La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada “por mala fe procesal”, a fin depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso con reiteradas “incoherencias o invenciones”, supuestamente elaborado con Inteligencia Artificial (IA). La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el letrado figuran “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –y recoge Europa Press–, que traslada que el paso se da a tenor de lo dispuesto en los artículos 75.4 y 235.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En total, el magistrado ponente identifica 24 citas –y sus textos adicionados– que asegura que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”.

Además, hace referencia a que ha detectado “una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de Inteligencia Artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes 'alucinaciones' ofrecidas”.

“Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio”, recalca el tribunal en la resolución, en la que indica que, la otra opción, es decir, que el letrado “haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz)”, comportaría “un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada”.

“Mala fe procesal”

En la sentencia, los magistrados inciden en que los hallazgos “evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso”.

Lo hizo, continúa, “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos”.

A ello, añaden que “lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal”.

Llevar a cabo reformas en el hogar es una situación común que, sin la información adecuada, puede generar tensiones entre vecinos. Si te preguntas si debes pedir permiso al resto de propietarios o hasta qué hora puedes hacer ruido, la clave está en el tipo de obra y en las normativas municipales.

¿Es necesario pedir permiso a la comunidad?

La respuesta depende del tipo de obra que se vaya a realizar. “En el ámbito privativo, el propietario puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, siempre que no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique derechos de otro propietario”, explica Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

En el caso de este tipo de reforma dentro del hogar, no es necesario un permiso formal de la junta de vecinos, pero Briones apunta que existe la obligación de “dar cuenta previamente de tales obras al representante de la comunidad”.

Por el contrario, si la obra afecta a elementos comunes o altera la estética exterior, “sí es obligatorio contar con un acuerdo previo de la junta con el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios”, explica la abogada, que aclara que el permiso municipal no sustituye ese acuerdo.

¿Y el ruido?

No existe una ley estatal única que marque las horas permitidas. “Las ordenanzas municipales fijan unas franjas horarias para poder ejecutar las obras dentro del ámbito residencial”, declara Briones.

Más allá de lo que dicte la ley de cada ayuntamiento, la experta destaca la importancia de la convivencia: “Para evitar conflictos, debe atenderse a la empatía y al sentido común evitando ejecutar obras a primera o última hora del día o coincidiendo con fines de semana o días festivos”.

Antes de empezar la reforma

Para que tu reforma no se convierta en un problema legal o vecinal, la experta recomiendan seguir estos cuatro pasos:

En primer lugar, “revisa los estatutos y acuerdos de tu comunidad porque pueden contener normas propias sobre obras u horarios”, aconseja Briones, que también recomienda consultar la ordenanza municipal de ruido propia del ayuntamiento.

El siguiente paso sería, según la abogada, “informar por escrito al presidente o administrador del tipo de obra, la duración prevista y los horarios estimados”, así como avisar a los vecinos más cercanos, “especialmente si será ruidosa”.

“Si la obra es relevante, habría que consultar con un arquitecto o aparejador para confirmar si es necesario licencia municipal o declaración responsable”, señala la experta, que también cree recomendable “comprobar tu seguro de hogar y, si es posible, la cobertura del seguro de la comunidad ante posibles daños”.

El propietario que realiza la obra es el responsable de cualquier daño que pueda causar a otras viviendas o a las zonas comunes, como grietas o goteras, “y deberá indemnizar tanto a la comunidad como a los afectados”, apunta la abogada. En este y otros casos de conflicto, como incumplir los horarios o causar molestias excesivas, se podrá recurrir a la vía judicial, aunque el primer paso siempre debe ser intentar hablar entre vecinos.

El Gobierno regional y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha han suscrito este jueves un acuerdo de colaboración por el que 538 abogadas y abogados del turno de oficio en la Justicia, aproximadamente, podrán acceder a formación especializada en materia de violencia sexual.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha firmado el acuerdo con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, por el que en el próximo año todas y todos los profesionales de los colegios de la abogacía en la región podrán participar en alguna de las 12 sesiones formativas que contempla el texto.

“La lucha contra la violencia sexual plantea retos muy importantes, porque es un tipo de violencia en constante evolución y mayoritariamente oculta, y desde luego que un pilar fundamental es que todas las mujeres que la sufran se sientan siempre bien acompañadas y protegidas, por lo que formar a profesionales de la abogacía del turno de oficio es determinante, pensando sobre todo en mujeres con menores niveles de recursos”, ha asegurado Simón.

Habrá jornadas formativas

En virtud de este acuerdo, el Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, financiará con 66.500 euros las jornadas formativas que el Consejo de la Abogacía se encargará de organizar, con el objetivo de que todas y todos los profesionales del turno de oficio accedan a formación especializada, impartida por magistrados y profesionales del ámbito de la Justicia, pero también por personas expertas a nivel jurídico en la defensa de mujeres víctimas de violencia sexual.

Simón ha aludido al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior para recordar que en Castilla-La Mancha, durante el año 2025, se registraron 729 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, y que el 50 por ciento de los agresores tenía menos de 41 años.

“Todas las fuentes de datos apuntan a la misma tendencia: se incrementan los casos de delitos sexuales y los perfiles de los agresores son cada vez más jóvenes, aunque también sabemos que este incremento se debe, en parte, a una mayor concienciación social, a un mayor rechazo a todo tipo de agresiones y por tanto a una mayor confianza de las víctimas a la hora de pedir ayuda, sabiendo que aún hoy solo denuncian el ocho por ciento de las mujeres que sufren esta expresión de la violencia machista”, ha desgranado Simón.

