En un momento en el que los precios de los combustibles están disparados y las perspectivas de almacenamiento de gas para el invierno son preocupantes, España, junto a Portugal y Luxemburgo, han mandado una carta a la Comisión Europea para que impulse verdaderamente a las energías renovables en la Unión Europea con el objetivo de 2040, en un momento en el que las políticas de la agenda verde están siendo debilitadas con la excusa del incremento de la competitividad y la simplificación de la burocracia.

Los ministros de Energía y Transición Ecológica de los tres países, Sara Aagesen y Maria da Graça Carvalho y Lex Delles, respectivamente, abogan porque “el marco de energías renovables para la próxima década debería ser una contribución justa de todos los Estados miembros y un despliegue rentable de las energías renovables en toda la Unión”.

“El objetivo de energías renovables de la UE para 2040 debería enviar una señal clara a los inversores y a los mercados. La integración del sistema debe centrarse en la flexibilidad, el almacenamiento, la modernización de la red, las interconexiones y la electrificación”, apuntan los tres países en su misiva.

La carta llega en un momento de fuerte preocupación en Europa por el incremento de los precios de los combustibles. En España, la inflación se ha disparado hasta el 4,9% en septiembre, seis décimas más en términos interanuales con respecto al dato de agosto, presionada al alza por el precio de los carburantes, ante el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio.

“Una alta dependencia de los combustibles fósiles coloca a nuestras economías y ciudadanos en una posición vulnerable. Debido a las incertidumbres geopolíticas, y como lo demuestran las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz, necesitamos actuar con rapidez para reducir las dependencias”, insisten los tres países.

Según los tres países firmantes de esta petición, “es clave reforzar la capacidad de las redes para permitir flujos de energía eficientes, garantizar la asequibilidad de la energía y apoyar la competitividad industrial. Esto puede lograrse mediante la digitalización, un mayor despliegue de almacenamiento de energía, soluciones no cableadas e inversiones, y debe garantizar una asignación justa de costes y resiliencia ante amenazas físicas y cibernéticas”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en su último discurso del Estado de la Unión Europea el pasado septiembre, abogó por impulsar políticas que reduzcan al máximo la dependencia de los combustibles fósiles, no solo por los precios también por el efecto sobre el cambio climático. Sin embargo, no se han tomado medidas contundentes desde Bruselas para su impulso.

A las puertas del quinto aniversario de la erupción que transformó para siempre el paisaje de La Palma, el vulcanismo vuelve a situarse en el centro del debate energético de Canarias. No por la amenaza de una nueva erupción, sino por la posibilidad de aprovechar el calor que permanece bajo tierra para producir electricidad.

Pero hay una pregunta que ronda la mente de los canarios, ¿se puede convertir el calor subterráneo de los volcanes en una fuente de energía capaz de sustituir a los combustibles fósiles?

La respuesta comienza a tomar forma. Un total de 139 investigadores, científicos y especialistas vinculados a universidades, organismos públicos y centros de investigación de Canarias, del resto de España y de otros países han suscrito un manifiesto en defensa del desarrollo responsable de la geotermia en el Archipiélago. El pronunciamiento llega pocos días después de que los sondeos realizados en Vilaflor de Chasna hayan confirmado la existencia de un sistema hidrotermal profundo con características susceptibles de aprovechamiento energético.

Por qué la geotermia en Canarias tiene tanto potencial

A diferencia de la energía solar o eólica, que dependen de las condiciones climáticas, el calor del subsuelo proporciona una energía de base, firme, constante y gestionable las 24 horas del día, la geotermia es una candidata excepcional para apagar definitivamente las centrales térmicas que queman fueloil y gasóleo para sostener la red eléctrica cuando no hay viento o no brilla el sol.

Lo cual es una ventaja, ya que el Archipiélago cuenta con un problema que condiciona su transición energética, y es que sus sistemas eléctricos son aislados. A diferencia de la Península, si en una isla deja de soplar el viento o cae la noche, no se puede recurrir a la electricidad de Francia o Portugal a través de grandes interconexiones para cubrir ese déficit.

Esto obliga a depender en buena medida de centrales térmicas que queman fueloil y gasóleo, combustibles fósiles caros y contaminantes que siguen siendo necesarios para garantizar que la luz no se apague cuando las renovables no son suficientes.

La geotermia, en cambio, no depende de si es de noche o de día, de si llueve, sopla el viento o hay calima. El calor está ahí, bajo tierra, y puede convertirse en electricidad de forma constante. A ello se suma otra ventaja especialmente importante para un territorio insular, la independencia energética.

Canarias gasta cientos de millones de euros al año en importar combustibles que llegan en barco desde el exterior para mantener en funcionamiento su sistema eléctrico. El recurso geotérmico, si finalmente se demuestra que puede explotarse a escala comercial, sería en cambio 100% autóctono. El calor no habría que traerlo de ninguna parte, estaría bajo los pies de las islas, pero no es un recorrido ligero.

El desarrollo de la geotermia profunda, con perforaciones que pueden superar los 2.000 metros, requiere distintas fases de investigación y exploración antes de saber si un determinado recurso puede aprovecharse para producir electricidad de manera rentable y segura. Hay que conocer qué ocurre bajo el subsuelo, localizar los reservorios, estudiar sus temperaturas y características y comprobar, mediante sucesivos sondeos, si existe un recurso suficiente para desarrollar una instalación energética.

Canarias se encuentra ahora mismo en ese punto de inflexión. Después de años de investigaciones y sondeos, los últimos resultados comienzan a dibujar un escenario en el que el calor de origen volcánico podría dejar de ser únicamente una característica geológica del Archipiélago para convertirse también en una fuente de energía.

Qué es la geotermia y cómo puede producir electricidad

Según la Real Academia Española, la geotermia es un conjunto de fenómenos internos del globo terrestre. Su segunda definición es que es el estudio científico de la geotermia, considerada como una fuente de energía. Pero, en realidad, va más allá de eso. La energía geotérmica es una forma de energía renovable que aprovecha el calor natural del interior de la Tierra. Se basa en la explotación de la temperatura del subsuelo para generar electricidad o calor. 

Aunque el potencial de la geotermia está condicionado por las características geológicas de cada territorio, Canarias presenta unas condiciones especialmente favorables para su desarrollo gracias a sus terrenos volcánicos. El calor puede encontrarse a profundidades relativamente accesibles. Cuando las temperaturas son suficientemente elevadas, el agua subterránea puede convertirse en vapor y utilizarse para mover una turbina conectada a un generador eléctrico. De esta forma, la energía térmica almacenada bajo tierra se transforma en electricidad. En otros casos, cuando las temperaturas son más bajas, el calor puede utilizarse directamente para calefacción, agua caliente o determinados procesos industriales.

Una de las principales ventajas de la energía geotérmica es que, a diferencia de otras fuentes renovables como la solar o la eólica, no depende de que haya sol o viento en un momento determinado. Una instalación geotérmica puede producir energía de manera continua, las 24 horas del día, siempre que el recurso esté disponible y se gestione adecuadamente.

Además, se trata de una fuente de energía que ocupa relativamente poco espacio en superficie y que puede contribuir a reducir el consumo de combustibles fósiles y las emisiones asociadas a la generación de electricidad.

Claves del desarrollo de la geotermia en Canarias

El despliegue de esta nueva fuente energética cuenta con una inversión histórica de alrededor de 105 millones de euros procedentes de fondos europeos, canalizados a través de programas como el de Geotermia Profunda del IDAE. Estos recursos permitirán poner en marcha las primeras grandes campañas de prospección y perforación en el subsuelo canario.

La investigación se concentrará, inicialmente, en Tenerife, Gran Canaria y La Palma, las tres islas que presentan mejores condiciones geológicas para localizar recursos geotérmicos de alta temperatura. Cada una dispone de partidas millonarias destinadas a determinar si ese potencial puede convertirse en una fuente estable de generación eléctrica.

En Tenerife ya se han dado pasos relevantes. El consorcio público-privado Energía Geotérmica de Canarias (EGC) ha identificado indicios de un importante recurso geotérmico a unos 2.300 metros de profundidad, en el municipio de Vilaflor. El siguiente reto será confirmar mediante nuevas perforaciones si ese recurso es técnicamente aprovechable y puede sostener una futura planta de generación.

El calendario que manejan los promotores sitúa 2029 como un horizonte clave. Si las campañas de exploración y los sondeos confirman la existencia de un recurso explotable, ese podría ser el año de entrada en funcionamiento de la primera planta geotérmica de generación eléctrica de Canarias.

El interés de esta tecnología va más allá de producir electricidad. El sistema energético de las islas mantiene una elevada dependencia de combustibles fósiles importados, lo que encarece la generación y aumenta la vulnerabilidad del sistema ante las variaciones de los mercados internacionales. La geotermia permitiría incorporar una fuente autóctona y constante, capaz de producir energía las 24 horas del día, reduciendo esa dependencia.

Además, frente a la necesidad de grandes superficies que requieren algunas instalaciones renovables, la geotermia presenta una ocupación del territorio relativamente reducida, un factor especialmente relevante en un archipiélago con una elevada proporción de espacios protegidos.

Si las perforaciones confirman las expectativas actuales, Canarias podría situarse así ante una oportunidad estratégica: convertir su propia naturaleza volcánica en una fuente de energía limpia, estable y autóctona.

Qué inconvenientes tiene la energía geotérmica

Una energía como la geotermia requiere grandes inversiones, perforaciones complejas y un conocimiento muy preciso de lo que ocurre a miles de metros bajo tierra. A ello se suman los posibles impactos ambientales, las dificultades técnicas y, especialmente, la necesidad de lograr el respaldo de las poblaciones que conviven con los proyectos.

1. Un elevado riesgo financiero: el llamado 'riesgo minero'

Uno de los principales obstáculos es económico. Antes de saber si un yacimiento geotérmico puede producir electricidad hay que perforar y explorar el subsuelo, y hacerlo a grandes profundidades puede suponer inversiones millonarias.

El problema es que una perforación no garantiza encontrar un recurso aprovechable. Puede ocurrir que la temperatura del agua sea insuficiente, que el caudal no alcance el nivel necesario o que las características del reservorio hagan inviable su explotación comercial. En esos casos, buena parte de la inversión realizada durante la exploración puede no recuperarse.

Este es el denominado 'riesgo minero': gastar grandes cantidades de dinero sin tener todavía la certeza de que bajo tierra exista un recurso energético que pueda explotarse de forma rentable.

2. El impacto sobre el paisaje

La geotermia tiene una huella relativamente reducida cuando la planta ya está en funcionamiento, pero la fase de exploración es mucho más visible. Las campañas de perforación requieren maquinaria pesada, plataformas de trabajo, caminos de acceso e instalaciones auxiliares que pueden alterar temporalmente el paisaje.

En Canarias, donde el territorio es limitado y buena parte del suelo presenta algún grado de protección, esta cuestión adquiere una especial importancia. Además, algunos de los lugares con mayor potencial geotérmico se encuentran en entornos de elevado valor paisajístico y turístico.

El reto consiste, por tanto, en compatibilizar la investigación del subsuelo con la protección del territorio y minimizar al máximo el impacto de las obras.

3. La protección de los recursos hídricos

Otro de los aspectos que exige mayores garantías es la protección de las aguas subterráneas. Canarias depende en buena medida de sus acuíferos, galerías y pozos para disponer de agua dulce, por lo que cualquier actividad que implique perforar el subsuelo debe realizarse con estrictos controles.

Los pozos geotérmicos atraviesan diferentes capas del terreno y pueden alcanzar reservorios de agua a elevada temperatura y con una alta concentración de minerales y sales. Por eso, la correcta construcción y sellado de las perforaciones resulta fundamental para evitar la comunicación entre distintos niveles subterráneos y prevenir posibles afecciones a los acuíferos.

No se trata únicamente de encontrar calor: también hay que garantizar que la exploración y posterior explotación se realizan sin comprometer un recurso tan estratégico como el agua.

4. El riesgo de sismicidad inducida

La actividad geotérmica también puede generar pequeños movimientos sísmicos, especialmente en determinados sistemas que requieren la inyección de fluidos a presión en el subsuelo.

Al modificar las condiciones de presión de las rocas profundas pueden producirse microseísmos. Según expertos, en un territorio volcánico como el nuestro, donde la actividad sísmica forma parte de la propia dinámica geológica de las islas, este aspecto requiere una vigilancia especialmente cuidadosa.

