Francisco García-Navas, actual concejal de Verdes Equo, será el candidato a la Alcaldía de Alcázar de San Juan de la confluencia acordada entre el partido ecologista con Izquierda Unida. Verdes Equo ha resaltado que la confluencia es “necesaria” y que, además, es una iniciativa que mira “a largo plazo” y que tiene “vocación de continuidad” junto a otros actores políticos y que está “abierta a la ciudadanía”. Se ha convocado una asamblea ciudadana el día 22 de marzo en el centro cívico a las 19:00 horas. Además, Alcázar es la única localidad en la que el partido ecologista encabezará una candidatura de coalición, según el acuerdo firmado entre Podemos, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde.

Queremos que Alcázar de San Juan siga siendo un referente, no solo por ser una ciudad de servicios, sino también por ser ese lugar de tolerancia donde cualquier persona se sienta a gusto, se sienta socialmente respetada con independencia de sus circunstancias personales. La ciudad que cuida de lo que es común. De los bienes comunes, los que están más allá de la dicotomía público/privado. No enajenables, ni privatizables“, resaltan desde el partido.

Además, han recalcado que actualmente se afrontan retos “sin precedentes” como el cambio climático, “desigualdades crecientes”, “una crisis de cuidados y salud mental”… “Sentimos que la forma para responder a esta situación es hacer una ciudad que haga posible una vida buena para todas las personas que la habitan, a la vez de responsable con el mundo, cercano y lejano. Esto requiere de una visión de ciudad, una ciudad que cuida, una ciudad que pone la vida en el centro. Construir una ciudad de, y para la igualdad. Mujeres y hombres libres e iguales, removiendo obstáculos (pobreza, sobre todo) que lo dificultan”, explican.

Verdes Equo ha mantenido ediles en la ciudad durante los últimos 8 años y el partido estuvo activamente involucrado en la reversión de la privatización de la empresa Aguas de Alcázar. “No entendemos al ciudadano o la ciudadana como un consumidor pasivo de las políticas de otro y ajeno al entorno que ocupa. Toca recuperar de nuevo la vieja idea del ciudadano-político: el que se ocupa y preocupa de los asuntos de la polis. Todas, y todos sin excepción”, concluyen.

Por su parte, desde Izquierda Unida han señalado que la coalición tiene dos objetivos: “gobernar Alcázar con un programa transformador y municipalista, feminista, ecologista y de justicia social” y también “trabajar para construir la unidad popular más allá de la unidad electoral”. De este modo, en la presentación de la coalición, afirmaron que querían que esta confluencia fuese el “primer paso” hacia la unidad en torno al proyecto 'Sumar' de Yolanda Díaz en las próximas elecciones generales.

El Tribunal Supremo emitió esta semana una sentencia en la que se confirmaba la anulación del pleno en el que se confirmó la privatización de la empresa de aguas de la localidad, a través de una empresa mixta. Aqualia, socio de dicha empresa mixta, ha mostrado su “máximo respeto” por la decisión judicial, recordando que en 2014 se enfrentaron a un concurso público muy exigente licitado por el Ayuntamiento alcazareño, y motivado por “el estado de quiebra técnic”a en el que la anterior empresa municipal se encontraba.

La sentencia del Supremo, aseguran, representa un “perjuicio” para Aqualia, que se ve “afectada” por un error formal en el proceso administrativo previo a la constitución de la empresa mixta. “En este sentido la sentencia del Supremo no valora la adjudicación, que se realizó de forma totalmente legal”, afirman.

De este modo, explican que las decisiones judiciales “no restan legitimidad ni valor” al trabajo desarrollado por el equipo de Aguas de Alcázar, que durante estos años se ha dedicado “con máxima profesionalidad y entrega” a la prestación de un servicio público esencial, como el del ciclo integral del agua, “a plena satisfacción de los alcazareños”.

Cinco años de “mejora continua”

Aqualia también defiende que en los últimos cinco años, la mejora del Servicio Municipal de Aguas de Alcázar “ha sido continua en todos los aspectos”: técnico, social, ambiental o de compromiso con los empleados, alcanzando un elevado nivel de excelencia, todo ello manteniendo las mismas tarifas que están congeladas desde 2014. “Hoy, la Empresa Mixta Aguas de Alcázar, es solvente financieramente, reporta importantes ingresos al Ayuntamiento y su contabilidad es clara y trasparente”, defienden.

La empresa asegura que se han ejecutado inversiones por un valor superior a 1,1 millón de euros, “allí donde más se requería”, mientra que la gestión del servicio ha “incrementado su eficacia” a través de medios técnicos de “primer nivel” para el control total de la red y los consumos que se producen “en todo momento”.

También defienden que se ha mejorado “sustancialmente” la atención al ciudadano, a través de la renovación completa de las oficinas presenciales e implementando otros canales de atención, como una línea telefónica gratuita de atención al ciudadano las 24h/día, una oficina virtual y una aplicación móvil (App), para realizar todas las gestiones sin desplazamientos. “La mejora del servicio resulta evidente si recordamos que durante la gestión de la antigua empresa las averías se gestionaban bien a través de la Policía Local, bien a través de un teléfono móvil que atendía el operario guardia a la vez que reparaba la incidencia”.

Desde Aqualia aseguran también que han disminuido los olores de la depuradora, con una reducción de los niveles de gases en el ambiente del 95% y que se ha desarrollado un Programa de Educación Ambiental, puesto en marcha en 2017, que ha contado con más de 3.000 usuarios al año, “en lo que representa el mayor ratio por población en Castilla-La Mancha”. El Programa ha desarrollado más de 100 actividades cada año. También, se ha atendido a 30 familias en riesgo de exclusión y se ha donado más de 3.000 euros a Cáritas, recalcan.

Tras una legislatura anterior “complicada” debido a los resultados municipales en las elecciones de 2015, la socialista Rosa Melchor cuenta desde los comicios del pasado mes de mayo con una mayoría absoluta en Alcázar de San Juan que, según apunta, les ha permitido “pisar el acelerador” en muchas gestiones “fundamentales para la ciudadanía”. Esta ciudad, una de las más pobladas de la región, y referente de la cultura, la naturaleza y la gastronomía manchega, ha tenido un peso especial en la reciente Feria Internacional de Turismo (Fitur) donde este año ha apostado por sus singularidades tras constatar un aumento de visitantes. Hablamos con la alcaldesa de estos factores y de otras medidas para esta legislatura:

¿Qué balance realiza tras el paso por Fitur?  

Muy positivo. De manera general, lo primero que noté desde el primer día es que había mucha gente tanto en el público como en los encuentros profesionales. Eso siempre es buena señal. Nosotros tuvimos presencia toda la semana, primero bajo el paraguas de la Junta de Castilla-La Mancha y de la Diputación de Ciudad Real, y luego como representantes de ACEVIN (Asociación Española de Ciudades del Vino, de la que es presidenta) y de la Ruta del Vino de La Mancha. Con todo ello hemos podido poner en valor algo para nosotros muy importante como es el enoturismo, entre otras actividades de la ciudad y la comarca.

¿Cuáles son esos atractivos “singulares” que se han querido impulsar?

Tenemos mucho en común con otros pueblos de la Mancha y de la región, pero también muchas cosas que nos hacen diferentes y es importante que las pongamos en valor para ofrecer un producto turístico distinto. En primer lugar, como fiestas identitarias, tenemos la de Moros y Cristianos, que todo el mundo cree que es exclusivamente levantina pero está muy arraigada en la ciudad y es Fiesta de Interés Turístico Regional; así como la celebración de los Carnavales junto con la Navidad, que es Fiesta de Interés Turístico Nacional. A todo eso sumamos una gastronomía singular: aquí se consume en verano la denominada ‘Ensalá de limón’ que es una comida fresquita y barata procedente del las labores en el campo; y nuestras tortas de Alcázar, convertidas en la ‘bizcochá’.

También hemos sumado los años que llevamos poniendo en valor nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestras tradiciones, y no es menos importante la posibilidad que tenemos de hacer un turismo no estacional, un turismo todo el año, un turismo de sensaciones. A eso le hemos incorporado todo el año una singularidad más propia de Alcázar, por ser el corazón de la Mancha húmeda. Tenemos un complejo lagunar que tiene varias figuras medioambientales de protección, y que ya está significando la venida de muchos turistas de naturaleza, a ver determinadas aves que solo anidan en nuestra laguna. Todo ello hace que vayamos a seguir apostando por todo este turismo de sensaciones, de singularidades.

Las Rutas de los Vinos de la Mancha, ¿están funcionando también para atraer turistas extranjeros?

Sí, desde luego. De hecho, en ACEVIN, en las 31 rutas del vino que tenemos organizadas, una de las cosas que está creciendo es el número de visitantes extranjeros. Ahora mismo, debemos de estar aproximadamente en un 30% del total. Está creciendo y está creciendo mucho. Es por lo que he mencionado antes. La gente apuesta cada vez más por un turismo de experiencias y sensaciones como el que ofrecemos nosotros. Pueden visitar una bodega pero también las viñas. Es un turismo que nos permite darle a la gente la oportunidad de hacer algo diferente a irse a la playa y tumbarse. Eso lo estamos maridando en ACEVIN con todo lo que de especial y singular tenga cada territorio. Y con todo ello hemos conseguido dos objetivos fundamentales después de 25 años: lo primero es asentar la población y lo segundo aunar el turismo y buscar también clientes para el vino.

En cuanto al valor añadido del carácter cervantino que siempre ha tenido la ciudad, ¿también va a haber algún impulso a este respecto?

Es verdad que el hecho de ser una ciudad cervantina nos ha dado unas oportunidades que hemos sabido aprovechar. En la Parroquia de Santa María La Mayor existe una partida de bautismo de un tal Miguel de Cervantes Saavedra que nosotros defendemos que es el autor del Quijote.

Con eso hubo polémica…

Efectivamente, la ha habido y la habrá. Pero yo creo que nosotros no solamente lo aprovechamos sino que somos honestos al respecto. La prueba es que promovemos un turismo de congresos donde año tras año se organizan jornadas en torno al bautismo de nuestro Miguel de Cervantes. Vienen expertos a debatir y no solo invitamos a quienes nos dan la razón, sino a todos aquellos estudiosos que pueden aportar datos y pruebas en un sentido o en otro. Lo que es claramente constatable es que Cervantes conocía nuestra personalidad, el carácter manchego, los paisajes y la gastronomía. Y para eso hay que ser manchego.

Volviendo al turismo, recientemente afirmó que ha habido un aumento del 6% en el aumento de visitas a la ciudad. ¿En qué datos se basa el Gobierno municipal, cómo lo contabiliza?

Los datos que tenemos son las entradas a museos y usos patrimoniales, así como las visitas a la Oficina de Turismo. Esas cifras han crecido, pero además lo han hecho sobre un aumento exponencial de los cuatro años anteriores, que fue de un 60%. Era muy difícil que siguiéramos creciendo a este ritmo pero en ello hemos seguido trabajando. Otro aspecto importante es que estamos consiguiendo no solo ser un turismo de interior todo el año para turistas del país, sino que estamos empezando a traer turismo de otros países. No en vano, hemos recibido una visita de tour-operadores de México, de Colombia, de Japón y de China que van a ampliar las posibilidades que tenemos de seguir recibiendo visitantes de fuera del país. ¿Por qué? Aquí, en los molinos o en la Casa de Hidalgo, por ejemplo, se puede recrear lo que ha sido la Mancha y los escenarios del Quijote en los últimos siglos. Eso es muy atractivo.  