La consejera ha apuntado también que “con más medios y mayor formación”, también se incrementa el número de mujeres a las que se acompañan desde los recursos públicos, “porque tenemos mayor capacidad para atender más y mejor”.

En este sentido, Simón ha explicado que, en 2019, cuando la Junta ponía en marcha el primer programa específico contra la violencia sexual, se atendió a 73 mujeres frente a las 300 mujeres de media al mes que son atendidas en la actualidad a través de la Red Amparo.

Simón ha finalizado su intervención agradeciendo el compromiso del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, en un acto de firma al que también han acudido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, o las consejeras del Consejo, Inmaculada Poveda y Teresa Hermida.

Señalan la falta de letrados

De su lado, el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha cifrado en 538 los abogados especializados en el turno de violencia de género, aunque este ámbito se puede ver incrementado, ya que son turnos vivos.

Ha reiterado que ya ha pedido incrementar los letrados que se sufragan por parte del Ministerio de Justicia en el turno de violencia de género. A su juicio, hacen falta más letrados en todas las provincias, pero se ha detenido especialmente en los partidos judiciales de Torrijos, Illescas y Toledo.

En Torrijos hace falta un letrado más, en Illescas otros dos, y en Toledo otro. “Llevo tres años pidiéndolo y el Ministerio de momento no me los ha concedido”, ha afirmado.

Así, ha citado que Illescas puede amanecer un lunes con 7 y 8 procedimientos de violencia, o una situación similar en Torrijos, donde es “lamentable ver los lunes los partes de incidencias en materia de violencia de género”.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de tres años de cárcel e inhabilitación impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank. El alto tribunal vasco destaca, además, que el letrado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica del matrimonio al que defendía, y se aprovechó de la confianza que depositaron en él.

El abogado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank, según recoge Europa Press.

Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado, y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo que se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros).

De esta manera, incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros, la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios. Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, tal como se recuerda en la resolución.

De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este, en concepto de responsabilidad civil, debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el montante total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”.

Prevalerse de la confianza

El alto tribunal vasco añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación, porque para realizar la encomienda profesional efectuada por sus clientes, no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se agrave la pena.

El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Una figura encogida por la edad y unas rastas que miden el doble de su altura son las acompañantes leales de Diane Jobson, una letrada penalista de Jamaica conocida y respetada por toda la isla. Aunque en su país es una leyenda, fuera del Caribe se la etiquetó como la confidente y abogada de Bob Marley, con quien tuvo una amistad que marcó su vida y la inspiró a unirse al rastafarismo.

La abogada es la protagonista y da el título a Miss Jobson, documental dirigido por la barcelonesa Amanda Sans Pantling y que se proyectará este jueves y viernes en Barcelona en el marco del festival DocsBarcelona tras pasar por Tallin Black Nights Film Festival de 2025, el 29º Festival de Málaga o el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

“El mensaje rastafari para mí es vivir una vida ayudando a los demás y defendiendo a los indefensos”, explica Jobson en el documental. Por ello, a sus 80 años sigue defendiendo casos en el Tribunal Supremo de su país y obteniendo justicia para sus clientes de los barrios más pobres de Jamaica. “Ella va al gueto y es una estrella”, afirma Sans en conversación con elDiario.es

La violencia policial y la pobreza extrema que sufren muchos de sus clientes marcan el día a día de la jurista, de quien la obra ensalza su tenacidad. Diane Jobson que no deja de luchar para defender a las víctimas más oprimidas. “De la oscuridad que es el sistema opresivo de Jamaica, ella es luz”, asegura Sans.

La directora ya conocía Jamaica después de dirigir el premiado documental Songs of Redemption (2013) sobre un programa de rehabilitación de presos a través de música reggae en la isla caribeña. Pero para ganarse acceso a la figura de Diane Jobson tuvo que pasar dos años con ella hasta que accedió a ser grabada. Fue durante este tiempo que la directora se percató que no quería explicar la historia de la amiga de Bob Marley, sino de la persona y profesional que era Jobson.

“Quería evitar el clásico de la gran mujer detrás del hombre”, explica Sans. El motivo: “Jobson hace un trabajo increíble como abogada defendiendo a los pobres en Jamaica y es una mujer con un espíritu juguetón increíble”.

En su retrato de la jurista octogenaria, Sans ha querido dar un toque “luminoso” al documental. Se abordan temas profundos, pero desde la ligereza y la comedia características de Jobson. La directora añade que este equilibrio es clave en la vida de la letrada, que pasa los fines de semana en la naturaleza con su mejor amiga Sally tras conocer de lunes a viernes los momentos más duros de la vida de muchos de sus compatriotas.

“Jobson se mueve en un mundo de violencia”, expone Sans. “Y aun así, hay belleza en su historia y en su vida: en su contacto con la naturaleza, en su espíritu juvenil y en su amistad, porque también es una historia de amistad entre dos mujeres”.

Diane y Sally, la amistad de dos mujeres que rompen moldes

“Me costó entrar en el mundo de Diane Jobson siendo una chica blanca de Barcelona”, admite Sans, para quien la historia de la abogada tiene muchas capas: “Un retrato íntimo y lúdico sobre ella y su vida, la amistad de dos mujeres haciendo frente al final de su vida y después una mirada sobre el sistema opresivo de Jamaica”.

