El Juzgado de instrucción número tres de Santiago de Compostela ha acordado el sobreseimiento provisional de una de las últimas piezas derivadas de la macrocausa de la Operación Pokémon -instruida desde Lugo por la jueza Pilar de Lara- que quedaban abiertas, la que investigó las contrataciones del servicio de la ORA y la grúa en Santiago de Compostela.

Así se señala en un auto emitido con fecha del pasado 31 de octubre y firmado por la jueza María Jesús Mosteiro, informa Europa Press. En esta pieza estaban investigados el exconcejal del PSOE Bernardino Rama, así como el que fuera edil del PP Ángel Espadas, por sus responsabilidades en el Ayuntamiento. Además, se investigaba al propietario y al delegado en Galicia de la empresa Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez y José María Tutor, y a varios funcionarios.

La magistrada señala que “no parece debidamente justificada la perpetración del delito” que motivó la formación de la causa, por lo que considera que procede decretar el sobreseimiento provisional de la misma. Además, apunta que tampoco pueden practicarse nuevas diligencias por haber transcurrido el plazo máxido de instrucción.

El ministro de Hacienda del gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, recibió en julio de 2014 un correo electrónico de su jefe de gabinete en el que lo avisaba de que, al día siguiente, Vigilancia Aduanera, por orden de la jueza Pilar de Lara, iba a llevar a cabo registros en la Diputación y el Ayuntamiento de Lugo, dentro de la investigación del caso Pokémon. En aquel momento, ambas instituciones estaban gobernadas por los socialistas José Ramón Gómez Besteiro, actual líder del PSdeG, y José López Orozco. Ambos se verían apartados de la política -Orozco de forma permanente- por actuaciones judiciales contra ellos que acabaron archivadas. De Lara fue sancionada por el CGPJ por desatención y dilaciones indebidas en sus causas.

Según publica El Periódico de España, el email es una de las comunicaciones que obran en poder el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si miembros del despacho Equipo Económico, fundado en 2006 por Montoro, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, tal y como especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona.

El correo, enviado el 21 de julio de 2014 a las 20.20 horas por Felipe Martínez Rico al entonces ministros, da datos concretos de la operación que había ordenado la que era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo: “Mañana y pasado mañana el Servicio de Vigilancia Aduanera hará registros en la Diputación y en el Ayuntamiento de Lugo, por decisión del juez que lleva la instrucción de Pokémon”. El “objetivo” del registro, según la comunicación, era “localizar información de los equipos informáticos de varios funcionarios que ya están imputados en la instrucción del caso”.

La Pokémon, una trituradora de carreras políticas sin apenas consecuencias judiciales

La operación Pokémon, iniciada en 2012, investigaba una trama de supuestas concesiones ilegales por parte de numerosas administraciones gallegas. Durante aquellos años, acabó salpicando -en la mayor parte de los casos, sin consecuencias- a numerosos dirigentes políticos que se vieron apartados de sus cargos o truncadas sus aspiraciones. Orozco y Besteiro fueron dos de ellos.

El caso de Besteiro, recuperado para la política por Pedro Sánchez en 2021 después de que se archivasen todas las causas contra él, es el más conocido. En el PSOE lo presentan como una de las primeras víctimas de lawfare. Derivada de sus pesquisas en la Pokémon, Pilar de Lara abrió una pieza separada en la que se investigaba si Besteiro, entonces concelleiro de Urbanismo en Lugo, había cometido delitos en la compra de su vivienda. No fue el único proceso que la magistrada emprendió contra el que ya era presidente de la diputación lucense.

Besteiro se vio implicado en dos causas más, todas impulsadas desde el mismo juzgado. El caso Garañón trató de descubrir si había irregularidades en la concesión urbanística de las torres del mismo nombre. La Operación Pulpo ponía el foco en los contratos del ente provincial con el propietario de Monbus, Raúl López. La acumulación de imputaciones -alguna de ellas, anunciada oportunamente después de una reunión con Pedro Sánchez- descabalgó a Besteiro de la carrera por la Xunta seis meses antes de las elecciones de 2016.

Un año antes, en 2015, el PP había bloqueado en el Parlamento gallego el nombramiento de Besteiro como senador por designación autonómica, algo que le habría permitido ser aforado y escapar a la acción de de Lara. Por aquel entonces, aún faltaban meses para que la jueza lo imputase. Sin embargo, los populares sabían que en 2013, su presidenta en Lugo, Elena Candia, había dado traslado a la fiscalía de dos anónimos que, con el tiempo, provocarían el encausamiento de Besteiro.

Candia, eterna aspirante a la alcaldía de Lugo, sucedió al socialista brevemente -durante cuatro meses- al frente de la Diputación y hoy es la vicepresidenta primera de la cámara autonómica, donde Besteiro lidera al grupo socialista. De Lara, por su parte, fue cesada en 2020 y suspendida de empleo y sueldo durante siete meses por las injustificadas dilaciones y la “desatención generalizada” a sus causas. Un informe de 104 páginas del Consejo General del Poder Judicial enumeraba más de un centenar de irregularidades en la instrucción de sus casos.

Por su parte, Orozco -en aquel momento, el regidor más valorado de Galicia-, se vio apartado de la alcaldía por su imputación, un requisito impuesto por el resto de fuerzas de izquierda para apoyar un gobierno socialista. Dimitió y cedió el bastón a su segunda, Lara Méndez, regidora de la ciudad hasta las últimas elecciones autonómicas, cuando abandonó el cargo para secundar a Besteiro en las listas al Parlamento.

En su cuenta de X (antes twitter) el regidor ha compartido la noticia con este comentario: “Nada de lo que me fue hurtado me va a ser devuelto. A pesar de lo que me han hecho sufrir a mí, a mi familia y a mis amigos no tengo rencor. Siento no saber como habría sido mi vida sin este encuentro con la injusticia. Seguro que más feliz. Hoy lo soy”.

El que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) Francisco Fernández Liñares ingresó el lunes de forma voluntaria en la prisión lucense de Monterroso para cumplir la condena de cuatro años y medio de cárcel a los que fue condenado por el Tribunal Supremo por delitos continuados de cohecho y prevaricación mientras presidió la entidad.

El también exconcejal socialista en Lugo recibió la semana pasada una notificación de la Audiencia Provincial de Lugo en la que se le daba un plazo de 10 días para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario de la provincia. Con ello, se le facultaba para elegir la prisión en la que cumplir lo que resta de condena, informa Europa Press. En la tarde de este lunes, dentro del plazo otorgado, Fernández Liñares se ha decantado por ingresar en la prisión de Monterroso y no por la de Bonxe, donde ya estuvo en prisión preventiva en su momento.

El Supremo emitió el verano pasado una sentencia en relación al caso de Fernández Liñares en la que rebajaba la pena de prisión dictada dos años antes por la Audiencia de Lugo. Con ello, ahora deberá cumplir cuatro años y medio de cárcel, menos los meses que ya estuvo en prisión provisional.

El fallo está relacionado con la adjudicación de obras a empresarios con los que se había puesto de acuerdo a cambio de dinero o de prestaciones de trabajo en sus propiedades. Se corresponde, además, con la primera pieza separada de la macrocausa 'Operación Pokémon', instruida por Pilar de Lara.

En síntesis, determina el TS, los hechos probados recogen que el condenado contravino lo establecido en la Ley del Sector Público que obliga a los órganos de contratación a velar por que todos los licitadores reciban igual trato y a no facilitar, de forma discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al resto.

Para ello, utilizó el procedimiento de adjudicación negociado, que, según la Ley de Contratos del Sector Público, permite contratar obras cuyo valor estimado sea inferior a un millón de euros y que impone la obligación de solicitar ofertas al menos a tres empresas.

Los 11 acusados en la pieza inicial de la operación Pokémon, que está relacionada con la adjudicación del servicio de la grúa municipal en Lugo, han llegado a un acuerdo sobre su condena con la Fiscalía que rebaja sus penas, según informa Europa Press. Entre ellos está el que fue teniente de alcalde de Lugo Francisco Fernández Liñares, condenado ya en otra pieza separada.

Con el acuerdo, los acusados reconocen la autoría de los delitos que le imputaba la Fiscalía, con algunas modificaciones para beneficiarse de rebajas de las condenas, tanto en los años de prisión que serán condenados como en lo referente a las multas que se les exigen. El juicio ya no tendrá que celebrarse y bastará con una sesión en la que se ratifique el acuerdo.

Entre los acusados está el exconcejal de Urbanismo Fernández Liñares, a quien el Ministerio público acusa de delitos de cohecho, prevaricación, blanqueo de capitales y violación de secretos por funcionario público. Si bien el Ministerio fiscal, tal y como figura en el auto de apertura de juicio oral, solicitaba que fuese condenado a penas que sumaban nueve años y medio de cárcel y 32 de inhabilitación, con el acuerdo su pena se sitúa en dos años y seis meses de cárcel, inhabilitación para empleo o cargo público por varios años y multas que suman más de 100.000 euros.

En noviembre de 2022 el juzgado de instrucción número 1 de Lugo decretó la apertura de juicio oral por esta pieza en la que se investigaron supuestas irregularidades cometidas en la concesión a la empresa asturiana Cechalva del servicio de la grúa de la ciudad de Lugo. Todo ello después de que en octubre de 2021 el juzgado concluyese la investigación de la pieza principal de la macrocausa iniciada por la jueza Pilar de Lara, apartada años más tarde del número 1 de Lugo por dilaciones indebidas.

