Con los termómetros alcanzando temperaturas récord verano tras verano, la climatización de las viviendas se ha convertido en muchos lugares de España una cuestión de primera necesidad para la habitabilidad. Pero, ¿tiene derecho un inquilino a exigir a su casero la instalación de aire acondicionado?

“En principio, no”, resume el abogado Juan Ortolá. “La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) obliga al propietario a mantener la vivienda ‘en condiciones de habitabilidad’, en su artículo 21.1, pero habitabilidad significa que sea segura, salubre y apta para vivir, en cuanto al agua, la luz, el saneamiento, la ventilación o la seguridad, pero no que alcance una temperatura concreta”, explica.

“Pasar calor es, para la ley, un problema de comodidad, no de habitabilidad”, resume el jurista, que señala que “la normativa distingue entre los requisitos de habitabilidad y los elementos de confort, entre los que se encuentra el aire acondicionado”.

Los casos en los que el casero debe intervenir

Como siempre, Ortolá añade varios matices: “Si el contrato, en el inventario, dice que la vivienda tiene aire acondicionado, entonces el propietario sí debe mantenerlo y repararlo, porque forma parte de lo que se alquiló”. Por otro lado, destaca que “si el calor extremo procede de un defecto grave del inmueble, como un mal aislamiento serio, humedades, o defectos constructivos, que impide usar la casa con normalidad o compromete la salud, el inquilino puede exigir que se reparen esas deficiencias, pero eso obliga a corregir el defecto, no a poner aire acondicionado”.

Y como otro caso especial, señala el derecho de los inquilinos con discapacidad o mayores de 70 años, que “pueden hacer obras para adaptar la vivienda a sus necesidades, avisando por escrito al arrendador y devolviéndola a su estado original al final si él lo exige”. Además, la LAU podría amparar la instalación de aire acondicionado si el calor afecta a su salud.

Si el inquilino decide tomar la iniciativa y costear por su cuenta la instalación, lo primero que Ortolá invita a plantear es si se va a realizar alguna obra que modifique la vivienda o afecte a elementos comunes. “En el caso de un aparato portátil, no, es un electrodoméstico y no necesita permisos”, resuelve el abogado.

Consideraciones al poner aire acondicionado en una vivienda alquilada

Sin embargo, la decisión se complica en el caso de los equipos de climatización fijos. “Un split o equipo fijo necesita el consentimiento por escrito del propietario, porque modifica la configuración de la vivienda”, advierte el abogado, que recuerda que la instalación sin autorización por escrito puede derivar incluso en la resolución del contrato de alquiler.

Pero el consentimiento del propietario no es el único obstáculo a superar, el hecho de que la unidad exterior del aire acondicionado vaya anclada a la fachada, elemento común del edificio, complica un poco más el trámite. “Ahí ya no basta el visto bueno del casero, ya que él tampoco es dueño de la fachada: entra en juego la comunidad de propietarios”, confirma Ortolá.

“Los tribunales han flexibilizado el criterio para no impedir climatizar viviendas construidas cuando esta tecnología no existía, de modo que si se coloca la condensadora exterior sin perforar, esta actuación no necesitaría autorización de la comunidad, salvo que se trate de un aire acondicionado molesto o antiestético”, aporta el jurista, aunque la regla general sigue exigiendo la autorización de la junta de propietarios.

Ante la falta de protección legal de los inquilinos en un contexto de aumento constante de las temperaturas globales, el experto aboga por una solución más práctica que jurídica. “Lo más recomendable para el inquilino sería negociar: ofrecer costearlo él, dejarlo puesto al marcharse o comprometerse a retirarlo y dejar todo como estaba. Es probable que el propietario, ante una mejora que va a quedar en beneficio del piso y no le va a suponer ningún coste, no tenga problema en autorizar la instalación”, propone Ortolá, que recuerda revisar minuciosamente el contrato y los estatutos de la comunidad antes de dar ningún paso.

El número de abogados adscritos al turno de oficio en Castilla y León ha bajado casi un 30% el año pasado , 693 menos que en 2024. Según los últimos datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, en 2025 solo hubo 1.643 abogados en el turno de oficio, con una tendencia decrecimiento muy superior a la media nacional, cuyo número de letrados adscritos ha bajado un 2,68%. Desde 2020, el número de letrados adscritos al turno de oficio en España ha bajado un 14,1%, mientras el número total de abogados ejercientes en España aumentó un 0,4%.

El Consejo autonómico de la Abogacía destaca que hay muchas diferencias de retribuciones entre territorios: la compensación por un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio asciende a 291 euros (por ejemplo, en Castilla y León), frente a los 398 euros en Euskadi, 442,21 euros en Galiza, 440 euros en la Comunitat Valenciana y 427,51 euros en Catalunya; y en casos de violencia de género en Castilla y León pagan 87,63 euros, frente a los 122 en Canarias o los 139 euros de Galiza.

A pesar del descenso de los profesionales, el turno de oficio mantuvo su actividad, con 39.23 casos tramitados (un 0,59% más que en 2024). La mayor subida se registró en los asuntos de violencia de género, que aumentaron un 14,25% hasta los 3.078. Por el contrario, la asistencia en materia de extranjería descendió de 172 a 162 asuntos, un 5,81% menos.

Una “diáspora” que puede provocar el “colapso”

“La justicia gratuita no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de miles de abogados. Si el Turno de Oficio garantiza derechos fundamentales, su reconocimiento y retribución deben estar a la altura de esa misión constitucional”, lamenta el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes a través de un comunicado. Santocildes ha reivindicado una nueva legislación que apueste por la “dignidad de quien defiende y de quien necesita ser defendido”.

El responsable del turno de oficio del Consejo de la Abogacía, Javier Martín, advierte de que el turno de oficio podría ser “obligatorio” si no se ofrecieran voluntariamente suficientes profesionales, algo que no sería “deseable” porque se perdería “en vocación y calidad”. “La diáspora progresiva de abogados del turno penal y de las guardias va a provocar el colapso del sistema de justicia gratuita”, ha augurado Martín

Suben los casos penales

La jurisdicción penal concentra el mayor volumen de actividad en el turno de oficio en Castilla y León. Durante 2025 se tramitaron 24.061 asuntos penales, 728 más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 3,12%.

Los asuntos civiles descendieron de 7.718 a 7.297 (-5,45%), los sociales pasaron de 2.294 a 2.283 (-0,48%) y el apartado de otros procedimientos bajó de 4.057 a 3.948 (- 2,69%). Por el contrario, la jurisdicción contencioso-administrativa registró un ligero incremento del 2,62%, al pasar de 1.603 a 1.645 asuntos.

Antonio José García Cabrera, el abogado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha declarado como testigo este miércoles en la Audiencia Nacional que la exmilitante socialista Leire Díez le ofreció la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque a ella, según le dijo, le parecía injusta la acusación contra su representado.

García Cabrera ha comparecido esta mañana ante el juez del 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, y que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la propia Díez.

Así, fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Cabrera se ha ratificado en su declaración como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado del pasado 28 de mayo en el marco de las pesquisas sobre esta causa.

Tal y como consta en el atestado de la UCO, Cabrera ha declarado que la exmilitante le contactó para ofrecerle la posibilidad de reunirse con la Fiscalía porque le parecía injusta la acusación contra su representado en la macrocausa 'Tándem', que investiga los negocios privados de Villarejo. El letrado de Villarejo aseguró a los agentes que ni él ni su representado se reunieron con el fiscal general del Estado ni con el fiscal de Anticorrupción.

García Cabrera afirmó que Díez le dijo que le iba a “recibir el FGE -- fiscal general del Estado--” en aquel entonces Álvaro García Ortiz, después de intentos infructuosos de acercarse a César de Rivas, fiscal anticorrupción en el 'caso Kitchen', según el informe de la UCO en el que se ha ratificado.

Asimismo, en el informe de la UCO consta que Cabrera afirmó haberse reunido con Díez en dos ocasiones para hablar sobre varias noticias publicadas contrarias a Villarejo y que el contenido de ambas conversaciones le pareció “muy poco creíble y muy fantasioso”.

El Consejo General de la Abogacía Española ha advertido de que Cantabria podría perder casi un 16% de los abogados del turno de oficio para 2030, que pasarían de los 490 adscritos de 2025 a 413, lo que supondría una pérdida de 77 en cinco años, con lo que la comunidad quedaría en “alerta moderada”.

Con esta pérdida de abogados del turno de oficio, se pasaría de una ratio del 41,7% a una del 36%.

Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se celebra el próximo 12 de julio, Abogacía Española ha elaborado un estudio sobre la evolución del censo de abogados y la viabilidad futura del servicio.

En este sentido, ha alertado de que “si la tendencia actual no se revierte, ocho comunidades autónomas podrían encontrarse en una situación crítica para garantizar la cobertura del turno de oficio antes de que termine la década, mientras que cinco presentarían un nivel de riesgo elevado”.

Según ha explicado, no se trata de un problema que aparezca de un día para otro, sino que es más bien una tendencia que lleva años consolidándose.

