Carlos Cuerpo se muestra orgulloso de las cifras macroeconómicas: “Estamos consiguiendo darle la vuelta a España”. El vicepresidente y ministro de Economía defiende que los buenos datos en el empleo o el PIB, muy por encima de la media europea, suponen “una mejora en el día a día de los ciudadanos”. En esta entrevista con elDiario.es, Cuerpo también reclama la colaboración de partidos y administraciones para atajar el problema de la vivienda: “Las competencias son compartidas”. En ese frente, apunta a impulsar la construcción de alquiler asequible con el Fondo España Crece, cambiar la fiscalidad de los pisos turísticos y crear cuentas de inversión que ofrezcan a los ahorradores alternativas a la inversión en vivienda.

¿Confía en que este año se logren aprobar los Presupuestos?

Ese es nuestro escenario central. Estamos ya dando los pasos, con la presentación del cuadro macroeconómico que sirve de base para el informe de situación económica. Y ya anunció el ministro de Hacienda que este lunes habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar el techo de gasto. El propósito es cumplir con el calendario ordinario para presentar los Presupuestos a la vuelta de verano y poder tener una negociación exitosa.

Llevamos tres años sin ellos por falta de un acuerdo político con los socios de Gobierno en el Parlamento. ¿Por qué este año sí que pueden salir?

Se trata de plasmar un escenario de políticas económicas que se traducen en líneas presupuestarias y, por lo tanto, es un aterrizaje del proyecto de la mayoría parlamentaria para seguir avanzando. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta legislatura es la gestión económica, el crecimiento y un crecimiento que además está suponiendo una mejora en el día a día de los ciudadanos.

Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de las prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda

¿Qué han supuesto estos tres años con las cuentas públicas prorrogadas? ¿Qué consecuencias ha tenido y qué ha perdido la sociedad española por tener que estar prorrogando un año tras año las cuentas públicas?

Consecuencias en términos prácticos no ha tenido ninguna. Hemos sido capaces de llevar adelante todos los grandes objetivos en materia de inversiones y de reformas que teníamos, incluyendo también los asociados al plan de recuperación. Y esto se traduce, lo vemos perfectamente en las cifras de crecimiento, en la creación de empleo, en atracción de inversión... Hemos tenido un escenario complejo presupuestariamente a raíz de estas prórrogas, pero no ha sido una limitación para llevar adelante nuestra agenda.

El Gobierno acaba de mejorar sus previsiones económicas en el nuevo cuadro macroeconómico. Confían en que el PIB seguirá creciendo un 2,6% este año y que hasta 2029 estará por encima más o menos del 2%. ¿Por qué creen que vamos a crecer tanto? ¿Qué es lo que va a tirar de la economía española?

Llevamos creciendo estos últimos años no solo por encima de nuestra media histórica, sino por encima de las principales economías, europeas y mundiales. España es líder en crecimiento, pese a los shocks que hemos sufrido y pese a este contexto de incertidumbre internacional. Normalmente, ante este tipo de circunstancias la economía española solía resentirse más que sus principales socios. Y este no está siendo el caso, estamos consiguiendo darle la vuelta a España. Yo creo que nos hemos acostumbrado, aunque sea difícil decirlo, a que nuestra economía sigue dando sorpresas positivas de manera continua. Lo hemos visto en estos últimos años y en este primer semestre ya cerrado, donde se mantiene el pulso de actividad. Miramos las ventas de grandes empresas, las afiliaciones, los indicadores más coyunturales y nos dicen que la actividad sigue tirando.

Además, hemos visto que han funcionado bien las medidas que pusimos en marcha el 20 de marzo tras el inicio de la guerra de Irán. Han conseguido contener de media en un punto la inflación.

En cuanto a los factores que la van a impulsar, es la demanda interna, esencialmente el consumo privado y la inversión, sobre la base de un mercado de trabajo que está muy fuerte, con un efecto positivo del proceso de regularización.

La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. (...) Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución

¿Qué impacto va a tener en la economía la regularización de más de un millón de inmigrantes? ¿Supone un problema para los servicios públicos, como critica la derecha?

Conviene insistir en que el impacto de la inmigración en nuestra economía es positivo: el dinamismo de nuestro mercado laboral atrae población extranjera por el éxito de nuestra economía y la demanda de nuestras empresas, algo que reconocen la mayoría de las instituciones. El Banco de España señala que la inmigración aportó, en términos per cápita, teniendo en cuenta el aumento de la población, hasta una cuarta parte del aumento del PIB per cápita entre 2022 y 2024.

La regularización es un proceso necesario de reconocimiento de derechos y obligaciones que responde a las necesidades de nuestra economía. Lejos de suponer un problema para los servicios públicos, tendrá una aportación presupuestaria positiva, ya visible en el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social. La inmigración es decisiva para el mantenimiento y la mejora del estado de bienestar. Los inmigrantes regularizados ya estaban aquí, en muchos casos trabajando en empleos de cualificación inferior a su formación o experiencia porque son los que pueden ocupar a trabajadores irregulares. Permitirles acceder a empleos más acordes con sus habilidades supondrá una ganancia neta para nuestra economía.

Además, hay que recordar que al estar ya aquí, ya hacían uso de muchos de esos servicios públicos, pero el estado no recaudaba todo lo que debería por su contribución.

Por último, se desplegará un nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, con más de 500 millones de euros de dotación inicial, que actuará sobre empleo, educación, vivienda, sanidad y convivencia para mejorar barrios, escuelas y servicios públicos allí donde hoy se concentran más tensiones.

Los indicadores macroeconómicos son envidiables, sin duda, pero al mismo tiempo muchas familias pasan apuros. El poder adquisitivo de los sueldos no mejora e incluso retrocede, especialmente para los que viven de alquiler. ¿Qué ha hecho mal el Gobierno para que este crecimiento no llegue a todos?

El crecimiento y las buenas cifras macroeconómicas son una condición necesaria para que pueda acabar llegando al día a día de las familias. Y, cuando miramos cómo este crecimiento se está traduciendo en una mejora, hay distintos elementos que tenemos que considerar. Primero, el mercado de trabajo, que es el primer indicador de evolución y de reducción de desigualdad de nuestro país. Vemos que cada vez hay más gente empleada: el número de familias o de hogares con todos los adultos empleados está en máximos históricos. Vemos también las mejoras que ha habido relacionadas sobre todo con la subida del salario mínimo en aquellos segmentos de menores rentas. Además, se han producido mejoras salariales en su conjunto, entre otras cosas a través de la creación de empleo en sectores de mayor valor añadido. De los empleos que se han generado en los últimos dos años y medio, la mitad han ido a las cinco ramas de mayores salarios.

Hay un cambio, una modernización de nuestra economía que está llevando a que tengamos empresas más productivas que atraen a trabajadores más cualificados porque pueden permitirse mayores salarios. Evidentemente, hemos pasado en los últimos años el mayor shock de precios de los últimos 50, con una inflación que llegó en 2022 a estar por encima de los dos dígitos. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a los ciudadanos. Y a ello se le suma otro elemento esencial en su carga mensual, como es la subida del alquiler. Pero en este escenario, hemos apoyado a las familias en todo este proceso inflacionario, como las medidas para reducir el impacto del shock energético por Irán. Si miramos los combustibles, el INE nos señala que, en ausencia de medidas, los precios tenían que haber subido un 28% en gasolinera y subieron apenas un 12 o 13%. Cuando miramos, el salario real ha evolucionado positivamente. El crecimiento estaba en torno a un 3,6% entre 2018 y 2025 y, cuando le quitamos el impacto del IRPF, había subido un 2,3%, más del doble de lo que lo hizo en el periodo 2014-2018. Somos conscientes de las dificultades, pero este esfuerzo por que el crecimiento llegue al día a día está en el frontispicio de la política económica. Y eso lo podemos ver cuando miramos el número de hogares que pasan dificultades para llegar a final de mes: el porcentaje se ha reducido del 26 al 20%, que sigue siendo elevado. Seguimos teniendo todavía demasiados hogares que tienen dificultades, pero vamos en la buena dirección.

¿Qué es lo que más le preocupa de la economía española ahora mismo?

Conseguir que ese crecimiento no se frene, seguir ampliando la tarta para poder tener un reparto más justo. Y remover cuellos de botella de este crecimiento. Con la finalización de los fondos europeos del plan de recuperación, tenemos que ser capaces de que no se pierda el impulso de la economía y, sobre todo, que sea un crecimiento transformador. Es decir, seguir creciendo y modernizando nuestra economía y además que ese crecimiento siga revirtiendo.

El Banco de España dice que el déficit de vivienda ha alcanzado las 750.000 casas entre el 21 y el 25. Y el gobernador Escrivá dijo el otro día que no entiende por qué esto no es una gran prioridad nacional. ¿Cómo atajamos este problema?

Para nosotros esta es la gran prioridad de la política económica. No hay una bala de plata para resolver la situación actual de falta de acceso asequible a la vivienda de muchas familias, en particular de nuestros jóvenes. Por eso la solución viene por un conjunto de políticas que estamos llevando a cabo. Hay una parte esencial que tiene que ver con la recuperación de la oferta. Durante la burbuja inmobiliaria, el sector de la construcción representaba un 13% del PIB, hoy está apenas en torno a 6%. Este es el efecto que tuvo la contracción del sector y, en este caso, de escasez. En cuanto a la nueva inversión, le falta oferta desde el punto de vista del parque público. Sabemos que esto lleva tiempo, pero el impulso en materia de inversión pública para recomponerlo está ahí, en gran parte con fondos europeos. Hablábamos antes de darle continuidad al crecimiento, incluso una vez finalizados los fondos. Hemos puesto en marcha el Fondo España Crece, que dedicará gran parte de su actividad también a seguir fomentando la construcción de viviendas para alquiler asequible. En el ámbito del sector turístico, ya hemos hecho el esfuerzo por hacer un filtrado de todas aquellas viviendas que estuvieran incumpliendo.

Que no haya pisos turísticos ilegales.

Exacto. Queremos hacer un esfuerzo adicional también por realinear la carga impositiva para que haya un mayor incentivo a poner esos pisos en un alquiler de medio y largo plazo con elementos de seguridad para los propietarios. Medidas que intenten cubrir los fallos de mercado que estamos viendo ahora mismo, sobre todo en aquellas zonas más tensionadas. Por ejemplo, un fallo de mercado que detectamos afecta a los jóvenes, que con sus sueldos actuales podrían permitirse pagar una cuota de una hipoteca, pero, sin embargo, no pueden conseguir ahorros suficientes porque están en lo que se denomina la trampa del alquiler: el alquiler supone demasiado esfuerzo mensual y no les permite ahorrar. El ICO está entrando para avalar hasta el 25% del coste y acabamos de renovar las condiciones de estos avales para subir los umbrales de renta por encima de los 60.000 euros en aquellas zonas más tensionadas. En las próximas semanas volveremos a llevar al Consejo de Ministros un real decreto ley con medidas para seguir reforzando nuestra actuación en materia de política de vivienda, siendo conscientes de que hay competencias compartidas.

¿Es usted partidario de intervenir el mercado de la vivienda para evitar operaciones especulativas, como ya se plantea el Gobierno en la Generalitat catalana?

Es importante tener en cuenta lo que ha pasado en las últimas décadas. La vivienda se ha convertido ya no tanto en un bien de primera necesidad para los ciudadanos, sino en un activo, porque ha sido en muchas circunstancias la vía que han tenido para canalizar sus ahorros. Entre otras cosas por la ausencia de alternativas rentables en nuestros mercados financieros que ayuden a canalizar ese ahorro. Hay que trabajar también para que ese ahorro pueda estar no solo en la vivienda, sino en activos financieros. Vamos a anunciar medidas en este sentido, estamos trabajando a nivel europeo para avanzar en cuentas de ahorro, cuentas de inversión que garanticen un mínimo de rentabilidad y cuyo impacto revierta en inversión para empresas europeas.

¿Tiene el Gobierno herramientas para entrar de verdad a solucionar el problema de la vivienda? Porque las políticas de vivienda están transferidas a las autonomías, y los planes urbanísticos y los permisos de construcción dependen en gran medida de los ayuntamientos.

Vamos a llevar adelante medidas importantes para contribuir a que este problema se resuelva. Pero necesitamos la colaboración del resto de partidos políticos. Es un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria y, por lo tanto, las medidas tienen que pasar por esa mayoría del Congreso, como por ejemplo la ley del suelo. Las competencias son compartidas y necesitamos esa colaboración.

Todas las comunidades autónomas son conscientes de que la nueva propuesta de financiación mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa?

El Gobierno ha convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de agosto. ¿Creen que pueden sacar adelante la nueva financiación autonómica a pesar del rechazo de todas las comunidades, excepto Catalunya?

Ha habido también conversaciones con aquellas comunidades autónomas que han querido hablar del sistema de financiación. Pero lo que para mí es más importante es que todas son conscientes de que esta propuesta mejora la situación actual. ¿Cuál es la alternativa? Llevamos más de diez años retrasando este debate. Hemos puesto sobre la mesa una propuesta y queremos avanzar en un debate que sabemos que es complejo porque es imposible repartir una cantidad fija de tal forma que sea beneficioso para todo el mundo, que consiga alcanzar los objetivos de máximos de todas las comunidades autónomas. Pero el Gobierno hace el esfuerzo de ceder 20.000 millones a las comunidades para poder conseguir que en términos absolutos todas mejoren. En términos relativos todas querrían ser la que más mejora, pero esta propuesta reduce la distancia entre autonomías. Todas van a tener más financiación de la que tenían, todas van a ganar, igual que con la propuesta de condonación de deuda.

Van a mantener las rebajas a las gasolinas para amortiguar los efectos del conflicto de Oriente Medio, a pesar de que el precio del petróleo y de la gasolina en España ya están por debajo de los niveles anteriores a la guerra de Irán. ¿Por qué lo hacen?

Queremos seguir ayudando, acompañando a las familias para que noten lo menos posible el conflicto. En gasolinas estamos ya por debajo del nivel preguerra, y en gasoil, ligeramente por encima, pero muy cerca. Pero estos precios siguen teniendo el apoyo del Gobierno a través de la reducción de impuestos. Queremos que esa retirada se haga en paralelo a la bajada de los precios de los carburantes a nivel internacional. Es un apoyo temporal y proporcional al impacto de la guerra.

Pero antes de estas rebajas, España ya era el país de Europa occidental que menos impuestos cobra por el gasóleo y por la gasolina. ¿No sería mejor gastar este dinero en subvencionar la transición ecológica?

Lo que estamos haciendo con las medidas para reducir el impacto de la guerra es también avanzar en la electrificación, en el apoyo a las renovables. El presidente Sánchez ha dicho en numerosas ocasiones que, en el año 2019, el 75% de las horas al día del precio de la electricidad lo determinaba el precio del gas. Hoy día estamos en torno al 9 o 10%. Esto ha supuesto que mientras los precios de los carburantes subían un 12%, el precio de la electricidad en el mes de mayo estaba cayendo un 4%. Queremos seguir impactando como lo estamos haciendo, por ejemplo, con medidas estructurales como la eliminación del impuesto a la producción de energía eléctrica. Este 7% que vamos a ir reduciendo hasta su eliminación en el año 2028 es una señal muy potente.

¿Cuándo se aprobará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos el registro de la jornada laboral? ¿Va a entrar en vigor este año?