Más de una década después de que arrancase una operación que derivó en la investigación de decenas de personas, incluidos varios cargos políticos de distintas corporaciones gallegas y de otras comunidades, la trama principal se encaminó hacia el juicio con Liñares como principal acusado.

El exmandatario socialista se situó como el principal acusado de la adjudicación fraudulenta en el año 2005 del servicio de la grúa municipal a Cechalva, compañía que también figura como acusada junto a otra empresa, Sanle. Ambas entidades son condenadas por un delito contable a sendas multas. Además, a la primera de ellas se la inhabilita para obtener subvenciones, ayudas y contratar con la administración pública por el plazo de tres meses.

Francisco Fernández Liñares se convirtió en marzo de 2021 en el primer condenado en la operación Pokémon, dentro de otra pieza. Junto a él, en la investigación principal de la que partieron las otras aceptan penas J.R.P., considerado el “enlace” entre Liñares y la empresa que se hizo con el contrato de la grúa.

A J.R.P. acepta dos años y seis meses de prisión por aprovechamiento de información privilegiada, cohecho, falsedad en documento mercantil y de un delito contable. Además, se le impone el pago de una multa de 29.000 euros. Estos mismos delitos se le atribuyen a otro socio de Cechalva -M.S.G-, al que se condena a dos años de cárcel y una multa de 28.000 euros.

A los otros dos socios de la empresa, J.P.C. y J.L.A., se les atribuye aprovechamiento de información privilegiada y cohecho, delitos por los que acuerdan penas de un año y cuatro meses de cárcel y de nueve meses de prisión, respectivamente, así como a multas de 27.500 euros.

Otros dos acusados, A.P.V. y J.E.C.L. aceptan penas de menos de un año de cárcel por falsedad en documento mercantil y un delito contable.

En la causa también se condena a otros dos acusados, A.O.R. y C.D.V., por falsedad en documento mercantil a penas de menos de un año de cárcel; a D.A.L. y M.G.G por blanqueo de capitales a penas de dos meses de cárcel y sendas multas de 15.000 y 23.000 euros respectivamente.

El Juzgado de Instrucción número dos de Ourense ha acordado el archivo de la pieza de la 'Operación Pokémon' contra el que fue alcalde de Ourense y actual candidato a la Alcaldía por el PSdeG, Francisco Rodríguez, y el entonces concejal de Deportes, Fernando Varela, por la adjudicación de un contrato de limpieza de las instalaciones de un pabellón municipal en el año 2012.

En la causa, instruida por la que fuera titular del Juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, también figuraban como investigados por un delito de cohecho dos empleados del grupo empresarial Vendex, informa Europa Press. En un auto con fecha del 6 de marzo, el juez recuerda que, tal y como también se expone en el informe de la Fiscalía, “la investigación solo alcanza a mostrar sospechas o indicios preliminares derivados de investigaciones policiales” y de “escuchas telefónicas” entre los dos empleados de Vendex, que “documentan reuniones y llamadas con el alcalde y el concejal”. Pero señala que la existencia de tales reuniones no constituye un indicio suficiente para concretar la existencia de una promesa, oferta o regalo“ con la finalidad de que los cargos públicos influyesen en la adjudicación del contrato, ”máxime cuando no consta irregularidad en la tramitación del expediente de concesión“.

Además, se refiere a la supuesta compra y entrega de un reloj Rolex al alcalde de Ourense, una cuestión en la que se aludió en otras piezas separadas. Apunta que “no resulta acreditada la entrega efectiva” del reloj al regidor ni su vinculación con la adjudicación de algún servicio o contrato público. Además, el magistrado recuerda que dicho objeto no fue encontrado en los registros practicados en el domicilio de Francisco Rodríguez. Por todo ello, el juez decreta el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa al considerar que “no está suficientemente acreditada la existencia del delito investigado”.

Esta pieza sobre la adjudicación del contrato de la limpieza del pabellón municipal de Ourense es otra de las causas que inició la jueza Pilar de Lara en el marco de la 'Operación Pokémon' que se han ido archivando en los últimos tiempos. Precisamente, la magistrada fue apartada del juzgado de Lugo por dilaciones indebidas. Tras conocerse la noticia, en declaraciones a Europa Press, el exregidor ourensano y candidato a la Alcaldía, Francisco Rodríguez, ha considerado que la actuación de la jueza fue “desproporcionada” y lamentando que ha tenido que esperar 11 años para el archivo de la investigación.

La pieza principal de la 'Operación Pokémon' avanza hacia el juicio con 13 sospechosos de varios delitos relacionados con la corrupción, entre ellos Francisco Fernández Liñares, que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo y presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS). El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo da por finalizada la investigación de la primera rama de una maraña de piezas por supuesta corrupción que sacudieron la política gallega. El caso salpicó a responsables de diferentes partidos, incluidos PP, PSOE y BNG, y su gestión llevó a la entonces titular del juzgado, la jueza Pilar de Lara, a ser sancionada y perder su plaza en Lugo. El Consejo General del Poder Judicial consideró que había cometido “una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias”.

La pieza que ahora irá a juicio se refiere a la concesión del servicio de la grúa en la ciudad de Lugo a la empresa asturiana Cechalva en 2005 y a la existencia de una caja b en la compañía para hacer los pagos acordados a cambio de la adjudicación. En el auto, que tiene fecha del 30 de septiembre, el magistrado asegura que hay “indicios de delito”. Ordena que la causa se siga contra 13 personas, entre las que están, además de Fernández Liñares -que recibió el pasado mes de marzo la primera condena en la trama-, su esposa y varios empresarios. Entre los presuntos delitos están el cohecho, la violación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Respecto al resto de investigados, el instructor ha decretado el sobreseimiento y archivo de la causa.

El magistrado acuerda en el auto, contra el que cabe presentar recurso ante la Audiencia Provincial de Lugo, dar traslado al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones personadas para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. También podrían pedir, de forma excepcional, diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación.

El propio juez señala la extensión “fuera de lo común” de este procedimiento de “gran complejidad”, con un sumario que se aproxima a los 170.000 folios y con multiplicidad de hechos acumulados en los más de 10 años que han transcurrido desde que lo puso en marcha la jueza Pilar de Lara. Una duración que también ve “fuera de lo común”.

En el documento, el juez asegura que desde que el Ayuntamiento de Lugo inició las gestiones internas para la licitación del contrato de la grúa, los investigados “conocieron de forma ilegal, antes que ningún otro eventual licitador, información relevante sobre el procedimiento”. En concreto, entiende que “todas las irregularidades e incumplimientos previos, coetáneos y posteriores a la adjudicación del contrato a la empresa Cechalva fueron consentidos, precisamente, por el acuerdo que tenía la empresa con el teniente de alcalde” -Francisco Liñares-, quien era “conocedor de la trama”, tenía capacidad decisoria sobre la concesión y reveló datos para favorecer a la empresa, de la que presuntamente obtenía “importantes cantidades económicas como contraprestación, así como participación camuflada a través de testaferros”.

Por ello, considera que los hechos referentes a la adjudicación de la grúa podrían ser constitutivos de delitos de cohecho, violación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. De ellos, serían responsables, además del primer teniente de alcalde, tres socios de la empresa (J.P.C.E., J.L.A.A. y M.S.G.); D.A.L., también socio y presunto testaferro del teniente de alcalde; y J.M.R., a quien el juez atribuye ser el “enlace” entre Cechalva y el político implicado.

Pagos en b, regalos y blanqueo

En el auto, el magistrado sostiene que hay indicios de que los socios de la compañía “se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa”. El juez afirma que J.M.R. les hizo creer que ese dinero iría destinado al alcalde, en realidad, “se entregaba en efectivo a J.M.R., que era el encargado, a su vez, de dárselo en mano al teniente de alcalde, hasta 2009, y, desde 2009, presidente de la CHMS”. Precisamente, en septiembre de 2018, la Audiencia Provincial de Lugo acordó el “sobreseimiento” de la pieza de la grúa contra el exalcalde de la ciudad, José López Orozco. Con la caja b se pagaron en total 110.000 euros, según el juez.

Además de generar facturas falsas, el juez afirma que hay indicios de que en junio del año 2012 el presidente de la CHMS, “con la finalidad de ocultar el origen ilícito de sus ganancias así obtenidas”, ingresó en cuentas dinero que había recibido sin justificación de manos de los empresarios a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Para blanquear los fondos, el magistrado cree que el propio Liñares, su esposa y un empresario adquirieron inmuebles y participaciones en sociedades e hicieron “multitud de operaciones en efectivo”. Entre los regalos recibidos consta “indiciariamente” el de un reloj valorado en 4.000 euros que un empresario entregó a Liñares en abril de 2009.

Fin de una era en la política y en la judicatura en Galicia. La jueza Pilar de Lara ya no es la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, desde el que instruyó durante la última década casos tan mediáticos como la operación Carioca, contra una red de explotación sexual, o causas de presunta corrupción que convulsionaron en estos años la política gallega como Garañón, Cóndor y, muy especialmente, Pokémon.

Coincidiendo con la reunión del Consejo General del Poder Judicial en Pontevedra, fuentes judiciales confirman que desde este 30 de enero es efectiva la suspensión de siete meses que el órgano de gobierno de la judicatura española ha impuesto a De Lara por “una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias”. La misma que el Tribunal Supremo descartó suspender hace pocos días y que implica la pérdida de su destino en Lugo por ser una sanción superior a los seis meses de duración.