Así, expone que desde 2020, el turno de oficio ha perdido más de 6.400 abogados, un descenso del 14,1% que ha reducido el número de profesionales adscritos a 38.871 actuales. A este respecto, advierte de que “si nada cambia, en 2030 quedarían menos de 33.000 abogados prestando este servicio en toda España”.

El Consejo General de la Abogacía ha señalado que “el turno de oficio es uno de los mayores exponentes del compromiso social de la Abogacía y uno de los pilares que hacen efectivo el derecho de defensa en el país”, pero ha advertido de que “ningún servicio público puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan”.

El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha afirmado que “treinta años después, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita necesita una reforma que garantice su futuro, con unos baremos actualizados y una financiación acorde con la realidad actual”. “No hablamos solo de mejorar las condiciones de los profesionales, hablamos de proteger un servicio esencial para todos los ciudadanos”, ha apostillado.

Aumentan las peticiones de justicia gratuita

Por otra parte, el estudio pone de manifiesto la dificultad para garantizar el relevo generacional en un servicio que “exige una elevada dedicación y que resulta imprescindible para asegurar el acceso a la justicia de miles de ciudadanos”.

Además, destaca que la necesidad de justicia gratuita no deja de crecer. Cada año aumentan las designaciones y, con menos abogados disponibles para asumirlas, la presión sobre quienes permanecen en el turno será cada vez mayor. Las proyecciones del informe estiman que la carga media pasará de 28 asuntos por abogado en 2025 a casi 45 en 2030, lo que supone un incremento cercano al 60%.

Solo durante 2025, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita aumentaron un 1,7% hasta superar los 1,15 millones. Cada una de ellas, cuya tramitación corresponde a los 83 Colegios de la Abogacía, ya sea por solicitud directa del ciudadano o por remisión de los órganos judiciales, supone la designación de, al menos, un abogado o abogada del turno de oficio. Es decir, mientras la demanda del servicio sigue creciendo, el número de profesionales disponibles para prestarlo continúa disminuyendo.

El estudio señala que ese aumento no será igual en todo el país e indica que en algunos territorios la situación puede llegar a ser especialmente exigente. En Ceuta, por ejemplo, cada abogado podría asumir más del doble de asuntos que en la actualidad, mientras que, en Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja la carga de trabajo crecería de forma muy significativa.

Abogacía Española destaca que “detrás de estas cifras hay una realidad que trasciende a la propia profesión”. Así, sostiene que “el turno de oficio constituye la puerta de acceso a la Justicia para quienes no disponen de recursos económicos suficientes”. “Su fortaleza no se mide únicamente por el número de abogados que lo integran, sino por su capacidad para garantizar que cualquier ciudadano, viva donde viva, pueda ejercer su derecho de defensa en condiciones de igualdad”, indica.

“Los abogados del turno de oficio están presentes cuando la vida de una persona cambia para siempre. Son quienes garantizan que cualquier ciudadano, con independencia de sus recursos, pueda ejercer su derecho de defensa. Cuidar este servicio y a los profesionales que lo sostienen no es solo una responsabilidad con la Abogacía; es un compromiso con la igualdad, con el acceso a la Justicia y con uno de los pilares de nuestro Estado de derecho”. ha afirmado el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita de Abogacía Española y decano de Cartagena, Ángel Méndez.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

La reforma que prometia fer més àgil la Justícia està tenint l’efecte contrari als jutjats de les Balears, segons denuncien advocats, jutges i altres operadors jurídics. La nova organització judicial impulsada per la Llei Orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia —més coneguda com a Llei d’Eficiència Processal—, hauria afegit noves complexitats a un sistema que ja arrossegava una greu manca de mitjans.

Expedients ja instruïts acumulen mesos d’espera per rebre sentència i alguns procediments comencen a assenyalar-se per d’aquí a tres i fins i tot quatre anys. La situació s’estén a totes les illes, però empitjora a Eivissa. En part, per l’actual crisi de l’habitatge, però també des que els germans germans Cazorla van incendiar l’antiga seu dels jutjats el 2019, fet que els va comportar una condemna de quatre anys de presó.

Aquell episodi va suposar una paralització, reconeguda pel Consell General del Poder Judicial, de la Justícia a l’illa, que es va anar reactivant de manera progressiva en edificis provisionals on encara avui es mantenen alguns òrgans judicials —la resta es troben a la seu principal—. Des d’aleshores, el sistema judicial d’Eivissa i Formentera ha funcionat sota una situació de sobrecàrrega.

Els treballadors dels tribunals pitiüsos perceben que l’embús d’assumptes, lluny d’alleujar-se, continua augmentant amb la nova Llei d’Eficiència. Segons la seva versió, l’aplicació de la norma hauria afectat especialment la tramitació de denúncies, ja de per si lenta, i que s’ha vist encara més alentida després de la reorganització del sistema judicial.

Aquesta reorganització s’afegeix al problema crònic de manca de personal a Eivissa —on l’àrea forense fa anys que es troba pràcticament desmantellada— i contribueix a una major dilació en la resolució dels procediments, segons assenyala un lletrat amb assumptes a l’illa que prefereix mantenir l’anonimat. El professional, que també treballa en ciutats com Madrid, València o Barcelona, sosté que, malgrat la seva dimensió, aquestes no presenten la mateixa càrrega de feina que l’illa, que compta amb 164.265 habitants segons l’INE.

Un benefici per als acusats

“Per als demandants, aquests retards judicials suposen un estrès afegit al que ja es pateix durant els procediments. Es victimitza encara més la víctima”, assenyala l’advocat. Pel que fa als acusats, afegeix, passa just el contrari: en alguns casos poden veure’s fins i tot beneficiats per les dilacions indegudes, és a dir, pels retards en la tramitació dels procediments.

De fet, l’article 24.2 de la Constitució espanyola reconeix el dret a un procés sense dilacions indegudes: “Tothom té dret a un procés públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties”. “Des del gener hi ha expedients que no es tramiten i executòries —el document mitjançant el qual es fa efectiva una sentència ferma— que s’estan veient afectades. Això pot beneficiar els acusats”, explica David Salvà, advocat especialista en dret administratiu i penal.

Des de gener, hi ha expedients que no es tramiten i executòries -el document mitjançant el qual es fa efectiva una sentència ferma- que s'estan veient afectades. Això pot beneficiar als acusats

David Salvà — Advocat especialista en dret administratiu i penal

En el cas de les víctimes, el lletrat assegura que es veu obligat a presentar escrits davant del Lletrat de l'Administració de Justícia per instar l’agilitació del procediment, advertint fins i tot de possibles denúncies per dilacions davant del Consell General del Poder Judicial. Per ara, afegeix, això no ha afectat les condemnes, encara que “pot arribar a fer-ho”.

Amb la nova norma es preveia resoldre la saturació del sistema judicial, “però no ha estat així”, adverteixen des del deganat dels jutjats d’Eivissa i Formentera. La reforma contemplava una reorganització del sistema judicial, amb l’eliminació dels jutjats tradicionals, la creació de Tribunals d’Instància estructurats en seccions i la unificació de les oficines judicials amb personal compartit.

Més mitjans: l'autèntica necessitat

El nombre de treballadors que resolen assumptes és, tanmateix, “exactament el mateix”, i la quantitat de procediments tampoc no s’ha reduït, sinó que es manté o fins i tot ha augmentat, assegura a elDiario.es el jutge degà de les Pitiüses, Sergio González. “Tot allò que no passi per una inversió en mitjans personals i materials no serveix de res”, afirma.

A això s’hi afegeix que la redistribució dels funcionaris entre les diferents seccions hauria estat deficient. En el cas d’Eivissa, a l’àrea de Tramitació —encarregada de l’admissió de demandes, recursos i querelles, entre altres funcions— s’hi ha destinat poc personal, mentre que l’àrea d’Execució, responsable de fer complir les sentències, s’ha reforçat amb una major dotació de recursos, segons el degà.

Tot el que no passi per una inversió de mitjans personals i materials no serveix per a res

Sergio González — Jutge degà de les Pitiüses

La manca d’efectius al departament encarregat de tots els tràmits previs a la sentència hauria provocat que la documentació no arribi a aquesta segona fase. “S’ha creat un tap enorme”, descriu Sergio González.

Les queixes no es limiten als representants de la Justícia a Eivissa, sinó que s’estenen a l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears i al seu homòleg de Mallorca, així com a altres operadors jurídics de l’arxipèlag. El desembre de 2025, el president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), Carlos Gómez, es va reunir amb els jutges i jutgesses de pau de les illes per tractar els canvis derivats de la Llei d’Eficiència.

Els antics jutjats de pau es transformaran progressivament en Oficines de Justícia a mesura que es constitueixin els nous Tribunals d’Instància a Palma, Eivissa, Maó i Ciutadella. En total, més d’un miler de funcionaris de totes les illes s’han vist afectats per la irrupció de la nova norma i per la reorganització derivada de la seva implantació durant la tercera i última fase, segons va publicar en el seu moment Diario de Mallorca.

