La Fiscalía solicita dos años y medio de cárcel para una médica como supuesta responsable de un delito de falsificación de documento público, al expedir para sí misma, entre octubre de 2022 y julio de 2023, cerca de un centenar de recetas, en nombre de otras dos facultativas de Ávila.

En juicio esta previsto para los días 13 y 14 de mayo en la Audiencia Provincial de Ávila, si bien es previsible que no llegue a celebrarse al existe un acuerdo entre las partes, que tendrá que ser ratificado este miércoles, y cuyo contenido no se ha desvelado por el momento.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la acusada, médica de profesión, “aprovechando su condición de paciente de dos doctoras, trabajadoras de un centro de salud de Ávila, falsificó sus firmas” y expidió a su nombre hasta un total de 97 recetas entre octubre de 2022 y julio de 2023.

De todas ellas, 93 fueron expedidas a nombre de una de las dos doctoras por un importe total de 732,19 euros, de los cuales 432,29 fueron abonados por el Sacyl, mientras que, de las cuatro recetas restantes, por un importe de 18,90 euros, lo abonado por Sanidad Castilla y León fue de 8,32 euros.

Para la Fiscalía, estos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsificación de documento público, por el que solicita para la acusada dos años y medio de prisión y una pena de multa de 10 meses, con cuotas diarias de 20 euros, mientras que plantea una indemnización de 440,61 euros a la Junta.

Falsedad y estafa para la acusación particular

Por su parte, acusación particular pide seis años de prisión por un delito continuado de falsedad en documento oficial y dos años y medio más por otro de estafa.

“La acusada, por su facilidad de acceso por su condición de médica, sustraía (cogía) recetas en blanco del SUAP (servicio de Urgencias) y después de hacer constar su nombre y apellidos y demás datos identificativos de la acusada, describía con su nombre o denominación el medicamento que le interesaba y estampaba un sello médica del SUAP”, sostiene la acusación particular.

Además, insiste en que “falsificaba la firma de la médica supuestamente expedidora de la receta respecto de una de las doctoras”, con el objetivo de “acceder a unos medicamentos que ella no podía adquirir sin receta médica”, y que algunas de las recetas figuran con una fecha en la que las doctoras ni siquiera estaban en Ávila.

Trastorno mental

Mientras, la defensa esgrime el “trastorno mental y del comportamiento” que desde antes de 2022 sufre la acusada, debido “al consumo de sedantes o hipnóticos y benzodiacepinas que generaron un síndrome de dependencia” que en 2023 determinó que en 2023 fuera ingresada en el Servicio de Urgencias del hospital 'Nuestra Señora de Sonsoles'.

Tras ser derivada al Servicio de Urgencias Hospitalarias de Psiquiatría, fue remitida al Servicio de Agudos del Complejo Asistencial, donde su psiquiatra recomendó su ingreso en agudos por “empeoramiento de sintomatología ansioso-depresiva e ideas pasivas de muerte”.

Una vez dada de alta, continuó con un tratamiento ambulatorio por “el trastorno ansioso depresivo y consumo perjudicial de benzodiacepinas, permaneciendo con tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico” con el objetivo de obtener “la abstinencia”, que no se ha conseguido.

La defensa considera que los hechos “no son constitutivos de infracción penal alguna”, si bien matiza que “si llegara a entenderse que alguna de las conductas puede merecer algún tipo de reproche penal, lo habría ejecutando sin comprender la ilicitud del hecho”, dada su alteración psíquica.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de 48 delitos de falsedad documental y otros 48 de usurpación de estado civil por utilizar recetas médicas falsificadas para obtener zolpidem, un fármaco sedante empleado para tratar el insomnio grave. La investigación ha permitido detectar hasta 48 dispensaciones fraudulentas en 13 farmacias de las provincias de Huesca y Lleida.

La operación, denominada RECBIN, ha sido desarrollada por el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Barbastro en colaboración con el puesto de Binéfar. Las pesquisas comenzaron a principios del pasado mes de marzo tras la denuncia del titular de una farmacia de la comarca de La Litera, que alertó de la utilización de recetas de dudosa procedencia por parte de un cliente habitual.

Los agentes comprobaron que todas las recetas seguían el mismo patrón y habían sido confeccionadas de manera fraudulenta utilizando los datos de un médico colegiado en Madrid. El medicamento obtenido tenía como principio activo el zolpidem, una sustancia sedante que puede generar dependencia, alteraciones cognitivas o somnolencia extrema, además de incrementar el riesgo si se combina con alcohol u otras sustancias.

El pasado 15 de abril, agentes del Equipo ROCA detuvieron in fraganti a los dos sospechosos cuando intentaban adquirir el medicamento en una farmacia de Binéfar. Durante la intervención se les incautaron 30 comprimidos del fármaco. Según la investigación, los detenidos se desplazaban a distintas localidades de la provincia de Huesca para conseguir el medicamento y posteriormente regresaban a su lugar de residencia.

Las diligencias permitieron atribuir ocho dispensaciones fraudulentas en cinco farmacias de las comarcas oscenses de Cinca Medio y La Litera, así como otras 40 en ocho farmacias de la ciudad de Lérida y de municipios de las comarcas del Segrià y La Noguera.

Los detenidos son un hombre y una mujer de 22 y 46 años, vecinos de Lérida y de la comarca de La Noguera, respectivamente. Ambos quedaron en libertad con cargos tras ser puestos a disposición del Tribunal de Instancia Plaza número 1 de Monzón.

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos personas (un hombre y una mujer) por dos delitos de fraude de subvenciones en las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y de falsedad documental, según ha informado el cuerpo a través de un comunicado.

El heredero de una de las parcelas que se utilizaban para el fraude denunció ante la Policía Nacional de Andalucía que uno de los investigados había cobrado las ayudas de la PAC entre 2021 y 2025 por una parcela en Valcabado (Zamora) que en realidad no tenía arrendada ni tenía permiso para cobrar las ayudas europeas.