La monitorización continua de la actividad sísmica y el control de las presiones durante las operaciones son, por ello, elementos esenciales para reducir y gestionar este riesgo.

5. La corrosión y el desgaste de los equipos

El calor no es el único elemento que dificulta el aprovechamiento del recurso. Los fluidos geotérmicos pueden contener elevadas concentraciones de sales, minerales y gases que resultan especialmente agresivos para los materiales utilizados en los pozos y las instalaciones de generación.

Esta composición puede provocar corrosión, incrustaciones y desgaste en tuberías, válvulas, intercambiadores y otros componentes. La consecuencia es un aumento de los costes de construcción y mantenimiento, ya que es necesario utilizar materiales resistentes y diseñar sistemas capaces de trabajar durante años en condiciones extremas.

Es uno de los desafíos técnicos que determinará hasta qué punto un recurso geotérmico puede ser no solo aprovechable, sino también económicamente competitivo.

6. El reto social y administrativo

Y existe un último obstáculo que no está bajo tierra, sino en la superficie: la aceptación social.

La mayor parte de las molestias y los impactos de un proyecto geotérmico se concentran precisamente durante las primeras fases, cuando todavía no se está generando electricidad. Durante meses o incluso años, los vecinos pueden convivir con maquinaria pesada, ruido, tráfico de vehículos, perforaciones y cambios temporales en el paisaje sin recibir todavía los beneficios de la futura instalación.

Ese desfase puede alimentar la oposición local y complicar la tramitación de los proyectos. En territorios pequeños, donde los espacios disponibles son limitados y existe una elevada sensibilidad hacia el paisaje y los recursos naturales, conseguir el respaldo de las comunidades locales puede convertirse en un factor decisivo.

Por eso, el desarrollo de la geotermia no depende únicamente de encontrar un recurso bajo tierra. También será necesario explicar con transparencia sus riesgos, establecer mecanismos de control ambiental, garantizar la protección del agua y del territorio y hacer partícipes a las poblaciones afectadas de los beneficios que pueda generar.

En definitiva, el gran desafío de la geotermia es demostrar que el calor que existe bajo las islas puede convertirse en energía sin trasladar sus costes ambientales, económicos y sociales a quienes viven sobre ellas.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha avanzado este miércoles en el Congreso que España ha atravesado “61 días en olas de calor”. Son dos meses con temperaturas más altas de lo que es normal incluso en el verano. Supone un nuevo récord.

Sara Aagesen ha dado este dato facilitado por la Aemet en una comparecencia a petición propia ante el Pleno para dar cuenta de las actuaciones frente a la emergencia climática, la campaña de incendios y los mercados energéticos. “Nunca antes se había registrado algo así. España ha batido el récord de días bajo ola de calor”, ha dicho la vicepresidenta.

De hecho, ha afirmado Aagesen, con los datos recopilados hasta ahora, “2026 es el año más caluroso medido nunca”. “Se han perdido más de 5.000 vidas por el calor”, ha incidido. También ha subrayado que, en las dos últimas décadas, se han verificado “los 12 cursos con mayor temperatura”. Al mismo tiempo, “ha sido el verano más seco”. El cambio climático ha hecho 20 veces más probables las condiciones extremas que “han favorecido los incendios”.

Aagesen ha aprovechado todo esto para volver pedir el apoyo para el pacto de Estado contra la emergencia climática que ha elaborado su Ministerio y recabar el apoyo de los grupos políticos. “Un reciente informe de la ONU habla de la superación temporal del límite de 1,5ºC y hace una llamada a que esa superación sea el menor tiempo posible y que se revierta. También pide que nos preparemos para los impactos. Por encima de 1,5 °C nadie gana: economía, sociedad y política, todos perdemos”, ha dicho la ministra.

“¿Qué más necesitan para alcanzar un pacto?” Ha preguntado a sus señorías. “Todavía estamos a tiempo, lo dice la ciencia, hay una ventana de oportunidad. Los ciudadanos merecen algo más que decir que el clima siempre ha cambiado y que en verano siempre ha hecho calor”.

También ha recordado que el mar Mediterráneo se ha calentado más que nunca hasta alcanzar los 28,54ºC en sus aguas. “Otro de esos récords que no les gusta oír”, ha insistido Aagesen.

La vicepresidenta tercera ha anunciado que ha iniciado una “nueva ronda de contactos” con todos los grupos para dialogar sobre este pacto. “Denme el nombre de alguien de su grupo y hoy mismo lo llamaré” ha dirigido al Partido Popular. “Díganme qué les preocupa, qué proponen y estaré encantada de escucharles”.

Ahora que está activo el nuevo reglamento de envases que intenta reducir los desechos, resalta que, cada año en España, se generan más de 20 millones toneladas de basura. Una bola gigante de envoltorios, telas, vidrio, desperdicios domésticos, metal o plásticos. Y, cada año, más de 10 millones de esas toneladas —o 10.000 millones de kilos — acaban amontonadas en los vertederos. Otra parte se incinera y solo en torno al 40% se recicla de alguna manera.

Aunque la normativa en vigor sobre reciclaje pretende “proteger el medio ambiente y la salud humana”, España es incapaz de cumplir con los objetivos marcados por esa ley. Según el último dato publicado este año por el Ministerio de Transición Ecológica, el porcentaje de residuos municipales reciclados en 2023 se sitúa en el 43%, cuando ya debería estar —desde 2020— en el 50%. De hecho, la normativa indica que desde 2025 el porcentaje debe ser del 55%, aunque todavía no es posible saber qué comunidades cumplen con esa tasa porque los datos van con dos años completos de decalaje —ahora se conocen los de 2023—.

En marzo de 2023, un grupo de 26 organizaciones ecologistas denunciaron al Reino de España ante la Comisión Europea por el incumplimiento de los objetivos legales recogidos en la directiva de la UE. Desde entonces, tampoco se ha conseguido alcanzar el nivel indicado.

El periodista Oliver Franklin Wallis —que recorrió el mundo investigando cómo se gestionan los residuos— alertaba en una conversación con elDiario.es de que el problema de la montaña de basura que generamos pasa desapercibido porque se ha instalado la noción de que “tiras las cosas a la basura y desaparecen para siempre”. Pero, en realidad, no se evaporan.

La mayoría termina en un basurero y, de lo que oficialmente se recicla, casi la mitad corresponde a la transformación de residuos orgánicos en abono agrícola (compost). Sin embargo, la propia ley especifica que, a partir de 2027, una gran fracción del compost que actualmente se cuenta como reciclaje no va a servir porque proviene de basura común (la del contenedor gris) de la que, mecánicamente, se intentan separar los desechos orgánicos. Solo computará lo que vaya desde el contenedor marrón.

El experto en gestión de residuos de Greenpeace, Julio Barea, resume que “incumplimos la normativa porque hay un problema estructural”. “Por un lado —indica— está el asunto de la materia orgánica, que sale muy barato tirarla al vertedero, y, por otro, el fiasco del contenedor amarillo para envases que no ha funcionado”.

Barea detalla sobre la materia orgánica: “Habría que recuperarla toda porque representa casi el 40% de la basura diaria en las casas y, si no, acaba en vertederos o incineradoras con los problemas que comporta: los lixiviados de agua contaminada o las emisiones de gases de efecto invernadero como el metano... son una asignatura pendiente porque todavía faltan municipios de más de 5.000 habitantes que tengan ese contenedor específico”.

Si se mira el mapa de España, con datos de 2023, el panorama de incumplimiento estaba ampliamente repartido. Solo Catalunya, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Navarra alcanzaban aquel año el porcentaje del 50% que ordenaba la normativa. Luego viene La Rioja (un 48%) y Castilla-La Mancha con un 47%, Euskadi con un 45% y Cantabria con un 40%.

No llegan al 40%, pero lo rozan Aragón, Baleares y Andalucía. A la cola se encuentran Madrid (un 32%), Canarias (30%), la Región de Murcia (30%) y Galicia y Asturias con un 24%.

Se da la circunstancia que, en la situación actual y de acuerdo con las proporciones de reciclaje que remiten las comunidades autónomas, cuando entre en vigor la parte de la ley que dejará fuera el compost a base de restos que se sacan de la basura general (normalmente muy mezclados con otros materiales como plásticos, telas o cristales) ninguna comunidad autónoma llegaría al porcentaje obligatorio marcado por la regulación.

En este sentido, Andalucía, por ejemplo, declara 993.000 toneladas de ese tipo de compost por solo 81.000 de origen separado y la Comunidad Valenciana, más de 700.000 por unas 58.000 que viene de recogida segregada. En Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, casi todo el compost que aparecen en las estadísticas oficiales proviene de esa separación mecánica desde restos generales. Todo ese maquillaje estadístico ahora permitido no va a funcionar.

Mirando las estadísticas oficiales se comprueba que el sistema de recogida separada, al menos tal y como está hasta ahora, no funciona muy bien: tres cuartas partes de la basura generada al año se recoge mezclada. En 2023, sumaron unos 16 millones de toneladas por los menos de cinco que fueron recogidos separadamente.

Julio Barea propone que se utilice la tasa de basuras para reducir la generación de residuos: “Que pague más quién más genere o las empresas que más basura generen igual que pasa con la luz o el gas” y, sobre todo “establecer unas cuotas obligatorias de reutilización, es decir, no apostarlo todo al reciclaje, sino que termine con la dinámica del usar y tirar”.

El reciclaje se está haciendo una bola de difícil digestión en muchas partes de la Unión Europea, ya que la media continental está en el 48%. Sin embargo, hay países que sí están cumpliendo. Entre ellos, como se ve en el gráfico, están Alemania, Eslovenia o Países Bajos.

2026: hitos de economía circular

Este 2026 tiene varios hitos en el ámbito del reciclaje y la gestión de basura que, a la luz de los datos, tanto le está costando a España. Si el 12 de agosto comenzó a ser efectivo el reglamento que, progresivamente, debería acabar con el uso de minibotes, sobres de salsas y otros envases de un solo uso, solo tres meses después debería comenzar a operar un sistema de retorno de botellas de plástico (y latas) obligatorio por el fracaso del contenedor amarillo que no cumplió tampoco con el porcentaje de recogida de estos envases marcado por la ley.

Este contenedor (gestionado por la entidad Ecoembes) no alcanzó el objetivo de recuperar el 70% de las botellas puestas en el mercado por las empresas. Fue precisamente el cálculo realizado por el Ministerio de Transición Ecológica para 2023 —el curso cuyas últimas estadísticas sobre reciclaje se conocen — el que mostró que el sistema se quedaba muy corto: llegaba al 40% del volumen total.

Este sistema llamado SDDR tendrá que estar operativo en noviembre de este año, ya que la ley de residuos indica que si el contenedor amarillo no llegaba al 70%, en dos años debía activarse un sistema para que los usuarios puedan devolver la botella y recibir a cambio un pequeño reembolso de lo que pagaron por el producto.

Un rayo de esperanza ilumina el fondo marino de Tenerife. Uno de sus ecosistemas más diezmados, los sebadales, tiene la oportunidad de resurgir gracias a un proyecto de trasplante de semillas impulsado por la organización Innoceana, dedicada a la conservación marina. Este complejo proceso consiste, a grandes rasgos, en extraer semillas de las praderas de seba para luego plantarlas en otras que hayan perdido densidad. “Es como ayudar con más árboles a un bosque que está enfermo”, ejemplifica Carlos Mallo, fundador de la ONG.

Mallo, ingeniero civil, es una de las personas que consiguió frenar el polémico puerto de Fonsalía, una obra faraónica prevista sobre una de las joyas naturales de Canarias: la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. Esta lucha le dio en 2025 el Premio Medioambiental Goldman. Conocido como el Nobel verde, es el galardón más prestigioso del mundo para los activistas medioambientales.

Su historia con el entorno natural de Tenerife empezó en 2014, cuando se trasladó a la isla para trabajar en el anillo insular, la vía que conecta el norte con el sur de la isla. “En aquella época conocí todos los fondos de Canarias y empecé a entender el problema de los sebadales”, cuenta en una entrevista a este periódico. Con el tiempo, dejó su carrera, montó Innoceana y se mudó a las islas para trabajar por la preservación de estas praderas.

A pesar de su importancia, son grandes desconocidos para parte de la población de las Islas. “Las llaman especies ingenieras porque crean el fondo marino. Una de mis mayores causas ha sido darlos a conocer, porque hay gente que vive de espaldas al mar y de lo que les da. Eso hace mucho daño, porque se pierde la sensibilidad, y más en un lugar como Canarias que es eminentemente azul”, subraya.