La primera fase va començar el gener de 2025, vint dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). La segona es va activar a l’abril, quan van entrar en vigor els MASC (Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies) com a requisit previ en molts assumptes civils, a més de diverses reformes en la legislació processal civil, penal, social i contenciosa administrativa.

Justícia defensa la norma

Tres mesos després, el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, assegurava durant la clausura de les XX Jornades de presidents i presidentes de Tribunals Superiors de Justícia, celebrades a Palma, que la nova norma faria l’administració de justícia “més àgil, més flexible i més propera”. elDiario.es s'ha posat en contacte amb el Ministeri sense rebre resposta en el moment d’aquesta publicació.

De moment, aquesta nova obligació de recórrer als MASC ha reduït un 20,4% el nombre d’assumptes que han ingressat en els ordres jurisdiccionals civil i mercantil —on es veuen des de divorcis o desnonaments fins a clàusules abusives—. La legislació estableix que, llevat de les excepcions previstes —tutela de drets fonamentals, filiació, procediments concursals, mesures cautelars o casos de violència de gènere, entre d’altres—, és obligatori acreditar l’intent de solució extrajudicial abans de presentar una demanda.

L’objectiu és passar d’“una cultura del litigi a una del diàleg i de l’acord”, segons el Govern central, a més de reduir la càrrega de treball dels tribunals. En total, la baixada de la litigiositat en els quatre ordres jurisdiccionals (incloent penal, social i contenciós administratiu) és del 9,9% d’abril de 2025 a abril de 2026, segons dades de les comunitats que no tenen la competència de Justícia transferida, entre elles les Illes Balears.

No obstant, a escala estatal, els sindicats també han denunciat un cert “caos” en la posada en marxa de la reforma, amb “problemes de coordinació i manca d’informació”. Fonts sindicals consultades en el seu moment per elDiario.es van assenyalar el passat març que la reassignació massiva de funcionaris havia provocat que molts desconeguessin les seves noves funcions, cosa que ha derivat en suspensions de judicis i retards processals. 

Les mateixes fonts també van denunciar incidències tècniques i problemes amb l’assignació digital d’expedients antics, així com incompatibilitats entre sistemes operatius.

El CGPJ no detecta “suspensions o demores” generalitzades

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial va analitzar el març passat un informe basat en documentació remesa pels presidents de l’Audiència Nacional i dels diferents tribunals superiors de justícia. El document detectava problemes d’“insuficiència de personal”, manca d’adaptació dels sistemes informàtics i dispersió de les seus judicials. D’altra banda, l’informe concloïa que la Llei d’Eficiència “no ha provocat suspensions o demores, més enllà de casos puntuals”.

La nova estructura judicial transforma 3.900 jutjats unipersonals en 431 Tribunals d’Instància organitzats per jurisdiccions i seccions especialitzades. Després de l’anàlisi, el grup de treball encarregat del seguiment de la reforma es va reunir per abordar i intentar resoldre les disfuncions detectades.

Pel que fa al personal, l’informe assenyala que en molts territoris encara no han conclòs els processos d’adscripció dels treballadors als seus nous llocs. A això s’hi afegeixen una insuficiència general de personal, escassetat de plantilla, pèrdua de reforços, desequilibris entre seccions i un elevat volum de personal interí amb manca de formació, així com una inestabilitat laboral especialment accentuada a les Balears.

El greu problema de l’habitatge

González ja havia advertit el Ministeri de Justícia, abans de l’entrada en vigor de la normativa, que a les illes existia un col·lapse derivat de la manca de recursos i que la nova llei l’“empitjoraria”. “Ara estam pitjor”, resumeix.

Per la seva banda, la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears denuncia que la reforma s’està aplicant en un context ja conegut, marcat per la manca de mitjans materials i per un dèficit important de personal, tant de jutges com de funcionaris de tramitació i gestió.

“El que sempre es reclama són més recursos per a la Justícia, perquè, fem els canvis legislatius que fem, completar les plantilles és complicat a tot el territori estatal”, assegura Eva Cardona. “I a les Balears encara més, perquè, encara que hi hagi funcionaris disposats a venir, no hi ha habitatge per a ells”.

El que sempre es reclama són més recursos per a la Justícia, perquè, fem els canvis legislatius que fem, completar les plantilles és complicat a tot el territori estatal. I a les Balears encara més, perquè, encara que hi hagi funcionaris disposats a venir, no hi ha habitatge per a ells

Eva Cardona — Membre de la Junta de Govern de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears

L’emergència habitacional genera des de fa anys un dèficit estructural de personal, una elevada rotació de plantilles i una inestabilitat permanent que dificulta la reorganització interna exigida pel nou model judicial.

Segons l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, aquesta transició està agreujant especialment la situació en la jurisdicció civil. Entre les conseqüències, assenyalen la suspensió i l’ajornament de judicis, amb assenyalaments fixats ja a tres o fins i tot quatre anys vista, davant dels dos anys d’espera que eren habituals anteriorment. També apunten a causes ja instruïdes que poden trigar fins a un any a rebre sentència, fet que incrementa la congestió dels jutjats i allarga encara més els terminis de resolució dels procediments.

Segons el Col·legi d'Advocats de les Illes Balears, la reforma ha generat la suspensió i l'ajornament de judicis, amb assenyalaments fixats ja a tres o fins i tot quatre anys vista, enfront dels dos anys d'espera anteriors

Augment de la inseguretat jurídica

La desaparició de canals unificats per a la gestió dels procediments dificulta, a més, el seguiment dels expedients i saber amb precisió en quina fase es troba cada assumpte, assenyala l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. Ara, diversos jutjats de diferents jurisdiccions o especialitats —penal, instrucció o primera instància, entre altres— s’integren dins d’un únic Tribunal d’Instància.

L’objectiu de la reforma és equilibrar les càrregues de treball mitjançant una distribució més flexible de les tasques. Tanmateix, segons denuncia el Col·legi d’Advocats, aquesta reorganització encara no ha donat els resultats esperats i ha provocat un deteriorament en l’atenció que reben tant els professionals com la ciutadania.

A això s’hi afegeixen els problemes tecnològics i les freqüents incidències d’interoperabilitat entre sistemes informàtics, que alenteixen encara més el funcionament diari dels òrgans judicials i augmenten la inseguretat jurídica. Un fet que també reconeix l’informe de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial.

Un altre dels factors que incrementa aquesta inseguretat jurídica, segons critica l’ICAIB, és la manca de criteris homogenis sobre com acreditar que s’ha intentat una solució extrajudicial del conflicte, requisit que la Llei d’Eficiència Processal introdueix a través dels anomenats Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC). Aquesta exigència ha generat interpretacions dispars entre jutjats i fins i tot entre partits judicials.

Aquesta disparitat, adverteixen els advocats, obre la porta al fet que algunes demandes siguin inadmeses per defectes formals relacionats amb l’acreditació d’aquest tràmit previ. “Lluny de contribuir a descongestionar els tribunals, aquesta mesura està provocant nous litigis derivats precisament de les resolucions d’inadmissió”, lamenten des de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

La reforma que prometía hacer más ágil la Justicia está teniendo el efecto contrario en los juzgados de Balears, según denuncian abogados, jueces y otros operadores jurídicos. La nueva organización judicial impulsada por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia —más conocida como Ley de Eficiencia Procesal— habría añadido nuevas complejidades a un sistema que ya arrastraba una grave falta de medios.

Expedientes ya instruidos acumulan meses de espera para recibir sentencia y algunos procedimientos comienzan a señalarse para dentro de tres e incluso cuatro años. La situación se extiende a todas las islas, pero empeora en Eivissa. En parte, por la actual crisis de la vivienda, pero también desde que los hermanos Cazorla incendiaron la antigua sede de los juzgados en 2019, lo que les mereció una condena de cuatro años de cárcel. 

Aquel episodio supuso una paralización, reconocida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la Justicia en la isla, que fue reactivándose de forma progresiva en edificios provisionales donde a día de hoy aún mantienen algunos órganos judiciales —el resto está en la sede principal—. Desde entonces, el sistema judicial de Eivissa y Formentera ha operado bajo una situación de sobrecarga.

Los trabajadores de los tribunales pitiusos perciben que el atasco de asuntos, lejos de aliviarse, continúa aumentando con la nueva Ley de Eficiencia. La aplicación de la norma habría afectado especialmente a la tramitación de denuncias, ya de por sí lenta, y que se ha visto aún más ralentizada tras la reorganización del sistema judicial, según su versión. elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio sin recibir respuesta en el momento de la publicación.

Esta reorganización se suma al problema crónico de falta de personal en Eivissa —donde el área forense lleva años prácticamente desmantelada— y contribuye a una mayor dilación en la resolución de los procedimientos, según señala un letrado con asuntos en la isla que prefiere no identificarse. El profesional, que también trabaja en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, sostiene que, pese a su tamaño, estas no presentan la misma carga de trabajo que la isla, que cuenta con 164.265 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un beneficio para los acusados

“Para los demandantes -estos retrasos judiciales- suponen un estrés añadido al que ya se sufre durante los procedimientos. Se victimiza aún más a la víctima”, señala el abogado.  En cuanto a los acusados, añade, sucede justo lo contrario: en algunos casos pueden verse incluso beneficiados por las dilaciones indebidas, es decir, los retrasos en la tramitación de los procedimientos.

