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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico.

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El alcalde de Santiago denuncia amenazas de muerte tras la "campaña" contra el pregón de Carnaval en la ciudad

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Aberta), pondrá en los próximos días "en conocimiento de las fuerzas de seguridad" las amenazas proferidas contra él y su familia, algunas de ellas de muerte, a través de las redes sociales. Este, ha denunciado el regidor compostelano en rueda de prensa, está siendo uno de los efectos de la "campaña interesada" lanzada contra el pregón del Carnaval en la ciudad días después de que fuera interpretado la pasada semana por el actor y dramaturgo Carlos Santiago, caracterizado como u no de sus personajes más clásicos, una sátira del Apóstol Santiago.

Tras intentar contactar con el delegado del Gobierno central en Galicia, Santiago Villanueva -máximo responsable institucional de la Polícia y de la Guardia Civil-, Noriega señala que está "recopilando todo el material" que, en unas pocas horas, ha acumulado diversas amenazadas contra él mismo y familiares directos. Este nuevo episodio llega menos de tres años después de que un militante de ultraderecha también lo amenazara y llegara a perseguirlo, acciones por las que el acusado está pendiente de juicio.

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La Xunta oculta contratos que suman 800 millones en un año tras hacerlos públicos durante una semana

En el año 2015, en plena  ola de casos de presunta corrupción ligados al PP y en vísperas de unas elecciones municipales que se preveían especialmente complejas para los populares, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunció un " plan de impulso democrático" contra las prácticas corruptas que incluyó la aprobación de una  nueva ley de transparencia para sustituir a la del año 2006, aprobada en tiempos del Gobierno de coalición de PSdeG y BNG. La nueva normativa trajo consigo novedades como la publicación de los  salarios de los altos directivos de la Administración y también la difusión en internet de los contratos menores, las contrataciones de materiales o servicios que, por tener un importe reducido, la Xunta puede adjudicar directamente, sin organizar un concurso ni pedir más de una oferta. No obstante, este avance en la transparencia contractual traía aparejado un truco, dura solo una semana por contrato, y una consecuencia: es imposible recuperar el destino de más de 800 millones de euros públicos en un año.

Como informó Praza.gal, el Gobierno gallego da acceso a sus contratos menores a través de su portal de transparencia, que redirige a su web de contrataciones públicas. Esta plataforma permite realizar búsquedas detalladas y recuperar contratos de la Administración gallega a lo largo de los años con una única excepción, esos contratos menores, que son borrados una semana después de su publicación. Se pierde así el rastro de los contratos celebrados por un procedimiento que, según datos suministrados por el propio Gobierno gallego, es el que mayor volumen de fondos públicos sumó en el primer año en que esta información fue pública, el 2016.

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El PP gallego acusa a la oposición de querer "beneficiar" a terroristas y asesinos con la derogación de la prisión permanente

En los primeros días de enero, apenas una semana después de la detención del asesino confeso de Diana Quer y del hallazgo del cadáver de la joven madrileña que había desaparecido en A Pobra do Caramiñal en 2016, el PP inició una ofensiva política a favor de la prisión permanente revisable en todos los ámbitos en los que tiene representación, de los ayuntamientos a los parlamentos. Tres meses después de que, en el Congreso, la votación de una iniciativa del PNV constatara la existencia de una mayoría política contraria a esta figura punitiva, aprobada durante la mayoría absoluta de los conservadores, los de Rajoy se han apoyado en la conmoción social causada por este crimen para hacer bandera partidaria de ella. La estrategia ha desembarcado este miércoles en el Parlamento gallego con un duro debate en el que el PPdeG ha acusado al conjunto de la oposición de pretender "beneficiar" a asesinos y terroristas mediante esta derogación.

La encargada de defender  la iniciativa -dirigida en última instancia a pedir a los grupos del Congreso que "reconsideren" su postura, una figura prácticamente inédita en la Cámara gallega- ha sido la viceportavoz popular, Paula Prado, quien ha asegurado no estar "utilizando el dolor de las familias", si bien antes había citado con nombres y apellidos a quienes "sufren la condena permanente" del "dolor de la ausencia" de las personas asesinadas en "crímenes atroces". Su propuesta, mantiene, "no ha surgido al calor de los crímenes recientes", aunque insta a los grupos de la izquierda, "a la vista de los últimos acontecimientos", a pensar si "los vecinos del violador del estilete se encontraban más seguros cuando este señor salió" de la cárcel.

