Javier Monzón ha durado casi dos años como presidente del grupo Prisa. Llegó a esta compañía de la mano de Ana Botín, presidenta del Santander, para sustituir a Juan Luis Cebrián, primer director de El País y el directivo que había manejado la compañía desde la muerte de su fundador, Jesús de Polanco en 2007. Cebrián fue defenestrado por pilotar el hundimiento del primer grupo de comunicación en español entre deudas millonarias, una opa ruinosa y la entrada y salida de accionistas que nada tenían que ver con el negocio. A menudo, acreedores que trataban de enjugar las deudas con acciones de la compañía cada vez más devaluadas. 

Monzón, que ejercía como presidente no ejecutivo, ha caído este viernes como entró, en otra junta sangrienta de la editora de El País, y fruto del enésimo cambio de alianzas en el rompecabezas que ha acabado siendo el accionariado de Prisa. El Banco Santander, al que debía el asiento en la presidencia y el sueldo Monzón, comandaba la gestión gracias a su influencia sobre otros accionistas presos de los créditos de la entidad financiera, pese a tener un capital discreto (el 4% que podría llegar al 12% si ejecuta los créditos fallidos que concedió a otros accionistas para las sucesivas ampliaciones de capital). Ana Botín había logrado el pasado junio una prórroga para Monzón -a su vez consejero de Santander España y presidente de Openbank, filial digital del banco-, pero con el compromiso con Telefónica de que abandonaría la compañía en septiembre. El compromiso no se cumplió y ahora ha perdido la batalla frente al pacto del fondo Amber y Telefónica, aliados para destituirlo. No es la primera vez que la compañía de telecomunicaciones se cruza en su camino: entonces bajo el mandato de César Alierta, Telefónica fue clave para explicar la destitución de Monzón al frente de Indra. 

Indra fue una creación de Monzón, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por parte de Inisel. Bajo su batuta, la compañía dio el salto al Mercado Continuo a través de una OPV en la que, en la era dorada de las privatizaciones de José María Aznar, el Estado vendió su 66% en marzo de 1999, ejercicio en el que se incorporaría al capital del grupo tecnológico la Caja Madrid de Miguel Blesa con un 10%. Gracias a los millonarios contratos de la Administración pública, Indra se internacionalizó, llegó a multiplicar su tamaño por diez y se convirtió en miembro del Ibex 35, la élite empresarial española.

Escándalos en Indra

La Indra de Monzón también encadenó sucesivos escándalos que han golpeado en los últimos años la imagen de la compañía de diversas formas. La lista es larga: desde los pagos a jueces, secretarios y fiscales de la Comunidad de Madrid desvelados por El País en febrero de 2015 a su continua aparición en diversos sumarios judiciales junto a otras firmas como OHL como sospechosa de haber financiado ilegalmente al PP; la doble imputación del número dos de la empresa (Javier de Andrés, nombrado por Monzón) en la trama Púnica (abril de 2015) y, más recientemente, la operación Lezo; o la contratación de un hijo del expresidente del Gobierno Felipe González (Pablo González, de profesión, fotógrafo) o Josep Pujol Ferrusola, hijo del ex molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, que dio un pelotazo con la venta a Indra de su consultora, Europraxis.

Tras su salida, Indra afloró pérdidas millonarias por diversos proyectos fallidos puestos en marcha con él como presidente, presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 1.750 personas, y retiró al ejecutivo la presidencia de honor en noviembre de 2015, por considerar que Monzón había ocultado información sobre la verdadera situación de la empresa (que tuvo que reformular sus cuentas de 2014 y 2015) y tras descubrir que había ocultado al consejo de administración la adquisición de un avión privado para su uso personal. El jet lo acabó comprando el futbolista Cristiano Ronaldo.

Como prueba de los extraños vasos comunicantes de las empresas españolas, la etapa de Monzón en el grupo tecnológico se cerró el 29 de enero de 2015 cuando fue sustituido por Fernando Abril-Martorell, un exTelefónica que fue consejero delegado de Prisa y número dos de Cebrián desde julio de 2012 hasta octubre de 2014.

Joseph Ourghourlian, presidente interino

Tras la salida de Monzón, la presidencia interina en Prisa la va a ocupar Joseph Ourghourlian, representante del primer accionista de la compañía -Amber Capital, que maneja el 29% de los títulos de la empresa de medios-. Ourghourlian es un financiero con doble nacionalidad francesa y armenia que ya había chocado con Juan Luis Cebrián, contra el que lanzó una durísima diatriba ante los accionistas antes de defenestrarlo en abril de 2018. 

El directivo de Amber, que no ha dejado de perder dinero desde su entrada en el capital de Prisa, se ha mostrado muy crítico con la deriva de la compañía: no solo en la era Cebrián, también desde el último año en que se han cerrado operaciones dudosas como la venta de las participaciones en Media Capital, su filial de medios en Portugal, por 47,3 millones de euros. La tesis de Amber es que Monzón no ha representado los intereses de Prisa sino los de algunos de los accionistas minoritarios, entre ellos el Santander. En los nueve primeros meses de este año Prisa registró unas pérdidas de 209 millones de euros.

Monzón maniobró hasta el último momento para conservar su sillón e importantes accionistas de la compañía le atribuyen filtraciones que dan a entender que su caída tiene que ver con supuestas maniobras del Gobierno para colocar al frente de Prisa a empresarios del sector de la comunicación supuestamente afines a Pedro Sánchez.

La llegada del protegido de Botín a la presidencia de Prisa fue convulsa. Como presidente no ejecutivo tenía un sueldo de 400.000 euros anuales. Su imputación en un caso de corrupción derivada de la financiación desde Indra a proveedores de campañas  PP a través subcontratas que recibieron sobres en dinero negro  de directivos de la multinacional causó estupor en los medios de comunicación del grupo, que debían informar de escándalos como Púnica y aclarar que su presidente no ejecutivo, como se le presentaba en las noticias, estaba siendo investigado. Al final el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acabó retirando la imputación: aceptó el argumento de que el ex máximo mandatario de Indra no sabía de los manejos que se traían algunos de sus directivos del segundo escalón con el Partido Popular ni de esos pagos en B.

Tras librarse de los problemas judiciales, Monzón aspiraba a tomar el timón del grupo, señalan las mismas fuentes.  Dos semanas antes de una crucial junta de accionistas en la que ya se temía una operación para derrocarlo el pasado junio, la dirección de Prisa a través de su consejero delegado, Manuel Mirat, aceleró el relevo en la dirección de El País: salió la periodista Sol Gallego Díaz, cuyo contrato había expirado, y regresó Javier Moreno, quien ya había sido director entre 2006 y 2014. El cambio se pactó a espaldas de los principales accionistas del grupo: Amber y Telefónica se enteraron del movimiento cuando ya no tenía vuelta atrás. 