Ya tenemos el informe por parte del Consejo de Estado, y ahora mismo estamos trabajando internamente para ser capaces de llevarlo lo antes posible. Es un proyecto importante que tiene que ver con el proyecto de reducción de la jornada. Es importante que avancemos en esa digitalización del registro horario para ser capaces de hacer que se cumpla la normativa en cuanto al control de las horas.

¿Es partidario de seguir subiendo el salario mínimo por encima de la inflación como se ha hecho a lo largo de los últimos años desde el Gobierno?

Es importante contextualizar. El salario mínimo en España estaba muy lejos de la referencia que había marcado la Comisión Europea, que era el 60% del salario medio. Había que cerrar esta brecha y es lo que hemos hecho estos últimos años pese a que había en origen algunas dudas sin impacto significativo en el mercado laboral.

Alrededor de un tercio del aumento de los ingresos públicos desde la pandemia, según algunos estudios, viene de no haber ajustado el IRPF con la inflación. ¿Se plantean actualizar el IRPF con estos nuevos Presupuestos a la subida de la inflación anterior, como le pide la oposición?

La AIReF señala que en los últimos años el 80% del aumento de los ingresos procede de la buena evolución de la economía. La modernización de nuestra economía se traduce también en unos mayores ingresos de manera estructural. Un mercado laboral más pujante se traduce en mayores ingresos. La regularización de inmigrantes se traducirá también, estructuralmente, en unos mayores ingresos. Son políticas que mejoran nuestro crecimiento y el bienestar de los ciudadanos. A partir de ahí, las medidas concretas que vayan a entrar en los Presupuestos Generales del Estado las veremos en la presentación y en la posterior negociación. Por otro lado, del efecto de la deflactación el IRPF, la mitad corresponde a no deflactar la tarifa autonómica por parte de las comunidades autónomas.

Una de las últimas polémicas o largo de estos años ha sido la medición del PIB por parte del INE, que ha tenido que revisar al alza en varias ocasiones su medición. ¿Sigue habiendo un PIB infraestimado en España?

Todos los institutos de estadística de Europa han tenido que ir revisando las cifras de crecimiento posteriores a la pandemia, ha sido un proceso generalizado. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales reflejan la realidad de la economía? Yo creo que hay muchos aspectos donde hay que seguir avanzando y ahí el INE está haciendo un esfuerzo por intentar modernizar teniendo en cuenta también las mejoras que ya están disponibles en cuanto a datos diarios, a los registros que tenemos más allá de las encuestas. Y tenemos que hacerlo alineados con Eurostat, ya que las estadísticas del INE tienen que llevar el visto bueno de Eurostat para asegurar que hay una cierta homogeneidad en términos de Europa.

¿Se plantea el Estado salir de CaixaBank?

Hace unos meses tomamos la decisión de prorrogar el periodo límite para desinvertir en CaixaBank. En los últimos años, la evolución tanto de la cotización como de los dividendos han revertido en el Estado, lo que ha justificado la permanencia más allá de lo previsto inicialmente. Al final se trata de recuperar, en la medida de lo posible, el coste del rescate financiero, que es lo que supone esa presencia del Estado en Caixa. Estamos muy contentos con la gestión actual del banco y nuestra presencia en el consejo es testimonial.

¿Y entrar en más empresas estratégicas, como ocurrió con Telefónica?

En la mayor parte de los países de nuestro entorno, los Estados tienen una presencia en las grandes empresas de telecomunicaciones. Es un sector clave dentro de los que se señala en el informe Draghi de importancia estratégica para la competitividad de nuestro continente. Y somos todos conscientes que, en el contexto de política industrial actual, el rol de los Estados como apoyo a estas grandes empresas es un elemento consustancial a estas políticas de seguridad económica y de autonomía estratégica. El apoyo a las empresas se puede hacer de muchas maneras, desde la presencia del Estado en su capital, como es el caso de Telefónica, pero también a través del resto de instrumentos como apoyar su financiación, como el ICO o la SETT [la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica].

¿Cree que Yolanda Díaz sería una buena presidenta de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Cuenta con el apoyo del Gobierno?

Por supuesto. Si decide presentarse a este puesto, la apoyaremos en todo lo que podamos.

Vuelve la lucha de la vieja Europa por el presupuesto comunitario entre 2028 y 2034 entre países frugales frente a amigos de la cohesión, como se les llama ahora. ¿Teme una ola de austeridad y de endurecimiento de las reglas fiscales en Europa?

Tenemos que ser conscientes de que el contexto actual no es el que teníamos hace 10 o 15 años, e intentar superar estas discusiones que yo creo que ya tendrían que haber quedado obsoletas. Todos estamos de acuerdo con el informe Draghi y su hoja de ruta: habla de unos 800.000 millones de inversión al año para ser capaces de mantener el paso con Estados Unidos. Luego se ha actualizado a 1,2 billones. Y ese dinero tiene que venir del sector privado en su mayor parte, pero también con un impulso del sector público y del sector público nacional doméstico. Necesitamos un presupuesto europeo a la altura de las ambiciones que nos estamos dando en los otros grandes objetivos de seguridad y defensa, donde yo creo que ahí sí que se ha roto esta discusión tradicional entre frugales y no frugales. Hay muchos elementos de bienes públicos donde tenemos que reforzar a través de una aproximación genuinamente europea. Por ejemplo, nosotros estamos abogando por el incremento de los mercados de deuda europeos en euros. Dar liquidez a la emisión conjunta de deuda de tal forma que haya un beneficio muy claro, porque ahora mismo la Comisión no obtiene los beneficios que debería por ser un triple A. De hecho, España ahora mismo se financia más barato en muchos plazos que la Comisión Europea.

El Supremo acaba de condenar a José Luis Ábalos con la mayor pena de un ministro en democracia, 24 años de prisión. ¿Qué responsabilidad política cree que tiene el Gobierno por haber confiado en él durante tantos años?

Lo hemos dicho en numerosas ocasiones: hay un elemento esencial que tiene que derivarse de estos casos que estamos conociendo, que es la tolerancia cero en cualquier circunstancia frente a comportamientos irregulares o fuera de la ley. Y que cuando existan estos comportamientos se detecten y se deriven las consecuencias tanto en el ámbito político, como ya sucedió hace tiempo con el señor Ábalos, como en el ámbito judicial. En segundo lugar, hay que ayudar y fomentar que no exista impunidad en estas situaciones. ¿Cómo? Reforzando el Poder Judicial y a la Policía para que existan suficientes unidades como para perseguir este tipo de situaciones.

¿Usted confía en la inocencia de Zapatero, como ha asegurado el presidente del Gobierno?

Todos tenemos que respetar el principio de presunción de inocencia. Y en este caso, como en otros, yo creo que se están haciendo muchos juicios paralelos. Y es importante respetar la evolución de estos procesos, deberíamos todos de intentar ceñirnos a este elemento. Es comprensible que los tiempos políticos vayan más rápido de que lo que puedan ir los tiempos de la justicia, pero a mí me gusta mantener siempre un punto de prudencia y de respeto a estos procedimientos.

Desde que está en el Gobierno, ¿usted ha recibido regalos caros? ¿Qué ha hecho con ellos?

Los regalos que recibo pasan siempre a formar parte del patrimonio del Ministerio. Yo he recibido alguna moneda conmemorativa o incluso, a veces, algunos bienes perecederos, como chocolates, que al final se acaban repartiéndolos entre los colaboradores. Nada exótico.

Usted es un independiente del Gobierno, no tiene carné del PSOE. ¿Qué papel va a jugar en las próximas elecciones? ¿Se ve haciendo campaña?

En todo lo que pueda ayudar. En primer lugar, ahora, con mi gestión. Estoy convencido de que la actuación del Gobierno en estas dos legislaturas está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos y siento que es un privilegio poder formar parte de ello; que en mi día a día, el trabajo que hago pueda hacer que los ciudadanos estén mejor de lo que estaban cuando llegamos. Eso es lo que mueve mi actuación y lo que pueda contribuir a que este proyecto siga desde luego que lo haré.

Entrevista Completa

No está el ambiente para que haya muchas risas en el Gobierno, pero el jueves los socialistas decidieron regalarse un momento gamberro en el pleno del Congreso. Salió adelante una moción del PP con el apoyo de Vox y Junts en la que se pedía a Pedro Sánchez “considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza” y ya de paso se reclamaba su dimisión. Se aprobó por 178 votos a favor y 171 en contra. Sánchez y sus diputados se levantaron a aplaudir, una forma de mostrar que sólo se trataba de un espectáculo sin importancia. Un día más en la oficina. Ellos dijeron después que se felicitaban por la aprobación de dos leyes. Vale, como le dijo Sánchez a Ione Belarra, para ti la perra gorda.

La moción no tiene ningún valor vinculante. No obliga legalmente a Sánchez a hacer nada. Es como entonar cantos regionales en el Congreso. Da para unos cuantos titulares y no mucho más. Refleja una realidad política conocida que no se puede obviar. El Partido Popular se apresuró a anunciar que se trataba de un momento “histórico”, lo que supone una notable devaluación del concepto. Como cuando la prensa deportiva dice que una victoria del Real Madrid en Múnich por tres goles de diferencia es algo histórico. Si algo no ha ocurrido antes, eso no significa que sea histórico (pronúnciese la palabra en tono de admiración y regocijo).

Tanto que dicen que la Constitución debería enseñarse en los colegios y resulta que ni los políticos se la saben o la tienen en cuenta. La forma en que un Parlamento pone fin a un Gobierno es con una moción de censura (o con la derrota del Gobierno en una cuestión de confianza). Es lo que marca la Constitución. El PP lleva toda la legislatura acusando a Sánchez de estar violentando o vulnerando la Carta Magna. Algunos tontos útiles argumentan que la Constitución ha quedado derogada “de facto”. Será dentro de su maltrecho cerebro, porque sigue estando en vigor y condicionando el funcionamiento de las instituciones. A la hora de la verdad, la Constitución es sagrada para algunos, pero no tanto cuando no les conviene. 

Cumplir el texto constitucional tampoco es una garantía de buen gobierno. En el mundo real, ocurren múltiples factores que limitan su aplicación. El derecho a una vivienda digna aparece en su articulado, y ya sabemos que eso es una quimera para millones de personas. 

Cuando se redactaba la Constitución de 1978, se escribió en muchos artículos que sus autores habían optado por el modelo alemán. La moción de censura debía ser constructiva e incluir un candidato como presidente. El relevo era inmediato, como sucedió en 2018. Podían haber elegido el modelo italiano, donde el triunfo de una moción de censura supone la dimisión inmediata del primer ministro y de su Gobierno, que quedan en funciones a la espera de que el presidente encargue la formación de un nuevo Gabinete a otro político o, si resulta imposible, convoque nuevas elecciones. 

El elevado número de gobiernos en Italia en los años 70, con una duración media inferior a un año, no animaba a seguir ese camino. El político paradigmático de esa época fue Giulio Andreotti, siete veces primer ministro. Su currículum no acaba ahí. Fue ocho veces ministro de Defensa, a lo que hay que sumar otras quince carteras en otros gobiernos. La formación de un nuevo Gabinete era casi una rutina anual.

Se eligió la opción de la moción de censura constructiva en España para dar mayor estabilidad a los gobiernos. Por entonces, se pensaba que había que asegurar la continuidad del poder ejecutivo y no dejarlo al albur del combate político que se produciría en el legislativo. Al igual que con la jornada de reflexión, algunos creían que nos íbamos a acuchillar por las calles por nuestra falta de cultura democrática. De más está decir que esas cautelas nos parecen ahora excesivas. 

El sistema político se encuentra en una situación de empate permanente. El Gobierno carece de una mayoría en el Congreso después de que Junts haya dejado claro una y otra vez que ya no le apoya. La oposición no puede aprobar una moción de censura porque ni el PNV ni Junts están dispuestos a votar a favor de Feijóo. En este punto es difícil llegar a una conclusión, porque Junts va cambiando de posición cada semana en las votaciones. Y así estamos desde hace meses dando vueltas sobre lo mismo. Si la situación económica fuera muy mala, las consecuencias serían graves. Como no es el caso, el Gobierno puede seguir dando patadas al balón hacia adelante y ver qué pasa después.

En cualquier caso, la crítica a un Gobierno que no ha conseguido aprobar presupuestos en esta legislatura es legítima. ¿Gobernar para hacer qué? Sánchez ha intentado responder a esa pregunta con un tuit que destaca cinco medidas puestas en marcha esta semana. La más importante es la promesa de destinar 6.200 millones más en dos años para el gasto en dependencia por las comunidades autónomas. Pero es una promesa que va más allá de esta legislatura y que depende también de lo que gasten las CCAA en la parte que les toca. 

Al PP no le conviene presentar una moción de censura que no puede ganar a día de hoy. Así que se conforma con poner cara de estar muy enfadado, porque Sánchez no le hace el favor de convocar elecciones. Y rendirse antes si puede ser. Junts hace algo parecido, pero lo dice en catalán. Ninguno de los dos se atreve a pactar la moción. El simple roce entre ambos provocaría rechazo entre muchos de sus votantes y la brigada mediática que les apoya. Siempre queda la alternativa de generar confusión, como ha hecho Miguel Tellado en unas declaraciones: “Lo que sucedió en Cataluña en el 2017 sucedió en 2017. No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo. Hoy la amenaza no es el secesionismo. Es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal”. 

Pues muy bien. El PP reconoce que el desafío independentista en Catalunya es cosa del pasado. Lo apuntamos para la próxima vez que diga que España se rompe y que le quedan dos telediarios sin pausas publicitarias. 

¿Quién ha concedido a los jueces el privilegio de no ser criticados?

Si das la vuelta a la esquina, te encontrarás a un juez indignado por las críticas a las resoluciones judiciales. Puede que también haya uno debajo de tu cama muy interesado en contarte que esos ataques son un peligro para la independencia judicial. Luego te dicen que desde luego que los jueces son tan independientes como las vírgenes vestales y que todos sus autos y sentencias son impecables. Por tanto, habrá que llegar a la conclusión de que, por muchas críticas que reciban, continúan siendo independientes, ¿no?

En épocas menos tumultuosas que esta, sería bueno que al menos el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia se abstuvieran de criticar las decisiones judiciales. Por aquello de las apariencias. Pero ahora tenemos a un juez que pretende meter en la cárcel a la esposa del presidente después de una instrucción delirante. No es extraño que Sánchez se lo tome como algo personal.

José María Calero, abogado y fiscal en excedencia, publica un artículo en El País con varias ideas interesantes. Explica que criticar una resolución judicial no es un disparate, sino una forma natural de ejercer la libertad de expresión. ¿Dónde está escrito que en una sociedad democrática no se pueda criticar a los jueces que en sí mismos son una representación del poder del Estado? ¿Dónde han conseguido esos altos funcionarios del Estado ese privilegio? 

Resulta que algunos jueces, sobre todo si pertenecen a ciertas asociaciones judiciales, sí se reservan el derecho a criticar medidas políticas del Gobierno o del Parlamento, como vimos con la ley de amnistía, y hasta a manifestarse en la puerta de sus juzgados con las togas puestas. Cuando lo hacen, dicen hablar en nombre de los jueces o de la justicia. Calero les responde:

“Es frecuente esta profunda perversión del ejercicio de ese poder en estos días. Hemos oído expresiones como 'los jueces no nos vamos a dejar intimidar' u otras similares como '¿se creen que van a poder con los jueces y la Guardia Civil?'. Esas manifestaciones apuntan a un entendimiento personalista y equivocado de la naturaleza y los límites de su poder. El juez solo ejerce un poder legítimo en el dictado de sus sentencias, pero cuando pretende hablar como juez miembro de un poder colectivo en televisión hace un ejercicio ilegítimo y desviado de su poder. Por eso merece la crítica más simple y más severa: usted no es juez en este momento y debiera saberlo, los jueces como colectivo no son un poder legítimo en nuestro ordenamiento jurídico. Diga lo que quiera, pero acuérdese que lo hace como ciudadano, no como juez”.

