La vida de Gabriela está en suspenso desde el 18 de septiembre de 2025. Ese día admitió una condena por atentado a dos agentes de los Mossos d'Esquadra. Un delito que, pese a que figure en papel timbrado, esta vecina de Badalona (Barcelona) originaria de Argentina mantiene que no cometió. La consecuencia más relevante es que, hasta que no logre cancelar sus antecedentes penales dentro de dos años, Gabriela no podrá empezar su ansiado proceso de regularización en España. “El abogado de oficio que me atendió no me lo advirtió”, denuncia esta mujer. 

La situación de esta madre de cuatro hijas, quien se mudó a España junto a su familia por la “inseguridad” que vivía en su país de origen, ha cambiado por completo desde su encontronazo con los agentes de los Mossos d'Esquadra y su paso por el sistema judicial. A las dificultades para labrarse un futuro fuera de su casa, se le añade el shock por el episodio ocurrido y el vértigo de reclamar una revisión de la actuación de los uniformados y del abogado de oficio que la asistió. “Cada vez que salgo a la calle y veo a un agente, me pongo nerviosa”, cuenta la mujer.

Al no tener los papeles en regla, el trabajo informal era (y es) la única fuente de ingresos de Gabriela. Como todos los días, el 17 de septiembre del año pasado cuidaba en su casa del barrio de la Salut de Badalona al bebé de su cuñado. El hombre acudía a recoger a su hijo, pero las cosas no fueron como siempre. Tras llamar al interfono, Gabriela oyó que el hombre gritaba desde el vestíbulo: dos agentes de los Mossos d'Esquadra lo estaban inmovilizando.

Las razones por las que el hombre fue identificado figuran en el atestado del caso: los mossos consideraron que el cuñado de Gabriela “intentó no mantener contacto visual” con los agentes y “picó de forma insistente en el timbre” al ver el coche patrulla. Razón suficiente, a criterio policial, para bajar del coche y proceder a identificar al hombre, pese a que no estaba cometiendo delito alguno. Estaba llamando a un timbre.

La tesis de Gabriela y del centro Iridia, que representa ahora a la mujer, es que se trata de una actuación policial “racista” originada en una identificación por perfil étnico, una práctica que los distintos cuerpos policiales siguen realizando pese a las críticas de las entidades de derechos humanos. “La identificación por perfil racial es la mayor puerta de entrada al maltrato institucional”, advierte la directora de Iridia, Anaïs Franquesa. La entidad ha presentado su décimo informe sobre violencia institucional.

El cuñado de Gabriela, prosigue el atestado policial, “intentó cerrar la puerta” a los agentes, que lo inmovilizaron ya en el vestíbulo del edificio. El relato policial se mantiene en la sentencia del caso, donde se ha fijado que el hombre quiso “entrar apresuradamente en el edificio y mantener una actitud esquiva” hacia los agentes. “¿Cómo no iba a llamar al timbre, si iba a recoger a su hijo a mi casa?”, se pregunta Gabriela.

La mujer bajó de su piso, dejando al bebé en su sillita, alarmada por los gritos de su cuñado. “Lo tenían agarrado del cuello, era horrible”, rememora Gabriela. “Les pedí que por favor lo dejaran, pero me pusieron contra la pared. Yo solo repetía que había un bebé solo arriba”, agrega la mujer, que reconoce que la situación la desbordó. “Ellos dicen que les agredí, pero yo les grité y me defendí cuando me quisieron agarrar”, explica.

Gabriela y su cuñado terminaron detenidos. Ambos pasaron la noche en comisaría y pasaron a disposición judicial al día siguiente. “Ni siquiera pude hablar con mi marido y explicarle la situación”, denuncia la mujer. Los documentos del caso muestran que un mosso estuvo durante unas horas con el bebé en la casa hasta que llegó la cuñada de la mujer.

“Yo estaba con ropa liviana porque todavía hacía calor, y era la única mujer detenida. Mientras esperaba en el juzgado los otros detenidos hombres no fueron agradables, menos mal que estaba mi cuñado”, recuerda la mujer sobre las peores horas de su vida. “Estaba claramente en shock”, agrega.

Cuando su abogado de oficio la atendió, según relata la mujer, sus primeras palabras fueron: “La has liado”. Luego le indicó que había dos opciones: un acuerdo en un juicio rápido ese mismo día o un juicio más adelante, en el que se exponía a una multa más elevada, de hasta 6.000 euros. 

“Yo no sé ni lo que son unas diligencias urgentes, el letrado no me dijo que el acuerdo ya no se podía recurrir ni los efectos que tenía sobre mi residencia en España”, denuncia la mujer. Aceptar la condena implicaba que la mujer aceptaba la tesis policial del caso y no podía formalizar una denuncia por el trato policial recibido.

Este diario ha contactado con el abogado de oficio que atendió a Gabriela. El letrado niega presión alguna a la mujer para que aceptara el acuerdo, si bien admite que no abordó con Gabriela las consecuencias en su situación administrativa de una condena penal, ya que no es experto en extranjería. “Tampoco me lo preguntó”, agrega.

“Al saber que mi familia me estaba esperando fuera del juzgado me quedé todavía más descolocada, la presión emocional era tremenda y nadie me escuchó”, recuerda la mujer. “Puse la ficha y confié, porque además yo 6.000 euros ni los tengo ni los tendré, pero no me explicó la gravedad que iba a tener aceptar los cargos”, apostilla Gabriela.

En la sentencia de conformidad constan como hechos probados que la mujer “se abalanzó sobre el agente, le propinó diversos golpes y le escupió en la cara”. El atestado del caso recoge que los hechos quedaron grabados en una cámara corporal de uno de los uniformados, si bien a día de hoy la actual defensa de Gabriela no dispone de ese vídeo de nueve minutos pese a haberlo solicitado al juzgado.

Para Sònia Olivella, coordinadora de litigio estratégico de Iridia, el caso de Gabriela “es paradigmático de las consecuencias del racismo institucional que impacta en las vecinas más vulnerables”. “Ha habido una falta de escucha a Gabriela que conduce a una desconfianza en las instituciones y los cuerpos de seguridad porque confirma una vez más que la palabra de una víctima no vale lo mismo que la de los agentes”, reflexiona la psicóloga del centro, Paula Rossi.

La actual defensa de la mujer ha presentado un incidente extraordinario de nulidad contra la sentencia de conformidad, así como una queja a la comisión de deontología del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por la actuación del letrado de oficio. La mujer es consciente de la dificultad de dar marcha atrás a la rueda de la Justicia cuando se ha activado. “Ya lo único que puedo hacer es alzar la voz por mis hijas”, concluye Gabriela.

La anécdota la recogió el penalista y dramaturgo alemán Ferdinand Von Schirach: un policía se quejó una vez a un magistrado de que los abogados defensores eran frenos en el coche de la Justicia. El juez respondió que un coche sin frenos no sirve para nada. Este freno necesario para el sistema es el abogado. Y, de entre todas las ramas del derecho, el penalista es el que se asoma a las situaciones más delicadas.

El abogado Manel Mir y el magistrado Víctor Correas escriben en Defender: el abogado penalista y su oficio (Atelier) un manual y una reivindicación. Un oficio, sí, con sus códigos que no se aprenden en la facultad y que solo buenos maestros, como Mir y Correas, pueden transmitir.

La obra ensalza al abogado penalista como artesano del derecho, que no debe olvidar los clásicos (si la moda son los letrados que se autopromocionan en Instagram o los platós de televisión, bienvenidos sean los clásicos), pero que por encima de todo debe tener en mente defender bien al cliente.

“Un abogado puede defender a un pederasta en serie o puede decidir que sus convicciones le impiden hacerlo. Lo que no puede hacer es defenderlo mal. Esta opción no puede existir”, asevera Mir en conversación con Correas en uno de los despachos de la Audiencia de Girona donde los magistrados debaten si imponen penas de cárcel que pueden trastocar una vida.

La esencia de la profesión no puede ser el dinero

El libro incluye reflexiones valiosas sobre esa parte del oficio que no se ve durante el juicio oral, pero que es vital para que salga bien: la relación con el cliente (y su familia, que puede llegar a ser complicada), la lucha contra los propios prejuicios o la formulación de una estrategia de defensa.

La obra es muy útil para todos los que empiezan a vestir la toga, pero también para cualquier lector, pues en algún momento de la vida (mejor que sean pocos), todos podemos necesitar a un abogado. 

Un consejo para empezar: el cliente no es tu amigo. “Siempre tiene que haber la mesa del despacho de por medio”, destaca Mir, que no entiende a los letrados que, en casos mediáticos, acompañan a un cliente que no es personaje público hasta el juzgado. “Si el abogado es conocido, como Manel Mir, y el cliente no, entrar a su lado en el juzgado con toda la prensa en la puerta es ponerlo en la diana”, apostilla Correas.

“Lo único que puedes prometer al cliente es que trabajarás al máximo, pero el resultado ya no depende de ti”, recuerda Mir. 

¿La Justicia es igual para todos? ¿O los ricos salen mejor parados que los pobres? “Ni la sanidad, ni la educación son iguales para los ricos que para los pobres”, afirma Correas, que destaca que hay defensas “con más recursos” que otras a la hora de contratar a peritos, por ejemplo. “No deja de ser una muestra de la desigualdad que hay en la sociedad”.

“Hay abogados que solo para recibir cobran un dineral y es espantoso. La esencia de la profesión no puede ser el dinero”, reivindica Mir. El letrado gerundense es lo contrario a los egos desbocados que también existen en su gremio (como en todos). En su dilatada carrera, también ha tenido que lidiar con los codazos de algunos compañeros. 

“Cuando una defensa va contra el otro acusado, terminan perdiendo los dos. Es muy delicado”, asevera Mir, que advierte de que lo peor que puede hacer un abogado es jugar con la ilusión (o la desesperación) de un cliente. “Si un abogado te promete que te sacará de prisión preventiva en 15 días, miente. Asegurar resultados no es posible”, valora.

En tiempos de inteligencia artificial y populismo punitivo, Mir lamenta que se esté perdiendo “la parte más humana de la profesión”. “Los grandes despachos a veces me dan miedo. Los penalistas hacemos trajes a medida, no somos El Corte Inglés”, afirma. Para Correas, el modelo clásico que representa Mir “sobrevivirá” en la jurisdicción penal. “El componente humano es irrenunciable y todavía no se ha inventado una IA que vaya a la cárcel a ver a su cliente ni entienda el problema en toda su dimensión”, reflexiona el magistrado.

Más allá de la necesaria cortesía en estrados, Mir echa la vista atrás (llegó a defender acusados por el delito de adulterio) y constata que la magistratura ha evolucionado. “Ahora hay más jueces garantistas, como el que está a mi lado”. Correas considera que existen dos modelos de juez: los autoritarios y los que no lo son. “Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado”, indica.

Yo no me siento un poder del Estado, sino que controlo el poder del Estado

“Muchas veces he dictado sentencias absolutorias de gente de la que tengo el convencimiento íntimo de que ha cometido el hecho delictivo. Pero como no tengo pruebas, absuelvo, porque mi convencimiento es irrelevante, lo que tengo que construir son razonamientos racionales sobre las pruebas”, expone Correas sobre su trabajo.

¿Cómo se vive desde los bancos de la defensa una sentencia condenatoria cuando se tiene el convencimiento y se ha trabajado duramente para la absolución del cliente? “No queda otra que trabajar y poner el recurso, aunque salgas decepcionado”, responde Mir.

Lo que suscita más preocupación en ambos juristas es la “expansión” del derecho penal para castigar más conductas y endurecer el reproche a las ya existentes, como ocurre con la última ley de multirreincidencia. “Subir las penas no sirve de nada, mantener el orden se consigue ayudando a los jóvenes a estudiar y teniendo una vida digna”, dice Mir, que hace suya la frase de Concepción Arenal con la que se abre el libro: “Abrid las escuelas y cerrarán las cárceles”.

“Todos los sistemas penales del planeta tienden al terror punitivo, pero en las últimas décadas la izquierda ha considerado que el derecho penal también es una herramienta para proteger bienes jurídicos colectivos”, valora Correas. El magistrado recuerda que España es uno de los países de Europa con penas más altas. “No hay ningún estudio que vincule la subida de penas con el descenso de la delincuencia”, señala, además de lamentar que parte de la izquierda se haya visto “arrastrada” hacia las tesis punitivistas que defiende la extrema derecha por fines electoralistas.

Aunque daría para otro libro, Correas pide no olvidar el papel de los medios de comunicación a la hora de informar de las resoluciones judiciales y su impacto en la ciudadanía. “La prensa también forma parte del sistema penal de justicia, aunque no sea tan evidente como los jueces, porque de la prensa depende el traslado de nuestras actuaciones a la ciudadanía”, reflexiona el magistrado.