Lugares llenos de vida

Los sebadales nacen en bancos de arena y son utilizados por múltiples especies para protegerse, sobre todo, bebés. Por eso, Mallo habla de ellos como la “guardería” de los animales marinos. “Sin ellos, un pez que está en un banco de arena está absolutamente desprotegido frente a los depredadores”, explica. Estos “bosques” están llenos de vida. Retienen el sedimento, capturan dióxido de carbono, y crean oxígeno. “Son praderas. Entonces, igual que las praderas terrestres, hacen de casitas para la vida marina”, sostiene.

También sirven de alimento para las tortugas verdes que llegan a Canarias y ofrecen múltiples servicios ecosistémicos también beneficiosos para las personas. “Primero, si no hubiera sebadales, perderíamos tal cantidad de peces que a lo mejor no podríamos comer peces en Canarias. Segundo, producen más oxígeno que los bosques terrestres. Luego, son depósitos de carbono y, además, fijan la arena al fondo. Con lo cual, si perdemos sebadales, vamos a perder playas también”, explica el ingeniero.

Una especie muy frágil

A diferencia de su homóloga en el Mediterráneo, que tiene más años de evolución y, por tanto, es más resistente y crece dentro de puertos y lugares muy contaminados, la seba de Canarias es muy delicada. A su carácter frágil se suman las múltiples amenazas que existen sobre ellas.

Uno de los peligros más importantes son los vertidos tierra-mar tanto de aguas residuales, como de salmuera o de lixiviados. “El agua residual es muy dañina para los sebadales. La gente tira por el retrete absolutamente todo: aceites, productos químicos, toallitas húmedas que colapsan las conducciones… Y tristemente, en la mayor parte de los casos en Canarias, no tenemos un sistema de depuración que funcione”.

“Yo he visto cómo en Alcalá (Guía de Isora), donde antiguamente había un parche de sebadal grande, ha desaparecido el sebadal de alrededor de la boca del emisario”, ejemplifica Mallo.

Cómo trasplantar la seba

La “jardinería submarina” no es tarea fácil, y menos aún trasplantar una planta tan delicada como la seba. El proceso, explica Mallo, ha pasado por varias fases. La primera, sacar “muchísima basura” de zonas de sebadales para que puedan volver a crecer. “Hemos sacado hamacas, ruedas de neumáticos, anclas perdidas…”, cuenta el fundador de Innoceana. “Afortunadamente, el mar es resiliente y si le quitas esa presión empieza a recuperarse”, añade.

Después de la limpieza, la ONG desarrolló unas experiencias piloto trasplantando esquejes de sebadal de una zona de Tenerife a otra. “Ahí nos encontramos con muchos problemas. Es como plantar un oasis en el desierto, y es casi imposible crear un sebadal donde ya no queda sebadal, porque puede aparecer por ahí un tamboril y se lo come”, detalla.

La última fase, en la que el equipo está inmerso ahora, pasa por buscar semillas de sebadal y llevarlas a un laboratorio. “Esto es complejísimo. Hay que explorar muchas praderas, ver cuál tiene suficientes semillas para no afectarla y luego ir a por ellas”, cuenta. Asesorados por el Ministerio de Transición Ecológica y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), los miembros de Innoceana recogen en el Médano (Granadilla), con permiso del Ministerio, hasta 1.500 semillas.

Después, se llevan a un laboratorio donde se meten en frascos con agua de mar con una disolución especial para que crezcan rápido y fuertes. “A los tres meses, vamos con las macetitas y las llevamos a Abades, donde la pradera ha perdido cierta densidad, pero aún existe”, concluye.

Todos estos esfuerzos, insiste Mallo, pueden caer en un saco roto si no se pone fin a los problemas que están destruyendo los sebadales. “Para mí y para mi equipo la restauración es visualizar un problema e intentar hacer algo para que se vea que hay solución, pero hay que frenar muchas otras cosas como los vertidos, que los barcos puedan usar los fondeos y no tengan que echar las anclas, que la gente siga tirando tanta basura al mar…”, plantea. Por ello, Innoceana también ha involucrado en este proyecto al Cabildo de Tenerife.

Los sebadales en Canarias y los corales en Costa Rica

Cuando Carlos Mallo atiende a este periódico por teléfono está a punto de embarcar hacia Costa Rica, donde se localiza otra de las cuatro extremidades que Innoceana ha desplegado por el mundo. La organización también tiene sede en Estados Unidos y en Fiyi. El ingeniero acabó en Costa Rica “por casualidad”, y ahora tiene allí un centro de conservación marina, con un ambicioso programa educativo totalmente gratuito para que los jóvenes aprendan sobre el mar.

Allí también tienen un laboratorio, pero esta vez, de corales. Este año es especialmente difícil, ya que la temperatura del mar ha alcanzado máximos históricos y, además, es el año de El Niño, un fenómeno meteorológico que provoca que las aguas superficiales del Pacífico alcancen temperaturas más cálidas de lo normal.

“Estamos registrando temperaturas de casi 32 grados y medio en la isla del Caño, con lo cual los corales se están muriendo de forma masiva”, cuenta. Por eso, han impulsado una campaña de concienciación para que la gente los conozca. “Si la gente no sabe qué está pasando, no podemos hacer nada”, concluye.

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, liderada por Mariano H. Zapata presenta una nueva embarcación de alta tecnología destinada a intensificar la vigilancia, el seguimiento y el control de especies en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) del archipiélago, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Esta unidad, financiada con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe total de 1.194.000 euros, viene a dar respuesta al incremento de la actividad socioeconómica y a la necesidad de erradicar prácticas furtivas en el frágil entorno de la franja marina de Teno-Rasca, en Tenerife, explica la Consejería.

Hasta el momento, la Consejería venía operando desde 2018 con dos embarcaciones gemelas de carácter multivalente: el Mar Canario, con base en Puerto Colón (Tenerife) para la vigilancia de la ZEC de Teno-Rasca y los sebadales del sur tinerfeño; y el Isla La Graciosa, con base en Puerto Rico (Gran Canaria), encargado del control en la ZEC de los sebadales de Playa del Inglés, la franja marina de Mogán y los sebadales de Güigüí.

Estas dos embarcaciones, de apenas 10 metros de eslora, fueron adquiridas en 2019 por el Gobierno de Clavijo, en pleno episodio de microalgas, por 1,2 millones de euros con la misión de vigilar y limpiar las aguas de toda Canarias, es decir, más de 29.000 kilómetros cuadrados de mar. De hecho, el Ejecutivo regional anunció entonces que serían estos dos pequeños barcos los que limpiarían las aguas de todo el archipiélago con un sistema patentado de recogida de microalgas, plásticos y microplásticos. También eran las encargadas, según se anunció, del control para actuar ante derrames de hidrocarburos o para contener floraciones de cianobacterias, y portaban contenedores flotantes de recogida de residuos, skimers para la limpieza de combustible en superficie, una grúa y un vehículo submarino operado remotamente para grabar imágenes hasta 150 metros de profundidad.

Nuevas necesidades

El incremento de la actividad en determinadas áreas ha evidenciado nuevas necesidades operativas., que ahora se cubren con esta nueva infraestructura, y que permitirá además asignar uno de esos buques a la isla de La Gomera, dotando por primera vez a este territorio de un servicio permanente para la protección de sus valores marinos y de especies amenazadas como los cetáceos y el guincho.

El consejero del área, Mariano h. Zapata destacó que con la llegada de esta nueva embarcación “damos un salto cualitativo en la custodia de nuestros mares y reforzamos el compromiso con la ciudadanía”, ya que “la tecnología híbrida de este barco nos permite actuar con total discreción y agilidad en un espacio tan sensible como Teno-Rasca, combatiendo las infracciones sin generar huella de carbono ni impacto acústico en la fauna marina”

Como colofón al acto, el consejero ha querido desvelar que dicha embarcación lleva por nombre Rogelio Herrera, como homenaje a un compañero que dedicó toda su vida a la protección, estudio y divulgación de la vida marina del archipiélago. “Este buque se convierte en el mejor legado posible para una persona que dejó una huella imborrable en la conservación de nuestros mares y en el corazón de todos los que compartieron su vocación”, finalizó Zapata.

Vigilancia de alta precisión y cero contaminación acústica

La nueva embarcación destaca por sus 14 metros de eslora y 4,35 metros de manga, equipada con un innovador sistema de propulsión híbrida. El precio de la embarcación completa con sus sistemas es de 1.194.000 euros.

Aunque dispone de dos motores térmicos de 650 CV para travesías exigentes, la tecnología eléctrica asumirá un papel protagonista durante las labores de inspección. Este sistema de silencio absoluto elimina las vibraciones bajo el agua y la contaminación acústica, permitiendo una maniobrabilidad de precisión indispensable para la investigación científica sin perturbar a las especies sensibles ni alterar las colonias de cetáceos residentes.

La plataforma Salta a la Transición Ecológica denuncia el intento de boicot a la captación de firmas digitales contra la planta de gas que pretende instalar la empresa Disa en Los Realejos (en el norte de Tenerife), primero en La Zamora y, ahora, cerca de casas del barrio de La Cruz Santa, en ambos casos con el rechazo del gobierno local (PP) y del resto de grupos del ayuntamiento.

La entidad explica que se han topado con un intento de obstaculizar la recogida de firmas de vecinos de La Cruz Santa y del resto de la localidad o de fuera y que, de hecho, “alguien ha logrado paralizar la recogida digital denunciándola en Google”, aunque no saben bajo qué pretexto “puesto que la política de protección de datos estaba completa e incluida en el texto”.

Según recalcan, “ante este hecho los vecinos han redoblado el esfuerzo en la recogida en papel en distintos sitios pero, sobre todo, en el municipio y la respuesta ha sido amplia en Los Realejos en contra de esta central de propano al lado de viviendas”.

La plataforma recuerda que el Gobierno canario “tiene la llave para desactivar este atropello de infraestructura contaminante y peligrosa, sencillamente no concediendo la autorización. Esta es la decisión que esperan los vecinos y el propio Ayuntamiento de Los Realejos del Ejecutivo regional”. Pese a los obstáculos, continúan con su campaña de recogida de firmas en diferentes ámbitos y, como ya hicieran cuando se intentó instalar esta planta en La Zamora, dejan claro que seguirán en la lucha para evitarla.

Mientras, las posturas sobre esta iniciativa siguen igual. El alcalde de Los Realejos, Adolfo González (PP), considera que esta instalación no tiene cabida en el polígono industrial del municipio, el de La Gañanía, por su cercanía a los núcleos residenciales de la zona y así se lo trasladará al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición Ecológica, tras analizar la situación con sus concejales en el primer consejo de gobierno de septiembre.

Por su parte, la compañía, en la respuesta a las alegaciones de los vecinos, defiende la total legalidad de la planta y su necesidad por los riesgos de apagones energéticos, que es la principal línea argumental, asimismo, de la consejería regional de Transición Ecológica que dirige Mariano Hernández Zapata (PP).

La Agencia Tributaria mantiene abiertas 35 investigaciones vinculadas a posibles fraudes en las declaraciones del IVA en el sector de hidrocarburos, una rama sobre la que el fisco ha endurecido el control tras detectar un “auge” en estos ilícitos. El caso más sonado y reciente es el presuntamente liderado por el empresario, comisionista y corrupto confeso Víctor de Aldama, quien habría desempeñado un papel clave a la hora de defraudar 180 millones de euros a la Hacienda pública, una causa aún pendiente de juicio.

Esa treintena de actuaciones se encuentran en distintas instancias y fases, según fuentes de la Agencia Tributaria, organismo que ha colocado como uno de sus “objetivos prioritarios” la erradicación de este fenómeno “dado el enorme perjuicio que estaba causando, tanto a la sociedad como a la Hacienda Pública”.

Solo por poner un ejemplo, más allá de casos mediáticos: de los diez mayores morosos de la lista que publica anualmente el fisco, cinco son compañías vinculadas a este fraude, que deben cerca de 900 millones de euros a la Agencia Tributaria. Son Bio Zenite Energy (232,9 millones), Metaway Combustibles (195,6 millones), Vertix Petroleum (194,7 millones), Marillion SLU (151,1 millones) y Biomar Oil (119,1 millones). Pero son decenas de sociedades y la deuda global se sitúa cerca de los 1.500 millones (de un total de 15.400 millones).

