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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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La Xunta permite que una multinacional americana controle servicios sanitarios en cuatro hospitales públicos

La Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia tiene actualmente en vigor cinco convenios con Medtronic, una empresa de tecnología sanitaria con sede central en Minneapolis, en los Estados Unidos, y con presencia en más de un centenar de países en todo el mundo. Se trata de un "convenio marco" que establece la relación general del Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la multinacional y cuatro acuerdos específicos que han abierto a la compañía las puertas de los complejos hospitalarios públicos de A Coruña, Santiago, Lugo y Vigo para testar sus productos y aplicar sus métodos en las áreas cardiológicas de los centros y, en el caso coruñés, también en la digestiva. El propósito declarado de la empresa es aumentar su oferta" y "fortalecer su posición" en el mercado.

Como ha revelado Praza.gal, la Xunta trató cómo secretas las partes de estos acuerdos que van más allá de declaraciones de intenciones más o menos genéricas y concretan en qué consiste exactamente la instalación de Medtronic en hospitales públicos de Galicia. Así, por ejemplo, mientras que públicamente la Consellería indicaba que se trataba de convenios sin aportación económica, los anexos de la parte oculta evidenciaban que Sanidad pone en estos pactos dinero y personal público. Al tratarse de convenios son otorgados directamente y sin concurrencia ni concurso público, como sucedería con un contrato.

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La oposición gallega se une para investigar los recortes sanitarios del Gobierno de Feijóo

El fallecimiento de un enfermo sin atención médica en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada. Las muertes de pacientes de Hepatitis C mientras esperaban que les fuera dispensada su medicación. Los traslados a cientos de kilómetros de personas que padecen un infarto en Lugo u Ourense. Los "colapsos" de los servicios de urgencias. Son sólo algunos de los elementos que los tres grupos de la oposición gallega quieren poner sobre la mesa en la comisión de investigación sobre los recortes sanitarios desde el año 2009 que En Marea, PSdeG y BNG se disponen a activar.

La puesta en escena este viernes del  acuerdo cerrado por Luis Villares, Xoaquín Fernández Leiceaga y Ana Pontón en la tarde del jueves ha dado lugar a una imagen prácticamente inédita en la última década en Galicia. Los tres portavoces parlamentarios de las fuerzas de la izquierda de la Cámara convocaron a la prensa juntos y se sentaron en la misma mesa para explicar su pacto. Van a activar el mecanismo parlamentario que, desde la reforma del Reglamento en 2015, permite crear una comisión de investigación por legislatura sin apoyo de la mayoría absoluta del hemiciclo si la reclaman, al menos, dos quintas partes de la Cámara. "Estamos unidos y unidas en lo que importa, en la defensa de la salud de la gente; tienen que saber que estamos unidos en la defensa de sus derechos, que es lo que nos reclaman", resume Villares, portavoz de En Marea.

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La Xunta ocultó pactos con una multinacional sanitaria que no puso "impedimentos" para divulgarlos

En otoño de 2017 la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia se negó a entregar a la Asociación de Pacientes y Usuarios del Hospital Clínico de Santiago el contenido íntegro de los convenios que había firmado el Servizo Galego de Saúde (Sergas) con la empresa sanitaria estadounidense Medtronic. Estos acuerdos, como reveló Praza.gal, permiten a la multinacional americana "testar" sus productos en hospitales públicos gallegos y, aunque formalmente no tienen dotación económica, la Xunta aporta en ellos personal y también dinero. El Gobierno gallego los trató cómo secretos ante la Asociación y ante el Parlamento, incluso con más cautela de la exigida por la propia Medtronic.

Sanidade basó su negativa en la necesidad de proteger el "secreto comercial" y la "propiedad industrial" de la compañía. Lo hizo sin consultar previamente con la propia empresa sobre si autorizaba o no a revelar los documentos. Según el departamento que dirige Jesús Vázquez Almuiña, esa consulta no existió por una "omisión involuntaria", pero lo cierto es que supuso también saltarse un paso "esencial" de la ley estatal de transparencia. Así lo dictaminó la Comisión de Transparencia de Galicia, máximo órgano autonómico en la materia al que la Asociación de Pacientes recurrió para intentar conseguir la información.

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La comisión de incendios del Parlamento gallego finaliza descartando la tesis terrorista agitada por Feijóo

En diciembre de 2006 el Parlamento de Galicia sacó adelante con los votos a favor de PSdeG y BNG, entonces socios de Gobierno, las  conclusiones de la comisión de estudio sobre la ola de incendios que aquel verano había arrasado más de 77.000 hectáreas, dando lugar al peor balance de superficie quemada en veinte años. Aquel documento y la propia comisión, abiertamente ridiculizada por el PP, habían descartado la existencia de una trama organizada para quemar el monte gallego en días y puntos determinados, tesis a la que cargos de las formaciones entonces gobernantes habían otorgado cierta credibilidad durante la ola de fuegos.