Correas constata un sesgo de los medios a la hora de informar de sentencias absolutorias, por ejemplo en casos de violencia sexual: “La condena se da en un breve, pero a la absolución se le dedica más tiempo y espacio”. Y añade una propuesta poco común entre togados: “Los propios jueces tendríamos que poder dar más explicaciones y resolver dudas a los periodistas porque así se trasladaría mejor a la gente”.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha archivado el procedimiento de sanción contra una abogada que, en un recurso presentado en octubre de 2025, incluyó ocho citas inventadas con inteligencia artificial de sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Navarra y Tribunal Superior de Madrid. Tras ser descubierta la letrada “se apresuró a pedir disculpas, manifestó que lo hizo sin mediar mala intención y alegó que su error se produjo solo por la falta de revisión”.

“No nos cabe duda [de] que el uso descuidado de estas tecnologías en los procedimientos judiciales plantea importantes implicaciones deontológicas y, desde luego, es susceptible de integrar un claro ejemplo de mala fe procesal y de abuso del proceso”, destacan los magistrados. No obstante, el Tribunal ha optado por el archivo de la causa debido a dos escritos presentados por la abogada en los que se apresuró a pedir disculpas: “En la singularidad del caso que nos ocupa, la inmediata reacción de la letrada excusando el error cometido determina que la Sala se incline por el archivo de la presente pieza separada sin imponer la correspondiente sanción pecuniaria, sirviendo la presente —quizá— de advertencia de las implicaciones legales, deontológicas y éticas que puede plantear el uso descuidado de las nuevas tecnologías”.  

El pasado 20 de febrero, el Tribunal acordó abrir la citada pieza sancionadora por mala fe procesal con el fin de depurar las responsabilidades en las que hubiera podido incurrir la abogada. La Sala consideraba que “esa actuación de la letrada constituía, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo de este Tribunal”. 

Cinco días después, la letrada presentó un escrito en el que hacía constar “el sincero reconocimiento expreso del error sin voluntariedad, por falta de revisión y en la confianza del borrador preparado, la retirada íntegra y [la] solicitud de tener por no puestas las citas y transcripciones afectadas”. Asimismo, expresaba “la más respetuosa y sincera disculpa personal y formal”. 

Además, el 3 de marzo volvió a interponer otro escrito, en el que, tras excusarse y disculparse nuevamente, incidía en el error cometido por no haber revisado el recurso adecuadamente. Solicitaba el archivo del expediente sancionador, puesto que, según alegaba, la mera apertura del mismo ya le había servido de aprendizaje. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, las multas por este tipo de mala praxis pueden oscilar entre 180 y 6.000 euros. 

En la apertura de esta pieza separada, la Sala argumentó que “esta irregularidad cometida por la letrada constituye, además de una vulneración de la buena fe procesal, una falta de respeto a los magistrados, un desprecio de la función jurisdiccional que desempeñan y una perturbación del trabajo del tribunal, por tener que enjuiciar las consecuencias de tal injustificada irregularidad (como ya ha mantenido la Sala Primera del Tribunal Constitucional)”. 

Para el TSJN, el uso de las tecnologías emergentes y de los materiales generados por inteligencia artificial en los procedimientos judiciales no está exento de importantes consideraciones éticas y legales para garantizar un uso responsable. “Lo que impone una verificación adicional, puesto que la revisión y validación de los documentos legales seguirá siendo responsabilidad de los abogados para garantizar la precisión y el cumplimiento normativo”, remarca.

El matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen 9 años y un niño de 11, entre las cuatro paredes de su domicilio ubicado a las afueras de Oviedo, durante cuatro años, ha aprovechado el turno de última palabra en el juicio que les ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Asturias.

En su alegato final, la pareja ha admitido que su conducta “era anómala”, pero justifica que su comportamiento se debía a que sentía “un miedo insuperable” a que contrajeran el Covid–19 y estaba convencida de que la mejor solución era el autoconfinamiento familiar.

El matrimonio se ha mostrado dispuesto a colaborar con el Principado y la administración de Justicia para ayudar a reconducir esta situación y a recuperar alguna vez el vínculo paternofilial.

Es su máxima aspiración ahora que su único contacto con sus hijos se limita a media hora un día a la semana por teléfono y ante la gravedad de la petición de condena a la que se enfrenta, ya que las acusaciones –pública y particular– solicitan la imposición de sendas condenas para cada cónyuge de 25 años y cuatro meses de cárcel.

Declararon en inglés

“Querían lo mejor para ellos”, han trasmitido los acusados, el alemán Christian S., de 53 años, y su esposa la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., de 48 años, en unas declaraciones efectuadas en inglés al traductor que se las iba relatando en castellano a los magistrados de la Sección Segunda que este jueves han dejado el juicio visto para sentencia en la cuarta jornada de la vista oral.

Esta era la ocasión en la que el matrimonio ha podido hablar directamente de sus sentimientos, sus emociones y sus reacciones a lo largo de estos cuatro años –desde 2021 a 2025– en que se autorrecluyeron en el chalé situado en la zona rural de la capital asturiana haciendo solo vida de puertas para adentro.

Una compleja situación personal y familiar después de la sorpresa que les produjo a todos los miembros de la familia la entrada en la vivienda de los agentes de la Policía Local de Oviedo, el pasado 28 de abril, para liberar a los menores, la detención, posterior ingreso en prisión de los padres y el internamiento de los niños en un centro de menores de la administración del Principado.

Los delitos imputados

Por ello, la pareja ha aprovechado el turno de última palabra una vez que ya han escuchado, dentro de la sala de vistas, todas las manifestaciones de las partes, las declaraciones de los testigos y las periciales psiquiátricas.

Unas palabras que han dirigido al tribunal que a partir de ahora tiene en su decisión su futuro más inmediato. Los magistrados tendrán que deliberar entre dos horquillas muy amplias. Si atienden a las tesis de la Fiscalía y la Letrada del Menor, Patricia Arce que ejercita la acusación particular, que solicitan sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal o si se decantan por la versión de las defensas que interesan la libre absolución.

No estaban escolarizados

La Fiscalía suma a la petición de cárcel el pago de una indemnización de 30.000 euros para cada uno de los niños por los daños morales ocasionados y pide que a los padres se les prohíba aproximarse a los menores y se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

La vía legal

Por su parte, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira, que lleva la defensa de Melissa A.S., y Elena González, que representa a Christian S., piden la absolución.

A lo largo de las cuatro sesiones que se han desarrollado en la Audiencia Provincial de Asturias, los letrados defensores han reiterado que, en su opinión, los acusados nunca tuvieron que ser juzgados por la vía penal y se decantan por la vía asistencial como la mejor opción para abordar esta compleja situación.

Los dos acusados permanecen actualmente en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención y a esta cárcel han acudido a lo largo del año que llevan presos sus abogados defensores. En sus entrevistas con sus representados y en las visitas que han realizado al chalé donde residía la familia y que ha sido bautizada como 'la casa de los horrores' por los agentes de la Policía Local de Oviedo que intervinieron en el operativo pudieron comprobar que es una familia que “es normal, pero tiene un comportamiento que es anómalo y que responde a ese miedo insuperable al Covid”.

“No hay casa de los horrores”

En todas las ocasiones en las que las defensas han comparecido a las puertas de la sede judicial han transmitido a los medios de comunicación que esta denominación es además de incorrecta, injusta puesto que dicen que no se ajusta a su percepción.

A juicio de las defensas, la descripción de los agentes de que los niños vivían en una casa llena de “escombros y excrementos” no se corresponde con la realidad y en ningún caso, según su tesis, eso debería jugar en contra del matrimonio en un juicio penal, porque alegan que ellos no abandonaron a sus hijos y suplían su escolarización con el aprendizaje que seguían en la vivienda.

Juicio a puerta cerrada

No obstante, las defensas han querido ser cautas y no realizar declaraciones textuales de las manifestaciones que se producían dentro de la sala. Los letrados han reconocido a elDiario.es Asturias que han recibido un apercibimiento por parte del tribunal para que no realicen declaraciones al haber acordado que el juicio se celebrara a puerta cerrada, siguiendo así el criterio solicitado por la Fiscalía.

Por ello, este jueves se han limitado a señalar que confían, al igual que sus patrocinados, en que la sentencia que se dicte sea conforme a las peticiones de las defensas y que “este asunto por fin se reconduzca, de donde nunca debió salir, que es del ámbito asistencial o de ayuda de los servicios sociales”.

“Tuvieron decisiones erróneas”

“Nuestra defensa siempre ha sostenido –han afirmado– que esta es una familia normal en circunstancias anómalas y extraordinarias. Tomaron una serie de decisiones, seguramente equivocadas y erróneas, pero no criminales”.

El patrón no era el de una familia “socialmente adaptada”, un extremo que no se ha debatido desde el principio. Durante el juicio, el matrimonio ha incidido en que quiere recuperar el hilo con sus hijos, siempre bajo supervisión de quien tiene la tutela actualmente, que es el Principado de Asturias y ese tema, según las defensas, tampoco se ha puesto en duda.

“La etiqueta es estigmatizante”

“Su actuación siempre ha ido en interés de los menores y, aunque desde fuera quizá se ve extraño -aseguran- los que conocemos todo lo que ha sucedido y hemos visto la casa, sabemos que no se trataba de una casa de los horrores, una etiqueta que no compartimos y nos parece estigmatizante e injusta”.

Los abogados defensores confían en que su tesis absolutoria prevalezca en la sentencia que dicte la Audiencia Provincial de Asturias y esperan que la resolución sea “mesurada, moderada y conforme a derecho” y sobre todo que se pueda poco a poco ir recuperando la relación paternofilial.

Sin salida

“Realmente los padres se vieron inmersos en una bola de nieve y no supieron buscar una salida”, concluye.

Ahora, su futuro depende de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que emitirán la sentencia en los próximos días.

La Fiscalía de Asturias ha endurecido su petición de condena para el matrimonio que mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos -dos gemelos que actualmente tienen nueve años y a su hermano, de 11- en un chalé, ubicado en la zona rural de Oviedo, por el miedo de sus padres a que contrajeran el Covid. Un autoconfinamiento familiar que comenzó en 2021 y concluyó en 2025 con la detención de los padres y la liberación de los menores.

A la pena de 25 años y cuatro meses de cárcel que interesa para cada miembro de la pareja, el Ministerio Fiscal ha sumado el pago de 30.000 euros de indemnización a abonar a cada uno de los menores por los daños morales ocasionados y ha reclamado que se prohíba a los progenitores acercarse a los niños y que se les suspenda cualquier régimen de visitas durante más de 11 años.

La acusación pública ha fijado así el perjuicio que los progenitores, Christian S. y Melissa A.S., han podido ocasionar a sus tres hijos por el prolongado tiempo en que no han podido salir a la calle, ni estar escolarizados, ni ser sometidos a seguimiento médico, ni socializar, ni llevar una vida “normalizada”.

Los menores, en un centro de acogida

Unas peticiones que comparte la Letrada del Menor que está personada en la causa en representación del Principado. Actualmente los tres hermanos están acogidos en un centro de menores dependiente de la administración regional.

Las acusaciones imputan al matrimonio su presunta autoría en los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La petición de nulidad

Unas peticiones de condena que contrastan con las de las defensas. Los abogados defensores, Javier Guillermo Muñoz Pereira, en nombre de la madre, y Elena González Martínez, en representación del padre, interesan la libre absolución y que se favorezca la reagrupación familiar con el apoyo de los servicios sociales. Han planteado además una cuestión de nulidad al estimar que en la diligencia de registro del domicilio se produjeron “irregularidades procesales”.

Estos dos posicionamientos se han podido escuchar dentro de la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. Un juicio que se desarrolla desde esta semana a puerta cerrada.

Una cuarta sesión

Para esta tercera sesión, que tenía lugar este jueves, estaban señaladas la declaración de los padres, la comparecencia de una psicóloga y los informes de conclusiones de las partes. Sin embargo, la jornada se ha prolongado más de lo previsto y, a las tres de la tarde, en vista de que aún faltaban las defensas por emitir su informe, el tribunal ha acordado que se celebre una nueva sesión.

La cuarta sesión tendrá lugar el próximo 19 de marzo, a las 13 horas, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Fiscalía.

Los alegatos de las defensas

Ese día, los abogados defensores tratarán de convencer a los magistrados de que sus patrocinados no tenían ánimo alguno de aislar a sus hijos del mundo exterior, sino que su comportamiento “anómalo, pero no criminal” respondía a su “miedo insuperable” a que se pudieran contagiar con algún virus ya que lo estaban pasando muy mal porque ambos progenitores tenían covid persistente que les había provocado secuelas sensoriales y querían proteger a sus hijos.

