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Junts pacta con el Gobierno el traspaso de competencias en inmigración a cambio de no bloquear los decretos anticrisis

La diputada y portavoz de Junts, Miriam Nogueras

Arturo Puente

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Junts y el Gobierno han llegado a un acuerdo en los minutos de descuento y tras una jornada agónica de negociaciones en el Senado, donde tenía lugar el pleno del Congreso de los Diputados que debía convalidar o derogar los tres primeros grandes decretos de la legislatura. Finalmente la formación independentista ha optado por no votar en ninguno de los tres y no bloquear la mayoría, a cambio de diversas medidas entre las que destaca el traspaso a Catalunya de competencias en materia de inmigración, aún por concretar, y de suprimir más adelante la reforma de la ley de enjuiciamiento civil.

El partido de Carles Puigdemont había negado de forma tajante que tuviese intención de dejar pasar los tres decretos, que consideraba que invadían competencias, que profundizaban en la infrafinanciación y que además lanzaban un nueva herramienta a la cúpula judicial para que pudiera paralizar la ley de amnistía.

Pese a eso, poco después de las 18 horas y tras una jornada completa evitando pronunciarse, Junts ha acabado permitiendo que todos los textos se aprueben, si bien el rechazo de Podemos al decreto sobre el subsidio de desempleo ha derogado esta medida.

La explicación de Junts es que en los últimos minutos de la tarde han alcanzado un acuerdo con el PSOE que han explicado mediante una nota de prensa en la que aseguran que, además de la “delegación” de las competencias en materia migratoria, el Gobierno accede a la publicación de las balanzas fiscales entre comunidades, la reforma de la ley de sociedades para fomentar el retorno de las empresas que abandonaron Catalunya o el aumento de los fondos para la digitalización de la Justicia.

Otra de las medidas que Junts perseguía y que según afirma ha obtenido es la rebaja a 0 del IVA en el aceite, que el Estado asuma el importe total de las rebajas y descuentos en transporte público o el reconocimiento de los derechos históricos catalanes en materia de régimen local.

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