es necesario contar con una ciudadanía concienciada y lo bastante preocupada por el tema como para atender la llamada de atención. Esa masa social, formada por un conjunto numeroso de individuos unidos por una causa común, es clave en este proceso, tal y como defiende el investigador Matthew T. Huber (Chicago, 1970) en El futuro de la revolución (2022; Errata naturae, 2024, trad. Silvia Moreno Parrado). Este profesor de Geografía de la Universidad de Siracusa lleva años estudiando las relaciones geoeconómicas con el capitalismo y las políticas climáticas, y en este libro propone una insurrección colectiva para combatir la inercia política actual.

Hacia un nuevo paradigma

Los trabajos sobre la crisis climática se inscriben en el ámbito científico, en áreas como la ecología, las ciencias atmosféricas o la geología; pero las ciencias humanas tienen un papel clave en la emergencia, por cuanto las tendencias sociopolíticas y económicas son las responsables de la respuesta (o la indiferencia) hacia el fenómeno. La ideología que más se compromete con el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que trata de contrarrestar los excesos capitalistas que han llevado a este límite, es la política verde, alineada en general con los partidos progresistas partidarios de la justicia social.

¿Qué sucede? Por un lado, el problema de circunscribir esta preocupación a un espectro del arco político reduce el número de ciudadanos concienciados: o se está a favor de una regeneración verde urgente, o se es un negacionista climático. La polarización creciente en el debate público y la proliferación de bulos en los medios de comunicación tampoco ayudan. No obstante, sería un error creer que el negacionismo es el único obstáculo para tomar medidas: dentro de las agrupaciones de izquierda y socialdemócratas tampoco se ha dado una respuesta unitaria y ha faltado, en general, contundencia.

Puede que los negacionistas no sean muchos, pero tampoco el cambio climático es una prioridad para la mayoría. En España, según el barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la población son la vivienda, la corrupción y el fraude políticos, el paro, la crisis económica, la inmigración y la sanidad; hay que bajar unos cuantos puestos de la lista para encontrar el cambio climático. Por mucho que se intente sensibilizar sobre la urgencia que requiere la situación medioambiental, la percepción dominante es que se trata de un asunto secundario, algo que puede esperar y, un punto determinante, que está desligado del resto de problemas sociales.

De esto último surge la tesis de Matthew T. Huber: es un error creer que el empleo o los servicios públicos, por ejemplo, resultan indiferentes a la emergencia climática. Frente al desprestigio de las políticas climáticas entre buena parte de la población, propone una visión transversal que ponga de relieve su conexión con los problemas que resultan más inmediatos y graves. Porque sucede que los ciudadanos se movilizan, deciden su voto y presionan a sus dirigentes en función de lo que les preocupa más en cada momento. Para tomar otro rumbo, es preciso que la lucha climática sea una prioridad para la mayoría.

El cambio climático como lucha de clases

Hablar de “mayoría”, sin más, resulta vago. ¿Quién debería conformarla? Si pensamos en la estructura de clases sociales, la base de la pirámide la componen los trabajadores no cualificados o precarios, los desempleados, los pensionistas con menor retribución y otros sectores con un número bajo de ingresos. Sin embargo, tal como analiza Huber, el compromiso por el clima viene, sobre todo, por parte de una clase profesionalizada que no solo se define por un mayor poder adquisitivo, sino por un soporte intelectual. Dicho de otro modo: la concienciación surge como respuesta a la investigación científica, que constituye el credo de este grupo social.

Esta clase profesional también intenta convencer a los demás con ese mismo discurso: hay que luchar contra el cambio climático porque así lo dice la ciencia, y la ciencia está por delante de todo lo demás. Es una teoría cargada de razón, pero poco efectiva, con el riesgo de quedarse en las buenas intenciones. Las dificultades que de un tiempo a esta parte tienen los partidos de izquierda para aumentar sus bases se extienden a la sensibilización por el clima: si antes eran los obreros quienes protagonizaban los movimientos sociales, ahora el perfil típico de su votante es un universitario que entiende la jerga académica y se muestra sensible no solo a las desigualdades económicas de clase, sino también a causas identitarias como el feminismo, el racismo o la representación LGTBIQA+.