Los agentes del Eprona (Equipo de Investigación del Seprona) han llevado el caso. El comunicado señala que los investigados solicitaron en un único trámite las ayudas de la PAC de varias parcelas “reflejando datos que no se ajustan a lo legalmente establecido”.

Esta es la última investigación sobre fraude de fondos europeos en Castilla y León Recientemente, la Guardia Civil ha detenido al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE), como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea. El fraude fiscal de Pascual habría alcanza los 3,3 millones, se prolongó durante 15 años y está relacionado con fondos de la Unión Europea para promover el empleo y fijar población en su provincia y en Zamora.

Hace tres años, la Guardia Civil también informó de que investigaba a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la PAC con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. Se trataba de 22 personas físicas y ocho empresas acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

El juez que investiga al empresario y comisionista Alberto González Amador ha concedido un plazo de diez días para que su defensa rebata los escritos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular presentados hace seis meses y que piden para la pareja de Isabel Díaz Ayuso diferentes penas de prisión por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, entre otros. Con esta medida, el magistrado Antonio Viejo avanza en la tramitación de la causa que sentará en el banquillo a González Amador en una vista aún sin fecha de celebración.

La diligencia de ordenación del Juzgado de Instrucción número 19, a la que ha tenido acceso elDiario.es, tiene fecha de 26 de enero y en ella se advierte de que si González Amador y los otros cuatro acusados en el procedimiento no presentan sus escritos de defensa en el plazo indicado “se entenderá que se oponen a las acusaciones y seguirá su curso el procedimiento, sin perjuidico de la responsabilidad en la que puedan incurrir de acuerdo con lo previsto” en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden cada una de ellas 3 años de cárcel y 9 meses de cárcel, además de multa, para Alberto González Amador por haber defraudado 350.951 euros a la Agencia Tributaria en los impuestos de socidedades correspondientes a 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas. La acusación popular, que ejercen PSOE y Más Madrid, elevan la petición a los cinco años de cárcel sin poder pronunciarse sobre los delitos fiscales, en los que no pueden ejercer acusación porque están cometidos contra la Hacienda Pública, representada por la Abogacía del Estado.

Contra González Amador y el resto de acusados dictó el juzgado auto de apertura de juicio oral, que no se puede recurrir, lo que les aboca irremediablemente al banquillo. La fecha del juicio no está fijada y apunta a que se retrasará varios meses, pudiendo alcanzar incluso a 2027. La cuota defraudada señala que debe ser un Juzgado de lo Penal y no la Audiencia Provincial quien juzgue a la pareja de Ayuso y a sus presuntos colaboradores y estos tribunales destacan por su acumulación de vistas y retrasos.

Una investigación pendiente

Mientras, el mismo juzgado mantiene abierta una pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal, por el presunto pago encubierto de una comisión por parte de González Amador a un directivo de Quirón, Fernando Camino. El presidente de Quirón Prevención habría facilitado, desde otra empresa a cuyo consejo de administración pertenecía, la compra de un material sanitario al principio de la pandemia a una sociedad que había acordado previamente con González Amador que se llevaría una abultada comisión. Para repartirse las ganancias en secreto, González Amador habría comprado por un precio desorbitado –medio millón de euros– una sociedad sin apenas valor a la mujer del directivo de Quirón.

González Amador ganó casi 2 millones de euros con la operación, consistente en poner en contacto a dos empresas españolas. La comisión supuso un salto exponencial en su carrera empresarial, pero la pareja de Ayuso no quiso pagar los impuestos que le correspondían y una inspección fiscal dio origen al caso.

Se da la circunstancia de que un día después de que Antonio Viejo concediera el plazo a la defensa de González Amador para presentar escrito de defensa en la primera de las causas, la de fraude fiscal, la acusación popular había presentado dos peticiones para agilizar los dos procedimientos frente al retraso que sufrían. Cuando PSOE y Más Madrid presentaron sus escritos aún no se les había notificado la decisión del juez Viejo.

La anterior magistrada del caso, Inmaculada Iglesias, implicó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la investigación más compleja, la del pago encubierto de la comisión al directivo de Quirón, pero los agentes no se pusieron a trabajar hasta noviembre porque la documentación del juzgado no llegó hasta entonces. Aún hoy siguen elaborando su atestado. La jueza Iglesias se jubiló en verano y eso provocó un retraso en la instrucción.

No es el argumento de una película. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que se hacía pasar por subinspector en los servicios de inteligencia y reclutaba a militares para su plantilla, haciendo uso de documentación falsa y el número de carné de otro compañero con el que, según los primeros indicios, no parece que tuviera relación alguna. Lo más sorprendente es que este hombre ya estaba fichado por delitos similares de usurpación de funciones públicas, también dentro del mismo cuerpo policial. Es decir, era un infiltrado recurrente.

Fuentes policiales señalan que en 2014 el individuo fue detenido cuando fingía ser un agente, aunque no especificaron en qué rango o durante cuánto tiempo pudo acceder a información policial clasificada en esta primera ocasión. Ahora tampoco han concretado el período en el que el hombre, de nacionalidad española, estuvo accediendo a sus dependencias como uno más, llegando a portar armas o documentación falsa que acreditara su pertenencia.

“Estaba obsesionado con ser policía, lo hacía por alimentar su propio ego”, relatan las mismas fuentes, que descartan –así lo hace el comunicado oficial difundido por el Cuerpo Nacional de Policía– que el detenido perteneciera a algún grupo criminal organizado o estuviera adscrito a alguna ideología, grupo o afiliación política.