El largometraje muestra escenas naturales de una belleza deslumbrante donde Diane Jobson y su amiga Sally disfrutan de su tiempo de desconexión, frecuentemente acompañadas del humo de la marihuana, el perro de Diane y el sonido del mar.

Sally pertenece a la población minoritaria blanca y privilegiada de Jamaica mientras que Diane pasa sus días en los guetos, conociendo a los clientes que defiende e incluso presenciando sus muertes y torturas. Aun así, al estar juntas son dos amigas inseparables y únicas. “Son mujeres que vivieron la vida de una forma completamente fuera de las convenciones, fuera de lo que una mujer tiene que hacer, rompiendo todas las normas”, explica Sans.

Es la misma Sally la que abre la caja de pandora en el documental al preguntar a Jobson por sus clientes a los que defiende. Sally, desde su posición de privilegio, los llama criminales, mientras que Diane la corrige: “Víctimas”.

“Si yo viviera en esas condiciones también sacaría una pistola”, sentencia Jobson como respuesta a su amiga. “Cuando conoces a la gente que defiendes supone una gran diferencia”, remacha.

La amistad llega a ser una de las claves del documental: dos mujeres al final de su vida que se resisten a hacerse mayores. “Es su conflicto interno, no querer envejecer”, apunta Sans, que añade que esta es una de las razones por las que, con 80 años, Jobson sigue trabajando, aunque asegura que se va a retirar pronto.

La abogada, explica la directora, tiene juicios señalados hasta mediados del 2027. “Adquirió el compromiso de defender los derechos de la gente indefensa y lo ha llevado tan al extremo que aún está yendo cada día al Tribunal Supremo”, revela Sans.

Defender a las víctimas del sistema

Según explica la abogada en el documental, cada año al menos seis de sus clientes mueren a las manos de policías o gánsteres. Viven en constante miedo con las fuerzas de autoridad que abusan de su poder y con la desesperación de no tener forma de defenderse.

“En Jamaica gran parte de la población, especialmente en las ciudades y los guetos, vive en unas condiciones paupérrimas, sin posibilidades de poder incorporarse a la sociedad”, detalla Sansm que tilda de la situación de “desesperada”. “Es un círculo vicioso y no se resuelve poniendo a esta gente en la prisión, sino dándole oportunidades”, agrega, en un alegato antipunitivista que comparte con letrados de todas las latitudes.

Al igual que se describe en el libro Hijo Nativo de Richard Wright, los clientes de Diane Jobson son, según la abogada, víctimas de un sistema opresivo en el que ella ha decidido nadar a contracorriente.

A este reto se añade la desconfianza en el sistema. Tienen miedo de denunciar, ya que ellos mismos han estado involucrados en crímenes mayores o menores para sobrevivir. “No quieren saber nada ni de la policía ni del sistema judicial porque precisamente son los que los han llevado a esta situación”, concluye la directora.

Sanción revocada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del abogado Eduardo Cáliz y ha dejado sin efecto la multa de 400 euros que le impuso un juez de Barcelona por no acudir a un juicio al secundar la huelga por Palestina del pasado mes de octubre.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sala de gobierno del TSJC no solo revoca la multa que impuso el juez Ricardo Yáñez al letrado, sino que también corrige los argumentos esgrimidos por el magistrado para imponer la sanción.

El juez había llegado a mantener que “un Poder del Estado no puede optar por la huelga”, pero los magistrados del TSJC le recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que el paro por Palestina del 15 de octubre de 2025 estaba debidamente convocado. “La huelga era lícita y seguirla o no una opción del letrado trabajador”, zanja la sala de gobierno del alto tribunal catalán.

Los jueces no son ajenos a que, como en otros sectores, el ejercicio del derecho a huelga en la Justicia provoca “necesariamente la suspensión de aquellas actividades” en las que tienen que intervenir cualquier profesional que se sume a una huelga, como ocurrió con el juicio que no se celebró, en el que Cáliz ejercía de abogado defensor.

Pese a que la huelga de un abogado pueda importunar el funcionamiento habitual de un juzgado, el TSJC remarca que el derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que “debe ser causa justificada de la inasistencia a un juicio oral”.

Las razones de la huelga, insiste el TSJC, “no importan si son de tipo político, nacional o internacional, por reclamaciones salariales, o por mejoras en las condiciones de trabajo”. “Lo realmente importante es que esa huelga general no había sido desautorizada, pues fue recibida con total normalidad por parte de la administración pública, que, cuando menos, en el ámbito de la administración de justicia, dictó unas normas para que los funcionarios cumplieran servicios mínimos”, apostillan los magistrados.

Tampoco “importan” a la sala de gobierno del TSJC las otras razones esgrimidas por el juez Yáñez para multar al abogado Cáliz, como que el magistrado celebrase juicios orales durante las huelgas de los letrados de la administración de justicia de años pasados o de otros funcionarios, o que el juicio al que no asistió el letrado fuera consecuencia de otro anterior que se había suspendido por un retraso superior a media hora.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, ha sido escenario de la primera edición del Simulador de Juicios organizado por la Asociación Demos Castilla-La Mancha, una iniciativa formativa que ha combinado teoría y práctica para acercar al estudiantado al funcionamiento real de un proceso judicial.

La actividad, desarrollada en colaboración con la Asociación Popular de Estudiantes Universitarios (APEU) y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se celebró durante dos jornadas. El programa incluyó conferencias especializadas y sesiones prácticas en las que las personas participantes asumieron roles propios de un juicio. El objetivo “era trabajar el pensamiento crítico, la expresión oral, la investigación jurídica y el trabajo en equipo a partir de un caso simulado con base real”, según detallan desde la institución educativa.