De Lara se ve obligada a abandonar su plaza en Lugo apenas una semana después de haber rechazado la petición de la Fiscalía para dividir en hasta una treintena de piezas el asunto central del que fue uno de sus casos estrella, la Operación Pokémon, de cuyos primeros pasos se cumplirán nueve años el próximo abril. En un profuso auto de más de 500 páginas, la magistrada aseguraba estar, ahora sí, a punto de cerrar una instrucción que en estos años se llevó por delante a cargos políticos de colores diversos y que acumula más de doscientas personas investigadas. 

El último auto sobre Pokémon

En ese auto, al que ha tenido acceso Praza.gal, la jueza de día respondía a un escrito del hasta ahora último fiscal del caso Pokémon, Manuel Lamas. En él, el representante del Ministerio Público había solicitado esa división de la pieza central de la causa. Es la que afecta al grupo de empresas Véndex, al que De Lara sitúa en el centro de una presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares, comisiones ilegales o sobornos, entre otros delitos.

Para el Ministerio Público, no está “justificado” mantener una única causa que derivaría en un juicio “con unos 250 acusados” entre los que no ve conexión. De Lara respondió a esa petición en un auto tan amplio en extensión como duro contra los argumentos del fiscal, a cuya petición sólo accede en dos ramas del caso, las que afectan a un ayuntamiento catalán y a otro balear. En el mismo dejaba entrever su intención de enviarlo a juicio incluso antes de que fuera efectiva la sanción, algo que ya no sucederá, porque el caso ya no depende de ella.

Según ese auto, para De Lara los argumentos del fiscal “no dejan de ser sorprendentes” porque “suponen una desviación del criterio” sostenido hasta ahora “por los diferentes fiscales que han llevado la causa”, de “cuyo razonamiento uniforme se aleja radicalmente”, reprocha. Así, ejemplifica, cuando en el año 2013 emitió un auto desgranando los presuntos delitos ligados a Véndex dentro de Galicia, Fiscalía no había recurrido.

“No se acaba de entender -reprocha la jueza- en qué criterios fácticos y jurídicos se basa ahora el fiscal” para que “lo que según sus propios compañeros era 'organización' y 'concierto” entre los diferentes hechos atribuidos a Véndex, “ahora, deje de serlo”. Además, resalta, “resulta insostenible” que la Fiscalía “haya tardado tantos años en advertir una supuesta falta de conexidad entre los hechos investigados” agrega antes de atribuir al escrito del Ministerio Público diversos errores en la descripción de los hechos.

En este punto, De Lara dedica más de 400 páginas a “resumir, con el suficiente grado de concreción, la actividad investigada” de un caso que ocupa más de 100 tomos y en el que advierte hasta 17 conductas delictivas diferentes. Ella no duda de la “existencia de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de manera presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores” en múltiples ayuntamientos.

“No podemos analizar las conductas cometidas aisladamente” en un caso que “no puede separarse por tramas, como pretende el fiscal”, dice la jueza. En este sentido, recalca que “como es lógico y normal, para poder cometer delitos contra la administración pública, los empleados de Véndex recurren a distintos funcionarios y autoridades”. Pero esto no es suficiente, cree, para fragmentar el caso.

Además, considera, repartir la instrucción por hasta 32 juzgados de toda Galicia sería “injusto” para los acusados  y “abocaría a la impunidad” una de las acusaciones, la de “asociación ilícita” que atribuye a los responsables de Véndex. Además traería consigo nuevas “dilaciones” del proceso, cree. Esas dilaciones, precisamente, han sido uno de los argumentos del Poder Judicial para imponerle una sanción contra la que prevé interponer un recurso que, previsiblemente, tardará más de un año en resolverse.

Ha sido la jueza más mediática de la última década en Galicia. La instructora de casos de tanto impacto como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución. También de sumarios que expandieron las sospechas sobre la actuación de numerosos cargos públicos gallegos de diversas fuerzas políticas, como la la operación Pokémon o los casos Pulpo, Garañón y Cóndor. Ahora tendrá que abandonar el juzgado de instrucción número 1 de Lugo por orden del Consejo General del Poder Judicial excepto en el improbable caso de que el Tribunal Supremo lo evite in extremis.

El pleno del Consejo General de Poder Judicial acaba de rechazar por unanimidad el recurso de la magistrada contra la sanción por la que el pasado marzo le había impuesto una suspensión de siete meses “por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Al superar el medio año, la consecuencia más relevante es que De Lara pierde su destino en Lugo. Ya no seguirá siendo la titular del juzgado desde el que instruyó todos estos casos, algunos de ellos afectados por relevantes demoras que, según el Consejo, son atribuibles a la propia magistrada.

La jueza, cuyo abogado ha venido manteniendo en estos meses que las desatenciones y dilaciones indebidas que le atribuye el Consejo del Poder Judicial o no se han producido o no son consecuencia de su trabajo, agota de este modo la vía administrativa y “la sanción será ejecutiva una vez notificada”, explican las mismas fuentes. No obstante, agregan, De Lara todavía puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Supremo, en donde puede pedir, como medida cautelar, que le suspendan la sanción hasta que resuelvan sobre el fondo de la cuestión.

Inspección por generar “incrementos ficticios de trabajo”

La ratificación de la sanción concluye un proceso que comenzó en marzo de 2018. Entonces el Consejo del Poder Judicial ordenó inspeccionar el juzgado dirigido por De Lara. Las pesquisas se habían producido en mayo de ese año y concluyeron que la jueza había cometido “desatención o retrasos injustificados” de las causas que instruye. También la acusaban de generar “incrementos ficticios del volumen de trabajo” con un “manifiesto abuso procesal”.

Estas imputaciones por parte del Consejo fueron aplaudidas por algunas de las personas que se vieron implicadas en casos instruidos por De Lara, varios de ellos todavía inconclusos tras lustros de investigación. Cargos políticos de diversos colores la habían acusado formalmente durante los procedimientos de prolongar indebidamente las investigaciones, algunas de las cuales acabaron siendo archivadas cuando llegaron a otras instancias. Esa fue, por ejemplo, la decisión que tomó la Audiencia provincial de Lugo sobre las acusaciones de soborno contra el ex alcalde socialista lucense, Xosé López Orozco.

Mientras, no obstante, la jueza continuó siendo notablemente elogiada desde diferentes instancias por perseguir prácticas corruptas. Del mismo modo, tras ser impuesta la sanción ahora confirmada, se produjo una concentración en su defensa por parte de colectivos que reclaman profundizar en la red de proxenetismo destapada en el caso Carioca.

Orozco, precisamente, ha sido junto al ex secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, uno de los afectados por una de las últimas decisiones de la jueza De Lara. El pasado miércoles, apenas veinticuatro horas antes de lo que ha acabado siendo la ratificación de la sanción, trascendía que la jueza acababa de cerrar la instrucción del caso Garañón, decidiendo proponer que sean juzgadas por varios delitos un total de once personas, entre ellas los antiguos dirigentes socialistas lucenses y varios funcionarios. Tanto Besteiro como Orozco recurrirán la decisión.

Es, posiblemente, la jueza más mediática de la última década en Galicia. Fue la instructora de casos de gran impacto social como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución -su pieza principal acaba de concluir diez años después, como adelantó esta semana El Progreso-. Pero también de los sumarios que se han llevado por delante más cargos políticos gallegos en los últimos años sin que ninguno de ellos haya llegado por el momento a juicio: desde la operación Pokémon a los casos Pulpo, Garañón y Cóndor.

El impacto de estas y otras actuaciones de la jueza Pilar de Lara explica también la relevancia de la decisión que acaba de tomar sobre ella la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Tras casi un año de diligencias ha acordado imponer a la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo “una sanción de siete meses y un día de suspensión de funciones por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales”.

La sanción, que según confirma el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha sido comunicada a la propia De Lara, traerá consigo graves consecuencias profesionales para ella si es ratificada de manera definitiva. “Al ser superior a los seis meses implica la pérdida del destino”, por lo que tendría que abandonar el juzgado lucense del que es titular, desde el que instruyó estos y otros mediáticos casos.

La jueza, cuyo abogado ha mantenido en los últimos meses que las desatenciones y dilaciones indebidas que le atribuye el Consejo del Poder Judicial o no se han producido o no son atribuibles a su trabajo, tiene todavía dos vías para intentar revocar la sanción. La primera es presentar un recurso de alzada ante el pleno del propio Consejo. Si este la confirma aún puede acudir a la vía del recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo. “La suspensión será ejecutiva una vez agotada la vía administrativa”, aclara el TSJG. El abogado de la jueza, Agustín Azparren, ya ha confirmado la interposición del primero de los recursos.

Esta sanción concluye un proceso que comenzó en marzo de 2018 con una orden de inspección al juzgado que dirige De Lara por orden del Consejo del Poder Judicial. Esas pesquisas se ejecutaron en mayo de ese mismo año y sus responsables concluyeron que la jueza había incurrido en “desatención o retrasos injustificados” de las causas que instruye. También la acusaban de generar “incrementos ficticios del volumen de trabajo” con un “manifiesto abuso procesal”.

Esas imputaciones coinciden, al menos parcialmente, con las quejas y apercibimentos tanto verbales como formales de otras instancias judiciales y de algunos cargos políticos investigados en las causas investigadas por Pilar de Lara. Entre los recelos que miembros de los tribunales y de la política dirigen contra De Lara abundan los que apuntan a que varias de sus acusaciones acabaron archivándose al llegar a otras instancias.

