El presidente estadounidense ha vuelto a montar otro TACO, acrónimo acuñado con sorna en las firmas de inversión de los últimos meses para describir sus secuencias recurrentes de amenazas apocalípticas seguidas de repliegues de postura del líder MAGA. En 2025, utilizó a destajo esta desconcertante dialéctica a cuenta de la implantación de los aranceles recíprocos de EEUU y sus posteriores tiras y aflojas con aliados y rivales geoestratégicos y culminó con un rapapolvo del Supremo americano.

Este año, la arena donde se escenifica la estrategia comunicativa trumpista, a golpe de clic, se sitúa en el mercado del petróleo, ecosistema ideal para trasladar casi sin solución de continuidad las consignas geopolíticas a la especulación bursátil por el amplio abanico de parámetros que se conjuran para fijar el precio del barril. 

TACO responde a la apelación Trump Always Chickens Out (algo así como Trump siempre se acobarda) y, hasta ahora, antes de atestiguarse unos sospechosos movimientos de enriquecimiento rápido con indicios de tráfico de influencia en el círculo próximo a Trump –a propósito de sus amenazas y repliegues sobre un alto el fuego en la guerra ilegal contra Irán que él mismo inició— regía en los círculos inversores la certeza de que “la única posición perdedora es tomarse la retórica trumpista al pie de la letra”. Lectura con claros tintes irónicos.

Sin embargo, el negocio del petróleo es más peliagudo. Suma factores más peligrosos a los mensajes coercitivos con rectificación del mandatario americano que los de una reconfiguración global de los entramados arancelarios que han sepultado el principio de la libre circulación de mercancías y servicios.

El crudo es el fertilizante más propicio para que germinen tomas de decisiones geopolíticas en los mercados de capitales. Es donde campa a sus anchas la idea de que la volatilidad propicia incertidumbre, pero también oportunidades. Así lo constataba Financial Times en la mañana de una de las jornadas clave de la pasada semana, cuando se ejecutaron operaciones en futuros de Brent y WTI –barriles de referencia en Europa y EEUU, respectivamente– por valor de 580 millones de dólares. Apenas 15 minutos antes de que Trump anunciara avances en las conversaciones con Irán, que el régimen de los ayatolás se apresuró a desmentir.

Pero el relato cumplió su misión. Desencadenó una caída inmediata del petróleo con repuntes de otros activos, lo permitió capturar beneficios rápidos y cuantiosos. ¿Tráfico de influencias? Presumiblemente. Aunque no se hayan identificado a los operadores ni haya todavía pruebas de ilegalidad, el cariz anómalo de estos movimientos concertados un día sin datos relevantes ni catalizadores evidentes alimenta la sospecha de que un selecto club de inversores próximo al circuito personal del presidente opera con ventajas informativas de carácter privado. “Alguien se hizo mucho más rico en horas”, asumían varias voces del mercado.

Al margen de esta seria advertencia de los efectos que puede ocasionar la jerga TACO, esta alerta de súbitos incrementos patrimoniales para unos pocos parece certificar que el precio del crudo ya no responde únicamente a interrupciones del suministro o a cambios en la demanda, sino a la gestión –y anticipación– de información geopolítica de primera mano. Así lo asegura Robert Rennie, responsable de materias primas en Westpac Banking Corporation, para quien el negocio petrolífero “oscila entre escenarios de escalada y de final negociado sin criterios definidos sin inclinarse por ninguno”. En parecidos términos se manifiesta Charu Chanana, de Saxo Markets. En su opinión, “las recientes caídas de precios responden a un recorte de la prima de riesgo, pero no a una normalización real de un mercado que descuenta la paz sin confiar de lleno en ella”.

La consecuencia es una dinámica pendular. El Brent ha pasado de rozar los 120 dólares a situarse por debajo de la psicológica barrera de los triples dígitos en días, sin flujos de oferta y demanda que lo explique ni fundamentos económicos que lo sustenten. Ni siquiera el cierre del estrecho de Ormuz justifica sus fluctuaciones. Entre otras razones, porque la actividad militar continúa. Y cada vez con mayor intensidad. Pese a lo cual, parece bastar con una insinuación de diálogo para borrar miles de millones de dólares en valor.

La dinámica de fuerzas que mueve el petróleo

A esta fragilidad se suma una inquietud creciente sobre el propio funcionamiento del mercado. Las oscilaciones extremas y ciertas operaciones de gran tamaño han reavivado especulaciones sobre posibles intervenciones –directas o indirectas– en los mercados de futuros. Tim Skirrow, de Energy Aspects, admite que algunas transacciones recientes “han sido inusualmente grandes para momentos sin factores económicos claros” y alerta de que el “riesgo de erosionar la confianza inversora se palpa en el ambiente”. Terry Duffy, consejero delegado de CME Group, alerta de que cualquier percepción de intervención gubernamental, por parte de la Casa Blanca o de otro productor, en la formación de precios “podría tener consecuencias sistémicas”.

¿Un colapso energético? En apariencia, los mercados creen en el dogma de fe neoliberal de que nadie juega con ventaja. Pero esta creencia se tambalea cuando la geopolítica se convierte en el motor de los precios y el petróleo, más que una mercancía física, se comporta como un activo narrativo. El efecto TACO no es solo una etiqueta ingeniosa. Es el certificado de que la volatilidad ha dejado de ser una señal de incertidumbre para convertirse en un instrumento de oportunidad forjada por el tráfico de influencias.

Entonces, ¿qué interpretan los inversores? Y, sobre todo, ¿qué factores intervienen en el clima de los negocios petrolíferos?

La guerra de Irán ha disparado su rango de fluctuación, aunque sin generar, por ahora, un shock sostenido de oferta. Los inversores parecen más pendientes de la geopolítica que de los daños reales en infraestructuras energéticas. Así como de la narrativa TACO. Pero al mismo tiempo, el conflicto ha propiciado sinergias cruzadas con otros activos. Entre otras, en el orden monetario. Los bancos centrales han optado por la cautela ante el repunte energético, manteniendo tipos mientras evalúan el impacto inflacionario. También en terreno cambiario. El dólar ha cobrado nuevos bríos, parece haber superado la aversión al riesgo que se había instalado en el mercado al calor del encarecimiento del crudo y vuelve a coquetear con su estatus de valor refugio en tiempos en que los tipos de interés han entrado en territorio restrictivo por el peligro a una estanflación en Europa y, posiblemente, en EEUU.

En consecuencia, el oro negro y el gas vuelven a actuar como catalizadores de expectativas financieras. Como si la Vieja Economía fósil nunca hubiera dejado su histórico dominio de los ciclos de negocios. Pese a los avances hacia la sostenibilidad y el tránsito energético de fuentes renovables en la era post Covid. O la resistencia de los mercados emergentes a las embestidas bursátiles exteriores. Desde estas latitudes se emiten rendimientos de valor moderadamente alcistas. Señal digna de mención especial, dadas las tiranteces en el crédito privado que atenaza a entidades bancarias americanas y al influjo de la burbuja especulativa ligada a los valores IA.

Por si fuera poco, el negocio petrolífero continúa operando con numerosas teclas geopolíticas y especulativas que tocar. Se define como un sistema híbrido donde convergen la realidad física y la anticipación financiera. En su base está el mercado spot, que determina precios para entrega inmediata de crudo, al reflejar las condiciones diarias de oferta y demanda. Pero sobre este, se superpone el de futuros, donde miles de contratos mercantiles estandarizados —normalmente, de 1.000 barriles— permiten a empresas e inversores cubrir riesgos o especular a precios futuros.

A menudo, sin intención de recibir barriles físicos, ya que la gran parte de ellos se liquidan en efectivo antes del vencimiento.

En paralelo, sus referencias globales —el Brent (Europa) o el WTI (EEUU)— actúan como anclas, pese a que en sus precios finales se incorporan expectativas, tensiones geopolíticas y decisiones de cárteles productores (especialmente la OPEP+), que ajustan la producción para influir en el crudo que sale al mercado. A menudo, con incumplimiento de sus cuotas acordadas.

A este entramado se añade otra losa. Los brokers intermedian entre productores y compradores sin poseer el crudo facilitando transacciones, aportando información y, en teoría, asegurando el cumplimiento normativo. A cambio de comisiones. Para más inri, estos flujos físicos pueden adaptarse casi en tiempo real. Es cuando los petroleros cambian de destino en alta mar en busca de mejores precios a través de arbitrajes, desvíos por primas de riesgo en pasarelas neurálgicas para el tráfico marítimo como Ormuz o Suez o por decisiones forzadas por el encarecimiento de los seguros en zonas de conflicto. La congestión portuaria o las sanciones también alteran rutas y tiempos.

Una bifurcación de estrategias energéticas

La intención velada de Trump con su TACO petrolífero la esbozó el primer ministro canadiense Mark Carney en la cita de Davos de este año, cuando advirtió que el orden internacional liberal había terminado. Pero Nils Gilman, director del Instituto Berggruen, think tank con sede en Los Ángeles, cree que el diagnóstico de Carney se queda corto. “Lo que realmente está en juego son los modelos energéticos”, dice en Foreign Policy. Trump reconfigura alianzas para llevar el final de la civilización fósil ante una transición conflictiva. El futuro orden mundial no se decidirá en instituciones multilaterales, sino por el control de energía, los minerales y la tecnología, dando lugar a una “Guerra Fría ecológica” entre petroestados, con sangre fósil en vena para hacer funcionar sus arterias productivas y electroestados, que se decantan por inyectar más fuentes renovables en sus mix energéticos.

EEUU apuesta por mantenerse en el primer grupo, China por saltar al segundo. Mientras Europa, que acaba de realizar un alegato a favor de una agenda verde defenestrada por la ultraderecha que lanza sus tentáculos nacional-populistas hacia las jefaturas de gobierno por toda la UE, sigue sin perfilar su hoja de ruta. Pese a que el presidente del Consejo Europeo, António Costa, acaba de volver a situar la transición energética en el centro de la estrategia comunitaria tras definirla como “nuestra principal tarea” y vincularla de forma explícita “a la seguridad energética y a los avances en la carrera por la competitividad internacional”. Junto a la integración de mercados de capital. Los dos grandes retos marcados por los ex primeros ministros italianos Mario Draghi y Enrico Letta.

En este marco, Gilman describe a EEUU como líder de un eje de petroestados que busca alargar la hegemonía fósil —la Vieja Economía que se resiste a manejar los hilos de los ciclos de negocio que describió Jeff Curry, ex estratega jefe de materias primas durante la escalada energética que surgió el otoño previo a la invasión rusa de Ucrania—, mientras China encabeza un bloque de naciones que creen en una electroindustria basada en renovables, baterías y cadenas minerales. Europa aparece como una hipotética tercera vía. Una potencia regulatoria que intenta equilibrar descarbonización, seguridad energética y gobernanza, pero cuya influencia global dependerá de su capacidad para traducir normas en músculo industrial y en control de recursos en un entorno crecientemente competitivo.

Estos virajes geoestratégicos se producen en medio de una fractura energética global provocada por la guerra de Irán e ilustrada en el control del estrecho de Ormuz, que revela la ambigüedad entre Washington y Teherán. Ambas capitales negocian, se supone, un alto el fuego. Aunque sin garantías visibles de éxito y bajo unos cauces de diálogo, con mediación pakistaní, que se alejan de la diplomacia clásica y en los que cada movimiento militar o retórico impacta de inmediato en la oferta y en la psicología de un mercado energético convertido en el verdadero campo de batalla global. Pero que también deja secuelas domésticas. Porque la credibilidad de Trump se mide también en las gasolineras del país y en un cada vez más complejo equilibrio entre presión militar, estabilidad de precios y coste político con elecciones Midterm en otoño y una Fed en la que ha retornado la visión de los halcones inflacionistas.

Puede que esta vez su dialéctica TACO deje de ser efectiva y su retórica coercitiva de efectos correctores retardados ejerza un efecto bumerán dentro y fuera de las fronteras americanas. 

