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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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La votación de los Presupuestos evidencia la fractura de En Marea

Muchas realidades políticas bajo unas mismas siglas y una fractura a la vista que, sin embargo, no es nueva. La votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 ha evidenciado que ya no existen los frágiles equilibrios que dieron lugar a En Marea como coalición de fuerzas como Anova, Podemos y Esquerda Unida antes de las elecciones generales de 2015 y después, a su transformación en partido instrumental para los comicios gallegos de 2016.

Poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez entregase al Congreso el proyecto presupuestario que ha fracasado este miércoles el portavoz de En Marea, Luís Villares, advertía de que la postura final de la formación ante las cuentas sería la determinada en el Consello das Mareas. O, lo que es lo mismo, en el órgano del partido instrumental emanado de sus últimas elecciones internas, marcadas por el enfrentamiento abierto y las acusaciones cruzadas de fraude entre corrientes, en las que la candidatura de Villares se impuso con casi el 60% de los votos.

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Absuelto de prevaricación el alcalde que autorizó 3.000 viviendas en un pueblo de 3.000 habitantes de la costa gallega

Durante el año 2006 el Ayuntamiento de Barreiros, municipio de apenas 3.000 habitantes en la costa de la provincia de Lugo, concedió 44 licencias para un total de 2.966 viviendas en el entorno de su borde litoral. Eran permisos para construir edificios con eminente vocación turística en fincas que, a priori, carecían de servicios básicos como electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento o accesos rodados. El gobierno municipal pretendía levantar en la comarca de A Mariña "el Sanxenxo del norte" y lo hizo con permisos que resultaron ser irregulares, según sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dando lugar a un irreversible estrago urbanístico.

Con la irregularidad de las licencias ya ratificada por el TSXG el alcalde del pueblo, Alfonso Fuente (del PP, aunque dejó la militancia en el partido durante el proceso judicial) se sentó el pasado noviembre en el banquillo de los acusados en el marco del juicio que debía dictaminar si él, otros cinco concejales y la arquitecta municipal cometieron prevaricación con aquellas autorizaciones. La Fiscalía pedía condenas de dos años de cárcel y diez de inhabilitación, pero el Juzgado de lo Penal número 2 de Lugo acaba de absolverlos. No está claro, concluye, que los responsables del gobierno barreirense hayan cometido el delito penal que les atribuía el Ministerio Público y la acusación particular, la asociación ecologista Adega.

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Miles de gallegos protestan por los recortes de la sanidad pública: "Con el lío que hay aquí y Feijóo está en Madrid"

El centro de Santiago se volvió a llenar contra la política sanitaria de Feijóo. Miles de personas llenaron las calles -y la plaza de la Quintana en el final- contra los "recortes", la "privatización" y el "deterioro" de la sanidad pública, golpeada por conflictos y protestas en todos sus ámbitos, sobre todo en los últimos meses.

Tras la pancarta que advertía de que la sanidad pública está "en peligro", gente llegada de todos los puntos de Galicia, profesionales sanitarios, trabajadores del sector y quince colectivos y plataformas secundaron una marcha apoyada por toda la oposición y los sindicatos. "Defendámosla", pedían en una movilización que reunió unas 10.000 personas aunque durante el recorrido colectivos participantes llegaron a elevar la cifra a casi el doble. 

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El conflicto en la sanidad gallega volverá a echarse a la calle mientras Feijóo se manifiesta con Casado

Cuando, este domingo a 12 de la mañana comience en la madrileña plaza de Colón, bajo la bandera de España que ordenó instalar el Gobierno de Aznar, la movilización de PP, Ciudadanos y Vox para alertar de una supuesta ruptura de España, en la Alameda de Santiago emprenderá la marcha otra manifestación. Lleva semanas convocada por la plataforma SOS Sanidade Pública y pretende, un año después de otra multitudinaria protesta contra la política sanitaria de Alberto Nüñez Feijóo, concentrar las reivindicaciones que en los últimos meses han salpicado Galicia por carencia en la sanidad pública, desde los ambulatorios hasta los hospitales.