El simulador se estructuró en dos cámaras, acusación y defensa. En ellas, el estudiantado elaboró escritos procesales bajo la supervisión de profesionales del ámbito jurídico. Entre otros, participaron profesores como Eduardo Demetrio Castro y abogados en ejercicio como Lucas Kiefer o Juan Francisco Pérez de la Cruz, que ofrecieron ponencias centradas en aspectos penales y procesales o sobre la práctica de la prueba y la fase oral del proceso penal.

La iniciativa, apoyada también por la Diputación Provincial y el Grupo Legal Toledo, incluyó una sesión de recusación y formación del tribunal popular, así como la celebración del juicio oral final en la Sala de Juicios de la Facultad, presidido por la magistrada adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha María, Cristina García Carballo.

Según indica el presidente de la Asociación Demos Castilla-La Mancha, Denis Constantin Muresan, durante el simulador el estudiantado afrontó situaciones imprevistas planteadas por la organización. “Estas dinámicas permitieron trabajar la capacidad de reacción y la argumentación jurídica en contextos de presión. La elaboración de escritos y la defensa oral ante el tribunal fueron los ejes de la experiencia”, explica.

Asociación Demos Castilla-La Mancha

La asociación estudiantil Demos Castilla-La Mancha, en el marco de la Asociación Demos España, se define como “apartidista” y establece sus objetivos en el fomento del diálogo, el debate, el análisis y la participación “para construir una comunidad comprometida con la democracia a través del acercamiento de las diferentes instituciones al estudiantado”.

Además de organizar el Simulador de Juicios, durante el presente curso académico sus miembros han realizado visitas académicas a distintas instituciones y órganos de representación en España y Bruselas, entre los que destacan el Congreso, el Senado, las Cortes regionales, la sede del Parlamento Europeo y varias embajadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto una pieza disciplinaria a un abogado por citar dos sentencia inexistentes del Tribunal Supremo y el Constitucional en su recurso de apelación contra el fallo que condenó a los miembros de una banda de narcotraficantes de Lanzarote.

La Sala de lo Penal detectó esa irregularidad, que considera “intolerable”, al revisar la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas a nueve personas que introducían cocaína en Lanzarote.

Para combatir esa resolución, uno de los abogados defensores invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990, que le servían para cuestionar la documentación que justificaba la actuación de la Policía.

El TSJC remarca que el letrado presenta esas citas jurisprudenciales como centrales en su recurso, las entrecomilla y resalta en negrita, y fundaba en ellas una grave consecuencia procesal: la posible nulidad de las actuaciones.

Sin embargo, añaden los magistrados, hay un problema: los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.

La sentencia del Supremo que invoca “no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido”, explica la Sala. Y lo mismo sucede con la sentencia del Constitucional, que “ni contiene este texto transcrito, ni uno parecido, ni trata de esta cuestión directa o indirectamente”.

Para el TSJC, no se trata de un “mero desliz o error venial”, sino de una conducta “intolerable” por parte del letrado que puede merecer una corrección disciplinaria.

Los magistrados comparan lo sucedido con la otro caso reciente en el que detectaron que un abogado había invocado jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial, sin hacer una comprobación para verificarla.

“Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones”, advierte. “Los órganos del Poder Judicial no pueden quedar pasivos ante estas conductas”, remacha.

Respecto al fondo del asunto, el TSJC rechazada los recursos y confirma las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas para los narcotraficantes juzgados en esta causa.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha archivado el procedimiento de sanción contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas con inteligencia artificial de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. Tras ser descubierta la letrada “se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión”.

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: “En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

La Fiscalía de Asturias ha endurecido su petición de condena para el matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen nueve años y a su hermano, de 11- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, por el miedo de sus padres a que contrajeran el Covid. Un autoconfinamiento familiar que comenzó en 2021 y concluyó en 2025 con la detención de los padres y la liberación de los menores.

A la pena de 25 años y cuatro meses de cárcel que interesa para cada miembro de la pareja, el Ministerio Fiscal ha sumado el pago de 30.000 euros de indemnización a abonar a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y ha reclamado que se prohíba a los progenitores acercarse a los niños y que se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

Los menores, en un centro de acogida

Unas peticiones que comparte la Letrada del Menor que está personada en la causa en representación del Principado. Actualmente los tres hermanos están acogidos en un centro de menores dependiente de la administración regional.

Las acusaciones imputan al matrimonio su presunta autoría en los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La petición de nulidad

Unas peticiones de condena que contrastan con las de las defensas. Los abogados defensores, Javier Guillermo Muñoz Pereira, en nombre de la madre, y Elena González Martínez, en representación del padre, interesan la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar con el apoyo de los servicios sociales. Han planteado además una cuestión de nulidad al estimar que en la diligencia de registro del domicilio se produjeron “irregularidades procesales”.

Estos dos posicionamientos se han podido escuchar dentro de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Un juicio que se desarrolla desde esta semana a puerta cerrada.

Una cuarta sesión

Para esta tercera sesión, que tenía lugar este jueves, estaban señaladas la declaración de los padres, la comparecencia de una psicóloga y los informes de conclusiones de las partes. Sin embargo, la jornada se ha prolongado más de lo previsto y, a las tres de la tarde, en vista de que aún faltaban las defensas por emitir su informe, el tribunal ha acordado que se celebre una nueva sesión.

