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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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Feijóo se centra en el enfrentamiento con el Gobierno de España en la recta final de la legislatura gallega

"Qué morro, qué jeta y qué cara". El pasado jueves el presidente de la Xunta se expresó de este modo durante la respuesta a un periodista que le había preguntado sobre los fondos de la financiación autonómica que el Estado no ha transferido a Galicia -198 millones bloqueados por la reforma del IVA aplicada por el Gobierno de Rajoy en el año 2017 y todavía no compensados-.

El tono de la respuesta, en la que Alberto Núñez Feijóo acabó mofándose de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, descalificando como "gracietas" sus explicaciones al respecto, es un buen termómetro de los meses que faltan hasta que el propio Feijóo firme el decreto de disolución del Parlamento de Galicia y convocatoria de elecciones.

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Feijóo amaga con demandar al Gobierno por la deuda del IVA de 2017 y acusa a la ministra Montero de tener "morro" y "jeta"

Los 198 millones de euros de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno de España no ingresó a Galicia por la aplicación en aquel mes de la reforma de la gestión del impuesto aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy está centrando la pugna del gabinete de Alberto Núñez Feijóo frente a la coalición del PSOE y Unidas Podemos. El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya activado esta semana la financiación autonómica de 2020 -algo más de 7.000 millones para Galicia- sin compensar ese dinero perdido le sirve a la Xunta del PP para, a escasos meses de las elecciones gallegas, reforzar su discurso de un ultraje a Galicia por parte de los socialistas con independencia del origen de la deuda, toda vez que su resolución depende ahora de ellos.

En este escenario, y cuatro meses después de que el PP votara en el Parlamento autonómico contra una iniciativa en la que el BNG apostaba por reclamar en los tribunales todos los fondos estatales pendientes, el presidente de la Xunta ha amagado en los últimos días con hacerlo. "Cuando tengamos la decisión hilvanada, lo diremos", "si está adecuadamente argumentada, la haremos pública de inmediato", consideró este jueves tras advertir de que el actual Gobierno debe "pagar las facturas a las comunidades autónomas y no a los independentistas" y después de señalar que la justificación que ofrece para no completar el pago la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reduce a "gracietas". "Qué jeta, qué morro y qué cara", proclamó en su respuesta a la prensa tras el Consello da Xunta.

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Adiós a la pólvora en la catedral de Santiago para proteger el patrimonio casi cinco siglos después

Hace años que era más que una hipótesis de trabajo y el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo, ya la había concretado durante las obras de restauración de la fachada de la Praza do Obradoiro: la pirotecnia de los fogos do Apóstolo que se lanzan en la noche de cada 24 de julio no iba a regresar "nunca más" al emblemático emplazamiento. Ese espectáculo se convirtió en tradición con el paso de los años e incluso de los siglos, pero también es una agresión al patrimonio con aún menos sentido, si cabe, tras unos millonarios trabajos de restauración financiados en gran parte con dinero público y concebidos para proteger todavía más el templo.

Con este telón de fondo, el Ayuntamiento de Santiago acaba de presentar su plan de Actuaciones urgentes en el entorno de la Catedral y zonas anexas de la Ciudad Histórica, un proyecto que tiene como horizonte el Xacobeo 2021 que abarca actuaciones que van desde la accesibilidad a la situación de paradas de autobuses. Pero que también incluye una decisión más inmediata: los fuegos del Apóstol salen definitivamente de la Praza do Obradoiro. No van a regresar a la Catedral tras el fin de las obras, donde la tradición de los fuegos se remonta a hace casi cinco siglos. Pero tampoco se van a repetir en el Pazo de Raxoi, sede del consistorio y de dependencias de la Xunta, desde donde han sido lanzados en los últimos años.

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Las anteriores guerras políticas de la derecha con la educación encallaron en los tribunales

Vox y el PP han elegido cuál va a ser la primera batalla contra el nuevo Gobierno: la defensa del mal llamado 'pin parental', o lo que es lo mismo, que los padres tengan capacidad para vetar la asistencia de sus hijos a actividades contrarias a sus convicciones morales o éticas. No se trata de contenidos extraescolares sino de charlas y jornadas formativas que están incluidas en el currículum de los centros. La ofensiva, ideada por Vox y a la que se ha sumado el líder del PP, Pablo Casado, ha atrapado a Ciudadanos, socio de ambos en varios gobiernos autonómicos, que después de amagar con que apoyaría la medida ahora se posiciona en contra.

