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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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En una treintena de municipios gallegos las pensiones ya son más de la mitad de los ingresos de la población

En las primeras semanas de 2018 algún titular de prensa puso el foco en Ourense: en esa provincia gallega ya había más pensionistas que población cotizando en la Seguridad Social. Lo presentado como novedad realmente no lo era. En rigor, la provincia ourensana encadena casi una década en esta situación, fruto del incremento de la esperanza de vida combinada con la baja natalidad y la escasa captación de inmigración. Íntimamente ligado con esta realidad está el creciente peso de las prestaciones sociales, fundamentalmente de las pensiones de jubilación, en las rentas de los ayuntamientos más envejecidos de Galicia. Así, en una treintena de municipios más de la mitad del dinero que maneja la población ya viene de estas prestaciones.

El Instituto Galego de Estatística acaba de publicar los resultados de su estudio sobre las rentas de los hogares, un trabajo estadístico datado en el año 2015 que ofrece una radiografía de dos crisis: la demográfica y la económica. En el inicio de la actual década, en el año 2010, este estudio registraba que en solo seis ayuntamientos más del 50% de la renta disponible bruta de su vecindario -el dinero del que dispone para el consumo cotidiano o el ahorro- venía de las prestaciones sociales: Porqueira, Calvos de Randín, Lobeira, Vilardevós, Parada de Sil y Castrelo do Val, todos en Ourense. Apenas cinco años después son ya 26 los ayuntamientos en esta situación, varios de ellos -Calvos de Randín, O Irixo, Porqueira o Vilardevós- se aproximan al umbral del 60% y uno, Lobeira, ya lo ha superado. La mayoría están en la provincia de Ourense y cuatro (A Pobra do Brollón, Folgoso do Courel, Pantón y Sober), en el sur de Lugo.

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Baltar apuesta por Sáenz de Santamaría y quiebra la estrategia de Feijóo

En junio de 1998 el PP gallego vivía una fuerte convulsión interna. Apenas un año después de lograr una aplastante victoria electoral con el 52% de los votos, la cúpula del partido que encabezaba Manuel Fraga había convocado un congreso extraordinario que dejó una simbólica imagen. El apodado como sector de la 'boina', que controlaba el aparato del partido en Galicia, había enviado " ao poleiro" [al gallinero] -una parte lateral del auditorio del Palacio de Congresos de Santiago, donde se celebraba el cónclave- a los flamantes ministros gallegos de Aznar, Mariano Rajoy y José Manuel Romay Beccaría, emblemas del sector del 'birrete'. Aquel gesto se enmarcaba en las primeras luchas internas hacia la sucesión del entonces presidente de la Xunta y había contado con el apoyo del PP ourensano que dirigía José Luis Baltar.

Veinte años después el panorama político ha cambiado ampliamente, también en el PP gallego, pero la constante ourensana permanece. Ahora intenta mandar simbolicamente  ao poleiro a Pablo Casado. El que finalmente fue sucesor de Fraga, Alberto Núñez Feijóo, fracasó con evidencia cuando intentó derribar a los Baltar en el congreso provincial de 2010, en el que promocionó a Juan Manuel Jiménez Morán para intentar bloquear la sucesión de Baltar padre por su hijo, José Manuel Baltar, primero en el partido y después en la Diputación. El actual titular de la Diputación ourensana heredó ambas estructuras de poder y desde ellas ha continuado, tras cada victoria electoral, recordando su papel esencial para la preponderancia del PP en el panorama político gallego.

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Sánchez evita la confrontación con Feijóo y da por buenos todos los plazos de obras previstas en Galicia

Guante blanco. Xunta y PP gallego habían apostado en las últimas semanas por calentar el clima político previo a la reunión de este martes entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, la primera recepción al titular de la Xunta en el Palacio de La Moncloa desde la llegada del PSOE al Gobierno de España. Los conservadores habían aludido a supuestas cesiones del socialista al soberanismo catalán o "a Podemos" que ponían en riesgo "compromisos" con Galicia en materias como las infraestructuras.

No obstante, tras dos horas de encuentro este argumentario ha quedado desactivado por la vía de los hechos y Feijóo ha admitido que ha salido de la recepción "mucho menos preocupado". Incluso ha reconocido "avances muy significativos" porque Sánchez ha dado por buenos los plazos del AVE Madrid-Galicia e incluso "ha abierto la puerta" a la transferencia de la AP-9 que el Gobierno de Rajoy vetó tres veces.