De hecho, el artículo 24.2 de la Constitución española reconoce el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: “Todos tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías”. “Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados”, explica el abogado especialista en derecho administrativo y penal David Salvà. 

Desde enero, hay expedientes que no se tramitan y ejecutorias -el documento mediante el que se hace efectiva una sentencia firme- que se están viendo afectadas. Esto puede beneficiar a los acusados

David Salvà — Abogado especialista en derecho administrativo y penal

En el caso de las víctimas, el letrado asegura que se ve obligado a presentar escritos ante el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) para instar la agilización del procedimiento, advirtiendo incluso de posibles denuncias por dilaciones ante el CGPJ. Por ahora, añade, esto no ha afectado a las condenas, aunque “puede llegar a hacerlo”.

Con la nueva norma se preveía resolver la saturación del sistema judicial, “pero no ha sido así”, advierten desde el decanato de los juzgados de Eivissa y Formentera. La reforma contemplaba una reorganización del sistema judicial, con la eliminación de juzgados, la creación de Tribunales de Instancia con secciones y la unificación de oficinas judiciales con personal común.

Más medios: la auténtica necesidad

El número de trabajadores resolviendo asuntos es, sin embargo, “exactamente el mismo”, y la cantidad de procedimientos tampoco se ha reducido, sino que se mantiene o incluso ha aumentado, asegura a elDiario.es el juez decano de las Pitiusas, Sergio González. “Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada”, asevera.

A esto se suma que la redistribución de los funcionarios en distintas secciones habría sido deficiente. En el caso de Eivissa, en Tramitación -admisión de demandas, recursos y querellas, entre otros- se ha destinado poco personal, mientras que el área de Ejecución, encargada de hacer cumplir las sentencias, se ha reforzado con una mayor dotación de medios, según el decano.

Todo lo que no pase por una inversión de medios personales y materiales no sirve para nada

Sergio González — Juez decano de las Pitiusas

La falta de efectivos en el departamento encargado de todos los trámites previos al dictamen de la sentencia habría provocado que la documentación no llegue a esta segunda fase. “Se ha creado un tapón tremendo”, describe González.

Las quejas no se limitan a los representantes de la Justicia en Eivissa, sino que se extienden al Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) y a su homólogo en Mallorca, así como a otros operadores jurídicos del archipiélago. En diciembre de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB), Carlos Gómez, se reunió con los jueces y juezas de paz de las islas para tratar los cambios de la Ley de Eficiencia.

Los antiguos juzgados de paz se irán transformando en Oficinas de Justicia a medida que se constituyan los nuevos Tribunales de Instancia en Palma, Eivissa, Maó y Ciutadella. En total, más de mil funcionarios de todas las islas se han visto afectados por la irrupción de la nueva norma y por la reorganización derivada de su implantación durante la tercera y última fase, según publicó en su momento Diario de Mallorca.

La primera fase arrancó en enero de 2025, a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La segunda se activó en abril, cuando entraron en vigor los MASC (Medios Adecuados de Solución de Controversias) como requisito previo en muchos asuntos civiles, además de reformas en la legislación procesal civil, penal, social y contencioso-administrativa.

Justicia defiende la norma

Tres meses después, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguraba en la clausura de las XX Jornadas de presidentes y presidentas de Tribunales Superiores de Justicia, en Palma, que la nueva norma haría la administración de justicia “más ágil, más flexible y más cercana”.

De momento, esta nueva obligación de recurrir a los MASC ha reducido en un 20,4% el número de asuntos que han ingresado en los órdenes jurisdiccionales civil y mercantil —donde se ven desde divorcios o desahucios a cláusulas abusivas—. La legislación establece que, salvo las excepciones previstas —tutela de derechos fundamentales, filiación, concursales, medidas cautelares o casos de violencia de género, entre otras—, es obligatorio acreditar el intento de solución extrajudicial antes de interponer una demanda.

El objetivo es pasar de “una cultura del litigio a una del diálogo y del acuerdo”, según el Gobierno central. Además de reducir la carga de trabajo de los tribunales. En total, la bajada de la litigiosidad en los cuatro órdenes (incluyendo penal, social y contencioso-administrativo) es del 9,9% de abril de 2025 a abril de 2026. Son datos de las comunidades que no tienen la competencia de Justicia transferida, entre ellas Balears.

Sin embargo, a nivel nacional, los sindicatos también han denunciado cierto “caos” en la puesta en marcha de la reforma, con “problemas de coordinación y falta de información”. Fuentes sindicales consultadas en su momento por elDiario.es apuntaron, el pasado marzo, que la reasignación masiva de funcionarios había provocado que muchos desconocieran sus nuevas funciones, lo que ha derivado en suspensiones de juicios y retrasos procesales. Las mismas fuentes denunciaron el registro de incidencias técnicas y problemas con la asignación digital de expedientes antiguos, así como incompatibilidades de los sistemas operativos.

El CGPJ no encuentra “suspensiones o demoras” generalizadas

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) analizó en una reunión celebrada el pasado marzo un informe, basado en otros informes remitidos por los presidentes de la Audiencia Nacional y de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, en el que se aprecian problemas de “insuficiencia de personal”. Así como de falta de adaptación de los medios informáticos y de “dispersión” de las sedes. Por otro lado, el documento concluye que la ley de eficiencia “no ha provocado suspensiones o demoras, más allá de casos puntuales”.

La nueva estructura judicial transforma 3.900 juzgados unipersonales en 431 Tribunales de Instancia organizados por jurisdicciones y secciones especializadas. Tras el análisis, el grupo de trabajo creado para analizar el seguimiento de la reforma se reunió la semana siguiente para abordar y tratar de resolver las disfunciones detectadas.

En materia de personal, el informe afirma que en muchos territorios no han concluido los procesos para acoplar al personal a sus nuevos puestos. A esto se suma una insuficiencia general de personal, escasez de plantilla, pérdida de refuerzos, desequilibrios entre secciones y un elevado volumen de personal interino “con falta de formación” y una inestabilidad en la plantilla que se acentúa en el caso de Balears.

El acuciante problema de la vivienda

González ya advirtió al Ministerio de Justicia, antes de la entrada en vigor de la normativa, de que en las islas existía un colapso derivado de la falta de medios, que la nueva ley iba a “empeorar”. “Ahora estamos peor”, resume.

Por su parte, la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) denuncia que la reforma se está aplicando en un contexto ya conocido, marcado por la falta de medios materiales y un acusado déficit de personal, tanto en jueces como en funcionarios de tramitación y gestión.

“Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional”, asegura Eva Cardona, miembro de la junta. “Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos”.

Lo que se reclama siempre son más medios para la Justicia, porque, hagamos los cambios legislativos que hagamos, completar plantillas es complicado en todo el territorio nacional. Y en Baleares aún más, porque aunque haya funcionarios dispuestos a venir, no hay vivienda para ellos

Eva Cardona — Miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears

La emergencia habitacional genera desde hace años un déficit estructural de personal, una elevada rotación de plantillas y una inestabilidad permanente que complica la reorganización interna exigida por el nuevo modelo judicial.

La transición —según el colegio profesional— está agravando especialmente la situación en la jurisdicción civil. Entre las consecuencias, señalan la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores. También apuntan a causas ya instruidas que tardan hasta un año en recibir sentencia.

Según el Colegio de Abogados de las Illes Balears, la reforma ha generado la suspensión y el aplazamiento de juicios, con señalamientos fijados ya a tres o incluso cuatro años vista, frente a los dos años de espera anteriores

Aumento de la inseguridad jurídica

La desaparición de canales unificados para la gestión de los procedimientos dificulta, además, el seguimiento de los expedientes y conocer con precisión en qué fase se encuentra cada asunto, señala el Colegio de Abogados. Ahora, varios juzgados de distintas jurisdicciones o especialidades —penal, instrucción o primera instancia, entre otras— se integran dentro de un único Tribunal de Instancia.

El objetivo de la reforma es equilibrar las cargas de trabajo mediante una distribución más flexible de las tareas. Sin embargo, según denuncia el Colegio de Abogados, esa reorganización todavía no ha dado los resultados esperados y ha provocado un deterioro en la atención que reciben tanto los profesionales como la ciudadanía. 

A ello se suman los problemas tecnológicos y las frecuentes incidencias de interoperabilidad entre sistemas informáticos, que ralentizan aún más el funcionamiento cotidiano de los órganos judiciales y aumentan la inseguridad jurídica. Un hecho que también reconoció el informe de la Comisión Permanente.

Otro de los factores que aumenta esta inseguridad jurídica, que critica el ICAIB, es la falta de criterios homogéneos sobre cómo acreditar que se ha intentado una solución extrajudicial del conflicto, requisito que la Ley de Eficiencia Procesal introduce mediante los denominados Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Esta exigencia ha dado lugar a interpretaciones dispares entre juzgados e incluso entre partidos judiciales.