En esa captación de turistas, también estará cumpliendo un papel fundamental el último Museo al Aire Libre habilitado en una parte del yacimiento arqueológico de Piédrola.

Sí, además hemos tenido la posibilidad estos últimos años, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha, de hacer determinadas catas y descubrir que Alcázar y la Mancha no solo eran un tierra de paso, sino también de asentamientos de muchas culturas que se quedaron en esta tierra. Este museo es de piedra molinera, una actividad que vino antes del ferrocarril. Es decir, ya antes de la llegada del tren (que es verdad que propició buena parte de nuestro desarrollo), fuimos un centro logístico de fabricación y exportación de estas piedras en varias canteras.  

Mientras se ha puesto en marcha ese pequeño museo, ¿siguen las excavaciones?

Siguen las excavaciones, pero en algunas catas, al hacerlas en terrenos privados, los propietarios que prestan el terreno nos piden después volver a taparlas y eso es una pena. Por eso vamos a intentar adquirir determinados terrenos que no son públicos para que sean propiedad del Ayuntamiento y a partir de ahí desarrollar un proyecto que será a medio plazo, porque es muy costoso económicamente. Queremos conseguir que el yacimiento sea el reflejo del vestigio de todas esas culturas. Tenemos la suerte de que es una zona muy extensa, donde se simultanearon varios asentamientos, pero sabemos que será un trabajo de 10, 15 o 20 años. Lo que está claro es que si lo consiguiéramos, podría ser uno de los mayores parques arqueológicos de la península.

Precisamente, la importancia de Alcázar como nudo ferroviario se ha transformado en los últimos 20 años. ¿Cree que ha sido por el AVE o por un conjunto de factores? ¿Y cómo se puede aprovechar toda esa infraestructura?

Hay varios factores y además ha afectado a todo el transporte ferroviario de viajeros de España. Seguimos teniendo mucha frecuencia de comunicaciones pero no queremos desaprovechar el potencial, sobre todo ahora que se está primando desde Europa el transporte de mercancías por ferrocarril. Ya tenemos la infraestructura, el oficio y muy buenas comunicaciones por carretera para hacer un transporte combinado, por lo que estamos trabajando en la puesta en marcha de una plataforma logística intermodal que genere riqueza y puestos de trabajo indirectos. Tenemos muy claro el objetivo de poner el esfuerzo en acciones productivas y nos parece que eso es un proyecto que no solo va a mejorar la situación de la ciudad, sino que va a contribuir al desarrollo de la comarca.

¿Cómo se financiaría?

Esto se enmarca dentro de la Estrategia Europea de Transportes por Ferrocarril donde se dibuja un mapa en el que Castilla-La Mancha es el único nodo logístico intermodal asignado como tal por la Comisión Europea. Eso nos permitiría en un futuro no muy lejano acceder a ayudas europeas. Hay mucha gente interesada, empresarios del sector del transporte de mercancías y de la logística, y ahora estamos con los trámites para que el Gobierno central comience a trabajar en su parte de cesión de la infraestructura.

Este año empiezan a ejecutarse en la ciudad los proyectos asignados por la EDUSI (la Estrategia de Desarrollo Urbano, Sostenible e Integrado), con un 80% de fondos europeos y un 20% de presupuesto municipal. ¿En qué estado se encuentra?

Va muy bien, contando con que ha sido un proceso muy complicado después de presentarnos tres veces y además hay que anticiparlo todo: tenemos que adelantar el dinero para luego recuperarlo. El trámite administrativo también es complejo, pero ya estamos en disposición de empezar a trabajar. Lo primero que hemos hecho es un concurso de ideas para arreglar el entorno de la Plaza de Toros, que se resolverá en breve, y cuya obra empezará en cinco o seis meses. Luego, aparte del proyecto de la Plaza de España, estamos en el proceso de la compra de dos autobuses urbanos, ecológicos, accesibles y gratuitos, que estrenaremos en breve. Estamos apostando por que seamos una ciudad inclusiva y sostenible, y para eso hay que poner herramientas a los ciudadanos. Por eso seguiremos también con la construcción del carril-bici y hemos puesto el sistema de Zona 30 por el que no se puede circular prácticamente en toda la ciudad a más de esa velocidad.  

¿Qué valoración se hace desde el Ayuntamiento del primer Plan regional de Empleo y cómo ha incidido en la ciudad, antes de la puesta en marcha del segundo plan este año?

Yo siempre explico que los planes de empleo no son trabajo en sí, sino que son empleo social. Son dos cosas que hay que diferenciar claramente porque si no, nos estamos haciendo trampas a nosotros mismos. El empleo social tiene como objetivo una ayuda de ida y vuelta: es para personas que tienen alguna dificultad para acceder al mercado laboral, y eso les supone un trabajo temporal donde recuperan ingresos y también la autoestima, además de contribuir al mantenimiento del pueblo. Pero es un empleo coyuntural y temporal. Cosa distinta es la creación de puestos de trabajo. Eso lo hacen los empresarios y nosotros nos hemos empeñado en hacérselo lo más fácil posible. En Alcázar tenemos muchas ayudas y estímulos para ello, facilitando la compra de suelo público e industrial, o primando la inversión y la creación de empleo de calidad. Algo ha funcionado, porque hay 1.500 personas más trabajando que hace cuatro años.  

Por último, tras tantos años de litigio judicial después de que el PP cambiara el modelo de gestión del agua de la ciudad, ¿cuáles son las expectativas respecto al pronunciamiento del Tribunal Supremo?  

La gestión sigue siendo compartida, en sistema mixto. Aqualia tiene un 52% de participación en Aguas de Alcázar y el Ayuntamiento el 48% restante, desde que lo vendió el Gobierno municipal del PP. En España hay muchos modelos de gestión y todos ellos son legales, pero, afortunadamente, el gobierno que tomó la decisión de privatizar el agua tuvo demasiada prisa y cometió defectos de forma en el pleno municipal de cambio de modelo, que es lo que hemos puesto delante de los jueces. Estamos ya en el Tribunal Supremo y estamos esperando que resuelva. Pensábamos que iba a tardar menos pero seguimos esperando. Entendemos que hay otros asuntos a los que está dando más prioridad. Cuando haya una resolución, ojalá sea favorable al pueblo y no a Aqualia, y en el momento que así fuera, la ejecutaríamos porque nuestro deseo sigue siendo que Alcázar de San Juan recupere la empresa pública.

La Mesa del Agua de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se ha reunido este martes para reflexionar sobre la situación y las actuaciones necesarias para conseguir la reversión pública del servicio de aguas. Un encuentro que se ha producido después de que el Tribunal Supremo (TS) haya admitido el recurso de casación presentado por Aqualia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha por la adjudicación de Aguas de Alcázar.

Según apuntó la compañía, la sentencia considera “suficientemente acreditado” que en el momento de la celebración del pleno municipal del 24 de julio de 2014 por el que se 'privatizó' Aguas de Alcázar, concurría la “urgencia” dado que esta última se encontraba “en una situación de crisis, al encontrarse en causa legal de disolución, al superar ampliamente las deudas acumuladas su patrimonio”.

El Tribunal Supremo entiende que no hay jurisprudencia relacionada con la modificación de la Ley de Bases del Régimen Local, que exige una mayoría absoluta en el Pleno para introducir de urgencia en el orden del día un asunto tan relevante como la adjudicación de la gestión de un servicio público.

El abogado que asiste al Ayuntamiento en los temas judiciales relacionados con Aguas de Alcázar ha explicado en la reunión que Aqualia ha presentado un “buen recurso” y que “ha sembrado la duda”, por lo que el Supremo ha entendido que tiene “interés casacional” (posibilidad de ser estudiado). “El Supremo ha dicho que lo verá, no que tenga razón Aqualia”.

La alcaldesa ha recordado que el PSOE ha estado siempre luchando por el agua pública, primero en la oposición para evitar la venta, y ahora desde el Gobierno Municipal. “Llevamos más de cuatro años luchando y es triste ver que los autores materiales de la decisión política, tomada in extremis al final de la pasada legislatura para resolver los problemas económicos del Ayuntamiento, ahora siguen viviendo tranquilamente después de ocasionar este perjuicio enorme a la ciudad”.

Con la admisión del recurso de FCC Aqualia por parte del Supremo la empresa privada ha solicitado la paralización cautelar de los otros dos procedimientos abiertos. Por un lado, el recurso del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Redondo, contra el acuerdo plenario que aprobó el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla La Mancha que no consideró la nulidad de oficio de la venta de Aguas. Por otro, el proceso de lesividad presentado por el Ayuntamiento. De momento, el juzgado número 2 de Ciudad Real ha admitido la paralización del recurso de Redondo hasta que resuelva el Supremo y el procedimiento de lesividad sigue su curso.

“Un jarro de agua fría”

La decisión se ha recibido desde el equipo de Gobierno como “un jarro de agua fría” y “una decepción más para la ciudadanía” por parte del Tribunal Supremo que, en las últimas semanas, “está contraviniendo decisiones de otros estamentos judiciales que afectan seriamente a la población, como en el conocido caso de las hipotecas”, ha asegurado la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, en una entrevista realizada en Onda Cero.

De esta forma, la primer edil se ha sumado a la “decepción e indignación” de la Plataforma del Agua contra la Privatización de Aguas de Alcázar, que “lamenta” la decisión del Tribunal Supremo de admitir el recurso de FCC Aqualia contra la sentencia que anulaba la adjudicación de Aguas de Alcázar a esta empresa y que hubiera posibilitado al Ayuntamiento iniciar el expediente de disolución de la empresa mixta, revirtiendo el proceso iniciado por el anterior equipo de Gobierno del PP, y devolviendo la empresa a alcazareñas y alcazareños con una gestión pública al cien por cien.

“Estábamos convencidos que el recurso de Aqualia no se iba a admitir y que podríamos iniciar la disolución de la empresa, pero no ha sido así”, ha asegurado Rosa Melchor. Por su parte, el presidente de la Plataforma, Fernando Ruiz de Osma, ha señalado que se trata de “un nuevo golpe que supone un retraso no sabemos de cuánto tiempo. Cuando uno asiste a las noticias se da cuenta de que el Tribunal Supremo toma sus decisiones muchas veces no en función de lo que es justo o injusto sino que actúa de parte para favorecer a unos y a otros”.

“Aguas de Alcázar sigue privatizada porque el anterior alcalde del Partido Popular lo quiso y lo vendió y porque la actual alcaldesa del PSOE no ha hecho lo que podía hacer para recuperar la empresa”, ha asegurado Ruiz de Osma.