La cuarta sesión tendrá lugar el próximo 19 de marzo, a las 13 horas, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas

Ese día, los abogados defensores tratarán de convencer a los magistrados de que sus patrocinados no tenían ánimo alguno de aislar a sus hijos del mundo exterior, sino que su comportamiento “anómalo, pero no criminal” respondía a su “miedo insuperable” a que se pudieran contagiar con algún virus ya que lo estaban pasando muy mal porque ambos progenitores tenían covid persistente que les había provocado secuelas sensoriales y querían proteger a sus hijos.

No hacer ruido, ni movimientos

El tribunal ha podido escuchar, en la tercera sesión, por boca de los propios acusados las razones que les llevaron a autoconfinarse. Además del miedo al contagio, también temían que pudieran ser denunciados por los vecinos porque no tenían su situación regularizada en Asturias, dado que únicamente se había empadronado en la vivienda el padre. Una situación que les llevaba a evitar hacer ruidos y movimientos que indujeran a los vecinos de la zona a creer que había más personas residiendo en su interior.

Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado en inglés “durante varias horas” y lo han hecho “tranquilos y confiados en que se haga justicia”, ha explicado el abogado Javier Guillermo Muñoz.

El apercibimiento

Es la escueta declaración que ha realizado el letrado, a su salida de la sede judicial. Tanto él como su compañera de defensa, Elena González, no han querido aportar más detalles de cómo ha transcurrido la declaración de sus representados, ya que se les ha apercibido expresamente de que, al tratarse de un juicio a puerta cerrada, no pueden trascender los datos de lo que ocurre dentro. Una cautela que les ha llevado a no decir siquiera el día en que se iba a reanudar el juicio.

A continuación, reproducimos sus palabras a la salida de la sede judicial esta mañana.

“Confianza en la justicia”

No obstante, antes de ese apercibimiento, a su llegada a la sede judicial, los letrados de la defensa habían asegurado que habían visitado ayer por la tarde a los acusados en el Centro Penitenciario de Asturias.

La abogada Elena González corroboró que los padres estaban “deseando que esto se resuelva” y puedan verse en libertad.

El miedo “insuperable”

“Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la instrucción, realmente, como venían con el enfoque negativo que transfirió la policía local, estaba todo un poco contaminado”, afirmó la abogada.

“Ahora ya se han esclarecido los hechos y les van a escuchar claramente lo que ocurrió, por qué actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, añadió.

Los tres hermanos ya están escolarizados “y rehaciendo su vida”, desde que fueron liberados del domicilio por agentes de la Policía Local, el pasado 28 de abril, y se encuentran en un centro de menores dependiente de la administración regional.

La vía penal

“El sistema y la sociedad les ha fallado porque la primera respuesta que se les ha dado ha sido la penal, cuando debería haber sido la última”, ha indicado Javier Guillermo Muñoz.

Está convencido de que la petición de las acusaciones es “desmedida y desproporcionada” ya que los niños “necesitan a sus padres para su normalización”, algo que el abogado confía en que pueda producirse, a pesar de que la custodia de los niños permanecerá en manos del Gobierno asturiano aunque haya una sentencia absolutoria.

La mejoría de los hermanos

En función de la sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según el letrado, se podrán arbitrar medidas que permitan avanzar hacia la normalización “de unos niños que precisan de sus padres”.

Los tres hermanos han mejorado mucho desde que abandonaron la casa, en la que permanecieron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, ahora juegan y se comportan como otros niños de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están “en camino de recuperación social y personal”, según los forenses que les han examinado.

El contacto de la familia

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, coincidió ayer con los abogados de la defensa en que este caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal. En declaraciones a este periódico, el perito psiquiátrico destacó que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

El próximo 19 de marzo se reanuda el juicio y, tras los informes de las defensas, el tribunal ofrecerá el turno de última palabra a los acusados por si quieren realizar algún tipo de declaración antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Ni existe “una casa de los horrores”, ni tampoco “estaban retenidos los hijos, porque se trataba de un aislamiento voluntario”. Con esta argumentación, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, tratarán de llevar al ánimo del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que el matrimonio formado por el alemán Christian S., de 53 años y la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., nunca tuvo intención de retener a sus dos hijos gemelos, que actualmente tienen nueve años, y a su hijo mayor de 11, durante los cuatro años que estuvieron encerrados en un domicilio ubicado en la zona rural de la capital asturiana.

El matrimonio afronta sendas peticiones individuales de la Fiscalía de 25 años y cuatro meses de prisión acusado de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia por los cuatro años -de 2021 a 2025- que sus tres hijos menores de edad permanecieron ajenos a todo contacto con el mundo exterior, sin escolarizar y viviendo en una casa entre escombros, excrementos y en condiciones infrahumanas.

De los 25 años de cárcel a la absolución

Frente a esta petición de condena de la acusación pública, los abogados defensores interesan la libre absolución. Javier Guillermo Muñoz defiende a Melissa A.S., mientras que Elena González es la abogada que defiende a Christian S.

Ambos letrados llegaban juntos a la Audiencia Provincial y antes de traspasar la puerta de entrada a la sede judicial se vieron abordados por un numeroso grupo de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania, de donde procede el matrimonio. La expectación por conocer la versión de los padres era máxima.