Oferta “inaceptable e impresentable”

Entre aquella primera junta en que Amber intentó descabalgarlo sin éxito del sillón y la de este viernes,  en que finalmente lo logró con ayuda de Telefónica, se produjo un rocambolesco intento de compra la división de medios de la compañía, que algunas fuentes apuntan que estaba teledirigida desde el Santander. El empresario Blas Herrero presentó una oferta de unos 200 millones por El País y la Cadena Ser, que fue rechazada por el consejo de Prisa tras ser calificada como “inaceptable e impresentable” por alguno de los accionistas ya que solo eran diez páginas con escasos detalles, ligados a una serie de condiciones y objetivos poco claros y sin que se supiera qué socios participarían en la operación junto al dueño de las emisoras Kiss FM.

Pero es que esta guerra no es solo por controlar una empresa deficitaria, sino por dominar a uno de los principales medios de comunicación cuando se está diseñando la recuperación económica tras la pandemia con un Gobierno de coalición que no gusta a determinados sectores empresariales. Prueba de ello es que a pesar de que Oughourlian tiene bajo su poder un tercio de la compañía, fue Monzón quién nombró a Javier Moreno como director de El País.

Monzón, de 64 años, está casado con la editora Eva Serrano (fundadora de la editorial Círculo de Tiza) y tiene varias décadas a sus espaldas de estrechos contactos con el poder político y financiero. Médico frustrado por tener que abandonar los estudios, el que fuera máximo responsable de Indra desde su creación a finales de 1992 hasta enero de 2015 empezó su carrera profesional en Caja Madrid, desde donde se licenció en Ciencias Económicas y fue escalando posiciones hasta responsabilizarse del negocio de grandes empresas.

En 1984, le fichó el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana, hermano del exministro Javier Solana. En cinco años pasó de subdirector a director financiero y director general de Desarrollo Corporativo y Finanzas y pilotó las primeras ofertas públicas de venta (OPV) de la operadora, para la que dirigió el desembarco en América Latina con la primera adquisición de una empresa en Argentina. De allí pasó a Arthur Andersen (actual Deloitte), de la que fue socio. Y de allí, a la estatal Inisel, germen de la actual Indra, de la mano del entonces presidente del INI, Javier Salas, otro político de la beautiful del felipismo.

Con la defenestración de Monzón se cierra un nuevo círculo que conduce a la desaparición de Prisa como estructura empresarial y se pone el punto final a uno de los capítulos de la historia de España en la que se mezclan intereses empresariales, influencia informativa y el conchabeo con un sector del PSOE que llegó al Gobierno con Felipe González. Oughourlian ha marcado una hoja de ruta en la que la compañía se dividirá en dos: una empresa de medios donde estarán El País y la Cadena Ser además de las empresas informativas en Latinoamérica, con el cartel de se vende, y otra compañía con la editorial Santillana en el continente americano. El primer paso ya se ha dado con la venta de Santillana España a la finlandesa Sonoma. Monzón seguirá bajo el paraguas de Botín como presidente de Openbank.

El presidente de Prisa, Javier Monzón, ha sido desbancado de su puesto tras la petición de cese por parte del principal accionista, el fondo Amber, que controla el 30% de la compañía, con el respaldo de Telefónica, que tiene un 9,4% del accionariado. La petición de cese ha sido respaldada por el 52% de los accionistas en la Junta celebrada este viernes mientras que en contra han votado el 46,1% del accionariado y se han abstenido un 1,6% del 84,5% que estaba presente o representado en la Junta.

La caída de Monzón es la segunda parte de una guerra por el control de la compañía de medios entre el propietario del fondo Amber, Joseph Oughourlian, y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, con un 4% de Prisa pero con el apoyo de otro grupo de inversores como los Polanco, Roberto Alcántara o Carlos Slim. Monzón es presidente de Openbank, filial de banca digital del Santander.

La clave para conseguir la destitución de Monzón ha estado en ese 84,5% de los accionistas presentes en la Junta de accionistas o, mejor dicho, en el porcentaje que no ha acudido. El banco HSBC no ha acudido a la Junta y su ausencia ha inclinado la balanza a favor del grupo de accionistas que pedía el relevo del directivo de Botín. Oughourlian pasará a ser presidente de forma temporal de Prisa con el objetivo de poner en marcha la hoja de ruta y una estrategia de gestión que devuelva a la rentabilidad al grupo de comunicación. Fuentes internas de la compañía señalan que el propietario del fondo seguirá contando con Manuel Mirat como consejero delegado de Prisa.

Monzón ha llegado a explicar en una intervención en la Junta: “Dos horas antes del comienzo de la junta he conocido por un accionista relevante que iba a solicitar mi cese o que presentara mi dimisión. He conocido por parte de otro accionista también relevante que apoyaba la propuesta. He tenido la ocasión de hablar con otros accionistas y he concluido que ninguno tenía conocimiento de esta cuestión. Aunque esta petición no corresponde a la mayoría del capital social, si se aprueba la propuesta, he concluido que mi obligación como presidente es convocar un consejo para esta tarde y presentar mi dimisión irrevocable”. Las cartas ya estaban echadas. Con la destitución no era necesario la convocatoria del consejo.

El secretario de consejo ha leído que las razones expuestas por el fondo controlado por Joseph Oughourlian para la petición de la salida del hombre confianza de Botín se deben a que Monzón “no comparte la visión de negocio” de los accionistas ni la hoja de ruta diseñada para dividir a la compañía en dos, una empresa de medios y otra con la edición de libros de Santillana, por lo que “ se considera que ha llegado el momento de que no siga al frente del grupo” ya que “pretende ejecutar una estrategia que contraria a los intereses sociales y de los accionistas”.

Monzón se ha defendido de las acusación de Amber al asegurar que “no es veraz que no comparta esta visión estratégica”, ya que había conseguido que fuera aceptada por el consejo la separación de los negocios de la compañía como recoge la hoja de ruta de la empresa.

El Banco Santander ganó la primera batalla por mantener a Monzón al frente de Prisa en la Junta General de Accionistas que se celebró el pasado 29 de junio. La votación en dicha Junta confirmó con un 62,28% de votos a favor al hombre de Ana Patricia Botín en Prisa. En esa fecha, Telefónica optó por no abrir una guerra con el resto de los accionistas y votó a favor de que Monzón siguiera como máximo directivo no ejecutivo del conglomerado de medios, pero con la condición de que Monzón saliera de la compañía motu proprio en septiembre, una situación que finalmente no ocurrió.

Por otra parte, la consejera independiente Sonia Dulá también presentó su dimisión “por motivos personales y profesionales”. Esta directiva ex Merrill Lynch y ex Goldman Sachs fue nombrada por Monzón como presidenta de un puesto clave en el consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Con el control de este puesto, Monzón consiguió nombrar al actual director de El País, Javier Moreno, en sustitución de Soledad Gallego Díaz, sin que los máximos accionistas fueran informados. Este movimiento se interpretó como el inicio de las hostilidades entre el consejo controlado por Botín y los accionistas liderados por Oughourlian.

