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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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La Audiencia aplaza su resolución sobre Angrois por la declaración del mecánico que denuncia borrado de datos del Alvia

La Audiencia Provincial de A Coruña había previsto deliberar este viernes, 11 de octubre, sobre los recursos interpuestos por las partes al cierre de la instrucción judicial del caso Angrois, último paso antes de que los hechos vayan a juicio. Pero el escrito registrado apenas veinticuatro horas antes por la Plataforma Víctimas Alvia 04155 con la declaración jurada de un exmecánico de la empresa Talgo acaba de provocar que el tribunal modifique su guión y retrase su deliberación.

En esa declaración, revelada por las víctimas, el operario relata que revisó en Madrid el tren accidentado pocas horas antes del descarrilamiento en el que murieron 80 personas y otras 144 resultaron heridas. Siempre según su relato, en esa revisión detectó "diferentes averías" que dejó reflejadas en el sistema informático empleado con esa finalidad. No obstante, afirma, apenas "media hora" después del accidente en Santiago de Compostela, "varios directivos dieron la orden taxativa de borrar" esos datos del sistema y así se hizo.

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Víctimas de Angrois piden que el juez interrogue a un mecánico que denuncia borrado de datos en el Alvia siniestrado

La Plataforma Víctimas Alvia 04155, que agrupa a personas afectadas por el accidente ferroviario que el 24 de julio de 2013 causó la muerte a 80 personas y dejó a otras 144 heridas en el barrio compostelano de Angrois, acaba de registrar un escrito en el juzgado que instruye la causa para pedirle que incorpore el testimonio de un trabajador que en el momento del siniestro era "mecánico oficial" de la empresa Talgo. Reclaman que interrogue al trabajador que, en una declaración jurada, acaba de asegurar que esta compañía ferroviaria borró datos del tren accidentado poco después del descarrilamiento en la curva de Angrois.

Según la documentación trasladada por la plataforma al juzgado de Santiago, a cuyo contenido ha tenido acceso acceso Praza.gal, este 8 de octubre de 2019, cuando ya han transcurrido más de seis años desde el siniestro, el operario firmó una declaración jurada en la que relata que, como "mecánico oficial de Talgo", aquel 23 de julio de 2013 hizo la "revisión del tren Alvia-Talgo S-730 en las cocheras de Fuencarral", en Madrid. Era el mismo tren que "tuvo horas después un gravísimo siniestro en la curva de Angrois en Santiago de Compostela".

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El sueño mexicano de Feijóo para el naval se desmorona: un astillero arruinado y sombras de corrupción en Pemex

Poco después de las nueve y cuarto de la noche del 24 de mayo de 2012 el informativo de la Televisión de Galicia interrumpió su ritmo habitual para conectar con el salón noble del Pazo de Raxoi, que la Presidencia de la Xunta reserva para sus recepciones más solemnes. Las cámaras del canal público mostraron en directo al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, rubricando documentos con el entonces director general de la petrolera estatal mexicana Pemex, Juan José Suárez Copell. El Gobierno gallego y los medios públicos dieron a aquellos anuncios dieron a la cita tratamiento de alta política, un acuerdo "de país". Siete años después, uno de los emblemas de aquel acuerdo, el astillero vigués Barreras, acaba de solicitar el preconcurso de acreedores.

Lo que acababan de firmar, dijo Feijóo en el anochecer de aquel día en lo peor de la crisis, era "una de las mejores noticias de economía y empleo de los últimos tiempos", una  "alianza estratégica" para la construcción de 14 remolcadores de la mano de astilleros gallegos, siete íntegramente en Galicia y otros siete en colaboración con empresas mexicanas. El primer paso de un gran acuerdo que, de entrada, supondría "más e 2,6 millones de horas de trabajo" y 2.500 empleos entre directos e indirectos", prometió.