No hacer ruido, ni movimientos

El tribunal ha podido escuchar, en la tercera sesión, por boca de los propios acusados las razones que les llevaron a autoconfinarse. Además del miedo al contagio, también temían que pudieran ser denunciados por los vecinos porque no tenían su situación regularizada en Asturias, dado que únicamente se había empadronado en la vivienda el padre. Una situación que les llevaba a evitar hacer ruidos y movimientos que indujeran a los vecinos de la zona a creer que había más personas residiendo en su interior.

Con la ayuda de un traductor, los padres han declarado en inglés “durante varias horas” y lo han hecho “tranquilos y confiados en que se haga justicia”, ha explicado el abogado Javier Guillermo Muñoz.

El apercibimiento

Es la escueta declaración que ha realizado el letrado, a su salida de la sede judicial. Tanto él como su compañera de defensa, Elena González, no han querido aportar más detalles de cómo ha transcurrido la declaración de sus representados, ya que se les ha apercibido expresamente de que, al tratarse de un juicio a puerta cerrada, no pueden trascender los datos de lo que ocurre dentro. Una cautela que les ha llevado a no decir siquiera el día en que se iba a reanudar el juicio.

A continuación, reproducimos sus palabras a la salida de la sede judicial esta mañana.

“Confianza en la justicia”

No obstante, antes de ese apercibimiento, a su llegada a la sede judicial, los letrados de la defensa habían asegurado que habían visitado ayer por la tarde a los acusados en el Centro Penitenciario de Asturias.

La abogada Elena González corroboró que los padres estaban “deseando que esto se resuelva” y puedan verse en libertad.

El miedo “insuperable”

“Es su oportunidad de poder explicarse ampliamente porque en la instrucción, realmente, como venían con el enfoque negativo que transfirió la policía local, estaba todo un poco contaminado”, afirmó la abogada.

“Ahora ya se han esclarecido los hechos y les van a escuchar claramente lo que ocurrió, por qué actuaron por un miedo insuperable y se autoconfinaron”, añadió.

Los tres hermanos ya están escolarizados “y rehaciendo su vida”, desde que fueron liberados del domicilio por agentes de la Policía Local, el pasado 28 de abril, y se encuentran en un centro de menores dependiente de la administración regional.

La vía penal

“El sistema y la sociedad les ha fallado porque la primera respuesta que se les ha dado ha sido la penal, cuando debería haber sido la última”, ha indicado Javier Guillermo Muñoz.

Está convencido de que la petición de las acusaciones es “desmedida y desproporcionada” ya que los niños “necesitan a sus padres para su normalización”, algo que el abogado confía en que pueda producirse, a pesar de que la custodia de los niños permanecerá en manos del Gobierno asturiano aunque haya una sentencia absolutoria.

La mejoría de los hermanos

En función de la sentencia, que se conocerá en una o dos semanas, según el letrado, se podrán arbitrar medidas que permitan avanzar hacia la normalización “de unos niños que precisan de sus padres”.

Los tres hermanos han mejorado mucho desde que abandonaron la casa, en la que permanecieron entre diciembre de 2021 y abril de 2025, ahora juegan y se comportan como otros niños de su edad y, aunque aún presentan déficits educativos, están “en camino de recuperación social y personal”, según los forenses que les han examinado.

El contacto de la familia

Por su parte, el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes, coincidió ayer con los abogados de la defensa en que este caso debería haberse derivado más a la vía asistencial que a la penal. En declaraciones a este periódico, el perito psiquiátrico destacó que lo más conveniente sería que los menores no perdieran el contacto con sus padres ya que actualmente apenas pueden escucharles por teléfono una media hora un día a la semana.

El próximo 19 de marzo se reanuda el juicio y, tras los informes de las defensas, el tribunal ofrecerá el turno de última palabra a los acusados por si quieren realizar algún tipo de declaración antes de que el juicio quede visto para sentencia.

Ni existe “una casa de los horrores”, ni tampoco “estaban retenidos los hijos, porque se trataba de un aislamiento voluntario”. Con esta argumentación, los abogados Javier Guillermo Muñoz Pereira y Elena González Martínez, tratarán de llevar al ánimo del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que el matrimonio formado por el alemán Christian S., de 53 años y la norteamericana con nacionalidad alemana Melissa A.S., nunca tuvo intención de retener a sus dos hijos gemelos, que actualmente tienen nueve años, y a su hijo mayor de 11, durante los cuatro años que estuvieron encerrados en un domicilio ubicado en la zona rural de la capital asturiana.

El matrimonio afronta sendas peticiones individuales de la Fiscalía de 25 años y cuatro meses de prisión acusado de los delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia por los cuatro años -de 2021 a 2025- que sus tres hijos menores de edad permanecieron ajenos a todo contacto con el mundo exterior, sin escolarizar y viviendo en una casa entre escombros, excrementos y en condiciones infrahumanas.

De los 25 años de cárcel a la absolución

Frente a esta petición de condena de la acusación pública, los abogados defensores interesan la libre absolución. Javier Guillermo Muñoz defiende a Melissa A.S., mientras que Elena González es la abogada que defiende a Christian S.

Ambos letrados llegaban juntos a la Audiencia Provincial y antes de traspasar la puerta de entrada a la sede judicial se vieron abordados por un numeroso grupo de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas, tanto de Asturias, como de Galicia, Madrid e incluso de Alemania, de donde procede el matrimonio. La expectación por conocer la versión de los padres era máxima.

“Los hijos no estaban secuestrados”

Sus primeras palabras fueron para rechazar rotundamente que la pareja tuviera secuestrados estos cuatro años a sus hijos. Christian y Melissa llevan ingresados en el Centro Penitenciario de Asturias desde su detención, el pasado mes de abril, cuando los agentes de la Policía Local de Oviedo liberaron a los tres menores tras una llamada efectuada por una vecina a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana. Entre tanto, los tres menores permanecen bajo la custodia de la administración del Principado de Asturias.

“Nuestro pronunciamiento va a ser absolutorio, porque este asunto creemos que debió llevarse por la vía de los servicios sociales, nunca del Derecho penal. No creemos que debe estar en la órbita del Derecho Penal. Esta familia decidió aislarse del mundo por las razones que se verán en el juicio y por los motivos que expresaremos aquí (en referencia a la Audiencia). Creemos y confiamos realmente en que la Sala va dictar una absolución sin perjuicio de que los Servicios Sociales de Asturias consigan adoptar las medidas necesarias, apoyando a la familia y a los niños”, expresó el abogado Javier Guillermo Muñoz, mientras su compañera Elena González asentía.

“Es una situación muy compleja”

Los abogados traducían sus propias declaraciones del inglés al castellano y viceversa, ante las numerosas interpelaciones que se les hacían desde los medios de comunicación españoles y alemanes.

“¿Por qué razones retuvieron a los niños en casa o mantuvieron a los niños en casa?”, fue la primera pregunta a la que, por razones obvias de que el juicio se celebra hoy y mañana a puerta cerrada por decisión del tribunal siguiendo el criterio de la Fiscalía, no podían responder con la argumentación que expondrán dentro de la Sala en la vista oral.

“Eso es precisamente el objeto de este juicio. Es una situación muy compleja. No son unas circunstancias tan simples. No hay ninguna casa de los horrores. Eso no existe aquí. Lo que ha habido es una situación de aislamiento voluntario. Una familia que no ha abandonado a sus hijos, sino todo lo contrario. Se ha volcado en sus hijos de una manera quizá extravagante o heterodoxa, lo podríamos llamar, pero desde luego no criminal”, ratifican los abogados defensores.

La denominación del caso responde a la manera en que fue bautizada la operación policial por los propios agentes al entrar en el domicilio.

“No debería ser un juicio penal”

Las defensas sostienen que el Derecho Penal no tiene encuadre en este caso concreto. Opinan que desde un principio se debería haber enfocado de una manera gradual, a través de los servicios sociales, que son los que tendrían que haber intervenido, ni la Policía, ni siquiera la justicia.

“Para eso estamos aquí, para que se determine la absolución”, corroboran casi al unísono, tanto con palabras como con lenguaje gestual.

“¿El daño a los menores?”

Ni Javier Guillermo Muñoz, ni Elena González creen que se haya podido acreditar durante la instrucción el daño que se habría podido producir a los tres menores, de ahí la importancia que se dará a la prueba pericial.

De antemano, los abogados recuerdan que al ser un juicio a puerta cerrada no pueden pronunciarse sobre ninguno de los detalles que serán motivo de análisis y debate de las partes, por lo que insisten una y otra vez en que no van a entrar en el fondo de la cuestión, aunque sí quieren aclarar que no hay un tema escabroso detrás de este “aislamiento voluntario”.

“No son unos delincuentes”

“¿Cómo están los niños”, se les pregunta. Y los abogados responden que “están bajo la tutela del Principado de Asturias”. “¿Y los padres, están confiados en el juicio?”, interpela un compañero de la prensa. Y la contestación es similar: “Están en prisión”.

No obstante, se les pide una valoración sobre su estado anímico, y las defensas aclaran: “Ellos no son unos delincuentes. Partiendo de esa premisa, las circunstancias de cómo se encuentran emocionalmente, obviamente son las de cualquier ciudadano normal que se encuentra en prisión y separados de sus hijos desde hace casi prácticamente un año. Así que no podemos definir -añaden- cómo están emocionalmente porque creemos que cualquier ciudadano, en circunstancias normales que no es un delincuente, obviamente sabrá cómo se deben de sentir”.

Los niños están ahora escolarizados

El estado psicológico y físico de los menores tampoco es una cuestión en la que los abogados defensores puedan ahondar y así lo manifiestan.

“Nosotros sobre los niños tampoco podemos pronunciarnos respecto a su estado psicológico, físico y demás. Ellos están yendo al colegio, están escolarizados, se están adaptando al nuevo patrón, digamos, de adaptación social y aprendiendo castellano”.

La custodia de los menores

Desde el Principado se ha incidido en que, de momento, dada la situación procesal de los padres y a la vista de que ningún familiar de los menores pudiera hacerse cargo de ellos, se pudiera optar por una familia de acogida temporal.

Esta cuestión también se le plantea a las defensas: “Nuestro objetivo es que si la Sala tiene a bien absolver a los padres que alguna vez, de manera gradual, puedan recuperar la custodia de sus hijos y lograr reunirse como familia que es del seno de donde ellos deberían desarrollarse. Los niños ahora mismo están bajo tutela de la administración, pero creemos que ese sería el camino correcto en pro y en protección de los intereses de los niños.

“Del tema de que se pudieran ir de acogida temporal, tendrán que preguntárselo a la Letrada del Menor, que es la que toma esas decisiones de las autoridades asturianas”, han añadido.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal relata en su escrito de conclusiones provisionales que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer, ni los menores de edad en registro público alguno, incluidos el escolar o la Seguridad Social.

Los deberes de protección

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según admite la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

El aislamiento

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa. Los gemelos, cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir y aún llevaban pañales.

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a este periódico un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

Las dos jornadas del juicio

La Letrada del Menor, Patricia Arce, solicita la misma pena que la Fiscalía -25 años y cuatro meses de prisión para cada miembro de la pareja- y no ha querido hacer valoraciones.

La primera jornada del juicio, que tiene lugar hoy ante el tribunal de la Sección Segunda, está previsto que se dedique a plantear las cuestiones previas que concurren. A continuación, prestarán declaración los policías locales y guardias civiles que intervinieron tanto en la liberación de los menores como en la detención de los padres.

También está previsto que testifiquen los agentes que hicieron la diligencia de registro en el domicilio y el reportaje fotográfico que acreditaba el estado en que se encontraba, así como los trabajadores sociales que han intervenido en la causa.

La cuestión de nulidad

Los padres declararán previsiblemente en la jornada de mañana y se procederá a elevar a definitivas las conclusiones provisionales de las partes.

Si no hay una modificación de calificaciones, las defensas interesarán la absolución e incluso plantearán una cuestión de nulidad al estimar que en esta causa “ha habido alguna irregularidad procesal y pondremos de manifiesto -aseguran- que la diligencia de entrada y registro no se practicó conforme a ley”.

Recibir una herencia suele verse como un beneficio, pero además de los bienes también incluye los derechos y obligaciones que una persona deja tras su muerte, y si no se gestiona con cuidado, puede llegar a comprometer seriamente el patrimonio personal. El abogado Xavi Abat, con más de 25 años de experiencia ejerciendo y que divulga en redes sobre temas legales, advierte de que la falta de información y la urgencia emocional son las principales causas de problemas legales y familiares en estas situaciones. Repasamos con él los errores más comunes y las claves para evitarlos. 

La aceptación tácita

“El error más habitual ,y de los más perjudiciales, que cometen los herederos justo después del fallecimiento es aceptar la herencia de forma tácita y sin conocer su contenido real, especialmente sin comprobar previamente si existen deudas”, asegura Abat.