Primero el partido de Santiago Abascal y después el PP haciendo seguidismo de la extrema derecha han decidido convertir la polémica surgida en Murcia en un ariete para su oposición nacional. En esa comunidad autónoma, el partido de extrema derecha reclama que se instaure ese veto previo en la Educación como condición irrenunciable para votar a favor de los presupuestos. El PP lo apoya y Ciudadanos de momento titubea. Aunque la medida aún tiene que debatirse y aprobarse, el gobierno murciano ya ha dado pasos en ese sentido obligando a lo centros a que pidan autorización de los padres para ciertas actividades.

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La investigación sobre la fracasada fusión de las cajas gallegas lleva tres años paralizada

Hace ya casi siete años que el PP, una vez pasadas las elecciones gallegas de 2012, accedía a abrir una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia sobre la fracasada fusión de Caixanova y Caixa Galicia. Habían pasado ya más de cuatro años desde la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo junto a Julio Fernández Gayoso y José Luis Méndez, entonces máximos responsables de las entidades, para anunciar los primeros pasos de una unión que echó a andar a finales de 2010 siendo presentada cómo "solvente" y "viable", pero que cuando comenzaron las pesquisas parlamentarias ya había recibido inyecciones de dinero público que rondaban los 9.000 millones de euros para evitar la quiebra.

Tras una primera etapa de comparecencias -entre ellas, las de Méndez y Gayoso y la de los autores del informe de la consultora KPMG sobre la fusión por el que la Xunta pagó 1 millón de euros- y recepción de documentación, el PP gallego hizo valer su mayoría absoluta para bloquear la investigación desde antes de las elecciones europeas de 2014 hasta después de las gallegas de 2016. La intención, afirmarían después, no había sido otra que "enfriar el debate". En 2017 accedieron a reabrirla, pero la parálisis regresó poco después y ya han transcurrido casi tres años en los que el movimiento de la comisión se ha reducido, a efectos prácticos, a las peticiones de la oposición para reactivarla.

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El ritmo de aprobación de leyes en el Parlamento gallego es el más bajo en veinte años

El Parlamento de Galicia finalizó 2019 con nueve leyes aprobadas, incluyendo los Presupuestos de 2020 y su controvertida ley de acompañamiento. Son seis más que en 2018, cuando el legislativo gallego dio su visto bueno únicamente a tres normas -lejos de las doce que el propio Gobierno de Alberto Núñez Feijóo se había comprometido a impulsar- y una menos que en 2017. Se conforma así una suma de 22 leyes aprobadas en lo que va de legislatura, una media anual en las tres cuartas partes de mandato que da lugar al menor ritmo de aprobación de leyes en el Parlamento gallego desde hace dos décadas.

Hay que remontarse a la quinta legislatura autonómica (1997-2001) para encontrar un número tan bajo de leyes aprobadas a las puertas del último año del mandato. Entonces, el Gobierno de Manuel Fraga, también con una cómoda mayoría absoluta, había llegado al final del año 2000 con 21 leyes aprobadas, incluyendo presupuestos y leyes de acompañamiento. En el año final, el 2001, había aprobado 11 más.

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El pacto de PSOE y Unidas Podemos prevé limitar el primer experimento sanitario de Feijóo

"Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa. Para eso, se revisará la Ley 15/1997, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y el conjunto de mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema". Ese es el punto 2.2.3 del programa de gobierno firmado este lunes entre PSOE y Unidas Podemos, un punto que pone el foco en una ley impulsada durante el primer Gobierno de José María Aznar por sus dos máximos responsables sanitarios, el ministro José Manuel Romay Beccaría y el presidente del Insalud, Alberto Núñez Feijóo. Con ella elevaban a rango de ley diversas medidas que ya habían experimentado previamente los dos desde la Xunta como las fundaciones hospitalarias, una de las cuales, la de Verín, cuyo hospital vuelve a estar hoy en el centro de la polémica por el cierre del paritorio, fue ejemplo de mala gestión.