“Los hijos no estaban secuestrados”

Sus primeras palabras fueron para rechazar rotundamente que la pareja tuviera secuestrados estos cuatro años a sus hijos. Christian y Melissa llevan ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención, el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaron a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana. Entre tanto, los tres menores permanecen bajo la custodia de la administración del Principado de Asturias.

“Nuestro pronunciamiento va a ser absolutorio, porque este asunto creemos que debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del Derecho penal. No creemos que debe estar en la órbita del Derecho Penal. Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se verán en el juicio y por los motivos que expresaremos aquí (en referencia a la Audiencia). Creemos y confiamos realmente en que la Sala va dictar una absolución sin perjuicio de que los Servicios Sociales de Asturias consigan adoptar las medidas necesarias, apoyando a la familia y a los niños”, expresó el abogado Javier Guillermo Muñoz, mientras su compañera Elena González asentía.

“Es una situación muy compleja”

Los abogados traducían sus propias declaraciones del inglés al castellano y viceversa, ante las numerosas interpelaciones que se les hacían desde los medios de comunicación españoles y alemanes.

“¿Por qué razones retuvieron a los niños en casa o mantuvieron a los niños en casa?”, fue la primera pregunta a la que, por razones obvias de que el juicio se celebra hoy y mañana a puerta cerrada por decisión del tribunal siguiendo el criterio de la Fiscalía, no podían responder con la argumentación que expondrán dentro de la Sala en la vista oral.

“Eso es precisamente el objeto de este juicio. Es una situación muy compleja. No son unas circunstancias tan simples. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, ratifican los abogados defensores.

La denominación del caso responde a la manera en que fue bautizada la operación policial por los propios agentes al entrar en el domicilio.

“No debería ser un juicio penal”

Las defensas sostienen que el Derecho Penal no tiene encuadre en este caso concreto. Opinan que desde un principio se debería haber enfocado de una manera gradual, a través de los servicios sociales, que son los que tendrían que haber intervenido, ni la Policía, ni siquiera la justicia.

“Para eso estamos aquí, para que se determine la absolución”, corroboran casi al unísono, tanto con palabras como con lenguaje gestual.

“¿El daño a los menores?”

Ni Javier Guillermo Muñoz, ni Elena González creen que se haya podido acreditar durante la instrucción el daño que se habría podido producir a los tres menores, de ahí la importancia que se dará a la prueba pericial.

De antemano, los abogados recuerdan que al ser un juicio a puerta cerrada no pueden pronunciarse sobre ninguno de los detalles que serán motivo de análisis y debate de las partes, por lo que insisten una y otra vez en que no van a entrar en el fondo de la cuestión, aunque sí quieren aclarar que no hay un tema escabroso detrás de este “aislamiento voluntario”.

“No son unos delincuentes”

“¿Cómo están los niños”, se les pregunta. Y los abogados responden que “están bajo la tutela del Principado de Asturias”. “¿Y los padres, están confiados en el juicio?”, interpela un compañero de la prensa. Y la contestación es similar: “Están en prisión”.

No obstante, se les pide una valoración sobre su estado anímico, y las defensas aclaran: “Ellos no son unos delincuentes. Partiendo de esa premisa, las circunstancias de cómo se encuentran emocionalmente, obviamente son las de cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión y separados de sus hijos desde hace casi prácticamente un año. Así que no podemos definir -añaden- cómo están emocionalmente porque creemos que cualquier ciudadano, en circunstancias normales que no es un delincuente, obviamente sabrá cómo se deben de sentir”.

Los niños están ahora escolarizados

El estado psicológico y físico de los menores tampoco es una cuestión en la que los abogados defensores puedan ahondar y así lo manifiestan.

“Nosotros sobre los niños tampoco podemos pronunciarnos respecto a su estado psicológico, físico y demás. Ellos están yendo al colegio, están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón, digamos, de adaptación social y aprendiendo castellano”.

La custodia de los menores

Desde el Principado se ha incidido en que, de momento, dada la situación procesal de los padres y a la vista de que ningún familiar de los menores pudiera hacerse cargo de ellos, se pudiera optar por una familia de acogida temporal.

Esta cuestión también se le plantea a las defensas: “Nuestro objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres que alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y lograr reunirse como familia que es del seno de donde ellos deberían desarrollarse. Los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creemos que ese sería el camino correcto en pro y en protección de los intereses de los niños.

“Del tema de que se pudieran ir de acogida temporal, tendrán que preguntárselo a la Letrada del Menor, que es la que toma esas decisiones de las autoridades asturianas”, han añadido.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Los deberes de protección

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa. Los gemelos, cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir y aún llevaban pañales.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

Las dos jornadas del juicio

La Letrada del Menor, Patricia Arce, solicita la misma pena que la Fiscalía -25 años y cuatro meses de prisión para cada miembro de la pareja- y no ha querido hacer valoraciones.

La primera jornada del juicio, que tiene lugar hoy ante el tribunal de la Sección Segunda, está previsto que se dedique a plantear las cuestiones previas que concurren. A continuación, prestarán declaración los policías locales y guardias civiles que intervinieron tanto en la liberación de los menores como en la detención de los padres.

También está previsto que testifiquen los agentes que hicieron la diligencia de registro en el domicilio y el reportaje fotográfico que acreditaba el estado en que se encontraba, así como los trabajadores sociales que han intervenido en la causa.

La cuestión de nulidad

Los padres declararán previsiblemente en la jornada de mañana y se procederá a elevar a definitivas las conclusiones provisionales de las partes.