La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que reconsidere la decisión de cerrar la estación de esquí de Navacerrada, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que obliga a desmantelarla, y ha defendido que la sostenibilidad ambiental no es incompatible con la creación de riqueza y empleo. El permiso legal para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico que la sentencia deben cumplirla, lo que no impide que mantengan su posición en defensa de la actividad del estación de esquí de Segovia.

“No encontramos ninguna razón para que la estación de esquí de Navacerrada sea la única de España que el Gobierno quiera cerrar”, ha apuntado, y ha lamentado que entre todos los proyectos del país se haya “fijado exclusivamente” en uno que beneficia a Castilla y León, y también a la Comunidad de Madrid.

Por ese motivo, la Junta le pide al Ejecutivo central que “reconsidere la decisión”, un posicionamiento político, dentro del “sentido común y la razón”, que evidentemente va al margen de la cuestión administrativa y legal, ya que “la justicia tiene otros cauces”, ha apuntado Fernández Carriedo.

En marzo de 2021, el Ministerio de Transición Ecológica decidió que, al haber expirado el periodo de 25 años por el que se autorizó el funcionamiento de la estación de esquí, el siguiente paso era recuperar ambientalmente la zona. El calentamiento global, la caída en las precipitaciones de nieve y la saturación en Navacerrada fueron los argumentos principales de Transición Ecológica. 

“La sentencia es de obligado cumplimiento, pero tiene más que ver con la forma que con el fondo”, ha insistido el portavoz, y ha reclamado al Gobierno que al menos dé explicaciones sobre si considera “malas” todas las estaciones de esquí o solo las que benefician a Castilla y León y Madrid.

Ha explicado que ahora estudiarán la sentencia, después de que el Tribunal Supremo haya acordado no admitir a trámite los recursos de casación presentados por Castilla y León y la empresa concesionaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena a la Junta a declarar la caducidad de la estación, confirmándola.

La Junta va a buscar las vías que permitan encontrar una solución “dentro de sus competencias” a lo que plantea la sentencia del TSJCyL, que en 2024 ordenó a la Junta resolver la liquidación, la retirada de las instalaciones y la restauración de la zona, así como la liquidación de la indemnización si procede.

Eso en cuanto a la forma, ha insistido Carriedo; en cuanto al fondo, la Junta defiende el mantenimiento de la estación de esquí porque “hay que aprovechar todas las oportunidades del territorio” y asegura que la actividad es “plenamente compatible con la sostenibilidad ambiental”.

“La naturaleza nunca es un inconveniente para el crecimiento económico, al contrario, es una palanca de oportunidades, es una fuente de creación de empleo y de riqueza y Castilla y León tiene un patrimonio natural muy consolidado que queremos aprovecharlo”, ha afirmado el portavoz autonómico.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido este jueves que el mayor riesgo que arrastra el mercado energético español es “la dependencia de los combustibles fósiles” porque “nos hace vulnerables”. “En España, tenemos energías renovables, tenemos sol y viento, y tenemos que impulsarlos porque es la forma más competitiva de producir energía y es la que ha demostrado que es un salto sustancial”, ha afirmado en una entrevista durante la segunda jornada del IV Foro Económico de elDiario.es tras ser preguntada sobre el debate del cierre de las centrales nucleares.

Aagesen ha asegurado que la seguridad del suministro está garantizada y que el Gobierno va a continuar adelante con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que incluye el cierre de las nucleares. En una entrevista por videollamada desde Málaga con el redactor jefe de Economía, Serafí del Arco, la vicepresidenta tercera también ha defendido que este cierre cumple con una de las máximas del Ejecutivo: “El consumidor no va a ver incrementada su factura”.

En esta misma línea, Aagesen ha afirmado que la factura de los consumidores “está subiendo, está bajando, sobre todo si comparamos con nuestros socios europeos”. “Si miramos la factura de un consumidor, desde enero hasta ahora paga menos si lo comparamos con el año 2025. Se está pagando menos por la entrada de las energías renovables”, ha argumentado al tiempo que ha insistido en seguir apostando por reforzar la soberanía con “el sol y el viento”. 

Sobre todo en una coyuntura como la actual, marcada ahora mismo por la guerra de Irán que ha disparado los precios del gas y el petróleo. “Somos menos vulnerables cuando miramos la factura de la electricidad. Lo que hemos conseguido es que cuando las horas en las que el gas fije el precio, sea mucho menor. Esto marca una gran diferencia”, ha explicado Aagesen.

En este punto, la vicepresidenta ha puesto de relevancia la convalidación este jueves en el Congreso del plan anticrisis del Gobierno. “Es una combinación de lo urgente y lo importante. Es un plan integral de respuesta. Actúa donde sabemos que tenemos debilidad, que en la dependencia de los combustibles fósiles”, ha sostenido Aagesen que también ha adelantado que el Ejecutivo tiene que “seguir avanzando en electrificación y en renovables”, ya que es necesario que “el consumidor vea que es más barato recargar un vehículo eléctrico y no repostar”. 

No obstante, ha insistido en que el decreto para paliar las consecuencias de la guerra de Irán lo que hace es actuar en “la fiscalidad del gas y de la electricidad” para intentar “proteger a los más expuestos con un paquete asociado a la reducción fiscal de carburantes, gas y electricidad”. “Es fundamental dar esa señal a los consumidores”, ha defendido Aagensen que también ha apuntado que es muy importante actuar siempre para los “más vulnerables” con medidas como la prohibición de cortes o la ampliación del bono eléctrico y térmico. 

Sobre el apagón: “Fue algo inédito y con un origen multifactorial”

Durante la entrevista con elDiario.es, Aagesen también ha respondido sobre el apagón, a poco más de un mes de que se cumpla el primer aniversario. Tras la publicación la semana pasada de dos informes sobre lo sucedido el pasado 28 de abril, uno de los expertos europeos y otro de la CNMV, la vicepresidenta ha destacado que ambos están “alineados con las conclusiones del Gobierno”.

“Lo que ocurrió el 28 de abril fue algo inédito y con un origen multifactorial”, ha afirmado Aagesen que ha recordado que “la principal causa fue la sobretensión” y que en ese momento ya se contaba con “todos los mecanismos para que se hubiera evitado”. “No fue un problema de renovables ni de falta de nucleares. Fue una situación extraordinariamente complicada”, ha reconocido.

El Supremo puso fin a la batalla legal por la estación de esquí de Navacerrada. Su providencia –fechada el 18 de marzo pero conocida este martes– certifica que hay que desmantelar la instalación y devolver el monte Pinar de Valsáin a su estado anterior. El permiso para ocupar los terrenos con pistas, remontes y telesillas está caducado desde abril de 2021.

Son cinco años, es decir, cinco temporadas extra de funcionamiento gracias al pleito que provocó la negativa de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Popular a, primero, cumplir con su obligación administrativa de tramitar el expediente de fin de autorización y, después, aceptar una sentencia judicial que recurrió. Por cierto, la Junta deberá abonar las costas del Supremo a la Abogacía del Estado.

El coordinador de Ecologistas en Acción en la Comunidad de Madrid, Jesús Bartolomé, celebra la decisión pero añade: “Lamentamos la perdida de tiempo en la recuperación del monte público provocado por los intereses políticos de la Junta de Castilla y León y por los intereses económicos de la empresa que gestiona la estación de esquí”. Cinco años dan para mucha restauración ambiental como demostró el proceso de recuperación de la vecina estación de Cotos.

Sin nieve y con impacto ambiental

La historia puede resumirse así: el propietario de un terreno decide que no desea dedicarlo más a una determinada actividad desarrollada por una empresa privada. La administración encargada de gestionar el procedimiento se lava las manos para que la empresa pueda seguir operando.

Pero en, este caso, el dueño del monte es el Organismo Parques Nacionales –perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica– y la administración que se desentendió es la Junta castellanoyleonesa presidida por el PP. El Gobierno decidió que el monte se recuperara ambientalmente ante el impacto que generaba el esquí en una zona de alto valor ecológico (pegada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama).

A eso se le unió que la estación de Navacerrada tiene dos partes: una segoviana y otra madrileña. Eso le permitió a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convertir unas pistas de esquí con permiso caducado en oportunidad para chocar con el Ejecutivo, a pesar de que su Gobierno no tiene nada que decir sobre esa zona.

Oportunidad para la batalla política

Ayuso se vio el 29 noviembre de 2021 con el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para celebrar que las pistas iban a seguir funcionando tras la postura de su compañero de partido. “Es una buena noticia”, dijo. Mañueco aseguró que no había “razón jurídica” para que terminara el esquí y afirmó que la empresa “seguiría con su actividad porque no hay inconveniente”.

Ante esta situación, Transición Ecológica acudió a los tribunales en Castilla y León. Los magistrados rechazaron la medida cautelar solicitada de impedir la actividad mientras decidían sobre el fondo del asunto.

Al tiempo que los jueces estudiaban el caso, Isabel Díaz Ayuso ha estado dando oxígeno a la estación. En diciembre de 2023 rebajó un 65% el alquiler que la concesionaria debería abonar por ocupar el suelo público de la vertiente madrileña. También le multiplicó por seis la superficie que podría aprovechar. Esas pistas también tenían la licencia caducada desde febrero de 2019.

Poco después de redactarse ese pliego de condiciones, en febrero de 2024, la Justicia determinó finalmente que la estación en su parte de Segovia debía desmantelarse. Eso no impidió que Díaz Ayuso se empeñase en mantener Navacerrada a pesar de que la propia empresa concesionaria había afirmado que su negocio era “inviable” sin las pistas castellanoyleonesas. ¿Por qué? Simplemente porque solo ahí había permiso para usar cañones de nieve artificial sin los cuales no existe superficie blanca suficiente para esquiar. En Madrid, sin cañones, no hay esquí.

Con todo, la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2024 una nueva concesión a la misma empresa por 29 años más. La concesionaria ofertó 33.618 euros para disfrutar de 54.195 m² de monte público durante casi tres décadas.

¿Ejecución de la sentencia?

Este miércoles, la estación da por terminada esta temporada 2026. Todos los hierros, cables y casetas siguen plantados en el monte. Como tantos casos han dejado claro, las sentencias judiciales a favor del medio ambiente –y contrarias a los intereses económicos o comerciales– cuesta verlas ejecutadas.

Ejemplos claros no faltan. El complejo de lujo levantado en la isla de Valdecañas (Cáceres) sigue en pie a pesar de que en 2022 el Supremo ordenó demoler todo lo construido o a medio construir y el Constitucional rechazó el recurso de los propietarios y la Junta de Extremadura. Ahora, el Gobierno autonómico está litigando en los juzgados para defender las modificaciones ad hoc que hizo sobre zonas protegidas que dejaban fuera a la isla.

Otra maraña judicial ha provocado que el esqueleto del hotel de El Algarrobico (Almería), ya más que declarado ilegal, permanezca en la ladera de la montaña, asomado a la playa, sin que se certifique su demolición y limpieza definitiva. Ni el anuncio del Gobierno de que expropiaría las partes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre para acelerar el proceso han servido hasta ahora. Y de ese último movimiento ha pasado más de un año. Las obras se paralizaron en 2005.

El esquí, un hilo que une a Ayuso y Aguirre

La estación de esquí de Navacerrada funcionaba con una licencia otorgada por Parques Nacionales en 1996 a lo que entonces era una empresa pública de la Comunidad de Madrid llamada Deporte y Montaña. El canon anual era de unos 1.500 euros por 7,6 hectáreas de monte público. Ese alquiler fue heredado por una nueva sociedad privada cuando la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre (PP), privatizó la empresa Deporte y Montaña. Se la quedó –y con ella la licencia y el canon– la actual gestora Río Invest.