No habrá Presupuestos Generales del Estado. Al menos, no los habrá en el primer trimestre del año, tal y como se comprometió el Gobierno. Como pasó con la crisis inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania, el Ejecutivo se vuelca ahora en dar con la tecla exacta de un plan de medidas que alivien las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Próximo. Y eso, asegura Pedro Sánchez, prevalece ahora en la actividad de todos sus ministerios.

“Estamos ante una de las mayores crisis que he tenido que gestionar durante todo mi mandato. Los españoles deben ser conscientes de la gravedad de la situación que vive el mundo, que vive Europa. Y no solo en lo que respecta a muertes y desplazamientos, también en el impacto socioeconómico sobre nuestros hogares”, dijo el presidente durante su comparecencia conjunta en el Palacio de la Moncloa con su homólogo ucraniano para aparcar la aprobación de los Presupuestos por la que le preguntó la prensa.

El propio Sánchez volvió a comprometerse este año, como ya hizo en años anteriores, a que su Ejecutivo esta vez sí cumpliría con su obligación de elaborar y tramitar unos Presupuestos Generales del Estado que no ha sido capaz de sacar adelante en toda la legislatura. Y que, ante la falta de apoyos parlamentarios, ni siquiera ha procedido a presentar desde 2023.

La ministra de Hacienda, que dejará en el mes de abril su asiento en el Consejo de Ministros para ser la candidata del PSOE en las elecciones de Andalucía, llegó a fechar “el primer trimestre” del año como plazo máximo para presentar esas cuentas. Una promesa que la oposición le recordó este miércoles en la sesión de control del Congreso y a la que ella respondió con la voluntad de presentarlos “durante este año”, sin aclarar más.

Pero ya este mismo miércoles en los pasillos de la Cámara Baja rebajaban las expectativas desde el propio Ministerio de Hacienda acerca de la hipótesis de que esas cuentas vean pronto la luz. “Nos gustaría, desde luego. Pero es que ahora mismo estamos centrados en el tema de Irán y en negociar con los grupos un decreto que es muy importante”, alegan en el departamento de Montero.

En realidad, esos Presupuestos son un quebradero de cabeza político desde la misma investidura de Pedro Sánchez. Entre otras cosas, porque en la negociación con Junts para formar Gobierno se puso sobre la mesa que el precio del acuerdo por la ley de investidura era únicamente ese, el de la investidura. Y no un compromiso expreso para sacar luego adelante unas cuentas.

Sin mayoría parlamentaria estable, Moncloa ha retrasado durante toda la legislatura su aprobación. Pero el compromiso explícito del presidente del Gobierno de presentarlos en este ejercicio de 2026 se había convertido en las últimas semanas en una especie de china en el zapato. Con la certeza de que las cuentas no tienen los votos suficientes para salir adelante, la grave crisis global desatada por la guerra en Oriente Próximo ha propiciado el contexto político adecuado como para volver a meterlas en el cajón. No serán aprobadas en ninguno de los dos próximos Consejos de Ministros y, en realidad, casi nadie espera ya que sean presentadas antes de que María Jesús Montero salga del Ejecutivo.

Impuesto especial a la electricidad

Tanto en público como de puertas hacia adentro, el mensaje de Pedro Sánchez a todo su Gobierno es nítido: no hay más prioridad ahora que atender las consecuencias de la guerra. Y no son pocas. Los precios de la gasolina y el gasóleo se han disparado desde el inicio del ataque de Estados Unidos e Israel (un 14% y un 26% de media, respectivamente). Y esa subida empieza a impregnar la cesta de la compra.

Desde hace dos semanas, el Ejecutivo negocia con agentes sociales y con los grupos parlamentarios un decreto que verá la luz este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario. El presidente quiso ser prudente este miércoles a preguntas de la prensa y no desveló ninguna de las medidas preparadas, aunque una que suscita el consenso suficiente e irá a ese Consejo de Ministros es la eliminación del impuesto especial a la electricidad que los consumidores pagan en la factura de la luz.

A priori, no está sobre la mesa que el coste de esa medida lo pueda asumir el sector de los hidrocarburos, según explican fuentes de Moncloa. La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, lo adelantaba en una entrevista en TVE este miércoles: “Habrá medidas en las que tenemos la experiencia ganada de la guerra de Ucrania, donde había varias opciones y entre ellas, por supuesto, está ese 5%”.

No hay ningún viso, por el contrario, de que el presidente vaya a atender las demandas de sus socios de coalición y de sus aliados parlamentarios de izquierdas, que reclaman medidas que vayan más allá de la política fiscal o energética y se dirijan también a la crisis de vivienda. Tanto Sumar como el resto de socios parlamentarios progresistas reclaman que el decreto incluya prórrogas a los contratos de alquiler, congelación de precios o protección específica a hogares vulnerables de desahucios sin alternativa habitacional. Una línea de actuación que rechazan expresamente socios parlamentarios indispensables como Junts.

“En lo que estamos es en dialogar y negociar con los agentes sociales y los grupos parlamentarios para proteger a la ciudadanía de los efectos coyunturales de esta crisis. Y en segundo lugar, una transformación del sistema energético que nos permita ser más resilientes frente a 'shocks' que no tienen nada que ver con España, como es la guerra de Irán”, respondió Sánchez para esquivar la pregunta expresa sobre las medidas de vivienda.

La cuenta atrás para la aprobación de ese decreto se coló también en la sesión de control en el Congreso. El líder de la oposición reprochó al Ejecutivo “aprovecharse” del conflicto y le exigió una bajada de impuestos generalizada. “Cada día ustedes recaudan más y los españoles tienen menos. Le advierto, señor Sánchez, no se le ocurra traer las medidas en un decreto ómnibus, como hizo con las pensiones. Por una vez, haga lo correcto y copie las medidas que hace dos semanas ha presentado el PP: baje el IRPF, el IVA a la energía, los impuestos a los carburantes, el gasóleo profesional y deje de exprimir a los españoles”, le exigió. Y el presidente, que se tomó la interpelación de Feijóo como un 'no' preventivo del PP al paquete de medidas económicas, le demandó que empiece por rechazar la guerra.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho este martes en Oviedo sentirse “muy orgulloso” de que España hablase “la primera en contra del genocidio” de Gaza y haya roto “toda relación comercial bélica” con Israel, en un conflicto que dejará una “grieta muy profunda en la humanidad”.

El exjefe de Gobierno socialista se ha pronunciado en estos términos durante su participación en la capital asturiana en una jornada sobre políticas de diversidad e inclusión organizada por la ONGD “Maspaz” en la que también ha intervenido, entre otros, el presidente, Adrián Barbón.

Según ha afirmado, el “genocidio” en Gaza es el “acontecimiento que más le conmueve” y el que “más le está afectando personalmente” y ha pronosticado que dejará una “gran huella en la humanidad”, una “cruda realidad” y un “dilema profundo”.

País “de la esperanza”

El expresidente socialista ha manifestado sentirse “muy orgulloso” de que España “habló por primera vez en contra del genocidio de Gaza”, la “primera que reconoció el Estado de Palestina” y que haya roto “toda relación comercial bélica con Israel”.

“Eso me ha reafirmado en España como país de la esperanza y los valores”, ha manifestado antes de recalcar que “hay que aprender lecciones” tras lo ocurrido en Gaza, porque un país no tiene “futuro sin memoria”. 

El diálogo “con discreción y sosiego”

En clave nacional, Zapatero ha asegurado que trabajar el diálogo con “discreción” y “sosiego” es una parte “muy importante de la política”.

En estos términos se ha pronunciado en Oviedo al ser preguntado por los periodistas tras la reunión mantenida en Waterloo entre el expresidente socialista y el líder de Junts, Carles Puigdemont, para negociar el apoyo a los presupuestos generales del Estado.

“Siempre que hay diálogo, hay esperanza”, ha apuntado el exjefe del Ejecutivo central y ha subrayado la importancia que tiene el diálogo “con discreción”, “trabajar con sosiego” y “escuchar y ser escuchado”, como una parte “muy importante de la política”.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el caso de la filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Consideran que únicamente consiguió la información de la causa para desmentir los bulos de la Comunidad de Madrid y que no hay pruebas de que él fuera quien lo filtrara a la prensa. Mientras, la jueza ha rechazado el intento de González Amador de retrasar la apertura de juicio contra él por fraude fiscal.

Aquí puedes seguir en directo la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, donde el ministro Albares ha pedido a los socios de la UE votar ya la aplicación de sanciones a Israel por el genocidio en Gaza y Francia ha anunciado que reconoce el Estado de Palestina:

Por otro lado, el expresident de Catalunya y líder de Junts, Carles Puigdemont, se reúne este lunes en Waterloo con la permanente de su partido para debatir las negociaciones con el PSOE de Pedro Sánchez, principalmente sobre su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado y el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat.

Pedro Sánchez vuelve a hacer de la necesidad virtud y se dispone a convertir las derrotas parlamentarias en victorias sociales. La que esta semana ha propinado el Congreso a su Gobierno tras tumbar la reducción de la jornada laboral y todas las que vengan en adelante. También, llegado el caso, la de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, un proyecto para el que a priori no cuenta con los apoyos suficientes.

Que el presidente dijera en una entrevista en RTVE el pasado día 1 que con seguridad llevará las cuentas públicas al Parlamento y advirtiera de que, si no fueran aprobadas, no disolverá las Cortes Generales no fue una larga cambiada, ni una respuesta improvisada. Detrás de sus palabras hay una estrategia diseñada para el nuevo curso político con la que situar a cada partido frente a su propio espejo. Esto es que si el PP, Vox y Junts votan en contra de los derechos de los trabajadores, sean ellos quienes queden retratados ante el electorado. Y es que desde el Ejecutivo auguran que el voto en contra de la medida estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo tendrá coste, especialmente, para el partido de Alberto Núñez Feijóo porque se trata, como afirmó ya Yolanda Díaz, de un debate que en la calle está ganado. 

Eso sí, los socialistas no se sienten concernidos con la dureza empleada contra Junts por la vicepresidenta Yolanda Díaz como consecuencia del no de los independentistas a la reducción de la jornada laboral. Rechazan de plano que el enfado de la también ministra de Trabajo y su vehemencia discursiva en la tribuna del Parlamento haya abierto ninguna nueva brecha en su relación con sus socios más imprevisibles. De hecho, el PSOE sabía de antemano el rechazo de los de Puigdemont y ya había advertido a Díaz de las consecuencias de llevar al Congreso, sin tener garantizados los apoyos, la que ha sido su principal bandera en esta legislatura. 

La relación del Gobierno con Junts discurre por un carril muy diferente. Tanto es así que algunos socialistas confían en que un posible retorno de Puigdemont a España antes de Navidad pueda dar a Sánchez la estabilidad que ahora no tiene en el Parlamento e incluso a abrir la puerta al apoyo de los neo convergentes a las cuentas públicas. Pero han sido tantos los horizontes temporales que se han barajado para la vuelta del ex molt honorable y la consolidación de la llamada normalización política que hay ministros que prefieren no poner fecha. Mucho menos a pronosticar que con ella mejoraría la relación con el independentismo catalán. Cada cosa a su tiempo. Ahora toca que en este trimestre el Constitucional resuelva si revoca la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont.

De momento, lo que sí han decidido los estrategas monclovitas es que, a diferencia de otras ocasiones en las que, ante la falta de apoyos, el Gobierno ha optado por retirar diferentes iniciativas para evitar el desbarato, en este nuevo curso sucederá lo contrario: se forzará el debate para proyectar la posición de cada uno y se intentará hacer pedagogía de los resultados y de las consecuencias que cada votación tenga en la vida de la gente. “Que quede constancia de que este Gobierno no va a renunciar a los avances y que quede constancia también de que si no se consigue no es por falta de voluntad, sino porque lo impide la oposición”, asegura un ministro socialista. El objetivo: desplazar el debate de lo judicial a lo político.

Sánchez parece así dispuesto a desmontar el relato de la derecha de que la falta de apoyos es síntoma de la agonía del Gobierno o de la inviabilidad del mandato, y ya apremia a sus ministros para que antes del próximo martes remitan a Hacienda el esbozo presupuestario de sus departamentos. Esa es la consigna impartida desde Hacienda a todos los miembros del gabinete. La intención es que sean aprobados en Consejo de Ministros antes de noviembre para su posterior remisión al Congreso, donde las posiciones de Junts pero también las de Podemos los convertirán previsiblemente en papel mojado. “Nada que no se pueda solventar con modificados de las cuentas en vigor y con los Fondos Europeos”, defienden en el entorno del presidente.

El propósito es quitar presión a la trascendencia de la aprobación de los presupuestos y normalizar las prórrogas presupuestarias en situación de bonanza económica, algo que el PP considera “inaudito” e impropio en una democracia parlamentaria. Lo que Hacienda aún no ha decidido es si aprobar antes el techo de gasto o hacerlo en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprueben los presupuestos, según admiten fuentes de La Moncloa. En todo caso, lo uno y lo otro ya estaría fuera de los plazos reglados, ya que la ley de Estabilidad Presupuestaria establece que el Gobierno debe aprobar el techo de gasto antes del 1 de agosto de cada año y la Constitución, que las cuentas públicas deben enviarse al Congreso de los Diputados al menos tres meses antes de que finalice el año anterior, es decir, antes del 1 de octubre de cada año. 

La preocupación que se percibía en La Moncloa antes del verano, especialmente con la entrada en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remitido, aunque no ha desaparecido por completo. La deficiente gestión de los incendios durante el verano por parte de las Comunidades Autónomas, la tendencia que marcan los sondeos; la pérdida de votos del PP en favor de un Vox fortalecido y la entrega de Feijóo al insulto más que a la construcción de un proyecto alternativo han contribuido a que los socialistas crean que “hay partido”. 

Ocupar espacios y marcar agenda

En este contexto hay una apuesta decidida del Gobierno “por ocupar espacios” y por marcar la agenda de la conversación pública en este nuevo periodo de sesiones. Cuestión distinta es que las investigaciones judiciales que afectan al fiscal General del Estado, al PSOE y al entorno del presidente se lo permitan. No en vano, antes de Navidad es probable que Álvaro García Ortiz se siente en el banquillo de los acusados e ídem el hermano del presidente Sánchez, además de los avances que pueda aportar la investigación sobre la trama Koldo/Ábalos/Cerdán.

Aun así el balance del comienzo del curso es positivo en el sanedrín monclovita, ya que la primera semana el presidente situó la conversación pública en la politización de la justicia al declarar en RTVE que hay una minoría de jueces que hacen política. La segunda se envolvió en la causa Palestina para avanzar un paquete de medidas de censura contra el gobierno de Netanyahu, al que acusó por primera vez de cometer un genocidio. Y el lunes de la semana que entra está previsto que celebre la interparlamentaria socialista en el Congreso, un foro en el que reúne a diputados, senadores y europarlamentarios y donde se espera que fije las prioridades del curso.