Uno de los archivos más significativos se produjo en la Audiencia provincial lucense, el relativo a las acusaciones de cohecho contra el exalcalde socialista de Lugo Xosé López Orozco, que De Lara había mantenido contra él durante años. La misma jueza mantiene al exregidor como imputado en el caso Garañón, el mismo que afectó al exsecretario general del PSdeG José Ramón Besteiro, entre otros múltiples dirigentes políticos y empresariales.

Las operaciones abiertas por De Lara durante la última década han suscitado en torno a ella múltiples reacciones políticas y sociales encontradas. Así, en el inicio de estas operaciones fue notablemente elogiada por perseguir prácticas corruptas, pero con el transcurrir de los años han surgido críticas en los campos judicial y político hacia ella por la prolongación de sus casos.

En las calles de Lugo los parquímetros siguen precintados por orden judicial. Desde hace dos años y medio la zona azul es historia y no hay sistema alternativo. La última sentencia la dictó el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que anuló la concesión en 2011 por un defecto de forma en  el concurso. La alcaldesa socialista Lara Méndez, que heredó mil líos judiciales de su mentor y antecesor en el cargo también del PSOE, Xosé Clemente López Orozco, mandó parar en 2015, recién llegada al consistorio.

El escándalo sobre la concesión se había vuelto insoportable con las revelaciones de la Operación Pokemon, uno de los múltiples sumarios de corrupción que han desbordado en el último lustro a este ayuntamiento que no llega a alcanzar los 100.000 habitantes. En la primera de las redadas a finales de octubre de 2012 ya había caído la cúpula del Grupo Vendex, matriz de Doal, la empresa adjudicataria de la zona Ora. El Gobierno presidido entonces por el socialista José López Orozco, que acabó imputado en este caso, decidió mantener el servicio incluso cuando las cosas se pusieron más feas.

Afloraron las escuchas policiales y declaraciones de testigos que relacionaban a ese grupo empresarial con envíos de dinero a políticos a través de empresas de transporte urgente camuflados muchas veces como prensa deportiva, “los botes de pintura” de los que hablaban los implicados en los pinchazos telefónicos. Una trama de sobornos organizada, según la investigación, operaba en varias ciudades de Galicia (el alcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez fue detenido, igual que su homólogo Gerardo Conde Roa en Santiago, del PP) y a medida que el sumario ha ido engordando destapó irregularidades también en Cantabria, Asturias, Murcia y Cataluña, hasta sumar decenas de imputados.

El caso había nacido en 2009 en un sórdido burdel de las afueras de Lugo por un lío vinculado a la prostitución y la trata de personas.  Cuando la juez de instrucción Pilar de Lara pinchó los teléfonos de los matones de la red, empezó a aflorar todo un entramado de favores, sobornos, y subcontratas municipales convertidas en agencias de colocación de partidos políticos. En el epicentro de todo, el grupo Vendex y sus singulares directivos: una pandilla de arribistas que hicieron del soborno a políticos su principal negocio. Los cabecillas acabaron en prisión y están acusados de delitos que ocupan medio Código Penal, empezando, claro, por el tráfico de influencias. 

La historia arrancó por un cúmulo de casualidades... que no lo son tanto si uno se para a analizar la red de relaciones entre las supuestas élites locales, en las que se confundían empresarios, políticos y la mafia de los prostíbulos en una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce. Un antiguo cobrador de la ORA de Lugo, José Manuel Reguera, que prosperó en la empresa hasta convertirse en delegado local, era a su vez copropietario del edificio que albergaba el Queens, un local de mala muerte situado en el extrarradio que organizaba fiestas para cargos públicos, guardias civiles y propietarios de algunas pymes.

Tirando del hilo de Reguera la juez llegó a su amigo Francisco Fernández Liñares, un político del PSOE que había hecho de factotum en el Gobierno municipal cuando era alcalde Xosé Clemente López Orozco. Cuando llegó su hora, Reguera cantó largo y tendido ante la instructora del sumario, Pilar de Lara. Diez horas estuvo aportando listados de empresarios y directivos que pagaban mordidas para comprar a políticos en diferentes administraciones gallegas a cambio de obras y contratas públicas.

Los investigadores bautizaron aquella operación con el nombre de Pokemon por la facilidad que tenía la trama para ramificarse en las instituciones y los territorios. La primera ola de 23 detenciones se llevó por delante a la dirección de Vendex, un conglomerado de sociedades  multiservicios para atrapar contratos públicos, y cuya  filial, Doal, gestionaba los parquímetros lucenses. En el sumario abunda el material probatorio sobre las mordidas que Doal y Vendex pagaron a concejales socialistas de Lugo en aquellos años.

Para el arrepentido Liñares, la Fiscalía pide ahora cinco años de cárcel después de considerar acreditado que estaba a sueldo de la concesionaria de los parquímetros que le abonaba en sobres mil euros mensuales, además de otras prebendas.

Historias parecidas de amaños se investigan en otras ciudades gallegas. El caso ha proporcionado suculentos titulares en la prensa -a uno de los implicados se le sobornaba con plantaciones de eucaliptos- y ha arruinado carreras políticas de dirigentes socialistas y del PP en A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense.

En Lugo, los efectos colaterales del sumario han dejado a la ciudad sin zona azul. Atada por la herencia recibida de sus compañeros de partido, el equipo de Gobierno de la socialista de Lara Méndez acordó precintar las máquinas de la Ora durante el verano de 2015. Iban a ser ocho meses hasta tener listo un nuevo pliego de condiciones para restituir el servicio. Dos años y medio después, la cosa sigue igual. Los 16 empleados de Doal, los que no tenían despacho ni figuraban en el sumario han sido despedidos. Son las otras víctimas de la corrupción: cuando las cosas iban bien, rozaban el mileurismo; cuando se torcieron, todos a la calle. Durante meses demandaron sin éxito con protestas en la calle que se les recolocase.

La zona azul no funciona pero tampoco es que Lugo esté levantada en armas. Cierto que a media mañana en la zona de los juzgados, las sedes administrativas del Gobierno gallego o de la diputación provincial dejar el coche es tarea imposible. Y que los comerciantes del centro, la asociación Lugo Monumental, han pedido ordenar el aparcamiento para facilitar las compras.

La alcaldesa, Lara Méndez, admite a eldiario.es que los plazos se han complicado y culpa a la oposición de negarse a aceptar un contrato puente para mantener la Ora durante el tiempo que se tardase en abrir un nuevo concurso pero hoy prefiere ver el vaso medio lleno e intentar que la solución derive en un nuevo modelo de movilidad: “Lo que vamos a hacer es ampliar la limitación a 30 kilómetros por hora en otras zonas de la ciudad, buscar la creación de parkings disuasorios y proyectar carriles bici y otras actuaciones para promocionar caminos con otros medios de transporte”. No concreta más porque el Gobierno quiere ver cómo calan estas medidas antes de decidir qué sistema de regulación de estacionamiento es más idóneo. “Puede ser gratuita en su totalidad y solo obliga a su modalidad, a lo mejor se paga después de la primera media hora. Igual es en cuatro zonas muy concretas”, asegura la regidora que gobierna en minoría con apoyos puntuales de Lugo Novo, la candidatura ciudadana vinculada a En Marea.

Las fuentes consultadas dan por hecho que si el plan de movilidad se pone en marcha en este mandato, llegará prácticamente en vísperas de las próximas municipales. Lugo puede haber pasado cuatro años sin zona Ora. El PP, que llevaba en su programa electoral acabar con el sistema de estacionamiento regulado, martillea desde la oposición con supuestos caos de tráfico. 

José María Seijas es presidente de la Federación Gallega de Comercio y lucense de pro. Defiende que existe un problema porque en las calles de la muralla -el monumento romano que constituye el principal atractivo turístico de la ciudad- “no se puede parar”. Este pequeño comerciante es partidario también de repensar el transporte en el centro y apostar por las peatonalizaciones: “Hay que buscar soluciones e intentar que los subterráneos tengan plazas y sean asequibles. E impulsar un sistema, llamémosle zona Ora o lo que sea. Sería estupendo que fuese gratis. Y habrá que peatonalizar zonas, al principio son decisiones duras, pero a largo plazo favorecen”.

Los vecinos admiten las molestias puntuales que origina en algunos barrios la desaparición de los parquímetros pero desdramatizan. “Hay problemas puntuales en las zonas con más comercio y donde están las administraciones. Pero aquí en cinco minutos llegas a todas partes andando. Tal vez sea necesaria una cierta regulación en unas pocas calles, pero la Ora se había extendido demasiado y en algunos sitios los coches ni aparcaban. Nosotros estamos intentando que el centro de Lugo se convierta en peatonal y deberían buscarse aparcamientos alternativos para que la gente use de verdad el transporte público”, defiende Luis Abel, secretario de la Federación de Asociaciones de Vecinos. 

La jueza Pilar de Lara vuelve a poner la lupa sobre el PP de Santiago de Compostela , concretamente sobre el primero de los tres alcaldes que los conservadores acumularon en la capital gallega en el pasado mandato municipal, Gerardo Conde Roa. Cuando ya han transcurrido seis años desde su estallido la instrucción de la Operación Pokémon continúa expandiéndose y lo vuelve a hacer sobre la presunta financiación irregular de los populares compostelanos en el año 2011, cuando lograron a la Alcaldía. El ex regidor y el que fuera su edil de Seguridad, Albino Vázquez, tendrán que comparecer como investigados -antigua imputación- el próximo 20 de junio para “explicar”, en el marco de la operación en la ya que habían sido imputados en 2013, el origen de casi 27.000 euros ingresados en dos cuentas del partido, casi todos durante la campaña de las elecciones municipales de aquel año. De Lara no les atribuye, no obstante, ningún delito en concreto.