Los activistas por el clima se enfrentan a un reto: conectar con esa gran masa social que conforman los menos privilegiados. Son una pieza esencial para la revolución, y ahí es donde el autor da un giro al planteamiento del problema: la emergencia climática debe entenderse como una lucha de clases. Ni como algo que dependa en última instancia de los gestos individuales, ni como un entretenimiento de ciudadanos cultos con poca calle y mucho discurso. Solo así se puede tener éxito. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia tiene numerosos ejemplos de triunfos cuando la masa social se une por el bien colectivo.

Ecología proletaria

Matthew T. Huber lo explica redefiniendo las clases sociales. Sigue tomando las fuerzas de producción y cómo se relaciona cada colectivo con ellas como medida, pero va más allá del esquema tradicional de ricos, clase media y pobres. En primer lugar, identifica la “clase capitalista”, la de los grandes propietarios, los que controlan el capital industrial y los capitales fósiles. Ahí está la raíz del problema: son los causantes de la mayoría de emisiones tóxicas que han llevado el planeta a este estado, y, mientras solo miren por el rendimiento económico, nada va a cambiar de manera sustancial.

El segundo grupo es el que denomina “clase profesional”. Aquí tienen cabida tanto los dirigentes políticos como el segmento de la población más comprometido con el clima, es decir, los activistas, científicos, profesores, periodistas y estudiantes, entre otros, que se mantienen informados, difunden las investigaciones e intentan alertar a la población. Este estrato no siempre tiene las mejores condiciones salariales, pero aun así se aleja del obrero raso por la formación académica, los hábitos de consumo y el estilo de vida. Este grupo, como señala Huber, cree en la meritocracia, o al menos se ha educado en función de este principio, y actúa de manera individualista al centrarse en su ascenso social.

El tercer segmento, y el más numeroso, es la “clase trabajadora”. Como indica el autor, la clasificación no se basa solo en la situación profesional: “La clase es una relación de propiedad y poder”. Hay profesiones que se están proletarizando, como el periodismo o la enseñanza universitaria; en cambio, entre los trabajos no cualificados, un fontanero dueño de su propio negocio se sitúa en una clase distinta de la del que trabaja para otros. Además, es importante no olvidar a la población inactiva: “cónyuges que no trabajan, dependientes, familiares y desempleados” que dependen de los servicios sociales o del dinero del trabajo asalariado de otros.

Para Huber, el problema principal del cambio climático está en el primer grupo, el de los inversores: mientras solo miren por su beneficio, todo seguirá igual o peor. La clave, según él, es que el sector más crítico para las emisiones pase a manos públicas, es decir, se trata de conseguir una infraestructura energética pública que no tenga como prioridad el rendimiento económico sino mejorar las condiciones de la población y el ecosistema. Frente a las políticas de enriquecimiento rápido, deben implementarse proyectos a largo plazo que garanticen una transición energética ética, sostenible y en beneficio de todos. ¿Qué puede hacer la población para lograrlo? Ejercer fuerza social colectiva.

Presión social y el poder del sindicato

Hay que presionar a los gobiernos, pero no solo con el argumento científico, que hasta ahora se ha demostrado insuficiente a la hora de establecer prioridades. El componente de clase debe estar ahí: la presión, cuando ha logrado resultados, ha sido desde abajo, desde una masa social integradora en la que tienen cabida tanto los trabajadores como los miembros de la clase profesional. Entre otras cosas, porque ellos tienen el poder, si se organizan, de paralizar el sistema eléctrico u otra infraestructura, un gesto de boicot que llame más la atención que un corte de carreteras puntual o una acción en un museo. Para ello, el autor reivindica el papel de los sindicatos, tan devaluados, como garantía de la protección de los trabajadores y la organización de protestas.

También es necesario convencer a la clase obrera de que trasladar el imperio energético a manos públicas será positivo para ellos: la transición generará otros empleos para construir las nuevas redes, unos empleos más seguros, en proyectos a largo plazo que no dependerán del mercado. Además, aunque Huber pone el foco en el sector energético, no hay que olvidar que el cambio climático repercute en todas las áreas: la salud empeora, las temperaturas en las aulas dificultan el desarrollo del curso, aumentan los temporales extremos que causan estragos, etc. Todo eso perjudica de forma directa al trabajador, y la transición energética también garantiza los trabajos de prevención para contrarrestarlos.