Aunque la ola de movilizaciones contra la política sanitaria de la Xunta lleva años activa, un punto de inflexión dramático espoleó el movimiento el pasado verano: el fallecimiento de un paciente sin ser atendido en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) en el mes de agosto. El personal de los PAC, precisamente, llevaba ya entonces varios meses protestando por la falta de medios en su trabajo.

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El PP reactiva sin querer el debate sobre la parálisis de los traspasos de competencias a Galicia

A finales del pasado enero o, lo que es lo mismo, en el inicio del undécimo año desde la llegada a Galicia de los últimos traspasos de competencias del Gobierno de España, el PP gallego dio lo que parecía un giro en la materia. En una de las comisiones parlamentarias cuyos debates suelen pasar desapercibidos los conservadores decidían apoyar una iniciativa del BNG para reclamar nuevos traspasos. Concretamente, las "ya reclamadas" hace una década y "aquellas nuevas" que la Xunta considere "convenientes". El grupo que sustenta al Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo pretendía con este movimiento alentar la tesis de un supuesto agravio a Galicia por parte del Gobierno del PSOE para beneficiar a Catalunya, pero acabo reactivando, sin querer, el debate sobre la parálisis del autogobierno gallego.

Aquella votación generó una onda expansiva que fue más allá de la política gallega. De alguna manera, el PPdeG recuperó el manual de la confrontación con el Gobierno central empleado exitosamente en los tiempos de Zapatero. Pero ahora, en pleno giro recentralizador de la cúpula de Pablo Casado, la reclamación de nuevas competencias por parte de un líder territorial del PP sonó a nota discordante. En este contexto Feijóo se apresuró en subrayar que a su juicio "España no está para hacer transferencias a las comunidades autónomas" por la "deslealtad de Catalunya". El PP gallego sólo pide, dijo, por si los gobiernos vasco o catalán logran nuevos traspasos.

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El Ayuntamiento de Santiago deja de ingresar 740.000 euros al año por no poder cobrar el IBI a la Iglesia

La Iglesia católica no paga el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por una amplísima parte de sus propiedades. El origen de esta exención está en los acuerdos firmados por el Estado con el Vaticano en 1979, que la fijaron de manera "total y permanente" para la entonces denominada Contribución Territorial Urbana en inmuebles como templos y locales anexos, residencias de los curas, oficinas parroquiales, seminarios o edificios "destinados primordialmente" a ser conventos o casas de órdenes religiosas. Esta regulación se actualizó con la ley que en el año 2002 reguló el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro,en la que la exención del IBI de la Iglesia fue incluida entre la de las organizaciones no lucrativas, excepto para las instalaciones en las que se desarrollen determinadas actividades económicas.

Estas reglas de juego impactan especialmente en aquellas villas y ciudades con una presencia más relevante de la institución eclesiástica, la cual recurrentemente subraya que otras confesiones religiosas, organizaciones no gubernamentales o asociaciones y fundaciones disfrutan de la misma ventaja. Un caso paradigmático es el de Santiago. La Iglesia católica es prácticamente omnipresente en la capital de Galicia por sus numerosos templos encabezados por la Catedral, pero también por abundantes propiedades exentas de IBI en virtud de esta legislación, la cual impide al Ayuntamiento compostelano ingresar unos 740.000 euros al año. Esta cantidad sería superior si en el cómputo se incluyeran las propiedades de entidades ligadas a la Iglesia.

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Dimite un edil clave de la única ciudad gallega gobernada por el PP y reconoce tener ofertas de Ciudadanos

En julio de 2015, cuando el gobierno del PP en Ourense llevaba en marcha poco más de un mes, el gabinete encabezado por Jesús Vázquez, exconselleiro de Alberto Núñez Feijóo, tuvo que enfrentarse a su primera remodelación. Un ultimátum del presidente de la Diputación y líder del partido en la provincia, José Manuel Baltar, obligó a dimitir al primer teniente de la Alcaldía y portavoz del gobierno municipal, Francisco González, para poder seguir desempeñando su labor como alto funcionario de la propia Diputación. Aquel imprevisto convirtió definitivamente en pieza clave del único gobierno del PP en la Galicia urbana a José Araújo, concejal que este martes dimitió de todos sus cargos y anunció al mismo tiempo su marcha de las filas populares sin cerrar la puerta a otros partidos. Concretamente, a Ciudadanos.