Entre ellas, también, Villafuel SL, la compañía que da nombre a la trama que involucra no solo a Víctor de Aldama –condenado a cuatro años y medio de cárcel por el caso Mascarillas, pero eximido por el Supremo de ingresar en prisión–, sino también a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en billetes a la sede del PSOE en Ferraz. En su momento, Pano aseguró que ese efectivo era de Claudio Rivas, dueño de la compañía en cuestión.

Rivas tiene dos causas más abiertas en la Audiencia Nacional: el caso Gaslow, por el presunto fraude de 148 millones de euros en el pago del IVA de hidrocarburos, entre 2018 y 2021; y el que involucra a otra sociedad (SKT Oil), por un quebranto de más de 70 millones entre 2016 y 2018.

Empresas que desaparecían sin pagar el IVA

Pese a que los tentáculos de la trama hidrocarburos se han mezclado con la política española a través del caso Koldo, y ya resulta difícil saber dónde empieza uno y acaba otro, el mecanismo por el que se llevaba a cabo este presunto fraude era relativamente sencillo. Los presuntos defraudadores creaban empresas pantalla que compraban el combustible, lo vendían cobrando el IVA a sus clientes y, después, desaparecían antes de que Hacienda pudiera reclamar el impuesto. Eso le permitía vender el combustible a precios más baratos y ganaban cuota de sus competidores.

A la vista de que el problema del fraude de hidrocarburos no dejaba de engordar, suponiendo un quebranto cada vez mayor para la Hacienda pública, el Gobierno decidió reforzar los controles para ser un operador mayorista del sector. Hasta 2023, las empresas solo debían acreditar su capacidad legal, técnica y económico-financiera ante el registro gestionado por el Ministerio de Industria, siendo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien publicaba, posteriormente, un listado de aquellas compañías al por mayor en ejercicio.

En aquel año, el Ministerio para la Transición Ecológica sustituyó a Industria en esas funciones y, al mismo tiempo, la Agencia Tributaria puso en marcha el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef), dado que “las actuaciones de control represivas (y a posteriori) no eran suficientes para atajar el fraude en el sector”, reconocen desde el fisco.

A través del Redef, que entró en marcha también en 2023, el Gobierno estableció que los titulares de los depósitos fiscales de los hidrocarburos se convertían en responsables subsidiarios en el caso de una deuda con Hacienda, siempre y cuando permitieran su extracción (es decir, la retirada del combustible) por parte de operadores no autorizados en el registro. La primera versión de este listado incluyó inicialmente a numerosas compañías que ya estaban involucradas en fraudes al IVA, explican desde la Agencia Tributaria, por lo que se tuvo que depurar el listado hasta entrado 2024, “de manera que el fraude al IVA en el sector se redujo de manera muy notoria”.

Además, con la reforma fiscal de 2024, Hacienda puso en marcha la llamada ‘solución italiana’, que obliga a los operadores a garantizar el pago del IVA –bien con avales o a través de un adelanto– antes de la salida del depósito y no meses después, una exigencia que solo se puede salvar en el caso de que sean reconocidos como ‘confiables’. Precisamente, para evitar que las empresas desaparezcan sin pagar los impuestos correspondientes. Este sistema empezó a funcionar el pasado 1 de febrero y fuentes del fisco apuntan que los resultados “están siendo muy positivos”, ya que garantizan una detección temprana del fraude, en el caso de que suceda.

Los formularios que tienen que rellenar estas operadoras se encuentran en pleno proceso de renovación. El Ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado mes de junio una consulta para la actualización de los formularios que han de rellenar estas operadoras, con el objetivo de recoger las nuevas categorías de combustibles y, también, para facilitar la lucha contra el fraude.

Las Oficinas Verdes de Canarias, de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, han protagonizado esta mañana las actividades de las III Jornadas de Concienciación Ambiental en el Mar con el taller de estimulación cognitiva La música del mar, una propuesta que ha permitido a los usuarios del Proyecto de Estimulación Cognitiva con Mayores de Cruz Roja de Los Llanos de Aridane transformar materiales recuperados del entorno marino en instrumentos musicales.

La actividad, que se ha desarrollado en la Avenida Marítima del Puerto de Tazacorte, ha contado con la presencia del consejero Mariano Hernández Zapata, que ha puesto en valor “la importancia de acercar la transición ecológica y la economía circular a las personas mayores mediante propuestas prácticas y participativas”, destacando el papel “que este colectivo puede desempeñar en la protección del entorno desde su propia experiencia y conocimiento”.

En concreto, según explica el Gobierno canario en un comunicado, esta actividad ha combinado la sensibilización ambiental, la creatividad y la estimulación cognitiva. Para ello, los participantes han utilizado materiales como redes de pesca, boyas, cabos, hilos de pesca y madera flotante para elaborar sus propios instrumentos musicales.

Una vez construidos, estos instrumentos han sido utilizados en un taller musical en el que han participado el percusionista Óscar Pérez, y los cantantes Noelia Gómez y Mateo Capote y otros músicos colaboradores, uniendo la economía circular, educación y ambiental y el arte en la costa de Tazacorte.

No obstante, la participación de las Oficinas Verdes de Canarias en las III Jornadas comenzó el pasado martes con la charla-coloquio “Dicen que se muere el Mar”, centrada en los efectos del cambio climático sobre el medio marino del Archipiélago y, especialmente, en la isla de La Palma.

Durante esta primera actividad se analizaron fenómenos como el aumento del nivel del mar, la erosión costera y el incremento de la temperatura del agua, así como sus consecuencias sobre los ecosistemas y la biodiversidad marina.

La presentación incluyó material audiovisual con imágenes históricas del litoral palmero, comparativas de la evolución de diferentes zonas costeras y simulaciones de posibles escenarios futuros.

La actividad prestó especial atención a los núcleos costeros de Santa Cruz de La Palma, Puerto de Tazacorte, Puerto Naos, La Bombilla y El Remo y finalizó con un coloquio destinado a favorecer el intercambio de experiencias y conocimientos con las personas asistentes.

Durante la visita el consejero estuvo acompañado por el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Tazacorte, Antonio Santana; y por el segundo teniente de alcalde, Manuel Gonález; por el alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas; el primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Playas, Edificios Municipales y Medio Ambiente, Víctor González; y la concejal de Bienestar Social e Igualdad, Idaira Pérez.

Además, también estuvo presente la diputada del Parlamento de Canarias por la isla de La Palma, Raquel Díaz.

'III Jornadas de Concienciación Ambiental en el Mar'

Las III Jornadas de Concienciación Ambiental en el Mar están organizadas por Cruz Roja de La Palma a través del Proyecto de Estimulación Cognitiva con Mayores de Los Llanos de Aridane, financiado por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

El proyecto promueve un envejecimiento activo y saludable mediante actividades que potencian las capacidades cognitivas, físicas, sociales y emocionales de las personas mayores, fomentando también hábitos de vida saludables, aprendizaje continuo, inclusión social y compromiso con el entorno.

Según explica Nayra Valido Bello, técnica del proyecto y organizadora de las jornadas, estas nacen con el objetivo de acercar a las personas mayores a la importancia de conservar y proteger el medio marino, fomentando la reflexión sobre los retos ambientales actuales y el papel que cada persona puede desempeñar en el cuidado de los océanos y las costas.

La participación de las Oficinas Verdes de Canarias por tercera vez consecutiva en estas jornadas refuerza su labor de divulgación y sensibilización y permite dar a conocer la transición ecológica, la economía circular y la protección del medio marino a las personas mayores de esta zona de La Palma.

El Gobierno de Canarias ha aprobado un nuevo Plan Forestal para adaptar la gestión de los montes del archipiélago al incremento de las temperaturas y a los efectos del cambio climático, sustituyendo así al documento vigente desde 1999.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata (PP), ha explicado este martes que la actualización responde a un escenario de mayor riesgo de incendios forestales y permitirá reforzar la prevención, la gestión activa de la masa forestal y el aprovechamiento sostenible del monte.

Durante la presentación, Hernández Zapata ha destacado que la actualización del plan responde a las nuevas condiciones derivadas del cambio climático, por lo que la Consejería inició su elaboración en 2023 mediante un proceso participativo en el que se incorporaron aportaciones de administraciones, entidades y particulares.

El consejero ha explicado que uno de los ejes principales del documento es la prevención de incendios forestales, al considerar que “el mejor incendio es el que no se produce”.

En este ámbito, ha recordado recordó que el Ejecutivo autonómico ha destinado durante la legislatura cerca de 39 millones de euros al refuerzo de los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (EIRIF), además de actuaciones preventivas en los montes y parques nacionales.

El plan también apuesta por incrementar el aprovechamiento social y económico del monte mediante iniciativas que favorezcan la recuperación de antiguos cultivos, como almendros o higueras, y por fomentar una gestión forestal sostenible en terrenos privados.

Hernández Zapata ha señalado que el Plan Forestal se enmarca en una estrategia normativa más amplia, precedida por el decreto de prevención de incendios forestales aprobado en diciembre de 2025 y que culminará con la futura Ley de Montes de Canarias, actualmente en tramitación.

En referencia a los grandes incendios forestales activos en la Península, Hernández Zapata ha trasladado su reconocimiento a los profesionales que trabajan en las labores de extinción y aseguró que Canarias mantiene el seguimiento de la situación y está dispuesta a colaborar con los medios de los que dispone.

Preguntado por la posibilidad de actuar en el monte como medida preventiva frente a los incendios, el consejero aseguró que “no es que se pueda, es que se debe limpiar el monte”.

Ha añadido que Canarias ya desarrolla este tipo de actuaciones mediante los equipos EIRIF, apoyados con maquinaria pesada, incluida maquinaria no tripulada, para retirar combustible vegetal y reducir el riesgo de propagación del fuego.

Hernández Zapata ha defendido además que esa limpieza debe ir acompañada de proyectos que hagan económicamente atractivo el monte y permitan recuperar cultivos situados en zonas de interfaz entre las masas forestales y los núcleos habitados, con el objetivo de reforzar la prevención de incendios y favorecer la actividad en el medio rural.

Las energías renovables generaron 6.940,68 gigavatios hora (GWh) en Catalunya en 2025, un 3,1% menos que el año anterior, según recoge un informe del Observatorio de las Energías Renovables en Catalunya presentado este martes. Según los datos recogidos por esta entidad, vinculada a la patronal eólica, Catalunya no solo no avanza sino que incluso puede retroceder en la transición energética, pese a que en los últimos años se había conseguido acelerar la implantación de instalaciones de renovables.

Con el bache del año 2025, la cobertura de la demanda energética por las renovables también se redujo hasta el 15,3%, frente al 16,2% que fue el año anterior. Estos niveles quedan lejos del objetivo del 50% de cobertura con renovables fijado para finales de esta década en el documento Prospectiva Energética de Catalunya 2050 (Proencat) del Govern. El menor vigor de las renovables se explica por la subida de la demanda eléctrica, la caída de la generación eólica y un incremento “limitado” de la nueva capacidad renovable.

En la producción eléctrica catalana, sin tener en cuenta la importación externa de electricidad, las renovables pasaron de representar el 19,1% en 2024 al 18,1% el pasado año.

La generación propia en territorio catalán cubrió el 84,6% de la demanda en 2025 y el diferencial restante se cubrió con el saldo de intercambio de electricidad.

La demanda de electricidad en Cataluña fue de 45.250,58 GWh en 2025, un 2,7% más que en el año anterior, mientras que la generación eléctrica total producida en Cataluña fue de 38.292,98 GWh, un 2,0% más.

El observatorio describe el aumento de las importaciones como una pérdida de “soberanía energética” para Catalunya.

La generación nuclear sigue siendo la primera fuente de producción eléctrica, con los tres reactores nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, que cubrieron el 50,4% de la demanda eléctrica, con 22.812,07 GWh producidos.

Entre las renovables, la primera fuente fue la energía hidráulica, después de generar 3.822,52 GWh y cubrir el 8,4% de la demanda. La eólica introdujo 2.360,62 GWh, un 16,8% menos, cubriendo el 5,2% de la demanda. La solar fotovoltaica, excluido el autoconsumo, generó 495,14 GWh, un 17,5% más, cubriendo el 1,1% de la demanda.