“Cada día que Aqualia permanece en Alcázar es un día que nuestra ciudad pierde dinero”

Por su parte, Equo Alcázar Vecinal ha asegurado que la decisión del Tribunal Supremo les parece “insólita”, porque da un giro de 180º con respecto al criterio mantenido hasta ahora, aunque confían en que la sentencia será favorable a los intereses de los alcazareños y contrarios a los de Aqualia.

“Seguimos comprometidos con el agua pública 100% y creemos que las mejores herramientas para recuperar Aguas de Alcázar siguen siendo la movilización social y la propuesta de cambios legislativos en el Parlamento que garanticen la gestión pública de los servicios esenciales para la comunidad. No olvidemos que cada día que Aqualia permanece en Alcázar es un día que nuestra ciudad pierde dinero”, concluye.

La concejala de Asuntos jurídicos de Alcázar de San Juan, Amparo Bremard, ha asegurado que la remunicipalización de la empresa municipal de aguas de la localidad ciudadrealeña va “por buen camino”. Así ha asegurado tras dar a conocer una sentencia que “acaba de dar la razón” al ayuntamiento frente al recurso que interponía Aqualia contra el acuerdo de pleno de julio de 2016, en el que se volvía a anular el cambio de gestión de pública a mixta.

Son “buenas noticias”, afirmó Bremard, que explicó que los argumentos de Aqualia han sido desestimados por el Tribunal Superior de Justicia. Argumentos, recalcó, que son “los mismos” que esgrime el Partido Popular, lo que “demuestra que el PP sigue pensando más en los intereses de Aqualia que en los de todos los alcazareños”. En este sentido, señaló que cree que “recurrirán como recurren todo, para ganar tiempo” pero que el ayuntamiento va por el buen camino.

La edil ha señalado que el PSOE es el “único” partido que apuesta por la remunicipalización ya que dice que “los otros partidos de izquierda se han sumado en unas ocasiones, en otras no”. “La sentencia que tenemos firme y que declaró la nulidad de dicho pleno y de dichos acuerdos”, afirmó, mientras recordaba que la sentencia ya fue recurrida por el Partido Popular en la corporación anterior.

“Una de las primeras cosas que hicimos al llegar al gobierno fue desistir de esa apelación para que esa sentencia deviniera firme”, explicó. Amparo Bremard también se ha referido al pleno del 11 julio de 2016 que volvió a convocar el equipo de gobierno en el que se acordó que no querían el cambio de gestión, “en el que Equo se abstuvo, no sabemos muy bien el porqué”.

Para la concejala, la sentencia a la que aludía en rueda de prensa, facilita también las bases para la anulabilidad que es lo que finalmente se pretende. Aqualia ha visto desestimadas todas sus pretensiones y “nos indica que vamos por el buen camino”. La sentencia además condena en costas a Aqualia.

Una vez notificada la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha sobre Aguas de Alcázar, y que abre la vía a su posible remunicipalización, la empresa privada Aqualia -que forma parte de la nueva empresa mixta- está analizándola y valorando la preparación de un recurso de casación contra la misma.

Según apunta la compañía, la sentencia considera suficientemente acreditado que en el momento de la celebración del pleno municipal del 24 de julio de 2014 por el que se 'privatizó' Aguas de Alcázar, concurría la “urgencia” dado que esta última se encontraba “en una situación de crisis, al encontrarse en causa legal de disolución, al superar ampliamente las deudas acumuladas su patrimonio”.

Igualmente, interpreta que la sentencia “declara nulo” el contrato por razones formales, pero no porque el Tribunal considerare que el contrato en sí o la creación de una sociedad mixta fuera ilegal. “Es más, fue precisamente la entrada de Aqualia en la sociedad, mediante la creación de la Empresa Mixta y el préstamo de Aqualia a la misma, junto con el rigor presupuestario y una gestión profesional, lo que ha hecho posible que Aguas de Alcázar Empresa Mixta sea hoy una empresa solvente capaz de atender todos sus compromisos”, apunta la empresa.

Asimismo, considera que esa era la “única solución legal para salvar Aguas de Alcázar”, y que “ni mucho menos fue un regalo”, lo que demuestra que sólo una empresa se presentara al concurso, cuando en procesos similares suele haber hasta seis licitadores. Añade que una eventual resolución del contrato por parte del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan colocará al Consistorio en una posición en la que van a tener que asumir “una deuda muy importante, de 24 millones de euros”, para devolver lo que Aqualia entregó para “sanear la sociedad municipal que estaba quebrada”. De hecho, acusa al Ayuntamiento de utilizar la gestión del agua como “herramienta política”.

“La resolución supondría además empeorar la situación crítica inmediatamente anterior a la transformación de Aguas de Alcázar Empresa Municipal en Empresa Mixta”, subraya Aqualia, e informa de que actualmente los servicios relacionados con el ciclo hidráulico se prestan con normalidad, las tarifas están congeladas, y la Empresa Mixta Aguas de Alcázar es “solvente financieramente”. 

La actual Corporación Municipal, concluye, ha actuado, en este recurso y en otros relacionados con esta cuestión, movida por “intereses políticos, completamente respetables”, pero que “podrían comprometer gravemente la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento, el futuro de los habitantes de Alcázar y el futuro de los empleados de Aguas de Alcázar Empresa Mixta”.

Con 16 años, ya formaba parte de Juventudes Socialistas, con una conciencia de izquierdas provocada por la represión que sufrió su familia durante la dictadura. Años más tarde, y ya dentro de la Ejecutiva del PSOE en Alcázar de San Juan, pasó por varios cargos, liderando finalmente la formación desde 2008. Su militancia política también ha pasado por el Congreso de los Diputados, donde ha sido diputada, y en el año 2003 entró a formar parte del Ayuntamiento de Alcázar como concejal de Hacienda con el equipo de Gobierno del socialista José Fernando Sánchez Bódalo.

En las elecciones municipales de 2015, se presentó finalmente como candidata a la Alcaldía, consiguiendo nueve ediles que le arrebataron el Ayuntamiento al PP y a su regidor Diego Ortega. Al estar en mayoría simple, inició un ejercicio de aritmética parlamentaria que se ha visto complicado por los problemas con los ediles de Izquierda Unida y Equo y que permanece hasta la actualidad. En una entrevista con eldiarioclm.es, resume algunos de los objetivos por los que todavía lucha como la remunicipalización del agua, los presupuestos participativos, la nueva convocatoria de fondos europeos de desarrollo sostenible y la plataforma logística. Quiere además que Alcázar de San Juan siga siendo “el corazón de La Mancha” gracias a Cervantes, a su historia y su gastronomía.

¿Qué balance realiza, en dos líneas generales, de los más de dos años de Gobierno en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan?

No es fácil sintetizar, pero se podría decir que esta legislatura se está caracterizando por la recuperación de Alcázar con todo lo que eso conlleva. Hemos sufrido cuatro años de parálisis de la ciudad y ahora la hemos vuelto a poner en marcha y vamos a una velocidad vertiginosa, que es lo que debe tener esta ciudad, que es muy dinámica.

¿Cómo resumiría lo ocurrido con partidos como Izquierda Unida, con el que fracasó el Gobierno municipal de coalición? fracasó el Gobierno

Yo lo resumiría como que han tenido un enorme problema interno que se ha traducido en un cisma y que ha provocado que el que entonces era concejal por IU y parte del equipo de Gobierno municipal, después de que su propia asamblea discrepara con él, se viera obligado a votar en contra de los Presupuestos de 2017, es decir, contra de unas cuentas que él mismo había elaborado. En ese momento hizo algo muy íntegro, que fue dejar el acta de concejal y el partido, pero junto con él se fue una alta representación del partido, tanto en calidad como en cantidad, que son los que habían sustentando a IU en los últimos años y con hitos electorales como llegar a tener dos concejales en la Corporación municipal.  

¿Cómo ha sido la gobernabilidad desde entonces?

Está siendo complicada desde el primer día. De 21 concejales, tener solamente nueve significa mucho trabajo de consenso y de diálogo y no siempre da buenos resultados. Porque incluso hemos llegado a acuerdos que luego no se han cumplido por la otra parte. Pero lo importante es que no nos hemos desmoralizado y prueba de ello es que hemos seguido trabajando y sacando adelante muchas cosas hace dos años impensables. No vamos a decaer en ese objetivo. Los presupuestos del año pasado los sacamos gracias a la abstención del PP  y por tanto nuestro trabajo es seguir dialogando con los tres grupos de la oposición, de manera útil con Equo y el PP, y por deferencia, con IU.

Uno de los proyectos más destacables de la presente legislatura es la futura plataforma logística. ¿En qué punto se encuentra y cuáles son los plazos tras el visto bueno del Ministerio de Fomento? plataforma logística

Lo principal y más laborioso fue recabar apoyos institucionales, y eso salió muy bien. Tuvimos el parón de ese año sin Gobierno central y eso nos retrasó un poco, pero después, cuando el ministro de Fomento dijo públicamente en Toledo que formábamos parte de los proyectos para transporte de mercancías, para nosotros fue una gran noticia porque previamente ya habíamos obtenido el respaldo de la Diputación de Ciudad Real y de la Junta de Comunidades, con quien trabajamos en el día a día. Gracias a eso tenemos un estudio de previabilidad del proyecto, que es lo que ha dejado claro que no era una ilusión de una alcaldesa por devoción, sino que es una realidad posible, con potencial.

Se entiende por tanto que ha habido contactos de carácter privado…

Sí, estos meses también hemos aprovechado para tener contacto directo y discreto con empresarios del sector. Está claro que Alcázar y la comarca necesita esta plataforma logística y está claro el interés de los potenciales clientes, quienes necesitan sacar sus mercancías y abaratar los costes de las exportaciones. Hemos tenido contactos con transitarios, navieras y con empresas logísticas a muy alto nivel que han mostrado su interés. Va todo muy bien pero es cierto que estos proyectos no son de un día para otro. Al ser un proyecto público-privado, a inicios de 2018 empezaremos con la búsqueda de inversores y a lo largo del año podremos tener la buena nueva de encontrar quien financie el proyecto. En cuanto esto esté resuelto, todo lo demás serán trámites burocráticos de una obra civil de no demasiado tiempo de ejecución.

Alcázar de San Juan cuenta con una nueva oportunidad para concurrir a la convocatoria DUSI de fondos europeos para desarrollo local sostenible. ¿Qué cree que ha fallado en las anteriores convocatorias? ¿Se va a presentar una propuesta nueva?nueva oportunidad para concurrir a la convocatoria DUSI

La propuesta va a ser muy parecida. En las anteriores convocatorias falló el ser novatos de alguna manera. Lo hicimos con la mejor voluntad posible pero no con todo lo que los condicionantes técnicos requerían. La segunda convocatoria fue un ‘resto’ de fondos de la primera y nos presentamos porque ya habíamos mejorado el proyecto y queríamos ver cómo se había desarrollado. Tuvimos un resultado buenísimo: en un corte de 72 puntos nos quedamos fuera con 69, estuvimos a las puertas. Por eso, pensar que entramos en esta tercera convocatoria no es una ilusión, los datos objetivos lo dejan bastante claro, porque los que se quedaron por encima de esa puntuación ya no concurren y están ejecutando su propio proyecto. Además, ahora hay más dinero, hay menos competencia y nuestro proyecto está mejor preparado. Tenemos muchas expectativa de que eso sea una realidad y creo que desde el Ministerio también son conscientes de que estos fondos hay que ponerlos en marcha ya. Creemos que vamos a entrar con nuestro proyecto de una ciudad sostenible, dinámica y con total inclusión de todos sus vecinos vivan donde vivan.