Muchos herederos, por desconocimiento, realizan actos cotidianos como retirar dinero de las cuentas del fallecido, pagar recibos con esos fondos o usar su vehículo, cuando estos actos, explica el abogado, pueden considerarse una aceptación tácita. “Tenemos la falsa creencia de que si luego aparecen deudas, siempre se puede renunciar, pero no es del todo cierto porque una vez aceptada la herencia, la renuncia ya no es posible”, aclara.

Heredar deudas

En nuestro sistema jurídico, no solo se heredan los bienes, sino también las deudas, préstamos y avales. Si las deudas superan a los bienes y se acepta la herencia de manera pura y simple, el heredero deberá responder con su propio dinero, lo que puede provocar embargos de cuentas o nómina.

Para evitarlo, Abat es tajante: “Aceptar una herencia sin conocer las deudas es como firmar un cheque en blanco”. La solución, según el abogado, pasa por “actuar con cabeza, asesorarse jurídicamente y aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que permite pagar las deudas solo con los bienes heredados, protegiendo así el patrimonio personal del heredero”. Otra opción a la que apunta el experto “si claramente conocemos la situación y no tiene muy buena pinta” es optar directamente por renunciar a la herencia.

Las prisas y el caos fiscal

Otro error frecuente que apunta Abat es creer que, por ser un familiar directo, no hay que pagar impuestos o presentar documentación. “En casi todas las comunidades autónomas es obligatorio presentar el Impuesto de Sucesiones, aunque la cuota final sea cero; no hacerlo genera recargos, intereses y sanciones”, indica.

Además, el experto recuerda que “en materia sucesoria, la prisa es nuestro mayor enemigo”. No es necesario correr, pero sí actuar con orden: “El peor error no es tardar en hacer la herencia, sino hacer algo sin saber lo que se está haciendo”.

Los conflictos 

Por su experiencia en el sector, Abat afirma que la vivienda es, “con diferencia, la principal fuente de conflictos y problemas jurídicos en una herencia”. 

“Debemos ser conscientes de que una vivienda conlleva gastos constantes y silenciosos como el IBI, la comunidad, los seguros, reparaciones e incluso plusvalía municipal”, apunta el abogado, que reconoce que es muy habitual que los herederos no se pongan de acuerdo y surjan tensiones. Él apuesta por solucionar los conflictos de manera práctica y racional: “En herencias, lo emocional mal gestionado acaba en juzgados”. 

Las reglas de oro 

No hagas nada sin asesorarte. El experto insiste en no dar ningún paso, ni utilizar el dinero ni los bienes hasta conocer el estado real de las cuentas: “Debemos entender que una herencia bien llevada no es la más barata al principio, pero sí la menos costosa a medio y largo plazo, tanto económica como emocionalmente”.

Pide información completa. Antes de aceptar o firmar ningún documento, Abat recomienda tener los datos sobre el patrimonio y las deudas en bancos, Hacienda y Seguridad Social: “Es importante solicitar certificados, analizar patrimonio y deudas y estudiar la fiscalidad autonómica, que también puede dar complicaciones cuando ha habido cambios de residencias a lo largo de la vida del causante”.

Dejar por escrito. Si hay varios herederos, el abogado aconseja “pactar por escrito el uso de los bienes, el reparto de los gastos y acordar la intención de vender o adjudicar”.

Hacer testamento. Abat deja claro que la mejor forma de evitar problemas futuros es dejar un testamento bien definido y asesorado, especialmente si la herencia es compleja: “Con ello se evitan luego mil problemas”.

Ni los tambores de guerra en Europa, ni el genocidio en Gaza, ni el expansionismo indisimulado de Donald Trump son suficientes para que Philippe Sands, aclamado escritor y prestigioso jurista experto en derecho humanitario, pierda la fe en las leyes.

“Existe la conversación sobre que estamos o nos dirigimos hacia un mundo sin leyes”, señala ante un centenar de juristas y estudiantes de derecho en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona. “Me parece un completo disparate”.

Sands es uno de los grandes abogados expertos en derecho internacional de las últimas décadas. Ha participado en docenas de casos relevantes ante la Corte Penal Internacional, asesora a Gobiernos y organizaciones humanitarias y, además, es un reputado autor cuyos libros, siempre basados en historias jurídicas, han sido traducidos a 32 idiomas.

“Empecé a escribir para el público general porque me di cuenta de que si solo hablamos entre académicos no tenemos impacto”, explica a los presentes (todos son académicos). “Tenemos que encontrar la manera de conectar con los ciudadanos que realmente están preocupados por estos temas”.

El abogado participó el martes en un seminario en la UPF, un día antes de ser investido doctor honoris causa por esta universidad. En el encuentro, diversos juristas se interesaron por su visión sobre la utilidad de un derecho internacional que a veces parece no imponer ningún límite a los Estados más poderosos.

Sands, uno de esos pocos autores reverenciados tanto en el mundo académico como entre los lectores de a pie, no quiere perder la esperanza. No es que sea el único ingenuo de la sala; conoce mejor que nadie las disfunciones que ha habido y habrá en el orden mundial. Incluso admite que el escenario surgido tras la aprobación del Tratado Atlántico y el fin de la Segunda Guerra Mundial está en riesgo de saltar por los aires, pero esto tampoco supondría el fin. 

“Estamos en un momento de enormes desafíos, se están produciendo flagrantes violaciones del derecho internacional y se seguirán produciendo”, sostiene. “Pero el patrón siempre ha sido este: hay un momento de creación y elaboración —1648, 1815, 1918, 1945— después llega el desastre y mucha gente muere de forma horrible. Luego viene la reconstrucción. Y casi siempre parte de lo que existía antes y se apoya, invariablemente, en un sistema de derecho internacional”.

El optimismo de Sands se apuntala en casos concretos. Cita los tratados “silenciosos” que le han permitido volar esa mañana a Barcelona, tener cobertura en su teléfono, comprar cosas de otra parte del mundo o que se investiguen redes criminales que operan en distintos países. “No escucho a nadie quejarse de todos estos tratados”, ironiza. “El 98% de los tratados internacionales funcionan, pero solo nos fijamos en el otro 2%”. 

La defensa de Sands del derecho internacional planea incluso sobre personajes y escenarios en los que el respeto por las normas brilla por su ausencia.

Recuerda cómo Trump, en su intento de crear el Consejo de Paz para Gaza, lo vehicula a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Destaca cómo, por miedo a las sanciones, las grandes compañías petroleras americanas no se han atrevido, por ahora, a mancharse las manos de crudo venezolano. Subraya cómo incluso Vladímir Putin esgrimió el derecho internacional para justificar su invasión de Ucrania y cómo una posible salida del conflicto se basará también en esas leyes.

“Es el único lenguaje común que tenemos”, apunta. “Si os fijáis, todo el mundo acaba intentando justificarse o defenderse haciendo referencia al derecho internacional”.

El autor explica que viene de pasar un mes entero en La Haya, escuchando testimonios durísimos sobre el genocido contra los rohingyas en Myanmar. “¿Por qué íbamos a pasarnos cuatro semanas ahí, ante 15 jueces, si no existiera el derecho internacional?”.

En juego está la primera condena a un Estado por genocidio y Sands lo esgrime como ejemplo de la evolución, lenta y desigual, del acervo internacional. Explica que cuando él era un estudiante, no había ni un solo caso juzgándose en la Corte Penal Internacional. “¡Ahora vas ahí y hay cientos!”, exclama.

“Estamos en un período de construcción”, abunda el jurista. “Y habrá un paso adelante, un paso de lado, un paso atrás y otro paso adelante”.

El escritor precisa que harán falta décadas o más para que el derecho internacional se equipare a las normas internas de cada país, pero acabará ocurriendo. “Está en la naturaleza misma de la existencia humana”, concluye. “Las comunidades necesitan convivir”.

La preocupación por el cambio climático

La confianza de Sands se empaña cuando un estudiante de doctorado le pregunta por la posibilidad de incluir el ecocidio como quinto crimen internacional —actualmente hay cuatro: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

“Ni Ucrania ni Sudán ni Gaza”, responde el académico. “Lo que más me preocupa a día de hoy es el cambio climático”. Según Sands, es el factor que tiene mayor capacidad de transformar el mundo, el que afectará a más gente y el único que es difícil de regular. 

Sands ha participado en todos los casos de justicia penal internacional que han tratado el medio ambiente y admite que existe un preocupante vacío legal al respecto.

Reconoce que, aunque al principio mostró escepticismo sobre las posibilidades de articular algún tipo de regulación sobe el tema a nivel internacional, desde 2020 coordina un grupo de trabajo para incluir el crimen de ecocidio en la justicia.

“Percibí que algo estaba cambiando”, señala. “Hasta la fecha todos los crímenes que se han tipificado se encargan de proteger al ser humano, pero ahora veo a los jueces capaces de abordarlo y mirar más allá”.

Aunque el momento sea complicado, Sands cree —vuelve el optimismo— que el proceso formal que ha arrancado para regular el crimen de ecocidio acabará cristalizando debido al cambio generacional que se impondrá en los tribunales y centros de poder. “No sé cuándo será, pero acabará ocurriendo”.

“Es antijurídico cambiar la custodia cuando hay una investigación penal abierta”. Así resume la letrada de la madre la resolución dictada el pasado 26 de enero por la Sección de Familia, Infancia y Capacidad del Tribunal de Instancia de Sevilla número 6, que ordenó la entrega de la menor a su padre mientras existía contra él una causa penal en curso por supuestos abusos hacia su hija.

La investigación fue archivada provisionalmente una semana después, el 2 de febrero, al no apreciar el juzgado indicios suficientes para continuar el procedimiento. Una decisión que también ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial por parte de la representación legal de la madre, que defiende que el sobreseimiento se ha dictado de forma “prematura”, antes de agotar todas las diligencias y sin recabar el informe “preceptivo” del Ministerio Fiscal.

En una entrevista con este medio, la letrada Elisabeth Guerrero afirma que este caso evidencia una falta de coordinación entre jurisdicciones y pone de manifiesto un problema estructural en el ámbito jurídico: “No hay tanta protección como jurídicamente se plasma en la Ley de Protección del Menor, el interés superior del menor no se traduce en la práctica jurídica y, a veces, se produce una descoordinación entre la vía penal y civil que provoca una serie de perjuicios que termina pagando la niña”.

La abogada sostiene que la ausencia de criterios unificados entre juzgados deja la decisión final “al arbitrio” de cada magistrado. “Nunca he visto un caso tan arbitrario”, expresa. “El auto es muy subjetivo porque la jueza considera que el interés del menor está en no seguir investigando, pero yo, como letrada y como madre, entiendo que, dadas las circunstancias, el interés de la menor es llegar hasta el fondo de la cuestión, no abortar la investigación basándose en prejuicios que no deben primar en una causa penal”, opina Guerrero.

La abogada alude a que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla descartó en su auto someter a la menor a nuevas evaluaciones al considerar que podrían resultarle perjudiciales. La resolución añade que el contexto de “conflictividad” entre los progenitores obliga a extremar la cautela en la valoración de las manifestaciones de la niña y aprecia en la actuación de la madre “un interés que va más allá del interés superior del menor”.

La niña con el padre y la madre en un “limbo jurídico”

La defensa de la madre sostiene que su clienta incumplió el régimen de visitas movida por la preocupación ante las manifestaciones realizadas por su hija respecto al padre. En los partes médicos incorporados a la causa se deja constancia de que la menor, a solas con el facultativo, señaló a su padre como responsable del dolor que refería en cuello, extremidades y zona genital. Guerrero subraya que la jueza de Familia que acordó el cambio de custodia tenía conocimiento de que existía una causa penal en curso por estos hechos.

Por ello, defiende que “no procedía” modificar la custodia mientras seguían abiertas diligencias penales y estaban pendientes de resolver medidas cautelares solicitadas al amparo del artículo 94 del Código Civil, que prevé la suspensión del régimen de visitas cuando un progenitor está incurso en un proceso penal por hechos cometidos contra el otro progenitor o los hijos. “Existían alternativas menos gravosas que la retirada de la menor del domicilio materno”, apunta la letrada.

Apenas unos días después de que se produjera la entrega de la niña, la defensa recibió la notificación del archivo provisional del procedimiento penal. Esa proximidad temporal lleva a la abogada a considerar que la resolución civil pudo haber “contaminado” la valoración realizada en la vía penal, al introducir —según su versión— un juicio anticipado sobre la intencionalidad de la madre que no debería haber condicionado la investigación. “Se da por hecho que puede haber manipulación por parte de ella, pero no hay ningún informe técnico que lo acredite”, esgrime Guerrero, quien incide en que “no se puede prejuzgar toda la causa porque impidiera las visitas: es lo que cualquier madre en su sano juicio haría”.

