La jueza de 'Pokemon', el caso que convulsionó la política gallega, pierde su plaza por sanción

Fin de una era en la política y en la judicatura en Galicia. La jueza Pilar de Lara ya no es la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, desde el que instruyó durante la última década casos tan mediáticos como la operación Carioca, contra una red de explotación sexual, o causas de presunta corrupción que convulsionaron en estos años la política gallega como Garañón, Cóndor y, muy especialmente, Pokémon.

Coincidiendo con la reunión del Consejo General del Poder Judicial en Pontevedra, fuentes judiciales confirman que desde este 30 de enero es efectiva la suspensión de siete meses que el órgano de gobierno de la judicatura española ha impuesto a De Lara por “una falta muy grave de desatención en el ejercicio de sus competencias”. La misma que el Tribunal Supremo descartó suspender hace pocos días y que implica la pérdida de su destino en Lugo por ser una sanción superior a los seis meses de duración.

De Lara se ve obligada a abandonar su plaza en Lugo apenas una semana después de haber rechazado la petición de la Fiscalía para dividir en hasta una treintena de piezas el asunto central del que fue uno de sus casos estrella, la Operación Pokémon, de cuyos primeros pasos se cumplirán nueve años el próximo abril. En un profuso auto de más de 500 páginas, la magistrada aseguraba estar, ahora sí, a punto de cerrar una instrucción que en estos años se llevó por delante a cargos políticos de colores diversos y que acumula más de doscientas personas investigadas. 

El último auto sobre Pokémon

En ese auto, al que ha tenido acceso Praza.gal, la jueza de día respondía a un escrito del hasta ahora último fiscal del caso Pokémon, Manuel Lamas. En él, el representante del Ministerio Público había solicitado esa división de la pieza central de la causa. Es la que afecta al grupo de empresas Véndex, al que De Lara sitúa en el centro de una presunta trama corrupta de adjudicaciones irregulares, comisiones ilegales o sobornos, entre otros delitos.

Para el Ministerio Público, no está “justificado” mantener una única causa que derivaría en un juicio “con unos 250 acusados” entre los que no ve conexión. De Lara respondió a esa petición en un auto tan amplio en extensión como duro contra los argumentos del fiscal, a cuya petición sólo accede en dos ramas del caso, las que afectan a un ayuntamiento catalán y a otro balear. En el mismo dejaba entrever su intención de enviarlo a juicio incluso antes de que fuera efectiva la sanción, algo que ya no sucederá, porque el caso ya no depende de ella.

Según ese auto, para De Lara los argumentos del fiscal “no dejan de ser sorprendentes” porque “suponen una desviación del criterio” sostenido hasta ahora “por los diferentes fiscales que han llevado la causa”, de “cuyo razonamiento uniforme se aleja radicalmente”, reprocha. Así, ejemplifica, cuando en el año 2013 emitió un auto desgranando los presuntos delitos ligados a Véndex dentro de Galicia, Fiscalía no había recurrido.

“No se acaba de entender -reprocha la jueza- en qué criterios fácticos y jurídicos se basa ahora el fiscal” para que “lo que según sus propios compañeros era 'organización' y 'concierto” entre los diferentes hechos atribuidos a Véndex, “ahora, deje de serlo”. Además, resalta, “resulta insostenible” que la Fiscalía “haya tardado tantos años en advertir una supuesta falta de conexidad entre los hechos investigados” agrega antes de atribuir al escrito del Ministerio Público diversos errores en la descripción de los hechos.

En este punto, De Lara dedica más de 400 páginas a “resumir, con el suficiente grado de concreción, la actividad investigada” de un caso que ocupa más de 100 tomos y en el que advierte hasta 17 conductas delictivas diferentes. Ella no duda de la “existencia de una auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial consistente en la obtención de concursos de manera presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores” en múltiples ayuntamientos.

“No podemos analizar las conductas cometidas aisladamente” en un caso que “no puede separarse por tramas, como pretende el fiscal”, dice la jueza. En este sentido, recalca que “como es lógico y normal, para poder cometer delitos contra la administración pública, los empleados de Véndex recurren a distintos funcionarios y autoridades”. Pero esto no es suficiente, cree, para fragmentar el caso.

Además, considera, repartir la instrucción por hasta 32 juzgados de toda Galicia sería “injusto” para los acusados  y “abocaría a la impunidad” una de las acusaciones, la de “asociación ilícita” que atribuye a los responsables de Véndex. Además traería consigo nuevas “dilaciones” del proceso, cree. Esas dilaciones, precisamente, han sido uno de los argumentos del Poder Judicial para imponerle una sanción contra la que prevé interponer un recurso que, previsiblemente, tardará más de un año en resolverse.