La petición de dimisión ha sido una sorpresa. En esta junta extraordinaria realmente se iba decidirse la venta de Santillana España, que se ha aprobado sin problemas a la compañía finlandesa Samona Corporation por 465 millones de euros, importe que será íntegramente satisfecho en efectivo a la fecha de cierre de la operación, una vez descontada la deuda neta a 30 de junio, estimada en unos 53 millones. En 2019, Santillana a nivel global facturó 628 millones de euros y alcanzó un Ebitda de 175 millones, unas cifras que no impidieron que Prisa cerrara el ejercicio con pérdidas de 182 millones de euros.

Con la venta del negocio de Santillana España, que representa el 21% del negocio del Grupo Santillana, la compañía pudo quitarse parte de la losa de la deuda gracias a un nuevo pacto con las entidades financieras tras dedicar 400 millones a amortizar el pasivo, que a finales de marzo de 2020 ascendía a 1.067 millones. El acuerdo de refinanciación de la deuda supone extender su vencimiento hasta marzo de 2025, con un coste inicial del 5,5% y un coste total medio del 7% durante la vida del contrato. Con esta operación, la compañía anunció que se establecía el marco para una futura separación efectiva de los negocios de Educación y Media.

El Banco Santander gana la batalla por mantener a su hombre de confianza al frente de Prisa. Javier Monzón seguirá como presidente no ejecutivo del principal grupo español de comunicación. La votación en la Junta General de Accionistas celebrada este lunes lo ha confirmado con un 62,28% de votos a favor al hombre de Ana Patricia Botín en Prisa. Monzón es también presidente de Openbank, filial de banca digital de la mayor entidad financiera de España. El consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, ha defendido la independencia de la compañía y ha señalado una “posible venta de Santillana” como vía para reducir el endeudamiento de la compañía.

La Junta, que se ha celebrado de manera telemática por el coronavirus, ha contado con una participación del 81,6% del accionariado. Solo contó con la intervención de un accionista que ha preguntado por los problemas para vender la filial portuguesa Media Capital.

De momento, ha terminado la contienda entre los principales accionistas. La guerra accionarial por el control de Prisa se desató con la designación de Javier Moreno como nuevo director del diario El País en sustitución de Soledad Gallego-Díaz, cuyo contrato terminó hace pocas semanas. Se visualizaba así una contienda larvada que se dirime entre los accionistas de uno de los principales grupos de comunicación en España. Por un lado, está el mayor propietario y vicepresidente no ejecutivo de la empresa, el armenio Joseph Oughourlian, que a través del fondo Amber Capital controla el 29,8% del capital de la compañía, frente a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, la entidad financiera que suma un 4,1% de las acciones de Prisa. A pesar de que Oughourlian tiene bajo su poder un tercio de la compañía, fue el hombre de Botín en la compañía, Javier Monzón, junto al consejero delegado de Prisa los que alentaron a Javier Moreno como director de El País, la principal cabecera del grupo, sin que el propietario de Amber fuera informado.

Telefónica se decanta por apoyar a Monzón

Telefónica ha optado por no abrir una guerra con el resto de los accionistas y ha votado a favor de que Monzón siga como máximo directivo no ejecutivo del conglomerado de medios. Tiene un 9% en Prisa. La posición poco intervencionista del presidente de la multinacional de telecomunicaciones, José María Álvarez-Pallete, poco tiene que ver con la forma de gestión de su antecesor, César Alierta, que no dudó en moverse para descabalgar a Monzón de la presidencia de Indra con la ayuda del Gobierno de Mariano Rajoy. Fuentes del mercado aseguran que Álvarez-Pallete hubiera preferido poner al frente de Prisa a un profesional con experiencia en los medios, desligado de otras empresas del Ibex, y que se dedicara a buscar la rentabilidad de la compañía.

Así, Monzón ha contado con el respaldo del Santander, que cuenta con el 4,1% del accionariado, al que habría que sumar el 7,6% de la familia Polanco, herederos del fundador, y el empresario mexicano de transportes Roberto Alcántara, que ha cedido el derecho de voto de su 5% a los Polanco. Tanto Alcántara como la familia fundadora han recibido financiación del Santander en las últimas ampliaciones de capital para no ver diluida su participación.

Además, el hombre de Ana Patricia Botín también habría sumado el 5% del multimillonario Carlos Slim, que entró en la compañía por consejo del expresidente Felipe González, con el que tiene una fuerte amistad y les unen intereses en Latinoamérica; Monzón también habría contado con el 4% del también empresario mexicano, Carlos Fernández González, que fuera consejero del Santander; con el 9% del banco HSBC, una entidad que aparece en la Lista Falciani sobre blanqueo; y con el respaldo del jeque qatarí Abdullah Al-Thani, que posee el 5,1%.

Pese a las desconfianzas que genera Monzón en una parte del accionariado, la presión del Santander y las informaciones interesadas de que detrás de su salida hay una operación orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez han desbaratado el cambio que pretendía el máximo accionista de la compañía. Amber, que finalmente ha optado por abstenerse en la votación, solo ha tenido a su lado otro grupo de fondos: Melqart Asset Management, con un 3,6%, Vanguard (1,6%) y Polygon(1%). La suma del fondo de Oughourlian más el resto no llega al 38%. Monzón solo ha obtenido el 1,2% de los votos en contra.

La realidad de las cifras no habría refrendado la continuidad de Monzón. Desde su llegada a la presidencia no ejecutiva de Prisa, en diciembre de 2018, la acción de la compañía de medios solo ha caído: ha pasado de 1,75 euros a 0,49 euros por acción (un descenso del 72%) en la cotización de este lunes. Aunque una parte de esta caída se debe al impacto del coronavirus, justo antes del gran encierro la acción de Prisa estaba en 1,33 euros (-24%). En 2019, Prisa perdió 182 millones de euros, mientras que en el primer trimestre de 2020, los número rojos mejoraron pero llegaron a los 26,1 millones.

A pesar de estos datos, Monzón ha señalado que se presentaba ante la Junta de Accionistas “con los deberes hechos”, mientras que el consejero delegado, Manuel Mirat, ha apuntado que Prisa “cerró en 2019 un ejercicio positivo, con un sólido comportamiento en los mercados donde operamos”. Mirat ha especificado que el grupo tiende a la digitalización y a seguir un modelo de suscripción para luego señalar una “posible venta de Santillana” como vía para reducir el endeudamiento de la compañía. La deuda de la compañía a 31 de diciembre de 2019 era de 1.061 millones de euros.

“No representamos a ningún poder”

El consejero delegado ha destacado la labor de Javier Moreno y su vuelta como nuevo director de El País para posteriormente defender la independencia de la compañía y denunciar los “múltiples intentos de ataque” pese al ejercicio de periodismo con rigor que realizan los profesionales del Grupo: “Nosotros no representamos a ningún poder ni a ningún grupo de interés. Ejercemos el periodismo en su más noble, clásica y comprometida acepción, aunque muchas veces no seamos comprendidos, e incluso seamos atacados. En la historia de esta casa ha habido muchos intentos de ese estilo y siempre han prevalecido la consistencia y la fuerza de nuestros fundamentos. Y así continuamos”.