La letrada señala, al hilo, que el auto de sobreseimiento incluye “conjeturas y valoraciones subjetivas” que han desembocado en el cierre provisional del procedimiento. “El resultado es que ahora la custodia la tiene el padre y la madre está en un limbo jurídico, sin saber qué régimen de visitas va a tener ni cuál será su situación definitiva”, explica. La letrada ha solicitado que se continúe investigando los hechos relatados por la menor y que se practiquen las diligencias que, a su juicio, quedaron pendientes.

“Los abusos no tienen por qué dejar huella física”

Elisabeth Guerrero, abogada especializada en Derecho Penal y Derecho de Familia, sostiene que en procedimientos de este tipo el testimonio de la menor puede tener un peso determinante cuando reúne garantías suficientes. En esta causa constan al menos tres partes médicos de urgencias emitidos por distintos facultativos del Servicio Andaluz de Salud entre mayo y julio de 2025, en los que se describen lesiones en cuello, extremidades y zona genital, además de recoger manifestaciones espontáneas de la menor identificando como autor a su padre.

No obstante, el auto de archivo provisional se apoya en el informe forense, que concluye que, de los siete partes revisados, solo dos reflejan lesiones leves compatibles con presión manual y que no pueden considerarse indicio concluyente de violencia intencional. Frente a ello, la letrada subraya que “no tiene por qué haber lesiones físicas de gravedad para que una niña esté sufriendo abusos” y recuerda que la jurisprudencia viene señalando que este tipo de delitos no siempre deja huella física.

A su juicio, el sobreseimiento se ha acordado de forma “prematura porque faltan pruebas”. En concreto, alude a la prueba preconstituida recomendada por el Programa especializado de Evaluación y Diagnóstico (ADIMA), que consiste en la evaluación de la menor a través del método de la cámara Gesell, por parte de un psicólogo infantil especializado, con el fin de recoger su testimonio con garantías y evitar su revictimización. Según explica, el propio informe señalaba que no podía emitir una valoración definitiva con la primera vista y aconsejaba continuar la evaluación.

“La niña ha hecho una serie de manifestaciones que obligan a seguir investigando si eso que ha señalado está sucediendo o no”, asevera la letrada, quien insiste en que la investigación es aún más pertinente al tratarse de una menor. Guerrero también cuestiona que el archivo se haya dictado sin informe previo del Ministerio Fiscal, al que corresponde la defensa del interés del menor. “En un procedimiento que afecta a una niña, el fiscal interviene en representación de sus derechos y debió darse traslado antes de acordar el archivo, pero ese informe yo no lo tengo”, asegura.

La causa se encuentra ahora pendiente de la resolución de los recursos ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, la custodia continúa atribuida al padre, a la espera de que se pronuncien los tribunales.

La causa contra Álvaro García Ortiz ha llegado a un nuevo punto de conflicto después de ser condenado: las costas judiciales. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha adelantado esta mañana el periódico El Mundo, ha solicitado que el ex fiscal general del Estado pague casi 65.000 en costas por los honorarios generados por su abogado durante la tramitación de la causa. Una petición que cuadruplica la condena que impuso el Tribunal Supremo a García Ortiz entre la multa y la indemnización después de declarar probado que él o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista.

La Sala de lo Penal, con dos magistradas en contra, decidió condenar al ex fiscal general del Estado al responsabilizarle de la filtración. Una condena de dos años de inhabilitación para ejercer como líder de la Fiscalía añadida a dos sanciones económicas: una multa de 7.200 euros y la obligación de indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador por las consecuencias de la filtración. Muy por debajo de los 300.000 euros de resarcimiento que había pedido la pareja de Ayuso y también de la multa de 108.000 euros que había pedido.

El Supremo condenó a García Ortiz a pagar las costas de la acusación particular y la mitad de “las restantes” y ahora la defensa del empresario, ejercida por el letrado Gabriel Rodríguez-Ramos, ha presentado al Tribunal Supremo sus honorarios: 64.778 euros según sus propios cálculos. La cantidad final, en cualquier caso, será establecida por la Letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su decisión podrá ser recurrida tanto por González Amador como por García Ortiz.

Fuentes cercanas al ex fiscal general entienden que se trata de una cantidad desmesurada, sobre todo teniendo en cuenta que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estableció unas responsabilidades económicas más de diez veces inferiores a las solicitadas por González Amador. Los propios jueces consideraron desproporcionadas sus solicitudes de condena, también la de cuatro años de prisión, dejando el castigo en dos de inhabilitación. Ahora el Supremo tendrá que examinar el detalle de los gastos remitido por el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El caso contra Álvaro García Ortiz, después de haber sido condenado en firme, está a la espera de los últimos trámites antes de poder presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado incidentes de nulidad contra la condena y la Sala de lo Penal tiene pendiente su resolución en las próximas semanas. Cuando ese incidente de nulidad quede previsiblemente rechazado por la misma mayoría que firmó su condena, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional.

Mientras tanto el Ministerio de Justicia ya tramita varias peticiones de indulto presentadas por terceras personas para que la condena de García Ortiz sea perdonada. Por el momento, el departamento que dirige Félix Bolaños se ha limitado a pedir un informe al Ministerio Público en un proceso en el que también tendrá que dar su opinión el Tribunal Supremo. Un posible indulto, tal y como ha explicado elDiario.es, no le permitirá recuperar el dinero que ya ha pagado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, asociación que presidió García Ortiz y que ha sido crítica tanto con la condena como con la instrucción del caso, hizo una colecta para conseguir todo el dinero que el ex fiscal general había sido condenado a pagar.

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa. 

El pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha decidido dejar fuera de sus órganos directivos a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según informa este organismo, Ribón será sustituido en la vicepresidencia por la decana de Barcelona y también se queda fuera de la comisión permanente. Un movimiento que llega en el momento más tenso de las relaciones entre ambos organismos: el Consejo ha demandado por impagos al colegio madrileño por disminuir unilateralmente la cuota que aporta cada trimestre y, además, ha decidido no cobrar la tasa de nueva incorporación a los nuevos colegiados.

Ambas instituciones mantienen un enfrentamiento económico desde hace un año que ha terminado en los tribunales con una demanda por impago interpuesta por el Consejo contra el ICAM. Antes de eso, en diversas entrevistas, el propio Ribón había explicado que sus “desencuentros” con el CGAE, que ahora preside Salvador González, eran “evidentes” desde hace casi tres años. En este último curso, según explican fuentes conocedoras del conflicto, las discusiones se habían trasladado al terreno económico.

Fue a principios de 2025, explican estas fuentes, cuando el ICAM decidió que este colegio de la abogacía, el mayor de toda Europa, iba a disminuir la cuota que pagaba al CGAE. Un dinero que sale de las cuotas que pagan los afiliados y que se destina a financiar la actividad del Consejo a nivel estatal. Esta disminución de los pagos se ejecutó y el pleno del Consejo decidió en julio presentar una demanda por impago contra el ICAM por la vía civil.

A nivel interno, en las juntas del ICAM de finales de 2024, Ribón había justificado que el colegio madrileño estaba pagando dos veces por el mismo servicio al contar Madrid con un Consejo de Colegios que agrupa el de la capital y el de Alcalá de Henares. “Cabe detraer de la aportación presupuestaria la cantidad que el ICAM aporta para el sostenimiento del Consejo de Colegios de la Abogacía de la Comunidad de Madrid”, dijo antes de obtener el apoyo unánime de la Junta de Gobierno madrileña.

En paralelo, indican estas fuentes, el curso 2026 ha arrancado con otro agravio económico con el ICAM anunciando en los presupuestos de 2026 que no exigirá a los nuevos afiliados el pago de la tasa de incorporación que va destinada al CGAE pero que pueden gestionar y recaudar los colegios autonómicos.

En ese contexto de enfrentamiento, aunque sin aludir directamente a ello, el pleno del Consejo General de la Abogacía Española ha decidido en Cuenca renovar la estructura de su organización y su comisión permanente. Eugenio Ribón es destituido como miembro de esta comisión y como vicepresidente del organismo. Ocupará el puesto de vicepresidenta primera Cristina Vallejo, decana de Barcelona, y como vicepresidente segundo ejercerá Leandro Cabrera, decano de Granada.

En un comunicado, el ICAM de Eugenio Ribón recuerda que el cese “se produce tras las discrepancias mantenidas entre el ICAM y el CGAE en relación con el modelo de financiación y la gestión del presupuesto del Consejo”. El conflicto, explica, está en sus “propuestas” sobre financiación, rechazadas “sin que existiera margen para el diálogo”.

La acusación contra el fiscal general

El Colegio de Abogados de Madrid, que cuenta con más de 74.000 colegiados, tuvo un papel protagonista en la causa judicial que desembocó en el juicio y la condena contra Álvaro García Ortiz, entonces fiscal general, por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM, a través del propio Ribón, fue el primero en presentar una denuncia conta la Fiscalía en los juzgados de Madrid y llegó a pedir cuatro años de prisión para García Ortiz en el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.

Ese papel como acusación popular se tradujo en peticiones de dimisión contra Ribón por parte de diversas organizaciones, entre ellas la Asociación Libre de la Abogacía (ALA), que acusó al ICAM de buscar la “impunidad” de la pareja de Ayuso en su caso de fraude fiscal, todavía pendiente de juicio. El ICAM aseguró que siempre ejerció su papel en ese caso al margen de cuestiones “políticas y personales”. Su papel en la causa también fue cuestionado por los cursos para abogados organizados en fechas próximas al juicio y en los que participaron tres de los magistrados que formaron el tribunal y apostaron por condenar a García Ortiz, tal y como reveló elDiario.es. Dos de ellos incluso bromearon con que en esas fechas estaban en plenas deliberaciones.

A lo largo del juicio y de la instrucción el propio Ribón esgrimió su papel como vicepresidente de la Abogacía Española para legitimar la denuncia que habían presentado contra la Fiscalía y la acusación popular que ejercían contra García Ortiz en el proceso. Una vicepresidencia que acaba de perder según acaba de decidir el pleno del Consejo General de la Abogacía Española.

El cantante Julio Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán mientras la Fiscalía de la Audiencia Nacional pone en marcha la investigación contra él por las acusaciones de dos de sus extrabajadoras. Un exmagistrado considerado uno de los abogados penalistas más reputados de España al que han acudido personas como Cristina Cifuentes, Cristiano Ronaldo, Corinna Larsen, David Marjaliza y, más recientemente, el empresario Víctor de Aldama.

Tal y como ha revelado la investigación conjunta de elDiario.es y Univision, dos antiguas trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias han acusado al cantante y dos de sus colaboradoras de hasta seis delitos. Un relato de años de abusos tanto sexuales como laborales en sus casas de República Dominicana y Bahamas que ya está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional española. El Ministerio Público ha abierto diligencias pre procesales y, mientras analiza si es competente o no para investigar el caso, ha decidido tomar declaración a las dos denunciantes.

Ni Julio Iglesias ni su entorno se han pronunciado oficiamente sobre las informaciones exclusivas de elDiario.es y Univision. Su primer movimiento ha sido contar con los servicios de uno de los abogados más cotizados de España a la espera de saber si la Fiscalía de la Audiencia Nacional se declara competente y termina presentando una hipotética denuncia ante el tribunal central. Iglesias tiene derecho incluso a personarse en esta fase de las diligencias aunque una posible imputación no llegaría hasta que el caso pasara el filtro de un juzgado.

José Antonio Choclán conoce bien los tribunales y, en particular, la Audiencia Nacional. Fue magistrado en este tribunal central hasta que decidió cambiar de toga y pasarse a la abogacía. En la última década ha sido reconocido por impulsar confesiones y pactos para algunos de los principales acusados en grandes casos de corrupción, como David Marjaliza en Púnica y Víctor de Aldama en el caso Koldo. También llevó las riendas de la estrategia procesal de Cristiano Ronaldo cuando pactó una condena por fraude fiscal.

Su firma está también en pactos históricos de la Audiencia Nacional como defensor de la familia Carceller y ha defendido a políticos como la fallecida Rita Barberá, libró del banquillo al expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez y también tuvo en su lista de clientes al presidente canario, Fernando Clavijo. Su especialización en delitos económicos le ha llevado a ser abogado en procesos como el de las tarjetas Black, la Caja de Ahorros del Mediterráneo o la quiebra del Popular.