Eso respecto a la actuación de Aguirre en la parte de Segoviana de la polémica estación. En la parte madrileña bajo su gestión directa, la antigua presidenta –referente de Isabel Díaz Ayuso– criticó en 2010 un plan de recuperación ambiental de Navacerrada diseñado por su consejera de Medio Ambiente y con actuaciones por 10 millones de euros en el acto de presentación del programa en el propio puerto de montaña. Aguirre revirtió la idea y apostó por incentivar el esquí a pesar de que sus técnicos, allí mismo, le explicaron que no había agua para fabricar nieve.

La resolución de fin de concesión en Navacerrada de Parques Nacionales indicaba que la concesionaria que gestiona la estación de esquí debía devolver el terreno el 30 de octubre de 2021. Y el monte tenía que estar ya “apto para la restauración vegetal de la zona”. Basta darse un paseo por el Pinar de Valsaín para comprobar lo lejos que está ese momento todavía.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han acordado reforzar la supervisión de los precios energéticos y reforzar la transparencia ante la fuerte volatilidad de los últimos días por la guerra de Irán.

En un comunicado conjunto de los Ministerios de Economía y para la Transición Ecológica, ambos departamentos inciden en que los mercados energéticos españoles “evidencian la liquidez y robustez necesarias para responder con eficacia” y asegurar el suministro energético a los consumidores“.

En una reunión celebrada este martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, han acordado intensificar la labor de vigilancia del regulador para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados, reforzar la transparencia y velar por las buenas prácticas en la formación de precios.

Una de las principales medidas será el incremento de la frecuencia de publicación de información sobre carburantes, que pasará a ser semanal a partir de la próxima semana con el objetivo de facilitar a los consumidores un mejor acceso a los precios y márgenes en un momento de especial sensibilidad.

Según la CNMC, pese a la actual volatilidad, los mercados energéticos españoles presentan la liquidez y robustez necesarias para asegurar el suministro a los consumidores, al tiempo que el organismo continúa ejerciendo sus funciones de supervisión conforme a la Ley 3/2013, la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento europeo Remit.

Asimismo, el texto incide en que la CNMC ha reforzado ya los flujos de información con ambos ministerios, pasando diariamente datos actualizados de los precios, mientras mantiene una coordinación estrecha con los operadores de los mercados eléctrico (OMIE) y gasista (MIBGAS).

El Gobierno ha dado luz verde a que el acceso al bono social eléctrico se determine por criterios de renta también en el caso de las familias numerosas, un cambio que articulará desde “el diálogo y el debate” y contando con las asociaciones.

Es una de las novedades que incorpora la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, aprobada este martes y que tiene como objetivo mejorar la protección de los consumidores más vulnerables, quienes, en muchos casos, “no están percibiendo el bono”, según ha explicado a los medios la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

“Evidentemente hemos incluido que la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores. Es lo justo”, ha respondido Aagesen, que ha recalcado que para determinar los criterios se contará con la participación de todas las asociaciones.

De acuerdo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la clave es que “aquel que tenga necesidad de un apoyo como es el bono social, tenga acceso a él”. Ello implica, ha proseguido, reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social, y aplicar “con carácter general” criterios de renta para “poder focalizar mejor los esfuerzos” de esta ayuda.

Sobre cómo se articulará, la titular de Transición Ecológica ha explicado que este cambio requiere de un reglamento y no ha especificado cuáles serán las cifras de renta a partir de las cuales podrá concederse el bono.

“Existe ya un real decreto y, por lo tanto, lo que hay que hacer es actualizarlo”, ha señalado Aagesen, que ha avanzado que, este camino, “como siempre”, se hará “desde el diálogo y el debate”, contando con las asociaciones y con la propia mesa social de pobreza energética, con la que se reúne esta mañana. EFECOM

“¿Qué es eso de prorrogar sin más durante 75 años una ocupación de la costa?”. Con esta pregunta ilustra la coordinadora de costas de Greenpeace, María José Caballero, lo difícil que es deshacer la fórmula de gestión del litoral creada en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un modelo que, a la larga, se ha demostrado contrario a la ley europea. El Ministerio de Transición Ecológica intenta por segunda vez acabar con esa manera de permitir la instalación de negocios durante un siglo sobre una costa, en teoría, de dominio público.

La cuestión es que en Bruselas debieron hacerse una pregunta similar porque la Comisión Europea (CE) abrió un expediente sancionador a España en febrero de 2023 ya que la normativa nacional aún permite otorgar esos permisos de forma opaca y partidista y, además, “prorrogar las concesiones existentes hasta 75 años sin justificación”, según detallaba la CE.

Desde que se retocó la norma de costas en 2013 para poder alagar casi automáticamente durante décadas los permisos de factorías, chiringuitos o pasarelas, más de 300 infraestructuras obtuvieron esa amnistía, según los cálculos de Transición Ecológica.

En un primer momento, este Ministerio aprobó un reglamento en 2022 para acotar esas ocupaciones privadas tras la gracia que el PP concedió a muchas construcciones en su reforma legal de 2013 que “fue una reforma terrorífica”, sentencia Caballero.

Aquel nuevo reglamento incluía otra batería de medidas que, en teoría, iban encaminadas a que la costa cumpliera con su función de defensa ante los embates del mar. Una defensa que ha incrementado su importancia debido al recrudecimiento y multiplicación de los temporales marinos que trae el cambio climático. Entre sus últimos ejemplos más visibles: la destrucción de la playa de Matalascañas en Huelva debida a la borrasca Francis.

Cuando, según explica el Ministerio, se encontraba en el proceso de informar a Bruselas de lo que estaba haciendo para adecuar las leyes españolas –lo propio del procedimiento de infracción de la UE– llegó en diciembre de 2024 una sentencia del Tribunal Supremo que, a petición de la organización Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, anuló el nuevo reglamento. Se volvió a la casilla de salida: la norma y el procedimiento diseñados por Arias Cañete.

Con ese procedimiento “no ha sido raro que se diera una autorización a un Ayuntamiento para la explotación de un chiringuito en la playa, pero que no se hiciera seguimiento de si ese Ayuntamiento realizaba una exposición pública con un pliego de condiciones para que se postularan distintas empresas y que se adjudicara con a un procedimiento transparente y legal”, ejemplifica Manuela Cuevas de Ecologistas en Acción.

Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo. La Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica

María José Caballero — Coordinadora del informe de costas de Greenpeace

“Lo que nos dice Bruselas es que no se puede ocupar el litoral de esa manera y durante tanto tiempo –abunda la portavoz de Greenpeace– la Constitución establece que la costa es pública y ahora, además, debe protegernos así que solo puedes estar en la costa si no hay otro sitio donde puedas estar, aunque seas una papelera o una petroquímica”.

Ese fue también el procedimiento con el que el ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó en 2016 (estando ya en funciones) la prórroga de ocupación de la papelera Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073. A pesar de que la Audiencia Nacional falló en contra de ese nuevo permiso, el Supremo terminó por avalarlo. Lo que demuestra el paso del tiempo es que, una vez ocupada la costa, se hace muy difícil liberarla (el hotel de El Algarrobico en Almería es quizá el ejemplo más crudo).

El Ministerio explica que, tras las reuniones con la Comisión Europea, se ha optado por modificar el reglamento para “corregir” lo que tiene que ver con la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación. “Se hace imprescindible para evitar que el procedimiento de infracción escale a una condena”, argumentan en Transición Ecológica.

Dunas sí, carreteras no

Al ser anulado el reglamento por el Supremo (la razón jurídica fue de tipo procedimental: no se había sometido bien a información pública), no solo decayeron normas sobre cómo invadir legalmente la costa, sino que también se perdieron disposiciones que incorporaban más superficie y elementos dentro de ese dominio público marítimo-terrestre que se protege. Por ejemplo, el decreto incluía como elemento de las playas casi cualquier duna y estableció que la línea que marcara el máximo nivel que alcancen las olas sirviera para decir: esto es playa (y por tanto dominio público) que debe preservarse y obligar a controlar qué puede o no levantarse sobre ella.

También se prohibió la construcción de carreteras paralelas y la circulación o aparcamiento en la zona de dominio público, no solo en la propia playa. En general, la normativa exigía que se tuviera en cuenta el nuevo contexto de crisis climática ante cualquier concesión de ocupación sobre el litoral.

“El Ministerio puede aprovechar el asunto de la infracción para lidiar con la intensificación de la presión sobre nuestras costas y la competencia entre los distintos usos de ese espacio”, reflexiona Marta García Pallarés, portavoz de una coalición estatal de organizaciones ambientales entre las que están –además de Ecologistas en Acción–, los Grupos Ornitológicos de Balears, la Fundación Juan Tábara o SOS Costa Brava y Mar Menor.

La plataforma pone el acento en un aspecto, a veces, poco observado: las aguas costeras. Y por eso consideran importante “ampliar la limitación de velocidad más allá de las zonas de baño” de embarcaciones tipo moto acuática, “prohibir la navegación paralela a la costa dentro de las zonas de baño no balizada y regular el fondeo de embarcaciones en estas zonas para evitar la masificación flotante”.

Esa utilización tan intensiva del litoral “afecta directamente tanto a la seguridad de las personas como a la conservación de especies y ecosistemas marinos clave”, remata García Pallarés. La amenaza de una sentencia europea le da una segunda oportunidad a la costa. Está por ver si esta vez va la vencida.

El Gobierno considera que los informes sobre el estado de lobo en España que ha recibido de algunas comunidades autónomas “no cumplen con el rigor científico” por lo que ha solicitado que se revisen los censos de manadas antes de poder reportar a la Comisión Europea cómo está el Canis lupus en España.

“No podemos enviar el informe tal cual está ahora en este momento”, explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica que ha remitido por escrito una petición de más información a las comunidades donde se hayan detectado ejemplares: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, Madrid, La Rioja, Aragón y Catalunya.

La carta, a la que ha accedido elDiario.es, explica que la especie ha sufrido dos golpes durante 2025: por un lado, las autorizaciones de caza por parte de algunos gobiernos regionales y por otro los incendios de agosto. Así, señala el escrito, se hace necesario recabar la información sobre la superficie del hábitat y área de distribución de la especie que se ha visto afectada por los incendios forestales que han tenido lugar durante el pasado año en España“. Y, al mismo tiempo, sobre ”el número de ejemplares que han sido extraídos letalmente del medio natural en tu comunidad autónoma durante el último año, incluyendo su edad y sexo y, en su caso, si se trataba de hembras gestantes“.

En el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, entienden que actualizar los censos “es más necesario que nunca” porque “ha habido eliminación de ejemplares” y que los fuegos devastadores del verano han podido tanto “provocar muertes como desplazamientos de poblaciones”.

La cuestión es que la Comisión Europea acaba de abrir un expediente sancionador a España por no remitir el informe sexenal sobre el estado de sus especies de interés comunitario y en Transición Ecológica argumentan que, tal como están ahora, esos informes del lobo no son presentables.

En junio pasado, el ministerio presentó el último censo de población –basado en los datos que remiten las comunidades autónomas– que reflejaba que el número de manadas está un tercio por debajo del umbral de seguridad. Los grupos estables, según ese documento, habían pasado de 297 a 333 en una década lo que supone un total entre 1.600-1.700 ejemplares.

Lo que sostiene el Gobierno es que, esos datos no reflejan la realidad porque se han quedado, como poco, antiguos. Por un lado, la enmienda introducida por el PP en la ley contra el desperdicio alimentario (apoyada por Vox, PNV y Junts) desprotegió las manadas al norte del Duero. Eso permitió que comunidades como Cantabria y Asturias autorizaran matar entre el 15% y el 20% de las poblaciones. Se dio licencia para acabar con más de 90 lobos.

Luego llegaron las llamas que cruzaron, entre otras regiones, Castilla y León y Galicia, precisamente, dos de los territorios donde se concentran un buen número de manadas lobunas. “La situación de estos últimos meses es extraordinaria”, rematan fuentes de Transición Ecológica.

El periplo de la desprotección

Sin embargo, desde Bruselas se ha seguido presionando sobre el estatus del lobo. La situación comenzó cuando la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen se abrió a revisar el nivel de protección de la especie –una decisión condicionada por la muerte de su poni favorito en un supuesto ataque de lobo–.