Con ese desarrollo está relacionado también el empleo. ¿Cómo ha evolucionado la ciudad en este sentido en los últimos dos años?

Desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha muchas medidas encaminadas a reducir el desempleo. Los planes de empleo son una ayuda de emergencia social y temporal, muy necesaria, pero no suponen creación de puestos de trabajo. Creación de empleo es lo que ha ocurrido en Alcázar: hace cuatro años llegamos a tener la alarmante cifra de 4.000 parados y ahora son 2.500. Sigue siendo una cifra preocupante, pero en el trabajo de conseguir que se estabilice el empleo hemos puesto en marcha medidas con otras instituciones como la Cámara de Comercio a través del programa PICE dirigido a jóvenes, que es una formación a la carta y con un grado de inserción laboral alto. También estamos orientando a personas con discapacidad mediante una colaboración con COCEMFE, poniendo en marcha un servicio específico para ellos. Y a todo ello unimos que estamos mejorando las posibilidades de inversión con los empresarios, haciendo muy ventajosa la compra de parcelas en el polígono industrial, siempre vinculado a la creación de empleo estable.

AVE y presupuestos participativos

En el terreno de infraestructuras, un proyecto en el que no cesan de cambiarse las fechas es la Línea de Alta Velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. ¿Hay novedades al respecto?

Hay una realidad sobre esta línea de Alta Velocidad que yo creo que ya tenemos todos tan interiorizada que es una obviedad: en ningún momento se ha parado el proyecto en cuanto a la adaptación y mejora de la infraestructura. Lo que sí se hizo fue ralentizar el proceso. Han cambiado tanto los plazos que parece que no va a llegar nunca, pero durante todo este tiempo se han ido haciendo obras suficientes como para que mucho después de lo previsto, pero no tardando demasiado, sea posible. Además, le hemos dado un empujón con quienes al final, cuando esté la línea construida, también serán beneficiarios, que son los andaluces, apoyando iniciativas para una vez que se concluya la obra, se pueda llegar hasta Almería, hasta la costa. Pero ya no arriesgo fechas porque no depende de nosotros sino del Ministerio, aunque ejerzamos toda la presión que podamos.

Una de las medidas más innovadoras en Alcázar han sido los presupuestos participativos. El Ayuntamiento ya ha iniciado los pasos para distribuir los 70.000 euros destinados a la gestión directa de los ciudadanos el año que viene. ¿Se ha conseguido representación de toda la sociedad alcazareña?

Primero de todo, es importante resaltar que es una iniciativa que no parte de hace 15 días ni del programa electoral, sino algo que yo tengo en mente desde que era concejal de Hacienda. Hasta ahora se han puesto en marcha consejos municipales y juntas rectoras en todas las áreas que se mueven en la ciudad. Un total de 25 categorías que van desde las sociales, hasta las deportivas y de consumidores. Dentro de cada área, están muchos colectivos que han determinado  quiénes son sus representantes en el Consejo Municipal y hemos aplicado el máximo denominador común: que todos son vecinos. A partir de ahí hemos organizado la población en siete zonas distintas cuyo centro de recogida de sugerencias van a ser los centros de barrio. Es una cantidad muy pequeña pero con 70.000 euros se pueden hacer muchas cosas.

Sería 10.000 euros para cada una de las zonas…

Sí, el formato que les hemos planteado a los vecinos y que han aprobado por unanimidad es que se pueden hacer sugerencias y propuestas, y si hay más de una en cada zona, los vecinos pueden votar indiferentemente de si pertenecen o no a cualquier colectivo. Solamente el ser vecino ya te da derecho a participar en una parte del presupuesto. Estamos aprendiendo todos juntos y creo que saldrá bien. La oposición está poniendo muchas pegas, pero no al modelo ni al objetivo, sino palos en las ruedas para que no salga. Además, se produce la paradoja del acercamiento entre IU y PP. Es una paradoja, un matrimonio ‘anti natura’ que es destructivo.  Pero lo fundamental es que los vecinos lo han acogido con muchas ganas y puede salir bien.

Uno de los temas por los que Alcázar adquirió relevancia nacional fue la gestión de su agua, cuando, con el Gobierno del PP, Aguas de Alcázar pasó a formar parte de una sociedad mixta. ¿En qué situación administrativa se encuentra este tema? gestión de su agua

Estamos a la espera de resoluciones. En primer lugar, el pleno del Ayuntamiento, con el rechazo del PP, tomó la decisión de elevar a la revisión de oficio del Consejo Consultivo la posible ilegalidad de la venta de agua. El dictamen que emitió, sin quitarnos la razón, tampoco nos la daba, y a partir de ahí teníamos dos alternativas: denunciar el propio dictamen o iniciar el procedimiento de ‘lesividad’. Desde el Grupo Socialista hemos iniciado la primera vía, la del contencioso- administrativo, y el proceso de ‘lesividad’ está en manos del los abogados del Ayuntamiento, pero que se presentará en breve. Jurídicamente ya nos hemos llevado algún chasco y únicamente hemos ganado la denuncia concreta que presenté yo como portavoz del Grupo por vulnerarse los derechos fundamentales de los concejales socialistas. No sabemos si los tribunales nos darán o no la razón con la lesividad pero es cierto que es de justicia que la ha habido contra los vecinos. En la actualidad están a favor de la venta de agua tanto el PP como la empresa privada Aqualia, pero mientras, los vecinos pagan un IVA de alcantarillado que antes no pagaban, además de numerosos perjuicios. Porque esa venta, más que una venta fue un regalo a una empresa privada.

Dentro de ese contencioso, que como dice lleva su tiempo, ¿se ha ido alejando el horizonte de una posible remunicipalización?

Yo espero que no. En el PSOE hicimos todo lo que estuvo en nuestra mano para frenar la venta de agua cuando gobernaba el PP, con un plan de viabilidad económica de Aguas de Alcázar y un sistema de de deuda-compensación. Solo conseguimos retrasar el procedimiento y al final se produjo la canallada. Ahora, sabemos que la recuperación es difícil. La venta está basada en un contrato que es injusto pero que nadie ha demostrado que sea ilegal. Estamos también pendientes de la respuesta del Tribunal Superior de Justicia a una alegación de una compañera contra el pleno en el que se dio visto bueno a la venta. Y a la vez, seguimos pendientes del contencioso y de la lesividad. Con todo eso junto seguirá habiendo dificultades porque tenemos enfrente a una multinacional con mucho peso y con un contrato que les reporta unos derechos. Queremos que el proceso sea lo más corto y lo más barato posible, pero será lo que nos marquen los plazos y los jueces. Cuando haya una resolución definitiva intentaremos proceder a la liquidación de la empresa, pero tenemos que seguir esperando.

Cambiando de tema, ¿cuál es actualmente el potencial de la ciudad como destino turístico?

Estamos empeñados en que todo el mundo descubra nuestra virtud, que es el turismo durante todo el año. No competimos con el turismo de playa y verano, de tipo estacional. Todo nuestro turismo  está relacionado con nuestra historia, con nuestra gastronomía y nuestro vino, y también con Cervantes. No podemos desaprovechar la oportunidad de ser el corazón de La Mancha. Eso se ha traducido en que todos los fines de semana del año Alcázar tiene un evento y por ello hay para todos los gustos, desde el baloncesto, pasando por los pistachos o el carnaval, y siempre relacionados con nuestra historia.

Enología y patrimonio

Emiliano García-Page inauguró en julio la reapertura de la Estación de Vitivinicultura y Enología, ¿ya ha operado en la última campaña de vendimia?Estación de Vitivinicultura y Enología

Está trabajando a pleno rendimiento. Ya han podido venir los viticultores a traer sus muestras. La enológica también ha recuperado su ritmo tras un cierre completamente injustificado, puramente político, con el único objetivo de castigar a Alcázar de San Juan por no ser políticamente próximo a Cospedal y con el consentimiento y complicidad del exalcalde (Diego Ortega), que incluso sigue justificando aquel cierre.

Y en el terreno cultural, ¿preparará algo especial el Ayuntamiento con motivo de los diez años que la Noche del Patrimonio cumple en 2018?

Afortunadamente, todos los años tenemos algo especial. En el 2016 la centramos en la figura de Cervantes y este año en el 140 Aniversario de la declaración de Alcázar como ciudad. Y el año que viene le daremos un tinte especial reconociendo su décimo aniversario pero también habrá otras efemérides que celebrar.

A nivel regional, ¿cómo valora el pacto de Gobierno con Podemos?

Ha sido necesario por la aritmética. Ahora mismo tenemos una actuación muy similar a la de Alcázar. Hay que hacer sumas porque de manera unilateral no se pueden aprobar medidas. En un momento concreto, hay que tomar decisiones que sean útiles para nuestros ciudadanos y eso es lo que creo que con mucha inteligencia ha hecho el presidente.

Este fin de semana se celebra el Congreso regional del PSOE. ¿Ve fuerte a García-Page tras un año políticamente complicado?

Las cosas no son fáciles, pero lo veo muy fuerte y completamente centrado. Además, hay un mérito suyo, entre los muchos que tiene: ha sido capaz de coger una región completamente devastada por las políticas de Cospedal y ponerla otra vez en el ritmo de la normalidad. Ya formamos parte de la cabecera en Dependencia a nivel nacional. También en sanidad y educación estamos recuperando nuestro sitio, en aquellas políticas que hicieron que esta región avanzara en desarrollo y autonomía y dejara de ser tierra de paso. Hay una prueba objetivo de que todos los avances que ha tenido esta región los ha tenido de la mano de los gobiernos socialistas y el presidente sigue en esa línea, teniendo en cuenta una situación económica adversa y con una mayoría simple. Es el secretario general que los militantes hemos querido que fuera, y eso nos llevará a afrontar las elecciones de 2019 con muchas garantías de éxito.  

Pese a esas dificultades que también ha vivido como alcaldesa, ¿está dispuesta a repetir la candidatura?

Es una pregunta para 2018. Estamos trabajando mucho y estoy contenta porque los resultados se están viendo en la calle. Yo no tengo inconveniente, a mí la política me gusta y trabajar por mi pueblo es un honor. Estoy siempre a disposición de mi partido.

En el intrincado proceso administrativo y judicial que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan continúa para permitir la remunicipalización del agua de la ciudad, una nueva noticia abre de nuevo el optimismo en el Consistorio. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 2 de Ciudad Real ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el concejal socialista Gonzalo Redondo contra el acuerdo del pleno municipal en el que se aceptó el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, que manifestaba que no procedía la revisión de oficio de la adjudicación de Aguas de Alcázar a Aqualia.

Con este recurso que interpone Gonzalo Redondo “se abre una vía desde el Partido Socialista, que ha sido el único que ha interpuesto recursos hasta la fecha para la remunicipalización de Aguas”, ha señalado la concejala del equipo de Gobierno, Rosa Idalia Cruz.