El objetivo del nombramiento de Javier Moreno era blindar una línea editorial marcada por una parte de los propietarios de El País, incluso en el caso de que Monzón no hubiera sobrevivido a la Junta General de Accionistas, según fuentes de Prisa. En el control de la línea editorial tiene mucho peso el expresidente Felipe González, que en reiteradas ocasiones ha mostrado en los consejos editoriales de Prisa en los que participa cada semana su oposición al Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y tras haber sido claramente partidario de desbancar a Pedro Sánchez del liderazgo del PSOE para alcanzar un Ejecutivo de concentración entre el PP y los socialistas.

El expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián ha utilizado sus artículos de opinión para reflejar una postura contraria al inversor armenio. En el artículo que este mismo lunes ha publicado el diario de Prisa, Salvar al capitalismo de los capitalistas, Cebrián pide al Gobierno que legisle contra los fondos por su entrada en “sectores de extraordinaria importancia en el desarrollo social”, donde incluye desde residencias de ancianos a vivienda protegida pero también a medios de comunicación, para terminar el artículo solicitando que la Administración Pública entre en la compañía pero “sin injerencias en la línea editorial”.

Por otro lado, en la Junta de Accionistas se han renovado los consejeros independientes Javier de Jaime (con el 99% de los votos) y Sonia Dulá (con el 63,9% de los votos –se la considera una prolongación de Monzón en la comisión de Nombramientos–), además de los consejeros dominicales Joseph Oughourlian, Amber Capital UK (representada por Fernando Martínez), Manuel Polanco y Khalid Thani Abdullah Al Thani. En el caso de Javier Gómez-Navarro, íntimo amigo de Monzón y exministro de Turismo y Comercio con Felipe González, ha decidido no renovar su mandato por “otros compromisos profesionales”. Su puesto en el Consejo de Administración de Prisa será amortizado, con lo que el número de componentes pasa de 13 a 12. El mandato de los consejeros se recorta de cuatro a tres años.

Guerra accionarial por el control de Prisa en tiempos de reconstrucción de la economía española. La designación de Javier Moreno como nuevo director del diario El País en sustitución de Soledad Gallego-Díaz ha destapado la contienda larvada que se dirime entre los accionistas de uno de los principales grupos de comunicación en España. Por un lado está el mayor propietario y vicepresidente no ejecutivo de la empresa, el armenio Joseph Oughourlian, que a través del fondo Amber Capital controla el 29,8% del capital de la compañía, frente a Ana Patricia Botín, presidenta del Santander, la entidad financiera que suma un 4,1% de las acciones de Prisa. El próximo campo de batalla tendrá lugar en la Junta general de Accionistas el 29 de junio donde se decidirá si el actual presidente de Prisa, Javier Monzón –que es también consejero del Banco Santander España y presidente de la la filial digital del Santander Open Bank–, sigue en el cargo como pretende la máxima directiva del mayor banco español.

Esta guerra no es solo por controlar una empresa deficitaria (Prisa perdió 182 millones de euros en 2019), sino también por dominar a uno de los principales medios de comunicación cuando se está diseñando la recuperación económica tras la pandemia. A pesar de que Oughourlian tiene bajo su poder un tercio de la compañía, ha sido Javier Monzón quién ha designado a Javier Moreno como director de El País, la principal cabecera del grupo.

El objetivo del nombramiento es blindar una línea editorial marcada por una parte de los propietarios de El País, incluso en el caso de que Monzón no sobreviva a la próxima Junta General de Accionistas. Fuentes de Prisa hacen esta interpretación del cambio en la cabecera del rotativo cuando solo quedan dos semanas para decidir quién está al frente de la empresa.

Fuentes conocedoras del nombramiento de Moreno aseguran que Oughourlian no se ha enterado de este movimiento hasta pocas horas antes de que se hiciera efectivo. Monzón se habría apoyado para tomar esta decisión en los consejeros independientes que entraron con él en Prisa, una maniobra urdida por el expresidente de la compañía Juan Luis Cebrián, que utilizó en 2017 su influencia en el Gobierno de Mariano Rajoy para presionar a Telefónica y que votara a favor de los consejeros independientes alineados con el Santander: Javier de Jaime, socio director de CVC Capital Partners y vinculado a Ana Botín; Sonia Dula, ex Merrill Lynch y ex Goldman Sachs, a quien Monzón hizo presidenta de un puesto clave en el consejo: la Comisión de Nombramientos y Retribuciones; y Javier Gómez Navarro, íntimo amigo de Monzón y exministro de Turismo y Comercio con Felipe González.

Felipe González toma partido

La figura del expresidente no es baladí en estos juegos de poder. Felipe González tiene un papel preponderante en las decisiones de los consejos editoriales de Prisa en los que participa cada semana. Fuentes de la compañía explican a eldiario.es que el ex presidente del Gobierno ha mostrado en reiteradas ocasiones su posición contraria a Pedro Sánchez, una postura que se ha acrecentado en los consejos editoriales contra el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, con duras críticas a la posible subida de impuestos a los bancos y a las grandes fortunas que debate el Gobierno, entre otros asuntos.

El ex dirigente socialista tiene una relación histórica con el actual presidente de Prisa. El Gobierno de González nombró a Monzón presidente de Indra en 1993, cuando era una compañía pública –hoy el Estado aún es su principal accionista, a través de la SEPI–. Años después, la empresa tecnológica le compró al hijo de González su compañía, Oyauri Investment, que incluía un contrato blindado para el hijo del expresidente del Gobierno.

González lleva años mostrando su oposición a Pedro Sánchez. En 2016 se opuso frontalmente a su elección como secretario general del PSOE ante Susana Diaz, le ha recriminado en reiteradas ocasiones su voto en contra en la investidura de Mariano Rajoy y, por ejemplo, la semana pasada se refirió al Ejecutivo del socialista con Unidas Podemos como el “camarote de los hermanos Marx”. Juan Luis Cebrián es quien más fielmente recoge las posiciones de González en sus artículos en El País. Este lunes, bajo el título de Sobre cómo afrontar la crisis constituyente asevera que “si el partido socialista y la derecha moderada no son capaces de volver a ser fuerzas dominantes del cambio y garantía del funcionamiento de la democracia, no habrá otro camino para la estabilidad política. España volverá entonces a ser un país prescindible en el diseño de la gobernanza global”. De nuevo, las llamadas a la gran coalición entre el PSOE y el PP.

¿Tiene Monzón posibilidades de sobrevivir como presidente de Prisa en la próxima Junta General de Accionistas? Sí. Por un lado cuenta con el apoyo del consejero delegado de Prisa, Manuel Mirat, cuyo cargo tendrá que ser revalidado en la Junta General de Accionistas y que se ha posicionado con el presidente de la compañía. Fuentes de El País aseguran que Monzón compartió con Mirat la designación de Javier Moreno como nuevo director del periódico.