El proceso culminó en junio de 2025 cuando la UE eliminó la protección estricta de la especie y rebajo su nivel. Eso activó una de las cláusulas incrustadas por la derecha política en la ley del desperdicio alimentario: la activación de la modificación del listado de especies de protección especial para sacar al lobo. Cuando ese se complete, en teoría, podrá cazarse lobos en todo el territorio español, no solo al norte de la raya que marca el río Duero.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) está estudiando la petición de Iberdrola, Endesa y Naturgy de prorrogar hasta 2030 el funcionamiento de la central de Almaraz. Mientras elabora su informe para que decida el Gobierno, un estudio de los investigadores Eloy Sanz y Víctor García Carrasco –encargado por Greenpeace– ha concluido que alargar la vida de esos reactores “retrasaría” la implantación de renovables y generaría más emisiones de CO₂ al tiempo que incrementaría la factura eléctrica a largo plazo.

La conclusión del trabajo es que cerrar los reactores entre 2027 y 2028, como estaba previsto, es “técnicamente viable, ambientalmente favorable y económicamente más eficiente”. El análisis aborda los principales aspectos que sobrevuelan el fin de la vida útil de las centrales nucleares y que han alimentado los ataques políticos de PP y Vox al plan de cierres progresivos que han llamado “suicidio energético basado en la ideología” o una política de “ecofanáticos”.

Los cálculos de Sanz –director de la cátedra de Transición Ecológica de la Universidad Rey Juan Carlos– y García Carrasco indican que “la energía aportada por la central nuclear de Almaraz puede reemplazarse de forma prácticamente completa por energías renovables”. Según su análisis, en los años posteriores al cierre previsto solo habría que generar un 3,6% de lo que hacía Almaraz con ciclos combinados. “No hay una dependencia estructural al gas”.

En este sentido, si se siguiera generando electricidad en Almaraz, eso “retrasaría de forma significativa la entrada de nueva capacidad renovable y de almacenamiento”. Al tener energía de origen nuclear disponible, se retrae o ralentiza esa transición energética hacia fuentes renovables, argumenta el estudio.

En números generales, la reducción de generación nuclear por la clausura de Almaraz I es de 7,77 TWh en 2028 y otros 7,96 TWh en 2029 por el cierre de Almaraz II, mientras que la electricidad renovable añadida asciende a 9,27 y 8,71 TWh el primer año sin Almaraz I y Almaraz II, respectivamente.

Y de manera consecuente, el escenario con prórroga incide en la apuesta por conseguir almacenamiento generado en renovables también se ve lastrada. Sin prórroga “existe más energía excedentaria susceptible de almacenarse para desplazar generación fósil en horas posteriores, incluso cuando el recurso renovable es bajo”, dice el trabajo.

Emisiones de gases

La prórroga de la central “reduce el uso de ciclos combinados de manera temporal (2028-2030), pero limita a medio plazo la sustitución estructural de aportes térmicos por renovables”, afirma el estudio. Al tener esa nuclear no se utiliza tanto gas, pero luego, al haberse taponado las renovables, se prolonga el uso del combustible fósil cuando Almaraz se detenga definitivamente. Como consecuencia, tras 2030, “el mix resultante es menos renovable y más dependiente de tecnologías de respaldo como el gas”.

Así, en 2030, en el escenario de cierre las emisiones llegan a 9,1 Millones de toneladas (Mt) de CO2eq, mientras que los escenarios de prórroga se sitúan entre 12,1 y 13,8 MtCO2eq . “La prórroga implicaría un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero del orden del 5-8% en el periodo 2028-2030”. Posteriormente, una vez cerrada la central, las emisiones aumentarían hasta aproximadamente un 24% en 2031 en comparación con el escenario de cierre planificado

La factura de la luz

La prórroga generaría un “alivio transitorio tanto en el precio medio de la electricidad como en la factura eléctrica entre 2028 y 2030”, admite el trabajo, pero, a partir de 2031, las cosas cambian y se genera un incremento sostenido. En 2033, en términos de factura para los consumidores finales, esta diferencia se materializa en un sobrecoste acumulado de hasta 3.831 millones de euros en el caso de prorrogar la operación de la central de Almaraz.

Este análisis llega durante el estudio de la petición de prórroga que realiza el Consejo de Seguridad Nacional y los movimientos sociales de oposición y apoyo al cierre. El CSN ha informado hace unos días de que, al tratarse de un alargue corto de unos dos años, eso permitirá “agilizar” los trámites convencionales, dado que no se exige una revisión profunda. También espera tener sus conclusiones este verano.

Por su parte, hace unos meses, 80 organizaciones se unieron en una plataforma llamada Sí Almaraz que busca evitar el cierre de la central nuclear cacereña: “Cerrar Almaraz es una decisión política unilateral e incomprensible, contraria a la tendencia internacional”, afirman. En su argumentación aseguran que la central sostiene 4.000 empleos directos e indirectos.

El empresario y comisionista Víctor de Aldama ha confirmado este jueves en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que la Guardia Civil se equivocó al señalar a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos. “No tuve ningún contacto. Creo que están equivocados por un contacto que yo tengo, pero es un empresario”, ha afirmado a preguntas del fiscal, de acuerdo a las fuentes consultadas. El representante del Ministerio Público le había interrogado por un supuesto contacto con el director general de Minas, Manuel García Hernández. Esa “conversación” es el principal indicio citado por la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basó en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. Los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

Ahora, en su declaración judicial Aldama ha confirmado que Manuel García Maroto es, en realidad, un empresario. Este jueves también estaba citado como testigo el alto cargo de Transición Ecológica, que ha negado tener vínculo alguno con la trama y ha afirmado que no conoce a ninguno de los investigados. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló a un alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica en la trama de los hidrocarburos al atribuirle por error un contacto con la “organización criminal” que investiga la Audiencia Nacional. El último atestado del instituto armado aportado al sumario afirma que el empresario Víctor de Aldama “contactó” e “intermedió” con “el director general de Minas, Manuel García Hernández” momentos antes de que la empresa de su socio registrara documentación sobre una licencia que no obtuvo hasta casi dos años después. Esa “conversación” es el principal indicio que cita la UCO para apuntar a la “posible penetración” de la trama en el Ministerio. 

La unidad policial se basa en unos “mensajes borrados” hallados en uno de los teléfonos incautados a Aldama. A través de sus herramientas forenses, los agentes no lograron recuperar el contenido de esa “conversación” mantenida a través de WeChat, el WhatsApp chino. Pero sí un código con el que deducen que “el nombre de contacto guardado por Aldama consta como Manuel García Maroto”. De ahí infieren que “podría corresponderse con un error” y que “es plausible que la identidad del contactado se correspondiera con la del director general”. Es esta deducción la que les lleva a afirmar que Aldama “intermedió” con ese alto cargo. 

Sin embargo, el pantallazo con el código obtenido al intentar rescatar ese mensaje desmonta la tesis policial. En él figura la palabra en inglés “stranger” [desconocido] y, a continuación, el nombre “Manuel García Maroto”. El propio centro de ayuda de la aplicación de mensajería china explica que, en WeChat, un “stranger” es un usuario que no está en la lista de contactos de quien recibe el mensaje. Especialistas en programación consultados explican que, en este caso, “Manuel García Maroto” es el nombre de usuario que el interlocutor de Aldama se puso a sí mismo en la aplicación, no el que le había otorgado el empresario al guardarlo entre sus contactos, tal y como sostiene la UCO.

De hecho, las fuentes consultadas afirman que los agentes también se equivocan al afirmar que es Aldama quien “contactó” pues, de acuerdo a ese código recuperado, fue su interlocutor quien le envió el mensaje.

El informe destaca a través de un subrayado que Manuel García Hernández es el “superior jerárquico del subdirector que instruía el expediente”. Fuentes de la investigación afirman, sin embargo, que por lo conocido hasta el momento no hay ni un solo indicio que incrimine a este alto cargo y recuerdan que la unidad no ha hecho ninguna propuesta de actuación concreta respecto a esta persona. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica sostienen, asimismo, que Manuel García Hernández, que ostenta el cargo desde junio de 2020, nunca ha mantenido contacto alguno con Aldama.

Obtención de la licencia 

Este nuevo atestado de la UCO, fechado el 3 de diciembre, se centra en los intentos de la trama de hidrocarburos que lideraban presuntamente Aldama y su socio Claudio Rivas para obtener de manera ilícita una licencia para operar con la compañía Villafuel en el mercado mayorista de hidrocarburos entre 2021 y 2022. Según la investigación, la red corrupta destinó un millón de euros a “comprar la voluntad” del exministro de Transportes José Luis Ábalos “permeando en estructuras de la Administración con el propósito de obtener influencia a cambio de dádivas y contraprestaciones ilícitas”. 

Esa “influencia”, dice el informe, fue “canalizada” a través de su exasesor Koldo García, quien se reunió en varias ocasiones con Juan Ignacio Díaz Bidart, entonces director de gabinete de la ministra de Industria, Reyes Maroto. Si bien el propio informe subraya que ese Ministerio no tenía competencia para otorgar “autorizaciones” sobre hidrocarburos.

La competencia en materia de hidrocarburos la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. Respecto a este departamento, el informe cita como indicios la conversación inexistente con el director general de Minas y dos mensajes que el exasesor de Ábalos envió al entonces jefe de gabinete de la ministra Teresa Ribera, Marc Isaac Pons Pons, en abril y julio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos. 

La información que consta en el expediente acredita que el Ministerio recibió el 13 de enero de 2021 la solicitud y no le otorgó la licencia hasta septiembre de 2022. La empresa estuvo operando hasta octubre de 2024, cuando Rivas y Aldama fueron detenidos acusados de urdir un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros con esta compañía. El Ministerio acordó entonces una inhabilitación temporal que se convirtió en definitiva en febrero de este año. 

Procedimiento administrativo

Para acceder a este tipo de licencias, el procedimiento se inicia con la presentación de una declaración responsable que analiza y verifica la Subdirección General de Hidrocarburos. Uno de los requisitos fundamentales es acreditar una capacidad financiera suficiente, lo que implica disponer de al menos tres millones de euros. En el caso de Villafuel esta fue la condición que no pudo acreditar y, por ello, el Ministerio le comunicó una primera vez el 5 de febrero de 2021 que le faltaban fondos para cumplir el criterio económico. 

Once días después, el 16 de febrero, Villafuel presentó alegaciones a la inadmisión y aportó documentación adicional. El 9 de marzo, el Ministerio le denegó nuevamente la licencia y reclamó más información. A los tres días, el 12 de marzo, es cuando se produce la llamada que la UCO atribuye falsamente al alto cargo del Ministerio. El informe recoge que “momentos después de contactar con el director general”, el representante de Villafuel presentó documentación complementaria, “cuestión de la que podría inferirse la premura y posible confección poco cuidadosa de los elementos que se ajustarían a la solicitud del Ministerio para la obtención del título de operador”. 

Lo cierto es que pasaron nueve meses hasta que, el 9 de diciembre de 2021, el Ministerio comunicó a Villafuel la inadmisión definitiva. La empresa presentó el día 17 de diciembre un recurso de reposición, que fue rechazado, por lo que la empresa volvió a presentar una nueva petición tras hacer algunas consultas a los funcionarios del Ministerio a través de una reunión mantenida por videoconferencia. Villafuel presentó una nueva solicitud el 15 de julio de 2022, que fue admitida el 9 de septiembre siguiente. 

El 10 de junio de 2021, cuando el expediente de Villafuel estaba paralizado a la espera del cumplimiento de los requisitos, la trama compró un chalet en Cádiz previamente “elegido” por Ábalos por valor de 585.000 y que puso a disposición del que fuera ministro a partir del 1 de julio. “Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, le escribió su pareja a Leonor González Pano, empresaria vinculada a la trama, según recoge el informe, el 17 de junio de 2021.