Si no hay una modificación de calificaciones, las defensas interesarán la absolución e incluso plantearán una cuestión de nulidad al estimar que en esta causa “ha habido alguna irregularidad procesal y pondremos de manifiesto -aseguran- que la diligencia de entrada y registro no se practicó conforme a ley”.

Recibir una herencia suele verse como un beneficio, pero además de los bienes también incluye los derechos y obligaciones que una persona deja tras su muerte, y si no se gestiona con cuidado, puede llegar a comprometer seriamente el patrimonio personal. El abogado Xavi Abat, con más de 25 años de experiencia ejerciendo y que divulga en redes sobre temas legales, advierte de que la falta de información y la urgencia emocional son las principales causas de problemas legales y familiares en estas situaciones. Repasamos con él los errores más comunes y las claves para evitarlos. 

La aceptación tácita

“El error más habitual ,y de los más perjudiciales, que cometen los herederos justo después del fallecimiento es aceptar la herencia de forma tácita y sin conocer su contenido real, especialmente sin comprobar previamente si existen deudas”, asegura Abat.

Muchos herederos, por desconocimiento, realizan actos cotidianos como retirar dinero de las cuentas del fallecido, pagar recibos con esos fondos o usar su vehículo, cuando estos actos, explica el abogado, pueden considerarse una aceptación tácita. “Tenemos la falsa creencia de que si luego aparecen deudas, siempre se puede renunciar, pero no es del todo cierto porque una vez aceptada la herencia, la renuncia ya no es posible”, aclara.

Heredar deudas

En nuestro sistema jurídico, no solo se heredan los bienes, sino también las deudas, préstamos y avales. Si las deudas superan a los bienes y se acepta la herencia de manera pura y simple, el heredero deberá responder con su propio dinero, lo que puede provocar embargos de cuentas o nómina.

Para evitarlo, Abat es tajante: “Aceptar una herencia sin conocer las deudas es como firmar un cheque en blanco”. La solución, según el abogado, pasa por “actuar con cabeza, asesorarse jurídicamente y aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que permite pagar las deudas solo con los bienes heredados, protegiendo así el patrimonio personal del heredero”. Otra opción a la que apunta el experto “si claramente conocemos la situación y no tiene muy buena pinta” es optar directamente por renunciar a la herencia.

Las prisas y el caos fiscal

Otro error frecuente que apunta Abat es creer que, por ser un familiar directo, no hay que pagar impuestos o presentar documentación. “En casi todas las comunidades autónomas es obligatorio presentar el Impuesto de Sucesiones, aunque la cuota final sea cero; no hacerlo genera recargos, intereses y sanciones”, indica.

Además, el experto recuerda que “en materia sucesoria, la prisa es nuestro mayor enemigo”. No es necesario correr, pero sí actuar con orden: “El peor error no es tardar en hacer la herencia, sino hacer algo sin saber lo que se está haciendo”.

Los conflictos 

Por su experiencia en el sector, Abat afirma que la vivienda es, “con diferencia, la principal fuente de conflictos y problemas jurídicos en una herencia”. 

“Debemos ser conscientes de que una vivienda conlleva gastos constantes y silenciosos como el IBI, la comunidad, los seguros, reparaciones e incluso plusvalía municipal”, apunta el abogado, que reconoce que es muy habitual que los herederos no se pongan de acuerdo y surjan tensiones. Él apuesta por solucionar los conflictos de manera práctica y racional: “En herencias, lo emocional mal gestionado acaba en juzgados”. 

Las reglas de oro 

No hagas nada sin asesorarte. El experto insiste en no dar ningún paso, ni utilizar el dinero ni los bienes hasta conocer el estado real de las cuentas: “Debemos entender que una herencia bien llevada no es la más barata al principio, pero sí la menos costosa a medio y largo plazo, tanto económica como emocionalmente”.

Pide información completa. Antes de aceptar o firmar ningún documento, Abat recomienda tener los datos sobre el patrimonio y las deudas en bancos, Hacienda y Seguridad Social: “Es importante solicitar certificados, analizar patrimonio y deudas y estudiar la fiscalidad autonómica, que también puede dar complicaciones cuando ha habido cambios de residencias a lo largo de la vida del causante”.

Dejar por escrito. Si hay varios herederos, el abogado aconseja “pactar por escrito el uso de los bienes, el reparto de los gastos y acordar la intención de vender o adjudicar”.

Hacer testamento. Abat deja claro que la mejor forma de evitar problemas futuros es dejar un testamento bien definido y asesorado, especialmente si la herencia es compleja: “Con ello se evitan luego mil problemas”.

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

“Es antijurídico cambiar la custodia cuando hay una investigación penal abierta”. Así resume la letrada de la madre la resolución dictada el pasado 26 de enero por la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Sevilla número 6, que ordenó la entrega de la menor a su padre mientras existía contra él una causa penal en curso por supuestos abusos hacia su hija.

La investigación fue archivada provisionalmente una semana después, el 2 de febrero, al no apreciar el juzgado indicios suficientes para continuar el procedimiento. Una decisión que también ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial por parte de la representación legal de la madre, que defiende que el sobreseimiento se ha dictado de forma “prematura”, antes de agotar todas las diligencias y sin recabar el informe “preceptivo” del Ministerio Fiscal.

En una entrevista con este medio, la letrada Elisabeth Guerrero afirma que este caso evidencia una falta de coordinación entre jurisdicciones y pone de manifiesto un problema estructural en el ámbito jurídico: “No hay tanta protección como jurídicamente se plasma en la Ley de Protección del Menor, el interés superior del menor no se traduce en la práctica jurídica y, a veces, se produce una descoordinación entre la vía penal y civil que provoca una serie de perjuicios que termina pagando la niña”.

