Puigdemont aguarda su amnistía en 2026 tras las idas y venidas con el PSOE
Los dirigentes del procés para los que se aprobó la amnistía siguen sin poder beneficiarse de la ley un año y medio después de su entrada en vigor. De entre todos ellos, el líder de Junts, Carles Puigdemont, es el que sufre las consecuencias más visibles: permanece en Bélgica desde 2017 y todavía tiene vigente una orden de ingreso en prisión si pone un pie en España. El expresident aguarda que 2026 sea el año en que definitivamente se desencalle su amnistía, aunque el Tribunal Supremo ya ha dado muestras de su negativa a aplicarla.
A la espera de la respuesta que pueda venir desde la plaza Villa de París de Madrid, sede del Tribunal Supremo, la resolución de la amnistía depende en primer lugar del Tribunal Constitucional. Los magistrados del organismo que preside Cándido Conde-Pumpido tienen que resolver, previsiblemente durante la primera mitad del 2026, el recurso del expresident contra la negativa del Supremo a amnistiarle.
Aunque el tribunal de garantías ya avaló la ley de amnistía de forma general, hasta que el Constitucional no sentencie el caso concreto del expresident y corrija al Supremo, Puigdemont no podrá volver sin riesgo a ser detenido.
Será la primera vez que el Constitucional se pronuncie sobre la negativa del Supremo a amnistiar la malversación. En los borradores sobre los recursos de algunas comunidades autónomas contra la norma se terminaron eliminado las referencias que pudieran interpretarse como un adelanto del debate sobre la situación de Puigdemont.
Como en casi todo lo referente el procés, la acción se desarrolla en varios planos (o tribunales, en este caso). Hay otra sentencia relevante sobre la amnistía que también debe emitirse en los primeros compases de 2026. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decidirá si la norma se ajusta a la legalidad europea. Lo hará a partir de las preguntas que enviaron el Tribunal de Cuentas en el caso del desvío de fondos del procés (en el que están encausados Puigdemont y una treintena de líderes soberanistas) y la Audiencia Nacional en la causa de los CDR.
Una respuesta contundente del TJUE, en línea con las conclusiones del Abogado General que avalaron el grueso de la ley de amnistía, dejaría sin margen de maniobra a los tribunales españoles que dudaban de la norma. Aunque a disgusto, se verían obligados a aplicarla.
Sobre el papel, una sentencia de Luxemburgo que respaldara por completo la amnistía impediría cualquier eventual maniobra del Supremo una vez el Constitucional se pronunciara sobre el caso de Puigdemont, ya que la normativa del TJUE impide emitir una nueva sentencia respecto a aquello que ya es claro o una cuestión prejudicial que ya se ha aclarado (como podría ser el caso de la malversación).
La abierta negativa del Supremo a aplicar la ley a Puigdemont pese a que era el principal beneficiario de la misma hace que en Junts estén preparados para cualquier escenario. El Alto Tribunal consideró no amnistiable la malversación (con una argumentación que desató críticas incluso en el propio tribunal del procés) porque, a su juicio, como Puigdemont y el Govern no se gastaron de su bolsillo el dinero para las urnas, se habían enriquecido.
Por el contrario, en línea con el espíritu y redactado de la ley, otros jueces de Barcelona sí han amnistiado a los cargos del Govern de Puigdemont también acusados de malversación por los mismos gastos que el Supremo rechazó perdonar.
Tras un año y medio en vigor, la ley ha cumplido su objetivo de borrado generalizado de las causas penales derivadas del procés, con la sonora excepción de sus líderes encausados en el Supremo. Este 2026 el Constitucional también resolverá los recursos para amnistiar a otras primeras espadas como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, o el secretario general de Junts, Jordi Turull, así como a los otros dos exconsellers que permanecen en el extranjero, Toni Comín y Lluís Puig.
Con estos precedentes, en el partido de Puigdemont no descartan otro movimiento del Supremo para no aplicar la amnistía al expresident aunque así se lo indique el Constitucional. Considerada imposible una eventual entrega a España tras los sonoros fracasos recibidos desde distintos tribunales europeos, el temor es que el Supremo provoque que Puigdemont quede varado en Bélgica, esto es, sin una nueva petición de extradición pero bajo la amenaza de la cárcel si cruza los Pirineos.
La evolución política durante estos siete años, además, ha movido el foco de la acción exterior hacia la política doméstica. Los siete diputados en el Congreso de Junts, indispensables para Pedro Sánchez para sustentar su investidura, han devuelto al partido de Puigdemont a una centralidad de la que se había desplazado. Pese a su pérdida de peso institucional, Junts ha recuperado la interlocución empresarial perdida con el procés.
En paralelo a las decisiones de los tribunales, Puigdemont tendrá que redefinir en 2026 las relaciones con el PSOE tras un convulso 2025. A lo largo del año pasado, Junts pasó de tantear con la ruptura con los socialistas a oficializar el divorcio, si bien en los últimos compases del año Pedro Sánchez ha intentado recomponer relaciones retomando compromisos pendientes y cediendo en asuntos donde Junts se derechiza ante la competencia de Aliança Catalana, como la multirreincidencia.
Conscientes de que el cumplimiento efectivo de la ley puede ser uno de los pocos refugios para capear el temporal de lo que le quede a la legislatura en España, son los socialistas los que han depositado más esperanzas en que 2026 sea el año de amnistía.
En el último pleno del año, el president de la Generalitat, Salvador Illa, a quien los de Puigdemont practican una férrea oposición en el Parlament, se mostró “seguro” de que la ley será plenamente “efectiva” en 2026, y que ello supondrá “un paso adelante muy importante para todos”. Y tendió la mano a la recién nombrada a la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, a la que dijo que “coincide” con ella en el asunto del olvido penal del procés. Está por ver si con el nuevo año se cumplen los augurios del president.
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