En realidad, el siguiente hito en el expediente fue la inadmisión definitiva y archivo de esa primera solicitud de Villafuel por no cumplir los requisitos que se produjo el 9 de diciembre de 2021. Seis días antes, el día 3 de diciembre, Ábalos recogió en una oficina de Correos una demanda de desahucio y reclamación de rentas pendientes por su estancia en el chalé. Villafuel accedió a la licencia en septiembre de 2022.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este viernes en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación relativa a la causa por la que están detenidos el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la exmilitante del PSOE Leire Díez y el empresario Antxon Alonso.

En el caso de la sede del Ministerio de Transición Ecológica, se han solicitado dos expedientes administrativos. Fuentes del departamento aseguran que se ha facilitado “rápidamente y con total colaboración” la documentación requerida y que esos expedientes fueron “tramitados con todas las garantías” y siguiendo los “procedimientos habituales establecidos”.

El juez Antonio Piña tomará declaración a los tres detenidos el próximo sábado. Hasta ese momento permanecerán en dependencias policiales. Piña decidirá entonces si envía a prisión o somete a los investigados a otras medidas cautelares menos graves y también si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado en razón del aforamiento de José Luis Ábalos, o si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo. 

Las detenciones, los registros y los requerimientos de información que se han llevado a cabo desde el miércoles forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del magistrado, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. Se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los requerimientos de este viernes se suman a las reclamaciones realizadas en diferentes empresas públicas en las últimas horas. Además de en la SEPI, compañía pública que factura al año casi 6.000 millones de euros, los agentes reclamaron en Mercasa, que gestiona los mercados centrales de abastecimientos, contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y pasado a cobrar de Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Vicente Fernández llegó a la presidencia de la SEPI en junio de 2018, con el ascenso al poder del PSOE, y estuvo en el cargo hasta octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su presunta implicación en el caso Aznalcóllar motivó su cese.

Es a partir de esa época cuando empieza su actividad sospechosa. Vicente Fernández comenzó a buscar entonces trabajo en el entorno del PSOE, explican fuentes del partido. Las mismas fuentes creen que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría respondido a esa inquietud laboral de Vicente Fernández poniéndole en contacto con Antxon Alonso. 

Entre las empresas públicas a las que accedieron los investigadores este jueves figuran también Sepides (Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial) y Enusa, empresa pública del sector nuclear dependiente de la SEPI, donde ocupó un puesto directivo Leire Díez entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa Leire Díez acudió con Vicente Fernández a algunas reuniones de la empresa pública.

El PSPV ha anunciado que se ha suspendido de militancia al expresidente de la empresa pública Enusa Jose Vicente Berlanga e informan de que está investigado en la causa. También se ha solicitado “su dimisión de todos los cargos orgánicos” que ostentaba en estos momentos en la provincia de Valencia.

Además de esas empresas públicas, los agentes han acudido a las instalaciones de Forestalia en Zaragoza y Madrid; a la asesoría fiscal Conaudire, en la capital aragonesa, o a la empresa Cemsal. 

El presupuesto con el que contará la Consejería de Desarrollo Sostenible en 2026 ascenderá a un total de 717 millones de euros, que suponen 96,5 millones euros más que en el presupuesto del último ejercicio.

Así lo ha indicado este miércoles la consejera del ramo, Mercedes Gómez, que ha explicado que los del año que viene son unos presupuestos que “giran sobre tres ejes fundamentales: la gestión integral del agua, con 159,2 millones de euros; la aceleración de la transición energética y la implantación de un sistema modélico de economía circular, con 267,2 millones de euros; y la protección, conservación y mejora del medio natural de la región con 252,9 millones de euros”.

Por partidas, 68,3 millones de euros integrarán el presupuesto de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha y 90,9 millones de euros el de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, “lo que significa que vamos a invertir 14 millones de euros más en infraestructuras que en 2025”.

Sobre las actuaciones a través de la Agencia del Agua, la consejera ha destacado que “vamos a seguir solicitando la aplicación inmediata de la modificación de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que tenían que estar implantadas en febrero de 2024, por lo que ya llevan año y medio de retraso”. Al respecto, como novedad, ha anunciado que el Ministerio “no tiene excusas, y cuenta ya con dos propuestas técnicas para esta modificación basadas en la sostenibilidad del sistema que les ha hecho llegar el Gobierno de Castilla-La Mancha”.

Mejoras en el abastecimiento e impulso a las infraestructuras

Gómez también ha informado que se están llevando a cabo importantes actuaciones con cargo a los fondos MRR por importe de 10,88 millones de euros para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en 144 pequeños y medianos municipios; actuaciones de prevención de inundaciones y mitigación de su impacto en Cebolla y Cobisa por 4,2 millones de euros a los que se suman las aportaciones realizadas por la Agencia del Agua a las obras de encauzamiento de los arroyos Sangüesa y de la Degollada que ascienden, para el ejercicio 2026, a 3,6 millones de euros; se continuará en 2026 con la ejecución de actuaciones ligadas al agua en los 22 municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía; y se va construir el muro de protección de la presa del Río Gévalo.

Respecto a las infraestructuras, gracias al presupuesto de 2026 se continuarán prestando los servicios de depuración de aguas residuales en un total de 256 municipios en Castilla-La Mancha, el abastecimiento de agua potable en alta con la gestión de los sistemas de abastecimiento Picadas-Almoguera, Girasol, Bornova, Tajuña, Campiña Baja, Gévalo, Campana de Oropesa, Campo de Montiel y Llanura Manchega, para 238 municipios y 720.713 habitantes; y se mantiene la gestión del suministro de agua bruta en alta al sistema de abastecimiento Algodor, beneficiando a un total de 45 municipios y 160.000 habitantes adicionales.

El mayor aumento es para transición energética

Ha continuado Gomez detallando que el “mayor aumento de presupuesto que registra nuestra Consejería es el que destinamos a la transición energética de Castilla-La Mancha y a la implantación de la economía circular en la región con 267,2 millones de euros, 83,3 millones más respecto al ejercicio pasado entre ambas”.

En materia de energía (217 millones de euros), sobresalen las partidas para autoconsumo, 75,6 millones de euros procedentes de fondos MRR, para asumir los pagos pendientes hasta finalizar las diferentes líneas ya existentes, y los 50 millones de euros cofinanciados con Fondos FEDER que destinamos para una línea propia de ayudas destinadas al autoconsumo energético, y 37,26 millones de euros para movilidad sostenible con el Plan Moves III“.

“A las que sumamos como gran novedad la consignación de crédito destinado a financiar las comunidades energéticas y autoconsumo colectivo en edificios, cofinanciado por primera vez con fondos FEDER, con 3,2 millones de euros para 2026, dentro de un montante global de 10,7 millones de euros que pondremos a disposición de los interesados hasta 2027”, ha subrayado.

A esta circunstancia se suma que, gracias al enfoque transversal elaborado por su Consejería, “hemos logrado que el 97,10 por ciento de los programas presupuestarios de la Junta de Comunidades están alineados con la Agenda 2030 y sus 17 objetivos de Desarrollo Sostenible”, ha recalcado.

Con él, quiere “”continuar sentando las bases de un modelo productivo competitivo y sostenible desde el punto de vista ambiental, económico y social, que no comprometa los recursos y las posibilidades de las futuras generaciones“.

“Tienen toda la razón”. Es la opinión de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaagesen, sobre la petición que un grupo de militares y expertos europeos en seguridad acaba de realizar a los jefes de gobierno europeos para que la inversión en energías renovables se compute como gasto en Defensa. 

El pasado 23 de octubre, más de una docena de expertos en clima y defensa y altos mandos militares retirados europeos reclamaron en una carta abierta a los líderes de los países europeos que forman parte de la OTAN que lo invertido en infraestructuras de bajas emisiones de carbono compute dentro del 1,5% del PIB que los países de la Alianza Atlántica han comprometido para “infraestructuras críticas”. 

Los firmantes de esa misiva entienden que la crisis climática representa una amenaza para la seguridad nacional y que las energías limpias hacen a los países más resilientes a potenciales amenazas externas. La eólica o la fotovoltaica son una fuente autóctona, a diferencia del gas, el petróleo o, en el caso de España, el uranio que alimenta las centrales nucleares, como la de Almaraz (Extremadura), cuya prórroga hasta 2030 acaban de pedir Iberdrola, Endesa y Naturgy.

La vicepresidenta tercera del Gobierno español apoya la idea de ese grupo de expertos militares. El pasado lunes, Sara Aagesen saludó la iniciativa porque, según explicó, “apostar por las renovables es apostar por la seguridad”.

“Si lo dicen los expertos en defensa, yo creo que en este caso tienen toda la razón”, dijo la ministra en la inauguración de la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables de elDiario.es, en la que subrayó que en un contexto “complicado” como el actual, “hablar de autonomía estratégica y energética es fundamental”, y “el mundo entero apuesta por las energías renovables”.

Ese 1,5% del PIB en el que, según esos expertos militares, debería computar en el gasto en defensa, es un porcentaje adicional al 3,5% prometido por los miembros de la OTAN para fuerzas armadas y armamento, hasta el famoso 5% del PIB que el presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses exigiendo a España y que el Gobierno considera inasumible.

Un 1,5% del PIB español equivale a unos 36.000 millones de euros, frente a los 308.000 millones de inversiones que el Ministerio para la Transición Ecológica calculó hace un año que movilizará hasta 2030 el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en la última actualización que envió a Bruselas.

En ese acto organizado por elDiario.es, Aagesen citó para ilustrar esa pujanza de las renovables a escala mundial la última estimación de Bloomberg NEF. Esta consultora cifra la inversión global en el sector el primer semestre de este año en un nuevo récord de 386.000 millones de dólares, un 10% más, pese al descenso registrado en solar en varios mercados, entre ellos España, por la proliferación de precios negativos mayoristas.

Según ese informe de Bloomberg NEF, en la primera mitad de 2025 la inversión en la UE creció en 30.000 millones (un 63% más) en comparación con la segunda mitad de 2024, atrayendo parte de lo que hasta entonces se destinaba a Estados Unidos, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La carta de ese grupo de expertos militares señala: “La dependencia de los combustibles fósiles hace que nuestros países sean menos seguros. Nos deja vulnerables a enormes alzas de precios en tiempos de conflicto, como vimos cuando Rusia invadió Ucrania”, en alusión a la subida exponencial del gas que provocó la agresión de Moscú.

“Para ayudar a desbloquear las inversiones necesarias para lograr la soberanía energética y garantizar que dejemos de entregar miles de millones de dólares al año al Kremlin, les instamos a que impulsen que el gasto en energías renovables y bajas en carbono se contabilice como parte del objetivo del 1,5% de la OTAN”.

Estos expertos recuerdan que en 2024, los pagos de la UE a Rusia por importaciones de combustibles fósiles (casi 22.000 millones de euros) superaron las ayudas financieras del club europeo a Kiev, de unos 19.000 millones, y que desde febrero de 2022, cuando Vladímir Putin ordenó la invasión de Ucrania, la UE ha gastado más de 105.000 millones de dólares (90.700 millones de euros, al cambio actual) en importaciones de gas ruso, lo que equivale al 75% del presupuesto militar ruso para 2024.

“Aunque la UE se ha comprometido a dejar de importar petróleo y gas rusos para finales de 2027, los avances no son lo suficientemente rápidos. Debemos poner fin a nuestra dependencia del petróleo y el gas extranjeros”, dice la misiva, que recuerda que el conflicto en Ucrania también ha demostrado que “las grandes centrales eléctricas son objetivos para los agresores militares, mientras que un conjunto de turbinas eólicas y paneles solares es mucho más difícil de destruir y puede ayudar a mantener el suministro eléctrico en tiempos de guerra”.

“Para ayudar a desbloquear las inversiones necesarias para alcanzar la soberanía energética y garantizar que dejemos de entregar miles de millones de dólares al año al Kremlin”, los firmantes instan a impulsar que el gasto en renovables e instalaciones bajas en carbono se contabilice como parte del objetivo del 1,5% de la OTAN. Hacerlo “reforzará la seguridad europea, protegerá las infraestructuras civiles vitales de los ataques y protegerá a Europa de la tiranía de los magnates de los combustibles fósiles”.