Ni culpar al ciudadano ni resignarse: para luchar contra el cambio climático, hay que combatir el liberalismo individualista del capitalismo tardío y recuperar el espíritu de los movimientos de la primera mitad del siglo XX, o de causas más recientes como los chalecos amarillos en Francia. Movimientos sustentados en la solidaridad, en el frente común por encima de las diferencias identitarias, porque sobre todos ellos se cierne una amenaza más grande. Esto pasa por ver el bosque en lugar del árbol, recuperar el póster completo y ser conscientes de quién maneja los hilos de verdad en esta historia.

Hay que volver a creer, volver a motivar a la gente. Un trabajador desmotivado se cruza de brazos, mira por sus intereses a corto plazo y, harto de la palabrería de los partidos de izquierda, pierde el interés por la política y se desconecta de la lucha por el bien común. De esa insatisfacción se nutren las corrientes reaccionarias. Los activistas climáticos no pueden permitirse el lujo de renunciar a este colectivo social: recuperarlo para la causa ha de ser el primer objetivo para vertebrar una presión social fuerte, capaz de intervenir en las decisiones de arriba. No estamos en un callejón sin salida: aún se puede cambiar el rumbo. Pero no basta con la teoría: hace falta una revolución.

El Ayuntamiento de Tías ha manifestado este jueves su “oposición total y disconformidad expresa” a la declaración de interés general, por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, del proyecto de Instalación de solar fotovoltaica Tías I, en la zona de Mácher, por “la incompatibilidad urbanística, al impacto paisajístico insalvable y el rechazo social acreditado”.

En un comunicado, el Consistorio explica que el proyecto de conexión a red de 1,176 MWp ha sido promovido por la mercantil RS IBERIA 23 y contempla la ocupación de 28.721 metros cuadrados en la localidad de Mácher con 1.680 módulos solares y un centro de transformación, entre otras instalaciones.

Para el Ayuntamiento de Tías, la declaración de interés general del proyecto por parte del Gobierno de Canarias supone una “incompatibilidad manifiesta con el planeamiento urbanístico y protección agraria y un impacto paisajístico inasumible”, subraya la nota.

Además, la Corporación local asegura que “carece de razones justificadas de urgencia o excepcional interés, supone riesgo para las infraestructuras públicas y seguridad y vulnera el principio de proporcionalidad y autonomía local”.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, solicita en la notificación enviada este mismo jueves al Gobierno de Canarias que también se respete la autonomía local y la protección del suelo rústico de protección agraria, “evitando un precedente que comprometa la identidad territorial de nuestro municipio”.

Cruz Saavedra sostiene que el Ayuntamiento “no está en contra de las energías renovables”, pero defiende que su implantación debe hacerse “con planificación, con respeto al territorio, con garantías ambientales y escuchando a la población afectada”.

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.

La diputada regional del PSOE Alicia Vanoostende ha denunciado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias los problemas medioambientales que persisten en el archipiélago hasta el punto de que, en algunos lugares, los ciudadanos “se bañan en mierda”, ha dicho, a lo que el consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), ha replicado que su partido (el PSOE) estaba en el Gobierno la pasada legislatura.

Durante el pleno de este martes, Vanoostende ha cuestionado las acciones desarrolladas por la Consejería en los dos últimos años para dar respuesta a las demandas surgidas de las manifestaciones del 20 de abril de 2024 del colectivo Canarias tiene un límite, y ha asegurado que “poco o nada se ha hecho más allá de estudios y planes”.

En su intervención, ha criticado el retraso en la tramitación de la ley de biodiversidad, que, según ha indicado, se ha llevado a información pública “tres años después” y mediante un procedimiento de urgencia que, a su juicio, limita la participación ciudadana.

También ha acusado al Ejecutivo de “descafeinar” la ley de cambio climático y de no avanzar en la implantación de una ecotasa ni en la mejora de la gestión de residuos.

Vanoostende ha incidido especialmente en el control de vertidos al mar, al afirmar que “no hemos mejorado absolutamente” y que en algunos puntos de Canarias los ciudadanos siguen bañándose “en mierda, literalmente”.

Asimismo, ha criticado la instalación de infraestructuras energéticas basadas en combustibles fósiles en el contexto de la emergencia energética.