Araújo, tercer teniente de Alcaldía y portavoz del gobierno, gestionó durante est emandato una macroárea con amplias competencias que iban desde las infraestructuras al medio rural pasando por medio ambiente, el servicio eléctrico o el transporte público. Era también una de las caras más reconocibles y consideradas del PP en la ciudad. Entre otros aspectos, por haber acumulado más de una década en la corporación, primero como responsable de Cultura (2003-2007) y después, en la oposición (2007-2011).

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Del fusil Máuser al 5G: la nueva vida de la vieja fábrica de armas de A Coruña como parque tecnológico

En el año 1937 los militares golpistas no tenían en A Coruña y su entorno ninguna factoría que les suministrara armamento. Ese fue el origen de la fábrica de armas que desde mediados del siglo pasado operó en el histórico complejo de Pedralonga. De la factoría de Santa Bárbara salieron fusiles del ejército franquista -como el icónico Máuser-, pero también piezas para fábricas civiles y siguió suministrando a las Fuerzas Armadas tras el fin de la dictadura. Tras varias crisis y declives laborales, el Gobierno de Aznar la privatizó

La privatización de la Fábrica de Armas no solucionó su crítica situación. Más bien al contrario. El primer adjudicatario, General Dynamics, cerró el negocio en 2013. El segundo, Hércules de Armamento -ganador de una controvertida adjudicación del Gobierno de Rajoy-, fracasó en un mar de deudas y enfrentamientos empresariales que dio lugar a llamativas situaciones como que la fábrica de armamento se quedara sin vigilancia por falta de pago. Por no pagar, ni pagó el canon que correspondía al Ministerio de Defensa.

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El PP gallego dice querer más competencias para Galicia tras diez años de gobierno sin lograr ninguna

La última vez que el Gobierno de España firmó un Real Decreto para transferir nuevas competencias a Galicia el presidente de la Xunta era Emilio Pérez Touriño (PSdeG) y el departamento gallego encargado de las relaciones con la Administración General del Estado lo encabezaba Anxo Quintana (BNG). Era julio de 2008, cuando el Ejecutivo que dirigía José Luis Rodríguez Zapatero hizo efectivos los acuerdos para transferir el Parque de las Islas Atlánticas, el antiguo Hospital Básico de la Defensa de Ferrol y competencias en materia de asociacionismo y convalidaciones de títulos no universitarios. En total, siete transferencias que situaban en 12 las logradas durante la legislatura que había comenzado en 2005. Desde entonces el Gobierno gallego no ha logrado ninguna otra pero, una década después, el PP gallego dice ahora querer nuevas competencias.

Pocos meses después de aquellos últimos traspasos Galicia se encaminó hacia una dura campaña electoral en la que el PPdeG, que aspiraba a regresar al poder, desdeñó las nuevas competencias logradas. El entonces secretario general y jefe de campaña de los populares, Alfonso Rueda, actual vicepresidente, se mofó abiertamente de los "14 traspasiños de asuntos menores" -eran 12- que habían llegado con el Gobierno de coalición, al que calificaba de "antídoto del autogobierno" gallego y acusaba de practicar el "sometimiento a Madrid en materia de autogobierno" durante toda aquella legislatura.

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Podemos Galicia circunscribe al sector crítico el informe que pide otra auditoría de sus primarias

Un informe no aprobado formalmente por la Comisión de Garantías de Podemos Galicia y redactado por afines a la candidatura que encabezó Carolina Bescansa el pasado otoño. Este es, según la dirección de Podemos Galicia, el origen del informe que cuestiona la limpieza del proceso electoral interno que el pasado octubre terminó con la victoria del actual secretario general, Antón Gómez-Reino, sobre la propia Bescansa.

Aunque el documento se presenta como un acuerdo de la Comisión de Garantías, fuentes de la dirección de la formación consultadas por eldiario.es aseguran que no lo es. Se trata, aseguran, de un documento elaborado por dos integrantes de ese órgano afines a Bescansa que lo presentaron en una reunión extraordinaria del órgano celebrada apenas dos días después de un encuentro ordinario.

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