Este 11 de septiembre de 2018, doce años después, el pleno de la Cámara gallega aprobó definitivamente las conclusiones de una nueva  comisión de estudio sobre los incendios forestales, en esta ocasión tras la ola en la que  ardieron 50.000 hectáreas de monte y murieron cuatro personas en apenas dos días de octubre del pasado año. El documento, al que dieron sus votos PP y PSdeG -los socialistas subrayan que han votado a favor para "poner deberes a la Xunta"-, contiene un centenar de propuestas en materia de prevención y extinción de incendios, pero también un análisis sobre lo sucedido. Una vez más, ni rastro de la trama y tampoco de la tesis del supuesto "ataque" del "terrorismo incendiario" que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, agitó para explicar lo que había pasado ante la opinión pública.

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Feijóo admite que un paciente murió en un centro médico sin atención y apela a los hijos de Iglesias y Montero para defenderse

El pasado 4 de agosto un paciente que había acudido al Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada -a unos 30 kilómetros de Santiago- para ser atendido de una indisposición murió sin haber recibido atención médica porque el único equipo médico disponible ese día en ese centro de salud había tenido que salir para atender otra emergencia. El propio Servizo Galego de Saúde (Sergas) admitió horas después los hechos que ya había hecho públicos la familia del fallecido y también lo ha hecho este miércoles en el Parlamento el presidente de la Xunta, que además ha constatado que la inspección sanitaria tiene en marcha una investigación para "esclarecer si ha habido algún problema en la atención como consecuencia de la organización del PAC de A Estrada".

El acuerdo en torno a cuáles fueron los hechos es total, pero no así en lo referido a sus causas. En la primera sesión de control tras el inicio del 'curso político' Alberto Núñez Feijóo ha tenido que enfrentarse a que dos de los tres portavoces de la oposición, Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG), le pidan explicaciones por lo que consideran una consecuencia directa de los "recortes", una "vergüenza" que "no puede volver a suceder", para lo que exigen garantizar los PAC tengan siempre dos equipos médicos disponibles.

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Personal de la CRTVG amplía sus protestas contra el control del Gobierno de Feijóo con una inédita manifestación

Nunca había pasado. Al menos, no en este formato. Lo más semejante la una manifestación contra la manipulación informativa y por el cumplimiento de la ley en los medios públicos de comunicación se produjo en 2011, cuando el personal movilizado organizó un 'Telexornal' reivindicativo en el centro de Santiago durante una huelga por razones semejantes cuando la legislación de la CRTVG estaba en pleno proceso de reforma. Pero lo de este sábado pretende ser diferente. La manifestación Pola dignidade dos medios públicos  [Por la dignidad de los medios públicos] impulsada por el comité que representa al personal de la Televisión de Galicia y de la Radio Galega, apoyada también por su comité homólogo en RTVE Galicia, llega después de dieciséis 'viernes negros', 16 semanas de movilización sostenida contra las "ataduras" gubernamentales de la información.

"Vestimos de negro los viernes para intentar llamar la atención sobre la manipulación informativa, el desmantelamiento de los medios públicos y las dificultades crecientes para desarrollar nuestro trabajo con criterios profesionales", explican desde Defende a Galega, el colectivo impulsado por los propios profesionales al calor de los viernes negros. "Nuestro compromiso no es tanto con la audiencia como con el conjunto de la sociedad gallega" y por eso el llamamiento de la manifestación va dirigido a toda ella. Quieren, en definitiva, que "no nos den por perdidos", sino que "pidan que lo hagamos mejor, que trabajemos con la máxima honestidad e independencia", que "hagan valer el derecho ciudadano a disponer de unos medios de comunicación públicos y de calidad".

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Así restringe la Xunta la información sobre los incendios forestales desde hace una década

El verano parece estar siendo razonablemente bueno en Galicia en lo referido a la superficie quemada en incendios forestales. Lo parece, si bien más de dos meses después del comienzo de la temporada de alto riesgo de incendios, el 1 de julio, es imposible conocer con exactitud cuánto, cuándo y dónde ha ardido el monte gallego. La razón es la la restricción informativa sobre los efectos del fuego aplicada por décimo año consecutivo desde la Consellería de Medio Rural. Esta política ha llevado al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo a divulgar detalles de apenas media docena de fuegos en julio y agosto mientras sólo en las dos últimas semanas bomberos y agentes forestales, así como ayuntamientos o ciudadanía a título individual, ha revelado al menos una veintena de incendios, la mayoría de escasa dimensión.

Los incendios divulgados por la Xunta durante el período de alto riesgo suman unas 365 hectáreas, según a las estimaciones publicadas por Medio Rural. El de mayor impacto sería lo que afectó al municipio de Monterrei entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, con 126,15 hectáreas quemadas en la parroquia de Vilaza, detalló la Consellería. El segundo de mayor dimensión sería el que fue dado por extinguido en Quiroga este 4 de septiembre, con unas 100 hectáreas.