Por su parte, Hernández Zapata ha defendido la acción del Gobierno y ha acusado al PSOE de “tener un problema serio de personalidad”, al “sacar la pancarta en la oposición” y no actuar cuando ostenta responsabilidades en el Ejecutivo.

El consejero ha enumerado medidas como el impulso a la regulación del alquiler vacacional, la aceleración de la implantación de energías renovables y la planificación de su desarrollo en el territorio, así como avances en una futura ley de biodiversidad.

Además, ha reprochado a los socialistas que durante la pasada legislatura no adoptaran medidas para garantizar la seguridad del suministro energético pese a que, según ha dicho, el déficit de generación era conocido desde 2021, lo que, en su opinión, ha contribuido a la situación de apagones que se han producido en algunas islas como en La Gomera o La Palma.

El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a desmantelarla, y ha defendido que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la creación de riqueza y empleo. El permiso legal para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico que la sentencia deben cumplirla, lo que no impide que mantengan su posición en defensa de la actividad del estación de esquí de Segovia.

“No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de España que el Gobierno quiera cerrar”, ha apuntado, y ha lamentado que entre todos los proyectos del país se haya “fijado exclusivamente” en uno que beneficia a Castilla y León, y también a la Comunidad de Madrid.

Por ese motivo, la Junta le pide al Ejecutivo central que “reconsidere la decisión”, un posicionamiento político, dentro del “sentido común y la razón”, que evidentemente va al margen de la cuestión administrativa y legal, ya que “la justicia tiene otros cauces”, ha apuntado Fernández Carriedo.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica decidió que, al haber expirado el periodo de 25 años por el que se autorizó el funcionamiento de la estación de esquí, el siguiente paso era recuperar ambientalmente la zona. El calentamiento global, la caída en las precipitaciones de nieve y la saturación en Navacerrada fueron los argumentos principales de Transición Ecológica. 

“La sentencia es de obligado cumplimiento, pero tiene más que ver con la forma que con el fondo”, ha insistido el portavoz, y ha reclamado al Gobierno que al menos dé explicaciones sobre si considera “malas” todas las estaciones de esquí o solo las que benefician a Castilla y León y Madrid.

Ha explicado que ahora estudiarán la sentencia, después de que el Tribunal Supremo haya acordado no admitir a trámite los recursos de casación presentados por Castilla y León y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Junta a declarar la caducidad de la estación, confirmándola.

La Junta va a buscar las vías que permitan encontrar una solución “dentro de sus competencias” a lo que plantea la sentencia del TSJCyL, que en 2024 ordenó a la Junta resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.

Eso en cuanto a la forma, ha insistido Carriedo; en cuanto al fondo, la Junta defiende el mantenimiento de la estación de esquí porque “hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio” y asegura que la actividad es “plenamente compatible con la sostenibilidad ambiental”.

“La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, al contrario, es una palanca de oportunidades, es una fuente de creación de empleo y de riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado que queremos aprovecharlo”, ha afirmado el portavoz autonómico.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

El Supremo puso fin a la batalla legal por la estación de esquí de Navacerrada. Su providencia –fechada el 18 de marzo pero conocida este martes– certifica que hay que desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsáin a su estado anterior. El permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

Son cinco años, es decir, cinco temporadas extra de funcionamiento gracias al pleito que provocó la negativa de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular a, primero, cumplir con su obligación administrativa de tramitar el expediente de fin de autorización y, después, aceptar una sentencia judicial que recurrió. Por cierto, la Junta deberá abonar las costas del Supremo a la Abogacía del Estado.

El coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, Jesús Bartolomé, celebra la decisión pero añade: “Lamentamos la perdida de tiempo en la recuperación del monte público provocado por los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y por los intereses económicos de la empresa que gestiona la estación de esquí”. Cinco años dan para mucha restauración ambiental como demostró el proceso de recuperación de la vecina estación de Cotos.

Sin nieve y con impacto ambiental

La historia puede resumirse así: el propietario de un terreno decide que no desea dedicarlo más a una determinada actividad desarrollada por una empresa privada. La administración encargada de gestionar el procedimiento se lava las manos para que la empresa pueda seguir operando.

Pero en, este caso, el dueño del monte es el Organismo Parques Nacionales –perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica– y la administración que se desentendió es la Junta castellanoyleonesa presidida por el PP. El Gobierno decidió que el monte se recuperara ambientalmente ante el impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico (pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama).