Se ganó la confianza de otros agentes para afianzar aún más su rol, llegando a ser conocido como “el reclutador” por su papel concertando entrevistas o recibiendo el currículum de algunos militares interesados en entrar al centro. Utilizaba distintos complementos para dar veracidad a su papel, como el carné profesional con el número de otro policía real, la placa emblema o un arma simulada.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de agosto, cuando se supo que un hombre intentó acceder al complejo militar sin pertenecer al cuerpo. El ahora detenido trató de identificarse con la documentación falsa que había elaborado en el control de acceso, pero las sospechas sobre su veracidad levantaron las alarmas. Indagando descubrieron que no era la primera vez, tampoco la segunda, que este individuo lograba entrar a ese mismo cuartel.

El pasado 25 de septiembre, avanzada la investigación, fue detenido como presunto responsable de un delito de usurpación de las funciones públicas, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. De forma habitual portaba una pistola de airsoft con apariencia real, y en una ocasión ofreció un revolver a uno de los militares, al que mostró fotografías del arma.

Su infiltración en el cuerpo, según el comunicado de la Policía Nacional, no ha supuesto “ningún peligro para las diferentes dependencias que frecuentaba”, ya que “su único fin era por satisfacción personal”. El detenido ya ha pasado a disposición judicial.

El Tribunal Supremo rebaja la condena a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', por fingir ser agente del CNI y del Gobierno. La Sala Penal confirma dos años de prisión por delito continuado de falsedad documental, con la atenuante de dilaciones indebidas, por la confección de documentos que atribuía falsamente a altos organismos del Estado. Pero le absuelve de un delito de usurpación de funciones por el que había sido condenado a otros 17 meses de prisión por la Audiencia de Madrid. 

La sentencia considera probado que el 'Pequeño Nicolás' llegó a acudir al despacho del director de una sucursal del Banco Santander para intentar, sin éxito, que un empresario pudiera sacar todo su dinero en efectivo. Durante esa reunión, el 'Pequeño Nicolás' colocó intencionadamente un documento escrito en el que aparecía la bandera de España y un membrete de altas instituciones del Estado. 

Fue detenido cuando la Policía sospechó que podía estar intentando estafar a este empresario, que en origen había acudido a él por problemas en la venta de una finca. Los agentes encontraron en su domicilio documentos que confeccionó usando sellos, banderas, dibujos oficiales y membretes que él mismo estampaba digitalmente. Eso les conferían una apariencia de autenticidad, al tiempo que atribuían su origen a altos organismos del Estado como la Casa Real, el Gobierno de España, el Ministerio de la Presidencia, la UDEF de la Policía o el CNI, en ocasiones con la firma simulada del presidente del Gobierno o el director del CNI. 

Los jueces del alto tribunal le condenan por falsificar la documentación del CNI o del Gobierno que utilizaba para presentarse, pero le absuelven del delito de usurpación de funciones. El Supremo indica que, en los hechos probados, aparece claro que el acusado simula aparentar una influencia como agente de inteligencia ante el director del banco, pero ello no es una simulación de las funciones de un cargo o funcionario público, sino precisamente un comportamiento nada ético, y desde luego, totalmente reprochable desde una perspectiva de una supuesta legalidad de su función como agente estatal.

Pilar Bonet, la consellera del PP a Mallorca que va dimitir l'any passat arran del desfalc de 2,2 milions d'euros quan treballava a la filial d'handling d'una companyia aèria, ha reconegut formalment els fets davant l'Audiència Provincial de Balears i ha acceptat una condemna de dos anys i mig de presó i el pagament d'una multa de 1.250 euros per un delicte de falsedat documental en concurs amb un altre d'estafa. També haurà d'indemnitzar l'empresa en les quantitats que en va defraudar. L'acusada atribueix la seva conducta a una addicció greu a les compres que, al·lega, la va portar a adquirir i regalar estris de forma compulsiva amb càrrec als fons de l'aerolínia.

Visiblement afectada, la processada s'ha assegut aquest dijous a la banqueta per ratificar-se en el reconeixement dels fets i mostrar la seva conformitat amb la condemna. L'acord subscrit amb la Fiscalia i la pròpia companyia reflecteix els nombrosos moviments bancaris que va realitzar per destinar ingents quantitats de diners a comptes en què figurava com a titular o autoritzada. Tal com consta a l'escrit, Bonet va presentar un informe pericial segons el qual pateix un trastorn de control impulsiu i ansiós al qual atribueix el comportament que va dur a terme. No en va, se li han aplicat les eximents de confessió i incompleta per anomalia o alteració psíquica.

Al mateix document, les acusacions s'oposen que li sigui cancel·lada l'execució de la condemna, suspensió que sol·licitarà en propers dies la defensa de Bonet.

Per poder cometre els fets, la processada va emprar diferents correus electrònics emesos per diferents departaments de l'aerolínia en què se sol·licitaven diversos pagaments per al funcionament normal del negoci. Hi va introduir canvis per possibilitar que les quantitats fossin desviades de mica en mica en els comptes que l'acusada feia constar als emails. Mentrestant, la inculpada aparentava regularitat davant del seu cap i davant del departament de tresoreria, aconseguint que finalment eludir els controls de seguretat i que s'autoritzessin els pagaments als comptes que ella havia proporcionat. Cada pagament fraudulent generava un saldo deutor en la comptabilitat de l'aerolínia i, més en concret, en el compte on constaven les 'partides pendents d'aplicar'.

Cal recordar que, tot just un dia després que el Consell de Mallorca anunciés la dimissió de Bonet “per motius personals”, els fets no van trigar a transcendir, provocant un terratrèmol polític al si de la institució insular, governada per populars i Vox. L'extitular d'Hisenda a la institució supramunicipal va treballar per a la companyia aèria entre el 1992 i el 2023, compatibilitzant els últims quatre anys amb la seva tasca com a regidora d'Hisenda al municipi mallorquí de Llucmajor, fins que va ser designada consellera.