Pero no todo han sido condenas pactadas en la carrera de Choclán. También defendió a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, en el 'caso Máster' desvelado por elDiario.es, consiguiendo la absolución de la política del PP. Y fue el representante legal de Corinna Larsen, la aristócrata expareja de Juan Carlos de Borbón, en sus pleitos contra el monarca emérito.

elDiario.es y Univision se han puesto en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

Comprobación de datos y edición: María Ramírez y Natalia Chientaroli

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Gema Fernández es una de las abogadas de la organización internacional de derechos humanos Women's Link Worldwide que acompaña la denuncia de Laura y Rebeca contra Julio Iglesias ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En esa denuncia, las abogadas de las dos mujeres que decidieron romper su silencio en la investigación de elDiario.es y Univision Noticias, identifican varios posibles delitos: “trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre” junto con “varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual”, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores “por la imposición de condiciones laborales abusivas”. Los hechos sucedieron en 2021 en las mansiones que el cantante tiene en República Dominicana y Bahamas. Gema Fernández da más detalles sobre la acción legal de estas dos mujeres.

¿Por qué se presenta esta denuncia en España y no en los países donde se produjeron los hechos?

Los hechos que relatan las denunciantes se pueden investigar en España porque el denunciado tiene un vínculo con España, que es la nacionalidad. Las leyes procesales permiten excepcionalmente investigar y juzgar hechos que se cometen fuera del territorio del Estado cuando se cumplen determinadas circunstancias; por ejemplo, que haya una vinculación con el autor del delito o las víctimas, como es en este caso la nacionalidad del denunciado. También lo permite cuando los hechos no se han perseguido en los países donde se han cometido y los delitos también son punibles en esos países. Se cumplen todas esas circunstancias y pensamos que España tiene unas leyes de protección contra la trata y contra las violencias de género, a través de los tratados internacionales de los que es parte y de su desarrollo legislativo, que pueden dar acceso a la justicia a estas mujeres.

También por el tipo de delitos de los que estamos hablando. Hay dos convenios del Consejo de Europa, el de Varsovia, que lucha contra la trata, y el de Estambul, contra la violencia sexual y la violencia de género que establecen obligaciones a los Estados que se adhieren de modificar su legislación para garantizar que tienen jurisdicción para conocer de los hechos y delitos que protege el convenio. España, que es parte de los dos convenios, se comprometió a modificar sus leyes internas para asegurar que puede juzgar a personas que cometan estos delitos, así sea fuera del territorio del Estado.

¿Qué delitos identifican en la denuncia?

Nosotras ponemos unos hechos en conocimiento de la Fiscalía y corresponde a la Fiscalía en última instancia determinar si esos hechos corresponden a determinados delitos. Pero nos parece que los hechos relatados coinciden con posibles delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado o servidumbre, delitos contra la libertad sexual, acoso, agresiones sexuales, algún delito de lesiones derivados de esas agresiones sexuales. Y, por último, la posibilidad de que existan delitos contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones laborales forzadas y por la falta de cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social.

¿Por qué los hechos podrían dar lugar a un delito de trata? ¿Cuáles son los elementos necesarios para que se pueda hablar de un delito de trata de personas?

El delito de trata de personas está definido con una serie de elementos que incluyen una captación, un traslado, una recepción y una finalidad de explotación, y por los medios comisivos: cómo se logra captar a una persona, sacarla de su entorno, llevarla a otro lugar con la finalidad de explotarla, obtener un beneficio económico de ella a través de medios como el engaño, la violencia, o el abuso de una situación de poder. En este caso habría engaño: estas mujeres realmente no sabían cuáles iban a ser las condiciones laborales en las que se iban a desempeñar. Nunca hubo una conversación formal acerca del contenido del trabajo en sí mismo, era una captación a través de un mensaje en redes, en unas determinadas redes donde se sabía que se podían encontrar mujeres y chicas del gusto del denunciado, de una determinada edad, de un determinado origen social y de una determinada etnia o color de piel.

Esa era la captación, luego el traslado las aísla un poco de su entorno, se las lleva a vivir en una casa donde además también van a trabajar. Y es ahí donde se produce esta explotación. El delito de trata siempre lo relacionamos más con trata con fines de explotación sexual, pero la trata puede tener otro tipo de explotación. Digamos que son los mismos elementos (la captación, el traslado y la explotación de alguien), pero en este caso estaríamos hablando de la imposición de unas condiciones de trabajo que se asemejan a la servidumbre, a personas que están en casa al servicio las 24 horas del día

Proponéis una calificación de delitos de agresión sexual con el Código Penal de 2021, el año en que se produjeron los hechos, en la mano. En ese momento, no estaba vigente todavía la ley del solo sí es sí y para calificar unos hechos de agresión sexual se requería que existiera violencia o intimidación. En la denuncia vosotras defendéis que los delitos habrían sido agresiones sexuales y no abusos, ¿por qué?

Como los hechos son del año 2021 nos vemos obligadas a referirnos al Código Penal que estaba vigente en ese momento y además siempre con respeto del principio de menor lesividad para el acusado. En el Código Penal del año 2021, los delitos contra la integridad sexual tenían dos escalones diferentes: el abuso y las agresiones. No había un modelo basado en el consentimiento, la diferencia radicaba en el uso de violencia o intimidación. Nosotras entendemos que los hechos que se relatan se produjeron en un clima de intimidación constante, de control, de jerarquía, de diferencia de poder notable, y se producían además en presencia del denunciado y de otras dos personas que también tenían una relación de jerarquía laboral con las denunciantes. En este clima nosotras entendemos que se dan las circunstancias para hablar de agresión sexual y no de abuso.

Habláis de intimidación ambiental, ¿es ese el concepto clave?

Sí, creemos que hay que ponerlo todo en su contexto. Estamos hablando de unas agresiones sexuales que no podemos encapsular, individualizar y de repente solo mirar ese momento, sino hay que entender todo el clima laboral, el ambiente de miedo, de control, los insultos, los gritos, todo ese ambiente que ellas relatan para entender cómo luego, en el momento concreto en el que se está produciendo la agresión sexual, opera. Ese concepto de intimidación ambiental se refiere a ese ambiente opresivo, ese ambiente en el que –ellas lo explican muy bien en su testimonio– te hace sentir que no puedes decir que no, que no hay escapatoria. A eso nos referimos cuando hablamos de intimidación ambiental.

Ahora que la denuncia está presentada, ¿en qué fase del proceso estamos?

Nosotras hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que consideramos que hay que investigar y que podrían potencialmente ser delictivos. No nos hemos querellado, no hay un proceso judicial todavía abierto. Esto es una fase anterior, por eso se llaman diligencias preprocesales. La Fiscalía decide si tiene elementos suficientes para acusar a una persona o personas determinadas por una serie de delitos. Hay un límite legal de seis meses para llevar a cabo estas diligencias preprocesales para darle la garantía de los investigados de que esto no se prolongue sine die. Excepcionalmente, la Fiscalía puede prorrogar otros seis meses si el caso es especialmente complejo o si existen razones de peso.

La Fiscalía tiene que decidir, primero, si considera que hay jurisdicción de la Justicia española para investigar y juzgar los hechos. En segundo lugar, quién sería el órgano competente. Y en tercer lugar por qué delitos tendría que acusar. Iniciaría una querella contra el acusado o, si no, cerraría las diligencias preprocesales si considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación.

Si la Fiscalía no se querella contra Julio Iglesias, ¿qué otras vías se abren para que estas mujeres accedan a la Justicia?

Si la Fiscalía cierra la investigación, no es obstáculo para que las denunciantes puedan presentar una querella penal ellas mismas ante la Audiencia Nacional o ante el órgano que consideren competente, solicitando que se investiguen y se juzguen los hechos. Es decir, una vía no precluye la otra. Eso, en su momento, habría que valorarlo con ellas. 

¿Qué pruebas sostienen esta denuncia?

La denuncia está argumentada. En esta fase del procedimiento, no queremos entorpecer el curso de la investigación ni compartir información acerca de las pruebas. 

¿Pero nos podría decir si hay algo más allá de los testimonios? ¿Si están respaldados por algún tipo de pruebas?

Como estamos viendo, la investigación periodística está muy bien montada y fundamentada. Se han corroborado muchos de los testimonios, se han buscado otros de personas que trabajaban en las mismas casas durante ese tiempo. Se ha cotejado la información con más personas y también hay prueba documental, como la de los centros médicos a los que acudían estas mujeres a hacerse los exámenes ginecológicos. Hay pruebas de los teléfonos de las denunciantes...

¿Habéis pedido medidas de protección para las denunciantes? 

Sí, para nosotras una de las cuestiones más importantes es la seguridad de las mujeres a las que estamos acompañando y representando. Ellas han hecho un esfuerzo considerable a la hora de prestar su testimonio y para nosotras es muy importante garantizar que ellas puedan estar protegidas y seguras a lo largo de todo el procedimiento y de la investigación. 

¿Cuál es el temor? ¿Qué medidas se piden?

Ellas están en una situación de vulnerabilidad. Hay una enorme diferencia de poder con respecto al denunciado. Estamos hablando de una persona que tiene mucha capacidad de influencia, mucho poder y que puede encontrarlas y tratar de amedrentarlas, amenazarlas o tratar de convencerlas para que desistan de las acciones legales. Por eso ellas han decidido permanecer en el anonimato y nosotras hemos solicitado a la Fiscalía que proteja sus datos personales y que no trascienda ninguna información que pueda servir para localizarlas. También, si les van a tomar declaración, que no sea revictimizante. Además, hemos solicitado a la Fiscalía que nos vaya informando pertinentemente y en la medida de lo posible de estas medidas de protección que están adoptando.

Si la Fiscalía pide la declaración de las mujeres, ¿esa declaración se podría hacer desde los países en los que ellas se encuentran?

La Fiscalía utiliza medios telemáticos que ya tiene incorporados en su trabajo para prestar declaración o recabar el testimonio de las mujeres. No es necesario que viajen aquí.

¿Qué tipo de organización es Women’s Link Worldwide y por qué ha decidido involucrarse en este caso?

Women's Link es una organización feminista legal de derechos humanos y trabajamos usando herramientas jurídicas, procesos legales o el litigio estratégico para acompañar procesos de búsqueda de justicia de mujeres, niñas, personas de género diverso que enfrentan la discriminación del sistema y las violencias que se dirigen hacia ellas por ser mujeres, por ser niñas, por ser mujeres racializadas u otros vectores de discriminación que les afectan. Nosotras tenemos un histórico de acompañar procesos de búsqueda de justicia para señalar esos fallos sistémicos que impiden que mujeres y niñas de muchas partes del mundo puedan disfrutar de sus derechos y que puedan vivir vidas libres de violencia. 

Cuando tuvimos conocimiento de la situación de Rebeca y de Laura, como siempre hacemos, hablamos con ellas, nos sentamos para escucharlas, para entender cuáles eran sus deseos y sus objetivos, como qué estaban buscando, cuáles eran sus definiciones de justicia, qué significa justicia para ellas, para entender si nosotras podemos acompañarlas en ese camino. Ellas querían poner su testimonio al servicio de la justicia, de la verdad, de romper el silencio contra las violencias que enfrentan mujeres de países del sur global, racializadas, jóvenes con situación económica vulnerable que están enfrentándose al poder de los poderosos, de los hombres blancos ricos que llegan a estos países y manejan los cuerpos de otras personas a su antojo. Cuando escuchamos lo que ellas querían hacer, entendimos que nosotras podíamos acompañarlas en esa búsqueda de justicia. 

¿Hay más víctimas? ¿Women's Link está dispuesta a representar a más mujeres que quieran sumarse a esa denuncia?

No nos vamos a pronunciar sobre si hay más víctimas o no. Nosotras estamos representando a Rebeca y a Laura. Y si hay más mujeres que escuchan sus testimonios, conocen esta iniciativa y quieren hablar y ofrecer su testimonio, siempre pueden ponerse en contacto con nosotras. En nuestra página web está la información de contacto y podemos valorar caso por caso si estamos en la capacidad de ofrecerles también un apoyo o si necesitarían contactar con alguna otra organización.

¿Qué cree que puede suponer el impacto de este caso para la lucha contra la violencia sexual y el machismo?

Este caso se suma a muchos otros en los que las mujeres, hablando de las experiencias de violencia, de abuso y de acoso históricamente experimentadas, estamos generando una nueva narrativa. Estamos poniendo sobre la mesa las cuestiones que nos afectan por ser mujeres en los diferentes ámbitos en los que nos desenvolvemos. Puede ser una mujer profesional, puede ser una mujer con poder, puede ser una mujer desempoderada, empobrecida, racializada… a cada una de nosotras en nuestro entorno y en la posición social y económica en la que estés, nos puede suceder.

Nos podemos encontrar con algún hombre que piensa que puede abusar o de nosotras, o acosarnos o tratarnos como objetos. Este caso se suma a todo ese elenco de mujeres que anteriormente también se han plantado, han hablado y han compartido sus historias. Yo creo que está cambiando un poco la percepción que hay sobre las relaciones de género, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y las relaciones de clase y raza. Yo creo que estamos un poco tirando de la manta y desvelando un poco todas estas situaciones.