El Consejo de Gobierno ha analizado en su reunión de hoy, 13 de mayo, la necesidad de la Comunidad Autónoma de acudir a un crédito extraordinario “para garantizar el pago puntual y la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales”, según ha dicho y lo ha justificado por “las tensiones de tesorería que están provocando la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la retención de las entregas a cuenta”.

“El Gobierno de España, como ya hizo en 2024, sigue incumpliendo su obligación constitucional, y no ha transferido a La Rioja, solo en anticipos comprometidos, 60,5 millones de euros que debía habernos ingresado a estas alturas del ejercicio 2025, lo que está provocando tensiones de tesorería”, según ha informado hoy, 13 de mayo, el portavoz y consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, en la rueda de prensa posterior al encuentro semanal del Ejecutivo regional celebrado en Torrecilla en Cameros.

Alfonso Domínguez ha recordado que el sistema de financiación autonómica es el principal resorte del presupuesto no financiero de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ya que supone de media en torno al 80% del mismo por lo que, a partir de él, se financia la mayor parte de las políticas públicas de gasto como la sanidad, la educación y los servicios sociales, entre ellos, el creciente sistema de dependencia. Además, ha incidido en que “no se trata de un dinero del Estado, sino de recursos que corresponden a las comunidades de régimen común y que el Gobierno de España tiene la obligación de transferir”. Mientras tanto, La Rioja ha puesto en marcha diferentes rebajas de impuestos con el objetivo, según han anunciado en varias ocasiones, de ser “la comunidad autónoma con impuestos más bajos”.

Domínguez ha señalado que “las arcas públicas regionales están recibiendo de transferencias mensuales del Estado la misma cantidad que en 2023, cuando la recaudación actual de impuestos está en niveles récord y los gastos también”, lo que está provocando que “nuestra región deje de recibir 17,23 millones de euros al mes, un dinero que nos corresponde, que es de los riojanos, pero que no llega, lo que pone en peligro la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales”. 

Según ha dicho, durante los cuatro primeros meses del año “se han acumulado en retrasos más de 60 millones de euros: 8,77 millones en enero y 17,23 millones en cada uno de los meses de febrero, marzo y abril”, lo que ha obligado al Gobierno a adoptar “medidas extraordinarias de ingresos”, en concreto un crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 100 millones de euros. Con todo, “el perjuicio para La Rioja se agravará –ha alertado– si el Gobierno de España prolonga esta situación, es decir, si no se presentan los Presupuestos Generales del Estado o no se actualizan”. En ese escenario, según el Gobierno regional, “La Rioja dejará de percibir 253 millones de euros: 197 millones en entregas a cuenta mensuales del 2025, más 56 millones de euros de la liquidación de 2023”.  

Alfonso Domínguez ha instado al Gobierno de España a “cumplir su obligación constitucional y a actualizar con urgencia, a través de un real decreto-ley, las entregas a cuenta que está reteniendo a la Comunidad Autónoma”. “No hay excusas”, ha remachado.

En 2024 el Gobierno sacó adelante 25 leyes publicadas en el BOE. En 2022, en la anterior legislatura, con otras mayorías y una izquierda menos dividida, fueron 74 leyes, en 2021 fueron 65. Una constante es que lo que el Gobierno aprueba, el Congreso lo puede tumbar. Así cayó el Decreto Ómnibus, que lo llamaron así porque incluía muchas cosas, y así cayó el impuesto a las grandes energéticas. Hay muchas medidas que se anuncian y nunca salen adelante, que se pierden en el laberinto parlamentario.

Laura Olías nos cuenta el recorrido que le queda a la reducción de jornada y Alberto Ortiz las posibilidades que hay de que se derogue la Ley Mordaza. Además, Gabriela Sánchez nos explica una medida que ha salido adelante pero que ejemplifica la vulnerabilidad parlamentaria: la Ley de Extranjería. Acabamos con José Enrique Monrosi, con el que hablamos de la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para este año.

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Para los que no tenemos creencias, la democracia es nuestra religión.

Paul Auster

Para los amigos de los paralelismos, el momento Zapatero de Sánchez ya llegó. Lo mismo que uno tuvo que dar garantías a Europa en plena crisis con una reforma constitucional en pleno agosto, otro ha tenido que darle a la UE y a la OTAN su 2% de gasto militar este mismo año y contra viento y marea. Rutte no es que llevara razón, es que impuso su razón. La gran diferencia es que ZP llamó a toda prisa a Rajoy y este, convencido del desastre que se derivaría de no darle esa seguridad a la UE, le aguantó el tirón constitucional para no ver llegar a los hombres de negro. La irreformable Constitución Española se reformó así con agostidad, urgencia y sin referéndum, porque no se pidió. Lo de las armas ha sido con sede vacante y urgencia, por si los titulares. 

Lo de Pedro Sánchez es aún más dramático. Aunque podría contar con el apoyo de la oposición, por convicción de la obligatoriedad más la necesidad, tras años de agresividad y de incontención no puede pretender que Feijóo le regale el salvavidas, así que el que podría no lo rescatará. Parte de su propio gobierno (Sumar) no sólo no lo respalda sino que se muestra hasta agresivamente contrario, dado que se está jugando el terreno con Podemos, que no va a soltar presa para mejorar sus expectativas electorales sobre esta premisa propia de la izquierda radical. Lo que incluye también a BNG, ERC y demás hierbas. No, por ahí también está solo. Junts amaga de nuevo, aun habiendo perdido toda credibilidad en sus abandonos y el PNV lo medio introduce en su discurso. En resumen, el PSOE está en franca minoría parlamentaria y, por tanto, el Gobierno se sustenta en una premisa muy diferente a la del momento de su creación: no existe esa mayoría de gobierno ni esa mayoría progresista, el Gobierno está solo y no es posible gobernar en franca minoría. 

El incremento del presupuesto de Defensa es la clave de bóveda de esta disensión, que no se limita a ello sino que reposa también en la puesta en marcha de la maquinaria electoral por parte de Gobierno y en las escasas posibilidades de unión a su izquierda. Sin presupuestos no se puede gobernar, con la prórroga de los aprobados en otra legislatura no se puede gobernar y, desde luego, no admite duda que en minoría parlamentaria y sin sustento del Congreso no se puede gobernar. Soslayar al lugar del que emana la soberanía popular no es una opción, es una corrupción del concepto democrático. 

Existe un concepto manejado por Levitsky y Ziblatt para explicar cómo mueren las democracias y se transforman en regímenes iliberales que se refiere a las llamadas “tácticas constitucionales duras”. En resumen, estas consisten en “jugar según las normas pero intentando ensanchar sus límites y jugar para ganar” a cualquier precio. No es discutible que la actual postura del gobierno socialista está incurriendo reiteradamente en el uso de esas tácticas duras. En algunos puntos hasta se ha traspasado esa barrera de la interpretación extrema de las normas porque no existe interpretación posible del mandato constitucional: “El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Deberá presentar no admite discusión sobre lo imperativo del mandato. No dice podría ni debería de presentar o potestativamente presentará o... no, dice deberá. Así que no presentar los presupuestos, aunque te los vayan a tirar, escenifica un incumplimiento constitucional flagrante que por mucho que no tenga represalias coercitivas legales supone pisar una línea roja que un demócrata sin anteojeras no puede no ver como peligrosa. 

¿En qué se sustenta el Gobierno de un partido que no obtuvo la mayoría de los votos y que no puede contar en el Congreso con apoyos suficientes ni para sacar la ley más política e importante de una legislatura, que son los Presupuestos Generales. Cualquier comparación con los presupuestos autonómicos es tramposa, puesto que no existe artículo en la CE que se refiera a ellos. La Constitución obliga al Gobierno de la nación y el Gobierno de la nación se lo pasa por el forro. Resumen para apresurados. 

Así que no va a quedar otra que llamar al pueblo a las urnas. Pedro Sánchez puede seguir gobernando, como desean muchísimos ciudadanos, aunque no en las presentes circunstancias, precisa el refrendo de las urnas, que le otorguen más fuerza o bien que se la den a través de otras opciones claramente compatibles ideológicamente para mantener un timón firme. Este refuerzo es algo que compete a los votantes. Pensar que la mera resistencia o el cesarismo te eximen de esa obligación democrática es algo que prefiero no calificar. No son inexistentes las personas incluso dentro de su partido que consideran que una convocatoria electoral es inevitable, lo digan en alto o no lo digan, y eso mismo piensa Pablo Iglesias, que ya ha puesto en marcha la maquinaria de su partido. 

Cambiar el rumbo de la posición defensiva de España -que yo comparto, ojo-, allegar fondos de aquí o de allá -que no sabemos si en Europa va a colar, ojo- o aceptar posturas de abandono internacional de las decisiones jurídicas sin consultarlo -como en el Sáhara con refrendo estos días, ojo-, incluso venderle a tus socios que vas a dejar de comprar suministros a Israel cuando no puedes -porque somos dependientes de esa red y costará sustituirla, ojo-; todo ello son cosas que no puede hacer ningún partido en la precaria posición de falta de apoyo en la que se encuentran. Ni siquiera el PSOE tiene esa bula democrática. 

Cada vez más sólo queda una puerta de salida al deterioro de los controles democráticos al que está sometiendo Sánchez al país y son las elecciones. Es necesario que revalide el rumbo que debemos seguir en momentos tan delicados y decisivos. Así vemos cuántos en realidad entienden que hay que seguir al club europeo en el esfuerzo de defensivo, cuántos aplauden que entreguemos al pueblo saharaui o hasta qué punto están respaldadas las posturas sobre Rusia, China y Estados Unidos. Mientras, podemos hablar del próximo Papa y del concilio, como si nos fuera la vida en ello, cuando donde nos la jugamos es en nuestro gobierno y en nuestras elecciones. Amén.

A poco más de una semana para que concluya el primer trimestre del año, la idea de sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado en 2025 es, en realidad, una pantalla pasada. Según todas las fuentes parlamentarias consultadas y según admiten también en el Ejecutivo, la negociación entre el ministerio de Hacienda y los socios del Congreso para sacar adelante unas cuentas ni siquiera existe a día de hoy. Porque el turbulento clima político que ha llevado en los últimos meses al Gobierno a cosechar sonadas derrotas en la Cámara Baja hace tiempo que instaló en la Moncloa el convencimiento de que no se dan las condiciones políticas para abordar con unas mínimas garantías de éxito esa negociación presupuestaria. Una realidad que Pedro Sánchez desvincula de la estabilidad de la legislatura.

“Si no hay acuerdo, pues se prorrogan los Presupuestos. Pero sin ninguna duda. Porque lo que necesitamos ahora mismo es estabilidad”, respondió el presidente del Gobierno a preguntas de la prensa durante su comparecencia del jueves en Bruselas. Sánchez insistió en el argumentario de que su equipo “sudará la camiseta” para sacar adelante unas nuevas cuentas. “Nosotros estamos hablando con los grupos parlamentarios. Estamos trabajando con ellos. No renunciamos a presentar los Presupuestos Generales del Estado y lo que estamos haciendo con ellos es trabajar y ver exactamente qué factibilidad hay”. Un mensaje público que, sin embargo, choca con lo que admiten en privado fuentes de la máxima responsabilidad que pertenecen al equipo del presidente.

“Todo el mundo vio que las cosas se complicaron con Junts desde navidades con el tema de la cuestión de confianza y una serie de negociaciones que han sido complicadas. Es verdad que la cosa con ellos ahora ha mejorado, pero no solo depende de Junts. Es complicado y cada vez tenemos menos tiempo”, explican esas mismas fuentes, que alejan la hipótesis de que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera se presente en el Congreso a defender un proyecto de Presupuestos sin apoyos, tal y como se comprometió en su día. “Los llevaría si hubiera agua en la piscina. Si no, no. Esto es un instrumento político, no un show”, apuntan.

En ese contexto, y con una semana parlamentaria más en la que la coalición de PSOE y Sumar encajan una derrota en el Congreso tras caer la Agencia Estatal de Salud Pública, el mensaje de Moncloa se reorienta al objetivo de normalizar que se gobierne con unos Presupuestos prorrogados sine die y de despejar cualquier atisbo de adelanto electoral.

“Con los presupuestos que tenemos, que son presupuestos de una administración de un gobierno de coalición progresista, estamos liderando el crecimiento de las principales economías avanzadas, creando empleo, dando respuesta a muchas de las políticas sociales que están inscritas en los acuerdos de investidura que he firmado con los grupos parlamentarios”, dijo el presidente el jueves además de incidir en que, con las cuentas prorrogadas, ha seguido subiendo el gasto en defensa, que es el principal compromiso que tiene ahora con los socios de OTAN y de la UE. 

La vía catalana

Por si faltara una certificación pública al carpetazo político a los Presupuestos de este año, ésta llegó en boca de Oriol Junqueras, líder de ERC y uno de los socios imprescindibles del Gobierno de Pedro Sánchez. “Si el PSOE no cumple los acuerdos, no solo no tendrá Presupuestos en 2025, sino que no tendrá opción tampoco en 2026”, dijo en una entrevista en Televisión Española.

Tras el pacto con el Gobierno para la condonación de hasta 17.000 millones de euros de deuda catalana, el principal acuerdo suscrito entre el PSOE y los republicanos que está pendiente de concretarse es el de la denominada “financiación singular” para Catalunya. Ese compromiso, adquirido en el marco de la negociación para la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, aún está por desarrollarse y todas las partes admiten de la complejidad de su puesta en práctica, principalmente en lo referente a la recaudación de todos los impuestos por parte de la administración autonómica.

Desde el PSOE y desde la Generalitat confían, no obstante, en que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat pueda cerrar los detalles de ese plan antes del verano. Y que eso, implique, por tanto, que Esquerra dé por satisfecha su demanda. Un escenario que los socialistas catalanes confían en que abra de par en par las puertas de unos nuevos Presupuestos para Catalunya en 2026 y que favorezca también el clima de entendimiento en la política estatal de cara a unas hipotéticas cuentas del año que viene.

Junts, otra vez con PP y Vox contra el Gobierno

La realidad de marzo de 2025 para el Gobierno es que rara es la semana en que no sufre un tropiezo parlamentario que da muestras de la dificultad para ahormar una mayoría en el Congreso que sustente los planes del Ejecutivo. El último ocurrió este jueves, cuando sucumbió la creación de la Agencia Pública de Salud, rechazada por PP, Junts y Vox. Algo que el presidente del Gobierno calificó de “lamentable”.

“Para mí es muy lamentable, como presidente que he sido durante la pandemia, ver que partidos de gobierno que han sufrido también la pandemia en sus propias carnes desde las instituciones en los años 2020, 2021 y 2022, por un cálculo partidista, que no lógico ni racional ni de defensa del interés general, han votado en contra de esta agencia”, reprochó.

La derrota de la ley que impulsaba la Agencia Pública de Salud ha resultado dolorosa en el seno del Ejecutivo. La creación de ese organismo fue una de las conclusiones de la comisión de reconstrucción tras la pandemia y entonces, salió adelante con la unanimidad de los grupos. “Creemos que es una absoluta irresponsabilidad. Es un síntoma más de la oposición destructiva y una oposición absolutamente sin rumbo, que te vota que sí en las comisiones, luego vota que no en el Pleno. Bueno, es lo que tenemos”, dijo el presidente en referencia al PP de Alberto Núñez Feijóo, a quien recordó que en el proyecto se aceptaron algunas de las enmiendas que planteó su grupo. Ninguna crítica expresa, sin embargo, pronunció sobre Junts.