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Suspendido el exfiscal jefe de Ourense por entorpecer una denuncia contra un alcalde del PP

El pasado abril la Fiscalía General del Estado decidió suspender cautelarmente de sus funciones a Florentino Delgado, fiscal jefe de Ourense, en el marco del expediente disciplinario que le había abierto para dilucidar la situación de la vivienda cuyo alquiler le había pagado la Xunta desde 2004 y hasta 2016, momento en el que el fiscal siguió en el piso sin asumir él el arrendamiento. Poco después, en mayo, Delgado obtenía plaza en Madrid.

El fiscal abandonaba Ourense llevando consigo la investigación por el piso, pero también otro expediente disciplinario por abuso de autoridad y dejación de funciones en perjuicio de Áurea Soto, exconcejal del PSdeG en la capital ourensana que había denunciado un caso de presuntas irregularidades urbanísticas de Manuel Cabezas, antiguo alcalde del PP en la ciudad. Este es el caso por el que la Fiscalía General del Estado acaba de decidir sancionar con diez meses de suspensión y una multa a Delgado y, colateralmente, apercibir al actual fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes.

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Más de 130.000 pacientes de la sanidad pública gallega dependerán de un grupo estadounidense a través de Ribera Salud

La historia del grupo Ribera Salud está íntimamente ligada al PP. Concretamente, al PP valenciano. Fue la herramienta que la Generalitat Valenciana de los tiempos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps empleó para levantar su modelo de servicios sanitarios de gestión privada, el conocido como modelo Alzira, apoyado en desaparecidas entidades financieras como la Caja de Ahorros del Mediterráneo y en empresas sanitarias como Adeslas.

Pero llegó la explosión de la burbuja inmobiliaria. Las cajas valencianas -integradas en Bankia- quebraron y tras el correspondiente rescate fueron compradas por el Banco Sabadell, que llegó a tener en sus manos el 50% de una empresa sanitaria que ha ido perdiendo hegemonía en la Comunitat Valenciana tras la llegada del gobierno de la izquierda. El Sabadell se deshizo del grueso de las acciones de Ribera Salud vendiéndole en 2018 toda su parte excepto un 10% a la estadounidense Centene Corporation.

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El hospital concertado de referencia para más de 100.000 personas en el área de Vigo ultima su venta a Ribera Salud

El hospital de referencia para más de 130.000 personas protegidas por la sanidad pública gallega en el área sanitaria en Vigo está a punto de pasar a ser propiedad del grupo Ribera Salud y, por extensión, de la corporación multinacional Centene, con sede en los Estados Unidos de América. Los responsables del policlínico privado vigués, que en virtud del concierto vigente con el Servizo Galego de Saúde es parte de la estructura asistencia de la sanidad pública gallega, han confirmado a la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia que tiene "muy avanzadas" las negociaciones para una operación pendiente, en todo caso, de las autoridades de la Competencia.

Como avanzó Faro de Vigo, los responsables del centro sanitario del que todavía es propietario el Grupo Nosa Terra 21 han admitido abiertamente la existencia de las conversaciones con Ribera Salud, compañía que el pasado verano pasó definitivamente controlada por la americana Centene Corporation, que compró el 50% de acciones de la compañía al Banco Sabadell, entidad que a su vez las había heredado de la desaparecida Caja de Ahorros del Mediterráneo. De este modo Ribera Salud pasó a estar al 90% en las manos de Centene, que si fructifica esta operación llegaría a Galicia por primera vez.

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El Poder Judicial confirma la suspensión a la jueza del caso Pokémon, que pierde su plaza en Lugo

Ha sido la jueza más mediática de la última década en Galicia. La instructora de casos de tanto impacto como la operación Carioca, que destapó una sórdida trama de explotación y maltrato de mujeres en locales de prostitución. También de sumarios que expandieron las sospechas sobre la actuación de numerosos cargos públicos gallegos de diversas fuerzas políticas, como la la operación Pokémon o los casos PulpoGarañón y Cóndor. Ahora tendrá que abandonar el juzgado de instrucción número 1 de Lugo por orden del Consejo General del Poder Judicial excepto en el improbable caso de que el Tribunal Supremo lo evite in extremis.