Bonet va negar des del principi haver comès cap delicte fins que, el mes de març passat, va optar per admetre davant el Jutjat que els fets es van deure a un “greu” trastorn d'addicció a les compres, motiu pel qual en l'actualitat està sent tractada en Projecte Home, tal com van assenyalar fonts del cas a elDiario.es. Bonet va prestar així mateix declaració voluntària en què va assegurar que fins i tot els seus companys de feina i persones del seu entorn se n'aprofitaven davant la seva contínua inclinació a comprar-los i regalar-los coses. Així mateix, va assegurar que mai no es va comprar res per a ella.

Degoteig de cessaments i dimissions al PP

Després de conèixer els motius de la dimissió de Bonet, els grups de l'oposició al Consell de Mallorca no van trigar a reaccionar, sobretot quan el PP ja acumulava diversos cessaments i dimissions entre incompatibilitats, acusacions i denúncies diverses des que va arrencar la legislatura a mitjans del 2023. En paral·lel, els conservadors es van mantenir ferms en el seu propòsit de tancar -com finalment van fer- l'Oficina Anticorrupció de Balears en virtut de l'acord que populars i extrema dreta van rubricar a inicis de l'actual mandat.

“No és el que han robat, que també, és el que segueixen robant i com els segueixen votant... presumptament. Ni un sol dia sense el 'cas aïllat' de corrupció PePera”, assenyalava llavors el conseller socialista Javier de Juan a la xarxa social 'X' -abans Twitter-. “Es veu que això de desquadrar els pressupostos ja li venia de fora. La facilitat dels càrrecs del PP per acabar davant un jutge és alarmant. Estan batent tots els rècords de denigrar les institucions”, subratllava, per part seva, el diputat del PSIB al Parlament balear Carles Bona.

Entre aquests càrrecs hi ha l'exdirector general de Coordinació i Transparència del Govern Jaume Porsell, qui va ser cessat per comercialitzar de forma irregular un agroturisme, i l'exconsellera d'Habitatge Marta Vidal, qui figurava al Registre Mercantil com a administradora única de la societat MV Urbanisme, Dret Immobiliari i Turisme SLP, desafiant amb això el règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs de Balears. També es troba sota el punt de mira polític Núria Riera, qui solapa el seu càrrec de consellera portaveu del PP al Consell de Mallorca amb el de funcionària al Govern. Recentment, l'Executiu balear va imposar una amonestació mínima a Riera per absentisme, al·legant haver analitzat els fets “de forma rigorosa com ho faria amb qualsevol funcionari de la Comunitat”.

Pilar Bonet, la consellera del PP en Mallorca que dimitió el año pasado a raíz del desfalco de 2,2 millones de euros cuando trabajaba en la filial de handling de una compañía aérea, ha reconocido formalmente los hechos ante la Audiencia Provincial de Balears y ha aceptado una condena de dos años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.250 euros por un delito de falsedad documental en concurso con otro de estafa. También deberá indemnizar a la empresa en las cantidades que defraudó de la misma. La acusada atribuye su conducta a una grave adicción a las compras que, alega, la llevó a adquirir y regalar enseres de forma compulsiva con cargo a los fondos de la aerolínea.

Visiblemente afectada, la procesada se ha sentado este jueves en el banquillo para ratificarse en el reconocimiento de los hechos y mostrar su conformidad con la condena. El acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la propia compañía refleja los numerosos movimientos bancarios que realizó para destinar ingentes cantidades de dinero a cuentas en las que figuraba como titular o autorizada. Tal como consta en el escrito, Bonet presentó un informe pericial según el cual padece un trastorno de control impulsivo y ansioso al que atribuye el comportamiento que llevó a cabo. No en vano, se le han aplicado las eximentes de confesión e incompleta por anomalía o alteración psíquica.

En el mismo documento, las acusaciones se oponen a que le sea cancelada la ejecución de la condena, suspensión que solicitará en próximos días la defensa de Bonet.

Para poder cometer los hechos, la procesada empleó distintos correos electrónicos emitidos por distintos departamentos de la aerolínea en los que se solicitaban diversos pagos para el normal funcionamiento del negocio. En ellos introdujo cambios para posibilitar que las cantidades fuesen desviadas paulatinamente en las cuentas que la acusada hacía constar en los emails. Mientras tanto, la inculpada aparentaba regularidad ante su jefe y ante el departamento de tesorería, logrando que finalmente eludir los controles de seguridad y que se autorizasen los pagos a las cuentas que ella había proporcionado. Cada pago fraudulento generaba un saldo deudor en la contabilidad de la aerolínea y, más en concreto, en la cuenta en la que constaban las 'partidas pendientes de aplicar'.

Cabe recordar que, apenas un día después de que el Consell de Mallorca anunciara la dimisión de Bonet “por motivos personales”, los hechos no tardaron en trascender, provocando un terremoto político en el seno de la institución insular, gobernada por populares y Vox. La extitular de Hacienda en la institución supramunicipal trabajó para la compañía aérea entre 1992 y 2023, compatibilizando los últimos cuatro años con su labor como concejala de Hacienda en el municipio mallorquín de Llucmajor, hasta que fue designada consellera.

Bonet negó desde el principio haber cometido delito alguno hasta que, el pasado mes de marzo, optó por admitir ante el Juzgado que los hechos se debieron a un “grave” trastorno de adicción a las compras, motivo por el que en la actualidad está siendo tratada en Projecte Home, tal como han señalado fuentes del caso a elDiario.es. Bonet prestó asimismo declaración voluntaria en la que aseguró que incluso sus compañeros de trabajo y personas de su entorno se aprovechaban de ella ante su continua inclinación a comprarles y regalarles cosas. Asimismo, aseguró que nunca se compró nada para ella.

Goteo de ceses y dimisiones en el PP

Tras conocer los motivos de la dimisión de Bonet, los grupos de la oposición en el Consell de Mallorca no tardaron en reaccionar, máxime cuando el PP ya acumulaba varios ceses y dimisiones entre incompatibilidades, acusaciones y denuncias varias desde que arrancó la legislatura a mediados de 2023. En paralelo, los conservadores se mantuvieron firmes en su propósito de cerrar -como finalmente hicieron- la Oficina Anticorrupción de Balears en virtud del acuerdo que populares y extrema derecha rubricaron a inicios del actual mandato.

