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Javier Monzón niega al juez pagos en efectivo desde Indra y se desvincula de los contratos con la trama Púnica

El que fuera máximo responsable de la tecnológica entre 1992 y 2015 declara como imputado en la Audiencia Nacional por el desvíos de fondos de la Comunidad de Madrid a las campañas electorales del PP regional

El juez cree que la tecnológica se convirtió "con la participación activa" de varios directivos, entre ellos Monzón -ahora presidente de Prisa-, en una herramienta de desvío de fondos hacia el partido

Anticorrupción y el juez de Púnica sostienen que un directivo de Indra entregó 10.000 euros en efectivo a un conseguidor de la red en un aparcamiento de Madrid

El expresidente de Indra, Javier Monzón.

El expresidente de Indra, Javier Monzón.

El expresidente de Indra Javier Monzón se ha desvinculado este viernes durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional de las supuestas facturas giradas por la tecnológica a empresas vinculadas a la trama Púnica siguiendo instrucciones del Partido Popular madrileño, informan fuentes jurídicas. Monzón, que en la actualidad es presidente no ejecutivo del grupo Prisa y de OpenBank [filial digital del Banco Santander], también ha negado la existencia de pagos en efectivo en la compañía que dirigió entre 1992 y 2015 y ha remarcado que las transacciones se realizaban habitualmente a través de transferencias bancarias.

El instructor de la causa, Manuel García Castellón, considera de forma indiciaria que Indra se convirtió durante los años de la Púnica en la Comunidad de Madrid en una herramienta para hacer llegar dinero de los gobiernos regionales de Esperanza Aguirre e Ignacio González a través de la empresa pública ICM que aglutinaba los servicios de informática de la administración y regional y llegó a manejar presupuestos anuales  de 155 millones de euros– a la financiación irregular del PP madrileño, que pagaba así sus campañas electorales. En contraprestación, señalan los investigadores en esta rama del sumario Púnica, la tecnológica se vería "favorecida especialmente" en las adjudicaciones de ICM. 

El funcionamiento, según la investigación, sería el siguiente: ICM otorgaba trabajos con "presupuestos inflados" a Indra y la tecnológica dirigía después ese excedente a abonar facturas de empresas siguiendo las instrucciones de la cúpula del PP. Estas empresas, que figuran en el entramado de la red corrupta, realizaban trabajos de campaña para el partido de Aguirre que no figuraban en la contabilidad oficial. Según la investigación, la tecnológica habría pagado al menos 1,13 millones de euros a través de facturas falsas a supuestos proveedores que en realidad trabajaban para el PP.

Los investigadores destacan la "participación activa" de Monzón, así como del exconsejero Javier de Andrés y del exdirectivo Santiago Roura en esta supuesta estrategia de desvío de fondos públicos. Tanto el juez como la fiscalía como los informes de la Guardia Civil dan por hecho que De Andrés entregó 10.000 euros en efectivo en un aparcamiento de La Moraleja al conseguidor de la trama, Javier de Pedro. 

Ante el juez García Castellón, Monzón ha insistido en que él se encargaba de la estrategia global de la empresa y que entre sus funciones no estaba el visado de facturas. En este sentido, ha reiterado que no tuvo conocimiento de los pagos objeto de las pesquisas ni conocía las facturas hasta que las ha visto en el sumario.

El juez remarca en el auto sobre la supuesta financiación irregular del PP madrileño que Indra no tenía previsto protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos y mantiene que los exdirectivos Monzón, de Andrés y José Vicente Gil Ortega, que fue responsable del área de procesos electorales, "intervendrían directamente en muchas de las decisiones de la realización de entregas de dinero".

Sobre esta cuestión, Monzón ha reiterado que la compañía contaba con sistemas férreos de control en la gestión de sus operaciones y proyectos que iban más allá de los requerimientos legales aplicables en aquel momento. Y se ha remitido para ello a la documentación pública que la compañía está obligada a difundir por su presencia en el Ibex 35.

El reglamento del consejo de administración de Prisa establece que cuando de sus miembros resulte imputado este órgano analiza el caso y adopta "las decisiones que considere más oportunas en función del interés social". El consejo de administración de Openbank también tendrá que pronunciarse sobre la continuidad de Monzón. Ambas compañías han alargado hasta el momento la toma de una decisión ante los problemas judiciales de su presidente ejecutivo, una situación que afecta directamente a la reputación de ambas compañías. 

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