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La Xunta solo publica sus acuerdos con empresas si alguien lo pide pese a tener la obligación de divulgarlos todos

Transparencia sólo bajo demanda. Esa es la línea de actuación de la Xunta desde finales del pasado año, fecha desde la que el Gobierno gallego no ha vuelto a hacer público por iniciativa propia, como le exige su propia ley autonómica de Transparencia, ninguno de los cientos de acuerdos que firma cada mes con otras administraciones, empresas o asociaciones. En lo que va de año la web del registro público de convenios, en la que deben aparecer todos esos acuerdos que firma de manera cotidiana, sólo muestra dos, y los dos han sido allí colgados sólo después de que los solicitase Praza.gal a través de sendas peticiones expresas de transparencia.

En 2016, por ejemplo, la Xunta firmó un total de 1.632 convenios con todo tipo de entidades, buena parte de ellos con un coste económico o unos deberes determinados para la Administración gallega. En 2006 el entonces gobierno autonómico bipartito de PSdeG y BNG estableció que a través de una página web cualquier ciudadano pudiera conocer el concepto y el importe de cada acuerdo, pero para acceder a cada texto íntegro había que solicitarlo de manera expresa. En 2016 el PP aprobó una nueva lei de Transparencia autonómica que estableció que ese registro de convenios debe hacer público el texto íntegro de todos los acuerdos y la memoria económica que los justifica. Pero la aplicación de ese precepto está acumulando importantes demoras.

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La dirección de la CRTVG niega "valentía" del personal movilizado en los 'viernes negros' contra la manipulación

La agenda parlamentaria gallega suele situar en los viernes las comparecencias del director general de la Corporación Radio Televisión de Galicia (CRTVG) en la comisión de la Cámara dedicada a los medios públicos. Esto provocó este 13 de julio que, otra vez, Alfonso Sánchez Izquierdo haya tenido que acudir al legislativo coincidiendo con un nuevo 'viernes negro', el octavo en el que personal de la Televisión de Galicia y de la Radio Galega se moviliza con reivindicaciones como el cumplimiento "íntegro" de la  ley de medios del año 2011 o el fin del que, afirman, es un control gubernamental de la información. Lo hizo para presentar la memoria "sobre la ejecución de la función de servicio público" de la CRTVG durante el pasado año.

En los dos meses que ya duran las protestas con este formato -centrales sindicales y comité intercentros ya habían desarrollado diversas acciones anteriormente-,  personal que participa de ellas ha venido alertando de un "creciente mal clima laboral que está generando la dirección" precisamente, por las propias movilizaciones y su trascendencia pública, especialmente intensa desde que los dos presentadores del Telexornal Serán -informativo de la noche-  anunciaron su renuncia a continuar conduciendo este espacio en la próxima temporada como muestra de discrepancia con el icho control informativo. Todas estas circunstancias fueron reprochadas desde las bancadas de la oposición a Sánchez Izquierdo, que una vez más restó relevancia a las reivindicaciones y dio la ley por ampliamente cumplida.

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Unanimidad en el Parlamento gallego para echar a los Franco del Pazo de Meirás

Un gesto político poco habitual. Los votos de los cuatro grupos del Parlamento gallego se han unido en torno a un pacto de mínimos con un argumento común: reclamar al Gobierno de España, Administración con competencias para hacerlo, emprender las acciones legales que correspondan para echar la familia de Franco del Pazo de Meirás e intentar hacerlo, además, sin que esto implique compensar con dinero público a los herederos del dictador.

PP, En Marea y BNG habían llegado al pleno con sus respectivas proposición no de ley y el PSdeG, por su parte, había formulado enmiendas a las tres "con el objetivo de buscar un punto de encuentro". Finalmente no ha salido aprobado ninguno de esos textos, sino el resultado de una transacción con acuerdos esenciales. Una vez terminados los trabajos de la comisión de expertos de la Xunta, que propuso intentar la recuperación por la vía de una demanda civil, el Parlamento insta al Ejecutivo gallego a "remitir urgentemente" toda esta documentación "a la Administración General del Estado" y adjuntar "la petición de que se realicen las acciones legales" propuestas para "reintegrar" el Pazo "al ámbito de los bienes de dominio público" estatal.