Además de esa derrota, la semana parlamentaria dejó otra foto complicada para el Ejecutivo. En otra votación, la coalición de Gobierno se mostró dividida a la hora de apoyar el aumento del gasto en defensa. Algo a lo que el propio presidente le quiso restar importancia. “Esta es una discrepancia histórica”, valoró sobre la posición de Sumar convencido de que, a pesar de esa votación simbólica sin efecto legislativo, la división no tendrá consecuencias a la hora de acelerar el aumento del gasto en defensa, como se ha comprometido con la UE y la OTAN. “Sumar respeta los compromisos europeos que tiene España y este es un compromiso europeo”, subrayó el presidente, que la semana que viene comparecerá en el Congreso para explicar los planes de España al respecto y para recolectar, con toda probabilidad, el reproche a los mismos de gran parte de la Cámara.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sugerido la posibilidad de establecer las reformas necesarias que encaminen a una nueva forma de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de manera que puedan tener una vigencia a cuatro años.

Durante un encuentro informativo en Sevilla organizado por Fundación Cajasol y a preguntas de los asistentes, ha negado que la legislación electoral sea un problema, toda vez que “no hay una alternativa mejor”; pero si hay una reforma necesaria para que un gobierno no tenga que estar sometido a presiones para conseguir mayorías parlamentarias es la de poder presupuestar más de un ejercicio.

Para García-Page, la “clave” para que no haya “bloqueo político” sería poder contar con presupuesto de larga duración. “Un gobierno puede estar sin hacer leyes con tal de tener garantizado el funcionamiento de la maquinaria. Y eso se podría arreglar sin necesidad de grandes aspavientos, incluso sin tocar la Constitución”.

Y es que opina que hacer presupuestos “a un año vista” termina siendo “un desquicie”. “Abres el presupuesto en marzo y lo estás cerrando ya casi en octubre. Los que saben de gestión saben que esto no funciona. Son de las reformas que habría que hacer si nos pusiéramos de acuerdo”, ha zanjado.

Antonio Maíllo (Lucena, 1966) llega a la redacción de elDiario.es después de unos días intensos en los que ha pasado por Santander, Bilbao, Logroño y Madrid para el despliegue territorial de Convocatoria por la Democracia, el proceso político que ha lanzado Izquierda Unida para tratar de cambiar, en sus palabras, “el estado de ánimo de la izquierda”.

El coordinador general de IU alerta de una amenaza “civilizatoria”, como refleja la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Y pide una izquierda que abandone los “latigazos” y que recuerde que las batallas en el pasado siempre se dieron desde la alegría. Insiste en su oferta de unidad a todo el espacio político para un reencuentro que, según asegura, espera la gente “de todos los partidos”. “Y cuando digo de todos es de todos”, reafirma. Pero añade: “El respeto es fundamental en las reflexiones políticas”.

La entrevista se desarrolló el pasado martes, justo cuando el Gobierno y Junts alcanzaban un acuerdo para sacar adelante el escudo social. Maíllo aceptó complementar después las respuestas con un análisis más profundo de lo pactado. Tras lo sucedido esta semana, cree que hay condiciones “más favorables” para que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. 

Se ha aprobado finalmente el decreto con el escudo social en el Gobierno tras una negociación in extremis entre Junts y el PSOE. ¿Cómo valora la aprobación de este decreto?

Lo valoro positivamente porque es indudable que una de las claves de este decreto son unas mejoras sociales que tienen una repercusión directa en sectores muy importantes, como los pensionistas o trabajadores que puedan ver subido su salario mínimo, y ya no digo las ayudas extraordinarias a la DANA. 

¿Qué le parece que el acuerdo haya salido a cambio entre otras cosas de tramitar la proposición no de ley con la cuestión de confianza?

Aunque nos sorprende, como el acuerdo sobre la moción de confianza es algo que estrictamente afecta al presidente del Gobierno, dejamos a él y a su consideración lo que haya tenido a bien valorar. Nosotros lo que sí valoramos desde Izquierda Unida es que era importante sacar adelante la ampliación del escudo social y el mantenimiento de propuestas de efecto inmediato en la ciudadanía. 

¿Cree que después de este acuerdo es más fácil la negociación de los presupuestos?

Es verdad que dentro de esta imprevisibilidad, que es lo más previsible que caracteriza a esta legislatura, el acuerdo exprés, después de la votación que derogó el decreto, refleja que existe un escenario posible para un acuerdo presupuestario. Desde Izquierda Unida hemos defendido siempre que un Gobierno que se precie debe presentar el anteproyecto de ley de presupuestos para posicionarse sobre las intenciones políticas que tiene a lo largo de un año y obligar al resto de grupos a fijar su posición. Independientemente de este planteamiento, creo que hay condiciones, objetivas y subjetivas, más favorables a la aprobación de un presupuesto que es necesario para nuestro país.

Se ha criticado al PSOE por esta forma de negociar, por llevar las negociaciones al límite. ¿Creen que el Gobierno debería negociar de forma diferente?

Cuando gente con la que tú tienes que establecer relaciones de complicidad y confianza te advierte una y otra vez de que no mezclemos churras con merinas en un mismo proyecto, uno tiene que ser sensible. El problema no es que tú consigas el objetivo, sino que te dejas muchos pelos en la gatera en cuanto a esa necesaria complicidad y confianza. Uno no puede estar siempre apurando con fórmulas que le resultan incómodas a los aliados. 

Hay condiciones, objetivas y subjetivas, más favorables a la aprobación de un presupuesto

Usted ha sido muy crítico con Junts en las últimas semanas. No sé si eso ha tenido cierto ruido dentro de Sumar. Yolanda Díaz mantiene una relación con Junts menos conflictiva. 

No ha habido ningún tipo de choque. Junts tendrá que saber que cuando hay discrepancias las demás organizaciones tenemos derecho a opinar. Aquí cada uno tiene la posición política que tiene y cada uno tendrá que asumir sus consecuencias. Yo no creo que haya sido especialmente duro con Junts. Lo que sí creo es que Junts también debe saber lo que quiere ser de mayor. Su alianza con el PP y Vox, que yo entiendo que no la quieren, también tiene que demostrarse en clave ejecutiva, de actos. Nosotros tenemos una visión de las cosas, creo que acertada, con la que apelamos a que haya sensatez en las relaciones entre las organizaciones que forman el pacto de investidura. Y me parece que contribuir en esa línea nos fortalece, no nos debilita.

¿Y cree que se puede seguir confiando en un partido como Junts, que repite todo el tiempo que no es socio, que lleva las negociaciones hasta el punto de que de repente tumba un decreto tan importante como el que se votaba la semana pasada? 

La estabilidad de la legislatura es su inestabilidad. No es algo nuevo. Se combinan varias cosas: una es la lógica tensión de matices respecto al desarrollo legislativo y luego una cierta teatralización o escenificación de la discrepancia para que los electores de cada organización tengan claras cuáles son las posiciones políticas. O lo que es lo mismo, que no se desaparezca en las dinámicas absolutamente absorbentes de la iniciativa legislativa de un gobierno. En esa doble tensión, Junts sabe perfectamente que una alineación con Vox y con el PP es su desaparición en Catalunya. 

¿Cómo ha visto la negociación que ha llevado a cabo Yolanda Díaz para sacar adelante la reducción de jornada? Una Yolanda Díaz mucho más combativa de lo que habíamos visto, incluso de lo que ella había defendido en campaña sobre cómo deben ser las negociaciones con el PSOE. 

En política tú tienes dos obligaciones: llevar adelante tus políticas y que la gente sepa que son tus políticas las que van adelante. En el fondo, cuando escenificas un relato o un debate político, estás cumpliendo con una obligación ante quien te apoya, que es el derecho que tienen estos de saber cuáles son las propuestas que van adelante. Nosotros tenemos que ser dialécticos: aquello en lo que haya acuerdo ni un minuto de pérdida de tiempo. Y donde haya discrepancias, no ocultarlas. ¿Por qué? Porque también hay que hacer pedagogía en el debate político. Ya se ha normalizado por fin que se pueda debatir en un Gobierno. Oye, la trinchera también está en el Consejo de Ministros. Porque hay dos proyectos diferentes. Se ha normalizado esa discrepancia y yo creo que haciéndolo en tono de pedagogía política, de defensa respetuosa de las posiciones, se llega a un punto en el que el ciudadano saca conclusiones. 

¿Cómo valora la gestión que están haciendo los cinco ministerios de Sumar dentro del Gobierno, en concreto también el Ministerio de Izquierda Unida, de Sira Rego? Justo hace un año que más o menos echó a andar la legislatura.

En Izquierda Unida tenemos una visión muy integradora sobre el compromiso de estar en el Gobierno. Primera lección: no somos del Ministerio de Infancia y Juventud, somos del Gobierno de España. Estamos comprometidos con el pacto de investidura y nos afectan los acuerdos de investidura tanto de las políticas laborales, las de infancia y juventud como las de educación, aunque el titular sea del Partido Socialista. Todo es político y nada de lo político nos es ajeno, por hacer una glosa de la cita de Terencio. Un proyecto político que se precie no puede estar segmentado por lo que le toque en un Gobierno. Y después están las competencias que nos han tocado a la parte de Sumar con las que nos sentimos implicados y con una interlocución más ágil indudablemente, ya sea de sanidad, agenda social, cultura, trabajo o infancia y juventud. Y luego, la titularidad del Ministerio que detenta una persona como Sira Rego, que es de Izquierda Unida.

Oye, la trinchera también está en el Consejo de Ministros. Somos proyectos diferentes

Y luego yo siempre he planteado en los órganos de Izquierda Unida un mensaje muy claro. Tenemos que hacer que los debates que dependan en este caso de la ministra de Izquierda Unida sean debates que estén en el frontispicio del debate político español. El debate de la infancia migrante refleja la temperatura moral de un país. Que haya casi 6.000 menores hacinados en condiciones inhumanas, con unos dramas y tragedias familiares estremecedores, y que no estén repartidos entre los gobiernos porque el Partido Popular bloquea me parece que es un debate que tiene que abrirse, como el de la reducción de la jornada laboral, en términos de país. ¿Los votantes de derecha qué piensan? ¿De verdad piensan que el PP hace bien en boicotear el reparto de menores? 

Izquierda Unida ha presionado mucho al Gobierno con la política con Israel. Una vez firmado el alto el fuego, ¿qué pasos cree que tiene que dar el Gobierno? ¿Van a seguir exigiendo el fin de las relaciones?

Cuando tú entras en un gobierno asumes las contradicciones, porque la realidad es más tozuda de lo que uno desea. Si los únicos acuerdos que tuviéramos con el PSOE fueran sobre política de defensa y en política exterior, no tendríamos gobierno, se lo garantizo. Pero está claro que sobre Israel el estar en el Gobierno no vacuna ni elimina nuestras reivindicaciones. Y nosotros aspiramos a que la sociedad nos dé la fuerza suficiente para cumplirlas. Con Israel, con un Estado genocida, hay que romper relaciones de todo tipo, comerciales, diplomáticas... Dentro de siete, ocho o nueve años, cuando sepamos con detalle todo el drama y la tragedia que está ocurriendo en Palestina, el hipócrita Occidente se llevará las manos a la cabeza. Nos sorprenderemos y diremos que es un segundo Auschwitz, ahora que celebramos el 80 aniversario. Ahora no se puede decir que no se supiera. Hemos asistido a un genocidio con minuto y resultado en directo, a una operación de expansionismo israelí sobre los países del entorno. A un destrozo de familias, de terrenos y de no levantar la hierba tras la destrucción. Y nosotros vamos a seguir reivindicando que en los márgenes que tenemos para intervenir lo hagamos. Por ejemplo, en operaciones de compra, de operaciones, de defensa de maquinaria y tecnología bélica de Israel –que ese ha sido el gran problema, no que nosotros le vendamos, sino que le compremos–, hemos cortado porque no se puede permitir que no se cumpla con las peticiones que hemos hecho.

Estamos viendo los primeros efectos en política exterior de la gestión de Donald Trump al frente de Estados Unidos. ¿Qué posición debe tomar el Gobierno ante un escenario en el que Trump parece decidido a actuar con mucha más contundencia que en los cuatro años que estuvo anteriormente?

Trump está desarrollando las políticas que anunció que iba a desarrollar. Y me preocupa que amplios sectores sociales tomen a la ligera la amenaza expansionista y de giro a un nuevo autoritarismo que no solo quieren aplicarlo en Estados Unidos, quieren condicionar las relaciones internacionales. Yo creo que España debe liderar el multilateralismo desde este rincón de la Unión Europea. Todas las tensiones geoestratégicas que se están viviendo tienen que ver con el espanto que le produce a la élite americana la caída y la decadencia de su imperio en favor de China o en favor de los BRICS. España tiene un papel formidable, que es de una interlocución que debe fomentar con China principalmente. Nosotros como organización tenemos unas relaciones muy fluidas con China por razones históricas, obviamente, del Partido Comunista de España y el Partido Comunista Chino. Y es acertado todo lo que sea establecer unas interlocuciones que además pueden llevarnos a alianzas de modelo productivo, económico, etcétera, bastante beneficiosas para nuestro país.

Las tensiones geoestratégicas tienen que ver con el espanto que le produce a la élite americana la caída y la decadencia de su imperio en favor de China o los BRICS

Y sobre todo, ser muy firmes con respecto a la violación de los derechos humanos de Trump. A Trump hay que decirle lo que se piensa. Yo sé que a este tipo, estilo matonista, egocéntrico, no se le calma con paños calientes. El drama que tenemos en España es la debilidad diplomática y política de la Unión Europea, que todavía no sabe qué quiere ser de mayor y que tiene la tentación de aliarse con la extrema derecha y, por lo tanto, establecer una alianza implícita con Trump, y que creo que están planteando unas estrategias lenitivas que no resuelven el problema. 

¿Teme que el malestar por problemas como los de la vivienda pueda impulsar una ola reaccionaria en España? ¿Qué soluciones debería poner el Gobierno para combatirlo?

Dos planos. Hay una ofensiva autoritaria de batalla cultural que tiene mucho que ver con países importantes. Estados Unidos, el último y el más importante. Es una especie de péndulo reaccionario de una crisis que no se ha resuelto bien. Y una tentación del propio sistema capitalista de acelerar en su afán de acumulación de riqueza, que es su objetivo, en este caso por desposesión. Esa tentación existe y esta corriente de corte autoritaria y reaccionaria piensa que ya la institución formalmente democrática no le sirve y tiene una oportunidad como nunca antes.

Por otro lado, una izquierda fragmentada, con diferentes matices, que convierte en categoría diferenciada las diferencias tácticas, etcétera, y que en esa ofensiva no sabe responder. No estamos sabiendo teóricamente responder. Vamos a fagocitarnos menos y vamos a darnos menos latigazos. Cuando nosotros planteamos la Convocatoria por la Democracia, decimos que vamos a cambiar de estado de ánimo. En contextos históricos más difíciles hubo gente que luchó, que se los llevaban a la cárcel y los podían matar. Tenemos un momento difícil, pero esto no puede ser un aburguesamiento de delicadeza, de que nos dan golpes. Es que la izquierda plantea nada más y nada menos que un cambio de sistema. Eso tiene una batalla y tiene unos costes. Y a partir de ahí, un proyecto colectivo que es el que tenemos que configurar y un cambio en el estado de ánimo, que es que nosotros siempre hemos sido gente alegre y contenta en la batalla. Si vienen fuertes, nosotros más fuertes. Pero nosotros no somos fuertes por aliarnos con una televisión, con una big technology. Nosotros somos fuertes si articulamos una sociedad organizada. 