La influencia del Santander

Pese a que el Santander sólo cuenta con el 4,1% del accionariado es un jugador decisivo en Prisa. El banco que preside Ana Botín financió a la familia Polanco, otros de los principales accionistas y herederos del fundador del grupo de comunicación, en las dos últimas ampliaciones de capital a la que se vio obligada la empresa por su desastrosa situación de tesorería. Los Polanco tuvieron que meter 47 millones para que su presencia en el consejo no se diluyera por debajo del 8,3%, aunque finalmente se quedaron con un 7,6% a través de su inversora Rucandio. El préstamo del Santander fue de 38,6 millones a devolver en cuatro años y está avalado por las propias acciones de Prisa, que en estos últimos meses se han devaluado enormemente. En caso de que no abonen el préstamo, el Santander pasaría a controlar un 12% de la compañía de medios de comunicación.

Por otro lado, están los inversores mexicanos. El empresario de transportes Roberto Alcántara, que ha cedido sus derechos de voto a los Polanco, también recibió financiación del Santander en las últimas ampliaciones de capital y podría perder sus acciones a favor del banco, que cuenta con un 5% a través de su vehículo GHO Networks; Carlos Fernández González, que fuera consejero del Santander, tiene un 4%, y el magnate Carlos Slim, que con Inversora de Carso domina otro 4% .

Otro de los jugadores es el banco HSBC, con un 9% del accionariado de Prisa. Fuentes de la compañía aseguran que Ana Botín se reunió el lunes de la semana pasada con un grupo de directivos del banco británico para sondear la posibilidad de comprar su paquete accionarial y comprobar si mantenían el apoyo a Monzón.

De todas maneras, todas las miradas estarán puestas en José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, compañía que cuenta con un 9,4% de Prisa y es el segundo mayor accionista, y en el jeque catarí Khalid Al-Thani, con un 5,1%, que sin ataduras en España puede inclinar la balanza. Según fuentes de Prisa, Álvarez-Pallete habría mostrado su voluntad de desvincular la propiedad de la línea editorial de los medios de la compañía con un equipo profesional al frente que no estuviera ligado a empresas del IBEX 35 y evitar un conflicto entre Amber y el Santander. El banco presidido por Ana Botín ha preferido no hacer comentarios a las preguntas de eldiario.es.

Monzón no solo tiene en su contra la oposición de Amber. El directivo estuvo imputado en el caso Púnica, aunque finalmente la causa fue archivada pese a que Indra admitió que se hicieron pagos ilegales a compañías que financiaban irregularmente al PP. Bajo su presidencia, Indra también participó en el AVE a la Meca, un negocio que hoy investiga la Audiencia Nacional por las comisiones millonarias que cobró el rey Juan Carlos.

En caso de que la operación Monzón fracasara, fuentes relacionadas con el Grupo Prisa han señalado que se baraja como posible sustituto a Joaquín Almunia, ex ministro de Trabajo y de Administraciones Públicas en los Gobiernos de Felipe González.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular contra el archivo de la causa de Francisco Javier Monzón, expresidente de Indra, que decretó el instructor de Púnica, Manuel García-Castellón, con el argumento de que su cargo no implica que tuviera que conocer la financiación irregular del PP de Madrid en la que presuntamente participó la teconológica.

“Tras varios años de investigación nadie ha señalado ni ha aportado dato alguno relativo a que el señor Monzón de Cáceres tuviera conocimiento de la actividad delictiva objeto de investigación y ello pese a tener funciones ejecutivas”, resuelven tres magistrados de la Sección Cuarta, que rechazan todos los argumentos de Anticorrupción y de Adade, que ejerce la acusación popular, se había adherido al recurso de la Fiscalía y había presentado uno propio.

De este modo, los tres magistrados de la Sala, conservadores, se alinean con el instructor del caso, frente a la queja de Anticorrupción de que el archivo de la causa contra el actual presidente no ejecutivo de Prisa y Openbank (filial del Banco Santander) es prematura porque todavía quedan testigos por interrogar y la instrucción sigue abierta.

Vigilar lo que ocurría en Indra, dicen los jueces, es “obligación genérica, por imperativo legal (del presidente), pero ello no quiere decir que haya una atribución directa y objetiva de responsabilidad respecto de aquél que la ostenta, sino que, sobre esa premisa, debe investigarse si el responsable último de la entidad tuvo conocimiento de ella y tomó las medidas legales para que fueran investigadas”.

Los magistrados han estudiado los estatutos de Indra y han determinado que “no incumbe al presidente de la entidad sino al consejo de administración” velar por el correcto funcionamiento de la entidad y la actuación de sus empleados. Las fiscales del caso piensan, por contra, que “no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos” que Monzón no tuviera esas atribuciones.

Los jueces insisten: “No es dable en derecho penal atribuir una presunta actividad penal por el simple hecho de ostentar la representación de un organismo o una entidad, sin examinar antes si hay datos de su concreta participación y de la existencia de culpabilidad derivada de un incumplimiento de la falta de adopción de unas medidas que traten de paliar ese riesgo”.

Una cuestión que, por contra, evitan estudiar Teresa Palacios, Carmen-Paloma González y Francisco Javier Martel son los argumentos para considerar prematuro el archivo porque, dicen, para eso está el juez instructor que es quien dirige los tiempos de la causa, pese a ellos ser la instancia a la que se recurren las decisiones de García-Castellón.

Una de las ramas del caso Púnica indaga sobre si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros. Monzón dirigió Indra entre entre 1992 y 2015.

Las fiscales defienden que la documentación que obra en la causa, las comunicaciones intervenidas e incluso el “reconocimiento de los hechos” por parte de alguno de los investigados y por parte de la propia Indra ha permitido conocer que dirigentes del PP han utilizado a la tecnológica como un “instrumento” de desvío de fondos públicos a través de ICM. No ven “verosímil” que estas supuestas actuaciones se llevaran a cabo sin el “respaldo, conocimiento y apoyo” del presidente de la entidad. Especialmente, en el contexto de una “relación de negocio” en la Indra facturaba a ICM unos veinte millones de euros al año.

En su escrito, las fiscales recuerdan que la investigación ha revelado indicios de que, bajo la presidencia de Monzón, Indra giró facturas a empresas que eran prestadoras de servicio del PP regional e incluso a sus propios dirigentes. Y que la tecnológica, siempre según las tesis de la Fiscalía, asumiría el pago de esta facturas “en correspondencia a la importancia y al gran número de contratos que acordaba con la Comunidad de Madrid por cuantías millonarias”.

El pasado octubre, en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Monzón se desvinculó de las supuestas facturas giradas por la tecnológica a empresas vinculadas a la trama y también negó la existencia de pagos en efectivo en la compañía. Remarcó, en este sentido, que las transacciones se realizaban habitualmente a través de transferencias bancarias.