Ha recordado que también la actual alcaldesa, Rosa Melchor, como anterior portavoz del Grupo Municipal Socialista en la oposición, en su momento interpuso un recurso que se ganó, mientras que Ana Belén Tejado interpuso otro que está pendiente de resolución. El de Gonzalo Redondo es el tercero para poner fin a la revisión de oficio en base a los dos votos de reserva del Consejo Consultivo, ha explicado la concejala.

Por último, Rosa Idalia Cruz ha apostillado que espera que el proceso de remunicipalización de Aguas “nos lleve a buen puerto”.

Toledo se encuentra en pleno proceso de adjudicación del nuevo servicio de la ORA que actualmente está en manos de la empresa Dornier, que lo ha venido gestionando durante 10 años. El contrato con esta empresa se encuentra en situación de prórroga desde el año 2015 y a la espera del definitivo pliego de condiciones técnicas y administrativas que permita definir y adjudicar el servicio.

En mitad de este proceso surge una pregunta: ¿Es posible la gestión directa por parte del Ayuntamiento del servicio de la ORA en Toledo? Existen antecedentes. En el año 2014, la Corporación Municipal aprobó la proposición del Grupo Municipal IU, capitaneado entonces por Aurelio San Emeterio, para que la Concejalía de Hacienda y la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda elaborasen sendos informes sobre la manera “más ventajosa” de gestionar un servicio cuyo contrato externalizado tocaba a su fin. Se pidió también otro estudio a Intervención Municipal sobre la sostenibilidad financiera de cada una de las alternativas.

No se fue a más, entre otras cosas porque los informes de los técnicos municipales lo desaconsejaban, al no acreditarse ni los medios personales o materiales ni la solvencia necesaria para gestionar el servicio con un obligado Plan de Ajuste Municipal que impedía acceder a crédito extra. Llegaron las Elecciones y se produjo un cambio en el Gobierno municipal.

Ya en enero de este 2017, el concejal de Ganemos, Javier Mateo, solicitó un informe actualizado al Servicio de Intervención Municipal sobre tres opciones de gestión de la ORA muy concretas: gestión directa por parte del Ayuntamiento, gestión directa pero a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV) o las posibilidades de crear una nueva empresa pública.

Al margen de la gestión indirecta (la que ahora realiza Dornier), las tres opciones son posibles con una ‘pega’ fundamental: el techo de endeudamiento al que, desde el año 2012, están sometidas las entidades locales, en virtud de los límites de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que marca el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. La crisis sigue pasando factura.

El contrato con Dornier, a fecha 2013, le supone a las arcas municipales un gasto de 2,9 millones de euros al año. La recaudación líquida en 2016 superó los 3,4 millones. El nuevo modelo de gestión directa que propone Ganemos no solo debería mejorar esos datos sino al menos igualarlos y todo eso sin saltarse el techo que impone el Gobierno central y sin poner en peligro la sostenibilidad de la Hacienda municipal.

Ni siquiera existe un diseño previo sobre la tipología de las plazas de aparcamiento. ¿Mantener el actual o elaborar un nuevo sistema? No es un tema baladí: a mayor número de residentes, menor recaudación, de ahí la importancia de conocer previamente la estructura del servicio para evaluar su viabilidad. Y en esa estructura, no solo hay que hablar de las plazas de aparcamiento, sino de trabajadores. ¿Qué ocurriría con las personas que controlan la ORA? ¿Habría o no subrogación? Eso implicaría que los trabajadores pasarían a ser parte de la plantilla, bien del Ayuntamiento, bien de la empresa municipal que se ocupase de la gestión del servicio. Es decir, un gasto de personal añadido. No obstante, habría una segunda alternativa: habilitar un proceso municipal de reconversión de empleados municipales a nuevas tareas como controladores de aparcamiento. No habría subrogación entonces de los actuales empleados de la ORA, lo que, por otro lado, previsiblemente conllevaría un conflicto socio-laboral.

Las dificultades de gestión desde una empresa municipal

Otra de las cuestiones en el aire es si crear una empresa municipal nueva o encargar la gestión del servicio a la Empresa del Suelo y la Vivienda de Toledo (EMV). El primer caso estaría descartado si tenemos en cuenta los límites de gasto para el Consistorio. Por otro lado, la gestión de la ORA a través de una empresa municipal es la única que presenta inconvenientes tributarios: al no poseer personalidad jurídica propia, tendría que ser la Tesorería municipal la que ingresase directamente la tasa.

En cuando a una encomienda de gestión a la EMV no se plantearía tampoco como posible porque no se cumplirían los requisitos que establece la Ley de Contratos de los Servicios Públicos, dado que esta empresa municipal no dispone de medios propios para llevarlo a cabo.

Además, la única forma para financiar a esta potencial ‘empresa municipal de la ORA’ sería que el Ayuntamiento liberase una transferencia a su favor para soportar el 100% de su gestión. En el caso de que la gestión fuese asumida por la EMV, a esta empresa se le cerraría la vía del préstamo para financiar inversiones mientras no regularizase otras ya preexistentes. Así lo exige el Ministerio de Hacienda.

Se abre un laberinto jurídico y económico que dificulta para hacer efectivo el deseo de la remunicipalización y con casi todas las cartas de la baraja en contra. Según ha podido saber eldiarioclm.es, tanto los informes económicos como jurídicos emitidos por distintos órganos del Consistorio toledano a petición del Grupo Municipal Ganemos no son favorables al proceso de remunicipalización en este momento.

Y es que un cambio de esta magnitud, según sugieren los expertos municipales, debería no solo justificar las causas de interés público sino también una financiación suficiente, sostenible y adecuada al actual marco legal.

Los casos de Ciudad Real y Alcázar de San Juan

La remunicipalización de este y de otros servicios públicos externalizados no es una idea nueva en Castilla-La Mancha o en otros puntos del país en la presente legislatura. Y es, en particular, una de las apuestas programáticas de Ganemos, socio de Gobierno de Milagros Tolón en el Consistorio.

Hay que recordar que el techo de gasto para las entidades locales ya fue la razón principal por la que fracasó el intento de remunicipalizar distintos servicios en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Y que en Alcázar de San Juan, también en esta provincia, los intentos por parte del Ayuntamiento para remunicipalizar la gestión del servicio del agua, ahora externalizado, podría acabar en los tribunales.

El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha ha emitido un dictamen con respecto al proceso de externalización de la gestión de 'Aguas de Alcázar', en el que sostiene que el acuerdo del Pleno Municipal del 24 de julio de 2014 -por el que se aprobó la adjudicación de la gestión de Aguas de Alcázar a FCC Aqualia, bajo el Gobierno del Partido Popular- incurre en causa de anulabilidad, al vulnerar la Ordenanza municipal de suministros.

Un dictamen que no responde al deseo del actual equipo de Gobierno socialista, dirigido por Rosa Melchor quien aspira a que dicho acuerdo plenario pueda ser nulo de pleno derecho para revertir así al Consistorio la gestión del servicio de aguas municipal. La alcaldesa ya ha explicado que el matiz introducido por el Consejo Consultivo obliga a seguir “peleando” en la vía jurídica para lograr la reversión de la gestión. 

Y es que en el dictamen emitido por cinco miembros del Consultivo existen discrepancias de criterio. Tres de los cinco votaron a favor de la anulabilidad mientras que los otros dos (entre ellos el presidente del Consejo, Joaquín Sánchez Garrido) votaron a favor de la nulidad de pleno derecho. Algo que permite recurrir dicho dictamen.

Ahora, las opciones que contempla el Gobierno municipal y que trasladará a la Mesa del Agua y a los portavoces de Equo e IU, pasan por recurrir el dictamen y denunciar ante el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCLM) “la lesión contra el interés general” que ha ocasionado la venta de Aguas de Alcázar. 

La primera edil ya se ha puesto en contacto con los portavoces de Equo e IU (partidos municipales en favor de la remunicipalización) para trasladarles la decisión del Consultivo y, en las próximas horas, mantendrán una reunión. Igualmente, ha convocado la Mesa del Agua para el próximo viernes. Será este foro el que tendrá que valorar los siguientes pasos a dar: recurrir el dictamen del Consultivo o pedir amparo al TSJCLM a través de la denuncia por lesión del interés general, o ambas acciones.

Rosa Melchor recuerda que sigue abierto un proceso judicial -a través del recurso interpuesto por Ana Belén Tejado ante el TSJCLM- que persigue el mismo objetivo, la nulidad de pleno derecho del Pleno de adjudicación de Aguas. “En cualquier caso, no vamos a decaer y vamos a seguir luchando porque Aguas de Alcázar vuelva a ser cien por cien pública”, concluyó la alcaldesa.

El Pleno de Alcázar de San Juan aprobó la propuesta para constituir una Comisión de Investigación sobre la empresa municipal Aguas de Alcázar y su cambio de gestión, llevado a cabo por el PP. Fue el grupo municipal de Equo quien la llevó a pleno y fue apoyada por el PSOE e Izquierda Unida, mientras que el Partido Popular se opuso por considerar que “no corresponde” una comisión así al Ayuntamiento.

El portavoz 'popular Eduardo García Villajos defendió que se trataría de una Comisión No Permanente, a lo que Juan Garrido, portavoz de Equo, contestó que la Comisión de Investigación sí está contemplado “si se cuenta con la mayoría absoluta de los grupos”, como ocurrió en el último pleno municipal.

El organismo propuesto por Equo pretende depurar las responsabilidades políticas al respecto de la existencia o no de la deuda de la empresa de Aguas que motivó su cambio de gestión. Y, en este caso, cuáles fueron las causas y explicar qué se hizo mal, “para que no vuelva a repetirse”, aseguró Garrido. El organismo no podrá interferir ni obstaculizar los procesos judiciales abiertos, para lo que contará con el asesoramiento de técnicos municipales. Se celebrará a puerta cerrada y se llevarán a Pleno las conclusiones.

Todos los grupos políticos municipales contarán con representación en la comisión, de acorde a su representación en el Ayuntamiento, y no recibirán dietas por su participación, “para que no cueste dinero a los alcazareños algo que pretende todo lo contrario”, apuntó la alcaldesa, Rosa Melchor. “No queremos que nos pase lo que ya ha sucedido con consultores externos, con reputado prestigio nacional, que iban a colaborar con el Ayuntamiento para llevar a cabo el proceso de reversión y al final han presentado una factura de 17.000 euros más IVA”, concluyó.

Los presupuestos municipales de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para el año 2017 han sido aprobados en el pleno de este jueves, gracias a la abstención de los tres concejales de Equo, que inicialmente iban a rechazarlos y al final han decidido abstenerse, después de conseguir de la alcaldesa, Rosa Melchor, el compromiso “firme y con fecha de pleno” de la remunicipalización de Aguas de Alcázar.

Un extenso punto de más de dos horas de duración que se ha cerrado con los nueve votos a favor del Grupo Socialista, nueve votos en contra, los ocho del Partido Popular y el del edil de Izquierda Unida, y la abstención de los tres concejales de Equo, lo que ha hecho necesaria una segunda votación por el empate, que se ha roto con el voto de calidad de la presidencia, lo que ha permitido que el presupuesto de 2017 salga adelante.

