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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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La mansión del narco Marcial Dorado en Vilagarcía será un centro público para personas mayores

A principios de 2016 el Tribunal Supremo ratificó la condena a seis años y un día de prisión para Marcial Dorado por "un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cometido por una organización de la que ostentaba la jefatura". Entre las propiedades que, según aquella sentencia, el condenado por narcotraficante había adquirido "con dinero procedente de las actividades ilícitas" figuraba la conocida cómo Casa Jaureguízar, un señorial chalé en la céntrica calle vilagarciana del Doctor Tourón. La mansión había sido formalmente adquirida a comienzos de siglo por la sociedad Masol Aktiengesellschaft, con sede en Liechtenstein, de la quien Dorado había admitido durante el juicio ser apoderado. La compra, había reconocido también, la había realizado con dinero procedente de Suiza. "Pero todo justificado", había agregado.

Más allá de la condena, resultante del juicio celebrado entre los ecos de la publicación en El País de las fotografías que acreditaban la amistad de Dorado con Alberto Núñez Feijóo en los años 90, cuando el actual presidente de la Xunta dirigía el Servizo Galego de Saúde, la sentencia había ratificado también la incautación de numerosos bienes de la red de Dorado. Entre ellos, el céntrico chalé de Vilagarcía de Arousa, que pasó a integrarse en el  Fondo de Bienes Decomisados a los narcos, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, con la subasta como destino final. Mientras los trámites de la puja avanzaban con notable lentitud el chalé se degradó y, lejos del esplendor y ostentación de otros tiempos, fue ocupado irregularmente en varias ocasiones. Su deterioro y situación insalubre dio lugar a numerosos apercibimentos e incluso multas nunca atendidas a la empresa de Dorado por parte del Ayuntamiento de Vilagarcía, que ahora está a punto de hacerse con el inmueble para integrarlo en el patrimonio público y ofrecer en él, una vez rehabilitado, "usos sociales para personas mayores".

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"En la Galicia real, más allá del marketing, Feijóo es un rey desnudo"

Un año después de su elección como secretario general, Gonzalo Caballero acaba de ser proclamado candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta en las elecciones que, previsiblemente, se celebrarán en 2020. El líder de los socialistas gallegos se muestra convencido de que el cambio en el Gobierno de España a través de la moción de censura que desbancó a Rajoy fue la palanca definitiva para el comienzo del fin de la hegemonía del PP en la Xunta. A las puertas de un nuevo e intenso ciclo electoral Caballero mantiene que el PSdeG tiene "definida y planificada" una "estrategia para conseguir el cambio político" en Galicia. "Iremos dando los pasos y anunciándolos, siempre marcando nosotros la agenda, nadie desde fuera", asegura. [Entrevista realizada originalmente en gallego]

Tras dos años de legislatura, ¿Galicia está mejor o peor? Los dos años de legislatura con Feijóo han sido dos años perdidos. Feijóo no ha sido capaz de marcar una agenda política que impulsase el bienestar de la ciudadanía gallega. El balance de Feijóo es profundamente negativo desde 2009; deja una Galicia con menos población ocupada, más envejecida, con la actividad económica tocada y recortes sociales. Y en estos dos años ha estado más preocupado por los problemas del PP a nivel de Estado y su propia carrera personal que por intentar cambiar la senda que él marcó desde 2009.

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Adiós a la investigación de los recortes sanitarios pactada por la oposición gallega

El  fallecimiento de un paciente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) sin atención médica a comienzos del pasado agosto fue el detonante para una imagen prácticamente inédita en los casi diez años que ya han transcurrido desde que el PP regresó al Gobierno de Galicia. En Marea, PSdeG y BNG, toda la oposición, se sentaron a la misma mesa y pactaron la apertura de una comisión de investigación para, a partir de lo sucedido en el ambulatorio estradense, averiguar en los efectos de los recortes sanitarios de la última década. Lo hicieron amparándose en la norma parlamentaria que desde 2015 permite abrir una investigación parlamentaria por legislatura aunque no sea apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara. Esa investigación acaba de desvanecerse, por la vía de los hechos, inmediatamente después de su inicio.

La activación de este recurso parlamentario no altera el juego de mayorías en el Parlamento. Esto implica que, una vez abierta, la comisión es controlada en última instancia por quien ostenta la mayoría absoluta, como todos los órganos del legislativo. En el caso de la actual composición de la Cámara gallega esto ha implicado que inmediatamente después de ponerla en marcha ninguna decisión haya podido ser tomada sin el visto bueno del PP. Así sucedió con la elección de la Mesa -órgano rector de la comisión- y así ha acontecido con la definición del plan de trabajo, decisión esencial que determina qué personas son llamadas a comparecer y qué documentación se maneja durante la investigación. El PP tenía claro que no iba a permitir lo que definió como una "causa general" a la gestión sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y por eso los límites del juego iban a depender de él.