“No es lo que han robado, que también, es lo que siguen robando y como les siguen votando... presuntamente. Ni un solo día sin el 'caso aislado' de corrupción PePera”, señalaba entonces el conseller socialista Javier de Juan en la red social 'X' -antes Twitter-. “Se ve que eso de descuadrar los presupuestos ya le venía de fuera. La facilidad de los cargos del PP para acabar ante un juez es alarmante. Están batiendo todos los récords de denigrar las instituciones”, subrayaba, por su parte, el diputado del PSIB en el Parlament balear Carles Bona.

Entre tales cargos se encuentran el exdirector general de Coordinación y Transparencia del Govern Jaume Porsell, quien fue cesado por comercializar de forma irregular un agroturismo, y la exconsellera de Vivienda Marta Vidal, quien figuraba en el Registro Mercantil como administradora única de la sociedad MV Urbanismo, Derecho Inmobiliario y Turismo S.L.P., desafiando con ello el régimen de incompatibilidades de los altos cargos de Balears. También se encuentra bajo el punto de mira político Núria Riera, quien solapa su cargo de consellera portavoz del PP en el Consell de Mallorca con el de funcionaria en el Govern. Recientemente, el Ejecutivo balear impuso una amonestación mínima a Riera por absentismo, alegando haber analizado los hechos “de forma rigurosa como lo haría con cualquier funcionario de la Comunidad”.

El juzgado de instrucción número 3 de Albacete ha decretado la apertura de juicio oral contra contra Constantino Berruga, Tania Andicoberry y R.J. Los tres ocupaban cargos de responsabilidad en la Diputación de Albacete cuando la Presidencia la ostentaba Paco Núñez, el actual líder del PP en Castilla-La Mancha.

La resolución judicial, que lleva fecha 16 de junio de 2025 y que acaba de ser notificada, reclama en total la suma de hasta 20 años de prisión entre los tres, además de entre 9 y 15 años de inhabilitación en cargo público, para cada uno.

Deriva de la denuncia interpuesta por el albacea y los descendientes indirectos de Purificación Urrea, una rica propietaria que falleció en 1966. Hace dos años recibieron una sentencia favorable que obligó a la Diputación albaceteña a resarcirles con una cifra millonaria. Ahora reclaman responsabilidades penales contra los tres responsables públicos citados.

El auto del magistrado rechaza el sobreseimiento solicitado por la Fiscalía que, en este caso, consideró que no está acreditada la comisión de infracción penal alguna por parte de los investigados.

Una rica heredera y el incumplimiento de su voluntad testamentaria

En este caso hay que remontarse al año 2011. La Audiencia Provincial declaró entonces ineficaz el nombramiento de la Diputación de Albacete como heredera de Purificación Urrea, al no haber creado una Fundación para la asistencia de niños pobres y enfermos que la testadora puso como condición.

Los tres acusados estaban entonces ocupando cargos en la Diputación demandada por los descendientes.

Es una historia de largo recorrido judicial. Varias tierras, joyas, cuadros y documentos de gran valor de la mujer habían quedado en el limbo más de medio siglo, desde su muerte en 1966 hasta el año 2023. Su padre Pedro Urrea y Sandoval fue alcalde de Albacete y presidente de la Diputación que dejó una gran fortuna a Purificación. Solo tuvo un hijo que murió antes que la madre, en 1942, sin hijos.

Así que Purificación Urrea dejó su patrimonio a la Orden Religiosa de los Hermanos de San Juan de Dios Arcángel de Aragón con la condición de que se crease una fundación y un hospital para niños pobres y enfermos. Nunca lo hicieron.

La Diputación se hizo cargo de los bienes en 1968. Estaban valorados en 30 millones de euros. Los gestionó, pero tampoco cumplió su voluntad. En 1999 sus descendientes indirectos iniciaron un procedimiento judicial pidiendo la “ineficacia” de la condición de heredera de la Diputación “por incumplimiento del testamento”. Y lo lograron en 2011.

Se abrió un largo camino en los tribunales que culminó en 2023. Ese año la Diputación fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha a devolver los bienes y abonar 11 millones de euros más otros 3,5 millones más en concepto de intereses, entre otras cosas. Hoy en día la Institución provincial sigue vinculada al patrimonio de Purificación Urrea. Es parte de la Fundación Urrea & Herederos creada a lo largo de todo el proceso.

Penas por presunta prevaricación, falsedad documental o estafa

Ahora esos mismos descendientes denuncian a Constantino Berruga, en su condición de antiguo vicepresidente de la Diputación de Albacete entre los años 2011 y 2015 y responsable del ITAP, el Instituto Técnico Agronómico Provincial, S.A.U., sobre el que pesa, en el mismo auto, la responsabilidad civil subsidiaria. Y es que, en 2014, como responsables públicos de la Diputación en el año 2014, decidieron arrendar unos bienes vinculados al patrimonio de esta familia y que son objeto del litigio.

Los denunciantes creen que Constantino Berruga, que actualmente es concejal en La Roda, cometió un presunto delito de estafa, un presunto delito de falsedad documental y otro de prevaricación administrativa agravada. Para él se piden, dependiendo del demandante -hay cuatro demandas- entre seis y 10 años de prisión y hasta 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo además de las costas.

En segundo lugar, denuncian a Tania Andicoberry. Fue nombraba consejera del Consejo de Administración de la sociedad pública investigada, el ITAP. En aquel entonces secretaria general del PP en Almansa, la ciudad en la que Paco Núñez fue alcalde. Era su mano derecha y ha seguido trabajando con él hasta hoy. Ha sido habitual portavoz del PP de Castilla-La Mancha, es diputada regional y secretaria segunda de la Mesa de las Cortes regionales.