Falsa dicotomía

También reivindican el aumento del gasto militar como “un elemento disuasorio fundamental”, pero califican de “falsa dicotomía argumentar que debe hacerse a expensas de las medidas para combatir el cambio climático, como han defendido algunos políticos y comentaristas. El objetivo del 1,5% de la OTAN supone una oportunidad histórica para incentivar las inversiones en energía limpia que nos mantendrán a salvo, reforzarán nuestras economías y ayudarán a proteger el planeta”. 

La carta está firmada por antiguos mandos militares y europeos de Reino Unido, Países Bajos y Bulgaria. Entre ellos no hay ningún español.

Desde la pandemia, ha cobrado mayor importancia si cabe la interrelación que existe entre un sector estratégico, como la energía y la seguridad nacional. Un ejemplo son los temores iniciales del Gobierno a que el histórico apagón del pasado 28 de abril estuviera relacionado con un ciberataque, lo que llevó a incluir a varios expertos militares y de Inteligencia en el comité de expertos que analizó ese suceso durante más de un mes.

Otra buena muestra de esa interrelación son los fichajes que ha realizado en los últimos años de antiguos mandos militares y del mundo de la Defensa y la seguridad nacional Iberdrola, la primera eléctrica española: del exministro popular de Interior Ángel Acebes al expresidente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, entre otros. El último nombre en esa lista es el de Juan Luis Pérez, Mando de Fronteras y Policía Marítima (2020-2024) y teniente General de la Guardia Civil, retirado desde el año 2024, consejero de Iberdrola España desde agosto.

“No se puede decir que un tejido es sostenible en sí mismo”, sino que “hay que hablar de un sistema, que es sostenible o no lo es”. Así ha resumido Marc Puyuelo, Director de Estrategia de Coleo, la situación actual del sector textil. “Más del 80% de los impactos de un producto se decide en el sistema de producción”, añadía en la misma línea Sonia García-Heras, Directora de Empresas Adheridas de Re-Viste. Ambos participaban en la mesa “Más allá del 'usar y tirar': circularidad y diseño sostenible para una moda con conciencia”.

“Tenemos que fijarnos en que el sistema sea sostenible”, incidía Puyuelo: es decir, tener en cuenta cómo se ha fabricado una prenda, con qué materiales y técnicas, cuánta agua se ha empleado en su fabricación, cuánto CO₂ se ha emitido en ella, cómo se puede reparar cuando sea necesario y, cuando ya no se pueda alargar su vida útil, cómo debe reciclarse en los cauces establecidos para ello. Cecilia Dall’Acqua, Socia de Economía Circular y Sostenibilidad de Deloitte, ha señalado que “las prendas tienen que estar pensadas para poder ser reparadas”, por lo que ha propuesto dar formación a los diseñadores para que tengan en cuenta la sostenibilidad de los textiles.

El sistema no puede funcionar sin los consumidores, que cada vez exigen más información y se preocupan por la sostenibilidad. Dall'Acqua afirma que desde Deloitte han comprobado que “existe predisposición” a comprar prendas cuyo sistema de producción se conozca. Por ello, Carmen Durán, Jefa de la oficina del Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha explicado que el Reglamento de Ecodiseño de Productos Sostenibles establece unos requisitos de información de cara al consumidor: “Esta información incluye la duración y la reparabilidad, así como el impacto, no solo de agua y CO₂”, sino todo el impacto ambiental, cuánto material reciclado contiene o cuántos recursos se han usado en su fabricación.

García-Heras pide “armonizar” toda esa información, pues unas empresas textiles solo hablan de su huella hídrica y otras del carbono producido, y pone como ejemplo a Francia, que implantaron unas etiquetas que funcionan “como un Nutriscore” que muestra toda la producción de la prenda. Durán, que apoya “no dejar esa carga del coste ambiental sobre el consumidor”, añadió que “desde la Administración se está priorizando aquellas empresas que tienen mejor rendimiento ambiental”.

La reparabilidad y la segunda mano ya son el presente

Todos los ponentes han apoyado la reparabilidad de los textiles. Dall'Acqua, además, ha resaltado “un componente social” que es una ventaja: “la recuperación del oficio para recuperar la circularidad”, en referencia a las costureras, zapateros, etc. que reparan casi cualquier tipo de textil para que pueda seguir utilizándose y no haga falta comprar otro nuevo. García-Heras volvía a poner como ejemplo en esto al país galo, que lanzó un bono para aumentar la reparabilidad de los textiles y calzados con talleres certificados en los que los consumidores pueden reparar sus prendas.

En cuanto a las empresas, ha recordado Dall'Acqua, esto es una línea de ingresos adicionales y se ve cada vez más en ellas: hay varias grandes compañías textiles que han establecido lugares para que los consumidores puedan reparar su propia ropa y “mantengan la durabilidad emocional” de sus prendas favoritas. También, ha añadido, cada vez más se lanzan con la segunda mano textil, un mercado que se prevé que alcance los 400.000 millones de euros“. ”Todas las marcas van a pasar por ahí“, pronosticó Dall'Acqua.

“Reciclamos mal” el textil

“Tenemos capacidad de reciclaje y de hacer recogida separada de los tejidos”, ha destacado Puyuelo, pero “reciclamos mal. En Europa se recicla el 1% del residuo textil que se genera”. García-Heras apoyaba esa línea: “Tenemos muchísimo volumen de residuos, así que por mucho que avancemos en reciclaje nunca será suficiente para reciclar todo lo que hay”.

Durán destaca que “hay que incrementar la demandada de textiles reciclados” para no producir tanta materia prima virgen, y recuerda; “Estamos llevando la problemática de producción europea a otros países” sin capacidad para reciclar, y ese reciclaje al final se tendrá que hacer en la UE“.

Todos los ponentes, sin embargo, muestran optimismo y ven la circularidad como una oportunidad. “Todo el sector tiene claro que tiene que apostar por la circularidad y los agentes implicados en la gestión están abriéndonos las puertas”, ha afirmado García-Heras. Dall'Acqua ha expresado “tranquilidad” porque “incorporar la circularidad está en la agenda de los CEOs”, mientras que Puyuelo ha afirmado que “tenemos capacidad de reciclado”, lo que se puede convertir “en una ventaja competitiva y hará a España ”ganar resiliencia como país“.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha calificado este lunes la polémica por la tasa de basuras que este año han empezado a cobrar algunos ayuntamientos de “artificial” y ha defendido que “no es algo nuevo”. Después de que el alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, haya cargado contra la tasa y la haya tildado de “gran mentira” del Gobierno, Morán ha apuntado a que “de una forma u otra” todos los consistorios “gestionan históricamente sus residuos” y, en aquellos casos en los que no había tasa, “se estaba pagando con otras vías de recaudación, en la mayoría de los casos a través del IBI”.

El secretario de Estado se ha expresado así en una entrevista en el marco de la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables organizada por elDiario.es, en la que ha apuntado a que esta manera de recaudar, “se mueve en un ámbito de opacidad que dice muy poco de la idea de usar esta herramienta para reducir” basura. “De esta forma, el vecino está pagando lo que cuesta la gestión de sus residuos pero no lo sabe porque nadie se lo ha dicho. No sabe si está pagando lo que cuesta, más o menos, pero lo está pagando”, ha añadido Morán antes de apuntar a que el consistorio madrileño “ya estaba cobrando antes lo que cuesta la gestión de los residuos”, pero “otra cosa es que nadie lo sepa”.

La tasa, que obliga a cobrar el coste real del servicio, está basada en el principio “quien contamina paga y quien contamina más, paga más” porque los impuestos ambientales “no tienen una filosofía recaudatoria, sino disuasoria”, ha respondido el secretario de Estado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a las preguntas del jefe de Sección de Sociedad de elDiario.es, Raúl Rejón, que ha conducido la entrevista.

En este sentido, el número dos del departamento dirigido por Sara Aagesen ha llamado a los ayuntamientos a “ser justos a la hora de distribuir la tasa” porque “si está bien utilizada, los vecinos deben darse cuenta de que quien menos residuos produce, paga menos”. Además, ha reclamado a los consistorios que “dejen de recaudar” el importe “por donde se estaba recaudando antes”, que solía ser “un impuesto municipal”.

La “devolución del casco”

El secretario de Estado de Medio Ambiente también se ha referido al sistema de devolución de latas y botellas que debe implementar España próximamente y ha adelantado que ya hay sobre la mesa “un trabajo muy avanzado” para que “en un plazo de tiempo razonable” se implemente debido al incumplimiento de los objetivos de reciclaje. El modelo, el clásico “devolver el casco”, implica incrementar el precio del producto, un dinero que será reingresado si el envase se devuelve, lo que conlleva “un gran cambio cultural” en la manera en que los consumidores se comportan, ha sostenido.

Por eso, Morán ha explicado que el Gobierno descarta hacerlo de forma repentina. “Cambiar un modelo de la noche a la mañana no es sencillo porque tienes que convencer a millones de personas de que su forma de gestionar los residuos en casa va a cambiar”. En este sentido, el ministerio creó hace meses una mesa de trabajo en la que están representados los productores, las organizaciones conservacionistas y los consumidores para diseñar un modelo que responda “al más amplio consenso posible”

Con todo, el secretario ha explicado que el sistema español deberá adaptarse a las “peculiaridades” de España como “potencia turística”. “Uno cuando va de vacaciones no actúa exactamente igual que cuando esté en su casa, donde sabes dónde están los contenedores y tienes bien diseñado el proceso de separación. Si eres turista de fuera de España y vienes aquí, necesitas tener una guía mínima de comportamiento y buenas prácticas”, ha dicho haciendo referencia al reto que puede suponer este sistema en un país que este año “recibirá probablemente 100 millones de turistas”.

Preguntado sobre la estrategia española de economía circular 'España Circular 2030', que impulsa varias medidas en este ámbito, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha valorado que “si se hubiera implantado tres generaciones atrás no hubiéramos tenido ninguna dificultad en asumirla” porque la sociedad “viene de un modelo de economía circular en el que nada se desperdiciaba”. Morán ha defendido trascender del modelo de “usar y tirar” y ha rechazado que esta “sea la única forma de desarrollarse”. “Hemos asumido que a más consumo, más calidad de vida” y “que esto no es así implica reconocer que nos hemos equivocado o nos han engañado”.

Con todo, el número dos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha defendido que ahora los ciudadanos “están en condiciones de asumir que la lucha contra la contaminación y un patrón de vida vinculado a la economía circular es mucho más rentable en términos de salud y económicos”, una consciencia que, ha apuntado, “es mayor” desde el 29 de octubre del año pasado, aniversario del desastre de la dana en la Comunidad Valenciana y la oleada de incendios del pasado mes de agosto.

Por su parte, Alejandro Dorado, Comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha calificado la economía circular como “un reto y una oportunidad” y ha afirmado al final de la jornada: “Tenemos que entender el potencial de la economía circular como una herramienta para luchar con los retos ambientales con los que nos encontramos”.

“La calidad del aire es un pilar básico en la calidad de vida en las ciudades y debe estar, por tanto, entre nuestras primeras ocupaciones y prioridades”. Con esa rotundidad se ha expresado durante la Jornada de Economía circular y Energías de elDiario.es Miguel Carpintero, responsable de Políticas Públicas y Coordinación UE en Moeve, que agregó: “Se ha avanzado muchísimo en esto desde 2005 en adelante con los estándares de motorización, pero hay mucho más que avanzar y tecnológicamente el coche eléctrico es una promesa que va a traer grandes ventajas”. 