La izquierda plantea nada más y nada menos que un cambio de sistema. Eso tiene una batalla y tiene unos costes

En este contexto de invasión política hay dos fórmulas. Una, la de que viene la derecha porque nos van a quitar todo. Sí, nos van a quitar todo pero tú sigues promocionando colaboración público-privada en la vivienda. El Partido Socialista. ¿Qué me estás contando? En un tema tan importante como el de la vivienda, o se cambia la concepción de lo que tiene que ser una política de vivienda pública o siguen manteniéndose las bases materiales que lleva a la gente a abrazarse a la extrema derecha. Por eso 2025 debe ser el año de la vivienda. Por eso hay que tener presupuestos. Por eso debemos acordar que se abra paso el protagonismo público y por eso tenemos que intervenir con valentía para hablar de tope de alquiler, para hablar de intervención de mercado.

Mencionaba la Convocatoria por la Democracia que ha lanzado su partido. ¿En qué consiste? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo se concreta esto?

Convocatoria por la Democracia es una apelación a organizar un cambio en el estado de ánimo de la izquierda. Esto no es un nuevo partido, ni un nuevo proceso de escucha, ni una nueva coalición electoral, es un espacio de reencuentro en lo que importa. Frente a la espectacularización de la política o la identidad de proyecto político vinculado a singularidades, la reivindicación de la política en el orgullo de lo común, en la elaboración de lo colectivo.

Convocatoria por la Democracia es una apelación a organizar un cambio en el estado de ánimo de la izquierda

Las convocatorias son llamadas a la gente para que, aunque no estén formalmente militando en organizaciones, tengan espacios donde hablar. Hablar de qué está pasando, de dar instrumentos y herramientas para saber por qué están penetrando los valores reaccionarios. Ya no digo su respuesta electoral, sino los valores reaccionarios en tus hijos, en tus familiares que antes eran progresistas y ahora se han vuelto muy de derecha. Hace falta ese reencuentro y ese espacio. Y desde una base que ha sido la gran falla en estos diez últimos años. Los proyectos sólidos solamente tienen permanencia en el tiempo si están conformados y son participados de una manera activa por la gente. Por eso lo vinculamos a ejes programáticos de vivienda, de recursos energéticos ante la crisis ecosocial, de cómo defender los servicios públicos de un país de acogida y atender a la migración de los cuidados de las condiciones laborales. 

¿Y esto tiene algún nexo, alguna vinculación, en cómo se va a articular políticamente y orgánicamente la izquierda en los próximos años?

Nosotros, desde la humildad, ofrecemos este instrumento para reencontrarnos con gente que está náufraga de militancia y que quiere actuar. Yo no estoy dispuesto a que en la puerta del colegio donde llevo a mi hijo se digan las barbaridades que se dicen. Y necesito instrumentos para combatir eso. Hay otra gente que lo que quiere es reivindicar la memoria. Nosotros incorporamos y sumamos fuerzas. Mi propuesta será que Izquierda Unida asuma que lo elaborado colectivamente por gente incluso que no es de Izquierda Unida. Y ofrecemos esa propuesta política al espacio al que vayamos. Puede asumirse de manera automática o puede matizarse en una reflexión democrática. Nosotros volcamos una propuesta política que no está hecha por cuatro expertos que saben todo de una cosa, sino por el propio pueblo, por la gente que de la manera más modesta tienen las mejores ideas para este país, que después habrá que darle fórmulas legales, canalización, planificación y secuenciación. Los proyectos que se solidifican son aquellos cuyos resultados tienen la simiente de quienes lo promovieron. Ahí está la radical diferencia con proyectos que hemos pecado de demasiado líquidos por estar condicionados por una cierta espectacularización de la política de la que queremos rehuir.

Hablando de espacios de unidad, cuando usted llegó a la Coordinación de Izquierda Unida fue muy crítico con cómo se había construido el espacio de Sumar, con el hiperliderazgo de Yolanda Díaz. Hace unas semanas Sumar hizo un encuentro para la reducción de la jornada como medida política. Ahí Yolanda Díaz presidió ese acto y usted estuvo, digamos, apoyando.

No, estuvimos de representantes todos. Si usted se dio cuenta, la escenografía fue radicalmente diferente. Hemos pasado de actos donde solamente hablaba una persona a actos donde hemos hablado cada uno, y Yolanda también, representando a una organización política. 

Precisamente le preguntaba sobre eso. ¿Ha habido un cambio en la forma de trabajar con los partidos en Sumar?

Yo creo que hubo una escenificación que refleja un punto de inflexión. Tuvimos además una reunión previa que fue muy buena. Estuvimos allí todas las organizaciones que forman parte del grupo parlamentario. Tanto el tono, el ambiente, como la reflexión política de gran nivel… fue todo muy positivo. Fue la primera vez que yo asistí a un encuentro que usted sabe que hemos aspirado a que fuera plural. Creo que compartimos esa reflexión creo que todas las organizaciones políticas. Y eso después se reflejó también en la escenificación plural de una reivindicación que está en el pacto de Gobierno [la reducción de jornada], que la teníamos nosotros en la propuesta programática y que en la que todos nos sentimos implicados y vinculados. Esa pluralidad lo que garantiza es que haya miles de personas que cada uno se identifique con quien ellos consideren pero que sepan que la traducción de esos afluentes va a un enorme río que fluye unido, que tiene mucha fuerza y que puede ser determinante para el futuro de nuestro país. La otra opción es arroyo seco, dependiendo de las corrientes, y que cada uno solo no haga nada ni sea relevante para nuestro país.

No sé si coincide con ese momento de inflexión, pero este lunes escuchábamos a Yolanda Díaz hablando otra vez de unidad, quizá de una forma más firme de lo que lo había hecho desde después del 23J. Y habló precisamente de repetir la coalición del 23J o lo que ocurrió el 23J. Izquierda Unida ya ha planteado en sus documentos su fórmula para la unidad, ¿pero coincide en que hay que repetir lo que se hizo el 23J?

Izquierda Unida, si de algo se ha caracterizado en estos meses es de mucha claridad. Creo que somos la única fuerza política que ha puesto encima de la mesa el debate además en clave política. Y aquí estamos para servir a la gente y al país, no estamos aquí para el tú-yo y el yoísmo. Eso tenemos que desterrarlo y creo que vamos consiguiendo con paciencia y cierta pedagogía política que se abran paso esas reflexiones, porque además son de sentido común. No es que lo hagamos en sesudos centros de análisis político. No, no, se hace en el común de la calle. Hay gente de todas las organizaciones, y cuando digo de todas es de todas, que aspiran y ansían el encuentro. Y como es una postura de sentido común, yo creo que tenemos que construir con discreción, dejando los tiempos y cuidando muy bien los tiempos y con un cuidado en los discursos también. Pero atención, esto se hace con respeto. Con respeto. Con respeto en los discursos. Con respeto en las propuestas. Y con respeto en el qué hacer. Si tú dices que vas a una sociedad de justicia social y de cuidados, pero tú no cuidas ni haces actos justos en el camino, tu credibilidad es cero.

Cuando hablaba en su propuesta de 'todos dentro, sin vetos cruzados' y hablaba del reencuentro, no lo nombraba directamente, pero imagino que se refería a Podemos. ¿Ha mantenido conversaciones recientemente con Podemos para tratar de recomponer esos puentes, de llegar a ese reencuentro? ¿Hay alguna conversación que invite a pensar en que es posible una foto de unidad en las próximas elecciones?

Yo no me voy a mover en lo subjetivo, no me voy a mover en el estado de ánimo de quienes dirigimos esto. A mí me importa situar el debate en el objetivo de construir una izquierda alternativa que tenga aspiración de transformar nuestro país. Sobre esa base es sobre la que construimos. Entonces evitamos fulanismos y el ‘yo y tú’. Yo prefiero el nosotras y nosotros y estar en la política. Nosotros tenemos una hoja de ruta. Vamos a trabajar con todos. El respeto es fundamental en las reflexiones políticas. Si tú no me respetas a mí o yo a ti, acabamos esta conversación. Y sobre esa base de respeto, dejar fluir para crear condiciones. Yo he escuchado a gente decir que no hay problemas programáticos. Si no hay problemas programáticos, ¿qué problema hay para hacer un proyecto común? Si estamos de acuerdo en qué hay que hacer en este país…

Irene Montero decía hace poco...

Sí, se lo escuché a ella. 

Ella decía que quizá la diferencia no era tanto programática sino de si la izquierda tiene voluntad de liderar en los espacios donde está y sobre todo, una cosa que ellos dicen bastante, la voluntad de asumir el coste de los avances, en referencia, se entiende, a Sumar. Y también ha dicho hace poco que el PSOE debería asumir los restos de los proyectos políticos que ha intentado impulsar para destruir a Podemos, en referencia también a Sumar. No sé si con estos mimbres, con estas declaraciones de partida, lo ve más o menos complicado. Lo digo porque esto ha pasado después de que usted haya lanzado esa llamada a la unidad.

El camino no va a ser fácil, pero es que estamos en un cambio civilizatorio y aquí nos estamos jugando si nuestra visión de la vida va a irse por el sumidero de la historia y todos los valores que tenemos asegurados van a desaparecer. Yo he estado en Estados Unidos y me ha recogido un taxista con 82 años que se dormía en los semáforos y que tenía que seguir trabajando hasta que se muriera. ¿Estamos a la altura del debate que tenemos? Mire, nosotros no estamos de acuerdo con ningún veto, con ninguno. Pero no vayamos ahora a devolver vetos.

No me perdonaría que nuestras filias y fobias se antepongan a los destinos de la clase trabajadora

De lo que se trata es de aspirar a que la gente que considere que está llamada a liderar presente su proyecto y si es apoyada nosotros nos cohesionamos. Claro, si nosotros somos los que lideramos, que los demás se cohesionen. Aquí no vale la regla del juego si a mí me va bien y si no, no. Todas las posiciones son legítimas. La gente puede defender: pues yo quiero amortizar a todos los que han pasado por aquí desde 2014 a 2024. Oye, pues si la gente te apoya y te da la mayoría, eso es sagrado. Pero eso tendrá que decidirlo la gente, no cada uno de nosotros sobre nuestras filias y nuestras fobias. Hay que situarse en lo político y hay que situarse en lo que nos jugamos, que es mucho. Y todo lo que sean discusiones de matices son perfectamente solventables. Y en ese sentido nosotros somos muy transparentes y creo que los demás se van a identificar también en los discursos que den. Pero yo no quiero pasar en esta vida dirigiendo un proyecto y que tengamos una responsabilidad histórica y que nuestras filias y fobias se antepongan a los destinos de la clase trabajadora. Es que no lo asumo ni me lo perdonaría. 

Entrevista completa:

Vídeo: Lourdes Jiménez y Nando Ochando.

El acuerdo del PSOE con Junts para la investidura presagiaba una montaña rusa y, un año y un mes después, el presidente del Gobierno se encuentra en la subida más empinada. Pedro Sánchez comienza 2025 a lomos de una mayoría movediza que necesita estabilizar para sacar adelante los presupuestos. En este empeño Junts no es el único pero sí el principal obstáculo, pues ha dado por rota su confianza y exige un avance sustancial en el cumplimiento de sus acuerdos para volver a apoyar al Ejecutivo.

Junts ha sido, durante el arranque de la legislatura, la formación que ha supuesto un mayor reto para los encargados de reunir en el Congreso los votos que necesita el Gobierno. Algunas iniciativas de la Moncloa, como la renovación de los decretos anticrisis hace un año, hicieron sudar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y al número tres del PSOE, Santos Cerdán, dos de los habituales facilitadores.

Aquellos decretos vieron la luz a cambio de un nuevo compromiso, en este caso la cesión a Catalunya de las competencias en inmigración. Otros, como la prórroga del impuesto especial a las energéticas que se acaba de aprobar, tienen aún peor pinta, ya que Junts lo rechaza de plano sin ni siquiera abrirse a transaccionarlo a cambio de otras cosas.

Sustos y tropiezos aparte, la incógnita de fondo es si el Gobierno logrará cristalizar en algún momento la mayoría para sacar adelante los presupuestos, un verdadero balón de oxígeno que le permitiría superar con buena forma el ecuador de la legislatura. Y la clave para ello son los avances en todas las carpetas que Sánchez mantiene abiertas con todos sus socios, del PNV a Podemos, de Sumar a Junts, sin olvidar el bloque de ERC, EH Bildu y BNG.

Inmigración

En las últimas semanas Junts ha endurecido mucho su discurso. Carles Puigdemont ha sido el encargado de manifestar en primera persona su descontento con el Gobierno, del que ha dicho que ha incumplido “de forma flagrante” sus compromisos. El líder independentista desdeña los guiños de los socialistas y reitera que ha perdido la confianza en Sánchez. La interpretación en la Moncloa no es que Puigdemont quiera romper, sino que quiere aumentar el precio de sus votos y recibir ya contrapartidas de peso.

Junts esperaba cobrarse antes del final de año una de sus piezas de caza mayor: la llegada a Catalunya de las competencias en materia de inmigración. Sin embargo, la negociación se ha complicado, según explicó el secretario general Jordi Turull en este diario, debido a que, en su opinión, la propuesta del Ejecutivo se parece más a “una encomienda de gestión que a una delegación de competencias”.

Con todo, en Junts confían que conseguirán ese objetivo competencial, si no es en las últimas dos semanas de 2024, quizás sí en las primeras del año entrante. De momento, tal y como adelantó este diario, ambas formaciones están también negociando un decreto que permita dar una respuesta a la situación de emergencia que afrontan principalmente Canarias y Ceuta en el reparto de menores migrantes.

Inversiones

Más difícil es, en cambio, revertir el déficit de inversiones. Los independentistas señalan que, año tras año, Catalunya es una de las comunidades que sale peor parada en la ejecución de los fondos presupuestados. Siendo así, sostienen, no tiene sentido negociar unos números que, a la hora de la verdad, no se cumplen.

En octubre pasado, Junts ya esgrimió este agravio económico durante una sesión de control en el Congreso, lo que fue replicado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometiendo mejorar las cifras de ejecución. Junts aduce datos para demostrar que la situación habría cambiado poco: según los números que manejan los de Puigdemont, en 2023 el porcentaje de ejecución de inversiones fue del 45% en Catalunya por el 212% de Madrid.

La reunión

Uno de los temas que ha ganado peso en las últimas semanas es la posibilidad de que Sánchez y Puigdemont mantengan una reunión que, hasta el momento, los socialistas siempre habían esquivado.

Desde Junts mantienen un discurso con matices contradictorios sobre esto. El propio expresident se ha referido varias veces a esta hipotética reunión como una forma de desagravio hacia él, e incluso la ha calificado de “amnistía política”. Pero inmediatamente después, desde el partido siempre apuntan que no se trata de una condición para negociar las cuentas y ni siquiera para recuperar la confianza perdida, que solo se restablecería con el cumplimiento de lo acordado.