El voto en contra del concejal de IU ha supuesto su expulsión del equipo de Gobierno, como ya pasó en el mes de abril cuando Equo votó en contra de los presupuestos de 2016 que se presentaban entonces. En este caso, Antonio Jesús García los hubiera votado a favor según ha dicho, pero los estatutos de su partido le han obligado a acatar la decisión de la Asamblea de IU que ha decidido por mayoría votarlos en contra.

Un presupuesto de 30 millones de euros

La alcaldesa ha abierto el punto presentando los presupuestos como “completamente humanos, comprometidos con la ciudad” y para “conseguir avanzar y generar más inversión, más trabajo, más riqueza, y que se convierta en la dignificación de sus habitantes”. Además son “responsables por haber hecho contención del gasto”, por contar con “ingresos reales”, e “incrementar los ingresos sin aumentar la presión fiscal en base a la justicia fiscal”, por la regularización catastral de 2.500 unidades fiscales que hasta ahora o no están pagando el IBI de urbana o no lo están haciendo acorde a la modernización que han experimentado algunas fincas.

Presupuestos que llegan a más de 30 millones de euros que se podrán utilizar en la ciudad a lo largo de 2017, de los que 3.580.000 se destinarán a políticas de protección y promoción social “para ayudar a quienes más problemas tienen”. Acometerá algunas obras de grandes dimensiones como la de la Avenida Cervera y contempla planes de empleo para ayudar a 200 familias con dificultades, “sin dejar de ayudar a quienes más lo necesitan como los que padecen pobreza energética, o necesitan becas de comedor y otras del ámbito escolar”.

La alcaldesa ha pedido “responsabilidad” a los grupos municipales a la hora de emitir su voto y en el caso de Equo han cambiado su postura inicial, que según ha explicado su portavoz, Juan Garrido era la de proponer una enmienda a la totalidad y varias parciales, que han convertido en propuestas “en aras del buen entendimiento y de que salgan adelante los presupuestos”.

Por eso han anunciado su abstención en este punto si la alcaldesa se comprometía a emitir un “compromiso firme y con fecha para el pleno de la remunicipalización de Aguas”, que es para Equo “vital y muy importante”, a lo que Rosa Melchor ha accedido diciendo que ese pleno se celebrará en el momento en el que tengan el dictamen del Consejo Consultivo.

La posición de Equo

El portavoz de Equo se ha quejado de la forma en la que se ha hecho el presupuesto y ha echado en falta la participación de los grupos de la oposición y de la ciudadanía en general en la elaboración de los mismos.

Equo ha propuesto un pacto entre sindicatos, empresarios y políticos por el desarrollo por Alcázar, un proyecto para largo plazo. Asimismo pide avanzar en transparencia para que cualquier vecino pueda acceder fácilmente a toda la información del Ayuntamiento y evitar la “dificultad de muchas personas para encontrar las cosas en la web”. Proponen igualmente que se publiquen los presupuestos con gráficos para que sea “más pedagógico y didáctico”.

Apelando a la responsabilidad que les ha pedido la alcaldesa, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Ortega ha solicitado que se votara una enmienda a la totalidad y ha anunciado su voto en contra por varios motivos. Uno de ellos es el hecho de “no contar” con la oposición para redactarlos, pero también porque “está basado en la subida de impuestos a los vecinos y empresas”.

Considera además que “se disminuye el capítulo de inversiones reales, la transferencia de capital para inversiones desde otras administraciones y el gasto social y ”aumenta las partidas de programa de órganos de gobierno“.

En su primera intervención, el concejal de Izquierda Unida, hasta este momento miembro del equipo de Gobierno, ha defendido el presupuesto de 2017, en cuya elaboración ha participado. Antonio Jesús García ha repasado el trabajo de los departamentos que ha llevado hasta el momento y de las partidas contempladas para el ejercicio 2017 para seguir desarrollando estas áreas. Al igual que la alcaldesa, ha agradecido a Equo que haya retirado sus enmiendas, porque “este es el mejor presupuesto posible para Alcázar en 2017, con sus flecos”.

Por parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gonzalo Redondo ha acusado al portavoz del PP de “mentir” en todas sus argumentaciones y ha recordado que el equipo de Gobierno optó por la posibilidad de aprobar el presupuesto de 2016 en Junta de Gobierno por “responsabilidad, porque no se podía seguir prorrogando los del PP que daban un déficit de 6,5 millones”.

Redondo ha explicado que los presupuestos presentados “son realistas porque sólo dibujan los ingresos que previsiblemente va a haber”. Además, “no se olvidan de lo importante que son las personas”, y ha subrayado que “a quien le sacamos las castañas del fuego es a las 200 personas que no tiene posibilidad de empleabilidad”, por lo que ha ironizado con que “la trampa que dice Diego Ortega consiste en que el Ayuntamiento de Alcázar presupuesta 137.000 euros para el plan empleo y a cambio recibe 1,2 millones de euros de la Junta de Comunidades y de la Diputación, por lo que tiene trampa a favor de los desempleados de Alcázar”.

Aumenta la inversión como fuente de generación de riqueza, según ha relatado Redondo, que ha negado que se suban los impuestos, “sino que se está haciendo una revisión catastral para regularizar la bolsa de fraude catastral, por la que el PP no hizo nada al respecto en la anterior legislatura, a pesar de haber 2.500 unidades fiscales que no están dadas de alta”.

Tras el cruce de algunos insultos y acusaciones, la alcaldesa ha cerrado el punto diciendo que Ortega “está engañando porque el Ayuntamiento no tiene competencias impositivas sobre las empresas, más allá de la licencia de apertura o del IAE que sólo pagan las empresas que facturan más de un millón de euros”.

También ha criticado sus palabras al respecto de la pérdida de Fondos FEDER, “cuando ustedes en la anterior legislatura sólo tenían que ejecutar los 5 millones de entonces y ha habido que devolverlos porque fueron incapaces de ponerlos en marcha. Ha sido el peor alcalde que ha tenido nunca Alcázar de San Juan”, ha dicho Rosa Melchor.

Asimismo ha aclarado que de la época en la que fue concejala de Hacienda entre 2007 a 2011, “no haya ni una sola unidad fiscal sin regularizar” y ha aclarado que la paga extraordinaria de 2012 que “Rajoy quitó a los funcionarios”, se está devolviendo ahora con su Gobierno, ya que “Ortega no lo hizo en el suyo”, ha concluido.

Tras un imbricado y largo proceso judicial, el pleno ordinario de junio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan incluirá un punto que “significa” el inicio de la remunicipalización de la empresa Aguas de Alcázar. La alcaldesa, Rosa Melchor, ha detallado que en ese pleno se iniciará el expediente que conseguirá que esta empresa “sea otra vez de los alcazareños y de alcazareñas”.

El propio expediente administrativo, ha explicado la alcaldesa, será el que irá marcando los plazos, pero la base es una sentencia  -que ella misma presentó como portavoz de la oposición- que “lo que hace es quitarles la razón a quienes la privatizaron en las formas más que en el fondo como tal; queremos evitar que a nosotros nos pase lo mismo”.

La alcaldesa ha señalado que entiende que Aqualia no renunciará a la gestión, pero los pasos se van a seguir una vez que se inicie el expediente de manera oficial, que es lo que se presentará a la aprobación del pleno. “Eso se puede hacer”, ha advertido. “Solo desde el gobierno se tiene potestad para incorporar puntos del orden del día desde la propia Alcaldía”. Además, ante el anuncio de una propuesta en el mismo sentido anunciado por el grupo Equo, la alcaldesa señala que son bienvenidos “todos los apoyos que vengan de los grupos de la oposición”.

La remunicipalización, ha asegurado además la alcaldesa, se hará con “la sociedad que salió a la calle mayoritariamente a defender el carácter público de la empresa de aguas”. Por eso, se va a convocar en fecha próxima la Mesa del Agua en la que se dará información de cuál va a ser el procedimiento y de cuáles han sido los resultados que han arrojado los informes solicitados  expertos.

El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha firmado un protocolo con la Fundación Nueva Cultura del Agua para que esta entidad asesore al consistorio durante el “proceso de recuperación del modelo público” de gestión del servicio de aguas en la localidad, tal y como adelantase eldiarioclm.es

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, que ha firmado este protocolo junto al vicepresidente de la Fundación, Joan Corominas, ha mostrado su confianza en que esta vinculación sirva para que “la remunicipalización sea un proceso correcto, legal y sin errores y que se realice en el menor tiempo posible”.

Rosa Melchor ha señalado que se han producido tres procesos en torno a la remunicipalización del servicio de aguas. El primero fue iniciado por el Grupo Municipal Socialista cuando estaba en la oposición por “vulneración de derechos en la convocatoria del pleno que iniciaba el cambio de gestión en la empresa” que, ha comentado, “tiene ya sentencia firme favorable al grupo demandante”.

La segunda era un contencioso impulsado por la Plataforma del Agua contra la memoria técnica que permitía crear la empresa de economía mixta. Sobre este proceso, la alcaldesa ha detallado que su equipo de Gobierno se allanó “como forma de reconocer que el demandante tenía razón”.

El tercer procedimiento fue interpuesto por una ahora exconcejal socialista que perdió en primera instancia, pero Rosa Melchor ha apuntado que el Ayuntamiento se ha sumado a su apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) por entender que “tampoco cumplió las condiciones legales el pleno en el que se aprobó definitivamente el cambio de modelo de gestión”.

Por su parte, el representante de Nueva Cultura del Agua ha manifestado que la gestión del agua es “un derecho básico que debe tener carácter público para garantizar su control y su transparencia”. Joan Corominas ha asegurado que la Fundación “no está en contra de las empresas privadas, pero ese control debe estar en manos de los público”.

La ‘guerra’ contra la privatización del agua en Alcázar de San Juan escribe estos días un capítulo más. El objetivo de remunicipalizar el servicio que presta Aqualia parece ahora más cercano después de que el pleno del 24 de julio de 2014 adjudicase la gestión del servicio a esta empresa y la convirtiera en socio mayoritario (52%) de la empresa mixta constituida a tal efecto, a instancias del entonces gobierno del Partido Popular.

Han pasado dos años y medio desde que un movimiento ciudadano que se convirtió en Plataforma comenzase una lucha contra la privatización del servicio de agua que terminó en los tribunales a través de tres demandas distintas: la interpuesta por el Grupo Municipal Socialista contra el cambio en el modelo de gestión -ganada con sentencia firme-, una segunda interpuesta por la plataforma -ganada pero sin sentencia firme- y la que interpuso a título particular la ex concejal socialista Ana Belén Tejado que perdió en primera instancia y que está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

La novedad es que el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan -con un gobierno conjunto de PSOE, Equo e IU  desde el pasado mes de mayo- acaba de adherirse al recurso de apelación de Ana Belén Tejado. Demandante y demandado se suben al mismo barco frente a Aqualia y coinciden en que “habrá más posibilidades de ganar”.