Con estos datos, el observatorio advierte que, ante el horizonte del cierre progresivo de la generación nuclear, Catalunya “tendrá que optar entre acelerar de manera significativa la implantación de generación renovable de alta capacidad”, especialmente la eólica y la fotovoltaica, o “incrementar la dependencia de las interconexiones con territorios vecinos para abastecerse de sus”.

Aumenta la capacidad instalada de renovables

En cuanto a la potencia instalada, las renovables crecieron en 78,51 MW en 2025 respecto al año anterior, sumando 12,2 MW eólicos y 73,34 MW solares fotovoltaicos sin incluir las instalaciones de autoconsumo, mientras que la capacidad hidroeléctrica disminuyó en 7,0. La nueva capacidad eólica corresponde a los dos aerogeneradores de la ampliación por el parque eólico Colladetes, en El Perelló.

En autoconsumo fotovoltaico, Catalunya registró 14.890 nuevas instalaciones en 2025 con una potencia total de 231 MW, por debajo de las 21.460 instalaciones y los 350 MW nuevas de 2024. El observatorio atribuye esta desaceleración al final de las subvenciones europeas de los fondos Next de la electricidad es bajo.

El peso del autoconsumo colectivo en Catalunya fue de 1,7 GW de potencia acumulada, el equivalente al 4,4% del total. Sin embargo, Catalunya se mantiene entre las comunidades autónomas líderes en el autoconsumo colectivo en el Estado español, acumulando el 16% de la potencia instalada total en autoconsumo.

El Cabildo de Gran Canaria ha inaugurado una nueva planta solar fotovoltaica con baterías en el Intercambiador de Mogán, una infraestructura que permitirá aumentar el autoconsumo energético, reducir la dependencia de la red eléctrica y avanzar en la transición hacia un modelo basado en energías renovables. La instalación, ubicada sobre las marquesinas de la estación de guaguas, cuenta con una potencia pico de 65,88 kWp y contribuirá a mejorar la eficiencia energética de uno de los principales nodos de transporte del sur de Gran Canaria.

La actuación ha supuesto una inversión de 190.860,43 euros, de los que 147.949,34 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Next Generation EU, en el marco de la convocatoria de ayudas de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Este proyecto apuesta por el autoconsumo energético en infraestructuras públicas y la reducción de las emisiones de CO₂ mediante el uso de energía solar.

Al acto de inauguración asistieron el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández.

García Brink recalcó que “seguimos acelerando la transición energética de Gran Canaria, impulsando la implantación de energías renovables en infraestructuras públicas estratégicas, como es el principal intercambiador de transporte público de un enclave turístico tan importante como Mogán”.

Asimismo, señaló que esta instalación nace con una visión de futuro, ya que la energía que produzca podrá destinarse más adelante al punto de recarga para vehículos eléctricos que el Cabildo proyecta junto al Ayuntamiento de Mogán en esta zona, así como a abastecer a la futura comunidad energética del municipio.

Por su parte, el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mogán, Ernesto Hernández, aseguró que esta instalación fotovoltaica “refuerza la sostenibilidad del municipio y mejora la eficiencia de un espacio público clave para Mogán y Gran Canaria”. En ese sentido, señaló que la Administración local valora “muy positivamente esta actuación, que complementa el trabajo que por nuestra parte venimos desarrollando en edificios municipales como el Centro para la Autonomía Personal, el Centro Cultural El Mocán, el Centro Polivalente y las Oficinas Municipales de Arguineguín, donde ya hemos instalado paneles solares para autoconsumo”.

Más de 129.000 kWh de energía renovable al año

La instalación, ubicada en la también conocida como Estación de Guaguas de Puerto de Mogán, cuenta con 108 módulos fotovoltaicos, que alcanzan una potencia pico total de 65,88 kWp, y dispone de dos inversores de 50 kW. Además, incorpora un sistema de almacenamiento mediante baterías con una capacidad de 197,12 kWh, que permitirá aprovechar la energía generada fuera de las horas de mayor producción solar, aumentando la autonomía energética del intercambiador.

La planta producirá una media estimada de 129.237 kWh al año, contribuyendo a reducir el consumo eléctrico de la infraestructura y su dependencia de la red.

Gracias a esta actuación se evitará la emisión de 67,07 toneladas de CO₂ al año, una reducción equivalente al consumo eléctrico anual de 37 viviendas.

La iniciativa, promovida por el Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria, se enmarca dentro de la estrategia del Cabildo para impulsar la implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios e infraestructuras públicas, favoreciendo un modelo energético más sostenible, eficiente y resiliente, al tiempo que reduce la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones asociadas al consumo eléctrico.

A pesar de que el incendio de La Mierla (Guadalajara) continúa activo y aún “no se piensa” en controlarlo, se ha entrado en fase de “estabilización”, las operaciones para su extinción progresan de manera “positiva” y las llamas avanzan a un ritmo menor que en días previos.

Así lo ha detallado el director técnico del dispositivo de extinción, Juanjo Fernández, en la tarde de este martes, precisando que las hectáreas calcinadas alcanzan las 32.000 y que ha evitado de momento que el incendio llegue a la provincia de Soria.

“Estamos empezando a bascular los esfuerzos de los bomberos forestales desde la cabeza hacia el flanco izquierdo. Esto es muy positivo porque lo que más centraba nuestros esfuerzos durante la pasada noche y la mañana ya se ha ejecutado y eso nos permite ir progresando por el flanco izquierdo desde la cabeza hasta la cola”, ha explicado Fernández.

Sobre los municipios afectados, Fernández ha precisado que son los mismos que en el día de ayer, 34 evacuados y 14 confinados, aunque los servicios de extinción consideran que están todos asegurados contra las llamas salvo en el caso de Prádena de Atienza, que es el municipio en el que más “problemas” tienen para considerarlo defendido. “La situación está asegurada, pero queremos asegurarnos más”, ha aclarado.

Además, el técnico ha explicado que se ha permitido el acceso a algunos ganaderos de la zona y a un camión de paja para alimentar al ganado.

Con respecto al incendio forestal de Selas, iniciado al mediodía de este martes también en la provincia de Guadalajara y que continúa activo, Fernández ha ofrecido un balance de 1.700 hectáreas quemadas y seis municipios desalojados. El técnico ha asegurado que este segundo incendio no ha retraído recursos que se estuvieran utilizando en las labores de extinción de La Mierla.

Entre los grandes incendios de la historia reciente de España

El fuego sigue en situación operativa de nivel 2. El PP de Guadalajara ha reclamado hoy valorar la activación del nivel 3, el máximo nivel de emergencia, que pasaría a considerarse nacional, según la escala del cero a cuatro, en las situaciones operativas de este tipo de catástrofes. Algo que ha descartado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible, José Almodóvar por innecesario.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Sara Aaegesen, aseguró por la mañana que “se sitúa ya entre los grandes incendios forestales de la historia reciente de España”.

Son más de 1.200 personas las evacuadas de una zona eminentemente rural, y una de las más despobladas del país, con una gran riqueza ecológica y ganadera en el parque natural de la Sierra Norte de la provincia. En la localidad de Humanes se mantiene habilitado un albergue en el polideportivo. Tiene capacidad para 200 camas. Allí atienden a los desplazados tres voluntarios y una ambulancia con dos técnicos, según ha informado Cruz Roja.

A ellos se sumaron durante la noche de ayer varios municipios de la provincia de Soria, ya que las llamas se encuentran a una distancia de entre 5 y 7 kilómetros del límite provincial.

Se mantienen las evacuaciones de la residencia de personas mayores Virgen del Prado, ubicada en Retortillo de Soria de y de la población de Barcones. En la Residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón permanecen 33 personas trasladadas desde Retortillo (31 usuarios de la residencia y dos vecinos de este pueblo evacuados también por reconocido grado tres de dependencia) y en la residencia del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Almazán 27 vecinos de la localidad de Barcones, que puede ampliarse en cinco más esta noche, según ha informado la alcaldesa en el CECOPI.

La cercanía con Soria provocó que la Junta de Castilla y León se haya incorporado al mando de la emergencia para coordinar los trabajos de manera conjunta.

No hay viviendas dañadas, pero sí algunas naves industriales que se han quemado, aunque no se han precisado los detalles. Se está también trabajando desde la Diputación Provincial para suministrar pienso a los animales. Personas particulares y empresas están poniendo a disposición de los ganaderos sus instalaciones, mientras los vecinos evacuados piden “alguna acción” para gallinas y mascotas.

Mientras tanto, para el miércoles en Castilla-La Mancha y a las puertas de una nueva ola de calor, según las previsiones de AEMET, se mantiene el riesgo extremo de incendios. El mapa del índice de propagación potencial de incendios forestales (IPP) está teñido de rojo en toda la provincia y en prácticamente toda la comunidad autónoma.

Ya es el incendio forestal que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha, superando por mucho ya la superficie quemada por el fuego en La Riba de Saelices, en 2005, tristemente conocido por la muerte de 11 miembros de un retén, y del que se cumplen ahora 21 años.

Hay palabras y expresiones que se gastan de tanto usarlas, como una moneda que pasa de mano en mano hasta que ya no se le distingue el relieve. “Transición justa” es, a estas alturas, una de ellas. La vemos en los informes patronales y en los manifiestos sindicales, en las directivas europeas sobre el clima y, cada vez más, en cualquier documento que mencione la inteligencia artificial. La usa la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en sus reuniones técnicas, la arrastran las consultoras en sus presentaciones y la repiten los gobiernos como un mantra litúrgico. A fuerza de querer explicarlo todo, cada vez explica menos.

Pero el problema no es solo el desgaste. Es que estamos trasladando el concepto de un terreno a otro sin preguntarnos si la tierra es la misma. Y, sobre todo, sin distinguir desde qué perspectiva lo analizamos. Si observamos ambas transformaciones desde el lugar donde negocian sindicatos y empresas, aparecen diferencias decisivas.

La “transición justa” no nació en la estratosfera de la retórica corporativa. Nació con nombre, apellidos y hollín en el sindicalismo del carbón y del petróleo del siglo pasado, y más tarde se formalizó como principio en la acción climática. Su premisa original era de una honestidad brutalmente concreta: si el interés general exige cerrar una central térmica o una mina, alguien tiene que responder por el minero de cincuenta y tantos años que se queda sin oficio y sin comarca.

Ese origen no es un detalle anecdótico, sino la clave de todo. Desde la perspectiva de la empresa y de la negociación colectiva, la transición ecológica es, en la inmensa mayoría de los casos, una transición de costes de sustitución. Exige rediseñar procesos productivos, sustituir tecnologías, transformar sistemas de transporte, cambiar materiales o desmantelar instalaciones para cumplir objetivos ambientales. Todo ello requiere inversiones y genera costes de adaptación. La transición justa nació precisamente para decidir cómo repartir esos costes sin que recaigan íntegramente sobre el eslabón más débil de la cadena productiva.

La transición digital, la robótica y ahora la inteligencia artificial responden a una lógica distinta, y ahí es donde el trasplante conceptual empieza a hacer aguas. También requieren inversiones, formación y reorganización empresarial. Pero su motor económico no es asumir un coste para cumplir un objetivo colectivo, sino obtener un incremento de productividad. Se hacen las mismas tareas con menos tiempo, menos costes operativos o menos trabajo humano. Esa mejora genera un excedente económico cuya distribución no está predeterminada.

Aplicar sin más el vocabulario de “compensar al perdedor” a un fenómeno que se implanta precisamente para generar ganancias de productividad es un error de origen. No es que la digitalización no tenga damnificados concretos —los tiene, e incluso de cuello blanco, muy reales—, sino que reducir la transición justa a la gestión asistencial de esas pérdidas deja fuera la pregunta verdaderamente decisiva: ¿qué ocurre con la riqueza adicional que genera esa nueva productividad y quién decide cómo se reparte?

Si la transición climática ha obligado principalmente a negociar cómo repartir los costes de la adaptación —prejubilaciones, recolocaciones, formación o planes de reindustrialización—, la transición digital obliga, además, a negociar el destino del nuevo valor que crea. Hoy ese excedente tiende, por defecto, a concentrarse en el margen empresarial y en la retribución del capital. Pero no existe ninguna razón económica que obligue a que toda la mejora de productividad derivada de un algoritmo termine exclusivamente en la cuenta de resultados de la empresa. Cómo se distribuye ese valor es una decisión de gobernanza y de negociación colectiva, no un destino inevitable.