Ignacio Rodríguez Solano, director de Relaciones Institucionales y Fundación Renault Group España reforzó la idea de que el camino hacia el vehículo eléctrico es inexorable y argumentó que “es absolutamente imbatible, no solo en términos de calidad del aire en el entorno hiperurbano, también en la periferia donde el transporte público es a menudo más débil”. “Es cierto que vamos a un ritmo más lento de lo esperado, pero también hemos tenido señales muy positivas, por ejemplo el mes de agosto en Madrid las matriculaciones entre vehículo y eléctrico puro híbrido enchufable eh superaron el 20%, con lo cual están cercanas a los niveles europeos”, apuntó con respecto a los objetivos. También hizo referencia al vehículo 3E mencionado por Ursula Von der Leyen hace un par de semanas: europeo, económico y ecológico.

Tras la intervención de Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la primera mesa de la jornada, dedicada al rediseño de las ciudades, el consejero técnico de Suelo y Políticas Urbanas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Eduardo de Santiago, advirtió de que “si bien el crecimiento económico es clave, este debe ir acompañado de inclusión social y sostenibilidad ambiental”. Además, enfatizó que las ‘smart cities’ no deben reducirse a tecnología y gadgets, sino que deben incluir el componente humano, reivindicando la participación pública y ciudadana en la toma de decisiones. “La ciudadanía es el componente fundamental de la ciudad inteligente”, dijo De Santiago.

En cuanto a la construcción, Eugenia del Río, Secretario del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, señaló que aunque la normativa existente es bastante exigente en criterios energéticos, la ciudadanía está demandando más. “Cuando nos piden proyectos, van más allá de la normativa obligatoria, la gente pide incluir materiales saludables, zonas verdes, energías renovables”, subrayó. Preguntada por la moderadora, Del Río defendió que la legislación debería ser más ambiciosa, pero siempre acompañada de ayudas y coordinación de las administraciones públicas. “Igual que hablamos de ‘smart cities’, y también hay que hablar de ‘smart regulation’, de una regulación que vaya precedida por estudios de impacto”, apuntó Miguel Carpintero. 

Complementando esta visión, Eduardo de Santiago señaló el reciclaje de la edificación existente como clave en la sostenibilidad: “En lugar de que las ciudades sigan creciendo, consumiendo nuevos suelos, hay que apostar por el reciclaje de la ciudad consolidada”. “La primera normativa que obligó a tener aislamiento térmico los edificios en España es del año 79 y prácticamente el 60% del parque edificado es previo, con lo cual nuestros edificios son unos verdaderos despilfarradores de energía”, lamentó.

¿Crecimiento a costa de qué?

Eduardo de Santiago señaló que el crecimiento demográfico espontáneo y la concentración de población en núcleos como Madrid y la costa mediterránea se están dando “a costa de otros territorios”. “Quizá no sea lo más justo desde el punto de vista territorial, habría que apostar por otros modelos”, valoró con el ejemplo de Alemania como país desarrollado de forma más policéntrica con un territorio más articulado que España. “Esto se consigue descentralizando iniciativas eh económicas, por ejemplo, hacia esos territorios, reconociendo el valor que prestan esos territorios”, señaló preguntado por la moderadora Marta García.

“Queremos recuperar el modelo europeo de ciudad, pequeñas ciudades dentro de una gran ciudad que no dependen una de otra”, fue la apuesta de la arquitecta Eugenia Del Río que, destacó el error de crear ciudades dormitorio por su insostenibilidad: “No son ciudades realmente y generan una cantidad abrumadora de desplazamientos”.

La descarbonización en circular

La cuestión del reparto de la última milla ha emergido durante el debate como un tema de urgencia ineludible para el rediseño sostenible de las ciudades debido al crecimiento explosivo del sector del reparto en los últimos años. “Hay más de un millón de vehículos de reparto de última milla con más de 20 años, con muchísimas emisiones, vehículos muy antiguos y que son responsables del 14% del tráfico, pero más del 20% de las emisiones de CO2”, afirmó Ignacio Rodríguez Solana. “Haría falta un plan de recarga efectivo en localizaciones específicas en donde puedan cargar porque son vehículos profesionales que están el 90 o 95% del tiempo en uso”, apuntó. 

Sobre el mismo tema, Miguel Carpintero quiso añadir la importancia de la autorrecarga de los coches eléctricos en el caso particular de la conducción de última milla: “Dada la todavía escasa penetración que tiene, no estamos viendo toda la casuística que vamos a tener, las necesidades de estos vehículos van a ser muy distintas a las de una conducción en carretera”, afirmó.

En la recta final del debate, se abordó el papel del ciudadano, sobre él Miguel Carpintero destacó: “Los ciudadanos tienen una responsabilidad última en muchos sentidos, al final todas las políticas tienen que ser aceptadas y adoptadas por el ciudadano. El consumidor elige y apuesta por lo ecológico pero no podemos pedirle que sea un valiente, hay que incentivarlo con una política de incentivos fiscales”. 

“La economía circular es sentido común, es inteligencia. Tenemos que saber que los recursos no son infinitos y hay que reaprovechar todos ellos al máximo”, ha asegurado Begoña de Benito, directora de Relaciones Externas de Ecoembes, durante el debate sobre los retos y oportunidades de la circularidad en la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables que ha organizado elDiario.es.

En este contexto de crisis climática, las administraciones están impulsando medidas y regulaciones que ayuden a empresas y tejido social a caminar hacia una economía circular, a trascender el marco del producir, usar y tirar. Sin embargo, algunas empresas perciben el nuevo marco regulatorio como un freno a su productividad. Los ciudadanos, por otro lado, desconocen —generalmente— las particularidades y objetivos de estas medidas.

“Realmente, la regulación no tiene por qué ser en sí misma un freno”, ha defendido Miguel Gómez-Pavón, subdirector general de Estrategia y Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo. “Esa es un poco la queja que muchas empresas nos presentan cuando dialogan con el Ministerio”, ha reconocido. Algunas compañías critican que los nuevos marcos regulatorios no tienen en cuenta los diversos obstáculos que enfrentan para cumplir sus objetivos.

Por ello, desde el Ministerio de Industria insisten en que la regulación no puede ser “percibida como freno”, sino que está orientada a “generar certidumbre”. “Se dirige a generar las señales correctas que, bajo una dirección y un acompañamiento por parte de las administraciones, consigamos que haya un impulso a la innovación, hacia la modernización de procesos productivos”, ha explicado Gómez-Pavón. Solo así, insiste, puede reconocerse a la circularidad como “ un factor de competitividad” entre las empresas.

“Más que un coste, debería ser una palanca”, ha dicho también de la nueva regulación la patrona de la Fundación para la Economía Circular y profesora de Ecología en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, María Pérez Fernández. Pérez se ha mostrado de acuerdo con Gómez Pavón, y ha asegurado que la nueva normativa puede permitir que las empresas introduzcan mejoras como la eficiencia energética o el ecodiseño. “El cumplimiento de la normativa hace que la empresa sea más competitiva y gane en reputación”, ha insistido.

Sin embargo, para ello se necesitan mejoras en, entre otras cosas y según el punto de vista de la experta, la redacción de dicha normativa. “Necesitamos normas claras y fáciles de seguir, que no sean punitivas sino colaborativas y que se vayan acomodando a los cambios, pero sin someter a las empresas a cambios continuos”, ha especificado. “Es imprescindible que la administración sea un miembro más de los grupos de trabajo en las empresas. La sociedad necesita tener acceso a una información clara y transparente, y las normas tienen que ser sencillas para que todos podamos entenderlas y exigir a las empresas el cumplimiento correcto de estas normas”, ha añadido.

Para de Benito, lo más importante de la nueva normativa no es que sea ambiciosa —“que lo es”, ha aclarado— sino que cambia por completo nuestros patrones de producción y consumo. “No se trata de reciclar un poco más y consumir un poco menos. Se trata de hacer las cosas de manera totalmente diferente”, ha asegurado.

Este cambio, por supuesto, necesita tiempo. “La transición tiene que llegar a todos, tiene que ser ecológica y justa”, ha pedido la directora de Relaciones Externas de Ecoembes. De Benito ha reiterado que “todo el mundo” tiene que poder acceder a las ventajas de la circularidad, desde las empresas más grandes hasta las más pequeñas. “Para eso hay que hacer mucha pedagogía”. Las ponentes han hablado también de ofrecer incentivos económicos o fiscales para dar un empujón a dichas empresas.

“La Administración debe asegurar que la aplicabilidad de la norma llegue a todo el mundo”, ha coincidido Marco Mendoza, CEO de Trueworld Organization. “Si no, la empresa lo ve únicamente como algo que de repente tiene que hacer, que no sabe muy bien cómo, que tampoco tiene muy claro el para qué, y que además tiene que hacer una inversión en algo que piensa no le genera ningún retorno inmediato”, ha dicho el ponente, subrayando que los beneficios de la circularidad llegan a medio-largo plazo.

“La circularidad a día de hoy cuesta mucho convertirla en una ventaja competitiva”, ha dicho Mendoza. “Pero estamos ante un escenario de calentamiento global que, lamentablemente, no va a solucionarse con ciudades más inteligentes o con coches eléctricos. Un grado y medio de calentamiento global no es un hito político ni una meta empresarial: es un límite físico. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida”.

“Yo creo que, en general, la mayoría de los sectores ya tienen asumido que esto es una política que ha venido para quedarse”, ha asegurado Gómez-Pavón. El subdirector general de Ecosistemas Industriales del Ministerio de Industria ha reconocido, sim embargo, que la aplicación de las nuevas medidas no es homogénea entre todos ellos. Ha puesto de ejemplo a la industria siderúrgica que, según ha indicado, se encuentra a la cabeza entre los líderes europeos en la reutilización de recursos. “El 75% del acero que producimos en España es partir de residuos de chatarras, mientras que la media europea está en el 40%”, ha explicado.

Sin embargo, también menciona otros sectores que, debido a sus características, no pueden aplicar estas medidas de circularidad con facilidad, como el sector del cemento. “Tenemos que encontrar el proceso concreto, ver dónde tenemos que ser capaces de buscar los incentivos, el apoyo necesario para esos procesos”, ha añadido.

María Pérez Fernández ha resaltado, por otro lado y para contrarrestar la balanza, que la creación de puestos de trabajo puede ser uno de esos incentivos. “La economía circular favorece empleos más especializados y de más calidad, que implican a todo el proceso productivo de cualquier empresa”, ha dicho. “Hemos asociado inicialmente el empleo asociado a la economía circular al liquidador o al reparador y eso es todavía lo que está un poquito instaurado en la sociedad, pero en los últimos años ha habido un cambio tremendo. Hemos pasado de puestos de técnico exclusivamente a puestos directivos: directivos de cambio climático, directores de sostenibilidad, directores de repensado de negocio...”.

“No olvidemos que la economía circular no es algo nuevo. Esto está inventado en la naturaleza, no se generan residuos. Cualquier cosa que produce un organismo es utilizado por otro. El problema lo generamos nosotros”, ha recordado la patrona de la Fundación para la Economía Circular.

Desde el ministerio aseguran también que este nuevo empleo está, además, repartido por todo el territorio nacional, y es cercano al entorno rural. El resto de ponentes destacan, no solo la durabilidad de dichos trabajos, sino también su calidad. “Es un empleo de futuro que fija población a territorio. Desde el punto de vista salarial está por encima de la media, y desde el punto de vista de equidad de género también es positivo”, ha asegurado De Benito.

Aun así, la experta resalta que no se trata únicamente de crear nuevos empleos, si no de recuperar algunos de los “viejos”. La circularidad ha estado presente durante décadas en el siglo XX en España. Gran parte de la población la ha vivido en casa, aunque habitualmente no se asocie con la “circularidad” moderna. “Yo recuerdo haber llevado a remendar mis medias. Todos esos empleos de reparación han desaparecido, pero tienen que volver a existir”, recuerda De Benito.