Esta disparidad, advierten los abogados, abre la puerta a que algunas demandas sean inadmitidas por defectos formales relacionados con la acreditación de ese trámite previo. “Lejos de contribuir a descongestionar los tribunales, esta medida está provocando nuevos litigios derivados precisamente de las resoluciones de inadmisión”, lamentan desde el Colegio.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado formar una pieza separada “por mala fe procesal”, a fin depurar las responsabilidades en que haya podido incurrir un abogado firmante de un recurso con reiteradas “incoherencias o invenciones”, supuestamente elaborado con Inteligencia Artificial (IA). La Sala de lo Social subraya que en el recurso de suplicación interpuesto por el letrado figuran “múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas”.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) –y recoge Europa Press–, que traslada que el paso se da a tenor de lo dispuesto en los artículos 75.4 y 235.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en relación con los artículos 552 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En total, el magistrado ponente identifica 24 citas –y sus textos adicionados– que asegura que constituyen “un ejercicio de libérrima creatividad jurídica”.

Además, hace referencia a que ha detectado “una curiosa estructura en la manera de redactarse y que se corresponde, como no es aventurado suponer, con el uso de Inteligencia Artificial en su elaboración, del tipo generativa y de carácter gratuito, sin una verificación posterior para controlar las constantes 'alucinaciones' ofrecidas”.

“Ello implica una falta de diligencia notoria en la actuación profesional, es obvio”, recalca el tribunal en la resolución, en la que indica que, la otra opción, es decir, que el letrado “haya inventado directamente todas la citas falsas y haya tratado de defender su postura (y motivos) de una manera tan burda (y mendaz)”, comportaría “un comportamiento que se deslizaría hacia otros campos, quizás, aparte la censura moral, y que esta sala quiere descartar de entrada”.

“Mala fe procesal”

En la sentencia, los magistrados inciden en que los hallazgos “evidencian una conducta reveladora de una palmaria negligencia de quien, tenido por experto en normas procesales y respetuoso con los principios deontológicos de su profesión, fio su trabajo, sin mayor revisión, a lo que el algoritmo le propuso”.

Lo hizo, continúa, “omitiendo la diligencia de verificar la existencia de lo que citaba, confiando acaso en que la abundancia de referencias no solo pasaría inadvertida a este Tribunal, sino que infundiría autoridad a sus asertos”.

A ello, añaden que “lejos de consistir en mero desliz o error venial, como podría haber ocurrido en el caso de existir un par de incoherencias o invenciones, por su reiteración, merece ser depurada con la apertura de una pieza separada por mala fe procesal”.

Llevar a cabo reformas en el hogar es una situación común que, sin la información adecuada, puede generar tensiones entre vecinos. Si te preguntas si debes pedir permiso al resto de propietarios o hasta qué hora puedes hacer ruido, la clave está en el tipo de obra y en las normativas municipales.

¿Es necesario pedir permiso a la comunidad?

La respuesta depende del tipo de obra que se vaya a realizar. “En el ámbito privativo, el propietario puede modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, siempre que no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique derechos de otro propietario”, explica Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).

En el caso de este tipo de reforma dentro del hogar, no es necesario un permiso formal de la junta de vecinos, pero Briones apunta que existe la obligación de “dar cuenta previamente de tales obras al representante de la comunidad”.

Por el contrario, si la obra afecta a elementos comunes o altera la estética exterior, “sí es obligatorio contar con un acuerdo previo de la junta con el voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios”, explica la abogada, que aclara que el permiso municipal no sustituye ese acuerdo.

¿Y el ruido?

No existe una ley estatal única que marque las horas permitidas. “Las ordenanzas municipales fijan unas franjas horarias para poder ejecutar las obras dentro del ámbito residencial”, declara Briones.

Más allá de lo que dicte la ley de cada ayuntamiento, la experta destaca la importancia de la convivencia: “Para evitar conflictos, debe atenderse a la empatía y al sentido común evitando ejecutar obras a primera o última hora del día o coincidiendo con fines de semana o días festivos”.

Antes de empezar la reforma

Para que tu reforma no se convierta en un problema legal o vecinal, la experta recomiendan seguir estos cuatro pasos:

En primer lugar, “revisa los estatutos y acuerdos de tu comunidad porque pueden contener normas propias sobre obras u horarios”, aconseja Briones, que también recomienda consultar la ordenanza municipal de ruido propia del ayuntamiento.

El siguiente paso sería, según la abogada, “informar por escrito al presidente o administrador del tipo de obra, la duración prevista y los horarios estimados”, así como avisar a los vecinos más cercanos, “especialmente si será ruidosa”.

“Si la obra es relevante, habría que consultar con un arquitecto o aparejador para confirmar si es necesario licencia municipal o declaración responsable”, señala la experta, que también cree recomendable “comprobar tu seguro de hogar y, si es posible, la cobertura del seguro de la comunidad ante posibles daños”.

El propietario que realiza la obra es el responsable de cualquier daño que pueda causar a otras viviendas o a las zonas comunes, como grietas o goteras, “y deberá indemnizar tanto a la comunidad como a los afectados”, apunta la abogada. En este y otros casos de conflicto, como incumplir los horarios o causar molestias excesivas, se podrá recurrir a la vía judicial, aunque el primer paso siempre debe ser intentar hablar entre vecinos.

El Gobierno regional y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha han suscrito este jueves un acuerdo de colaboración por el que 538 abogadas y abogados del turno de oficio en la Justicia, aproximadamente, podrán acceder a formación especializada en materia de violencia sexual.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha firmado el acuerdo con el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Ángel José Cervantes, por el que en el próximo año todas y todos los profesionales de los colegios de la abogacía en la región podrán participar en alguna de las 12 sesiones formativas que contempla el texto.

“La lucha contra la violencia sexual plantea retos muy importantes, porque es un tipo de violencia en constante evolución y mayoritariamente oculta, y desde luego que un pilar fundamental es que todas las mujeres que la sufran se sientan siempre bien acompañadas y protegidas, por lo que formar a profesionales de la abogacía del turno de oficio es determinante, pensando sobre todo en mujeres con menores niveles de recursos”, ha asegurado Simón.

Habrá jornadas formativas

En virtud de este acuerdo, el Gobierno regional, a través del Instituto de la Mujer, financiará con 66.500 euros las jornadas formativas que el Consejo de la Abogacía se encargará de organizar, con el objetivo de que todas y todos los profesionales del turno de oficio accedan a formación especializada, impartida por magistrados y profesionales del ámbito de la Justicia, pero también por personas expertas a nivel jurídico en la defensa de mujeres víctimas de violencia sexual.

Simón ha aludido al Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior para recordar que en Castilla-La Mancha, durante el año 2025, se registraron 729 delitos contra la libertad sexual, lo que representa un incremento del 10,3 por ciento respecto al ejercicio anterior, y que el 50 por ciento de los agresores tenía menos de 41 años.

“Todas las fuentes de datos apuntan a la misma tendencia: se incrementan los casos de delitos sexuales y los perfiles de los agresores son cada vez más jóvenes, aunque también sabemos que este incremento se debe, en parte, a una mayor concienciación social, a un mayor rechazo a todo tipo de agresiones y por tanto a una mayor confianza de las víctimas a la hora de pedir ayuda, sabiendo que aún hoy solo denuncian el ocho por ciento de las mujeres que sufren esta expresión de la violencia machista”, ha desgranado Simón.

La consejera ha apuntado también que “con más medios y mayor formación”, también se incrementa el número de mujeres a las que se acompañan desde los recursos públicos, “porque tenemos mayor capacidad para atender más y mejor”.

En este sentido, Simón ha explicado que, en 2019, cuando la Junta ponía en marcha el primer programa específico contra la violencia sexual, se atendió a 73 mujeres frente a las 300 mujeres de media al mes que son atendidas en la actualidad a través de la Red Amparo.

Simón ha finalizado su intervención agradeciendo el compromiso del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, en un acto de firma al que también han acudido la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, o las consejeras del Consejo, Inmaculada Poveda y Teresa Hermida.

Señalan la falta de letrados

De su lado, el presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha ha cifrado en 538 los abogados especializados en el turno de violencia de género, aunque este ámbito se puede ver incrementado, ya que son turnos vivos.

Ha reiterado que ya ha pedido incrementar los letrados que se sufragan por parte del Ministerio de Justicia en el turno de violencia de género. A su juicio, hacen falta más letrados en todas las provincias, pero se ha detenido especialmente en los partidos judiciales de Torrijos, Illescas y Toledo.

En Torrijos hace falta un letrado más, en Illescas otros dos, y en Toledo otro. “Llevo tres años pidiéndolo y el Ministerio de momento no me los ha concedido”, ha afirmado.

Así, ha citado que Illescas puede amanecer un lunes con 7 y 8 procedimientos de violencia, o una situación similar en Torrijos, donde es “lamentable ver los lunes los partes de incidencias en materia de violencia de género”.