A ella el magistrado le imputa un presunto delito de estafa, otro de falsedad documental y un delito de prevaricación administrativa simple. Se piden hasta seis años y medio de prisión y hasta doce de inhabilitación especial para empleo o cargo público y sufragio pasivo además de las costas.

En la misma denuncia incluyen al secretario de la Diputación, R.J., al que se considera “cooperador necesario” por un presunto delito de prevaricación administrativa simple, otro de falsedad documental, y un delito de estafa. Se pide en su caso una pena de cárcel similar a la Tania Andicoberry, además de la inhabilitación para cargo público y sufragio pasivo.

A los acusados también se les requiere una fianza de cinco millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan llegar a imponerse tras el juicio, en caso de resultar condenatorio. Y se advierte que, de no prestarlas, se iniciará embargo de sus bienes.

El auto ha dado traslado al Ministerio Fiscal del plazo de tres días para formular nuevo escrito de acusación, pero indica que contra su resolución no cabe recurso, salvo en el caso relativo a la situación personal, en que cabe recurso de reforma ante el propio juzgado.

PP: “Jamás se cometió prevaricación alguna”

Fuentes del PP castellanomanchego han valorado la resolución judicial, a preguntas de este medio. “Jamás se cometió prevaricación alguna, ni cualquier otro tipo de ilegalidad, tal y como han acreditado las cinco sentencias que ha habido en este asunto hasta el día de hoy y como acreditará la sentencia del juicio oral pendiente de resolución”, aseguran en su explicación remitida por escrito a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Subrayan que cuando en 2014 decidieron arrendar los bienes en conflicto “pertenecían a la Diputación Provincial” y alegan además que el contrato de arrendamiento “fue avalado por todo el Consejo de Administración donde estaban representados todos los partidos políticos, sindicatos y universidad”.

Inciden en que “en 2014 no había ninguna sentencia o resolución que dijera que esas fincas pertenecieran a otra persona, entidad, fundación o administración distinta de la Diputación de Albacete”.

Sobre el papel que jugaron los dirigentes del PP, que gobernaban la Diputación Provincial entre 2011 y 2014, aducen que “en el momento en el que los responsables de la Diputación y el ITAP deciden explotar las fincas objeto de disputa, estos bienes estaban inventariados a nombre de la Diputación Provincial y eran a todos los efectos propiedad de la Administración provincial”.

Ya en 2015, prosigue su relato, tras pasar la Diputación a manos del PSOE, “los bienes se siguieron arrendando igual que había ocurrido en años precedentes” y dejan caer que también sobre ellos recaería entonces una presunta prevaricación. Por contra opinan que eso “demuestra, a todas luces, que nunca hubo nada irregular, pues las fincas seguían estando a nombre de la Diputación Provincial, como no podía ser de otra manera”.

También explican que la denuncia penal de los presuntos herederos fue archivada en primera instancia y que “todavía hoy la Fiscalía insiste, lógicamente, en el sobreseimiento del caso. Hasta en cinco ocasiones los tribunales contenciosos- administrativos se pronunciaron a favor de la Diputación Provincial y en contra de los herederos”.

En opinión del gabinete jurídico del PP, el juicio oral “solo se sustenta en las acusaciones de los particulares” y creen que “el empecinamiento de los herederos no es comprensible desde ningún punto de vista”, entre otras cosas porque según argumentan, “la propia Institución provincial dispuso, en el año 2023, (siendo gobernada por el PSOE), iniciar acciones penales contra la Fundación Urrea & Herederos ya que -presuntamente- desvió más de cuatro millones de euros del capital fundacional”.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un año y seis meses de cárcel a dos hombres acusados de falsear recetas de ansiolíticos tras alcanzar un acuerdo, previo al juicio, que les faculta a una suspensión de la pena privativa de libertad bajo el compromiso de no cometer delitos en cuatro años

Los acusados lograron 33 recetas médicas con el sello de una doctora colegiada, “estampando una firma simulando ser esta doctora y dándole apariencia de autenticidad”. Ambos utilizaron estas recetas y solicitaron al farmacéutico su dispensación, “no siéndole entregados dichos medicamentos ante la sospecha de la autenticidad de las recetas”.

Una vez detenidos los investigados, se encontró en poder de uno de ellos ­un bote de tranquimazín abierto sin caja, tres cajas de tranquimazín sin abrir, 26 recetas para la expedición de tranquimazín y 175 euros en billetes pequeños. A la otra persona se le encontraron cinco recetas para la expedición de tranquimazín y un envase de tranquimazín cerrado.

Todas las sustancias estupefacientes intervenidas en poder de los acusados “fueron adquiridas sin receta médica o mediante la manipulación de recetas privadas y preordenadas al tráfico”, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial.

A ambos se les ha acusado de un delito de falsedad de documento oficial y un delito contra la salud pública por la “posesión ilícita de estupefacientes de los que causan grave daño a la salud”.

Ambos acusados han llegado a un acuerdo que les condena a un año y seis meses de prisión por esos dos delitos: el primer año por tráfico de drogas y los seis meses de prisión por falsedad en documento público.

En un principio, la fiscalía pedía para ellos siete años de prisión, pero finalmente rebajó la calificación en el caso del delito de tráfico de drogas a sustancias que no causan grave daño a la salud. De esta forma, la condena no supera los dos años y al carecer de antecedentes, no tienen por que ingresar en prisión siempre que lo requiera la defensa y lo acepte la Sala.

El Juzgado de Instrucción de Zamora investiga por la supuesta autoría de delitos de fraude, falsedad documental y blanqueo de capitales a los responsables de un club deportivo organizador de carreras deportivas de montaña que se celebran en la provincia, entre ellas la Ultra Sanabria.