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El PP salva a la Defensora del Pueblo gallega tras la sentencia por enchufismo: "No tenemos que asumir los postulados judiciales"

Milagros Otero continuará siendo la Valedora do Pobo -Defensora del Pueblo de Galicia- a pesar de no contar con el apoyo de un mínimo de 45 de los 75 miembros del Parlamento, como estipula la ley de la institución para elegir este puesto. Los votos del PP bloquearon este martes el proceso de destitución de Otero, activado por los tres grupos de la oposición tras la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia  anuló el nombramiento de la jefa del Servicio de Administración y Personal de la institución, María Puy Fraga, al considerar que la elección fue "arbitraria" e influida por un "desvío de poder" de la propia Valedora, a quien la Sala atribuye interferencias con el objetivo de dar el cargo a quien es también hija de su antiguo superior en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, hermana del portavoz parlamentario del PPdeG y sobrina de Manuel Fraga.

"No vamos a tomar decisiones firmes cuando no hay una sentencia firme", esgrimió en nombre del PP su viceportavoz, Paula Prado, quien en cualquier caso advirtió de que "no tenemos por qué asumir los postulados judiciales". Al contrario de lo sentenciado por el Tribunal Superior, los de Núñez Feijóo solo admiten que la defensoría gallega ha podido cometer algún "error" en su "estrategia de defensa" porque, según Prado, en el partido del Gobierno tienen claro que "no ha habido desvío de poder por parte de nadie", sino poco más que "casualidades" utilizadas por la izquierda para "enlodar" a la familia Fraga y emprender una "carrera de destrucción de las instituciones".

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Nace el colectivo Xornalistas Galegas para "integrar la perspectiva feminista en el periodismo"

"Incidir en la creación de una corriente de opinión masiva que exija un periodismo implicado con el feminismo y la igualdad real". Es uno de los objetivos fundacionales de Xornalistas Galegas, el colectivo impulsado por unas 200 profesionales de la comunicación que acaba de comenzar su andadura en Santiago con la presencia de una cuarentena de ellas en su tercer encuentro tras el histórico 8 de marzo en el que, recuerdan, "las mujeres periodistas participaron del movimiento y de la huelga feminista, con un masivo seguimiento" en el sector en Galicia.

"Padecemos el machismo al igual que todas nuestras iguales y, como periodistas, estamos sujetas a unas condiciones laborales específicas que perpetúan la desigualdad de género de una manera que consideramos inasumible", dice el manifiesto. Las profesionales del sector de la comunicación, resalta, están dispuestas a aprovechar la "poderosa maquinaria de creación de opinión" que suponen los medios para insertar en ella la "perspectiva de género externa e interna".

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La casa familiar de Fidel Castro en Lugo será un museo dedicado a la emigración gallega

Dos días después del Día Nacional de Galicia de 1992 el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se situó al pie de la pista del aeropuerto compostelano de Lavacolla. De un avión oficial descendió el entonces máximo mandatario de Cuba, Fidel Castro, a quien Fraga recibió con honores a pesar de la obvia incomodidad de la dirección del PP que encabezaba José María Aznar.  Aquella histórica visita de Castro a Galicia dejó muchas imágenes para la historia en escenarios como el Panteón de Galegos Ilustres, la muralla de Lugo o un multitudinario acto político en el hotel Araguaney de Santiago. Pero, sobre todo, la visita a la casa natal de su padre, Ángel Castro Argiz, en la parroquia de Armea, en el municipio de Láncara. La vieja vivienda, tras años de abandono, se convertirá ahora en un museo dedicado a la historia de la emigración gallega.

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La Xunta se saltó la ley cuando prorrogó un año la autorización ambiental de una planta química en la ría de Pontevedra

El 22 de agosto de 2016 la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta, dictó una resolución para "modificar el plazo de vigencia de la autorización ambiental integrada" de Electroquímica de él Noroeste (Elnosa). Permitía así a la factoría seguir desarrollando hasta finales de 2017 su actividad a orillas de la ría de Pontevedra, en el complejo industrial que comparte con la pastera Ence, y evitaba que tuviera que cerrar el 31 de diciembre de ese mismo año.

La decisión, adoptada a apenas un mes de las elecciones gallegas, pasó desapercibida en aquella campaña electoral y no trascendió hasta dos días después de los comicios, el 27 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Pontevedra alertó de que el departamento que dirige la popular Beatriz Mato había tomado la decisión "pasando por encima del Ayuntamiento", lo que era sinónimo de "saltarse la ley". El Ayuntamiento formuló un requerimento formal con esta alerta y si la Consellería no rectificaba, había advertido el portavoz del gobierno local, Raimundo González (BNG), acudiría a los a los tribunales. Así lo hizo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acaba de sentenciar que la Xunta, efectivamente, ignoró la normativa.

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