A la espera de que el nuevo Gobierno concrete en que consiste esa "revisión" de la ley de 1997, aquella norma sigue amparando más de dos décadas después la gestiones de los hospitales públicos "a través de entes interpuestos dotados de personalidad jurídica, tales como empresas públicas, consorcios o fundaciones". El propio Feijóo, luego como presidente del Insalud, defendía en primera persona ese modelo, como en un artículo publicado en El País en el que aseguraba que buscaba "fórmulas eficaces para gestionar lo público" ya que a su entender "el actual sistema de gestión sanitaria está atrofiado".

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El primer recorte a la protección legal del gallego en la historia autonómica de Galicia cumple diez años

Era el penúltimo día del año y se sospechaba que el nuevo gobierno del PP en la Xunta podría aprovecharlo para avanzar alguno de sus planes en materia lingüística. Y así fue. Aquel 30 de diciembre de 2009, el gabinete de Alberto Núñez Feijóo convocó como por sorpresa un Consello da Xunta en sesión de tarde y en un escenario inédito, la sala del complejo de San Caetano reformada en tiempos de la coalición de PSdeG y BNG, la misma que el PP señala como sinónimo de "lujo asiático" y "sultanato". Estaba en marcha -o parecía estarlo- el primer recorte a la protección de la lengua gallega en la historia de la autonomía.

En realidad, en aquella tarde de diciembre la Xunta no aprobó nada sobre la lengua. Sólo dio a conocer un informe -documento sin valor jurídico alguno- que tituló Bases para la elaboración del decreto de plurilingüismo en la enseñanza no universitaria de Galicia. Sus líneas principales las había expuesto ante la prensa el entonces conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y el propio presidente. Alberto Núñez Feijóo proclamó que Galicia se disponía a "pasar de un decreto que abría la puerta al monolingüismo" y "en el que se imponía a los niños la lengua en la que se tenían que expresar" a otro basado en la "normalidad", la "cordialidad" y el "trilingüismo", porque introducía el inglés.

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No solo Verín: familias del entorno de Ferrol reiteran "queremos pediatra" desde hace un año

El cierre del paritorio del hospital comarcal de Verín (Ourense) decidido por la Xunta a finales de noviembre giró los focos del debate público en Galicia hacia la situación de la atención médica a la infancia. El Gobierno gallego ligó inicialmente la decisión a la baja natalidad de esa comarca, si bien no es posible entender el cierre sin tener en cuenta recientes condenas al Sergas por su política de personal en la provincia ourensana, muy especialmente en el caso de pediatría.

Las deficiencias en la atención pediátrica no son, no obstante, exclusivas de este área sanitaria ourensana. En diversos municipios de Galicia, especialmente rurales, han venido brotando protestas al respecto desde hace meses e incluso años. Ante ellas, la Xunta esgrime una escasez de profesionales de la que culpa también al Gobierno de España porque, dice, no atiende sus demandas para poder formar a más pediatras en Galicia.

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Feijóo lanza la precampaña del PP gallego agitando el fantasma de las terceras elecciones generales

Cuando se escriba la historia de las elecciones gallegas del año 2020, con independencia de cuándo se celebren y de su resultado, se podrá afirmar que la precampaña comenzó el 20 de diciembre de 2019. Justo el día en el que el PP divulgó un vídeo de Alberto Núñez Feijóo bromeando con el actor Luis Zahera en varias estancias de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, desde donde ambos felicitaban la Navidad.

En ese vídeo se resume prácticamente todo. Sin logotipo alguno del PP y con estética institucional (Feijóo=Xunta), el gabinete del actual presidente gallego se apoya en una extendida broma, la de su parecido físico con el actor, para colocar todos los marcos del debate: Feijóo es moderación, justo en medio entre los que lo llaman "facha" y los que lo califican de "nacionalista" –gallego–, Feijóo no es exactamente un "político", de los que se habla en tercera persona, y no está pensando en hacer carrera en Madrid. No es el potencial candidato del partido de Pablo Casado, sino de "Galicia".

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