Las diligencias se han abierto por la organización de esa y otras carreras de larga distancia que se han celebrado hasta el año 2023 y por las que el Club Deportivo Ultra Sanabria habría cobrado diferentes subvenciones públicas, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha anunciado que retira la ayuda que tenía previsto conceder este año a ese club como patrocinio de las pruebas.

Además, la institución provincial zamorana tiene intención de personarse en las diligencias de investigación judicial como acusación particular y perjudicada por el supuesto fraude.

Las ayudas que se investigan se concedieron en el anterior mandato en la institución provincial zamorana y algunas de las facturas que pasó el club deportivo a la Diputación de Zamora tuvieron reparos por parte de la intervención de la institución provincial.

Las diligencias están en el juzgado por el posible fraude en las subvenciones recibidas tanto de la Diputación de Zamora como de la Junta de Castilla y León, ya que se habría engordado el número real de participantes para cobrar más ayudas y se habría duplicado el pago de algunas facturas al girarlo a la vez a más de un patrocinador.

Javier Faúndez ha precisado en declaraciones a los periodistas que la subvención de este año que se va a retirar para la organización de la Ultra Sanabria y otras carreras de trail era de 180.000 euros.

Ha explicado que la ayuda ya existía en el anterior mandato en la institución provincial y que a él le pareció elevada, por lo que para mantener ese patrocinio se acordó la organización por el mismo importe de una prueba más de las que se desarrollaban hasta entonces.

Ha indicado que la Diputación de Zamora se ha visto “sorprendida” por la investigación judicial y ha anunciado que se personará tras tener acceso a la documentación y adoptará las medidas que recomienden los servicios jurídicos de la institución provincial. 

También ha reconocido que las pruebas que organizaba ese club deportivo tenían una importante repercusión económica en la zona y prueba de ello es que la Ultra Sanabria llenaba los establecimientos hoteleros de la zona durante una semana.

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha condenado al exalcalde de Fontanar Víctor San Vidal a cinco años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos junto a otro de falsedad en documento oficial, de forma continuada. La condena incluye el pago de una multa de 3.600 euros y cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Se le condena además a asumir la responsabilidad civil a través de una indemnización al Ayuntamiento de Fontanar que asciende a 5.413,25 euros. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Víctor San Vidal gobernó la localidad como alcalde del PSOE desde 2015, hasta que en 2019 fue expulsado del partido del que se había descolgado para concurrir a las elecciones municipales con una nueva formación política de carácter local y que él mismo impulsó, bajo el lema 'Entre todos Fontanar' con la que gobernó desde ese año.

En marzo de 2024 dimitió como alcalde aunque no por estos hechos. Fue tras reconocer que había insultado y vejado a una trabajadora municipal tras la difusión de un vídeo que mostraba los hechos, aunque en un principio no renunció a su acta de concejal. Su salida del ayuntamiento se produjo poco después, en y ese mismo mes un nuevo edil ocupó su lugar.

Por aquellos insultos a la trabajadora fue condenado a cuatro meses de prisión el pasado mes de enero.

Se apropió de las aportaciones voluntarias de los vecinos para las fiestas

El tribunal provincial estima acreditado que el exalcalde de Fontanar, durante su mandato, y más concretamente durante los años 2017 y 2018, se apropió de manera indebida de cantidades por valor cercano a los 5.500 euros provenientes del patrimonio público.

Entre esas cantidades se encontraba dinero correspondiente a las aportaciones voluntarias de los vecinos de la localidad para gastos de las fiestas patronales, beneficios obtenidos por comidas populares y cantidades recaudadas en el servicio del polideportivo de la localidad.

La sentencia considera también que, el ahora condenado, manipuló pagos endosados relativos a facturas de comidas del campamento de verano de Fontanar, aparentando adelantar personalmente el gasto de este servicio y solicitando el reintegro con cargo a las cuentas del ayuntamiento.

Según la resolución judicial, todas estas conductas se hicieron en su condición de autoridad pública. Accedió al dinero directamente o cambiando la gestión de la recaudación de las cantidades, “pasando a ser recogida por el concejal competente o por el propio alcalde, quien decidía la parte que se ingresaba en la cuenta del ayuntamiento”. La sentencia recoge que no se ingresaba, en todo caso, la cantidad íntegra correspondiente a la prestación del servicio.

Condena por falsedad documental que se extiende a un cómplice

Además, la Audiencia de Guadalajara ve probada la autoría del exalcalde en un delito de falsedad documental, al simular documentalmente la realización de un curso promovido por el Ayuntamiento de Fontanar para obtener una subvención pública.

Era un curso de herrería, dice la sentencia, que nunca se realizó. En relación con este hecho, el tribunal provincial, condena también a un particular, A.V.R., director y docente de cursos de formación, por el delito de falsedad documental y cooperador necesario del delito de malversación.

Para esta persona se establece una pena de dos años y seis meses de prisión y siete años de inhabilitación para cargo o empleo público. Según la sentencia, A.V.R. emitió una factura correspondiente a docencia en aquel curso de herrería que nunca se impartió. Esta conducta según la resolución judicial, tuvo como único fin el cobro indebido del montante total de la ayuda pública recibida por el ayuntamiento.

Absuelto de administración desleal

En la sentencia, el ya exalcalde ha sido absuelto del delito de administración desleal. La Audiencia de Guadalajara entiende que los hechos probados se incardinan no en este delito, sino en el de la malversación de caudales públicos.

La sentencia absuelve también al exalcalde de Fontanar de los delitos de prevaricación y fraude, al no haberse constatado irregularidades en el nombramiento de M.C.J como jefe de Protección Civil de Fontanar (y procesado en la causa), o en la contratación por parte del ayuntamiento de la madre de este último, también inmersa en el procedimiento judicial.

Para estas dos personas, M.C.J y M.A.J.B., la sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara es absolutoria.

La resolución del tribunal provincial absuelve también a A.M.C.C., que ejerció como secretaria-interventora del Ayuntamiento de Fontanar durante el mandato del exalcalde.

