El caso Baltar acompañará a Feijóo hasta las elecciones gallegas
Si, como todo apunta, Alberto Núñez Feijóo hace coincidir las elecciones gallegas con las vascas, todo parece indicar que se celebrarán casi exactamente cuatro años después de las anteriores, esto es, el 16 o el 23 de octubre. Para que esto suceda el presidente de la Xunta tendrá que dictar el decreto de convocatoria en la penúltima o en la última semana de agosto. Cuando el Parlamento esté ya disuelto y la campaña electoral a punto de comenzar, el 29 de septiembre a las once y media de la mañana, el caso Baltar resurgirá en plena carrera a las urnas. Será en esa jornada cuando José Luis Baltar declare en calidad de investigado -antigua imputación- en la causa contra su hijo por la presunta oferta de empleo a cambio de sexo revelada en exclusiva por eldiario.es, en la que se le imputan supuestos delitos de soborno y tráfico de influencias sin que la instructora descarte, por el momento, el acoso sexual.
Después de atender las alegaciones del exlíder del PP de Ourense y retrasar su declaración el pasado día 8, la jueza Eva Armesto acaba de fijar la nueva fecha. Lo hace apenas una semana después de prorrogar la instrucción durante seis meses más, esto es, hasta finales de año. Después de que el fiscal se opusiera a declarar la causa como compleja, lo que permitiría alargarla hasta 18 meses, la magistrada ha alegado la necesidad de proseguir la investigación para recabar más datos de la denunciante, también investigada, así como para practicar nuevas diligencias. Entre ellas, el interrogatorio a Baltar padre.
La intervención de la Fiscalía ha venido siendo, precisamente, uno de los argumentos más recurrentes de la dirección del PPdeG para no actuar contra José Manuel Baltar. Es así especialmente desde comienzos de diciembre, cuando el Ministerio Público decidió archivar la denuncia de la mujer, momento en el que los populares dieron el caso por cerrado. Sin embargo, poco después de ese archivo el juzgado de instrucción número tres admitió a trámite la denuncia que la mujer había presentado al respecto y a finales de enero imputó a Baltar, quien a mediados de marzo intentó, sin éxito, anular el proceso.
Con el barón ourensano reelegido como presidente provincial del PP la cúpula gallega del partido optó por el perfil bajo al respecto. Mientras, el dirigente ourensano ha venido circunscribiendo el caso a su ámbito “personal”, si bien en abril la jueza citó cómo investigado al jefe de personal de la Diputación y alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, y a finales de mayo imputó a Baltar Pumar por, supuestamente, intervenir en la promesa de un puesto de trabajo en la institución provincial, toda vez que cuando se produjo el supuesto ofrecimiento Baltar hijo dirigía el partido, pero Baltar padre aún encabezaba la Diputación.
En este contexto, la dirección del PP ha pasado de pedir tiempo para nuevos movimientos sobre su barón ourensano a sugerir, más o menos abiertamente, que no le pedirá el cese de sus cargos si no es condenado. Así lo hizo el secretario general del partido, Miguel Tellado, en el comienzo de la campaña de las generales, y en el mismo sentido se ha expresado el propio Alberto Núñez Feijóo en los últimos días.
Tras cuestionar la actuación de la jueza por ordenar diligencias sin el aval del fiscal, el presidente de la Xunta volvió a expresar la sus “dudas” sobre lo caso la pasada semana en declaraciones a Onda Cero. “Estamos siguiendo este asunto y aceptaremos lo que nos diga la justicia”, resolvió, tras comparar el caso con la utilización, por parte de la cabeza de lista de Ciudadanos en Pontevedra, de un permiso de aparcamiento para personas con discapacidad del que no era titular, según ha publicado ABC.
Mientras todo esto sucede, Feijóo sigue compartiendo actos preelectorales con Baltar, los últimos hasta el momento, un paseo y un desayuno informativo centrado en política social. Junto a su barón más controvertido el jefe de filas del PPdeG ha acusado a las mareas de “sacar rédito político de la pobreza” o “monopolizar la desgracia” al tiempo que, como ya había hecho en el Parlamento, ha acusado al Ayuntamiento de Santiago de recortar sus partidas sociales.