Este es un caso que afecta a una persona que es como un pilar cultural de este país, una persona con mucho prestigio social, mucha fama que conecta no solo con una profesión, sino también con una imagen que se tiene de una persona. El testimonio de Rebeca y de Laura está contribuyendo a desmontar ciertas imágenes que socialmente nos hemos encargado de construir. En los últimos días estaba viendo entrevistas de los años 90, cosas que en su momento pasaban más por el aro. La sociedad estaba más permisiva con este tipo de conductas, y son cosas que ahora, afortunadamente, nos chocan. Ver cómo agarra una presentadora para darle un beso forzadamente, como constantemente está tocando a las mujeres de formas inapropiadas, no consentidas, fuera de lugar. Era como una gracieta, pero ahora hay cada vez más reproche social a este tipo de acciones. Yo creo que este caso definitivamente contribuye a desmontar esos mitos que hemos ido creando culturalmente.

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Julio Iglesias no ha respondido a las preguntas que le han hecho elDiario.es y Univision Noticias. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

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Al cierre de un ejercicio marcado por una intensa actividad legislativa, de manera especial por la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia, el Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) muestra su “profunda preocupación” por el atasco judicial provocado por el nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia y temen que genere un “colapso en los tribunales”. Asimismo, la institución ha advertido del perjuicio que está ocasionando la ciudanía la reciente ‘comarcalización’ que afecta a León y Valladolid y que centraliza las secciones de Violencia sobre la Mujer en sus capitales y Ponferrada desde el pasado 1 de enero. “Esto obliga a las víctimas a recorrer largas distancias para prestar declaración, generando desigualdades en función de dónde residan”, señala el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, elegido el pasado mes de marzo.

Uno de los puntos más críticos en la agenda de la abogacía es la implantación de los tribunales de Instancia que se instauraron progresivamente entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026 y la consiguiente desaparición de los juzgados unipersonales tal y como se han concebido durante décadas. “Existe una inquietud creciente ante el atasco que ya se está produciendo y el previsible colapso que esta reestructuración puede generar, ya que el nuevo modelo exige una organización de mayor complejidad”, ha apuntado Rodríguez Santocildes, quien ha llamado la atención de que podría generar “graves consecuencias para los profesionales, ya que la ralentización del funcionamiento de los órganos judiciales tendrá un impacto directo en la economía de los despachos”.

La preocupación de la abogacía se extiende también a la asunción de nuevas competencias en los órganos judiciales, en particular las relativas a los delitos contra la libertad sexual por parte de las secciones de Violencia sobre la Mujer. “Esta ampliación competencial supondrá un notable incremento de la carga de trabajo, agravado además por la comarcalización de los juzgados en las provincias de Valladolid y León, donde serán las capitales y Ponferrada los partidos judiciales que asumirán todos los asuntos de violencia de género y sexual de la provincia”, ha explicado lica el presidente del CACYL. En este sentido, ha lamentado que “esta situación, que obligaría a muchas víctimas a desplazarse largas distancias para prestar declaración, podría dejar a la ciudadanía de las zonas rurales en una clara situación de inferioridad y refleja, en el fondo, la tendencia a la desaparición a medio plazo de los partidos judiciales del mundo rural”.

Oficinas municipales de Justicia

La Abogacía de Castilla y León apuesta, en este sentido, por reforzar las oficinas municipales de Justicia como “verdaderos puntos tecnológicos de atención”. “El objetivo es dotarlas de medios suficientes que garanticen un funcionamiento eficaz, la presencia profesional y una justicia de proximidad que no dependa de la ubicación física del tribunal”, ha señalado el presidente del CACYL. En este contexto, destaca el papel que desempeñan las diputaciones provinciales y afirma que “desde la abogacía se impulsará de manera conjunta su colaboración para asegurar el buen funcionamiento y la eficacia de estas oficinas”.

Asimismo, el CACYL ha manifestado su “firme disposición” para colaborar activamente en la detección de posibles incidencias e irregularidades de la nueva organización judicial, así como en la “búsqueda coordinada de soluciones que garanticen el correcto funcionamiento del sistema”. En este sentido, Rodríguez Santocildes ha destacado la participación de la abogacía en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, que tiene previsto reunirse a principios de año a instancia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, “consolidándose como un espacio estratégico para velar por la excelencia y la mejora continua de la administración de justicia en la comunidad autónoma”.

Otra cuestión que preocupa a la abogacía es la interoperabilidad de los sistemas judiciales de las diferentes comunidades autónomas. “Sin la capacidad de que los distintos sistemas se comuniquen y funcionen de manera coordinada, la digitalización genera desigualdades y retrasa los procesos. Por ello, avanzar hacia un modelo interoperable es imprescindible para que la justicia digital sea uniforme, eficaz y accesible para todos los ciudadanos”, ha afirmado Rodríguez Santocildes.

Para los profesionales

Más allá de la reforma organizativa, 2025 ha dejado otros frentes abiertos que marcarán el inicio de 2026. Entre ellos, el presidente del CACYL ha destacado la “dignidad en la jubilación”, para lo que la abogacía mantiene su exigencia firme de la pasarela al RETA para los mutualistas. El presidente del CACYL alega que “un abogado que ha defendido los derechos de los demás durante 40 años no puede ser abandonado por el sistema al jubilarse y añade que la Constitución reconoce el derecho a la suficiencia económica durante la tercera edad; por ello la aprobación de este instrumento legislativo es inaplazable, y la responsabilidad recae directamente en los políticos para garantizar que se haga realidad”.

Otra reivindicación histórica de la profesión sigue siendo la de aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita “que dignifique el trabajo de los profesionales del turno de oficio, garantizando remuneraciones justas y actualizadas”. En este sentido, Rodríguez Santocildes ha remarcado que “la situación se agrava especialmente en las comunidades autónomas que no tienen competencias transferidas en materia de Justicia y dependen directamente del ministerio, como ocurre en Castilla y León”. En los últimos meses, el malestar se ha intensificado por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio, cuya implementación es obligatoria desde el pasado 3 de abril a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. “Estos procedimientos se están realizando por los profesionales, pero sin recibir compensación económica, algo radicalmente inadmisible”, ha apuntado el presidente del CACYL.

Los abogados de la Comunidad abordarán todas estas preocupaciones y aportarán propuestas durante la celebración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que acogerá Zamora en mayo de 2026. Para el presidente del CACYL, esta cita se presenta como “un punto de encuentro, debate y definición de las líneas de actuación que marcarán el futuro de la abogacía en las nueve provincias de Castilla y León”.

El exministro José Luis Ábalos se queda de nuevo sin abogado una semana antes de que el Tribunal Supremo estudie si le mantiene en prisión provisional y a las puertas de su primer juicio por corrupción. El exfiscal Carlos Bautista, que fue contratado por exdirigente socialista el pasado octubre, ha renunciado a su defensa debido a un incumplimiento del pago de los honorarios fijados, informan fuentes jurídicas a elDiario.es.

Tras un ultimátum que vencía el 31 de diciembre, el bufete Chabaneix Abogados en el que trabaja Bautista ha decidido no seguir llevando la defensa del exdirigente socialista. Bautista representaba al exministro desde que este renunciara a su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, por “diferencias irreconducibles”. 

Bautista ejerció como fiscal durante más de tres décadas antes de pasar al sector privado y la abogacía el año pasado. Desarrolló la mayor parte de su carrera en la Audiencia Nacional donde fue el fiscal encargado de casos como Faisán o los atentados del 11-M, impulsando causas por enaltecimiento del terrorismo contra tuiteros y personas como César Strawberry, además de jugar un papel clave en las fallidas peticiones de extradición de policías franquistas. En 2014 trascendió que este fiscal usaba una cuenta anónima en Twitter para burlarse de otros miembros de la Fiscalía.

La designación de Bautista se produjo la misma semana en la que el exministro comunicó al Tribunal Supremo su decisión de renunciar al que venía siendo su abogado, dos días antes de declarar como investigado en la causa sobre el cobro de presuntas comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Ábalos aseguró que había roto relaciones con Álvarez al considerar que mantienen “diferencias irreconducibles” que, “lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante”.

“Un Poder del Estado no puede optar por la huelga”. Así argumenta el magistrado Ricardo Yáñez, titular del juzgado de lo penal 28 de Barcelona, la multa que ha impuesto al abogado Eduardo Cáliz una multa de 400 euros por no acudir a un juicio al participar en la huelga por Palestina del pasado 15 de octubre.

El juez ha considerado que la no asistencia del abogado al juicio (de la que había avisado previamente, pero el magistrado rechazó suspender la vista) supone una falta en las obligaciones profesionales del letrado, por lo que la sanciona con la cuantía habitual que se impone a los abogados que no acuden a las vistas sin justificar.

El letrado, sin embargo, sí había advertido por escrito de su intención de participar en la huelga del 15 de octubre, pero el magistrado rechazó su solicitud.

En el escrito por el que impone la multa, el juez pondera el derecho a huelga con los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, prohibición de dilaciones indebidas y de defensa, y concluye que deben primar estos tres últimos frente al primero.

Es más, en su resolución el magistrado recuerda que en su juzgado “nunca se ha paralizado el devenir de los juicios” por huelgas de funcionarios o de los letrados de la administración de Justicia (LAJ).

“Un Poder del Estado, como lo encarna el juez en el ejercicio de la jurisdicción, al igual que el representante legislativo o ejecutivo, no puede optar por la huelga, y nunca se ha optado por tal motivo”, asevera el magistrado.

Según ha informado Alerta Solidària, el colectivo antirrepresivo con el que colabora el abogado, Cáliz ha recibido el apoyo de numerosos compañeros de profesión, que han dirigido una queja en el Colegio de la Abogacía de Barcelona. El colegio ha comunicado que estudiará el caso y se pronunciará “rápidamente”, agrega Alerta.

Por su parte, Cáliz también ha interpuesto un recurso contra la sanción ante la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Toledo, Ángel Cervantes, ha tomado posesión hoy como presidente del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha en un acto celebrado en el Antiguo Ayuntamiento de Albacete. El nuevo órgano colegial ha quedado constituido por Ángel de Miguel Pinero, como vicepresidente; secretario Fermín Ruiz Sierra; tesorero, Rodrigo Alejandro López del Cerro y vocales María José Alarcón Cabañero y Eva Rus Martínez Jareño.

El presidente entrante, ha dicho que es un “honor” asumir esta nueva responsabilidad, “cuyo objetivo es coordinar los seis colegios de la región y representar a los más de 3.500 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados”. Cervantes ha destacado la importancia de la autonomía colegial y la colaboración entre las instituciones.

Entre las prioridades del nuevo presidente se encuentra la firma de importantes convenios, como el avanzado acuerdo con el Instituto de la Mujer y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de violencia sobre la mujer. “Tenemos mucha formación por delante. Coordinar esa formación entre los seis colegios, que ya lo venimos haciendo, es fundamental”, ha afirmado.

El presidente también ha abordado temas críticos como el turno de oficio y las pensiones indignas de los abogados jubilados, así como la necesidad de cerrar la brecha tecnológica. “Intentaremos que nadie se nos quede atrás, la inteligencia artificial va muy deprisa”, ha señalado, comprometiéndose a trabajar arduamente para impulsar la abogacía castellanomanchega.

Con un equipo comprometido y una nueva Comisión Permanente, el presidente ha prometido dedicación y entrega para avanzar juntos en beneficio de la abogacía regional. “Solo puedo prometer trabajo, trabajo, dedicación, entrega”, ha concluido.

La ceremonia ha contado con la presencia, entre otras autoridades, de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, y del presidente de Abogacía España, Salvador González, para presentar el nuevo órgano

Por otro lado, Salvador González ha destacado la importancia de la unidad de la abogacía para afrontar los retos urgentes que afronta la profesión. “La Abogacía Española, desde la suma y la unidad, siempre ha sido más fuerte y persuasiva. Necesitamos unidad, fuerza y persuasión para afrontar --como estamos haciendo-- los muchos retos que tenemos por delante, que no son pocos ni menores”, ha afirmado.

Entre ellos ha citado la necesidad de garantizar pensiones justas para los mutualistas y recordó que la abogacía ha dado pasos históricos para exigir soluciones al legislador: “Hemos dado un paso al frente para insistir al legislador que debe ofrecer, con urgencia y desde la Pasarela al RETA, una solución justa al problema de sus pensiones”, ha afirmado.

González también ha subrayado la importancia de seguir trabajando por la justicia gratuita y el turno de oficio, reclamando “dignidad, respeto y recursos” para los profesionales que la prestan, así como la modernización tecnológica y formativa de la abogacía. “Juntos para reforzarnos y seguir colaborando, con más intensidad si cabe, en una apuesta doble: la formativa y la tecnológica, que es irrenunciable, y en la que nadie se puede quedar atrás”, ha señalado.