La noticia ha sido recibida con satisfacción por Ana Belén Tejado quien reconoce que, hasta la fecha, se había sentido “desamparada” en una “cruzada” judicial que inició a título particular sin recibir el apoyo del Grupo Municipal Socialista ni de la entonces portavoz y actual alcaldesa Rosa Melchor.

Tras perder el primer juicio, Tejado se planteó tirar la toalla pero el apoyo de los vecinos propició un cambio de opinión. “Un colectivo ciudadano me pidió continuar y los asesores jurídicos dijeron que era una oportunidad fabulosa y que lo torpe sería no hacerlo”. Obtuvo así el apoyo económico necesario para continuar peleando contra FCC Aqualia en los tribunales.

PSOE: el objetivo siempre ha sido “la remunicipalización del servicio”

PSOE: el objetivo siempre ha sido “la remunicipalización del servicio”Amparo Bremard, concejala de Asuntos Jurídicos en el Ayuntamiento explica que el  objetivo del equipo de gobierno “siempre ha sido la remunicipalización del servicio” y que las razones de haber tardado tanto en adherirse al recurso de la ex concejala socialista radican en los tiempos y las decisiones judiciales que se produjeron durante el cambio de gobierno en el Consistorio tras las últimas Elecciones Municipales.

Asegura que cuando el PSOE accedió  al Gobierno municipal tras las Elecciones de mayo, los abogados de la anterior Corporación ‘popular’, habían presentado unas conclusiones a la demanda de Ana Belén Tejado “con las que no estábamos de acuerdo”. El nuevo gobierno pidió al juzgado “que se tuvieran por no puestas”. Pero no fue posible, explica Bremard porque  “el juez no nos emplazó a presentar nuestras propias conclusiones” y se dictó sentencia. Después, cuando Tejado plantea su apelación, el Ayuntamiento decide sumarse al recurso.  

“Nos adherimos porque entendemos que no se hicieron bien las cosas, no se obtuvo la mayoría suficiente para incluir, con carácter de urgencia, en el orden del día del pleno, la adjudicación del servicio a Aqualia”.

La concejala recuerda que “ya tenemos la nulidad del cambio de gestión y es radical y absoluta. Si el principio del proceso está anulado no puede haber adjudicación posterior. Es como si nunca hubiera existido”, recuerda Bremard.

Mientras, el ayuntamiento está ya negociando con Aqualia de forma paralela para intentar que el proceso de remunicipalización perjudique “lo menos posible” a las arcas municipales. De entrada, la empresa reclamaría su inversión inicial de nueve millones de euros. “No estaríamos en este punto si la anterior corporación no hubiera malvendido una empresa que era y es viable”, dice la concejala.

“Aqualia se lleva dinero por servicios que antes no costaban nada”

“Aqualia se lleva dinero por servicios que antes no costaban nada”Gema Santiago, portavoz del colectivo ciudadano que apoya a Ana Belén Tejado y  al que se ha sumado ya un centenar de personas también valora positivamente la adhesión del Ayuntamiento al recurso. “Estamos muy agradecidos” y carga contra el equipo de Gobierno del Partido Popular. “Muchos pensamos que se llevó a Aguas de Alcázar a la quiebra intencionadamente. Había una deuda de Aguas de Alcázar con el propio Ayuntamiento que era su dueño y era un problema de compensación entre ambas”.

La portavoz del colectivo niega que en todo el proceso se escondan intereses políticos y alude a razones económicas. “Aqualia se lleva dinero por servicios que antes no costaban nada”, asegura y pone como ejemplo el nuevo sistema informático incorporado al servicio, “por el que ahora pagamos” y la incorporación de un servicio de teleoperadoras “que también pagamos cuando antes, si tenías un problema, podías hablar directamente con el fontanero. Ahora te coge el teléfono una  teleoperadora que, seguramente, estará en Madrid”.

Alega que Aqualia se ha encontrado con una red “totalmente renovada” para la que no han tenido que hacer ninguna inversión y que “la empresa ya funcionaba fenomenal y ha seguido funcionando muy bien porque son los mismos trabajadores”. Reconoce también que no hay quejas en la gestión del servicio por parte de Aqualia pero, insiste, “el dinero que ahora va a una empresa privada que ha venido a tener beneficio y  antes revertía en el pueblo”.

La deuda de seis millones de euros de Aguas de Alcázar se ha transformado en un préstamo de Aqualia al Ayuntamiento por el que cobra un 4% de intereses. A eso se suman algo más de dos millones de euros por el  canon que Aqualia pagó al Ayuntamiento y una prima asociada a la gestión del servicio.

A Aqualia hay que devolverle casi nueve  millones de euros, pero desde el colectivo ciudadano creen que “no debe haber indemnización porque el contrato está mal hecho” y que, si se ganase el pleito, “deberían exigirse responsabilidades políticas y patrimoniales” a quienes propiciaron la actual situación.

Una postura que coincide con la de la  Plataforma contra la privatización del agua en Alcázar. Su portavoz, Fernando Ruiz de Osma, se muestra optimista aunque discrepa en los tiempos con el actual equipo de Gobierno. “Nosotros tenemos más prisa que la propia alcaldesa” y dice no compartir la postura negociadora del Ayuntamiento con Aqualia. “Si volvemos al momento inicial, la empresa volvería a ser municipal y se trata de devolver el dinero invertido, no de indemnizar”.

La Fundación Nueva Cultura del Agua entra en escena

La Fundación Nueva Cultura del Agua entra en escenaPara resolver las discrepancias entre quienes aspiran a conseguir la remunicipalización del servicio y además seguir la mejor ‘hoja de ruta’ jurídica, el Ayuntamiento suscribirá este miércoles un protocolo con la Fundación Nueva Cultura del Agua. “Su informe será esclarecedor”, comenta Ruiz de Osma. El Ayuntamiento cuenta, además, con el asesoramiento de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).

Mientras tanto, la plataforma continúa con su actividad de concienciación ciudadana. Cada lunes celebran asamblea, los miércoles instalan una mesa informativa junto al Ayuntamiento para exigir la ejecución de la sentencia ya dirimida en los tribunales y cada viernes desde hace dos años se concentran a las puertas del Consistorio. “Puede parecer un tema muy viejo, ha pasado mucho tiempo, pero seguiremos pidiendo que vuelva a ser un servicio público”. Este periódico ha buscado también la versión de la empresa Aqualia, sin que haya sido posible contrastar su opinión.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Ciudad Real no ha admitido la personación de Aqualia y el Partido Popular en la demanda interpuesta por la Plataforma del Agua contra la memoria que inició el cambio de gestión de la empresa Aguas de Alcázar de San Juan. Así lo establece la sentencia que, tras el allanamiento del Ayuntamiento, anula el pleno en el que se aprobó dicha memoria, dando la razón a la Plataforma.

Con la sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que aún se puede recurrir, ya son dos las que anulan las sesiones plenarias en las que se decidió el cambio de gestión de la empresa de Aguas -interpuesta por el PSOE por vulneración de derechos fundamentales- y en la que se aprobó la memoria justificativa, interpuesta por la Plataforma del Agua y en la que el actual equipo de Gobierno se allanó. También está pendiente de resolución el recurso, recientemente interpuesto por Ana Belén Tejado, contra el Pleno de adjudicación.

Según ha dado a conocer la Plataforma, el Juzgado Número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real no ha admitido la solicitud de PP y Aqualia de personarse como parte en la demanda de la Plataforma. El motivo, el allanamiento del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en la causa.

En cuanto esta última sentencia sea firme serán dos las que avalan el inicio de la remunicipalización. La Plataforma ha pedido al equipo de Gobierno que “ejecute ya la sentencia” que declara “nula la venta de Aguas” y se “expulse” a Aqualia de la gestión. Una vez más, han manifestado que “cada día que pasa Aqualia se está llevando dinero de todos los alcazareños”.

Igualmente, han anunaciado que la Plataforma del Agua seguirá con sus acciones hasta que la empresa vuelva a ser pública, concentrándose en la Plaza de España todos los viernes, a las siete de la tarde y participando en la Mesa del Agua en el proceso de remunicipalización.

En febrero de 2015, los vecinos de Alcázar de San Juan se convertían en noticia nacional por la reñida lucha que llevaron a cabo en contra de la entrada de un socio privado en la gestión de la empresa municipal de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar. El Gobierno municipal de entonces, liderado por el 'popular' Diego Ortega, firmó finalmente en convenio con la empresa, a pesar de la protesta ciudadana que se mantiene hoy en día y que incluyó una consulta ciudadana en la que más del 98% de los vecinos participantes declararon que preferían una gestión del agua 100% pública.

Sin embargo, tras las elecciones de mayo de 2015, la situación ha cambiado. Rosa Melchor es ahora la alcaldesa de la localidad, una de las figuras que promovió gran parte de las acciones legales en contra del cambio de modelo de la empresa pública. A su lado, como concejal de Ciclo Hídrico, está Juan Garrido, activista de EQUO y también de la Plataforma en contra de la Privatización de las Aguas de Alcázar, colectivo que sigue concentrándose los viernes en la Plaza de España para protestar en contra de la participación de Aqualia en la empresa.

Garrido se mantiene en la misma postura que cuando era portavoz de la Plataforma y asegura una y otra vez que el objetivo es tener un servicio público “al cien por cien”. Para ello, la principal arma que esgrimen son las sentencias judiciales que ya se han anunciado, pero que todavía deben “ponerse en marcha”, como aquella que anulaba el Pleno en el que se adjudicó el cambio de gestión a Agualia. La sentencia, que difundió el PSOE, señalaba que se había producido una “violación de derechos fundamentales” en el Pleno celebrado el 14 de octubre de 2013. El equipo de Gobierno actual, tal como lo hizo cuando era oposición, interpreta que esta sentencia anula también todos los procedimientos firmados posteriormente entre Aqualia y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.

El Gobierno ya se ha reunido con los representantes de Aqualia para empezar a negociar “básicamente su marcha”. Así lo señala Juan Garrido. Garrido señala además que están trabajando con diversos colectivos, como la Nueva Cultura del Agua y la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. El concejal de Ciclo Hídrico señala que “como mucho” se contempla pagar el dinero que Aqualia ya ha invertido en la empresa municipal, aunque están “seguros” de que la empresa pedirá más dinero, por lo que repite que su principal esperanza es que se ejecute la sentencia para que la negociación resulte más favorable para el Ayuntamiento. Garrido asegura que los representantes de Aqualia se han mostrado “receptivos” a hablar.

“Saben que es un acuerdo electoral después de mayo y que ya no hay vuelta atrás”, asegura el también activista. De hecho, Garrido señala que la reunión entre el Ayuntamiento y la empresa tuvo como uno de los puntos principales hablar del contrato para que los cambios no fuesen “traumáticos ni para uno, ni para otros”. “Ellos saben que se trata de una decisión municipal, igual como lo fue la que tomó el PP”, señala el concejal. Garrido es también uno de los multados por manifestarse en una cacerolada en contra la privatización y asegura que seguirán “aireando” su enfado ante unas sanciones que consideran injustas. “Nos han puesto multas por no hacer nada, sólo por defender el agua”, asegura.