El debate parlamentario para crear una pasarela que permita el traspaso de miles de mutualistas de profesiones como abogados, procuradores y arquitectos a la Seguridad Social se atrasa una semana. La Comisión de Trabajo del Congreso iba a abordar este miércoles, 20 de mayo, el penúltimo examen de la proposición de ley presentada por el PSOE, antes de ir a Pleno, pero la sesión se ha suspendido y aplazado al próximo 26 de mayo, ha comunicado la presidenta de la Comisión, la diputada de Sumar Aina Vidal.

Tras varias horas de retraso, en las que los diputados se han reunido en pequeños –y grandes– corrillos a debatir fuera de micro, la presidenta de la Comisión ha comunicado oficialmente el retraso de la sesión para el próximo martes, a las 12 de la mañana, “a la espera de los informes económicos del Gobierno”. “Las enmiendas son las que son, no se presentan más enmiendas”, ha clarificado Vidal.

Fuentes de Sumar indican que se pretendía atrasar aún más el debate, dos semanas, pero que en su grupo han urgido a que el debate se aborde la semana que viene. “Vamos a seguir trabajando para mejorarlo lo máximo posible”, dicen estas fuentes.

Una pasarela para acceder al sistema público de pensiones

La proposición de ley en cuestión tiene por principal objetivo que miles de trabajadores que han estado adscritos a mutualidades profesionales alternativas, en lugar cotizar en la Seguridad Social, puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social (denominado como RETA) para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate ha sido y es “muy complejo”, apuntan fuentes del diálogo social, porque surge de una situación casi de rescate de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Muchos años después, con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados–, los trabajadores reclaman un vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas ante lo que consideran una “nefasta” gestión de las mutualidades.

Aunque el Ministerio de la Seguridad Social defendió en un primer momento que este debate debía abordarse en el marco del Pacto de Toledo, finalmente la ministra Elma Saiz se abrió en marzo de 2024 a aprobar una pasarela para estos mutualistas, cuyos términos se han estado debatiendo durante estos dos años y ahora enfrentan su recta final.

El texto aún está por cerrar

El grupo socialista presentó una proposición de ley el año pasado, que este miércoles afrontaba la ratificación del dictamen de la ponencia, aun con la posibilidad de concretar algunos cambios en el articulado, pero que finalmente se abordará el próximo martes.

Así, la semana que viene se pretende cerrar el texto de la proposición de ley sobre la pasarela (si no es rechazada por los grupos parlamentarios), para que vaya a Pleno y sea votada por los partidos políticos. Fuentes del diálogo social indican que hay cierto consenso político en intentar dar una solución a estos profesionales, pero aun así no están garantizados los apoyos al actual texto legal, que no contenta del todo a las plataformas de afectados.

La complejidad surge a la hora de definir los términos del periodo cotizado en estas mutualidades privadas y los que serán reconocidos como tal en la Seguridad Social, así como los derechos generados de pensión futura en el sistema público. También en qué hacer con estas mutualidades a futuro.

Además, el actual texto deja fuera de la pasarela a los pensionistas, los profesionales que ya se han jubilado, algo que rechazan de plano los colectivos de afectados. “Muchos perciben 300–400 euros mensuales de pensión, sin revalorización alguna, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, recogía un comunicado de varias entidades la semana pasada. Este punto, sin embargo, parece que no tiene opciones de ser modificado, según fuentes conocedoras de la negociación.

También quedan excluidos de la pasarela quienes han cotizado 15 años en la Seguridad Social, en el RETA o Régimen General (periodo que da acceso a las pensiones contributivas), lo que los afectados denuncian que les niega “el reconocimiento de los años realmente cotizados y trabajados en la mutualidad”. “Esto supone una pérdida de derechos y una futura pensión muy inferior a la que correspondería por el total de años de la carrera real”, criticaron varios colectivos en un comunicado.

Un afectado denuncia a elDiario.es además que la fiscalidad cada vez financia más parte de las pensiones públicas, “es decir, que desde hace muchos años nuestros impuestos contribuyen a pagar las pensiones de todos los demás españoles, mientras se nos niega el acceso a este nuestro derecho constitucional” (de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas).

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la condena de tres años de cárcel e inhabilitación impuesta por la Audiencia de Bizkaia a un abogado por apropiarse de 38.212 euros que debía haber entregado a unos clientes en el marco de una demanda civil de nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos suscribieron con Kutxabank. El alto tribunal vasco destaca, además, que el letrado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica del matrimonio al que defendía, y se aprovechó de la confianza que depositaron en él.

El abogado fue condenado como autor de un delito de apropiación indebida agravada por aprovecharse de su credibilidad profesional y por la entidad del perjuicio causado y, además de la pena de prisión, la Sección Segunda de la Audiencia de Bizkaia le inhabilitó para ejercer como abogado durante tres años. Según los hechos declarados probados por el tribunal vizcaíno, el letrado llevó la demanda civil interpuesta por un matrimonio que reclamaba la nulidad de la cláusula de interés IRPH en un préstamo hipotecario que estos habían suscrito con Kutxabank, según recoge Europa Press.

Un juzgado de Primera Instancia de Bilbao dio la razón al matrimonio y reconoció su derecho a percibir 91.912 euros. El letrado instó la ejecución estimatoria dictada por ese juzgado, y este emitió un mandamiento de pago a favor del matrimonio por esa cantidad que fue cobrado por el letrado. Sin embargo, el acusado “aprovechándose de la confianza que habían depositado en él” sus clientes, les ocultó la cuantía real y les trasladó que lo que se les había reconocido eran 60.000 euros a lo que había que restar sus honorarios (6.300 euros).

De esta manera, incorporó a su patrimonio un total de 38.212 euros, la diferencia entre la cantidad reconocida en la sentencia y la comunicada a sus clientes, 31.912 euros, más los 6.300 euros de sus honorarios. Además, el letrado ocultó a sus clientes que esa sentencia no era firme y que la cantidad percibida podría estar sujeta a reversión, como así sucedió porque Kutxabank recurrió, y la Sección Cuarta de la Audiencia de Bizkaia le dio la razón y ordenó la devolución de las cantidades consignadas, tal como se recuerda en la resolución.

De ahí que la sentencia de la Audiencia vizcaína que condenó en primera instancia al letrado fijara que este, en concepto de responsabilidad civil, debía abonar a esa entidad bancaría 38.212 euros, el montante total que, según se declaró probado, se apropió el abogado. El letrado recurrió ante el TSJPV solicitando la revocación de la sentencia argumentando, principalmente, que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba.

Por su parte, el TSJPV rechaza su recurso y mantiene que ha existido prueba de cargo testifical y documental que denota que este “ocultó la cifra reconocida en la sentencia” del juzgado de Primera Instancia de Bilbao y que “la actuación efectuada estuvo presidida por la voluntad consciente de incorporar a su propio patrimonio un dinero que hubiera debido ingresar en el acervo patrimonial de sus clientes”.

Prevalerse de la confianza

El alto tribunal vasco añade que el acusado se prevalió de la confianza que en él depositaron sus clientes y que existió un desvalor adicional en su actuación, porque para realizar la encomienda profesional efectuada por sus clientes, no era preciso que estos le otorgaran un poder específico para cobrar en su nombre las cantidades que se reconocieran en el procedimiento judicial. “La atribución al abogado de este específico poder, del que se valió para cometer el delito, únicamente descansó en la especial credibilidad profesional que el letrado inspiró a los clientes”, un dato, añade el TSJPV, que “desvela un desvalor adicional” para justificar que se agrave la pena.

El TSJPV también considera acreditado que el acusado conocía en el momento del “desvío del dinero” la frágil situación económica de sus clientes y el “significativo quebranto económico” que suponía para ellos “verse privados de una cantidad superior a los 30.000 euros con su maniobra de distracción”. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

Una figura encogida por la edad y unas rastas que miden el doble de su altura son las acompañantes leales de Diane Jobson, una letrada penalista de Jamaica conocida y respetada por toda la isla. Aunque en su país es una leyenda, fuera del Caribe se la etiquetó como la confidente y abogada de Bob Marley, con quien tuvo una amistad que marcó su vida y la inspiró a unirse al rastafarismo.

La abogada es la protagonista y da el título a Miss Jobson, documental dirigido por la barcelonesa Amanda Sans Pantling y que se proyectará este jueves y viernes en Barcelona en el marco del festival DocsBarcelona tras pasar por Tallin Black Nights Film Festival de 2025, el 29º Festival de Málaga o el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

“El mensaje rastafari para mí es vivir una vida ayudando a los demás y defendiendo a los indefensos”, explica Jobson en el documental. Por ello, a sus 80 años sigue defendiendo casos en el Tribunal Supremo de su país y obteniendo justicia para sus clientes de los barrios más pobres de Jamaica. “Ella va al gueto y es una estrella”, afirma Sans en conversación con elDiario.es

La violencia policial y la pobreza extrema que sufren muchos de sus clientes marcan el día a día de la jurista, de quien la obra ensalza su tenacidad. Diane Jobson que no deja de luchar para defender a las víctimas más oprimidas. “De la oscuridad que es el sistema opresivo de Jamaica, ella es luz”, asegura Sans.