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Los adultos tutelados por la Xunta ascienden hasta casi 3.500 y las personas que los atienden seguirán siendo 23

En el año 1996 la Xunta comenzó a asumir su deber legal de tutelar personas adultas judicialmente incapacitadas a través de la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), denominada oficialmente Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia desde su última reforma estatutaria. En sus inicios la Funga tutelaba menos de 70 personas, un número que no ha dejado de incrementarse en estas dos décadas y que ha aumentado a un ritmo especialmente acelerado desde el inicio de la crisis económica, con un incremento del 85% desde el año 2011 hasta el último ejercicio completo, el de 2017, cuando según datos de la propia entidad las personas tuteladas habían ascendido ya hasta las 3.351.

Como ha informado Praza.gal, el incremento progresivo de la población tutelada, desde ancianos sin familia hasta personas sin hogar con diversas enfermedades, tiene a la Funga desbordada desde hace años. Numerosas sentencias judiciales acreditan, por ejemplo, que personas tuteladas por la Funga cometen o padecen delitos y tienen problemas de atención en sus necesidades que en numerosas ocasiones acaban siendo paliadas por entidades sociales. En este contexto la Xunta ha venido manteniendo la plantilla de la Funga en el entorno de la veintena de trabajadores y los Presupuestos de la Xunta para 2019 acreditan que ambas circunstancias se van a seguir produciendo: el número de personas tuteladas va a aumentar y el de los profesionales que las supervisan va a ser el mismo.

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El juez cita como imputados a los cargos de la Xunta acusados por la Fiscalía de acoso inmobiliario a una anciana

La secretaria general de la Consellería de Facenda y el subdirector de Patrimonio del mismo departamento de la Xunta de Galicia tendrán que declarar el próximo noviembre ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval, como investigados -antigua imputación- por un presunto delito de coacciones inmobiliarias a una anciana. Así lo acaba de constatar el juez en un auto firmado este 22 de noviembre tras admitir la querella contra la Xunta formulada por el fiscal jefe ourensano, Florentino Delgado, en la persona de estos dos cargos.

La Fiscalía asumió como propia la denuncia formulada por el abogado de Lucila, una mujer a punto de cumplir 93 años que desde 1963 reside en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, un organismo extinguido a finales de los años 90 por el Gobierno de Manuel Fraga en cuya sede el actual Ejecutivo gallego quiere instalar departamentos administrativos. Para hacerlo adjudicó el pasado enero obras de rehabilitación por algo más de 30.000 euros mediante un contrato en el que advirtió a la empresa adjudicataria de que en el inmueble seguían viviendo dos vecinos, ambos ancianos en pisos de renta antigua.

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La Televisión de Galicia archiva el expediente a la periodista que criticó ante Feijóo el control informativo

La dirección general de Recursos Humanos de la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) ha archivado el expediente abierto el pasado verano a la periodista Tati Moyano. En una resolución con fecha del pasado 18 de octubre ña responsable de este departamento, que había decidido la apertura del expediente a Moyano, ratifica el cierre de un procedimiento que, de haber llegado a terminar en sanción, abría la puerta al despido de la también expresentadora de los informativos del canal, labor a la que renunció junto al también periodista Alfonso Hermida como protesta por el control informativo en los medios públicos gallegos. Esa amenaza ha dado lugar en los últimos meses a una amplia ola de solidaridad con Moyano,  con más de 500 firmas de personal de la corporación -más de la mitad de la plantilla-, movimiento que la propia dirección del canal critica al constatar el archivo, calificándolo de "interferencias" que enmarca en un "juicio mediático y político".

El pasado 22 de junio Moyano presentó la gala de la Asociación Española contra el Cáncer celebrada en Santiago junto al periodista de la Cadena SER Luís Pardo. Este evento benéfico suele ser conducido por profesionales de diversos medios de comunicación y en su transcurso son habituales las referencias y chanzas sobre la actualidad. Allí, en presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, Moyano  reivindicó las protestas de los viernes negros a favor de la independencia informativa en la Televisión de Galicia y la Radio Galega. A los cinco días  la CRTVG inició un expediente informativo contra Moyano y un mes después lo convirtió en sancionador asegurando que había reunido "indicidios" de que la presentadora había sido maquillada en las instalaciones del canal público para presentar la gala.

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Clamor unitario en A Coruña contra el cierre de Alcoa

Cuatro años después, A Coruña se ha vuelto a echar a la calle. Como en 2014, cuando Alcoa  también había amenazado con el despido colectivo de sus alrededor de 700 trabajadores de A Coruña y Avilés como paso previo al desmantelamiento de las factorías, este sábado el centro coruñés se ha vuelto a llenar de miles de personas -unas 4.500, según datos de la Policía Local- para exigir a la multinacional estadounidense que mantenga las fábricas y los puestos de trabajo, pero también para reclamar del Gobierno de España un marco estable para el mercado eléctrico y sus precios, uno de los argumentos que la compañía esgrime para volver a decir que cierra las factorías de la antigua Inespal que el Gobierno Aznar privatizó en 1998.