Trueworld Organization, la startup que dirige Marco Mendoza, es una tecnológica que busca combatir la crisis climática publicando los datos de procesos y empresas implicados en la circularidad para universalizar su información y ponerla en manos de la sociedad. El objetivo, explica Mendoza, es que la gente pueda evaluar el impacto medioambiental de la sociedad y transformar los datos en conocimiento que sea útil para las compañías y administraciones. Es necesario porque, dice Mendoza, el mayor reto que enfrentan las instituciones españolas es “ponerse de acuerdo”. “Tienen que cohesionarse y ponerse de acuerdo en políticas comunes con la velocidad que esto merece”, ha asegurado.

Mendoza ha explicado que, debido a la posición geográfica de la Península Ibérica al sur de Europa, “somos el país con más ratio de vulnerabilidad” de todo el continente. “Estamos en la zona con mayor grado de afección a los sistemas costeros y climáticos, y el mayor problema demográfico”, ha apuntado. Por ello, insiste en que es necesario creer en el futuro de la economía circular, confiar en que se integrará en el trabajo. “De hecho”, ha dicho, “se estima que 1 de cada 4 empleos generados a partir de 2050 tendrá que ver con economía azul o sistemas costeros”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado este lunes que España es un ejemplo de que se puede “crecer y hacerlo de forma sostenible, generar empleo, calidad de vida, de vida y bienestar”, y ha incidido en la importancia de “transformar nuestro sistema energético” y “reducir nuestra dependencia de los recursos que son finitos”.

Aagesen ha inaugurado la IV Jornada de Economía circular y Energías renovables, un foro de debate ya consolidado para analizar los retos y oportunidades de la transición ecológica en España, organizada por elDiario.es. La vicepresidenta tercera ha insistido en la concienciación sobre el uso responsable de los recursos y la apuesta por las energías renovables.

Ha destacado que el pasado 24 de julio “la humanidad ya había consumido los recursos del planeta que se podían regenerar en un año”. “Ese sobreconsumo equivale a utilizar 1,8 veces el planeta Tierra”, ha añadido, por lo que ja lanzado una apuesta por “unas energías renovables que no solo son limpias, no solo son más competitivas y más económicas, sino que nos permiten un estado de bienestar y, por supuesto, de autonomía energética y estratégica”.

Además, Aagesen ha puesto el acento en que invertir en renovables es invertir en seguridad: “Hay una carta que han remitido expertos de la OTAN, militares y expertos en defensa, pidiendo que el gasto y las inversiones en energías renovables cuenten como inversiones en seguridad”.

“Europa se calienta más rápido”

La vicepresidenta tercera ha continuado insistiendo en la necesidad de aportar por las energías renovables como principal freno al cambio climático. “2025 fue el año más cálido desde que tenemos registros, cuando se superó en cinco grados ese umbral que nos fijamos hace 10 años en el acuerdo de París. El último informe, de hace pocas semanas, del estado del clima también nos recuerda que Europa se calienta más rápido que el resto de los continentes”, ha explicado.

Aagesen ha incidido en que en el caso de España, el calentamiento del mediterráneo también se acelera y tiene como resultado “fenómenos meteorológicos extremos”. Así, se ha referido a la DANA que dejó 229 víctimas mortales en Valencia hace ahora un año: “Hoy también transmito palabras de cariño, de solidaridad con todos los familiares de las víctimas y con todos los afectados”.

En su intervención, Aagesen ha destacado algunos de los proyectos de su Ministerio, como el Perte de la Economía Circular, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la ley de Residuos o los planes de almacenamiento de hidrógeno renovable, donde se ha pasado de 28 proyectos a más de 500.

“Las energías renovables nos hacen competitivos, generan una sociedad del bienestar en un contexto muy complicado. Hemos visto que esas dos apuestas nos permiten decir que tenemos resultados transformadores en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional acaba de actualizar nuestra previsión de crecimiento al 2,9, el triple prácticamente de la zona euro y muy por encima de grandes economías de la Unión Europea”, ha resumido.

“Una España que es vulnerable ante el cambio climático requiere de políticas que trasciendan a las legislaturas. Por eso estamos trabajando en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, donde queremos escuchar a todos y cada uno de los agentes, a la sociedad civil, a las empresas, a los sindicatos, a las comunidades autónomas, a los grupos políticos, a todos. La realidad es la que es somos un país vulnerable y tenemos que estar preparados juntos y unidos, seguro que lo vamos a conseguir”, ha concluido.

Uno de los tramos de costa más construidos de Tenerife bordea la Zona de Especial Conservación (ZEC) Teno-Rasca. Grandes complejos hoteleros con cientos de habitaciones se amontonan en primera línea de playa en el sur de esta isla, que recibió más de siete millones de turistas el año pasado. La presión humana en tierra se ha extendido también al agua. En este enclave en el que convergen diferentes figuras de protección, decenas de motos de agua navegan a toda velocidad junto a tortugas amenazadas, embarcaciones de recreo se concentran para fotografiar a los calderones tropicales e incluso algunas personas se lanzan al agua para nadar con ellos, vulnerando las prohibiciones.

“El papel lo aguanta todo. Podemos desarrollar diferentes regímenes de protección, pero si luego no se plasma en el territorio, no sirve para nada, y esto creo que es lo que sucede desde los años 90 en esta zona”, apunta David Domínguez, antropólogo de la Universidad de La Laguna y autor de la tesis Desafíos para la gestión del turismo marino. Interacciones entre actores en destinos costeros de las islas de Tenerife, Fuerteventura y El Hierro. 

La franja marina Teno-Rasca fue declarada ZEC en 2011. En este lugar del suroeste de Tenerife habita la mayor población residente de calderones tropicales del continente y una de las más importantes del mundo, con más de 300 ejemplares, por lo que se ha convertido en el primer santuario de ballenas de toda Europa y el tercero del mundo.

También conviven en él hasta 20 especies diferentes de cetáceos, como el delfín mular, y otros animales en peligro de desaparecer como la tortuga verde y la tortuga boba. La figura de la ZEC busca “asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats naturales más amenazados de Europa”. También aspira a “detener la pérdida de biodiversidad ocasionada por el impacto adverso de las actividades humanas”.

La normativa deja negro sobre blanco que en esta superficie de casi 70.000 hectáreas está prohibida “cualquier actividad o comportamiento que pueda causar molestia o daños a los cetáceos y a las tortugas marinas”. Pero en la práctica “toda esta actividad turística está generando un impacto negativo sobre los animales”, subraya un biólogo e investigador que lleva una década estudiando la zona, pero que prefiere no dar su nombre.

“Las tortugas sufren riesgo de colisión al tener tantas embarcaciones de alta velocidad encima y las visitas incontroladas sobre los cetáceos están provocando un cambio en su comportamiento”, explica. Estas amenazas se suman a los ferris de pasajeros y al cambio climático. 

Un estudio de 2016 elaborado por la Asociación Tonina en colaboración con la ULL ya señalaba a la contaminación acústica y a las colisiones como factores de riesgo para la conservación de los calderones tropicales en la zona Teno-Rasca. Esta investigación apunta que a partir de 1999 aumentaron los trayectos de ferris entre islas, su velocidad y también el número de cetáceos varados con signos de colisión. “Otros barcos de menor tamaño también pueden producir colisiones, y en este aspecto es preocupante el alto número de barcos recreativos de alta velocidad en la ZEC”, indica el estudio.

La presencia de motos de agua, de barcos recreativos y, en menor medida, de las embarcaciones de avistamiento de cetáceos, provocan molestias entre los calderones y una disminución de su periodo de descanso. Además, el ruido submarino puede hacer que los animales sean incapaces de comunicarse en momentos clave como el cortejo. “Usuarios sin experiencia como pueden ser turistas que se suben por primera vez a una moto de agua se acercan a los animales de forma agresiva forzando a los animales a cambiar su comportamiento para poder evitarlos”, ejemplifica el estudio. 

Avistamiento de cetáceos

El suroeste de Tenerife es un lugar privilegiado para el avistamiento de cetáceos y, en concreto, de calderones tropicales. Esta actividad es la fuente de ingresos de muchos pequeños empresarios locales. Sin embargo, fuentes del sector explican que la falta de control empuja a quienes cumplen con la ley a convivir con empresas que realizan esta actividad de forma furtiva, sin licencia, y sin respetar los límites con respecto a los animales. 

Con solo una rápida búsqueda en Internet pueden encontrarse diferentes anuncios de empresas que ofertan hacer kayak y snorkel con tortugas y delfines en la ZEC durante tres horas por precios que oscilan entre los 40 y los 90 euros. 

El Gobierno de Canarias aprobó en el año 2000 un decreto pionero que regula esta actividad económica. Este documento establece que está prohibido nadar con cetáceos, estar más de 30 minutos junto a ellos, perseguirlos o alimentarlos. Asimismo, solo puede haber un máximo de dos embarcaciones junto a un grupo de cetáceos y todas ellas deben contar con el distintivo de “Barco Azul”. “A veces te puedes encontrar hasta cuatro barcos juntos. A partir de las diez empiezan las horas críticas”, cuentan fuentes del sector. 

Con el objetivo de poner límites a la proliferación de barcos de avistamiento de cetáceos en la zona, el Ministerio de Transición Ecológica implantó en 2023 una moratoria en la emisión de nuevas licencias. Esta decisión se tomó después de comprobar a través de diferentes investigaciones que la actividad náutico-recreativa “provoca un estrés crónico en esta comunidad de calderones”, impactando también en el desarrollo de las crías de esta especie.

Raquel Modino, profesora titular del área de Antropología de la ULL, apunta que se trató de un paso importante, pero al mismo tiempo es “una gota en un océano”. “De nada sirve sacar una moratoria para quienes quieren operar de manera correcta si no se controla a quienes salen con un barco de recreo y se ponen encima de los animales”, añade. “Sería deseable una mayor seguridad en el área y más coordinación entre administraciones para que la gente no sienta que el peso de las restricciones solo cae en un lado”, subraya la investigadora.

Falta de vigilancia

La administración responsable de la gestión de la ZEC es el Ministerio de Transición Ecológica. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife también desempeñan una función clave en la gestión y ordenación del espacio, así como la Guardia Civil en materia de vigilancia y capacidad sancionadora. En 2021, la Policía Canaria incoó siete propuestas de sanción en un día por incumplir las normas de avistamiento. Sin embargo, fuentes consultadas critican que estas redadas son “puntuales”. 

Fuentes del sector aseguran que este mes de agosto, uno de los meses donde hay más presión humana en Teno-Rasca, el barco de vigilancia del Gobierno de Canarias apenas estuvo en la zona. En concreto se refieren a la embarcación Mar Canario, adquirida en 2019 por el Ejecutivo regional para “realizar labores de vigilancia de actividades humanas en las Zonas de Especial Conservación Marina y seguimiento de las especies en estos hábitats marinos”. Ya en julio de 2024, la Asociación para la Conservación de Cetáceos del Sur de Tenerife (ACEST) denunció que este barco llevaba dos meses sin salir. 

Ante las lagunas en la gestión, todas las fuentes consultadas apuntan a la educación de las empresas, de los residentes y de los turistas como un elemento clave para proteger este espacio. Sin embargo, consideran que apostar solo por ella sería como poner “una tirita en una herida que todavía sangra”.

“Claro que deberían promoverse productos que fueran aún más sensibles con el espacio, y eso ya está pasando. Las empresas se han ido reconfigurando hacia estrategias más sostenibles. Pero me parece una retórica peligrosa pensar que a través de la educación medioambiental se puede conseguir algo mientras la administración pública no toma medidas para la gestión del espacio”, sostiene David Domínguez. 

Por su parte, Raquel Modino recuerda que no se puede apartar a la ZEC de su contexto y del lugar en el que se enmarca. “El sur de Tenerife es un destino de sol y playa, de masas, no de ecoturismo. Los visitantes incorporan el avistamiento de cetáceos en su itinerario como incorporan la fiesta. Son atractivos que se añaden al destino, pero la gente seguirá viniendo por el sol, la playa, las fiestas o los precios. ¿Se puede educar a todos los turistas que pasan por aquí? No, pero quizás se podría ser más rígido y depurar responsabilidades”, propone la antropóloga.