La Fiscalía ha recurrido el archivo de la causa abierta en el marco del caso Púnica contra el expresidente de Indra Javier Monzón. En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, las fiscales expresan su disconformidad con las valoración que hizo el juez Manuel García Castellón sobre la “carencia” de facultades de “supervisión y control” en Indra del actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa y de OpenBank [filial del Banco Santander] cuando levantó su imputación el pasado 13 de enero. Consideran “prematura” y “extemporánea” la decisión de no seguir investigándole.  

Una de las ramas del caso Púnica indaga sobre si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales  de 155 millones de euros. Monzón dirigió Indra entre entre 1992 y 2015. 

Las fiscales defienden que la documentación que obra en la causa, las comunicaciones intervenidas e incluso el “reconocimiento de los hechos” por parte de alguno de los investigados y por parte de la propia Indra ha permitido conocer que dirigentes del PP han utilizado a la tecnológica como un “instrumento” de desvío de fondos públicos a través de ICM. No ven “verosímil” que estas supuestas actuaciones se llevaran a cabo  sin el “respaldo, conocimiento y apoyo” del presidente de la entidad. Especialmente, en el contexto de una “relación de negocio” en la Indra facturaba a ICM unos veinte millones de euros al año. 

Concluyen, en este sentido, que la valoración que hace el juez García Castellón de que el presidente de Indra no estaba implicado en la operatividad de la compañía “no se infiere ni de los estatutos ni de la forma en que la percibían sus altos directivos”. 

En su escrito, las fiscales recuerdan que la investigación ha revelado indicios de que, bajo la presidencia de Monzón, Indra giró facturas a empresas que eran prestadoras de servicio del PP regional e incluso a sus propios dirigentes. Y que la tecnológica, siempre según las tesis de la Fiscalía, asumiría el pago de esta facturas “en correspondencia a la importancia y al gran número de contratos que acordaba con la Comunidad de Madrid por cuantías millonarias”. 

El pasado octubre, en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional, Monzón se desvinculó de las supuestas facturas giradas por la tecnológica a empresas vinculadas a la trama y también negó la existencia de pagos en efectivo en la compañía. Remarcó, en este sentido, que las transacciones se realizaban habitualmente a través de transferencias bancarias.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso Púnica, ha levantado la imputación que pesaba sobre el expresidente de Indra Javier Monzón en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado ha archivado las diligencias abiertas contra el actual presidente no ejecutivo del grupo Prisa y de OpenBank [filial digital del Banco Santander] al considerar que de los estatutos de la compañía no se desprende una “obligación de vigilancia y control” al presidente como la que “se le imponía” cuando le citó como investigado el pasado septiembre, según recoge el auto al que ha tenido acceso eldiario.es.

Una de las ramas del caso Púnica investiga si Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a la financiación irregular del PP madrileño. En contraprestación, la tecnológica se vería “favorecida especialmente” en las adjudicaciones de la empresa pública ICM, que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales de 155 millones de euros.

Estas sospechas provocaron la imputación de Monzón, del que los investigadores destacaron su “participación activa” –así como del exconsejero Javier de Andrés y del exdirectivo Santiago Roura– en esta supuesta estrategia de desvío de fondos públicos. Sin embargo, tras examinar las pruebas documentales aportadas por Monzón así como sus declaraciones en la Audiencia Nacional, el juez entiende que no existe “indicio alguno” de que tuviera conocimiento de los hechos investigados porque escapan de su “ámbito competencial”.

El juez justifica además que siendo una compañía cuya facturación superó los 2.000 millones de euros en 2007 y los 3.000 millones en 2012, “las operaciones examinadas” y que rondarían los dos millones de euros “no requieran aprobación o control alguno del cargo u órganos de los que formaba parte el investigado”.

Un archivo “prematuro”, según Anticorrupción

La decisión del juez, que es consecuencia de un recurso de Monzón, no cuenta con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. En su escrito, las fiscales Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez consideran “prematuro” el sobreseimiento de las diligencias abiertas contra Monzón. Sostienen que las declaraciones prestadas por directivos de la tecnológica han sido “contradictorias” y que la documentación aportada por Monzón “no desvirtúa ninguno de los indicios” de su participación en los hechos.

Asimismo, recuerdan que es un “hecho objetivo probado” que Indra atendió “pagos en efectivo” a solicitud de dirigentes de la Comunidad de Madrid y “facturas con conceptos inexistentes” presentadas por mercantiles del entramado societario del PP regional “para el abono de gastos electorales omitidos en la contabilidad electoral, por importe global muy elevado”.

El auto de la Audiencia Nacional sobre el Caso Púnica conocido este lunes deja grandes nombres llamados a declarar como investigados, como Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes. Pero hay otro nombre propio protagonista, el de la empresa tecnológica española Indra, que aparece vinculada a la financiación irregular del Partido Popular en Madrid desde el año 2007.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón define la actuación de la multinacional tecnológica, uno de los gigantes del IBEX: “Un instrumento de desvío de fondos públicos” de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM), la segunda empresa pública del Gobierno regional que manejó presupuestos anuales por más de 150 millones de euros en los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

Indra, apunta el auto, es uno de los principales proveedores de ICM, que resultó beneficiado en las adjudicaciones del ente público con más de 15 millones de euros y “parte singular en el concierto urdido por dirigentes del PP madrileño para utilizar las arcas públicas de la entidad ICM como fuente de ingresos del partido”.

Es ahí donde García Castellón señala a Indra como “instrumento de desvío de los fondos públicos de ICM y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP madrileño y de otras deudas del partido o de sus dirigentes”, según figura en el escrito. Según el juez, la firma tecnológica pagó al menos 1,13 millones de euros a través de facturas falsas a supuestos proveedores que en realidad trabajaban para el Partido Popular.

El último auto del sumario Púnica no solo señala a la empresa. Según el juez, esta colaboración se hizo con “la participación activa” de Javier de Andrés, consejero del grupo, Santiago Roura, director general de operaciones, y también del presidente por aquel entonces, Javier Monzón, que era responsable del consejo, con funciones de supervisión y control de los órganos ejecutivos y del equipo de dirección. Monzón es actualmente el presidente no ejecutivo del grupo Prisa.

García Castellón va más allá y señala que la “pleitesía” de Indra, para seguir las órdenes del PP madrileño, tuvo su raíz en las adjudicaciones que recibió por parte de la Comunidad de Madrid durante los años investigados. En concreto, señala los contratos para prestar los servicios de infraestructura electoral para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y 2011.

El auto remarca que Indra “nunca activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos”. Acusa a Monzón y a los directivos Javier de Andrés y Jesús Vicente Gil de “intervenir en la decisión de la realización de entregas de dinero efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del PP madrileño”. Apunta que Roura, Diego Mora y Cristina Bombín, ejecutaban las decisiones que se tomaban en el seno de la dirección de la compañía.