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"Cuantas más empresas dependan del fuego en Galicia, más problemas para desmontar el vínculo negocio-incendios"

Los agentes medioambientales y forestales de la Xunta están en huelga desde el pasado día 1, pero con dificultades para hacer ver su reivindicación. El Gobierno gallego ha impuesto a la parte de este personal que depende de la Consellería de Medio Rural unos servicios mínimos del 100% y, para los que dependen de Medio Ambiente, un 20% que a juicio de los propios trabajadores no garantiza su seguridad en el servicio. Ante lo que consideran unos servicios mínimos "desiguales y abusivos", que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha rechazado modificar, este cuerpo sigue intentando hacer ver sus reivindicaciones, tanto las más inmediatas como las de fondo que, dicen, pasan por reforzar el servicio público en campos tan sensibles de su trabajo como la vigilancia y dirección de la extinción de incendios, especialmente proclive al "negocio" privado.

Según el comité de huelga, conformado por CIG y UGT, la movilización sigue adelante a pesar de los obstáculos porque, dicen, no comparten el acuerdo laboral que la Xunta "pretende" imponer. Tras la ola de incendios de octubre de 2017, recuerdan, la Administración mostró disposición a "abrir la negociación para la mejora de las condiciones de trabajo que llevaba siendo reclamada desde 2008". No obstante, la propuesta no los convence: "sigue manteniendo un gran exceso horario, 17.000 horas anuales", estipula guardias de doce horas durante el verano, aumenta la jornada nocturna en invierno y "no garantiza" que los agentes puedan descansar 48 horas sucesivas. Falta también, además, una propuesta en materia de segunda actividad y reducción de la edad de jubilación, destacan.

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La Xunta redobla su apuesta por las residencias privadas de mayores para aliviar la lista de espera de dependencia

Unas 57.000 personas son beneficiarias de prestaciones en Galicia al amparo de la ley de dependencia. De ellas, alrededor de 8.000 reciben cuidados en centros residenciales. Mientras, unas 10.000 tienen el derecho reconocido y esperan por la llegada de la prestación, lo que en muchas ocasiones equivale a esperar por la llamada para el ingreso en una residencia de mayores. Este es el contexto en el que la Consellería de Política Social de la Xunta acaba de anunciar el lanzamiento de lo que denomina el Bono Autonomía, un plan dotado con algo más de 6 millones de euros que supondrá redoblar la apuesta de la Xunta por las residencias privadas de mayores, dominadoras en este ámbito de atención a población anciana en Galicia con casi el 70% de las plazas disponibles, según datos del IMSERSO.

En lo que todo apunta que es el tramo final de su período al frente del área social de la Xunta -el PP prevé nombrar a los candidatos a las alcaldías urbanas y excepto sorpresa mayúscula, repetirá en Ferrol-, el conselleiro José Manuel Rey Varela lanza el "bono" con el que, admite, el Gobierno gallego pretende sanear la lista de espera de la dependencia. Así, las personas que esperan por una plaza residencial recibirán en breve una carta de la Consellería ofreciéndoles una "ayuda directa" de un importe medio de unos 490 euros mensuales y hasta un máximo de 715 en función de la renta como aportación para "sufragar el coste de su estancia en un centro privado mientras esperan, si así lo desean, por su incorporación a una plaza de un centro público", indica la Xunta. La previsión oficial es que la medida llegue a unas mil personas.

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La familia del fallecido en un centro de salud gallego prepara acciones legales y los colegios médicos instan a la Xunta a "reaccionar"

Escasez de personal médico. Es el principal argumento que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Consellería de Sanidade han venido empleando en los últimos años como respuesta a las protestas profesionales, sindicales y políticas por la falta de cobertura de vacaciones o bajas o por el recorte de plazas en determinadas especialidades, algunas especialmente sensibles como la cirugía pediátrica. La  muerte de un hombre en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada sin haber sido atendido porque la única doctora del centro había tenido que salir a otra urgencia acaba de disparar nuevamente las alarmas. Mientras la familia del fallecido confirma que va a emprender acciones legales contra la Xunta, a las reclamaciones del personal de los PAC, de las centrales sindicales y de colectivos en defensa de la sanidad pública se ha unido la voz unánime de los cuatro Colegios Médicos de Galicia: el Sergas, advierten, debe "reaccionar".

En un manifiesto conjunto las cuatro entidades profesionales -una por provincia- vuelven a denunciar la "sobrecarga" que "en demasiados momentos" está sufriendo el personal facultativo que, afirman, a pesar de todo "está dando una respuesta asistencial de calidad". Los Colegios se anticipan a la previsible respuesta gubernamental y advierten de que "si bien es cierto que existe escasez de médicos", esta "no puede ser la única respuesta de la Administración a los problemas". "Durante estos años desde los Colegios, Sociedades Científicas y otras instancias se han hecho propuestas para disminuir estas carencias" y, simplemente, "no han tenido respuesta", dicen.

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