Feijóo amaga con demandar al Gobierno por la deuda del IVA de 2017 y acusa a la ministra Montero de tener “morro” y “jeta”

Los 198 millones de euros de la recaudación del IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno de España no ingresó a Galicia por la aplicación en aquel mes de la reforma de la gestión del impuesto aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy está centrando la pugna del gabinete de Alberto Núñez Feijóo frente a la coalición del PSOE y Unidas Podemos. El hecho de que el Ministerio de Hacienda haya activado esta semana la financiación autonómica de 2020 -algo más de 7.000 millones para Galicia- sin compensar ese dinero perdido le sirve a la Xunta del PP para, a escasos meses de las elecciones gallegas, reforzar su discurso de un ultraje a Galicia por parte de los socialistas con independencia del origen de la deuda, toda vez que su resolución depende ahora de ellos.

En este escenario, y cuatro meses después de que el PP votara en el Parlamento autonómico contra una iniciativa en la que el BNG apostaba por reclamar en los tribunales todos los fondos estatales pendientes, el presidente de la Xunta ha amagado en los últimos días con hacerlo. “Cuando tengamos la decisión hilvanada, lo diremos”, “si está adecuadamente argumentada, la haremos pública de inmediato”, consideró este jueves tras advertir de que el actual Gobierno debe “pagar las facturas a las comunidades autónomas y no a los independentistas” y después de señalar que la justificación que ofrece para no completar el pago la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reduce a “gracietas”. “Qué jeta, qué morro y qué cara”, proclamó en su respuesta a la prensa tras el Consello da Xunta.

Feijóo subraya que Montero se “comprometió en agosto de 2018” a “arreglar en 2019” un agujero cuyo origen se remonta a julio de 2017. El entonces ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, puso en marcha el conocido como Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, pensado para controlar en tiempo real los ingresos de este tributo por parte de grandes empresas. Entre las contrapartidas por ese mayor control estuvo que la recaudación por IVA pudiera ser ingresada hasta el día 30 de cada mes, y no con el 20 como límite, como hasta ese momento.

Esos diez días a mayores provocaron que el IVA de diciembre de 2017 llegara a las arcas estatales en enero de 2018. Esa es la razón por la que para computar la parte que corresponde a las autonomías (50% de lo recaudado) se tuvieran en cuenta sólo 11 meses y no 12, como correspondería en un año normal.

Medio año después de esa disfunción -que sólo sucedió ese mes-, la moción de censura desbancó al Gobierno de Rajoy y elevó a Pedro Sánchez a la presidencia. En el inicio del mandato, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que buscaría una solución al problema -que suma unos 2.000 millones para el conjunto de las autonómias- y así lo transmitió a mandatarios autonómicos como el propio Feijóo en unos meses en los que el PP gallego comenzaba a agitar el problema. Según el PPdeG, lo que sucedía era que Pedro Sánchez en persona “recortaba 200 millones a los gallegos para dárselos a los independentistas catalanes”.

La solución avanzada por Montero llegó en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 que, explicado en términos simples, computaban trece ejercicios del IVA en vez de doce para así compensar el mes perdido y hacerlo, además, en el plazo de dos años contemplado en el vigente sistema de financiación autonómica. Pero esos Presupuestos ni siquiera llegaron a debatirse en el Congreso porque triunfaron las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP, Ciudadanos, PDeCAT, ERC, Coalición Canaria y Foro Asturias.

De la técnica a la política en un sistema caducado

Las cuentas fueron tumbadas y el adelanto electoral se precipitó. Y los canales ordinarios para satisfacer la deuda, 198 millones en el caso gallego, entraron en el tiempo de descuento mientras se barajaban vías alternativas como un préstamo estatal sin intereses a las autonomías que después sería compensado. Pero esas alternativas no han llegado a concretarse y ahora la ministra Montero esgrime que la deuda ya ha caducado, porque “el daño de 2017 se tenía que haber reparado en 2019”, en las cuentas públicas que decayeron.

Es en este marco en el que una cuestión técnica, la repercusión en un único mes -diciembre de 2017- de un cambio de gestión del IVA para hacerlo más preciso, se ha convertido en política. El cambio de color político en el Gobierno de España ha permitido al PP gallego hacer bandera de la deuda sobre la teoría de que, en realidad, de lo que se trata es de los socialistas castigando a Galicia por tener un gobierno de signo conservador.

Esta disputa tiene como telón de fondo una cuestión mucho menos atractiva política y mediáticamente que el discurso de los agravios mutuos. Los ingresos por IVA y todos los demás recursos estatales que llegan a las autonomías se rigen por un sistema que lleva seis años caducado. Ahora, el nuevo Gobierno central dice tener entre sus prioridades concluir su reforma en un momento en el que, si el Gobierno de Rajoy hubiese cumplido la ley en este aspecto, tendría que estar concluyendo la revisión de la financiación autonómica del período 2015-2020, que nunca se aprobó.