Como informó Praza.gal la magistrada indaga desde hace más de tres años en las finanzas del partido a partir de la conocida por la investigación como “ruta del bacalao”, el recorrido de uno de los presuntos líderes de la trama corrupta por las ciudades gallegas en el último día de la campaña electoral para repartir, según Vigilancia Aduanera -cuerpo empleado por la jueza como policía judicial-, dinero a miembros de diferentes partidos. Al hilo de estas pesquisas De Lara reclamó al PP de Santiago información sobre sus cuentas y en ella los agentes sospecharon de 17 ingresos que sumaron un total de 26.970 euros y de los que no consta quién los efectuó, ya que figuran a nombre de “Partido Popular”.

En este contexto en julio del año pasado De Lara se dirigió al Banco Santander para pedir información sobre las cuentas investigadas, si bien la documentación que le remitió la entidad “no aportó”, según Aduanas, “nada nuevo” sobre el “origen de los diecisiete ingresos”. Este fue el motivo por el que el pasado febrero uno de los investigadores fue físicamente a la sucursal del centro de Santiago en que fueron realizados los ingresos. Según consta en un informe ahora integrado en el caso y al que ha tenido acceso este diario un agente de Vigilancia Aduanera se entrevistó con la directora de la sucursal quien, dado que no trabajaba en la oficina en el momento de los hechos, lo remitió a otro trabajador que sí desarrollaba sus funciones en la misma oficina en 2011.

Siempre según ese informe el personal del banco admitió que quien había efectuado los ingresos había sido “un señor del PP que después salió elegido concejal con Conde Roa” cuyo nombre desconoce. Tras serle mostradas “dos fotografías” identificó a Albino Vázquez como el autor de los depósitos, si bien agregó que “hubo otras personas” que también realizaron ingresos, “pero no las conoce”. En la documentación manejada por los investigadores figuran, junto a los 17 ingresos no identificados, otros depósitos de 1.500 o 2.500 euros efectuados en concepto de “donaciones” por la mayoría de los ediles que ocupaban los primeros puestos de la lista de Conde Roa, pero estos identificados con nombre y apellidos.

En este contexto, Vigilancia Aduanera y la propia jueza mantienen las sospechas sobre el origen de estos casi 27.000 euros, así como sobre la razón por la que muchos de los ingresos fueron realizados “en el mismo día y en operaciones sucesivas, casi en el mismo acto” y “sin que conste identificación física del ordenante”. Como ya habían indicado el pasado año, los agentes “deducen” que “podrían estar fraccionando tales ingresos” para “evitar el control y la identificación exigida por la normativa vigente en ese momento”. Así, por ejemplo, el 4 de mayo de 2011 figuran tres ingresos de sendos 2.000 euros separados por apenas un minuto entre sí. El día 5 de ese mes, también en un intervalo de un minuto, fueron sumados a una de las cuentas del partido 3.500 euros repartidos en tres ingresos.

Así, en virtud de la providencia dictada por De Lara el pasado día 15, la magistrada atiende a las sugerencias de Aduanas e imputa a Albino Vázquez para que “explique el origen del dinero ingresado en efectivo” y la razón por la que fueron efectuados “varios ingresos” sucesivos. Explicaciones semejantes será las que le pida al exalcalde. También tendrán que pasar por los juzgados, pero en calidad de testigos, los antiguos secretario y tesorero del PP de Santiago, así como los empleados del banco que fueron cuestionados por Vigilancia Aduanera en la propia sucursal de la entidad.

La Operación Pokémon condiciona en mayor o menor medida diversos campos de la política gallega desde hace casi media década. Son ya más de cuatro años desde que parte de las pesquisas de la Operación Carioca, que destaparon un entramado de proxenetismo y explotación de mujeres en el entorno de Lugo, derivaron en el estallido de la investigación de esta presunta red corrupta, que golpeó con dureza a alcaldes, concejales y otros cargos de varios partidos. En octubre de 2015 la jueza instructora del caso, Pilar de Lara, dio el primer paso para trasladar a la Audiencia Nacional una de las piezas centrales de la Pokémon, la que afecta a las actividades supuestamente ilícitas del grupo de empresas Véndex. La decisión fue recurrida por uno de los excargos políticos investigados, el antiguo teniente de alcalde de A Coruña, Julio Flores (PP), que acaba de fracasar en su intento de anular el proceso.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha emitido un auto en el que desestima el recurso presentado por Flores -al que se adhirieron, entre otros imputados, el ex-alcalde de Santiago Ángel Currás (PP) y el administrador de Véndex, Gervasio Rolando- para frenar el traslado de la investigación a la Audiencia Nacional y, en última instancia, con el objetivo de intentar una “nulidad de las actuaciones como petición principal”, según recoge el documento, al que ha tenido acceso eldiario.es. Esa petición de nulidad no es considerada por la Audiencia ya que, recuerdan los magistrados, ni siquiera “puede ser analizada” al ser “ajena a la cuestión” del auto en el que De Lara apostó por el traslado del caso a Madrid.

La Audiencia lucense le recuerda a Flores que la cuestión de fondo de esta pieza en la que permanece imputado son las presuntas “defraudaciones” de las empresas de Véndex, a la que se atribuyen diversas maniobras delictivas para conseguir adjudicaciones públicas -como sobornos, enchufes o financiación irregular de partidos- con una “repercusión clara en la economía pública”. Los hechos presuntamente delictivos, agrega, sucedieron en diversas provincias y comunidades autónomas. La combinación de ambos factores, concluye, hace el caso susceptible de ser abordado en la Audiencia Nacional, como determinó la jueza.

A todos estos elementos la Audiencia de Lugo añade un más. “Razones de economía procesal, eficacia e imperativos jurídicos” obligan a que sea “un único órgano jurisdiccional” el que se encargue del caso. Por todo esto la resolución coincide con De Lara en que existen “motivos suficientes” para el traslado a los juzgados centrales. Rechaza, igualmente, la petición de Flores para que las actividades de Véndex en A Coruña, en las que según los investigadores estuvo implicado, sean abordadas en una pieza separada en los juzgados coruñeses. “Los hechos analizados se llevaron a cabo en diversas comunidades autónomas con un mismo hilo conductor” y “con independencia de que tuvieran sus ramificaciones a través de delegados provinciales o regionales” de las empresas, dice.

Presuntos contratos amañados y “enchufes”

Así las cosas, quien fue hombre fuerte del gobierno de Carlos Negreira está más cerca de tener que responder ante la Audiencia Nacional de los hechos que le atribuyen. Según consta en el amplísimo sumario, los investigadores y la jueza De Lara creen que, desde su llegada al gobierno del Ayuntamiento de A Coruña en 2011, Flores empleó su poder en la institución para facilitar la concesión de contratos públicos a Véndex y para realizar “propuestas de contratación” y “enchufes” en servicios municipales gestionados por estas empresas.

Siempre según la investigación, Flores llegó a manejar “una lista para contratar a determinadas personas” por estas vías y “no actuaría aisladamente, sino que lo haría con el posible conocimiento y consentimiento de sus compañeros de gobierno, incluido el propio alcalde”. Además, las indagaciones de la rama coruñesa de la Pokémon -apodada 'Pikachu' por los investigadores- ligan al antiguo concejal con una presunta “obstrucción a la justicia” en la investigación del “acoso laboral” a un trabajador del Ayuntamiento que se convirtió, a comienzos de 2015, en testigo protegido.

El desgaste político motivado por estas y otras acusaciones -Aduanas también le atribuye a Flores el cobro de 5.000 euros de la trama, negado reiteradamente por el ex-edil-, así como el estallido de la Operación Zeta -en la que Flores no está imputado, si bien la Policía le atribuye “acuerdos ilícitos”- motivó que apenas mes y medio antes de las municipales de 2015 Julio Flores se cayese de las listas electorales del PP. A principios de 2016 quien abandonó la política activa fue el propio Carlos Negreira, señalado en este caso como “conocedor” de los hechos, pero nunca imputado en él.

La jueza Pilar de Lara reactiva definitivamente la rama compostelana del caso Pokémon. Después de que los pasados meses de mayo y junio la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo ordenara diversas actuaciones para indagar en los presuntos delitos que le atribuye a Ángel Espadas, jefe de gabinete de la Alcaldía de Santiago en la etapa de Gerardo Conde Roa, ahora acaba de retomar la investigación de la financiación del PP de Santiago en el año en que llegó a la alcaldía de la capital gallega. Sus sospechas se centran, concretamente, en 13 ingresos bancarios realizados en el mes de las elecciones municipales de 2011 y en cuatro más, datados poco después de la toma de posesión de Conde Roa. Todos ellos suman casi 27.000 euros.

En un auto dictado el pasado día 1, al que ha tenido acceso este diario, De Lara acusa recibo de una diligencia de Vigilancia Aduanera realizada a finales del pasado junio como ampliación de los trabajos que, desde 2014 este cuerpo ha venido realizando sobre el PP santiagués para investigar posibles delitos de soborno y blanqueo. Partiendo de la conocida en este caso como “ruta del bacalao”, el recorrido de uno de los supuestos líderes de la trama por las ciudades gallegas el último día de la campaña de las municipales de 2011 para entregar, según los investigadores, dinero a miembros de varios partidos, Aduanas le pidió al PP de Santiago varios datos de su contabilidad. Entre sus respuestas el partido detalla que “no constan ingresos en concepto de donaciones” en sus cuentas, que entonces tenían como “responsables” al secretario local, Manuel Silva, y al propio Conde Roa.