A eso se le unió que la estación de Navacerrada tiene dos partes: una segoviana y otra madrileña. Eso le permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertir unas pistas de esquí con permiso caducado en oportunidad para chocar con el Ejecutivo, a pesar de que su Gobierno no tiene nada que decir sobre esa zona.

Oportunidad para la batalla política

Ayuso se vio el 29 noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar que las pistas iban a seguir funcionando tras la postura de su compañero de partido. “Es una buena noticia”, dijo. Mañueco aseguró que no había “razón jurídica” para que terminara el esquí y afirmó que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.

Ante esta situación, Transición Ecológica acudió a los tribunales en Castilla y León. Los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras decidían sobre el fondo del asunto.

Al tiempo que los jueces estudiaban el caso, Isabel Díaz Ayuso ha estado dando oxígeno a la estación. En diciembre de 2023 rebajó un 65% el alquiler que la concesionaria debería abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña. También le multiplicó por seis la superficie que podría aprovechar. Esas pistas también tenían la licencia caducada desde febrero de 2019.

Poco después de redactarse ese pliego de condiciones, en febrero de 2024, la Justicia determinó finalmente que la estación en su parte de Segovia debía desmantelarse. Eso no impidió que Díaz Ayuso se empeñase en mantener Navacerrada a pesar de que la propia empresa concesionaria había afirmado que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas. ¿Por qué? Simplemente porque solo ahí había permiso para usar cañones de nieve artificial sin los cuales no existe superficie blanca suficiente para esquiar. En Madrid, sin cañones, no hay esquí.

Con todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrutar de 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.

¿Ejecución de la sentencia?

Este miércoles, la estación da por terminada esta temporada 2026. Todos los hierros, cables y casetas siguen plantados en el monte. Como tantos casos han dejado claro, las sentencias judiciales a favor del medio ambiente –y contrarias a los intereses económicos o comerciales– cuesta verlas ejecutadas.

Ejemplos claros no faltan. El complejo de lujo levantado en la isla de Valdecañas (Cáceres) sigue en pie a pesar de que en 2022 el Supremo ordenó demoler todo lo construido o a medio construir y el Constitucional rechazó el recurso de los propietarios y la Junta de Extremadura. Ahora, el Gobierno autonómico está litigando en los juzgados para defender las modificaciones ad hoc que hizo sobre zonas protegidas que dejaban fuera a la isla.

Otra maraña judicial ha provocado que el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), ya más que declarado ilegal, permanezca en la ladera de la montaña, asomado a la playa, sin que se certifique su demolición y limpieza definitiva. Ni el anuncio del Gobierno de que expropiaría las partes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre para acelerar el proceso han servido hasta ahora. Y de ese último movimiento ha pasado más de un año. Las obras se paralizaron en 2005.

El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre

La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid llamada Deporte y Montaña. El canon anual era de unos 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público. Ese alquiler fue heredado por una nueva sociedad privada cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa Deporte y Montaña. Se la quedó –y con ella la licencia y el canon– la actual gestora Río Invest.

Eso respecto a la actuación de Aguirre en la parte de Segoviana de la polémica estación. En la parte madrileña bajo su gestión directa, la antigua presidenta –referente de Isabel Díaz Ayuso– criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su consejera de Medio Ambiente y con actuaciones por 10 millones de euros en el acto de presentación del programa en el propio puerto de montaña. Aguirre revirtió la idea y apostó por incentivar el esquí a pesar de que sus técnicos, allí mismo, le explicaron que no había agua para fabricar nieve.

La resolución de fin de concesión en Navacerrada de Parques Nacionales indicaba que la concesionaria que gestiona la estación de esquí debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021. Y el monte tenía que estar ya “apto para la restauración vegetal de la zona”. Basta darse un paseo por el Pinar de Valsaín para comprobar lo lejos que está ese momento todavía.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

El Gobierno ha dado luz verde a que el acceso al bono social eléctrico se determine por criterios de renta también en el caso de las familias numerosas, un cambio que articulará desde “el diálogo y el debate” y contando con las asociaciones.

Es una de las novedades que incorpora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes y que tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores más vulnerables, quienes, en muchos casos, “no están percibiendo el bono”, según ha explicado a los medios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Evidentemente hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo”, ha respondido Aagesen, que ha recalcado que para determinar los criterios se contará con la participación de todas las asociaciones.

De acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica, ha proseguido, reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda.

Sobre cómo se articulará, la titular de Transición Ecológica ha explicado que este cambio requiere de un reglamento y no ha especificado cuáles serán las cifras de renta a partir de las cuales podrá concederse el bono.

“Existe ya un real decreto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo”, ha señalado Aagesen, que ha avanzado que, este camino, “como siempre”, se hará “desde el diálogo y el debate”, contando con las asociaciones y con la propia mesa social de pobreza energética, con la que se reúne esta mañana. EFECOM

“¿Qué es eso de prorrogar sin más durante 75 años una ocupación de la costa?”. Con esta pregunta ilustra la coordinadora de costas de Greenpeace, María José Caballero, lo difícil que es deshacer la fórmula de gestión del litoral creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un modelo que, a la larga, se ha demostrado contrario a la ley europea. El Ministerio de Transición Ecológica intenta por segunda vez acabar con esa manera de permitir la instalación de negocios durante un siglo sobre una costa, en teoría, de dominio público.

La cuestión es que en Bruselas debieron hacerse una pregunta similar porque la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador a España en febrero de 2023 ya que la normativa nacional aún permite otorgar esos permisos de forma opaca y partidista y, además, “prorrogar las concesiones existentes hasta 75 años sin justificación”, según detallaba la CE.

Desde que se retocó la norma de costas en 2013 para poder alagar casi automáticamente durante décadas los permisos de factorías, chiringuitos o pasarelas, más de 300 infraestructuras obtuvieron esa amnistía, según los cálculos de Transición Ecológica.

En un primer momento, este Ministerio aprobó un reglamento en 2022 para acotar esas ocupaciones privadas tras la gracia que el PP concedió a muchas construcciones en su reforma legal de 2013 que “fue una reforma terrorífica”, sentencia Caballero.

Aquel nuevo reglamento incluía otra batería de medidas que, en teoría, iban encaminadas a que la costa cumpliera con su función de defensa ante los embates del mar. Una defensa que ha incrementado su importancia debido al recrudecimiento y multiplicación de los temporales marinos que trae el cambio climático. Entre sus últimos ejemplos más visibles: la destrucción de la playa de Matalascañas en Huelva debida a la borrasca Francis.

Cuando, según explica el Ministerio, se encontraba en el proceso de informar a Bruselas de lo que estaba haciendo para adecuar las leyes españolas –lo propio del procedimiento de infracción de la UE– llegó en diciembre de 2024 una sentencia del Tribunal Supremo que, a petición de la organización Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, anuló el nuevo reglamento. Se volvió a la casilla de salida: la norma y el procedimiento diseñados por Arias Cañete.

Con ese procedimiento “no ha sido raro que se diera una autorización a un Ayuntamiento para la explotación de un chiringuito en la playa, pero que no se hiciera seguimiento de si ese Ayuntamiento realizaba una exposición pública con un pliego de condiciones para que se postularan distintas empresas y que se adjudicara con a un procedimiento transparente y legal”, ejemplifica Manuela Cuevas de Ecologistas en Acción.

Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica

María José Caballero — Coordinadora del informe de costas de Greenpeace

“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo –abunda la portavoz de Greenpeace– la Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”.

Ese fue también el procedimiento con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2016 (estando ya en funciones) la prórroga de ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. A pesar de que la Audiencia Nacional falló en contra de ese nuevo permiso, el Supremo terminó por avalarlo. Lo que demuestra el paso del tiempo es que, una vez ocupada la costa, se hace muy difícil liberarla (el hotel de El Algarrobico en Almería es quizá el ejemplo más crudo).

El Ministerio explica que, tras las reuniones con la Comisión Europea, se ha optado por modificar el reglamento para “corregir” lo que tiene que ver con la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación. “Se hace imprescindible para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena”, argumentan en Transición Ecológica.

Dunas sí, carreteras no

Al ser anulado el reglamento por el Supremo (la razón jurídica fue de tipo procedimental: no se había sometido bien a información pública), no solo decayeron normas sobre cómo invadir legalmente la costa, sino que también se perdieron disposiciones que incorporaban más superficie y elementos dentro de ese dominio público marítimo-terrestre que se protege. Por ejemplo, el decreto incluía como elemento de las playas casi cualquier duna y estableció que la línea que marcara el máximo nivel que alcancen las olas sirviera para decir: esto es playa (y por tanto dominio público) que debe preservarse y obligar a controlar qué puede o no levantarse sobre ella.