Quizá ahí resida el verdadero cambio de época. La negociación colectiva del siglo XX aprendió, sobre todo, a repartir los costes de las crisis, de las reconversiones industriales y de los procesos de adaptación. La del siglo XXI tendrá que aprender también a negociar cómo se distribuyen las ganancias de productividad que genera la inteligencia artificial. No se trata de sustituir una misión por otra, sino de ampliar el objeto mismo de la negociación colectiva.

De ahí que las bases de una verdadera transición justa digital no puedan limitarse a copiar el esquema de la transición climática. No basta con negociar indemnizaciones dignas para quien pierde su empleo, aunque esa siga siendo una obligación irrenunciable. Hace falta incorporar una nueva agenda sindical: negociar también el reparto de las ganancias de productividad que la tecnología genera.

Reducir la jornada laboral sin merma salarial cuando la productividad aumenta de forma significativa, establecer mecanismos transparentes sobre los algoritmos que organizan el trabajo, garantizar el derecho a la formación permanente o vincular una parte estable del ahorro obtenido a fondos internos de recualificación son algunas de las herramientas de esa nueva negociación. Todas parten de una pregunta distinta de la que inspiró el sindicalismo del carbón. Ya no preguntan únicamente cómo protegemos a quien pierde, sino también cómo repartimos lo que se gana.

No se trata de abandonar el término “transición justa”. Sería tirar al niño con el agua sucia de la bañera. Se trata de comprender que hemos heredado un concepto forjado para gestionar procesos de reconversión y adaptación, y que hoy debemos ampliarlo para responder a una transformación cuya principal característica, en el ámbito de la empresa, es la generación de ganancias de productividad. Mientras sigamos discutiendo el impacto de la inteligencia artificial únicamente con el vocabulario de la mina que se cierra, seguiremos formulando la pregunta equivocada. La cuestión decisiva ya no es solo quién compensa las pérdidas, sino también quién decide, bajo qué reglas y con qué participación de los trabajadores, cómo se reparte la riqueza que la inteligencia artificial contribuye a crear.

El Observatorio Atmosférico de Izaña, en Tenerife, abre un nuevo capítulo en su historia. El centro de referencia internacional ubicado en el entorno del Parque Nacional del Teide se dispone a cambiar de nombre este mismo mes de julio. Así lo ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) a este periódico.

La infraestructura, dependiente de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), adscrita al ya mencionado Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), estrenará oficialmente su nueva denominación el próximo 9 de julio. Ese día, la ministra Sara Aagesen visitará Tenerife para rendir homenaje al científico Emilio Cuevas, cinco meses después de su fallecimiento, y reconocer una trayectoria decisiva para situar a Izaña entre los grandes referentes internacionales de la investigación atmosférica.

Será entonces cuando el Observatorio de Izaña pase a denominarse Observatorio Emilio Cuevas, en honor al legado de quien lo impulsó a convertirse en un referente mundial de observación meteorológica.

No en vano, el observatorio tinerfeño comparte con el Mauna Loa Observatory, en Hawái, el reconocimiento de ser uno de los dos grandes referentes mundiales en la vigilancia de la atmósfera. Mientras el centro del archipiélago del Pacífico central, gestionado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA) a través de su Laboratorio de Monitoreo Global (GML), es célebre por albergar el registro histórico continuo más antiguo de las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en la atmósfera, Izaña se ha consolidado como una infraestructura científica clave para el seguimiento de la composición atmosférica y el cambio climático a escala global.

Emilio Cuevas, el científico que convirtió Izaña en un referente mundial

Emilio Cuevas Agulló nació un 30 de junio de 1961 para cambiar la ciencia en Canarias. Fue pionero en las islas en abanderar la lucha contra el cambio climático con trabajos sobre la evolución de la temperatura media y el impacto de los gases de efecto invernadero en el archipiélago y el primer español miembro de la Comisión Internacional del Ozono.

Su nombre quedó especialmente ligado al Observatorio Atmosférico de Izaña desde su llegada, en 1989, hasta 2023, año en el que se jubiló tras casi un cuarto de siglo como director. Su jubilación estuvo motivada por una enfermedad neurodegenerativa contra la que llevaba luchando años. Bajo su liderazgo, el centro que ahora llevará su nombre dejó de ser un destacado observatorio meteorológico para convertirse en uno de los principales centros de investigación atmosférica del mundo, referencia internacional en el estudio del cambio climático, la vigilancia de los gases de efecto invernadero, el ozono, la radiación solar y el polvo sahariano. Gracias a su trabajo, Canarias se consolidó como un enclave estratégico para la observación global de la atmósfera y un socio científico de organismos como la Organización Meteorológica Mundial, la NASA y numerosos centros de investigación internacionales.

El Gobierno ha acordado con Bruselas flexibilizar algunas de las inversiones vinculadas al Plan de Recuperación, de tal manera que se puedan utilizar los remanentes de hitos y objetivos ya cumplidos para seguir financiando gastos afines más allá del 31 de agosto. Esta es la fecha en la que tienen que estar ejecutadas todas las reformas y acciones financiadas con el ‘maná europeo’.

El Ejecutivo ha incluido en el Real Decreto-Ley de respuesta a la crisis en Oriente Medio una disposición adicional pactada con la Comisión Europea que permitirá que, en el caso de que se hayan cumplimentado los programas del Plan de Recuperación con un menor gasto del previsto inicialmente, se puedan usar esos ahorros para “la financiación de actuaciones en las mismas áreas políticas”. Es decir, fundamentalmente, las transiciones digital y energética.

El articulado especifica que se aplicará para los hitos y objetivos incluidos en la última solicitud de desembolso, el séptimo pago, que el Ejecutivo debería pedir antes del 31 de agosto. Y siempre que se compruebe “que el importe finalmente justificado y verificado es inferior al que se consideró para evaluar los proyectos presentados del hito u objetivo y determinar su cumplimiento”.

Según detalla la disposición, serán las “entidades decisoras” del Plan de Recuperación —es decir, los ministerios— quienes determinen los hitos y objetivos que se acojan a este nuevo régimen así como la cuantía afectada, en base a la información que proporcionen las “entidades ejecutoras” —los propios ministerios, empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos—.

La disposición, dice el texto, será de aplicación inmediata desde su entrada en vigor, este miércoles. Y el Gobierno se reserva, mediante un acuerdo de Consejo de Ministros, el dictar instrucciones “para la aplicación de los apartados anteriores y para garantizar la correcta ejecución final de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia”. 

Una medida para evitar el “efecto escalón”

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es apuntan que no hay una cifra cerrada de fondos que potencialmente se puedan desatascar con esta medida, ya que no se conocerán hasta el final del programa, cuando se evalúen los hitos y las cuantías. En este sentido, desde el Ejecutivo señalan que llevan meses en conversaciones con la Comisión Europea para conseguir esta flexibilización. El objetivo último, detallan, es evitar un “efecto escalón” en la inversión pública una vez finalice el programa europeo.

Hace cinco años, el presidente Pedro Sánchez consiguió una gran victoria política en Bruselas al amarrar un ‘Plan Marshall’ europeo con emisión conjunta de deuda para reconstruir la economía tras el golpe de la pandemia. Inicialmente a España se asignaron 160.000 millones de euros, entre transferencias y créditos. Al final serán 102.000 millones, ya que el Gobierno renunció a 60.000 millones en préstamos, y solo si el Ejecutivo saca adelante todos sus compromisos.

Que desaparezca de golpe esa inyección millonaria podría ralentizar un crecimiento que, hasta ahora, no deja de batir las expectativas. Para evitarlo, además de esta iniciativa, el Gobierno ha impulsado el fondo España Crece, anunciado a principios de año, dotado con 13.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y con el objetivo de que el Instituto de Crédito Oficial —que va a gestionar este vehículo— movilice 120.000 millones de euros de inversión, entre pública y privada. Sus objetivos serán similares a los del plan original: las transiciones verde y digital, así como el desarrollo de vivienda pública asequible.

La inyección de los fondos europeos ha servido al Gobierno para capear la falta de unas cuentas públicas, dado que las que están en vigor son las prorrogadas desde 2023. De hecho, en La Moncloa se ha considerado que el Plan de Recuperación eran los ‘verdaderos’ Presupuestos de esta legislatura. El presidente ha llegado a rechazar un adelanto electoral por la necesidad de ejecutar al completo los 102.000 millones de euros procedentes de Bruselas.

El Gobierno está aún a la espera de que la Comisión Europea dé luz verde a la solicitud del sexto desembolso, por valor de 7.256 millones de euros, que remitió en marzo de este año. Entre otros, está pendiente de que el Ejecutivo comunitario autorice al Ejecutivo ‘saltarse’ la subida de los impuestos al diésel. Precisamente, y como parte del nuevo paquete de medidas por la guerra en Oriente Medio, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva rebaja temporal en el impuesto de hidrocarburos, hasta octubre.

En La Moncloa está previsto solicitar el séptimo y último pago antes de que termine el verano, donde se incluirán unos 140 hitos y objetivos por valor de 27.000 millones de euros. A partir de ahí, la Comisión tendrá hasta el 31 de diciembre para autorizar el desembolso.

Según los datos de la plataforma ELISA, desarrollada por el Ministerio de Economía para hacer un seguimiento de las licitaciones vinculadas al plan, hasta el 30 de abril se han resuelto convocatorias vinculadas a los fondos europeos por valor de 67.574 millones de euros.

Muchos estudios sobre la emergencia climática tienen dos problemas. El primero es la falta de propuestas: realizan un diagnóstico más o menos atinado de la situación, pero se quedan ahí, incapaces de plantear posibles soluciones. En el segundo caso, sí se apuntan ideas prácticas, aunque están tan limitadas a la acción individual (reducir el consumo de energía, optar por el transporte público, reciclar o adquirir alimentos de proximidad) que se quedan cortas a la hora de concebir una transformación a fondo de todo el sistema. Esto deriva en un pesimismo colectivo que puede conducir a la inacción y el desánimo, algo que ya está perjudicando la salud mental de la población, sobre todo de los jóvenes.

¿Cómo revertir este panorama? Todo cambio comienza con la capacidad de imaginar un futuro distinto, de no resignarse al desaliento solo porque hasta ahora nos han dicho que no se puede hacer más. El siguiente paso consiste en buscar alternativas y refrendarlas con situaciones en las que hayan demostrado su eficacia. Puede que la humanidad no se haya enfrentado a un desafío semejante, pero ha habido otros retos que en su momento también parecían imposibles de asumir y que sin embargo se superaron o, como mínimo, mejoraron sus pronósticos.

El último paso, quizá el más difícil, es comunicar esa posible solución al público para instarlo a actuar. Porque, esto hay que tenerlo claro, los cambios solo se consiguen al ponerse en marcha. Para ello es necesario contar con una ciudadanía concienciada y lo bastante preocupada por el tema como para atender la llamada de atención. Esa masa social, formada por un conjunto numeroso de individuos unidos por una causa común, es clave en este proceso, tal y como defiende el investigador Matthew T. Huber (Chicago, 1970) en El futuro de la revolución (2022; Errata naturae, 2024, trad. Silvia Moreno Parrado). Este profesor de Geografía de la Universidad de Siracusa lleva años estudiando las relaciones geoeconómicas con el capitalismo y las políticas climáticas, y en este libro propone una insurrección colectiva para combatir la inercia política actual.

Hacia un nuevo paradigma

Los trabajos sobre la crisis climática se inscriben en el ámbito científico, en áreas como la ecología, las ciencias atmosféricas o la geología; pero las ciencias humanas tienen un papel clave en la emergencia, por cuanto las tendencias sociopolíticas y económicas son las responsables de la respuesta (o la indiferencia) hacia el fenómeno. La ideología que más se compromete con el desarrollo sostenible, respetuoso con el medio ambiente, que trata de contrarrestar los excesos capitalistas que han llevado a este límite, es la política verde, alineada en general con los partidos progresistas partidarios de la justicia social.

¿Qué sucede? Por un lado, el problema de circunscribir esta preocupación a un espectro del arco político reduce el número de ciudadanos concienciados: o se está a favor de una regeneración verde urgente, o se es un negacionista climático. La polarización creciente en el debate público y la proliferación de bulos en los medios de comunicación tampoco ayudan. No obstante, sería un error creer que el negacionismo es el único obstáculo para tomar medidas: dentro de las agrupaciones de izquierda y socialdemócratas tampoco se ha dado una respuesta unitaria y ha faltado, en general, contundencia.