El pleno del Consejo General de Poder Judicial acaba de rechazar por unanimidad el recurso de la magistrada contra la sanción por la que el pasado marzo le había impuesto una suspensión de siete meses "por una falta muy grave de desatención en el ejercicio de las competencias judiciales", según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Al superar el medio año, la consecuencia más relevante es que De Lara pierde su destino en Lugo. Ya no seguirá siendo la titular del juzgado desde el que instruyó todos estos casos, algunos de ellos afectados por relevantes demoras que, según el Consejo, son atribuibles a la propia magistrada.

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Feijóo se apoya en el bloqueo político estatal para alimentar la posibilidad de optar a la Xunta por cuarta vez

Alberto Núñez Feijóo inició su réplica a los grupos de la oposición en el último debate de política general de la legislatura gallega citando los nombres de las personas que han liderado las diferentes formaciones de la izquierda en Galicia, tanto en el Parlamento como orgánicamente, durante la década que ya acumula como presidente de la Xunta. Le salió una veintena. El líder del PPdeG quiso evidenciar así la "inestabilidad" de la que, a su juicio, son sinónimo las fuerzas de la izquierda. Pero evidenció también, queriendo o no, una de sus principales fortalezas en estos diez años: la interinidad, en la mayor parte de estos años, en los liderazgos de unas o de otras fuerzas de la oposición.

Las formaciones de la bancada izquierda se han esforzado durante la sesión, con diferentes planteamientos, en hacer ver que diez años después el proyecto político de Feijóo está "agotado" y que el electorado gallego pide cambio. Más todavía porque en las generales de abril "el 55%" del electorado "votó por las fuerzas progresistas", evocó el socialista Gonzalo Caballero en su primer gran debate parlamentario como líder de la primera fuerza de la oposición. Lo hicieron con un tono tan marcadamente preelectoral como los mensajes sobre su futuro político con las que Feijóo salpicó las casi ocho horas de debate que acogió este miércoles el Parlamento de Galicia.

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Feijóo erige su gestión en "modelo" para España en el último gran debate de la legislatura gallega

La fecha en la que fue fijado el último debate de política general de la legislatura gallega anticipaba que iba a estar inevitablemente marcado por el contexto estatal y, concretamente, por la convocatoria de las nuevas elecciones generales por falta de acuerdo para formar el nuevo Gobierno de España. Así lo había anticipado el PP y así lo ha ratificado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando apenas habían transcurrido unos pocos minutos del discurso con el que abrió la sesión. No podría exponer la situación política gallega y sus planes de futuro sin antes "evaluar las consecuencias de la parálisis" en el Ejecutivo central.

"Nos vemos perjudicados por la inestabilidad crónica de España, porque Galicia es España", proclamó el presidente gallego para dibujar un panorama estatal de "permanente pugna electoral" y "expectativas partidistas" que llegan a "pervertir las instituciones". Todo, ha acusado, por culpa de un Pedro Sánchez a quien incluso atribuye una "manipulación del calendario electoral" en el último año hasta conducir a España a la "peor crisis política de la democracia".

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La Xunta rotulará autobuses de las principales ciudades gallegas con su publicidad en el año electoral de 2020

Durante este mes de septiembre la Xunta está tramitando un nuevo contrato para la "adquisición de medios exteriores para acciones de comunicación institucional". En el proceso, que la Secretaría General de Medios tramita desde finales de agosto, cinco agencias de publicidad compiten por hacerse con un contrato al que el Gobierno gallego destina hasta 399.996,96 euros con los que quiere reservar espacios para incluir sus campañas de publicidad y propaganda en soportes como vallas y pantallas digitales, la mayor parte de ellas en el año electoral de 2020.

A diferencia de anteriores contratos, el Gobierno gallego apuesta también por llevar sus acciones publicitarias a los autobuses urbanos de las principales ciudades gallegas, donde el PP apenas tiene poder -sólo gobierna en una de ellas, Ourense, en bipartito con el controvertido Pérez Jácome-. Este soporte ya lo habían empleado algunos de sus departamentos, como la Agencia Turismo de Galicia.

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