Fuentes de Junts detallan, además, que tal como avanzó el diario ABC, el Gobierno se habría abierto a poder mantener un breve encuentro con Puigdemont en el Parlamento Europeo, aprovechando la presencia de Sánchez en la reunión del Consejo Europeo, en Bruselas. Una opción que no convenció a los independentistas, al considerar que se les ofrecía únicamente una fotografía sin contenido político.

A las tiranteces políticas sobre el encuentro cabría añadir cuestiones de índole logística, como por ejemplo el lugar de Bruselas donde celebrarla. La reunión entre Cerdán y Puigdemont de octubre de 2023 que sirvió para encauzar el acuerdo de investidura con Junts tuvo lugar en el Europarlamento, pero ahora el expresident ya no es eurodiputado y no dispone de oficina en la sede del legislativo comunitario.

La reunión que reclama el expresident catalán está ahora sobre la mesa de los socialistas. En sus últimas comparecencias del año, tanto Sánchez como Salvador Illa dejaron abierta la puerta a que este encuentro se acabe produciendo, incluso antes de que a Puigdemont se le aplique la amnistía. Un gesto que, de acabar produciéndose, podría deshelar definitivamente las relaciones entre Junts y el Gobierno.

El Gobierno dará luz verde a la prórroga del impuesto a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas eléctricas en el Consejo de Ministros de la semana que viene, el último del año. Antes de que decaiga la medida el 31 de diciembre, el Ejecutivo recurrirá de esta forma a impulsar por iniciativa propia la continuidad del gravamen mediante Real Decreto y tras constatar la imposibilidad de poner de acuerdo a todos los socios parlamentarios.

La mesa de negociación entre el ministerio de Hacienda y los grupos del Congreso volvió a convocarse este miércoles por la tarde. Al igual que la semana pasada, Junts y PNV, abiertamente en contra del impuesto, declinaron asistir a las reuniones. Y tampoco acudió Podemos, que fue quien exigió la convocatoria de esa mesa a cambio de apoyar la reforma fiscal, algo que sentó especialmente mal en el PSOE y en otros socios parlamentarios de izquierdas. Los de Ione Belarra argumentaron que no tenía “razón de ser” asistir a una cita en la que no existe posibilidad de acuerdo entre los aliados de investidura.

Hacienda, no obstante, mantuvo su compromiso con el resto de socios y las reuniones se produjeron en la tarde del miércoles con grupos como ERC, EH Bildu o BNG. El fiasco de ese foro impulsado por Podemos, sumado a la constatación de que resulta una quimera poner de acuerdo a los socios progresistas con los conservadores en cuanto a la fiscalidad de grandes corporaciones cuyos intereses también defienden los nacionalistas vascos y los de Carles Puigdemont, ha llevado al Gobierno a mover ficha por su cuenta y recurrir a la vía del Real Decreto.

Desde ERC, EH Bildu y el BNG confirmaron en un comunicado conjunto tal extremo tras las reuinones con Hacienda. “ERC, EH Bildu y BNG han acordado hoy con el Gobierno español la aprobación en el Consejo de Ministros, antes de fin de año, del Real Decreto que permitirá mantener el gravamen a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso y tramitarlo como Proyecto de Ley para convertirlo en impuesto. En el diseño del texto se incluirán las bonificaciones a proyectos renovables propuestas por otros grupos, mostrando así nuestra voluntad de lograr un acuerdo amplio y equilibrado entre todas las fuerzas políticas necesarias para su aprobación”, reza el texto.

La nota de los soberanistas vascos, catalanes y gallegos añade que “de esta manera, se da cumplimiento al acuerdo alcanzado el pasado 18 de noviembre entre ERC, EH Bildu y BNG con el Gobierno para garantizar que las energéticas sigan pagando lo que les corresponde. La fórmula pactada —decreto y posterior tramitación— es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025, así como su conversión en impuesto en pocas semanas y su concertación con las Haciendas forales vasca y navarra”.

En realidad, se trata de un paso más simbólico en lo político que en la repercusión real que pueda tener respecto a su aplicación. Al prorrogar el impuesto, en el departamento de María Jesus Montero consideran que habrán cumplido con su palabra dada a socios como Podemos, ERC o EH Bildu. Y que otra cosa será ya poder convalidar esa medida en el Congreso de los Diputados.

Una vez sea prorrogado el impuesto, su vigencia será automática en cuanto sea publicado en el Boletín Oficial del Estado y tras decaer el impuesto actual el últio día del año. Pero luego deberá ser convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días desde su promulgación. Y ahí es donde entrararán en liza de nuevo los votos de Junts y PNV, imprescindibles para alcanzar una mayoría parlamentaria de apoyos.

Tanto los nacionalistas vascos como los independentistas catalanes se han mostrado hasta la fecha inflexibles respeto a un tipo impositivo del que reniegan. Aunque entre las filas socialistas hay quien atisba una rendija para el entendimiento. La intención de Hacienda en el decreto de la semana que viene es introducir mecanismos de bonificación para las empresas que se comprometan a invertir parte de sus beneficios en la descarbonización de la energía. Un elemento que hay quien piensa en el Gobierno que podría servir de pista de aterrizaje para la demanda de Junts de que el gravamen no perjudique las inversiones previstas en Catalunya. Para la otra pata, la del PNV, también existe interlocución desde el Ejecutivo respecto a la demanda de que sea una gestión y una recaudación que asuma por completo el Gobierno Vasco.

El tributo se diseñó en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios conseguidos por las empresas del sector energético por su capacidad de aprovechar la crisis de inflación para elevar los márgenes de sus negocios. “Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, defendía Hacienda a finales de septiembre de este 2024, cuando publicó el dato de recaudación del tributo a grandes eléctricas y petroleras, que fue de 1.164 millones sobre sus ganancias de 2023, una cifra similar a la del año anterior.

Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024, informa Daniel Yebra.

Después de un año de tiras y aflojas con Junts, el Gobierno pensó que la aprobación de la reforma fiscal hace tres semanas en el Congreso, para la que consiguió aglutinar el apoyo de todos sus socios, allanaba definitivamente el camino hacia los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, en las filas socialistas lo piensan aún hoy. Pero lo cierto es que el optimismo para impulsar esas nuevas cuentas a principios de 2025 se ha chocado esta semana con el último intento de chantaje de Carles Puigdemont.

La exigencia de los independentistas catalanes de una cuestión de confianza al presidente antes de sentarse a negociar se suma a las advertencias de Podemos. Los de Ione Belarra avisan al PSOE de que, para contar con su respaldo, es necesario cumplir antes con los compromisos pendientes, en referencia al impuesto a las energéticas.

Según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes parlamentarias, el Ejecutivo activará ya este miércoles la mesa de negociación que exigió Podemos para abordar la prórroga de ese tipo impositivo a los beneficios de las eléctricas. Aunque de esa convocatoria se ha descolgado el PNV. “Nadie habló con el PNV el pasado 21 de noviembre sobre lo acordado entre PSOE y Podemos en el marco de la reforma fiscal y no nos sentimos obligados a tomar parte en las urgencias de Podemos de trasladar una imagen para justificar su apoyo irreversible a un paquete fiscal”, apuntan los nacionalistas vascos.

Ese anuncio del PNV a última hora del martes enrarece aún más el ambiente entre los aliados del Gobierno. Así que nadie espera que el acuerdo, en caso de producirse, sea inmediato. Entre los grupos parlamentarios empieza a cundir el convencimiento de hecho de que el camino a los Presupuestos volverá a convertirse en un suplicio para el Ejecutivo, que ya atisba una negociación extenuante que se puede prolongar aún por varios meses.

Respecto a Puigdemont, en el PSOE siguen bastante tranquilos en relación a su última amenaza. Al convencimiento de que se encuentran ante la misma estrategia negociadora de siempre por parte del expresident catalán se han sumado en las últimas horas algunas declaraciones que descafeínan de manera notable su amenaza. Por un lado, el secretario general de Junts, Jordi Turull, descartó de manera categórica que su partido se plantee prestar sus votos al PP y a Vox para una moción de censura contra Sánchez. Y el mismo Turull introduce un matiz relevante al órdago de su jefe: para negociar los Presupuestos, dijo, el Gobierno debe encontrar antes “la fórmula” de dar cumplimiento a las inversiones pendientes. Fórmula que pasaría, según el dirigente independentista, por una compensación de la deuda de Catalunya con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

En Podemos, por su parte, aprietan al Ministerio de Hacienda para que restablezca el impuesto sobre las energéticas que pactaron con el PSOE abordar en la mesa de negociación que se constituye este miércoles. “Si ahora el Gobierno no cumple, que no nos busque para aprobar Presupuestos o para levantar el veto de la reforma fiscal cuando llegue del Senado”, avisó el diputado Javier Sánchez Serna tras la Junta de Portavoces.

“Está pesando más la negativa de determinados socios del Gobierno a que no haya ningún tipo de impuesto a las energéticas a restablecer ese impuesto, se han dejado pasar dos semanas, un tiempo precioso para poder negociar y ahora se apunta desde el Gobierno con escepticismo a la posibilidad de restablecer ese impuesto”, añadió Serna, que señaló también que, en su opinión, la Mesa de Partidos convocada para este miércoles “no solo tendría que haber llegado mucho antes, sino que parece que llega con muy poco margen a los grupos para negociar sobre ese impuesto a las energéticas”.

Dos impuestos energéticos en disputa

La subida de tono de Puigdemont y de Podemos se concreta esta misma semana en una pugna parlamentaria por dos impuestos muy relacionados entre sí, ya que gravan a las mismas empresas: las energéticas. El primero es el impuesto a los beneficios extraordinarios que María Jesús Montero intentará pactar este miércoles con todos sus socios en el Congreso. Una foto que fue una exigencia de Podemos a cambio de apoyar el paquete fiscal aprobado hace unas semanas en la Cámara Baja y que ahora se está tramitando en el Senado.

Pero este lunes, de forma inesperada, entró otro tributo en liza. Junts pactó con el PP una enmienda conjunta para suspender un impuesto a la generación eléctrica aprobado en 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy para sufragar un déficit superior a los 30.000 millones que arrastraba el sistema. La propuesta de las derechas española y catalana pasa por bajar del 7% al 0% dicho tributo cuando no exista ese déficit de tarifa que, a principios de 2024, estaba cifrado en 7.866 millones.

La enmienda se aprobó con el voto favorable de los proponentes, más Vox, ERC y PNV. El Gobierno intentó usar su capacidad de veto en enmiendas que suponen minoración de ingresos, pero la ausencia del diputado del PSOE Juan Antonio Lorenzo lo impidió. Fuentes socialistas consultadas por este periódico no esconden el profundo malestar del grupo parlamentario con Lorenzo, al que se le exigieron explicaciones por no asistir a la Comisión de la que forma parte además como miembro de la Mesa. Según esas mismas fuentes, el diputado alegó no haber sido consciente de la convocatoria de la Comisión y no poder asistir por encontrarse de puente fuera de Madrid.

Por si le faltaran pocos frentes abiertos, ese error del diputado socialista ha provocado un quebradero de cabeza más para el Gobierno, que busca a marchas forzadas una solución para revertir una reforma legal que, si llega a Pleno en el Congreso, difícilmente podrá parar y que supone una reducción de la recaudación de unos 1.100 millones de euros anuales. Desde Sumar le han exigido al PSOE que encuentre cómo “mantener el impuesto”. 

El primer paso ya se ha dado. Este martes, la mesa de la Comisión de Transición Energética que tramita la reforma ha desconvocado la sesión prevista para el jueves para, en teoría, aprobar la ponencia y mandarla al Pleno del Congreso. Esa reunión ya no se producirá, lo que da un nuevo margen al PSOE para encontrar cómo desmontar el pacto Junts-PP.

Una opción pasa, según fuentes parlamentarias, por emitir un “voto particular” en la propia comisión para retirar de la ponencia dicha enmienda. El problema para los socialistas es que necesitan, sí o sí, que al menos ERC y PNV se retracten de lo votado el lunes. Al estar fuera de la ponencia, el Gobierno recuperaría la posibilidad de vetar la enmienda.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica indican que las enmiendas aprobadas son “ajenas a la transposición europea” de dos directivas de la UE que actualiza el régimen de derechos de emisión de CO2, “una herramienta decisiva para la descarbonización de la economía española”, y que esa transposición “es urgente”, dado que el plazo para incorporarlas al ordenamiento jurídico español ha sido “de apenas siete meses”, y la norma tiene novedades que se aplican desde el próximo 1 de enero, como la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera (el arancel comunitario de CO2) o la extensión del régimen de comercio de emisiones de CO2 al transporte por carretera y la edificación.

En el PSOE no dan por supuesto que puedan convencer a sus aliados para deshacer el entuerto máxime cuando ERC y PNV están envueltos en sus propios procesos congresuales. Y se abre otra posibilidad. Distintas fuentes parlamentarias apuntan a que la proposición de ley en la que se ha incluido la enmienda se guarde en un cajón para nunca concluir su tramitación y que el Gobierno recurra al real decreto-ley para llevar al Congreso el texto de la norma europea que debe entrar en vigor lo antes posible.

El Gobierno de coalición pasó este jueves de bordear una vez más el precipicio a celebrar por todo lo alto una victoria parlamentaria vital para apuntalar la legislatura de Pedro Sánchez. Mientras se sucedían las negociaciones a contrarreloj para cuadrar los números de una reforma fiscal clave para los Presupuestos, desde la Audiencia Nacional llegaba al Congreso la declaración del cabecilla del 'caso Koldo' como una auténtica bomba política. El empresario Víctor Aldama, encarcelado por corrupción, acusaba a la dirección del PSOE y a altos cargos del Ejecutivo de cobros en dinero negro. Así que Alberto Núñez Feijóo salió a pedir de manera solemne el apoyo de los socios del PSOE para una moción de censura. Apenas una hora después, todos esos socios secundaron sin fisuras al Gobierno de Sánchez.

“Quiero agradecerle a los grupos parlamentarios el esfuerzo en la negociación de esta reforma fiscal tan importante para tener unos servicios públicos fuertes”, celebró el presidente ante la prensa a la salida del hemiciclo, donde un buen número de diputados socialistas le recibieron entre aplausos. Antes, toda la bancada del PSOE había estallado en una sonora ovación en torno a María Jesús Montero, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda que ha liderado esas conversaciones y que consigue encarrilar el próximo objetivo de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

La votación en Pleno del paquete de medidas fiscales culminaba en ese momento otro auténtico test de estrés superado con éxito por Pedro Sánchez y su Gobierno. Porque tras conseguir ahormar hace justo un año la mayoría de investidura más heterogénea imaginable y cumplir el hito de sacar adelante la ley de amnistía, el PSOE y Sumar se han enfrentado esta semana a su verdadera piedra de toque legislativa: conseguir poner de acuerdo a socios de izquierdas, de derechas, nacionalistas e independentistas en la política impositiva que desplegará el Ejecutivo.

Todas las fuentes consultadas entre los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno coinciden en que un batacazo en la votación de este jueves hubiera empujado la legislatura hacia una vía muerta. Y que sacarla adelante, con 178 síes y 171 noes, encamina ahora a acelerar en los Presupuestos Generales del Estado con una negociación que se antoja menos encorvada.

Feijóo implora apoyos

La declaración de Aldama ante el juez era uno de los hitos más esperados por el PP. Los de Feijóo han diseñado una estrategia de oposición que, entre otras cuestiones, pasa por deslegitimar el origen de la llegada de Sánchez a la Moncloa: la lucha contra la corrupción. El presidente impulsó una moción de censura en 2018 a lomos de la sentencia que condenó al PP de Mariano Rajoy por lucrarse con la trama Gürtel.