También se prohibió la construcción de carreteras paralelas y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público, no solo en la propia playa. En general, la normativa exigía que se tuviera en cuenta el nuevo contexto de crisis climática ante cualquier concesión de ocupación sobre el litoral.

“El Ministerio puede aprovechar el asunto de la infracción para lidiar con la intensificación de la presión sobre nuestras costas y la competencia entre los distintos usos de ese espacio”, reflexiona Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales entre las que están –además de Ecologistas en Acción–, los Grupos Ornitológicos de Balears, la Fundación Juan Tábara o SOS Costa Brava y Mar Menor.

La plataforma pone el acento en un aspecto, a veces, poco observado: las aguas costeras. Y por eso consideran importante “ampliar la limitación de velocidad más allá de las zonas de baño” de embarcaciones tipo moto acuática, “prohibir la navegación paralela a la costa dentro de las zonas de baño no balizada y regular el fondeo de embarcaciones en estas zonas para evitar la masificación flotante”.

Esa utilización tan intensiva del litoral “afecta directamente tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave”, remata García Pallarés. La amenaza de una sentencia europea le da una segunda oportunidad a la costa. Está por ver si esta vez va la vencida.

El Gobierno considera que los informes sobre el estado de lobo en España que ha recibido de algunas comunidades autónomas “no cumplen con el rigor científico” por lo que ha solicitado que se revisen los censos de manadas antes de poder reportar a la Comisión Europea cómo está el Canis lupus en España.

“No podemos enviar el informe tal cual está ahora en este momento”, explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que ha remitido por escrito una petición de más información a las comunidades donde se hayan detectado ejemplares: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, La Rioja, Aragón y Catalunya.

La carta, a la que ha accedido elDiario.es, explica que la especie ha sufrido dos golpes durante 2025: por un lado, las autorizaciones de caza por parte de algunos gobiernos regionales y por otro los incendios de agosto. Así, señala el escrito, se hace necesario recabar la información sobre la superficie del hábitat y área de distribución de la especie que se ha visto afectada por los incendios forestales que han tenido lugar durante el pasado año en España“. Y, al mismo tiempo, sobre ”el número de ejemplares que han sido extraídos letalmente del medio natural en tu comunidad autónoma durante el último año, incluyendo su edad y sexo y, en su caso, si se trataba de hembras gestantes“.

En el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, entienden que actualizar los censos “es más necesario que nunca” porque “ha habido eliminación de ejemplares” y que los fuegos devastadores del verano han podido tanto “provocar muertes como desplazamientos de poblaciones”.

La cuestión es que la Comisión Europea acaba de abrir un expediente sancionador a España por no remitir el informe sexenal sobre el estado de sus especies de interés comunitario y en Transición Ecológica argumentan que, tal como están ahora, esos informes del lobo no son presentables.

En junio pasado, el ministerio presentó el último censo de población –basado en los datos que remiten las comunidades autónomas– que reflejaba que el número de manadas está un tercio por debajo del umbral de seguridad. Los grupos estables, según ese documento, habían pasado de 297 a 333 en una década lo que supone un total entre 1.600-1.700 ejemplares.

Lo que sostiene el Gobierno es que, esos datos no reflejan la realidad porque se han quedado, como poco, antiguos. Por un lado, la enmienda introducida por el PP en la ley contra el desperdicio alimentario (apoyada por Vox, PNV y Junts) desprotegió las manadas al norte del Duero. Eso permitió que comunidades como Cantabria y Asturias autorizaran matar entre el 15% y el 20% de las poblaciones. Se dio licencia para acabar con más de 90 lobos.

Luego llegaron las llamas que cruzaron, entre otras regiones, Castilla y León y Galicia, precisamente, dos de los territorios donde se concentran un buen número de manadas lobunas. “La situación de estos últimos meses es extraordinaria”, rematan fuentes de Transición Ecológica.

El periplo de la desprotección

Sin embargo, desde Bruselas se ha seguido presionando sobre el estatus del lobo. La situación comenzó cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen se abrió a revisar el nivel de protección de la especie –una decisión condicionada por la muerte de su poni favorito en un supuesto ataque de lobo–.