Entre toda la documentación contable llaman la atención de los agentes los mencionados diecisiete ingresos, realizados con el concepto “ingreso en efectivo de Partido Popular” y “no siendo identificada la persona física ordenante del ingreso”. Esas operaciones resultan sospechosas para los investigadores porque varios de ellos se realizan “en el mismo día y en operaciones sucesivas y realizadas casi en el mismo acto”, separadas por unos pocos minutos, y por importes idénticos -por ejemplo, cuatro ingresos de 2.000 euros el 4 de mayo de 2011-. “Se deduce -indica Aduanas- que pudieron fraccionarse tales ingresos para evitar el control y la identificación exigida por la normativa vigente”.

Con toda esa información sobre la mesa De Lara acaba de dirigirse al Banco de Santander, donde el PP de Santiago manejaba las tres cuentas investigadas, para que le facilite a Vigilancia Aduanera “contratos, firmas autorizadas y movimientos completos” de las mismas, así como un informe de “todos los ingresos en efectivo” en ellas durante todo 2011, “con identificación completa” de quién los hizo y los correspondientes justificantes. Cuando reciba la documentación, indica el auto, la jueza decidirá si autoriza las otras acciones que le sugiere Aduanas: citar a los responsables de las cuentas, entre ellos a Conde Roa, “para que expliquen el origen de los ingresos en efectivo”

Requerimento a La Caixa sobre Véndex

El mismo 1 de julio De Lara dictó otro auto sobre los movimientos de dinero de la Pokémon, en este caso centrado en Véndex, el grupo empresarial al que considera núcleo de la presunta trama corrupta. Lo que investiga, en esta otra rama del caso, son las transferencias bancarias que ordenaron dos empresas del grupo (PAU y Sermasa) por importe total de 3,3 millones de euros el 21 de septiembre de 2012, cuando ya pesaban sobre sus cuentas “una orden judicial de bloqueo”. Esa orden se había transmitido a los bancos a las siete y media de la mañana del día previo, el 20 de septiembre, cuando se iba a detener al responsable de Véndex, Gervasio Rodríguez, aún imputado en el caso.

Aunque, según acredita la Confederación de Cajas de Ahorro, la orden de bloqueo llegó correctamente la fecha en la que fue emitida, el día 20, desde La Caixa se informó al juzgado de que los bloqueos efectivos no fueron realizados hasta el día 21 y, “en algunas” de las cuentas, hasta el 4 de octubre. “Se propició, de este modo, el vaciado de dos de las cuentas bancarias que estaban bloqueadas” a través de transferencias ordenadas formalmente por Gervasio Rodríguez con destino a una cuenta del Banco de Santander de la que era titular Gestión General de Electricidad, una empresa del yerno del dueño de Véndex.

En este contexto, la jueza le pide la La Caixa que en esta misma semana “identifique a los empleados de la entidad” que gestionaron estas transferencias y también al personal que tendría el cometido de cumplir la orden de bloqueo de las cuentas que ella misma formuló. Los hechos, advierte, “podrían ser constitutivos de un delito de desobediencia, falsedad documental, alzamiento de bienes y cooperación con el delito de blanqueo de capitales”. Igualmente, dispone el envío de las indagaciones de Vigilancia Aduanera al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC).

En otoño de 2014 la prolongadísima instrucción de la operación Pokémon dio su enésimo giro, en este caso hacia el PP de Ourense. La jueza Pilar de Lara se apoyaba en la declaración y en la documentación aportada al juzgado por el exgerente del partido en la provincia, Emilio Pascual, para indagar en el que consideró una presunta financiación “ilícita” a través de un “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” que daría lugar a una caja B utilizada, decía, desde el año 2003. La investigación se ha venido ampliando durante casi dos años y ahora desembocará en los juzgados ourensanos, toda vez que la Audiencia Provincial de Lugo acaba de hacer fracasar el enésimo intento de José Luis Baltar, exlíder y padre del actual presidente del partido y de la Diputación, para frenar el proceso.

El alto tribunal lucense acaba de rechazar definitivamente el recurso en el que la defensa de Baltar padre apelaba a diversos argumentos con el objetivo de que la causa no continuara, tales como la prescripción de los presuntos delitos de falsedad de cuentas o que no habría lugar a la comisión de cohecho porque el exbarón actuaba en calidad de presidente del partido, y no de cargo público. En una providencia dictada el pasado día 20, a la que ha tenido acceso eldiario.es, De Lara da cuenta de la decisión de la Audiencia y resalta que queda “confirmado” su auto de junio de 2015 en el que, como informó este diario, le atribuía a Baltar cuentas falsas en el partido, cohecho y delito electoral.

Al contrario de lo que ha venido sucediendo en la mayor parte de las múltiples ramas de la operación Pokémon, la investigación de la presunta caja B del PP de Ourense no se quedará en los juzgados de Lugo. Como ya había avanzado en su auto de 2015, al tratarse de delitos presuntamente cometidos íntegramente en Ourense, tienen que ser los juzgados ourensanos los que los aborden en una pieza separada. Por eso la jueza ordena que, al ser “firme” la resolución, se “proceda al registro e incoación de las correspondientes diligencias” para “darles el destino correspondiente”, esto es, los juzgados de Ourense, en los que Baltar padre e hijo están siendo investigados, paralelamente, por presuntos delitos de soborno y tráfico de influencias en la causa abierta por la denuncia de la mujer que acusa el actual presidente de la Diputación de ofrecerle empleo a cambio de sexo.

“Fondos opacos” para pagar campañas

En los últimos dos años la jueza De Lara dio por “refrendada” la existencia de la 'caja B' del PP ourensano en varios autos basados tanto en los testimonios del exgerente como en las indagaciones de Vigilancia Aduanera y también en “abundante documentación”. El sistema que, según la jueza, fue “corroborado” por los investigadores, consistiría en encubrir gastos del partido abonados en metálico con dinero procedente de diversas empresas, algunas de ellas del grupo Véndex, considerado núcleo de la trama Pokémon. El “encargado de recoger personalmente el dinero, teóricamente abonado en concepto de donación” sería Baltar padre, según la jueza.

Esos pagos, dice la instrucción, han sido admitidos por “distintas empresas” y “empleados del partido han reconocido”, por su parte, que el dinero no reflejado en la contabilidad oficial había servido para pagarles durante años “gratificaciones extraordinarias”, sobresueldos. Todo, agregaba en un auto de hace un año, sin que hubiera de por medio “ninguna anotación contable ni movimiento bancario que pueda justificar dichos pagos”.

La hipótesis en la que se sustenta la investigación se apoya también en declaraciones de antiguos miembros de las listas electorales del PP ourensano a los que Vigilancia Aduanera les tomó declaración y cuyos nombres figuraban en facturas de las empresas investigadas. Los candidatos aseguraron que “nunca habían concertado servicio alguno con las empresas”, de lo que cabe concluir, según De Lara, que “seria el propio partido el que hizo los encargos y quien, finalmente, abonó las facturas” por conceptos como publicidad electoral. Sólo un candidato negó las acusaciones, el actual vicepresidente de la Diputación, Rosendo Fernández, quien según la jueza “manifestó que sí reconoce la factura”, que correspondería a un pago “a una empresa de publicidad” a la que le pagó “con dinero que tenía en la casa desde un año antes”.

Con todo este contexto serán los juzgados de Ourense los que tengan que dilucidar si, como cree De Lara, el PP de Ourense contó “con una estructura paralela de gestión económica a modo de caja B”, con movimientos de dinero sin “respeto” por las “prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos”. Es necesario aclarar también, indicó De Lara, si José Luis Baltar “pudo estar lucrándose con este sistema”.

Agentes de Vigilancia Aduanera se han presentado este viernes en el Ayuntamiento de Santiago para hacerse con cualquier tipo de documentación relacionada con la constructora compostelana Unika, para la que trabajó Ángel Espadas, quien fue mano derecha y jefe de Gabinete del ex alcalde popular Gerardo Conde Roa y que está siendo investigado por tráfico de influencias como presunto 'conseguidor' de contratos públicos. La operación policial, nuevamente en plena campaña electoral, fue ordenada este jueves por la jueza de Lugo instructora del caso Pokemon de presunta corrupción municipal, Pilar de Lara.

Durante la hora que los agentes de Aduanas permanecieron en el departamento de Intervención en el edificio administrativo de la calle Galeras reclamaron, según el oficio judicial que los habilitó para ello, “copia compulsada de todos los informes, dictámenes, resoluciones, deliberaciones, actas de reuniones, publicaciones, contratos, pagos y resoluciones de concursos, así como cualquier otra información disponible o que sea requerida por los funcionarios” de la empresas Unika Proyectos y Obras SA, de su unión temporal con la empresa Byco SA y de esta última en solitario “entre los años 2009 a 2015”.

Según la investigación judicial, tras su salida del Ayuntamiento, Ángel Espadas trabajó para la constructora compostelana Unika, cuyos responsables no están siendo investigados en el caso. De acuerdo con la tesis de los agentes, Espadas estaría en última instancia trabajando cómo 'abrelatas' para la concesionaria municipal Aquagest, que sí tiene varios directivos imputados.