La directora ya conocía Jamaica después de dirigir el premiado documental Songs of Redemption (2013) sobre un programa de rehabilitación de presos a través de música reggae en la isla caribeña. Pero para ganarse acceso a la figura de Diane Jobson tuvo que pasar dos años con ella hasta que accedió a ser grabada. Fue durante este tiempo que la directora se percató que no quería explicar la historia de la amiga de Bob Marley, sino de la persona y profesional que era Jobson.

“Quería evitar el clásico de la gran mujer detrás del hombre”, explica Sans. El motivo: “Jobson hace un trabajo increíble como abogada defendiendo a los pobres en Jamaica y es una mujer con un espíritu juguetón increíble”.

En su retrato de la jurista octogenaria, Sans ha querido dar un toque “luminoso” al documental. Se abordan temas profundos, pero desde la ligereza y la comedia características de Jobson. La directora añade que este equilibrio es clave en la vida de la letrada, que pasa los fines de semana en la naturaleza con su mejor amiga Sally tras conocer de lunes a viernes los momentos más duros de la vida de muchos de sus compatriotas.

“Jobson se mueve en un mundo de violencia”, expone Sans. “Y aun así, hay belleza en su historia y en su vida: en su contacto con la naturaleza, en su espíritu juvenil y en su amistad, porque también es una historia de amistad entre dos mujeres”.

Diane y Sally, la amistad de dos mujeres que rompen moldes

“Me costó entrar en el mundo de Diane Jobson siendo una chica blanca de Barcelona”, admite Sans, para quien la historia de la abogada tiene muchas capas: “Un retrato íntimo y lúdico sobre ella y su vida, la amistad de dos mujeres haciendo frente al final de su vida y después una mirada sobre el sistema opresivo de Jamaica”.

El largometraje muestra escenas naturales de una belleza deslumbrante donde Diane Jobson y su amiga Sally disfrutan de su tiempo de desconexión, frecuentemente acompañadas del humo de la marihuana, el perro de Diane y el sonido del mar.

Sally pertenece a la población minoritaria blanca y privilegiada de Jamaica mientras que Diane pasa sus días en los guetos, conociendo a los clientes que defiende e incluso presenciando sus muertes y torturas. Aun así, al estar juntas son dos amigas inseparables y únicas. “Son mujeres que vivieron la vida de una forma completamente fuera de las convenciones, fuera de lo que una mujer tiene que hacer, rompiendo todas las normas”, explica Sans.

Es la misma Sally la que abre la caja de pandora en el documental al preguntar a Jobson por sus clientes a los que defiende. Sally, desde su posición de privilegio, los llama criminales, mientras que Diane la corrige: “Víctimas”.

“Si yo viviera en esas condiciones también sacaría una pistola”, sentencia Jobson como respuesta a su amiga. “Cuando conoces a la gente que defiendes supone una gran diferencia”, remacha.

La amistad llega a ser una de las claves del documental: dos mujeres al final de su vida que se resisten a hacerse mayores. “Es su conflicto interno, no querer envejecer”, apunta Sans, que añade que esta es una de las razones por las que, con 80 años, Jobson sigue trabajando, aunque asegura que se va a retirar pronto.

La abogada, explica la directora, tiene juicios señalados hasta mediados del 2027. “Adquirió el compromiso de defender los derechos de la gente indefensa y lo ha llevado tan al extremo que aún está yendo cada día al Tribunal Supremo”, revela Sans.

Defender a las víctimas del sistema

Según explica la abogada en el documental, cada año al menos seis de sus clientes mueren a las manos de policías o gánsteres. Viven en constante miedo con las fuerzas de autoridad que abusan de su poder y con la desesperación de no tener forma de defenderse.

“En Jamaica gran parte de la población, especialmente en las ciudades y los guetos, vive en unas condiciones paupérrimas, sin posibilidades de poder incorporarse a la sociedad”, detalla Sansm que tilda de la situación de “desesperada”. “Es un círculo vicioso y no se resuelve poniendo a esta gente en la prisión, sino dándole oportunidades”, agrega, en un alegato antipunitivista que comparte con letrados de todas las latitudes.

Al igual que se describe en el libro Hijo Nativo de Richard Wright, los clientes de Diane Jobson son, según la abogada, víctimas de un sistema opresivo en el que ella ha decidido nadar a contracorriente.

A este reto se añade la desconfianza en el sistema. Tienen miedo de denunciar, ya que ellos mismos han estado involucrados en crímenes mayores o menores para sobrevivir. “No quieren saber nada ni de la policía ni del sistema judicial porque precisamente son los que los han llevado a esta situación”, concluye la directora.

Sanción revocada. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha estimado el recurso del abogado Eduardo Cáliz y ha dejado sin efecto la multa de 400 euros que le impuso un juez de Barcelona por no acudir a un juicio al secundar la huelga por Palestina del pasado mes de octubre.

En un acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sala de gobierno del TSJC no solo revoca la multa que impuso el juez Ricardo Yáñez al letrado, sino que también corrige los argumentos esgrimidos por el magistrado para imponer la sanción.

El juez había llegado a mantener que “un Poder del Estado no puede optar por la huelga”, pero los magistrados del TSJC le recuerdan que se trata de un derecho fundamental y que el paro por Palestina del 15 de octubre de 2025 estaba debidamente convocado. “La huelga era lícita y seguirla o no una opción del letrado trabajador”, zanja la sala de gobierno del alto tribunal catalán.

Los jueces no son ajenos a que, como en otros sectores, el ejercicio del derecho a huelga en la Justicia provoca “necesariamente la suspensión de aquellas actividades” en las que tienen que intervenir cualquier profesional que se sume a una huelga, como ocurrió con el juicio que no se celebró, en el que Cáliz ejercía de abogado defensor.

Pese a que la huelga de un abogado pueda importunar el funcionamiento habitual de un juzgado, el TSJC remarca que el derecho de huelga es un derecho fundamental, por lo que “debe ser causa justificada de la inasistencia a un juicio oral”.

Las razones de la huelga, insiste el TSJC, “no importan si son de tipo político, nacional o internacional, por reclamaciones salariales, o por mejoras en las condiciones de trabajo”. “Lo realmente importante es que esa huelga general no había sido desautorizada, pues fue recibida con total normalidad por parte de la administración pública, que, cuando menos, en el ámbito de la administración de justicia, dictó unas normas para que los funcionarios cumplieran servicios mínimos”, apostillan los magistrados.

Tampoco “importan” a la sala de gobierno del TSJC las otras razones esgrimidas por el juez Yáñez para multar al abogado Cáliz, como que el magistrado celebrase juicios orales durante las huelgas de los letrados de la administración de justicia de años pasados o de otros funcionarios, o que el juicio al que no asistió el letrado fuera consecuencia de otro anterior que se había suspendido por un retraso superior a media hora.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo, ha sido escenario de la primera edición del Simulador de Juicios organizado por la Asociación Demos Castilla-La Mancha, una iniciativa formativa que ha combinado teoría y práctica para acercar al estudiantado al funcionamiento real de un proceso judicial.

La actividad, desarrollada en colaboración con la Asociación Popular de Estudiantes Universitarios (APEU) y la Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se celebró durante dos jornadas. El programa incluyó conferencias especializadas y sesiones prácticas en las que las personas participantes asumieron roles propios de un juicio. El objetivo “era trabajar el pensamiento crítico, la expresión oral, la investigación jurídica y el trabajo en equipo a partir de un caso simulado con base real”, según detallan desde la institución educativa.

El simulador se estructuró en dos cámaras, acusación y defensa. En ellas, el estudiantado elaboró escritos procesales bajo la supervisión de profesionales del ámbito jurídico. Entre otros, participaron profesores como Eduardo Demetrio Castro y abogados en ejercicio como Lucas Kiefer o Juan Francisco Pérez de la Cruz, que ofrecieron ponencias centradas en aspectos penales y procesales o sobre la práctica de la prueba y la fase oral del proceso penal.

La iniciativa, apoyada también por la Diputación Provincial y el Grupo Legal Toledo, incluyó una sesión de recusación y formación del tribunal popular, así como la celebración del juicio oral final en la Sala de Juicios de la Facultad, presidido por la magistrada adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha María, Cristina García Carballo.

Según indica el presidente de la Asociación Demos Castilla-La Mancha, Denis Constantin Muresan, durante el simulador el estudiantado afrontó situaciones imprevistas planteadas por la organización. “Estas dinámicas permitieron trabajar la capacidad de reacción y la argumentación jurídica en contextos de presión. La elaboración de escritos y la defensa oral ante el tribunal fueron los ejes de la experiencia”, explica.

Asociación Demos Castilla-La Mancha

La asociación estudiantil Demos Castilla-La Mancha, en el marco de la Asociación Demos España, se define como “apartidista” y establece sus objetivos en el fomento del diálogo, el debate, el análisis y la participación “para construir una comunidad comprometida con la democracia a través del acercamiento de las diferentes instituciones al estudiantado”.

