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Junts confirma que tumbará los decretos anticrisis del Gobierno: “Nuestros siete votos no son un cheque en blanco”

El portavoz de Junts, Josep Rius, en una rueda de prensa desde la sede del partido

Arturo Puente

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Junts votará en contra de los tres decretos anticrisis que el Gobierno de Pedro Sánchez llevará al Congreso el próximo miércoles en un pleno extraordinario. Será la primera gran votación del año para el Ejecutivo y, si no encuentra nuevos apoyos, podría perderla, después de que el PP haya anunciado este lunes que no contará con su voto y del rechazo que también ha confirmado el partido de Carles Puigdemont.

“Los siete votos de Junts no son un cheque en blanco y deben servir para mejorar el bienestar de los catalanes”, ha asegurado el portavoz de Junts, Josep Rius, que ha reclamado además que el Gobierno abandone los decretos “macedonia” en los que se mezclan varios temas sin conexión. La principal queja del partido es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil (LEC), que el partido entiende que permitiría aplazar la aplicación de la ley de amnistía por parte de los jueces, como ya avanzó la semana pasada.

Los decretos aprobados por el Gobierno y que ahora el Congreso debe convalidar o rechazar son tres. Por un lado, el llamado “paquete anticrisis”, con las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, donde se incluyen medidas como la subvención al transporte público o la rebaja del IVA a alimentos esenciales. Otro de los decretos es el de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional, y finalmente otro 'ómnibus' que, entre otras iniciativas, recoge reformas para la digitalización de la Administración de Justicia.

ERC, por su parte, ha anunciado que votará a favor de los tres decretos.  “Entendemos que son cuestiones que mejoran la vida de las personas”, ha asegurado Raquel Sans. Con todo, los votos de los republicanos son insuficientes si Junts no entra en la ecuación.

Desde la formación de Míriam Nogueras se muestran tajantes en que los decretos no pueden salir adelante tal como están. “Se han cerrado deprisa y corriendo y sin consenso con Junts. Ya lo advertimos, que el PSOE no ha firmado un acuerdo de estabilidad sino que debe haber avances si quiere sacar adelante medidas”, ha advertido Rius. Además de la cuestión de la ley de enjuiciamiento civil (LEC), Junts considera que los decretos “agravan la infrafinanciación” de Catalunya y también invaden competencias.

Este mismo lunes la vicepresidenta económica Maria Jesús Montero ha considerado que había margen para seguir negociando, también con Junts, algo que sin embargo el portavoz de la formación ha rechazado. La propuesta de Junts es que el Gobierno retire los decretos tal y como están redactados ahora y los presente uno por uno, según las diferentes temáticas que abordan, y con consenso con su partido. “El PSOE debe acabar con los decretos macedonia que incorpora medidas sociales con otras antisociales como aumentar el IVA a la electricidad”, ha incidido el portavoz.

Discrepancias sobre la reforma de la LEC

El punto más polémico que incorporan los decretos, a los ojos de Junts, es la reforma del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, que regula la cuestión prejudicial ante el TJUE. Según entiende la formación independentista, el hecho de que las prejudiciales tengan carácter suspensivo “pone en bandeja a la cúpula judicial que aplace la aplicación de la ley de amnistía”. “Si alguien necesita hacerse perdonar ante la cúpula judicial, no lo hará con los votos de Junts”, ha asegurado Rius.

Sin embargo, otros partidos consideran que el nuevo redactado regula la presentación de prejudiciales pero no incluye novedades respecto a lo que ocurría hasta ahora. Desde formaciones como ERC o Sumar entienden que los jueces ya estaban formulando cuestiones prejudiciales a la justicia europea, como ocurrió en el caso de Carles Puigdemont, y que ya las concebían como suspensivas. Los republicanos incluso creen que el hecho de conocer la opinión de Europa podría ser ventajoso. “Nos da mucha más seguridad que sea la justicia europea la que se pronuncie en primer término”, ha indicado Sans.

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