Esta no es la primera vez que los nuevos gobiernos municipales de los ayuntamientos investigados por el caso Pokemon o sus múltiples derivadas tienen que entregar por orden judicial documentación relativa la anteriores gobiernos. Lo mismo hizo hace unos meses el Ayuntamiento de A Coruña por otra investigación similar.

La inabarcable operación Pokémon reaparece por enésima vez. Y de nuevo, en vísperas electorales. La jueza Pilar de Lara acaba de autorizar a Vigilancia Aduanera para investigar a fondo los datos fiscales y adjudicaciones de varios empresarios y de la constructora Unika, compañía con sede en Santiago y con contratos en varios puntos de España. La instructora intenta aclarar si, como apunta un informe del propio servicio de Aduanas -empleado por De Lara como policía judicial- datado en el pasado 10 de mayo, quien había sido jefe de gabinete de Gerardo Conde Roa como alcalde del PP en el Ayuntamiento de Santiago, Ángel Espadas, empleó sus influencias para que esta empresa lograra contratos de la Xunta y de otras Administraciones públicas.

La orden de la jueza se concreta en un auto dictado pasado lunes al que ha tenido acceso eldiario.es, en el que se incorpora como anexo un informe de 50 páginas en el que Aduanas detalla diversos seguimientos y escuchas telefónicas al que fue hombre fuerte del gobierno de Conde Roa. Las grabaciones y presuntas influencias descritas en esta ocasión se producen, siempre según los investigadores, a partir de abril de 2012, justo cuando Conde Roa se vio obligado a dimitir a causa del fraude fiscal en su propia constructora, por el que fue condenado.

“Ya sabíamos”, dicen los investigadores, que Espadas “había realizado presuntamente tráfico de influencias” para Unika y también para las empresa GRS Local y Aguagest “hasta abril de 2012”. Cuando la dimisión de Conde Roa fuerza su salida del Ayuntamiento, detallan, Aguagest muestra la “intención de contratar a Espadas como 'abrelatas', indicando que lo van a utilizar para facilitarles la obtención de contratos”. “Para que esto no parezca descarado” -desgranan- “utilizan una estratagema que ya habían realizado con otras personas, que es que lo contrate otra empresa, a la que Aguagest le pagará los emolumentos y comisiones que se lleve Espadas. Esta empresa es Unika”, dice el informe. En su declaración como imputado ante la jueza, Espadas dijo “creer” que Aguagest no había llegado a pagar una parte de su salario en Unika. “Pero no se lo puedo asegurar, porque no lo sé”, añadió.

Así, entre conversaciones en las que los empresarios se refieren a quienes protestan por los recortes como “burros” y “paletos”, los responsables de Aguagest comentan que contratar a alguien bien relacionado con el objetivo de que realice “un trabajo político comercial para abrir puertas” es “el pan nuestro de cada día”. El 27 de de abril de 2012, once días después de la dimisión de Conde Roa, Espadas comenta en una de las conversaciones intervenidas que ya está “todo arreglado”. Unika le pagaría “3.100 euros más comisiones, que era lo que cobraba en el Ayuntamiento”. Habría, señala Aduanas, “comisiones de los dos lados”, en referencia a Aguagest y Unika, “más coche y teléfono”.

Contactos con el número dos de Feijóo

Una vez contratados comienzan los contactos, el trabajo de “abrelatas”. En esta línea, el 14 de mayo Espadas le dice a uno de los empresarios sobre los que ahora indaga De Lara, Francisco Sánchez, que al día siguiente tiene “una cita con [Alfonso] Rueda”, número dos de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta. Una vez celebrado el encuentro, el exasesor del PP compostelano da cuenta de los resultados. “Espadas dice que estuvo por la mañana con Alfonso y que no hay ningún problema, que pidan una cita con su secretaria en la Consellería”. No obstante, apunta, Rueda “le recomendó que fuera discreto, sobre todo de cara a la prensa”, y ve “bien” que se incorpore a Unika, “una empresa nueva que trabajó muy poco aquí”.

Ángel Espadas también comenta con su padre el encuentro con Rueda en otra conversación igualmente grabada por los investigadores. “Le dice que fue a ver a Alfonso Rueda y que muy bien”, recoge el informe. El padre, por su parte, “le pregunta si habló con Agustín Hernández”, entonces conselleiro de Infraestructuras y dos años después, alcalde de Santiago. “Espadas le dice que sí, que habló con él”.

Los contactos con Hernández regresan al informe poco después. A partir de las llamadas telefónicas Vigilancia Aduanera sabe de una reunión entre la antigua 'mano derecha' de Conde Roa y el conselleiro el 16 de julio del mismo año. “Estuvieron hablando de cuestiones políticas y después él”, el conselleiro y después alcalde compostelano, “le preguntó en qué podría echarle una mano”. “Espadas -resume Aduanas- comenta que todos los temas que hablaron los tocaron, especialmente Sogama, [la rotonda de] Sabón y Vilamarín”.

Gobierno central y Ayuntamientos

La Xunta no es la única Administración de cuya actuación en relación con Espadas recela Pilar de Lara. No en vano, Aduanas también le atribuye a Espadas maniobras ante entidades como la empresa pública Tragsa en relación con las obras de la segunda fase del Parador de Muxía, adjudicadas a Unika en 2014. También duda de la adjudicación a la empresa, en el mismo año, de las reformas interiores en el Hostal dos Reis Católicos, en Santiago, y menciona, además, las gestiones de Espadas para que Unika realizara las obras de las instalaciones de la empresa privada Urovesa en Valga (Pontevedra), operación de la que Conde Roa “le había pedido un porcentaje”.

En las diversas conversaciones intervenidas Vigilancia Aduanera detecta, del mismo modo, movimientos de Espadas para lograr contratos a distintos niveles. Desde un “concurso grande” del Gobierno de España en colaboración con una filial de la constructora OHL, el cual sería “jodidísimo” por su dimensión, hasta contactos a menor escala con ayuntamientos entonces gobernados por el PP, tales como A Coruña -en las conversaciones figuran referencias a unos “papeliños” entregados a Carlos Negreira-, Marín o Ribeira, entre otros.

La jueza Pilar de Lara comienza a cambiar de estrategia. El pasado día 14, justo después de que la Fiscalía e incluso la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuestionasen abiertamente su manera de proceder por, a su juicio, “empeñar” en la formación de macroprocesos y dilatar su resolución, la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lugo, responsables del caso Pokémon, acaba de dar un paso definitivo para desprenderse de una de las principales partes de la investigación de la presunta trama corrupta, la que afecta a la empresa Véndex y que condiciona la vida política gallega desde hace cuatro años.

Casi dos años después de acordar la formación de una pieza separada cuando esta parte de la operación acumulaba ya casi medio ciento de personas imputadas -entre ellas, los exalcalde de Lugo, Ourense, Boqueixón y O Carballiño y ex ediles de PP y PSOE en Santiago y del BNG de Ourense, entre otros- De Lara razona en un auto a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es que el asunto trasciende sus competencias. Los presuntos delitos de que se trata y el hecho de que Véndex supuestamente haya actuado en varias comunidades autónomas -al menos, Galicia, Catalunya y Balears- a través de un entramado diseñado y coordinado desde Madrid la llevan a inhibirse al “Juzgado Central de Instrucción que por turno corresponda”.

“Estamos hablando no de conductas aisladas -argumenta-, sino de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores”. En este contexto, sugiere, el hecho de que se esté indagando en hechos que podrían afectar de manera “grave” a todo el Estado y ocasionar “perjuicios patrimoniales” en el “territorio de más de una Audiencia”, podría resultar adecuado que el caso desemboque finalmente en la Audiencia Nacional.

Así las cosas, será otro juzgado el que continúe investigando si durante años Véndex dirigió una trama corrupta que habría generado la comisión de delitos de soborno, tráfico de influencias, fraude, prevaricación, falsedad o blanqueo, entre otros, y que en el caso gallego investiga, al menos, operaciones presuntamente opacas con políticos y personal de los ayuntamientos de A Coruña, Ourense, Lugo, Santiago, O Carballiño, Boqueixón, Ordes, Sada y Arteixo, así como en el museo Museo Nacional de Ciencia de A Coruña y en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

No obstante, advierte De Lara, mientras la inhibición no se resuelva y otro juzgado asuma la competencia, ella misma seguirá “practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo”. Entre otros aspectos, indica, tiene pendientes de recepción diferentes atestados del Servicio de Vigilancia Aduanera e informes de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado. Además, abordaría también la “posible aparición de nuevos hechos” mientras el caso dependa de ella.

“Falseamiento de cuentas, cohecho y delito electoral”. Son los presuntos delitos que la jueza Pilar de Lara le atribuye a José Luis Baltar, expresidente de la Diputación de Ourense y del PP en esa provincia. La instructora del caso Pokémon acaba de culminar el primer tramo de la investigación de la supuesta “caja B” de los populares ourensanos, que ya da por confirmada, y ante la necesidad de tener que remitir parte del caso -todo excepto lo directamente ligado a la Pokémon- a los juzgados de Ourense por tratarse de delitos presuntamente cometidos en su jurisdicción, concreta en una causa separada los cargos que le atribuye al que fue barón provincial del PP, cargo que ahora ocupa su hijo, tanto en el partido como en la Diputación.

En un auto emitido el pasado día 25 y la cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es la magistrada indica que las investigaciones de Vigilancia Aduanera “corroboran” que, durante años, el PP de Ourense manejó un “elaborado sistema de facturación falsa y ficticia” que vendría a encubrir gastos abonados con dinero en metálico procedentes de diversas empresas, entre ellas, algunas del grupo Véndex, compañía considerada centro de la trama Pokémon. Baltar, afirma De Lara, era el “encargado de recoger personalmente el dinero que diversas empresas abonaban, teóricamente, en concepto de donación al partido”.