Además de organizar el Simulador de Juicios, durante el presente curso académico sus miembros han realizado visitas académicas a distintas instituciones y órganos de representación en España y Bruselas, entre los que destacan el Congreso, el Senado, las Cortes regionales, la sede del Parlamento Europeo y varias embajadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha abierto una pieza disciplinaria a un abogado por citar dos sentencia inexistentes del Tribunal Supremo y el Constitucional en su recurso de apelación contra el fallo que condenó a los miembros de una banda de narcotraficantes de Lanzarote.

La Sala de lo Penal detectó esa irregularidad, que considera “intolerable”, al revisar la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que impuso penas de hasta seis años de cárcel por tráfico de drogas a nueve personas que introducían cocaína en Lanzarote.

Para combatir esa resolución, uno de los abogados defensores invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y otra del Tribunal Constitucional de 1990, que le servían para cuestionar la documentación que justificaba la actuación de la Policía.

El TSJC remarca que el letrado presenta esas citas jurisprudenciales como centrales en su recurso, las entrecomilla y resalta en negrita, y fundaba en ellas una grave consecuencia procesal: la posible nulidad de las actuaciones.

Sin embargo, añaden los magistrados, hay un problema: los párrafos con la supuesta jurisprudencia que menciona el letrado no aparecen en las sentencias citadas, ni en otras con una numeración conexa.

La sentencia del Supremo que invoca “no solo no guarda ninguna relación con esta cuestión (documentación de las diligencias policiales) sino que no contiene ni ese texto, ni ninguno parecido”, explica la Sala. Y lo mismo sucede con la sentencia del Constitucional, que “ni contiene este texto transcrito, ni uno parecido, ni trata de esta cuestión directa o indirectamente”.

Para el TSJC, no se trata de un “mero desliz o error venial”, sino de una conducta “intolerable” por parte del letrado que puede merecer una corrección disciplinaria.

Los magistrados comparan lo sucedido con la otro caso reciente en el que detectaron que un abogado había invocado jurisprudencia inventada por una aplicación de inteligencia artificial, sin hacer una comprobación para verificarla.

“Esta conducta tiene otro efecto, que es el de la pérdida de la confianza en la profesionalidad técnica, lo que conduce a desviar la tarea judicial a la comprobación de las citas jurisprudenciales invocadas en los escritos de los profesionales, lo que conduce a una ralentización de las resoluciones”, advierte. “Los órganos del Poder Judicial no pueden quedar pasivos ante estas conductas”, remacha.

Respecto al fondo del asunto, el TSJC rechazada los recursos y confirma las condenas dictadas por la Audiencia de Las Palmas para los narcotraficantes juzgados en esta causa.

El letrado Fausto Suárez ha sido trasladado este miércoles en una ambulancia, “intubado pero consciente”, hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, para ser atendido de las heridas infligidas en el tórax con un arma blanca. El letrado fue agredido en su despacho, ubicado en la Avenida Colón de la capital asturiana, donde fue localizado por los agentes.

Desde la Audiencia Provincial se había instado a la Policía Nacional para que intentara localizar al abogado, al no haberse personado en la sede judicial donde estaba citado a las 10 horas de hoy, miércoles, para defender a Cristina O.P., la única acusada que está en libertad provisional de los seis procesados, y a la que se imputa su presunta pertenencia a una red de narcotráfico muy activa en el Principado, a la que se incautó 600 kilogramos de cocaína, en 2022.

Apuñalado en su despacho

Un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias ha confirmado a eldiario.es Asturias que el caso está ya “en fase de investigación” desde que a primera hora de esta mañana se tuvo conocimiento del apuñalamiento. Los agentes de la Policía Judicial están recogiendo pruebas en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.

Los agentes inicialmente se personaron en el domicilio del abogado ovetense y, al no encontrarlo ahí, se desplazaron en compañía de su mujer hasta el despacho. La presencia policial y el traslado del abogado en esas circunstancias causaron una gran consternación entre los vecinos de la zona.

Defensor de una acusada

A la consternación del vecindario se sumó igualmente la conmoción en medios jurídicos y judiciales, donde el letrado ovetense es muy conocido al llevar muchos años en ejercicio.

Cristina O.P. se había reunido con su abogado ayer mismo de cara al juicio de esta mañana y donde ella está acusada de pertenecer a la red que presuntamente lidera Carlos González Morales, conocido por el apodo de 'El Matador'.

El juicio no se suspendió

Tras unos primeros momentos de confusión por la ausencia del letrado finalmente el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó celebrar la primera de las cinco sesiones que están señaladas para la vista oral del juicio: los días 23, 24, 27, 28 y 29 de este mes. Ante la ausencia de letrado que la representara, la parte relativa a la acusación de esta procesada no se ha tenido en cuenta en la jornada de hoy.

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de los seis presuntos integrantes de esta organización a la que se intervino un alijo de 600 kilogramos de cocaína en una nave ubicada en el concejo asturiano de Siero en 2022 tras una operación internacional en la que intervinieron agentes encubiertos.

Agentes encubiertos infiltrados

La operación policial que derivó en la detención de los acusados se inició el 30 de septiembre de 2022 cuando se recibió en la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional un escrito de la Fiscalía de Illinois (Chicago, EEUU) solicitando la apertura de un procedimiento judicial en el marco de una investigación conjunta con la agencia estadounidense HS (Homeland Security Investigations), la Policía Nacional de Colombia y la UDYCO Central.

En este escrito se aportaban los datos de una organización dedicada al tráfico de drogas radicada en Colombia y sobre la que las autoridades de Estados Unidos habían iniciado una operación encubierta, logrando introducir a un agente infiltrado en la organización, que presuntamente lideraba el conocido como 'Matador', quien solicitó asistencia para el transporte de aproximadamente dos toneladas de cocaína desde Colombia a España.

Droga de Colombia a Asturias

En el marco de la operación encubierta, la organización colombiana pretendía enviar la droga desde Colombia a España empleando una embarcación que recogería la droga en aguas internacionales. Para ello, el presunto cabecilla solicitó que una vez que la organización entregara todo el cargamento, éste fuera trasladado a España, donde sería entregada a los receptores y distribuidores finales.

“Continuando con la operación encubierta, el 25 de septiembre de 2022, la organización colombiana entregó 67 bultos con 20 paquetes cada uno (un total de 1.340 paquetes) a los agentes infiltrados que se encontraban a bordo de un barco encubierto en aguas internacionales cerca del Caribe, a unas 200 millas náuticas de Barbados”, señala el escrito de calificación provisional de la Fiscalía asturiana.

Dos bandas de narcotráfico

El 28 de septiembre, la droga fue transportada hasta San Juan (Puerto Rico) y procesada, dando positivo en cocaína. Fue custodiada por agentes federales de Estados Unidos a la espera de los trámites para continuar con la operación en España. Para poder presentar como evidencia en la investigación estadounidense se retuvo uno de los bultos con 20 paquetes intervenidos, por lo que viajaron a España 1.320 paquetes.

La solicitud de cooperación se efectuó con el objetivo de identificar a los miembros de la organización, ya que se descubrió que la droga iba dirigida a dos organizaciones criminales con conexiones en España.

Cocaína en la bodega de un vuelo

Una vez autorizada la apertura del procedimiento judicial en España, la droga fue transportada en la bodega de un vuelo comercial desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de San Juan, Puerto Rico, al de Madrid. Junto con el escrito de la Fiscalía estadounidense, se adjuntaba el suscrito por el oficial de enlace de la Policía Nacional de España en Colombia.

Todo ello, junto con las vigilancias realizadas por la UDYCO de los movimientos de los miembros de la organización en España durante los meses de mayo y septiembre de 2022, motivó que la Fiscalía Especial Antidroga incoara el 5 de octubre de ese mismo año diligencias de investigación, autorizando la entrega controlada de 600 kilos de cocaína intervenidos en San Juan de Puerto Rico con destino a España.

Bajo custodia policial

Paralelamente, en un segundo decreto, la Fiscalía Antidroga autorizó la actuación de ocho funcionarios como agentes encubiertos, con el objetivo de identificar a los integrantes de la organización.

La droga fue trasladada hasta Madrid el 8 de octubre de 2022 vía aérea y permaneció bajo custodia policial a la espera de que los procesados decidieran recogerla.

Los delitos

En estos hechos, que llevaron a la introducción en España y la ocupación en Siero de 600 kilos de cocaína, tuvieron participación los procesados, que actuaron de forma jerárquicamente ordenada y de manera estable en el tiempo y que, según sostiene la Fiscalía asturiana, son los mismos contra los que formula la acusación y que han sido llevados al banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias.

La Fiscalía imputa a los acusados su presunta autoría en delitos contra la salud pública, depósito de armas y tenencia ilícita de armas, ya que además de la droga se les intervinieron armas, algunas de guerra, y una gran cantidad de munición.

La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha archivado el procedimiento de sanción contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas con inteligencia artificial de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. Tras ser descubierta la letrada “se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión”.

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: “En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.