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La reforma sanitaria de Feijóo blinda por ley los acuerdos con el sector privado

La  multitudinaria manifestación que el pasado domingo rechazó en las calles de Santiago la reforma sanitaria que ultima la Xunta resultó especialmente incómoda en el seno del Gobierno gallego y del partido que lo sustenta. El argumentario de los populares contra la movilización impulsada por la plataforma SOS Sanidad pública con el apoyo de los principales sindicatos y de toda la oposición parlamentaria se basa en que la protesta está fundamentada en "mentiras" y busca "manipular" a la población a partir de datos "falsos". Los de Alberto Núñez Feijóo niegan que hayan existido recortes presupuestarios en la sanidad pública, aunque en realidad han rondado los 1.000 millones de euros, y rechazan que la reforma abra nuevas puertas del Sergas al sector sanitario privado. No obstante, la letra de la ley dice otra cosa.

Entre los cambios que introduce en la ley de salud de 2008 el nuevo texto, que este martes salvó su primer trámite parlamentario solo con los votos del PP,  figura una amplia reforma del capítulo tercero, el que hasta ahora regulaba la "investigación biomédica en el sistema público de salud de Galicia" y que ahora se referirá a la "investigación y la innovación".

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El recorte al presupuesto sanitario que la Xunta reduce a mentiras superó los 1.000 millones de euros

Galicia vivió el pasado domingo la manifestación más multitudinaria de los últimos años. Miles de personas secundaron la convocatoria lanzada por SOS Sanidade Pública para rechazar la reforma sanitaria impulsada por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y denunciar los recortes sufridos por la sanidad pública en los últimos años. El éxito de la convocatoria era previsible y por eso la Xunta y el PP lanzaron en los días previos una ofensiva política para intentar deslegitimarla.

El argumento esencial que han manejado los conservadores antes, durante y después de la protesta es que toda la movilización está basada en "mentiras" y parte de una clara intención de la "oposición": que la población "no conozca" la "realidad" de que "la sanidad pública tiene más medios y funciona mejor con nosotros que cuando gobernaban ellos", aseguran en referencia a PSdeG y BNG, aunque también En Marea ha apoyado y secundado la convocatoria.

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Miles de personas salen a la calle contra los recortes y por la paralización de la reforma sanitaria de la Xunta

"Después de esta manifestación, el que tiene un problema es el señor Feijóo". Manuel Martín, portavoz de la plataforma SOS Sanidade Pública, puso voz a la contundente respuesta social contra los recortes en el sistema sanitario público gallego y por la paralización de la reforma sanitaria impulsada por la Xunta. Miles de personas llenaron este domingo las calles de Compostela, llegadas de toda Galicia, para protestar contra el "desmantelamiento de los hospitales comarcales", el "colapso" y el progresivo "proceso de privatización" que denuncian en la sanidad pública.

A la respuesta masiva de la ciudadanía se le ha añadido la unidad de oposición, sindicatos y plataformas civiles en una marcha encabezada por la pancarta del colectivo convocante, SOS Sanidade Pública, sujetada por los líderes de En Marea, PSdeG y BNG -Luis Villares, Gonzalo Caballero y Ana Pontón-, acompañados de los secretarios generales de los principales sindicatos en Galicia: CIG, CCOO y UGT.

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Así hizo desaparecer la Xunta los peores datos de cada año en las listas de espera sanitarias

La pasada semana la Consellería de Sanidad de la Xunta hizo públicos los datos de las listas de espera en el Servizo Galego de Saúde, datados en el 31 de diciembre de 2017. En lo referido a la espera para operaciones quirúrgicas el dato medio se situó en 66,4 días, unos dos días menos que a finales de 2016 y más de seis por encima del límite que la Xunta ha fijado por ley. El cómputo va, en cualquier caso, en la línea descendiente de la última media década, cuando además el Gobierno gallego se libró a sí mismo de hacer públicos los que solían ser los dos peores datos de cada año, los que arrastraban los efectos de los picos de la gripe en invierno y de los cierres de camas en verano.

La ley de garantías de prestaciones sanitarias, en vigor desde 2014, incluye mecanismos cuestionados desde la oposición y plataformas de defensa de la sanidad pública, como el que facilita el trasvase de pacientes del Sergas a centros privados, pero también trajo consigo una  reducción de la información sobre las listas de espera que la Consellería comenzó a aplicar en 2015: pasó de informar trimestralmente a hacerlo semestralmente y eligió como ventanas informativas el 31 de diciembre y el 30 de junio. Suprimió, de este modo, los datos correspondientes al 31 de marzo y al 30 de septiembre, y esta eliminación suavizó muy notablemente la curva estadística anual: ya no hay un pico en verano y el del invierno es mucho menos pronunciado.