Puede que los negacionistas no sean muchos, pero tampoco el cambio climático es una prioridad para la mayoría. En España, según el barómetro del CIS, las principales preocupaciones de la población son la vivienda, la corrupción y el fraude políticos, el paro, la crisis económica, la inmigración y la sanidad; hay que bajar unos cuantos puestos de la lista para encontrar el cambio climático. Por mucho que se intente sensibilizar sobre la urgencia que requiere la situación medioambiental, la percepción dominante es que se trata de un asunto secundario, algo que puede esperar y, un punto determinante, que está desligado del resto de problemas sociales.

De esto último surge la tesis de Matthew T. Huber: es un error creer que el empleo o los servicios públicos, por ejemplo, resultan indiferentes a la emergencia climática. Frente al desprestigio de las políticas climáticas entre buena parte de la población, propone una visión transversal que ponga de relieve su conexión con los problemas que resultan más inmediatos y graves. Porque sucede que los ciudadanos se movilizan, deciden su voto y presionan a sus dirigentes en función de lo que les preocupa más en cada momento. Para tomar otro rumbo, es preciso que la lucha climática sea una prioridad para la mayoría.

El cambio climático como lucha de clases

Hablar de “mayoría”, sin más, resulta vago. ¿Quién debería conformarla? Si pensamos en la estructura de clases sociales, la base de la pirámide la componen los trabajadores no cualificados o precarios, los desempleados, los pensionistas con menor retribución y otros sectores con un número bajo de ingresos. Sin embargo, tal como analiza Huber, el compromiso por el clima viene, sobre todo, por parte de una clase profesionalizada que no solo se define por un mayor poder adquisitivo, sino por un soporte intelectual. Dicho de otro modo: la concienciación surge como respuesta a la investigación científica, que constituye el credo de este grupo social.

Esta clase profesional también intenta convencer a los demás con ese mismo discurso: hay que luchar contra el cambio climático porque así lo dice la ciencia, y la ciencia está por delante de todo lo demás. Es una teoría cargada de razón, pero poco efectiva, con el riesgo de quedarse en las buenas intenciones. Las dificultades que de un tiempo a esta parte tienen los partidos de izquierda para aumentar sus bases se extienden a la sensibilización por el clima: si antes eran los obreros quienes protagonizaban los movimientos sociales, ahora el perfil típico de su votante es un universitario que entiende la jerga académica y se muestra sensible no solo a las desigualdades económicas de clase, sino también a causas identitarias como el feminismo, el racismo o la representación LGTBIQA+.

Los activistas por el clima se enfrentan a un reto: conectar con esa gran masa social que conforman los menos privilegiados. Son una pieza esencial para la revolución, y ahí es donde el autor da un giro al planteamiento del problema: la emergencia climática debe entenderse como una lucha de clases. Ni como algo que dependa en última instancia de los gestos individuales, ni como un entretenimiento de ciudadanos cultos con poca calle y mucho discurso. Solo así se puede tener éxito. ¿Cómo lo sabemos? Porque la historia tiene numerosos ejemplos de triunfos cuando la masa social se une por el bien colectivo.

Ecología proletaria

Matthew T. Huber lo explica redefiniendo las clases sociales. Sigue tomando las fuerzas de producción y cómo se relaciona cada colectivo con ellas como medida, pero va más allá del esquema tradicional de ricos, clase media y pobres. En primer lugar, identifica la “clase capitalista”, la de los grandes propietarios, los que controlan el capital industrial y los capitales fósiles. Ahí está la raíz del problema: son los causantes de la mayoría de emisiones tóxicas que han llevado el planeta a este estado, y, mientras solo miren por el rendimiento económico, nada va a cambiar de manera sustancial.

El segundo grupo es el que denomina “clase profesional”. Aquí tienen cabida tanto los dirigentes políticos como el segmento de la población más comprometido con el clima, es decir, los activistas, científicos, profesores, periodistas y estudiantes, entre otros, que se mantienen informados, difunden las investigaciones e intentan alertar a la población. Este estrato no siempre tiene las mejores condiciones salariales, pero aun así se aleja del obrero raso por la formación académica, los hábitos de consumo y el estilo de vida. Este grupo, como señala Huber, cree en la meritocracia, o al menos se ha educado en función de este principio, y actúa de manera individualista al centrarse en su ascenso social.

El tercer segmento, y el más numeroso, es la “clase trabajadora”. Como indica el autor, la clasificación no se basa solo en la situación profesional: “La clase es una relación de propiedad y poder”. Hay profesiones que se están proletarizando, como el periodismo o la enseñanza universitaria; en cambio, entre los trabajos no cualificados, un fontanero dueño de su propio negocio se sitúa en una clase distinta de la del que trabaja para otros. Además, es importante no olvidar a la población inactiva: “cónyuges que no trabajan, dependientes, familiares y desempleados” que dependen de los servicios sociales o del dinero del trabajo asalariado de otros.

Para Huber, el problema principal del cambio climático está en el primer grupo, el de los inversores: mientras solo miren por su beneficio, todo seguirá igual o peor. La clave, según él, es que el sector más crítico para las emisiones pase a manos públicas, es decir, se trata de conseguir una infraestructura energética pública que no tenga como prioridad el rendimiento económico sino mejorar las condiciones de la población y el ecosistema. Frente a las políticas de enriquecimiento rápido, deben implementarse proyectos a largo plazo que garanticen una transición energética ética, sostenible y en beneficio de todos. ¿Qué puede hacer la población para lograrlo? Ejercer fuerza social colectiva.

Presión social y el poder del sindicato

Hay que presionar a los gobiernos, pero no solo con el argumento científico, que hasta ahora se ha demostrado insuficiente a la hora de establecer prioridades. El componente de clase debe estar ahí: la presión, cuando ha logrado resultados, ha sido desde abajo, desde una masa social integradora en la que tienen cabida tanto los trabajadores como los miembros de la clase profesional. Entre otras cosas, porque ellos tienen el poder, si se organizan, de paralizar el sistema eléctrico u otra infraestructura, un gesto de boicot que llame más la atención que un corte de carreteras puntual o una acción en un museo. Para ello, el autor reivindica el papel de los sindicatos, tan devaluados, como garantía de la protección de los trabajadores y la organización de protestas.

También es necesario convencer a la clase obrera de que trasladar el imperio energético a manos públicas será positivo para ellos: la transición generará otros empleos para construir las nuevas redes, unos empleos más seguros, en proyectos a largo plazo que no dependerán del mercado. Además, aunque Huber pone el foco en el sector energético, no hay que olvidar que el cambio climático repercute en todas las áreas: la salud empeora, las temperaturas en las aulas dificultan el desarrollo del curso, aumentan los temporales extremos que causan estragos, etc. Todo eso perjudica de forma directa al trabajador, y la transición energética también garantiza los trabajos de prevención para contrarrestarlos.

Ni culpar al ciudadano ni resignarse: para luchar contra el cambio climático, hay que combatir el liberalismo individualista del capitalismo tardío y recuperar el espíritu de los movimientos de la primera mitad del siglo XX, o de causas más recientes como los chalecos amarillos en Francia. Movimientos sustentados en la solidaridad, en el frente común por encima de las diferencias identitarias, porque sobre todos ellos se cierne una amenaza más grande. Esto pasa por ver el bosque en lugar del árbol, recuperar el póster completo y ser conscientes de quién maneja los hilos de verdad en esta historia.

Hay que volver a creer, volver a motivar a la gente. Un trabajador desmotivado se cruza de brazos, mira por sus intereses a corto plazo y, harto de la palabrería de los partidos de izquierda, pierde el interés por la política y se desconecta de la lucha por el bien común. De esa insatisfacción se nutren las corrientes reaccionarias. Los activistas climáticos no pueden permitirse el lujo de renunciar a este colectivo social: recuperarlo para la causa ha de ser el primer objetivo para vertebrar una presión social fuerte, capaz de intervenir en las decisiones de arriba. No estamos en un callejón sin salida: aún se puede cambiar el rumbo. Pero no basta con la teoría: hace falta una revolución.

El Ayuntamiento de Tías ha manifestado este jueves su “oposición total y disconformidad expresa” a la declaración de interés general, por parte de la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, del proyecto de Instalación de solar fotovoltaica Tías I, en la zona de Mácher, por “la incompatibilidad urbanística, al impacto paisajístico insalvable y el rechazo social acreditado”.

En un comunicado, el Consistorio explica que el proyecto de conexión a red de 1,176 MWp ha sido promovido por la mercantil RS IBERIA 23 y contempla la ocupación de 28.721 metros cuadrados en la localidad de Mácher con 1.680 módulos solares y un centro de transformación, entre otras instalaciones.

Para el Ayuntamiento de Tías, la declaración de interés general del proyecto por parte del Gobierno de Canarias supone una “incompatibilidad manifiesta con el planeamiento urbanístico y protección agraria y un impacto paisajístico inasumible”, subraya la nota.

Además, la Corporación local asegura que “carece de razones justificadas de urgencia o excepcional interés, supone riesgo para las infraestructuras públicas y seguridad y vulnera el principio de proporcionalidad y autonomía local”.

El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, solicita en la notificación enviada este mismo jueves al Gobierno de Canarias que también se respete la autonomía local y la protección del suelo rústico de protección agraria, “evitando un precedente que comprometa la identidad territorial de nuestro municipio”.

Cruz Saavedra sostiene que el Ayuntamiento “no está en contra de las energías renovables”, pero defiende que su implantación debe hacerse “con planificación, con respeto al territorio, con garantías ambientales y escuchando a la población afectada”.

Las previsiones de la Comisión Europea sobre el crecimiento económico de la UE mandan un claro mensaje político. España crece el doble que Europa gracias a políticas contrarias a las que pregona formaciones de ultraderecha como Vox. Tanto la inmigración como la transición verde están empujando el PIB de la economía española y le permite aguantar mejor el impacto del aumento de los precios energéticos por el conflicto de Oriente Medio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también destaca estos factores como “atenuantes” de la presión de los costes energéticos e “impulsores” del crecimiento.

La Comisión Europea volvió a subir las previsiones de crecimiento del PIB español al 2,4% en 2026, una décima más que las predicciones de Bruselas el pasado otoño, según el paquete económico de primavera que presentó la Comisión este jueves. España es el único país al que la Comisión eleva las previsiones de crecimiento para este año, mientras que se prevé que el crecimiento del PIB en la UE se desacelere hasta el 1,1% en 2026, lo que supone una revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales respecto a la previsión de otoño de 2025, lo que también ocurre con la economía de la zona euro, cuyo PIB se reduce al 0,9 % en 2026.

Para ver con más claridad la solidez de la economía española en el conjunto de la UE, la previsión de crecimiento del PIB en 2026 para Alemania es del 0,6%, para Francia es del 0,8% y para Italia, del 0,5%. Esto supone que la economía española se prevé que crecerá cuatro veces lo que Alemania o tres veces lo que Francia.

Mientras, el líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, arremete contra lo que denomina “la invasión migratoria” y dice sin aportar pruebas que “en contra de lo que nos dicen aquellos que sostienen que necesitamos mucha más inmigración, lo cierto es que cada vez hay un porcentaje mayor en España de inmigrantes legales en paro”. Los datos que aportan los economistas de la Comisión Europea dan una lectura muy diferente al papel que juegan los inmigrantes en la economía española.

La inmigración como impulso del crecimiento

Al hablar de las previsiones económicas de España, Bruselas asegura que “se prevé que el crecimiento económico esté impulsado principalmente por la demanda interna, respaldada por el sólido comportamiento del mercado laboral y por el crecimiento de la inversión”. En esta demanda interna tiene un importante papel el gasto de los consumidores, que “se beneficiará del crecimiento del empleo en un contexto de sostenida inmigración y de un endeudamiento de los hogares en mínimos históricos”.

En este buen comportamiento del mercado de trabajo “las fuertes entradas de inmigración se prevé que impulsen una nueva expansión de la población activa y fomenten la creación de empleo este año”, asegura la Comisión Europea en su informe sobre España.

“Entre los Estados miembros de mayor tamaño, España registró la revisión positiva más pronunciada por efecto arrastre, donde las sorpresas en materia de empleo añaden automáticamente 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de 2026”, recalcan desde Bruselas.

El FMI ha publicado este viernes un informe con las principales conclusiones de su evaluación sobre la economía española en las que destaca que “el crecimiento reciente ha estado impulsado por el aumento de la fuerza laboral derivado de la inmigración, mientras que también se ha producido cierta aceleración del crecimiento de la productividad”.

