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David Lombao

David Lombao nació en Lugo en 1985. Estudió Periodismo en la Universidad de Santiago y fue en Compostela donde comenzó a ejercer el oficio en los informativos de Radio Galicia-Cadena SER. Su trayectoria continuó vinculada a la información y a la radio en Radio Voz, etapa en la que colaboró también con el suplemento literario de Tempos Novos.

En 2008 formó parte del equipo de Xornal de Galicia, centrado en la crónica parlamentaria, en el seguimiento del Gobierno gallego y la actividad de los partidos. Interesado en la relación del periodismo con Internet, participó también en iniciativas individuales y colectivas en el mundo de los blogs y forma parte de la redacción de Praza Pública desde el nacimiento del periódico, que dirige desde 2013.

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Cuatro represaliadas por la dictadura inauguran la oficina de atención a las vítimas del franquismo en A Coruña

Carmen Seijas, Elvira Varela Bao, Luisa Vázquez y Celsa Cabanela. Son cuatro mujeres coruñesas, ya ancianas. Las cuatro sufrieron la represión de los golpistas en 1936 y de la posterior dictadura. Elvira Varela vio como su familia era perseguida por su militancia política -su madre era Elvira Bao, maestra y militante galeguista-. A Celsa la detuvieron por comunista y a Carmen la perseguían para intentar que delatara sus hermanos.

Son algunos de los retazos de memoria que las cuatro mujeres han dejado esta semana en la inauguración de la oficina de atención a las víctimas de la represión del golpe y del franquismo en A Coruña, el primer servicio como este en Galicia, que el Ayuntamiento y la Universidad coruñesa acaban de poner en marcha en la Casa-Museo Casares Quiroga de la ciudad. Una aportación municipal de 40.000 euros a un convenio rubricado por el alcalde, Xulio Ferreiro y el rector, Julio Abalde, permite abrir la oficina, pero también que arranque la Cátedra Institucional de Memoria Histórica de la UDC.

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El Obispado de Mondoñedo "aparta" a un cura de sus funciones por una denuncia de acoso a un menor

El Obispado de Mondoñedo-Ferrol tiene abierta desde el pasado septiembre una investigación por la "denuncia de un episodio de acoso" de tipo sexual por parte de un cura a un menor de edad sucedido hace dos años, cuando el denunciante tenía 17. La autoridad eclesiástica mindoniense ha confiramdo este 27 de noviembre la información adelantada por el periódico La Voz de Galicia en un comunicado oficial en el que asegura que el sacerdote señalado ha sido "alejado de sus funciones públicas" mientras el proceso por los presuntos tocamientos está en marcha.

Según el Obispado, la denuncia fue planteada "a finales del pasado mes de agosto" ante el obispo, Luis Ángel de las Heras, que ordenó la "inmediata" apertura de una investigación interna "siguiendo los actuales protocolos de la Iglesia y ajustados a la legislación civil vigente". El delegado instructor del caso, agrega, comunicó al joven afectado la activación de la investigación, que ya ha presentado formalmente su testimonio, algo que también ha hecho su padre.

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El Parlamento gallego deja de borrar de sus actas las palabras contra el "decoro"

El  Reglamento del Parlamento de Galicia da la Presidencia de la institución la facultad de llamar al orden a sus miembros cuando "profieran palabras o viertan conceptos ofensivos al decoro de la Cámara, de sus miembros, de las instituciones del Estado y de Galicia o de cualquier otra persona o entidad". Esta norma, de redacción abierta, deja en las manos de quien preside cada sesión plenaria -por norma general, el titular de la Presidencia, actualmente Miguel Santalices (PP)- la decisión de determinar si una palabra o frase ofende o no, si va contra el decoro o lo respeta. Esas expresiones acaban de dejar de ser borradas de la historia parlamentaria gallega.

Cuando la Presidencia interpreta que el "decoro" ha sido transgredido el Reglamento le da en su artículo 106.3 la facultad de "requerir al diputado u orador para que retire las ofensas proferidas". Si la persona en el uso de la palabra se niega a hacerlo el presidente puede llamarla al orden formalmente, un apercibimiento que, si es repetido tres veces, puede acabar en expulsión del pleno. Ese mismo artículo otorga al presidente una función más: la llamada al orden implica la retirada de la expresión en cuestión y además puede ordenar que esas palabras "no consten en el Diario de Sesiones", documento oficial al que el mismo Reglamento da la función de "reproducir íntegramente, dejando constancia de los incidentes producidos, todas las intervenciones y acuerdos".

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Un centenar de municipios gallegos se tiñen de negro contra la violencia machista

Un total de 102 ayuntamientos gallegos, prácticamente un tercio del total, habían manifestado en los últimos meses su voluntad de adherirse o continuar incluidos dentro de la campaña En negro contra as violencias machistas, acción lanzada por el Ayuntamiento de Santiago en el año 2015 y que, tres años después, agrupa a municipios que acogen alrededor de la mitad de la población de Galicia y a todas las diputaciones excepto la de Ourense, única gobernada por el PP. En vísperas del 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género, estos gobiernos municipales rubricaron su adhesión a la campaña, que en los últimos días ha teñido de negro edificios oficiales, locales comerciales y todo tipo de entidades.