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El juez del caso Alvia imputa a otros dos cargos de Adif y devuelve el tren siniestrado a Renfe

La evaluación de los riesgos de la curva de las vías del tren en el barrio santiagués de Angrois donde el 24 de julio de 2013 murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas centra cada vez más la investigación judicial sobre lo sucedido. El juez instructor de la causa, Andrés Lago Louro, acaba de dictar un auto con fecha de 1 de febrero en el que cita a declarar en calidad de investigados -antigua imputación- a dos cargos más del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa pública estatal cuyo jefe de seguridad en el momento del accidente, Andrés Cortabitarte, era ya hasta el momento el principal imputado. En el mismo auto el instructor resuelve, además, poner a disposición de Renfe el tren siniestrado.

Según indica el auto, la propia imputación de Cortabitarte es uno de los motivos que llevan a Lago Louro a investigar también a estos otros dos cargos, por ser sus subordinados inmediatos. Así, señala, "resulta pertinente y útil recibir declaración" de Fernando Rebón en su calidad de gerente del área de Seguridad en la Circulación de Adif para el Noroeste de España y lo mismo sucede con José Antonio García, jefe de inspección de esta misma gerencia en el momento de los hechos. "Es indudable -argumenta el juez- que su testimonio resulta muy necesario" para, precisamente, poder aclarar "algunos de los defectos" en la "gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea" que "justificaron la imputación del señor Cortabitarte" por homicidios imprudentes y lesiones.

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La reforma hospitalaria de Feijóo vuelve a sacar a la calle a las plataformas gallegas por la sanidad pública

La sanidad se le vuelve a echar a la calle a Feijóo.  El proyecto de la nueva Ley de Salud de Galicia que se tramita desde mediados de diciembre en el Parlamento por iniciativa de la Xunta acumula desde hace meses protestas en su contra, especialmente en las comarcas afectadas por una de sus medidas más controvertidas: la supresión de las áreas sanitarias de A Mariña, O Salnés, Monforte y O Barco de Valdeorras. Este precepto, aseguran los colectivos contrarios al proyecto, trae consigo un nuevo "ataque a la sanidad pública" y un refuerzo de las derivaciones de pacientes a centros privados ya facilitada por la ley de garantías sanitarias de 2014. Este es el telón de fondo de la "gran movilización" que, a través de la plataforma SOS Sanidad Pública, se prepara para el próximo 4 de febrero en Santiago, una protesta que ha sido alentada esta semana con más de una docena de concentraciones por toda Galicia.

Una de las comarcas más activas en el rechazo de esta norma nos últimos meses, la de A Mariña -la costa de provincia de Lugo-, ha sido también una de las más activas en las concentraciones previas. Aunque la convocatoria a nivel gallego solo preveía una protesta en Burela, ante el Hospital da Costa, las movilizaciones se extendieron también por centros de salud de Foz, Barreiros, Ribadeo, San Cibrao y Burela. "Pretenden borrarnos del mapa como área sanitaria" para "provocar una pérdida de camas y servicios en los hospitales comarcales", acusan para cargar contra una reforma que, en el caso de A Mariña, va a tener como grandes beneficiados a los hospitales privados de la ciudad de Lugo", dicen.

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La víctima de la agresión clave para resolver el asesinato de Diana Quer pide ayuda al juez ante el acoso mediático

Fue agredida y su denuncia y testimonio resultaron claves para resolver el asesinato de Diana Quer. Un mes después de que el asesino confeso de la joven desaparecida en A Pobra del Caramiñal intentara presuntamente secuestrarla introduciéndola en el maletero de su coche, algunos medios de comunicación no permiten que continúe su vida con normalidad. Es la situación que está viviendo la mujer a la que, tal y como detalló, José Enrique Abuín agredió el pasado 25 de diciembre en Boiro, cuya precisa descripción de los hechos y del vehículo del acusado fue trascendental para aclarar la autoría de la muerte de la joven madrileña.

Ha sido el propio juzgado de Ribeira que instruye estos hechos - se investigan en un procedimiento diferente del caso de Diana Quer- el que se ha visto obligado a transmitir esta advertencia a la prensa que suele cubrir la información judicial en Galicia. Lo ha hecho después de que la mujer se haya dirigido a las autoridades judiciales para denunciar el "acoso" por parte de equipos de algunos medios de comunicación, algunos de los cuales, según la información recibida por el juzgado, hacen guardia ante su casa. Esta presión se produce a pesar de su decisión de mantener el anonimato y no realizar declaración alguna, especifica el juzgado.

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