El proceso culminó en junio de 2025 cuando la UE eliminó la protección estricta de la especie y rebajo su nivel. Eso activó una de las cláusulas incrustadas por la derecha política en la ley del desperdicio alimentario: la activación de la modificación del listado de especies de protección especial para sacar al lobo. Cuando ese se complete, en teoría, podrá cazarse lobos en todo el territorio español, no solo al norte de la raya que marca el río Duero.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz. Mientras elabora su informe para que decida el Gobierno, un estudio de los investigadores Eloy Sanz y Víctor García Carrasco –encargado por Greenpeace– ha concluido que alargar la vida de esos reactores “retrasaría” la implantación de renovables y generaría más emisiones de CO₂ al tiempo que incrementaría la factura eléctrica a largo plazo.

La conclusión del trabajo es que cerrar los reactores entre 2027 y 2028, como estaba previsto, es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente”. El análisis aborda los principales aspectos que sobrevuelan el fin de la vida útil de las centrales nucleares y que han alimentado los ataques políticos de PP y Vox al plan de cierres progresivos que han llamado “suicidio energético basado en la ideología” o una política de “ecofanáticos”.

Los cálculos de Sanz –director de la cátedra de Transición Ecológica de la Universidad Rey Juan Carlos– y García Carrasco indican que “la energía aportada por la central nuclear de Almaraz puede reemplazarse de forma prácticamente completa por energías renovables”. Según su análisis, en los años posteriores al cierre previsto solo habría que generar un 3,6% de lo que hacía Almaraz con ciclos combinados. “No hay una dependencia estructural al gas”.

En este sentido, si se siguiera generando electricidad en Almaraz, eso “retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”. Al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza esa transición energética hacia fuentes renovables, argumenta el estudio.

En números generales, la reducción de generación nuclear por la clausura de Almaraz I es de 7,77 TWh en 2028 y otros 7,96 TWh en 2029 por el cierre de Almaraz II, mientras que la electricidad renovable añadida asciende a 9,27 y 8,71 TWh el primer año sin Almaraz I y Almaraz II, respectivamente.

Y de manera consecuente, el escenario con prórroga incide en la apuesta por conseguir almacenamiento generado en renovables también se ve lastrada. Sin prórroga “existe más energía excedentaria susceptible de almacenarse para desplazar generación fósil en horas posteriores, incluso cuando el recurso renovable es bajo”, dice el trabajo.

Emisiones de gases

La prórroga de la central “reduce el uso de ciclos combinados de manera temporal (2028-2030), pero limita a medio plazo la sustitución estructural de aportes térmicos por renovables”, afirma el estudio. Al tener esa nuclear no se utiliza tanto gas, pero luego, al haberse taponado las renovables, se prolonga el uso del combustible fósil cuando Almaraz se detenga definitivamente. Como consecuencia, tras 2030, “el mix resultante es menos renovable y más dependiente de tecnologías de respaldo como el gas”.

Así, en 2030, en el escenario de cierre las emisiones llegan a 9,1 Millones de toneladas (Mt) de CO2eq, mientras que los escenarios de prórroga se sitúan entre 12,1 y 13,8 MtCO2eq . “La prórroga implicaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 5-8% en el periodo 2028-2030”. Posteriormente, una vez cerrada la central, las emisiones aumentarían hasta aproximadamente un 24% en 2031 en comparación con el escenario de cierre planificado

La factura de la luz

La prórroga generaría un “alivio transitorio tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030”, admite el trabajo, pero, a partir de 2031, las cosas cambian y se genera un incremento sostenido. En 2033, en términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en el caso de prorrogar la operación de la central de Almaraz.

Este análisis llega durante el estudio de la petición de prórroga que realiza el Consejo de Seguridad Nacional y los movimientos sociales de oposición y apoyo al cierre. El CSN ha informado hace unos días de que, al tratarse de un alargue corto de unos dos años, eso permitirá “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda. También espera tener sus conclusiones este verano.

Por su parte, hace unos meses, 80 organizaciones se unieron en una plataforma llamada Sí Almaraz que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña: “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, afirman. En su argumentación aseguran que la central sostiene 4.000 empleos directos e indirectos.