Sobre el nuevo presidente del Consejo Autonómico, ha señalado que “Ángel es responsabilidad en estado puro”, destacando su liderazgo de siete años como decano del Colegio de Toledo y su compromiso con la Abogacía Española en distintos ámbitos, desde la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia hasta la formación y la defensa del turno de oficio.

Pilar Astray ha subrayado la voluntad de TSJCM de “colaboración y su disposición permanente al diálogo” con la profesión. Astray ha destacado que este nuevo periodo abre “una oportunidad para coordinar esfuerzos, mejorar los canales de comunicación y avanzar en iniciativas conjuntas orientadas a optimizar los tiempos procesales, la atención al profesional y la experiencia del justiciable”.

También ha avanzado la firma de próximos convenios y la importante labor de las comisiones mixtas impulsadas en otras comunidades autónomas y a nivel nacional entre el Consejo General del Poder Judicial y los consejos de la Abogacía. “Estas estructuras han permitido abordar asuntos de interés común relacionados con el funcionamiento de los juzgados, la calidad procesal, la formación y la comunicación institucional”.

En el caso de Castilla-La Mancha, el TSJCM ha informado de la existencia de un convenio actualmente en “control de legalidad”, dirigido a articular una comisión mixta cuya finalidad será ordenar el diálogo, concentrar esfuerzos y trabajar de forma coordinada en retos operativos compartidos.

Las concejalas del equipo de Gobierno del Ayuntamiento Elena Serrallé y Gala de la Calzada han asistido a la toma de posesión donde han agradecido su trabajo al presidente regional saliente y han destacado la “gran labor que desarrolla el decano de los abogados albacetenses, Albino Escribano, como representante de la abogacía de la capital judicial de la región”.

Además, han deseado los mayores éxitos al nuevo presidente regional, el toledano Ángel Cervantes, con el que se han mostrado dispuesto a colaborar en todo lo que pueda contribuir a mejorar el ejercicio de la Abogacía, tanto para los profesionales como para los ciudadanos que necesitan sus servicios.

Por su parte, el diputado del Área Social de la Diputación de Albacete, José González, ha felicitado personalmente tanto al nuevo presidente como al resto de integrantes de la Comisión, y ha agradecido el trabajo realizado por quienes han concluido su etapa al frente de esta organización, destacando su compromiso y su buen hacer.

Asimismo, ha remarcado “la gran labor” que lleva a cabo el Consejo de la Abogacía, que agrupa y coordina a los seis colegios profesionales de la región (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Talavera de la Reina), y actúa como representante institucional de más de 3.500 abogados y abogadas castellanomanchegas.

La mesa inaugural ha estado presidida por el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández García; el presidente saliente y decano del ICA Cuenca, Ismael Cardo; el decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Fermín Ruiz Sierra y el coordinador de Colegios de la Abogacía de Castilla-La Mancha, Emilio Vega. También han asistido numerosas autoridades, entre ellas los decanos de los colegios de la abogacía de la región y la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

El ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer de Avilés, Natalio Grueso, ha firmado su consentimiento para ser entregado por las autoridades portuguesas en un control fronterizo a sus homólogas españolas para ser trasladado a un centro penitenciario para cumplir la condena de ocho años de cárcel que le fue impuesta por las irregularidades detectadas durante su gestión al frente del complejo cultural avilesino.

Natalio Grueso fue declarado responsable de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil y societario.

La entrega se hará efectiva el próximo día 15 en el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Caya Elvas, en Badajoz. En octubre de 2022, el ministro del Interior español, Fernando Grande- Marlaska y el ministro de Administración Interna de Portugal, José Luís Carneiro, acordaron perfeccionar sus mecanismos de cooperacion policial transfronteriza entre ambos países.

Cumplir la pena en Madrid

Natalio Grueso se fugó de la justicia española hace más de dos años cuando el Tribunal Supremo (TS) declaró la firmeza de la sentencia condenatoria impuesta por el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo.

Como medida cautelar, se le había retirado el pasaporte por lo que había dos opciones: por un lado, podría haber huido a un país donde no hiciera falta este tipo de documentación o bien que se hubiera refugiado en un país donde estuviera utilizando un pasaporte con identidad falsa.

Finalmente se resolvió la duda: el ex gestor cultural fue detenido el pasado 4 de diciembre en la localidad portuguesa de Olhão, un pueblo costero situado en la región del Algarve, en el extremo sur del país luso, tal y como adelantó elDiario.es Asturias.

Orden de detención europea

En ese momento, las autoridades portuguesas solicitaron oficialmente la comunicación de la orden europea de detención al Tribunal da Relacao de Évora, que lleva la causa, así como que “no cese la alerta hasta que la entrega se haya hecho efectiva y el reclamado haya sido puesto a disposición judicial”.

Natalio Grueso mostró su deseo de que el cumplimiento de los ocho años de cárcel por su autoría en los delitos de  malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y societario se realizara en una prisión de Madrid, ya que alegó a las autoridades portuguesas que es “en la capital española donde se encuentra su vida personal”, como se recoge en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.

Dos años en busca y captura

Entre esta documentación también figura el auto de audiencia del Tribunal da Relação de Évora Secção Criminal - 2º Subsecção ante el que compareció Natalio Grueso en calidad de detenido, tras verificar su identidad y constatar que era la misma persona sobre la que pesaba una orden de detención europea.

Esta orden fue dictada a raíz de su fuga después de que los intentos de la Policía Judicial de la Guardia Civil para localizarle resultaran infructuosos. Ante la falta de constancia oficial sobre su paradero, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias acordó extender la petición de búsqueda al ámbito internacional.

De la detención a la cárcel

Fuentes solventes han confirmado a este diario que en el caso de que Natalio Grueso sea ingresado en una prisión madrileña, como ha expresado que es su deseo, en vez de ser trasladado al Centro Penitenciario de Asturias, donde ya estuvo internado, la prisión elegida es Soto del Real.

Esta prisión madrileña es el destino al que han ido, entre otros políticos acusados de corrupción, el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y recientemente abandonó una de sus celdas el ex secretario general de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por esa cárcel también han pasado el exministro Rodrigo Rato o el que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas.

La trama

El 'caso Niemeyer' da nombre a la trama sobre la emisión de facturas falsas o manipuladas durante la gestión de Natalio Grueso al frente de la Dirección General del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en la localidad asturiana de Avilés.

La Audiencia Provincial declaró probado que Natalio Grueso generó gastos ajenos a los fines de la institución cultural durante todo el tiempo que duró su relación laboral, “disponiendo de sus fondos en beneficio propio, de sus familiares, amigos y terceros de su entorno, como si de su propiedad fueran, en detrimento de la Fundación Niemeyer”.

Viajes y hoteles con familiares

El Tribunal Supremo ratificó la pena de dos años de prisión impuesta al exsecretario de la Fundación, el abogado José Luis Rebollo, por delito continuado societario, y rebajó de siete años y seis meses a seis años de prisión la condena impuesta al tercer imputado en la causa, José María Vigil, exagente de Viajes El Corte Inglés, por malversación falsedad y estafa.

Para la Audiencia, no había duda alguna de que Natalio Grueso, con el apoyo de Vigil, a quien unía una relación de amistad, también ocultó gastos de desplazamientos y estancias hoteleras de familiares y allegados con facturas falsas o alteradas a nombre de trabajadores de la Fundación o por conceptos ficticios.

Proteger su vida

Tras el juicio celebrado a lo largo de seis meses en el año 2019, la Audiencia Provincial absolvió a la exmujer de Natalio Grueso, Judith Pereiro, y al exjefe de Producción del Centro Niemeyer, Marc Martí, de un delito continuado de malversación en concepto de cómplice y un delito de malversación, respectivamente.

El abogado de Natalio Grueso, Francisco Miranda, concedió una entrevista a este diario en octubre de 2023 donde mantuvo que su cliente no comparecía ante el tribunal que ordenó su inmediato ingreso en prisión para cumplir la condena de ocho años de cárcel porque, debido a su delicado estado de salud, “está protegiendo su vida”.

La petición de indulto

Además, explicaba que su representado merecía el indulto que tiene solicitado con el apoyo de importantes personalidades de la cultura nacional e internacional por sus logros profesionales, entre otros, al posicionar a la Fundación Niemeyer dentro del circuito internacional de centros culturales de referencia.

Entre estos apoyos figuraban desde el cineasta neoyorkino Woody Allen al cantautor catalán y premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 Joan Manuel Serrat.

Suspensión de la ejecución de la pena

Tanto la petición de indulto presentada ante el Ministerio de Justicia como la solicitud de suspensión de la ejecución de la pena ante la Audiencia Provincial -ambos escritos a los que también tuvo acceso este diario- vienen a resaltar “la innegable y esencial contribución de Don Natalio al desarrollo y el impulso de la esfera cultural española”.

En ambos escritos se hace un exhaustivo repaso por la trayectoria profesional del ex director general, tanto antes de ser investigado y condenado por estos hechos como con posterioridad a la notificación de la sentencia firme.

Una indemnización satisfecha

Asimismo, inciden en que Natalio Grueso ya ha abonado la indemnización de 78.819 euros; cantidad en la que los tribunales de justicia han cuantificado el delito de malversación de caudales.

“Un perjuicio ciento de veces menor que el impacto derivado de la gestión global realizada por Don Natalio -exponen- si consideramos solamente el valor de marca internacional generado, según una consultora especializada, o las derivadas del incremento de afluencia turística derivado de las actividades culturales llevadas a cabo una vez inaugurado el Centro Niemeyer”.

La Fiscalía, en contra

La Fiscalía de Asturias se opuso a la concesión del indulto solicitado por Natalio Grueso al no apreciar “razones de justicia, equidad o utilidad pública que lo pudieran justificar”.

De momento, la petición del indulto está sin resolver. Lo más inminente es la entrega a España del prófugo asturiano y su posterior ingreso en la cárcel, previsiblemente en Soto del Real.

El Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (REICAZ) seguirá manteniendo su denominación actual tras la desestimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por un grupo de abogadas colegiadas que reclamaban un nombre más inclusivo. Las recurrentes solicitaban cambiar la denominación a “Real e Ilustre Colegio de la Abogacía de Zaragoza”, argumentando que el término “Abogados” no refleja adecuadamente a todo el colectivo profesional, integrado por mujeres y hombres.

El conflicto se remonta al 25 de julio de 2023, cuando se celebró una Junta General en la que se sometió a votación la propuesta de cambio de denominación. El resultado de la votación fue de 421 votos a favor de mantener la denominación actual, 146 votos a favor de la denominación inclusiva y un voto en blanco. Posteriormente, se convocó la Junta General Extraordinaria del 1 de diciembre de 2023 para aprobar los nuevos estatutos, incluyendo la cuestión de la denominación, y la votación se realizó a mano alzada.

Durante la vista del recurso, las abogadas recurrentes defendieron que la denominación vigente no las representa y que la modificación es una cuestión de igualdad y justicia lingüística. Entre los testigos se señaló que el término “Colegio de Abogados” no es neutro y que la adopción de un lenguaje inclusivo podría reflejar mejor la pluralidad del colectivo. Sin embargo, también se destacó que el cambio es deseable pero no obligatorio según la normativa vigente.

El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Zaragoza desestimó el recurso, fundamentando su decisión en el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Colegios Profesionales de Aragón, que otorgan autonomía a los colegios para aprobar sus estatutos y no obligan a adoptar un lenguaje inclusivo en la denominación. La jueza subrayó que el “masculino plural genérico” puede percibirse como no inclusivo, pero no constituye discriminación legal y que la votación y aprobación de los estatutos siguió un procedimiento democrático y conforme a derecho.

En un comunicado, las abogadas recurrentes expresaron su desacuerdo con la sentencia y anunciaron que han interpuesto recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. En su comunicado, señalan que la denominación inclusiva “Colegio de la Abogacía” representa mejor la pluralidad de la profesión, visibiliza a las mujeres juristas y se alinea con los principios de igualdad, no discriminación y lenguaje inclusivo que inspiran el ordenamiento jurídico.

La sentencia reconoce el derecho de las recurrentes a sentirse discriminadas, pero sostiene que la decisión democráticamente adoptada por los colegiados del REICAZ no constituye una medida que mantenga o promueva desigualdad entre mujeres y hombres. Por esta razón, se desestima la pretensión principal de las recurrentes, aunque no se imponen costas debido a la complejidad del caso.

El fallo establece que las abogadas tienen quince días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La jueza concluye que, aunque el debate sobre lenguaje inclusivo en el ámbito profesional es legítimo y abierto, el uso del término “Abogados” en la denominación del REICAZ no vulnera la ley ni constituye discriminación objetiva, y la decisión de la mayoría de los colegiados debe prevalecer.