“La inmigración contribuyó aproximadamente a tres cuartas partes del aumento acumulado del empleo entre 2022 y 2025. Los inmigrantes —casi tres cuartas partes de los cuales procedían del resto de Europa y de América Latina— han seguido sintiéndose atraídos por la situación económica relativamente favorable de España, el amplio uso del idioma y unas políticas migratorias más acogedoras en comparación con la mayoría de las demás economías avanzadas”, recalcan desde la institución financiera multilateral.

Este respaldo a la inmigración en España como fuente de riqueza y creación de empleo llega en un momento de crítica política por parte de la formación ultraderechista, e incluso del Partido Popular, tras la aprobación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez del proceso de regularización de alrededor de 500.000 migrantes.

Otra de las políticas que están en el objetivo de la ultraderecha son aquellas que impulsan la transición ecológica. “Los ataques de la internacional reaccionaria contra el ecologismo no son una mera casualidad”, afirma el ex eurodiputado, Florent Marcellesi, que añade que “lo verde es uno de los principales campos de batalla cultural y política”.

En este sentido, el líder de la ultraderecha española insiste en sus discursos en hablar de “fanatismo climático” y de que los “pactos verdes han destruido la industria, la minería y las posibilidades de los ganaderos y agricultores”. Al igual que en su discurso contra la inmigración, sin ofrecer pruebas ni datos, Abascal asegura que el “fanatismo verde” contribuye “a la pérdida de bienestar de los ciudadanos”.

“Posición privilegiada” por las renovables

Sin embargo, un técnico de la Comisión Europea explica que “España está una posición relativamente sólida debido a su crecimiento robusto y a la diversificación de sus fuentes de energía. Esto le da una posición relativamente privilegiada para lidiar con el impacto del conflicto en Oriente Medio”.

En el informe de la Comisión se constata que “los precios de la electricidad están ahora menos estrechamente vinculados a las fluctuaciones de los combustibles fósiles, lo que refleja una mayor proporción de generación con costes marginales bajos, lo que debilita la transmisión de los choques energéticos hacia la inflación general”.

En la Comisión Europea insisten en que se ha aprendido la lección de la crisis de precios energéticos que provocó la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. En comparación con 1995, cada euro de producción económica de la UE requiere ahora, en promedio, un 44% menos de energía mientras que cada euro de producción industrial requiere un 50% menos. Más de un tercio de este progreso se ha producido desde 2019 gracias a las políticas climáticas desplegadas por la UE y los países europeos. “Aunque el fuerte aumento de los precios de la energía provocado por el conflicto en Oriente Medio sigue constituyendo un importante choque de oferta negativo, su impacto habría sido mucho más grave sin la notable reducción del consumo energético en la UE”, destaca el informe económico realizado por la Comisión.

Este ajuste ha tenido lugar junto con un cambio progresivo hacia el abandono de los combustibles fósiles en el mix energético de la UE. En los últimos 35 años, la participación de las energías renovables en la energía bruta disponible se ha cuadruplicado, pasando del 5% en 1990 al 20% en 2024 y se ha triplicado en la generación de electricidad en las dos últimas décadas (hasta el 47,5% en 2024), según datos de la Comisión para la UE. Las energías eólica y solar generaron por primera vez en 2025 más electricidad que los combustibles fósiles en la UE. En España los datos son mejores: las renovables ya superan a la generación nuclear y fósil en más del 75% de los días

Con estos datos, Bruselas subraya que “este no es un momento para dar marcha atrás en las políticas, sino para acelerar la transición hacia una economía más resiliente y menos dependiente de los combustibles fósiles”.

En el mismo sentido, el FMI destaca como “factor atenuante” del efecto de la guerra de Irán sobre la economía española a “el impacto limitado del aumento de los precios del gas sobre los precios mayoristas de la electricidad, debido al creciente peso de las energías renovables en la matriz eléctrica”.

La batalla por definir el Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto europeo correspondiente a 2028-2034, ha empezado acentuando la clara diferencia de posiciones entre el Norte y el Sur de la Unión Europea. Vuelve la guerra dialéctica entre los países que aspiran a la austeridad –Alemania, Países Bajos, Austrias, Finlandia o Suecia– y los países que pretenden aumentar el gasto y hacer uso de la deuda –Francia, España, Grecia, Portugal o Italia–. Los 27 se enfrentan ahora divididos a diseñar el nuevo presupuesto en el que se pretende conjugar el avance hacia la soberanía económica con el incremento de partidas en defensa, competitividad y transición ecológica sin abandonar el gasto en cuestiones que han definido la esencia de la UE en los últimos años como la política agrícola y los fondos regionales. En esta diatriba, la opción de la deuda se ha vuelto a colar para distanciar aún más a los bloques.

La Comisión Europea presentó una propuesta legislativa con una asignación financiera de 1,7 billones de euros para el próximo presupuesto de la UE, lo que supone elevar un 59% la cuantía de las cuentas públicas europeas que correspondientes al período 2021-2027.

No solo va a ser una pugna entre países. Este martes, el Parlamento europeo ha aprobado su posición respecto al Presupuesto europeo en el que defiende un incremento del presupuesto del 10% sobre la propuesta de la Comisión, con un aumento nominal de 175.110 millones de euros. Ahora bien, la Eurocámara exige una particularidad: excluye los costes de reembolso de la deuda de los fondos NextGeneration EU, que ascienden a 149.300 millones de euros. Además, los parlamentarios europeos se oponen firmemente a cualquier renacionalización, rechazan un enfoque “a la carta” y advierten de que el modelo de la Comisión de “un plan por Estado miembro” podría debilitar las políticas europeas.

La Eurocámara quiere modificar la estructura del presupuesto presentada por el equipo de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que haya líneas presupuestarias diferenciadas para políticas individuales que se han convertido en el objetivo de los frugales para su reducción: la PAC y pesca, la política de cohesión, el Fondo Social Europeo y los asuntos de interior. Finalmente, los eurodiputados reafirman la necesidad de la introducción de nuevos “recursos propios” para reembolsar la deuda de los fondos para luchar contra la crisis que provocó la pandemia. Estos nuevos ingresos deberían generar alrededor de 60.000 millones de euros anuales. Entre las propuestas presentadas están un gravamen a los servicios digitales, un impuesto al juego en línea, una ampliación del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) o un gravamen sobre las plusvalías de criptoactivos.

“Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos”

El canciller alemán, Friedrich Merz, aprovechó la cumbre de Chipre para lanzar un mensaje en contra del incremento del presupuesto europeo. “Europa debe arreglárselas con el dinero que tenemos y esto también significa que tenemos que fijar nuevas prioridades”, aseguró Merz.

Sin nombrarlo, el canciller alemán pretende rebajar las partidas que menos afectan a una Alemania en una situación económica muy difícil: los fondos para la Política Agraria Común (PAC) y los dedicados a las políticas de Cohesión, que hasta el pasado presupuesto multianual suponía un poco más 60% del total de la cuantía.

Mucho más expeditivo fue el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, que además de apuntar que el incremento presupuestario propuesto por la Comisión era “inaceptable tanto por su tamaño como por las contribuciones nacionales”, subrayó la necesidad de reducir las cuantías con el eufemismo de la modernización y la eficiencia. “Es absolutamente crucial que la propuesta actual se reduzca considerablemente y que el presupuesto europeo se modernice significativamente en los próximos años para poder abordar nuestra seguridad y construir una economía más sólida. Podemos reasignar fondos, aún gastamos mucho dinero europeo en política agrícola. Eso se puede hacer de forma mucho más eficiente”, avisó Jetten.

Frugales frente a los amigos de la cohesión

Este bloque de austeridad, conocidos como 'frugales', además de Alemania y Países Bajos está respaldado por Austria y por el grupo de nórdicos, donde los líderes de países como Suecia o Finlandia se han posicionado por mantener las partidas de gasto y hacer otra redistribución de las cuantías que primen más los fondos destinados a competitividad o defensa.

Mientras, en el otro lado de la frontera del gasto se posicionaron los países del Sur. No es la primera vez que ocurre, en las negociaciones del pasado presupuesto se creó el grupo de “los amigos de la cohesión”, compuesto principalmente por España, Portugal, Polonia y Grecia, que defiende el mantenimiento y refuerzo de los fondos de cohesión y la PAC. Este grupo tiene ahora nuevas adhesiones como son Italia y Francia. España, al igual que Francia, lleva ya desde hace un año advirtiendo que si se quiere cumplir con las nuevas necesidades de gasto por los retos que impone el nuevo contexto geopolítico hay que “duplicar el presupuesto europeo”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo un llamamiento a los Estados miembros “a ser ambiciosos con los próximos presupuestos”, si se quiere ser coherente con las prioridades estratégicas de la Unión: competitividad, innovación, transición ecológica y digital, así como seguridad.

Sánchez además pidió “abrir un debate sobre la extensión de los Next Generation seis o 12 meses para que los fondos que no han sido utilizados, sean empleados para la electrificación y la transformación energética” y “una flexibilización de las reglas fiscales para la inversión en esa transformación energética, al igual que se ha hecho con el presupuesto de gasto en defensa”.

La flexibilización de las reglas fiscales es una petición que también ha hecho suya la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de admitir que “es una negociación muy difícil en la que las posiciones de partida son muy distintas”, también advirtió de que Italia tiene “unas líneas rojas” que son los fondos de cohesión y los fondos de la Política Agrícola Común.

Meloni argumentó su posición asegurando que “no implica desacuerdo, ya que compartimos una visión común tanto en materia de defensa como de competitividad estas cuestiones están inextricablemente ligadas. De poco sirve ocuparnos de nuestra seguridad si luego no abordamos la seguridad alimentaria; y es inútil intentar construir competitividad si no entendemos que la cohesión —poner a todos los territorios en condiciones de competir en igualdad de condiciones— es un requisito previo para cualquier forma de competitividad”.

“Mientras buscamos nuevos recursos para financiar nuevas prioridades —y, objetivamente, no son tantos y nos está costando encontrarlos—, también deberíamos dar una señal en lo que respecta a los gastos administrativos”, ha subrayado Meloni para criticar que se dediquen fondos para renovar la sede del Consejo Europeo.

Otro campo de batalla: la deuda

Y en la búsqueda de esos fondos es dónde se ha abierto otro campo de batalla: la deuda. El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la deuda contraída por la Unión Europea durante la pandemia de Covid debería prorrogarse y que el bloque debería emitir nuevos bonos europeos.

“No tiene sentido devolver ahora la deuda de la covid, lo que tendría un impacto negativo en los presupuestos, cuando existe una fuerte demanda de títulos y bonos europeos. Nos endeudamos durante la covid. Hoy se nos dice: hay que devolverlo rápidamente. Eso es idiota. Renovemos esta deuda; emitamos de nuevo bonos, porque la gente quiere estos títulos a bajo coste. Eso nos da margen de maniobra”, remarcó Macron.

Si hay que devolver ya la deuda contraída por la covid el próximo presupuesto plurianual se resentirá. Hay que pagar unos 25.000 millones al año a partir de 2028 para cubrir la deuda que sirvió para la recuperación de las economías ahogadas por la pandemia.

Una vez más, Merz salió a marcar terreno con el discurso de la austeridad: “Lo que Alemania no se plantea es un aumento de la deuda ni tampoco bonos europeos en los mercados de capitales. Esta es una posición que no sostiene Alemania. Lo saben los colegas. Muchos comparten mi opinión”, poniendo sobre la mesa las líneas rojas alemanas.

Otra opción es que el incremento del presupuesto mayor no recaiga sobre los países de la UE, donde algunos tienen un grave problema para cumplir con las reglas fiscales. Aunque tampoco gusta en algunas capitales, una solución puesta sobre la mesa sería el incremento de impuestos que van directamente al presupuesto europeo.

“Al final, lo lograremos, Europa no puede permitirse quedarse fuera del juego frente a Estados Unidos y China”, puntualizó Macron. Al final habrá que aplicar la razón. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que al igual que Macron cuestionó la lógica de devolver ahora los préstamos del Fondo de Recuperación, explicó que el presupuesto europeo es “seguro y solvente, especialmente cuando el bloque se endeuda de forma conjunta”. “Habrá concesiones mutuas y cualquier resistencia será superada o Europa tendrá que aceptar expectativas más bajas. No podemos decir que queremos hacer más con menos”, concluyó Mitsotakis.