Recibidos con la Praza do Obradoiro teñida de negro en todos sus balcones institucionales -Ayuntamiento, Rectorado y Hostal- excepto el de la Xunta, los gobiernos locales participantes asumieron el compromiso de ir más allá de situar el material gráfico de la campaña en edificios oficiales, locales comerciales y entidades de sus respectivas localidades. El protocolo rubricado implica "fomentar una acción de sensibilización ciudadana contra las violencias machistas en el ámbito municipal" que "implique al tejido económico, asociativo, deportivo, social y cultural", que cada ayuntamiento concreta con actividades reivindicativas y formativas ligadas al 25N, pero que también se extienden el resto del año.

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La Eurocámara volverá a evaluar la polución en rías gallegas pese al voto en contra del PP

A finales de 2013 la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó y aprobó definitivamente su informe sobre la contaminación en las rías gallegas, que ponía el foco en las de O Burgo -en A Coruña-, Vigo y Ferrol. El informe llegaba tras una inspección sobre el terreno por parte de una delegación de la Eurocámara que había promovido la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, pero también después de varios  bloqueos dilaciones emanados fundamentalmente desde el grupo del PP europeo, que finalmente había logrado suavizar las recomendaciones y evitar los reproches a las autoridades de los gobiernos gallego y central, ambos entonces en manos de los populares.

Media década después y ya casi al final de una legislatura europea a la que el PP llegó defendiendo que incumplir los plazos de depuración de las rías no implicara sanciones de la UE, aquel informe vuelve a revivir. Lo hace tras varios meses de negociaciones de la propia Miranda con los grupos representados en la Comisión de Peticiones, de la que es miembro. Esas conversaciones han desembocado esta semana en una reunión de coordinación para organizar la agenda que este órgano parlamentario abordará en las primeras semanas de 2019. En ella Miranda defendió que aquel documento sea abordado otra vez para comprobar si las recomendaciones de saneamiento de las rías gallegas están o no cumplidas. Y todos los grupos la apoyaron excepto los populares.

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La mansión del narco Marcial Dorado en Vilagarcía será un centro público para personas mayores

A principios de 2016 el Tribunal Supremo ratificó la condena a seis años y un día de prisión para Marcial Dorado por "un delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cometido por una organización de la que ostentaba la jefatura". Entre las propiedades que, según aquella sentencia, el condenado por narcotraficante había adquirido "con dinero procedente de las actividades ilícitas" figuraba la conocida cómo Casa Jaureguízar, un señorial chalé en la céntrica calle vilagarciana del Doctor Tourón. La mansión había sido formalmente adquirida a comienzos de siglo por la sociedad Masol Aktiengesellschaft, con sede en Liechtenstein, de la quien Dorado había admitido durante el juicio ser apoderado. La compra, había reconocido también, la había realizado con dinero procedente de Suiza. "Pero todo justificado", había agregado.

Más allá de la condena, resultante del juicio celebrado entre los ecos de la publicación en El País de las fotografías que acreditaban la amistad de Dorado con Alberto Núñez Feijóo en los años 90, cuando el actual presidente de la Xunta dirigía el Servizo Galego de Saúde, la sentencia había ratificado también la incautación de numerosos bienes de la red de Dorado. Entre ellos, el céntrico chalé de Vilagarcía de Arousa, que pasó a integrarse en el  Fondo de Bienes Decomisados a los narcos, dependiente del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, con la subasta como destino final. Mientras los trámites de la puja avanzaban con notable lentitud el chalé se degradó y, lejos del esplendor y ostentación de otros tiempos, fue ocupado irregularmente en varias ocasiones. Su deterioro y situación insalubre dio lugar a numerosos apercibimentos e incluso multas nunca atendidas a la empresa de Dorado por parte del Ayuntamiento de Vilagarcía, que ahora está a punto de hacerse con el inmueble para integrarlo en el patrimonio público y ofrecer en él, una vez rehabilitado, "usos sociales para personas mayores".

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"En la Galicia real, más allá del marketing, Feijóo es un rey desnudo"

Un año después de su elección como secretario general, Gonzalo Caballero acaba de ser proclamado candidato del PSdeG a la presidencia de la Xunta en las elecciones que, previsiblemente, se celebrarán en 2020. El líder de los socialistas gallegos se muestra convencido de que el cambio en el Gobierno de España a través de la moción de censura que desbancó a Rajoy fue la palanca definitiva para el comienzo del fin de la hegemonía del PP en la Xunta. A las puertas de un nuevo e intenso ciclo electoral Caballero mantiene que el PSdeG tiene "definida y planificada" una "estrategia para conseguir el cambio político" en Galicia. "Iremos dando los pasos y anunciándolos, siempre marcando nosotros la agenda, nadie desde fuera", asegura. [Entrevista realizada originalmente en gallego]

Tras dos años de legislatura, ¿Galicia está mejor o peor? Los dos años de legislatura con Feijóo han sido dos años perdidos. Feijóo no ha sido capaz de marcar una agenda política que impulsase el bienestar de la ciudadanía gallega. El balance de Feijóo es profundamente negativo desde 2009; deja una Galicia con menos población ocupada, más envejecida, con la actividad económica tocada y recortes sociales. Y en estos dos años ha estado más preocupado por los problemas del PP a nivel de Estado y su propia carrera personal que por intentar cambiar la senda que él marcó desde 2009.