Las indagaciones que la jueza da por refrendadas avanzaron, en buena medida, gracias al testimonio del exgerente del partido, Emilio Pascual. Así, la magistrada explica que las “distintas empresas” a las que ha interrogado confirman que “de forma habitual” recibieron pagos en metálico del PP de Ourense. Del mismo modo, “empleados del partido” ya “han reconocido” que ese dinero ajeno a la contabilidad oficial sirvió para pagarles “gratificaciones extraordinarias”, esto es, sobresueldos. Todo esto, indica, sucede sin que haya “ninguna anotación contable ni movimiento bancario que pueda justificar dichos pagos en efectivo”.

Facturas a nombre de candidatos

La hipótesis de De Lara toma forma, además, a través de las declaraciones que Vigilancia Aduanera les ha tomado a diversos miembros de las listas electorales del PP ourensano en las municipales de 2011, cuyos nombres figuraban en algunas de las facturas investigadas. Según estas declaraciones los candidatos indican que “nunca habían concertado servicio alguno con las empresas”, por lo que, indica la instructora, “sería el propio partido quien hizo los encargos y quien, finalmente, abonó las facturas”, lo que implicaría “un delito de falsedad documental, siempre que sean ciertas las aseveraciones de los candidatos”.

Solo un candidato se aleja de esta línea argumental. Es, según el auto, quien hasta el pasado 24M ejerció como portavoz municipal del PP en la ciudad de Ourense, además de como hombre fuerte de la Diputación, Rosendo Fernández. “Este -afirma la jueza- manifestó que sí reconoce la factura y que se corresponde con el encargo realizado” a una empresa de publicidad de la ciudad, a la que le pagó “en efectivo con dinero que tenía en su casa y que, desde un año antes, había ido retirando de su cuenta bancaria ante la previsión de estos gastos”. Para Vigilancia Aduanera “las declaraciones realizadas” por Rosendo Fernández “son carentes de toda lógica y podrían indicar un deseo de encubrir el pago real efectuado por el partido”.

Con todos estos “indicios” sobre la mesa a jueza “presupone” que el dinero manejado “podría tener su origen en fondos opacos o 'B' a favor del PP de Ourense”, que contaría con una “estructura paralela de gestión económica a modo de caja B”. Estos movimientos de fondos, profundiza, “se realizarían con falta de transparencia y respeto de las prohibiciones y limitaciones establecidas en la legislación reguladora de la financiación de los partidos políticos”. Además, indica, “se desconoce” si el propio José Luis Baltar “ha podido estar lucrándose con este sistema”, lo que implicaría que habría cometido no sólo “un presunto delito de falseamiento de cuentas, sino también de soborno”.

De nuevo, los ordenadores del Ayuntamiento de A Coruña. Apenas una semana después de que los últimos informes incorporados al caso Pokémon mostraran la presunta red de enchufes detectada por la investigación gracias al volcado informático, la única funcionaria del consistorio coruñés investigada en el caso pero no imputada en él denuncia ante la jueza que su ordenador fue “manipulado” para borrar su contenido. Se da la circunstancia de que esta funcionaria, que tuvo que emitir informes sobre el servicio de la ORA, gestionado por el grupo Véndex e investigado por la jueza, fue destituida en 2014 como jefa de Usos de la Vía Publica. Ahora la magistrada Pilar de Lara se disponen a indagar si el equipo de Carlos Negreira prevaricó con ese cese.

En una providencia emitida este lunes, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, la jueza detalla que, en una declaración efectuada el pasado 30 de abril, la funcionaria “manifestó que el disco duro existente en el equipo informático” que utilizaba “en su condición de funcionaria” del Ayuntamiento de A Coruña “fue supuestamente manipulado o alterado, desapareciendo la información contenida en el mismo”. Esa desaparición, subraya, es certificada con una “copia del informe” de un técnico informático municipal, que el 31 de mayo de 2011 reflejó que “aparentemente, es como si se hubiera descargado el disco duro y cargado el sistema operativo, algo que no puede hacer un usuario”, ya que es “competencia exclusiva del Departamento de Informática”.

Esta “circunstancia”, relata la magistrada, no fue “puesta de manifiesto por ningún responsable municipal” cuando, en diciembre de 2013, Vigilancia Aduanera acudió al Ayuntamiento para extraer información de varios ordenadores, entre ellos, el de esta funcionaria. Así las cosas, De Lara insta ahora al gobierno local a informarla sobre si este ordenador “sufrió algún incidente, alteración o manipulación”, si la funcionaria “o el departamento informático lo comunicó en algún momento, oficial o extraoficialmente”, a sus superiores. Además, deberá indicar si ha habido algún tipo de “investigación” sobre estos hechos. Al tiempo, la jueza ordena “precintar y conservar el disco duro en cuestión” y hacérselo llegar al Departamento de Informática de la Agencia Tributaria para intentar “proceder a la recuperación del contenido” perdido.

Dadas las circunstancias y “teniendo en cuenta las manifestaciones” de la funcionaria Pilar de Lara ordena también incorporar a la investigación de la rama coruñesa de la Pokémon el “informe íntegro” que esta trabajadora tuvo que emitir “en el expediente de adjudicación” de los servicios de ORA y grúa del Ayuntamiento. La instructora quiere, además, que los juzgados de A Coruña y la Policía Local la informen sobre si tienen abierta alguna investigación sobre la “desaparición de documentación” o “expedientes”.

Además de sobre la supuesta “manipulación” del ordenador, la funcionaria investigada -pero no imputada-, también declaró ante la jueza sobre su destitución, decidida por el gobierno local cuando le faltaban apenas tres meses para la jubilación. Dado que existen correos del teniente de alcalde, Julio Flores, “relacionados con dicho puesto de trabajo”, De Lara ordena abrir diligencias por si el cese “fuera constitutivo de algún delito de prevaricación o de tráfico de influencias”.

“Pagos de dinero”, “entregas de regalos” y contratación “de distintas personas recomendadas por autoridades, políticos y funcionarios”. Estas son, según la investigación del caso Pokémon, las vías que las empresas del grupo Véndex empleaban para “gratificar la actuación” de “políticos y funcionarios” que presuntamente influían en la “consecución de contratos y servicios públicos” para estas compañías. Uno de los ayuntamientos en el que esto sucedió con más asiduidad fue el de A Coruña, según la jueza Pilar de Lara, que en un nuevo auto acaba de dictaminar la incorporación a la causa de datos fiscales del alcalde, Carlos Negreira, así como del presidente de la Diputación coruñesa y número 2 del PP en Ferrol, Diego Calvo, incluidos en una lista de una cuarentena de personas en las que también está el ex conselleiro y candidato a la alcaldía de Ourense por el PP, Jesús Vázquez. La finalidad es investigar supuestos enchufes.

En un auto emitido este miércoles a cuyo contenido a tenido acceso este diario la magistrada autoriza a Vigilancia Aduanera a recabar en las bases de datos de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social todos los “datos que estimen de interés” de dichos dirigentes, además de otros ediles y altos cargos del consistorio e incluso de un periodista de la prensa local. Además, pide los mismos datos de tres personas presuntamente beneficiarias de los enchufes y de más de cincuenta empresas y entidades.

Para fundamentar estas nuevas diligencias De Lara explica que el Ayuntamiento coruñés fue, según la investigación, uno de los centros de esta “práctica presuntamente corrupta”, toda vez que allí el delegado de Véndex, José María Tutor, “contaba con importantes contactos”, entre los que se contaba el teniente de alcalde, Julio Flores, imputado en el caso que recientemente se ha caído de la lista del PP para el 24-M, y algunos de sus colaboradores más cercanos, así como otros miembros del gobierno local. Como ya mencionó en un auto anterior, la magistrada considera que el propio Negreira estaba al corriente de estas prácticas, toda vez que algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas por los agentes “alcanzan al alcalde”.

Al contrario que en otras fases de la investigación la jueza ya no sustenta sus conclusiones únicamente en el contenido de las grabaciones telefónicas. “Las conclusiones conseguidas” a través de los 'pinchazos' de los teléfonos “se refrendan con el resultado del volcado efectuado a los equipos informáticos y de la correspondencia electrónica del Ayuntamiento de A Coruña”, dice. Esos datos de los ordenadores municipales, afirma, “revelan que de forma continuada” Tutor “enchufó a personas recomendadas por gente del nuevo Gobierno municipal”, el “surgido de las elecciones municipales de mayo de 2011”, para “ocupar puestos de trabajo en servicios públicos adjudicados por ese Ayuntamiento al grupo Véndex”. En el caso concreto de Flores “aparecen un total de cuarenta y seis personas respecto de las que se solicita mediación”.

Así, indica, “el examen del contenido” del ordenador de Julio Flores “permite corroborar el contenido de las conversaciones telefónicas”, en las que los agentes detectan que Tutor conoce la “existencia de una lista de la que dispondría” Flores “para contratar a determinadas personas que podrían ser próximas por razones diversas” al nuevo gobierno del PP, de tal manera que el ayuntamiento “vendría a operar a modo de agencia de colocación”. Esa función, evidencia la magistrada, no le “corresponde” a los ayuntamientos si no se hace “de forma disciplinada, reglamentaria y sujeta a los principios de igualdad, mérito y competencia”.