El estallido del ‘caso Koldo’ dio al PP la munición necesaria no solo para atacar al PSOE, sino para incidir en la endeble mayoría parlamentaria sobre la que se ha cimentado el actual Gobierno de coalición. Casi desde el inicio del tercer mandato de Sánchez, a finales del año pasado, Feijóo ha tentado a los aliados parlamentarios del presidente con leyes o mociones para romper el bloque de la investidura.

Algunas veces ha funcionado. Pero nunca en las votaciones capitales, aquellas que podrían haber tumbado al Gobierno. Por eso el PP ha terminado criticándolos en público, especialmente a Junts y al PNV. Feijóo soñó tras las elecciones del 23 de junio de 2023 con el respaldo de la derecha catalana y/o vasca a su investidura. Fracasó y, desde entonces, el nivel de enfrentamiento con ellos ha ido en aumento. Los portavoces parlamentarios de PP y PNV, Miguel Tellado y Aitor Esteban, suelen dar cuenta de su pésima relación en sus redes sociales.

Este jueves, a tiempo para los informativos de mediodía, Feijóo compareció ante las cámaras en una de las salas del edificio noble del Congreso, el Palacio donde se ubica el salón de plenos. Otra “declaración” sin preguntas del líder de la oposición en la que imploró al resto de grupos parlamentarios que le hagan presidente del Gobierno poco antes de que el bloque de la investidura se reagrupara.

“Yo no tengo los votos para cambiar el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con esto que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa”, apuntó Feijóo en su declaración. El líder del PP no mencionó la “moción de censura”, pero no hizo falta.

Feijóo acusó a Sánchez de haber “incurrido” en “corrupción política, económica y moral”. “Estamos ante el 'caso Sánchez', y toca actuar”, añadió. “El Gobierno apesta a corrupción”, dijo. El líder de la oposición habló de “mordidas, comisiones en efectivo, empresas beneficiadas a cambio de dinero”, de “la vicepresidenta venezolana en suelo español”, de “la mujer del presidente”, y achacó “silencio” a los miembros del Gobierno, especialmente a las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera.

Sobre la próxima vicepresidenta de la Comisión Europea tuvo palabras específicas. Lejos de rebajar la presión mantenida contra Ribera en Bruselas, a la que pidió “retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar”, después de que Aldama haya dicho que también se reunió con ella.

Feijóo reconoció que, de momento, ningún miembro del Gobierno ni del PSOE está imputado. “Será la justicia la que determine el grado de corrupción” del Ejecutivo, concedió. “Pero los españoles no vamos a aguantar mucho más tiempo esta agonía”, zanjó.

El líder del PP quiso poner un espejo frente al Sánchez de 2018 y parafraseó su discurso en la moción de censura a Rajoy. “Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles”, planteó, para explicar: “No lo digo yo, lo dijo él mismo”. 

Para derribar a Rajoy fue imprescindible el concurso del PNV, que pasó de apoyar los Presupuestos de aquel año a apoyar la moción en apenas días. Un escenario que en la sede nacional del PP en la madrileña calle de Génova creen plausible que se pueda repetir. “¿Por qué los socios le protegen?”, se preguntó.

Poco después, su secretaria general, Cuca Gamarra, volvió a retar a los socios: “Ellos tienen la pelota en su tejado, que hablen”. Pero la propuesta de Feijóo cayó en saco roto. Los grupos de la mayoría de la investidura no respondieron al líder del PP. Ni ‘si’ ni ‘no’. Solo silencio.

Sí contestó preguntas de la prensa Pedro Sánchez. A la salida del Congreso, y cuestionado por esa moción de censura deslizada por Feijóo, el presidente quiso mostrar su respeto a los grupos parlamentarios y animó incluso al PP a dar el paso. “La moción es un instrumento constitucional, así que el máximo respeto, los grupos parlamentarios son libres y autónomos. Incluso sería buena oportunidad para que Feijóo planteara una alternativa que no se conoce, porque la debilidad parlamentaria es de aquellos que no son capaces de armar mayorías”, aseguró tras calificar las acusaciones de Aldama de “inventada” y justo antes de montarse en el coche presidencial con la mayoría parlamentaria que le sustenta en el Gobierno más amarrada que nunca.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a pedir la aprobación del techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado, algo que permitiría a su gobierno poder seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos como, por ejemplo, la bajada de ratios progresiva en la etapa de Educación Primaria a 22 alumnos.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional durante el acto institucional con motivo del Día de la Enseñanza 2024, que se ha celebrado en el Teatro Auditorio Francisco Nieva de Valdepeñas.

En este marco, García-Page ha puesto de relieve que, en un “contexto complicado”, en Castilla-La Mancha, al menos, “podemos decir que la educación no ha dejado de ir creciendo”, algo que también pasa con los servicios sociales y con el sistema sanitario.

“Blindar” el sistema educativo en el nuevo Estatuto de Autonomía

Tras destacar lo importante que es “mantener aquellos ascensores sociales que nos permiten sentir que somos un pueblo”, el presidente castellanomanchego ha aprovechado estas palabras para confiar en que, si se abre paso adelante el nuevo Estatuto de Autonomía, “podamos avanzar para blindar la protección al sistema educativo para siempre y para que no esté expuesto a ningún tipo de DANA política ni de vendavales ideológicos”, ha apostillado García-Page.

Ese compromiso --ha dicho-- es un compromiso adquirido con los sindicatos, como también lo es la bajada de ratios progresiva en la etapa de Primaria a 22 alumnos. Por ello, ha pedido la aprobación de los techos de gasto de las administraciones públicas. “En esto sí que sería muy bueno que alguien, además de hablar, mostrara el apoyo”.

Aunque ha apuntado que no quiere interferir “en la política de Madrid”, sí que ha querido dejar claro que es “determinante” que “no se nos constriña” porque “queremos seguir cumpliendo con nuestros compromisos”, entre otros, el que “queremos empezar la reducción de las ratios hasta llegar a 22 alumnos en Primaria”.

“Es un compromiso adquirido, progresivo, que se va a plantear para mejorar la calidad en una sociedad que además está cambiando por completo su propio concepto de la educación”.

Junts per Catalunya no ha dado aún su 'sí' a los presupuestos generales del Estado, ni tiene previsto hacerlo solo porque en ellos se contengan las ayudas para la reconstrucción de las zonas debastadas por la DANA en la Comunitat Valenciana. Asi lo ha asegurado este lunes el portavoz de la formación, Josep Rius, que ha acusado a Pedro Sánchez de hacerles un “chantaje” vinculando la aprobación de las cuentas con la inyección de fondos para València.

El Gobierno por el momento ha anunciado hasta dos paquetes de medidas no vinculadas a la aprobación de los nuevos presupuestos, la última este mismo lunes. Pese a eso, en la Moncloa sí consideran imprescindible aprobar unas nuevas cuentas que puedan contenter la ingente cantidad de recursos que deben movilizarse durante los próximos meses e incluso años para garantizar la reconstrucción de las zonas afectadas.

“Ante una tragedia de estas dimensiones, vincular el debate de los presupuestos a la salida de la crisis de València es un error porque todos los fondos para la reconstrucción pueden hacerse al márgen”, ha indicado Rius. Según ven en la formación de Carles Puigdemont, Sánchez desea obtener gratis el apoyo a una ley económica introudciendo en ella la inyección económica que los afectados por la Dana necesitan para ahorrarse así la negociación en el Congreso.

“En todo caso [las cuentas] deberán negociarse”, ha advertido Rius, que ha recordado que la vía propuesta por grupo es modificar los actuales presupuestos para que incluyan fondos adicionales, lo que a su juicio agilizaría la llegada de éstos. Según sus cálculos, este mecanismo permite una inyección de hasta 15.000 millones de euros.

Sobre la gestión política del desastre, Junts ha cargado contra el president de la Generalitat Valencia, Carlos Mazón, a quien ha pedido que dimita recogiendo la reivindicación de la manifestación del pasado sábado en la ciudad de València. A su juicio, el máximo responsable del Consell valenciano ha cometido “negligencias imperdonables tanto en la prevención como la gestión posterior de la emergencia”.

Ahora bien, Rius ha cargado tanto contra el PP como contra el PSOE por lo que ha considerado como “tacticismo electoralista” a la hora de afrontar la crisis, al entender que el Gobierno central también ha tratado de aprovechar la situación para “desgastar al adversario”. “Han convertido al País Valenciano en su campo de batalla para sus disputas madrileñas en lugar de priorizar la ayuda a los valencianos”, ha criticado Rius.

La acusación sobre el supuesto chantaje de Pedro Sánchez con las ayudas a la Comunitat Valenciana no son nuevas. El PP agitó esta misma bandera durante la pasada semana, después de que el Gobierno aprobara un primer paquete de medidas dotado con hasta 10.000 millones de euros. Algunas voces llegaron a asegurar, falsamente, que estas medidas estaban condicionadas a la aprobación de los presupuestos.

La dirección del PP cree que el Gobierno tiene margen para aprobar el techo de gasto y los Presupuestos Generales de 2025, lo que supondría un “salvavidas” para Pedro Sánchez, quien ganaría así margen suficiente para “salvar la legislatura”. Así lo ha expresado el vicesecretario de Política Territorial y Autonómica del PP, Elías Bendodo, en una reunión a puerta cerrada con portavoces de diputaciones, cabildos y consells insulares, según ha podido contrastar elDiario.es.

“Tiene el agua al cuello, pero tiene un salvavidas ahora mismo para salvar la legislatura”, asegura Bendodo en una intervención en la Sala Clara Campoamor del Senado, donde ha reunido a representantes territoriales del partido. A su derecha, la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García.

“Si hay Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno cree que salva la legislatura Puede ser. Tendría Presupuestos para el 25 y la posibilidad de prorrogarlos para el 26”, afirma Bendodo.

El dirigente del PP asegura que no hay números para “una moción de censura”, para la que el PP necesitaría del apoyo de Vox y, además, de algún grupo de la mayoría de la investidura. Este mismo martes, la presidenta de Junts, Laura Borrás, ha dejado la puerta abierta a que sus siete diputados pudieran votar la destitución del presidente del Gobierno. Desde el PP, Isabel Díaz Ayuso o el líder del partido en Catalunya, Alejandro Fernández, han rechazado esta opción.

En todo caso, en el PP no parecen contar con que las opciones de una censura a Sánchez sean reales, a tenor de lo dicho por Bendodo a los cargos territoriales del PP este martes. Y tampoco ven factible que el presidente plantee una cuestión de confianza. De hecho, quien fuera mano derecha de Juan Manuel Moreno en Andalucía ha planteado como escenario más probable que Sánchez pueda sacar adelante las cuentas de 2025.

“La cuestión de confianza verdadera que va a tener el Gobierno son los Presupuestos”, ha asegurado Bendodo en el Senado, según una grabación a la que ha accedido elDiario.es. “Si hay Presupuestos es un respaldo a Sánchez”, ha añadido. “Y yo no descarto que haya Presupuesto”, ha afirmado.

Bendodo ha insistido: “Es muy posible que haya Presupuestos”. El dirigente del PP ha apuntado que la retirada del techo de gasto el mes pasado que decidió el Gobierno se debe a que “Junts y Esquerra” ha pedido tiempo para hacer “su congresos” internos, que se celebran este otoño. “Y después negociarán”, ha aventurado.

El vicesecretario del PP ha concluido: “Negociar unos Presupuestos es súper fácil con los otros grupos, tú cedes lo que te piden y tienes Presupuestos. Como este Gobierno tiene la gran capacidad de ceder en todo para seguir, yo me atrevo Alicia [García], a decir que es muy posible que haya Presupuesto. O como mal menor, que haya techo de gasto y ya veremos si hay Presupuestos”.

España retrasará el envío del plan presupuestario a Bruselas. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que ese documento, que tiene que analizar la Comisión Europea, no se mandará para el 15 de octubre, que es lo que estipulan las normas europeas, a falta de concreción sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2025, cuya presentación no se ha producido por la falta de apoyos para sacarlos adelante. Lo que sí ha garantizado el jefe de las finanzas es que el Gobierno enviará la senda fiscal, que es el plan plurianual previsto para cumplir con las reglas de estabilidad comunitarias una vez que se ha recuperado la disciplina fiscal que se suspendió durante la pandemia y la crisis que dejó la guerra en Ucrania.

Cuerpo ha justificado el retraso en que el 15 de octubre el Gobierno no tendría un plan estructurado de medidas que se van a incorporar en las cuentas del próximo año, si bien podría presentarse el plan correspondiente a una prórroga presupuestaria. El ministro ha asegurado que el escenario que maneja el Ejecutivo es el de presentar unas nuevas cuentas y no prolongar las actuales (que ya se ha prorrogado una vez). En todo caso, ha vinculado el envío de la documentación a Bruselas con la presentación de los presupuestos.

De hecho, el Gobierno recuperó en septiembre el límite de gasto no financiero y los objetivos de estabilidad, que fueron rechazados en el Congreso en verano con el voto en contra de Junts, que se sumó a PP y Vox. Ese es el paso previo para iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025.

La Comisión admite “flexibilidad, pero limitada”

“En cuanto al plan presupuestario, en un entorno normal para el cual el 15 de octubre no tenemos ese borrador de Presupuestos Generales del Estado habíamos presentado un plan presupuestario sin medidas de política económica y eso no va a suceder porque la Comisión ha pedido que se presenten planes con medidas de política económica”, ha explicado Cuerpo a su llegada Luxemburgo, donde participa en una reunión con sus homólogos de la zona euro (Eurogrupo).

“Tenemos todavía tiempo. Aquí la Comisión Europea tiene además hasta finales de noviembre para hacer una evaluación de los planes fiscales estructurales a medio plazo, ese es el entorno en el que nos estamos moviendo”, ha agregado el ministro, que no ha precisado la fecha concreta en la que espera tener el plan presupuestario listo (y, por tanto, la presentación de las cuentas públicas).

El comisario de Economía, Paolo Gentiloni, ha reconocido que la Comisión Europea da cierta flexibilidad en los plazos, pero ha advertido de que es “limitada”. “No podemos perder la conexión entre los planes presupuestarios y los planes estructurales a medio plazo. Las dos cosas tienen que estar conectadas. El nivel de flexibilidad está pero es limitada”, ha dicho en una rueda de prensa tras el Eurogrupo en la que ha asegurado, además, que no hay una “nueva normalidad” respecto a la presentación de esos documentos por el hecho de que hayan entrado en vigor las reglas fiscales, por lo que el plan presupuestario se tiene que enviar próximamente, aunque sea en un escenario de prórroga de presupuestos.

Tampoco ha querido dar detalles sobre el plan fiscal a medio plazo, más allá de asegurar que está en conversaciones con el gobierno comunitario al respecto. “Es compatible con el cumplimiento de los objetivos en materia de regla de gasto de las nuevas normas fiscales”, ha dicho sobre la senda de evolución del déficit público aprobada en julio. Esa senda establece que España acabará este año con un 3% de déficit, que es el umbral que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y que ha servido a la Comisión Europea para dejar al país fuera de los expedientes de déficit excesivo, a pesar de que el pasado año se superó en seis décimas. La autoridad fiscal que asesora al gobierno comunitario cuestionó esa decisión al entender que aplicó “discrecionalidad” en el caso de España.