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Adiós a la investigación de los recortes sanitarios pactada por la oposición gallega

El  fallecimiento de un paciente en el Punto de Atención Continuada (PAC) de A Estrada (Pontevedra) sin atención médica a comienzos del pasado agosto fue el detonante para una imagen prácticamente inédita en los casi diez años que ya han transcurrido desde que el PP regresó al Gobierno de Galicia. En Marea, PSdeG y BNG, toda la oposición, se sentaron a la misma mesa y pactaron la apertura de una comisión de investigación para, a partir de lo sucedido en el ambulatorio estradense, averiguar en los efectos de los recortes sanitarios de la última década. Lo hicieron amparándose en la norma parlamentaria que desde 2015 permite abrir una investigación parlamentaria por legislatura aunque no sea apoyada por la mayoría absoluta de la Cámara. Esa investigación acaba de desvanecerse, por la vía de los hechos, inmediatamente después de su inicio.

La activación de este recurso parlamentario no altera el juego de mayorías en el Parlamento. Esto implica que, una vez abierta, la comisión es controlada en última instancia por quien ostenta la mayoría absoluta, como todos los órganos del legislativo. En el caso de la actual composición de la Cámara gallega esto ha implicado que inmediatamente después de ponerla en marcha ninguna decisión haya podido ser tomada sin el visto bueno del PP. Así sucedió con la elección de la Mesa -órgano rector de la comisión- y así ha acontecido con la definición del plan de trabajo, decisión esencial que determina qué personas son llamadas a comparecer y qué documentación se maneja durante la investigación. El PP tenía claro que no iba a permitir lo que definió como una "causa general" a la gestión sanitaria del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y por eso los límites del juego iban a depender de él.

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Los adultos tutelados por la Xunta ascienden hasta casi 3.500 y las personas que los atienden seguirán siendo 23

En el año 1996 la Xunta comenzó a asumir su deber legal de tutelar personas adultas judicialmente incapacitadas a través de la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), denominada oficialmente Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención ás Persoas en Situación de Dependencia desde su última reforma estatutaria. En sus inicios la Funga tutelaba menos de 70 personas, un número que no ha dejado de incrementarse en estas dos décadas y que ha aumentado a un ritmo especialmente acelerado desde el inicio de la crisis económica, con un incremento del 85% desde el año 2011 hasta el último ejercicio completo, el de 2017, cuando según datos de la propia entidad las personas tuteladas habían ascendido ya hasta las 3.351.

Como ha informado Praza.gal, el incremento progresivo de la población tutelada, desde ancianos sin familia hasta personas sin hogar con diversas enfermedades, tiene a la Funga desbordada desde hace años. Numerosas sentencias judiciales acreditan, por ejemplo, que personas tuteladas por la Funga cometen o padecen delitos y tienen problemas de atención en sus necesidades que en numerosas ocasiones acaban siendo paliadas por entidades sociales. En este contexto la Xunta ha venido manteniendo la plantilla de la Funga en el entorno de la veintena de trabajadores y los Presupuestos de la Xunta para 2019 acreditan que ambas circunstancias se van a seguir produciendo: el número de personas tuteladas va a aumentar y el de los profesionales que las supervisan va a ser el mismo.

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El juez cita como imputados a los cargos de la Xunta acusados por la Fiscalía de acoso inmobiliario a una anciana

La secretaria general de la Consellería de Facenda y el subdirector de Patrimonio del mismo departamento de la Xunta de Galicia tendrán que declarar el próximo noviembre ante el titular del juzgado de instrucción número 2 de Ourense, Luis Doval, como investigados -antigua imputación- por un presunto delito de coacciones inmobiliarias a una anciana. Así lo acaba de constatar el juez en un auto firmado este 22 de noviembre tras admitir la querella contra la Xunta formulada por el fiscal jefe ourensano, Florentino Delgado, en la persona de estos dos cargos.

La Fiscalía asumió como propia la denuncia formulada por el abogado de Lucila, una mujer a punto de cumplir 93 años que desde 1963 reside en el edificio de la antigua Cámara de la Propiedad Urbana de Ourense, un organismo extinguido a finales de los años 90 por el Gobierno de Manuel Fraga en cuya sede el actual Ejecutivo gallego quiere instalar departamentos administrativos. Para hacerlo adjudicó el pasado enero obras de rehabilitación por algo más de 30.000 euros mediante un contrato en el que advirtió a la empresa adjudicataria de que en el inmueble seguían viviendo dos vecinos, ambos ancianos en pisos de renta antigua.

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