El juez apunta que a través de conversaciones telefónicas interceptadas se ha conocido que Indra abonó deudas de ICM con el empresario Alejandro de Pedro por trabajos para la mejora de la reputación de altos cargos del Gobierno autonómico. En concreto, apunta al pago realizado por el citado directivo de Indra, Santiago Roura, de un sobre de 10.000 euros a De Pedro en el interior de un vehículo en un aparcamiento de La Moraleja.

De este modo, subraya el auto, los avances en la investigación han concretado el rol de Indra en el “pago encubierto de facturas al entramado societario” utilizado por el PP madrileño para sufragar encubiertamente los gastos de las campañas electorales. “El dinero sería desviado a través de los presupuestos inflados de los contratos adjudicados a Indra desde ICM”.

El escrito de García Castellón detalla diferentes facturas “mendaces” que fueron abonadas por Indra que, entre 2008 y 2013, sumaron más de 1,13 millones de euros. “El pago de las facturas habría sido el mecanismo empleado para transvasar los fondos desde las cuentas de ICM a las cuentas de los investigados”, incide.

“Me estoy haciendo joven”, reza la imagen que ilustra el perfil de whatsapp de Francisco Javier Monzón de Cáceres (Madrid, 1956), el directivo que acaba de ser nombrado presidente no ejecutivo del grupo Prisa en sustitución de Manuel Polanco. Monzón, expresidente de Indra, llegó hace algo más de un año a Prisa, primero como consejero y luego como vicepresidente. Era el favorito de los accionistas de la editora de El País para sustituir a Juan Luis Cebrián al frente de la compañía, aunque su llegada a la presidencia se ha demorado hasta ahora, con Cebrián ya fuera de foco.

Monzón, de 63 años y con varias décadas a sus espaldas de estrechos contactos con el poder financiero y político, tiene ante sí el reto de enderezar el rumbo de Prisa, que está en una delicada situación financiera. La empresa, que hace unos meses tuvo que renunciar a la venta de su filial lusa Media Capital (vetada por las autoridades portuguesas), ha conseguido reducir su deuda hasta los 988 millones de euros del tercer trimestre de este año y ha conseguido una extensión del vencimiento del pago hasta finales de 2022.

Monzón es un ejecutivo al que muchos daban por amortizado tras su abrupta salida de Indra. Médico frustrado por tener que abandonar los estudios, el que fuera máximo responsable de Indra desde su creación a finales de 1992 hasta enero de 2015 empezó su carrera profesional en Caja Madrid, desde donde se licenció en Ciencias Económicas y fue escalando posiciones hasta responsabilizarse del negocio de grandes empresas.

En 1984, le fichó el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana, hermano del exministro Javier Solana. En cinco años pasó de subdirector a director financiero y director general de Desarrollo Corporativo y Finanzas y pilotó las primeras ofertas públicas de venta (OPV) de la operadora, para la que dirigió el desembarco en América Latina con la primera adquisición de la empresa en la Argentina de Raúl Alfonsín.

De allí pasó a Arthur Andersen (actual Deloitte), de la que fue socio. Y de allí, a la estatal Inisel, germen de la actual Indra, de la mano del entonces presidente del INI, Javier Salas, otro político de la beautiful del felipismo.

Indra fue una creación de Monzón, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por parte de Inisel. Bajo su batuta, la compañía dio el salto al Mercado Continuo a través de una OPV en la que, en la era dorada de las privatizaciones de José María Aznar, el Estado vendió su 66% en marzo de 1999, ejercicio en el que se incorporaría al capital del grupo tecnológico la Caja Madrid de Miguel Blesa con un 10%.

Gracias a los millonarios contratos de la Administración pública, Indra se internacionalizó, llegó a multiplicar su tamaño por diez y se convirtió en miembro del Ibex 35, la élite empresarial española.

Escándalos

La Indra de Monzón también encadenó sucesivos escándalos que han golpeado en los últimos años la imagen de la compañía de diversas formas. La lista es larga: desde los pagos a jueces, secretarios y fiscales de la Comunidad de Madrid desvelados por El País en febrero de 2015 a su continua aparición en diversos sumarios judiciales junto a otras firmas como OHL como sospechosa de haber financiado ilegalmente al PP; la doble imputación del número dos de la empresa (Javier de Andrés, nombrado por Monzón) en la trama Púnica (abril de 2015) y, más recientemente, la operación Lezo; o la contratación de un hijo del expresidente del Gobierno Felipe González (Pablo González, de profesión, fotógrafo) o Josep Pujol Ferrusola, hijo del ex molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, que dio un pelotazo con la venta a Indra de su consultora, Europraxis.

La etapa de Monzón en el grupo tecnológico se cerró el 29 de enero de 2015, cuando fue sustituido por Fernando Abril-Martorell, un exTelefónica que fue consejero delegado de la propia Prisa y número dos de Cebrián desde julio de 2012 hasta octubre de 2014.

El relevo fue auspiciado por el Gobierno, que regresó al capital de Indra en agosto de 2013 tras comprar el paquete que Bankia heredó de la antigua Caja Madrid. La excusa: Monzón era un obstáculo para la creación de un “polo industrial militar” en torno a Indra. En su caída fue determinante la irrupción en el capital de Indra de la Telefónica de César Alierta.

Como suele ocurrir en estos casos, Monzón no se fue de vacío: dejó Indra con un finiquito cercano a los 16 millones de euros, de los que una parte la cobró en diferido: 3 millones en 2016, cuando ya no estaba en la empresa, en virtud de un pacto de “no concurrencia”.

Tras su salida, Indra afloró pérdidas millonarias por diversos proyectos fallidos puestos en marcha con él como presidente, presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 1.750 personas, y retiró al ejecutivo la presidencia de honor en noviembre de 2015, por considerar que Monzón había ocultado información sobre la verdadera situación de la empresa (que tuvo que reformular sus cuentas de 2014 y 2015) y tras descubrir que había ocultado al consejo de administración la adquisición de un avión privado para su uso personal. El jet lo acabó comprando el futbolista Cristiano Ronaldo.

Casado con la editora Eva Serrano (fundadora de la editorial Círculo de Tiza), es conocida la amistad de Monzón con el rey emérito Juan Carlos I o Ana Patricia Botín, presidenta de Banco Santander (uno de los accionistas de referencia de Prisa), quien ya intentó colocarle en la presidencia de Abengoa a finales de 2015.

En este impasse de casi tres años postIndra, su actividad en grandes empresas había venido en buena medida de la mano de Santander, primero como consejero de su filial en España y luego como presidente no ejecutivo, desde junio pasado, de Openbank.

Además, Monzón es también vocal independiente de Ferroglobe (multinacional metalúrgica controlada por el exministro Juan Miguel Villar Mir) y la francesa Lagardère (de la que es consejero desde 2008) y hasta 2016 representó en ACS los intereses de Alberto Cortina y Alberto Alcocer, los primos y empresarios conocidos como ‘Los Albertos’, también del círculo de confianza del monarca emérito. Ahora culmina su regreso a la primera línea empresarial, tras unos meses en la vicepresidencia de Prisa.