En la manifestación coruñesa se ha dado una unidad poco habitual e imágenes inéditas desde hay muchos lustros, como la de líderes de fuerzas políticas y sindicales de diferente signos encabezando, cogidos del brazo, la comitiva reinvidicativa junto a miembros del comité de empresa de Alcoa en A Coruña, apoyados también este sábado por representantes del personal de San Cibrao y Avilés. "Energía, solución", "Alcoa, escucha; A Coruña está en lucha" han sido algunas de las consignas más repetidas durante la movilización, secundada por los principales referentes de las fuerzas gobernantes y de la oposición tanto de la ciudad como en Galicia y en España.

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El plan de la Xunta para alquilar viviendas vacías a familias sin recursos sólo ha incorporado 16 pisos

Apenas un mes después de las elecciones municipales que, en mayo de 2015, supusieron un notable declive para el PP en Galicia, la Xunta comenzó a escenificar lo que fue apodado como 'giro social' del gabinete de Alberto Núñez Feijóo,  anunciando un paquete de medidas en este ámbito que después ampliaría con la creación de la Consellería de Política Social, encomendada al exalcalde de Ferrol José Manuel Rey Varela hasta el pasado septiembre, cuando la abandonó para volver a optar al bastón de mando ferrolano. Una de las medidas más subrayadas por la Xunta dentro de esa "agenda social" fue el programa de viviendas vacías, concebido para destinar inmuebles deshabitados "al alquiler social por parte de familias desfavorecidas". Dos años después de su puesta en marcha el proyecto ha incorporado 16 pisos y ha adjudicado sólo 7.

La base de este programa fue un  convenio firmado por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) en mayo de 2016. En este convenio la asociación municipalista se comprometía a "difundir y promover la incorporación de los ayuntamientos" al Programa de Viviendas Vacías. Los municipios, según el texto, actuarían como intermediarios entre las personas propietarias de los pisos vacíos y el IGVS, además de proponer "el procedimiento de selección de arrendatarios y de adjudicación de viviendas" desde el "respeto" a los "requisitos" del programa, tales como priorizar familias afectadas por un desahucio o los umbrales de renta más bajos.

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La Fiscalía se querella contra dos cargos de la Xunta por acoso inmobiliario a una anciana

Cuando, en febrero de 1999, el Gobierno de Manuel Fraga  decidió la extinción de las viejas Cámaras de la Propiedad Urbana, Lucila llevaba 36 años viviendo en la cuarta planta de la sede de este organismo en Ourense. Desde principios de 1994 era la titular del contrato de alquiler de renta antigua del piso, que tuvo que asumir por la vía de la subrogación a causa del fallecimiento de su marido, Celso, firmante del arrendamiento el 30 de octubre de 1963.

En el año 2001 Lucila se puso en contacto con lo que pensaba que seguía siendo Cámara para advertir de que no le estaban cobrando el alquiler y que, además, el edificio se había quedado sin servicios comunes como la limpieza, además de otros problemas de mantenimiento. Comenzaba así un periplo burocrático y legal que tiene como último capítulo una querella del fiscal jefe de Ourense contra la Xunta en la persona de dos cargos a los que solicita imputar un presunto delito de coacciones inmobiliarias a esta mujer, que está a punto de cumplir 93 años de edad.

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El socialista Gonzalo Caballero, primer candidato a la presidencia de la Xunta para las próximas elecciones gallegas

Las incógnitas sobre las elecciones gallegas que, excepto adelanto, se celebrarán en el año 2020, son prácticamente absolutas. Los interrogantes afectan a la fecha, pero también a los nombres de las personas designadas por las formaciones políticas para, en el caso de tener apoyo parlamentario suficiente, ser candidatas a la presidencia de la Xunta. Excepto sorpresa, esta incógnita quedará despejada en el PSdeG, donde su secretario general, Gonzalo Caballero, está a punto de ser proclamado candidato al no haber comparecido más rivales a las primarias fijadas para el18 de noviembre, en virtud del candidato aprobado por la propia Ejecutiva Nacional de los socialistas gallegos.

La Comisión Nacional de Garantías del PSdeG ha constatado que hasta el 16 de octubre, día fijado cómo límite para la presentación de candidaturas, la única registrada fue la de Gonzalo Caballero. Ha sido así designado como precandidato y, aunque no vaya a tener que medirse con nadie en las urnas el 18 de noviembre, aún debe completar un trámite más: reunir 194 avales de militantes -el 2% de la militancia del partido en Galicia- hasta finales de mes. El 30 de octubre esos apoyos serán verificados y el 3 de noviembre sería proclamado candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta.

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