La abogada sostiene que la ausencia de criterios unificados entre juzgados deja la decisión final “al arbitrio” de cada magistrado. “Nunca he visto un caso tan arbitrario”, expresa. “El auto es muy subjetivo porque la jueza considera que el interés del menor está en no seguir investigando, pero yo, como letrada y como madre, entiendo que, dadas las circunstancias, el interés de la menor es llegar hasta el fondo de la cuestión, no abortar la investigación basándose en prejuicios que no deben primar en una causa penal”, opina Guerrero.

La abogada alude a que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla descartó en su auto someter a la menor a nuevas evaluaciones al considerar que podrían resultarle perjudiciales. La resolución añade que el contexto de “conflictividad” entre los progenitores obliga a extremar la cautela en la valoración de las manifestaciones de la niña y aprecia en la actuación de la madre “un interés que va más allá del interés superior del menor”.

La niña con el padre y la madre en un “limbo jurídico”

La defensa de la madre sostiene que su clienta incumplió el régimen de visitas movida por la preocupación ante las manifestaciones realizadas por su hija respecto al padre. En los partes médicos incorporados a la causa se deja constancia de que la menor, a solas con el facultativo, señaló a su padre como responsable del dolor que refería en cuello, extremidades y zona genital. Guerrero subraya que la jueza de Familia que acordó el cambio de custodia tenía conocimiento de que existía una causa penal en curso por estos hechos.

Por ello, defiende que “no procedía” modificar la custodia mientras seguían abiertas diligencias penales y estaban pendientes de resolver medidas cautelares solicitadas al amparo del artículo 94 del Código Civil, que prevé la suspensión del régimen de visitas cuando un progenitor está incurso en un proceso penal por hechos cometidos contra el otro progenitor o los hijos. “Existían alternativas menos gravosas que la retirada de la menor del domicilio materno”, apunta la letrada.

Apenas unos días después de que se produjera la entrega de la niña, la defensa recibió la notificación del archivo provisional del procedimiento penal. Esa proximidad temporal lleva a la abogada a considerar que la resolución civil pudo haber “contaminado” la valoración realizada en la vía penal, al introducir —según su versión— un juicio anticipado sobre la intencionalidad de la madre que no debería haber condicionado la investigación. “Se da por hecho que puede haber manipulación por parte de ella, pero no hay ningún informe técnico que lo acredite”, esgrime Guerrero, quien incide en que “no se puede prejuzgar toda la causa porque impidiera las visitas: es lo que cualquier madre en su sano juicio haría”.

La letrada señala, al hilo, que el auto de sobreseimiento incluye “conjeturas y valoraciones subjetivas” que han desembocado en el cierre provisional del procedimiento. “El resultado es que ahora la custodia la tiene el padre y la madre está en un limbo jurídico, sin saber qué régimen de visitas va a tener ni cuál será su situación definitiva”, explica. La letrada ha solicitado que se continúe investigando los hechos relatados por la menor y que se practiquen las diligencias que, a su juicio, quedaron pendientes.

“Los abusos no tienen por qué dejar huella física”

Elisabeth Guerrero, abogada especializada en Derecho Penal y Derecho de Familia, sostiene que en procedimientos de este tipo el testimonio de la menor puede tener un peso determinante cuando reúne garantías suficientes. En esta causa constan al menos tres partes médicos de urgencias emitidos por distintos facultativos del Servicio Andaluz de Salud entre mayo y julio de 2025, en los que se describen lesiones en cuello, extremidades y zona genital, además de recoger manifestaciones espontáneas de la menor identificando como autor a su padre.

No obstante, el auto de archivo provisional se apoya en el informe forense, que concluye que, de los siete partes revisados, solo dos reflejan lesiones leves compatibles con presión manual y que no pueden considerarse indicio concluyente de violencia intencional. Frente a ello, la letrada subraya que “no tiene por qué haber lesiones físicas de gravedad para que una niña esté sufriendo abusos” y recuerda que la jurisprudencia viene señalando que este tipo de delitos no siempre deja huella física.

A su juicio, el sobreseimiento se ha acordado de forma “prematura porque faltan pruebas”. En concreto, alude a la prueba preconstituida recomendada por el Programa especializado de Evaluación y Diagnóstico (ADIMA), que consiste en la evaluación de la menor a través del método de la cámara Gesell, por parte de un psicólogo infantil especializado, con el fin de recoger su testimonio con garantías y evitar su revictimización. Según explica, el propio informe señalaba que no podía emitir una valoración definitiva con la primera vista y aconsejaba continuar la evaluación.

“La niña ha hecho una serie de manifestaciones que obligan a seguir investigando si eso que ha señalado está sucediendo o no”, asevera la letrada, quien insiste en que la investigación es aún más pertinente al tratarse de una menor. Guerrero también cuestiona que el archivo se haya dictado sin informe previo del Ministerio Fiscal, al que corresponde la defensa del interés del menor. “En un procedimiento que afecta a una niña, el fiscal interviene en representación de sus derechos y debió darse traslado antes de acordar el archivo, pero ese informe yo no lo tengo”, asegura.

La causa se encuentra ahora pendiente de la resolución de los recursos ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, la custodia continúa atribuida al padre, a la espera de que se pronuncien los tribunales.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.