Prisa ha nombrado a Javier Monzón nuevo presidente no ejecutivo de la compañía en sustitución de Manuel Polanco. Monzón era el actual vicepresidente de la compañía. El Consejo de Administración, a su vez, ha aprobado que las filiales del grupo, Santillana, Diario El País y PRISA Radio designen a Manuel Polanco presidente de sus respectivos Consejos de Administración. Los nombramientos, que tendrán vigencia a partir del 1 de enero de 2019, han sido aprobados por unanimidad.

Polanco ha presentado la dimisión como Presidente no Ejecutivo del Consejo de Administración, con efectos 1 de enero de 2019, aunque  permanecerá como consejero de la Sociedad. Estos cambios no afectan al consejero delegado Manuel Mirat, que mantiene su puesto. 

Monzón, 63 años y varias décadas a sus espaldas de estrechos contactos con el poder financiero y político. Médico frustrado por tener que abandonar los estudios, el que fuera máximo responsable de Indra desde su creación a finales de 1992 hasta enero de 2015 empezó su carrera profesional en Caja Madrid, desde donde se licenció en Ciencias Económicas y fue escalando posiciones hasta responsabilizarse del negocio de grandes empresas. 

En 1984, le fichó el entonces presidente de Telefónica, Luis Solana, hermano del exministro Javier Solana. En cinco años pasó de subdirector a director financiero y director general de Desarrollo Corporativo y Finanzas y pilotó las primeras ofertas públicas de venta (OPV) de la operadora, para la que dirigió el desembarco en América Latina con la primera adquisición de la empresa en la Argentina de Raúl Alfonsín.

De allí pasó a Arthur Andersen (actual Deloitte), de la que fue socio. Y de allí, a la estatal Inisel, germen de la actual Indra, de la mano del entonces presidente del INI, Javier Salas, otro político de la beautiful del felipismo.

Indra fue una creación de Monzón, resultado de la absorción de la empresa privada Ceselsa por parte de Inisel. Bajo su batuta, la compañía dio el salto al Mercado Continuo a través de una OPV en la que, en la era dorada de las privatizaciones de José María Aznar, el Estado vendió su 66% en marzo de 1999, ejercicio en el que se incorporaría al capital del grupo tecnológico la Caja Madrid de Miguel Blesa con un 10%.

Gracias a los millonarios contratos de la Administración pública, Indra se internacionalizó, llegó a multiplicar su tamaño por diez y se convirtió en miembro del Ibex 35, la élite empresarial española. 

El expresidente de Indra, Javier Monzón, ha retirado a última hora su candidatura a la presidencia ejecutiva del grupo Prisa en sustitución de Juan Luis Cebrián, según ha avanzado El Confidencial. Estaba previsto que el nombramiento de Cebrián como ejecutivo del grupo se anunciase este viernes, tras la reunión del consejo de administración en el que la editora de El País también preveía abordar la aprobación de una ampliación de capital de hasta 500 millones para tratar de remediar su crítica situación financiera, con una deuda de 1.548 millones de euros de los que 956 millones vencen en 2018.

La retirada de Monzón obedecería a un cambio en las condiciones que se habían pactado con el directivo para que asumiera las tareas ejecutivas del grupo mediático. Expansión apunta que el proceso de transición durante el cual Monzón iba a ser vicepresidente ejecutivo en cohabitación con Cebrián, que en ese lapso mantendría la presidencia ejecutiva y la presidencia de la comisión delegada, iba a alargarse más de lo inicialmente previsto. 

El nombre de Monzón, buen amigo de la presidenta de Banco Santander, Ana Patricia Botín, había sido propuesto por el banco cántabro, que controla un 4,1% de Prisa, con el consenso del resto de accionistas y como condición impuesta por varios de ellos para respaldar la ampliación de capital que necesita llevar a cabo Prisa de forma urgente para restablecer su equilibrio patrimonial. En esa ampliación, Prisa no descarta dar entrada a nuevos accionistas.

La propuesta de nombrar a Monzón no fue comunicada previamente a Moncloa, según La Información. Este ejecutivo fue apeado por el Gobierno de Mariano Rajoy a principios de 2015 de la presidencia de Indra, que presidió desde su creación. El Ministerio de Defensa no ocultó su descontento con su gestión de la compañía tecnológica, cuyo primer accionista es el grupo público SEPI, aunque los derechos políticos corresponden a Defensa.

Prisa se queda así sin candidato para suceder a Cebrián, cuya cabeza habían pedido algunos accionistas a cambio de respaldar la ampliación. El periodista es presidente ejecutivo del grupo desde 2012, periodo en el que el valor bursátil del grupo de comunicación ha pasado de más de 3.000 millones a los 270 millones actuales. En los últimos meses, el principal accionista de Prisa, el fondo oportunista Amber, ha cuestionado abiertamente su gestión.

Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de Prisa, puede abandonar la gestión de la compañía este mismo viernes. Según ha adelantado El Confidencial, y ha confirmado eldiario.es, el alto ejecutivo que lleva al frente de Prisa desde 2012 cuando falleció Jesús Polanco, será sustituido próximamente por Javier Monzón, expresidente de Indra. El consejo de administración debatirá la propuesta este viernes.

Según fuentes próximas a Prisa, ha sido el propio Cebrián (que cumple este otoño 73 años) el que ha hecho la propuesta de que Monzón sea su sucesor, después de meses en los que los accionistas se han mostrado muy críticos con la gestión del periodista al frente de la empresa. Prisa es la entidad editora de El País y gestiona también la cadena de radio SER.

Los principales accionistas de Prisa son la familia Polanco (a través de Rucandio SA, con el 17,527%), el fondo oportunista Amber (18,98%), Telefónica (13,058%), el grupo Herradura (del mexicano Roberto Alcántara), el banco HSBC (9,564%), Caixabank (4,906%) y Santander (4,145%), y miembros de la familia real catarí controlan un 8,17%.

Su sucesor, Javier Monzón (Madrid, 1956), fue durante más de veinte años el primer ejecutivo de Indra, compañía tecnológica que fundó y que actualmente tiene al Estado como primer accionista. Íntimo amigo del rey emérito Juan Carlos I, Monzón es actualmente consejero de Santander España. Un año después de salir de Indra (diciembre de 2015) y dos meses después de que se le retirase la presidencia honorífica de la compañía tras descubrirse que había ocultado a su consejo de administración la compra de un avión privado con dinero de la empresa, Monzón fue nombrado consejero de la multinacional metalúrgica Ferroglobe, controlada por Juan Miguel Villar Mir.

Fernando Abril-Martorell ha sustituido a Monzón al frente de Indra. Abril-Martorell venía de ser consejero delegado de Prisa, cargo al que accedió nombrado por Juan Luis Cebrián.

La acción ha reaccionado a la noticia con una caída del 0,84%. En el año se deja un 31,8%.