Aqualia y Alcázar de San Juan acordaron abrir un proceso de reuniones para analizar las posibilidades que existen para “agilizar” la remunicipalización del agua y evitar “alargar el proceso más allá de lo razonable”, según ha informado el Ayuntamiento. El Gobierno ha avisado también de que utilizará “todos los medios a su alcance” y que serán cuidadosos para evitar que los acuerdos que se vayan tomando sean susceptibles de ser impugnados, como ocurrió con el Pleno celebrado mientras gobernaba el PP. El objetivo sigue siendo que la empresa Aguas de Alcázar vuelva a ser 100% pública“.

Las cuentas de Aqualia

El socio del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan en Aguas de Alcázar, Aqualia, ha asegurado que su inversión, hasta diciembre de 2015, supera ya los nueve millones de euros para convertirla en una empresa que preste un servicio “público de manera eficiente”. La empresa recuerda que le órgano municipal se encontraba en “causa de disolución” y que ha sido su inversión la que ha permitido que siga adelante. En este sentido, han señalado que han facturado 599.472,67 euros a Aguas de Alcázar durante el primer año de gestión, en diversos conceptos que han sido aprobados por los Consejos municipales.

En este sentido, Aqualia ha recordado también que el Ayuntamiento de Alcázar, al ser socio de la empresa, ha percibido 306.062,65 euros en el primer año de gestión de la empresa mixta. Finalmente, la empresa ha querido remarcar que los importes que factura Aguas de Alcázar se han recogido según una ordenanza fiscal, que “no ha supuesto incremento alguno” del precio del servicio de agua para los ciudadanos“.

Martes 18 de febrero de 2014. Medio centenar de vecinos de Alcázar de San Juan se encerraban de forma indefinida en el Ayuntamiento con pancartas. Su objetivo era reclamar contra la privatización de parte de la empresa municipal de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar. El gobierno local, entonces liderado por el PP en coalición con Ciudadanos por Alcázar, había anunciado que vendería el 52% de las acciones de la firma para hacer frente a las deudas de la misma. Diego Ortega, entonces alcalde, aseguraba que se trataba de la “mejor de las soluciones” para poder aliviar la “tropelía” del anterior Gobierno socialista. El habitual enfrentamiento político entre PP y PSOE.

La Plataforma en contra de la Privatización de las Aguas de Alcázar abandonó el encierro el 21 de febrero, pero no fue el fin, ni mucho menos, de las protestas. De hecho, fueron recibidos con una multitudinaria manifestación, de más de tres mil personas, protestas que se han repetido numerosos viernes. La Plataforma convocó a finales de marzo una consulta popular, la que intentó prohibir el PP, que dio una mayoría del 99% a favor de la gestión pública del agua. En ella participó un 33,5% del censo electoral de la localidad y fue valorada de manera positiva por los miembros de la plataforma, a pesar de carecer de carácter legal u oficial. Juan Garrido, portavoz de la Plataforma y actual concejal de ciclo hídrico en la localidad, señaló que tenía un valor de “protesta y de rebeldía” ante la “ignominia” que llevaba a cabo el Gobierno municipal.

En septiembre de 2014, el Tribunal de Recursos Contractuales rechazó un recurso presentado por los socialistas de Alcázar de San Juan. El Gobierno municipal, liderado por Ortega, celebró el resultado señalando que se cumplían “todos los requisitos económicos exigibles” en una adjudicación como la que se firmó en febrero de ese año, gracias al voto de calidad del alcalde, ya que se llegó a un empate técnico con los votos entre la oposición y los regentes. No era, ni sería, el último recurso rechazado de los socialistas. El último fue conocido este pasado 2 de diciembre, cuando se ratificaba la elección del socio privado de Aguas de Alcázar.

Sin embargo, en marzo de 2015 un juzgado declaró que el Pleno del 14 de octubre, donde se decidió pasar la gestión de Aguas de Alcázar de pública a mixta debía anularse, debido a una violación de derechos fundamentales en dicha sesión plenaria. La decisión llegaba a anular los procedimientos posteriores del contrato firmado entre el Ayuntamiento y Aqualia. Esta decisión era, para los socialistas, la puesta en camino para la remunicipalización del servicio. Pero el entonces alcalde aseguró que la sentencia no traería consecuencias jurídicas, ya que sólo señalaba que el pleno debía haberse convocado “con más días de antelación”. Ortega señaló que los acuerdos de octubre de 2013 se volvieron a ratificar en mayo de 2013, después de reiniciar el procedimiento de contratación.

El PSOE gobierna ahora en Alcázar de San Juan y no perdió el tiempo en comunicar su intención de revertir las gestiones del PP. En este sentido, el nuevo equipo de Gobierno estableció un precio: nueve millones y medio de euros. La alcaldesa Rosa Melchor, ha señalado que con esta cifra se recuperaría un servicio con el que los vecinos ahorraban dinero. Estos nueve millones y medio de euros servirían, según el Consistorio, en el préstamo concedido por Aqualia, además de la prima de emisión y el coste del cánon anticipado que se firmó en los pliegos de adjudicación.

El 5 de septiembre de 2014, la concejal socialista Ana Belén Tejado interpuso un recurso contencioso-administrativo en contra del acuerdo adoptado del 24 de julio en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Entonces, se aprobaba por urgencia la adjudicación y selección de un socio privado, para gestionar la empresa de aguas de la localidad, Aguas de Alcázar, en conjunto con el Ayuntamiento. El socio elegido fue Aqualia FCC. Se trataba de la gestión de los servicios vinculados al Ciclo Integral del Agua en el municipio y dos pedanías: Alameda de Cervera y Cinco Casas.

En el recurso, la socialista señalaba que se violaba un artículo de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, el 47, en el que se señala que se debe tener mayoría absoluta para diversos aspectos, entre los que se encuentra la venta de una parte de una empresa pública. Entonces, Tejado señaló que “no podía dejar de presentar el recurso. Es un compromiso personal, moral y político con todos los vecinos de Alcázar y con la Plataforma en Defensa del Agua Pública de hacer todo lo que estuviera en mis manos para paralizar la venta y recuperar la empresa lo antes posible”.

Sin embargo, el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ciudad Real ha rechazado las razones presentadas por Tejado en contra del acuerdo del 24 de julio y ha desestimado dicho recurso. La sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es/clm, declara “ajustada a derecho” la resolución adoptada entonces por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan y señala que no hay haber a la anulación de la adjudicación de parte de la gestión de la empresa municipal a Aqualia FCC. En este sentido, además, señala que hay “expresa” imposición de las costas del proceso judicial a la socialista.

Las cuentas de Aguas de Alcázar

El concejal del Ciclo hidráulico, Juan Garrido, y también conocido activista de la Plataforma en contra la Privatización de las Aguas de Alcázar denunció recientemente un contrato de prestaciones que calificó como “ruinoso y descabellado”, del que culpa directamente al exalcalde del municipio, el 'popular' Diego Ortega. En este sentido, Garrido aseguró que el Ayuntamiento paga al año, o deja de ingresar, unos dos millones de euros debido a la presencia de Aqualia en la empresa. Garrido concluía así que la empresa era “económicamente rentable” y que todo era un “montaje” para justificar la venta de la empresa municipal. El concejal ha señalado además que gracias a un “ligero incremento” en los costes del agua se ha podido hacer frente a pagos cercanos a los tres millones de euros. Garrido asegura así que se justifica “sobradamente” la necesidad de “recuperar el agua” y una empresa que “nunca debió dejar de ser nuestra. El concejal ha pedido también explicaciones directas a Diego Ortega.

Aqualia FCC, por su parte, desmiente rotundamente las acusaciones de Garrido y hace especial énfasis al explicar que lo que ha facturado hasta ahora, que no llega a los 600.000 euros según las cuentas de la empresa, se ha cargado a la empresa municipal, no al Ayuntamiento de la localidada. El socio privado de Aguas de Alcázar recalca que el agua en el pueblo sigue teniendo titularidad pública y que los importes facturados pueden desglosarse de manera muy sencilla. En este sentido, Aqualia señala que, por un lado, se ha facturado en concepto de contrato de prestación de servicios un total de 191.389,14€, por diversas gestiones como la asistencia técnica en seguridad y salud, tecnologías de la información, comunicación o márketing. Por otro lado, la empresa señala que ha facturado otros 408.083,53 euros por el contrato de “saber hacer”, algo que se debe a, según señalan fuentes de la empresa, a haber reducido olores en la depuradora o la revisión de la red de saneamiento. El importa en el primer año de gestión, que se cumplió el pasado septiembre, llega a un total de 599.472,67 euros.

David Rojo, gerente de las Aguas de Alcázar, ha valorado ante los medios el primer año de la empresa como sociedad de gestión mixta y se ha fijado los objetivos próximos para seguir trabajando en mejorar el servicio. Aunque es consciente del intento de remunicipalización de las Aguas que se ha propuesto llevar a cabo la alcaldesa, Rosa Melchor, no ha querido valorar nada al respecto.

Uno de los problemas más significativos que tiene Aguas de Alcázar es el mal olor que provoca su depuradora. Al estar tan cerca del núcleo de la localidad, los olores, producidos por las aguas residuales, afectan a gran parte de la población. Una de las medidas para intentar solucionar esta situación es utilizar productos químicos, como el cloruro férrico y el nitrato cálcico, para combatir los malos olores. El propio David Rojo ha dicho que “estamos muy cerca de solucionar el problema”, y asegura que “los niveles de sulfhídrico se han reducido”.

Por otro lado, los 16.000 abonados de la localidad ciudadrealeña a las Aguas de Alcázar, contarán con una mejora de las redes, ya que Rojo ha anunciado que la inversión prevista para renovar las infraestructuras es de unos 120.000 euros. Además, ha recordado que las inversiones realizadas en el primer año han alcanzado un total de casi 400.000 euros, sobre todo dedicado a la renovación de la red de agua potable o en la sustitución de tuberías de materiales obsoletos por unas de fundición dúctil.

Para satisfacer a los miles de abonados de Alcázar de San Juan, la sociedad de gestión mixta también ha prometido mejorar el servicio de atención al cliente. Mediante la implantación de nuevas tecnologías, como el programa ‘Diversa’, para que la facturación sea más concreta para el cliente. Además, se ampliarán los horarios de oficina para atender mejor a los usuarios, que también contarán con una oficina virtual para evitar desplazamientos. Por último, los recibos se podrán pagar en sucursales bancarias y no sólo en la oficina de Aguas de Alcázar, como se venía haciendo últimamente.

Además de los 40 trabajadores con los que cuenta la empresa, habrá un respaldo de expertos en las actividades de la gestión de aguas, para dar “un plan de formación continua”, como ha asegurado Rojo. De este modo, se tratará de prevenir riesgos laborales causados por gases producidos en la propia depuradora o líquidos utilizados en la propia planta.

Para finalizar, Rojo ha señalado que también es muy importante concienciar a la población sobre el uso adecuado del agua. De esta forma, ha asegurado que se está trabajando con determinados colectivos para realizar diferentes actividades, especialmente dirigidas a los niños o realizar visitas guiadas a las instalaciones de Aguas de Alcázar en alguna ocasión.