Destacamos la valentía de las dos trabajadoras municipales, que jugándose su puesto de trabajo siguieron adelante, decidiendo actuar con integridad. Una de ellas continúa despedida como consecuencia de la denuncia de los hechos delictivos, por lo que exigimos su inmediata readmisión por parte del Ayuntamiento de Fontanar

IU Castilla-La Mancha

IU Castilla-La Mancha se muestra “satisfecha” por la sentencia y recuerda que fueron dos concejales de la formación quienes, en 2018, presentaron una denuncia contra el entonces alcalde por presunta corrupción. “Aunque esa primera sentencia fue absolutoria, permitió destapar las irregularidades y corruptelas que se estaban produciendo en el municipio, lo que dio lugar a una segunda denuncia, esta vez interpuesta por dos trabajadoras municipales ante la Fiscalía de Guadalajara”, recuerdan en un comunicado. Esta segunda denuncia originó el procedimiento judicial que actualmente ha sido objeto de sentencia, y en el que Izquierda Unida se personó como acusación popular.

IUCLM destaca la “valentía de estas dos trabajadoras municipales, que jugándose su puesto de trabajo siguieron adelante, decidiendo actuar con integridad”. Una de ellas continúa despedida como consecuencia de la denuncia de los hechos delictivos, por lo que la formación exige su inmediata readmisión por parte del Ayuntamiento de Fontanar.

En opinión de la formación política la sentencia, que pone de manifiesto la existencia de hechos probados y suficientemente acreditados, “también evidencia las graves deficiencias en la instrucción del caso, como la negativa reiterada de la jueza instructora a permitir que la Guardia Civil investigara el origen de transferencias sospechosas relacionadas con los delitos”. IU sostiene que “esta falta de colaboración probablemente ha dificultado que se impusieran más condenas”.

La formación de izquierdas defiende que durante estos años, ha mantenido una postura firme contra la corrupción en la localidad, y desea reconocer “el trabajo invisible de todas las personas, miembros o no de la organización, que alzan la voz ante los delitos de los cargos públicos”. Estos denunciantes, aseguran, “se suelen encontrar con un entorno hostil y sin respaldo a consecuencia de su integridad, pero IUCLM destaca que sentencias como la de Fontanar indican que el sacrificio tiene premio”.

La sentencia de Víctor San Vidal no es firme y cabe aún recurso, pero la formación mantiene su compromiso de permanecer como parte en el proceso judicial en caso de que el condenado recurra a instancias superiores.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a tres años y medio de prisión, así como a inhabilitación por 13 años y medio, al alcalde de Agolada, Luis Calvo, del Partido Anticorrupción y Justicia (PAYJ), por falsedad en documento oficial y prevaricación en el pr

ecintado de las obras de ampliación de la depuradora de una empresa láctea, según informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y recoge Europa Press.

La sentencia, emitida el martes y contra la que todavía cabe recurso, ve probado que el acusado, “con el propósito de alterar la realidad y dotarla de una apariencia de autenticidad, el día 20 de enero de 2020 elaboró y firmó un denominado informe” en el que indicaba que, por Comisión de Gobierno, se había aprobado precintar la depuradora por obras irregulares y licencia municipal.

Sin embargo, por aquel entonces no existía ninguna Comisión de Gobierno, porque dicho órgano lo creó la junta de gobierno local con un decreto fechado a 17 de febrero de 2020. Tampoco había existido “reunión alguna en la cual se hubiera aprobado dicha medida de precinto”.

La Sala asegura que el alcalde, “con la finalidad de parar la actividad de la depuradora de la empresa, llevó a cabo el precinto y confeccionó dicho documento a sabiendas de que nada de lo relatado había acontecido”.

Como consecuencia de su decisión, la empresa sufrió pérdidas económicas por 24.798,76 euros, cantidad que el regidor debe abonarle en concepto de indemnización.

“Prescindiendo de todo trámite procedimental”

En la sentencia, los jueces añaden que “dicha orden de precinto fue tomada por el alcalde prescindiendo total y absolutamente de todo trámite procedimental, y con intención deliberada y plena conciencia de su ilegalidad”. El 20 de enero de 2020, Calvo remitió una comunicación firmada por él desde el correo electrónico del Ayuntamiento de Agolada a la empresa en el que se le notificaba la decisión de precinto.

La Audiencia destaca que esa notificación se realizó “sin la necesaria intervención del secretario-interventor y siendo plenamente consciente el acusado de que el correo electrónico no constituía un medio válido de notificación”.

Además, un informe del secretario-interventor, de fecha 22 de enero de 2020, “llegaba a la conclusión de que la competencia para la adopción de la medida cautelar de precinto correspondía” a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta. Asimismo, establecía que, desde la paralización de las obras, decretada el 19 de noviembre de 2019, no constaba en el expediente que se continuasen ejecutando las mismas“.

“Pese a ello, el acusado, siendo advertido de lo anterior y de su ilícito proceder y, por lo tanto, siendo plenamente consciente de su arbitrario actuar al no concurrir causa alguna para ello, dictó decreto el 5 de febrero de 2020 ordenando el precinto de la actividad”, añaden los magistrados.

El Juzgado de lo Penal de Soria ha condenado a seis meses de cárcel al exalcalde del municipio soriano de El Burgo de Osma, Miguel Cobo (PP), al considerarlo responsable de un delito de falsificación de documentos privados, al firmar sin consentimiento en nombre de su compañero de partido Luis Cuesta el documento del pacto de alternancia en la Alcaldía burgense que había alcanzado con el PSOE.

La sentencia, conocida este martes, ante la que cabe recurso en la Audiencia Provincial de Soria, ha condenado a Cobo a indemnizar a Cuesta, personado como acusación particular, con la cantidad de 1.000 euros y se le impone una inhabilitación especial para el derecho del sufragio pasivo durante esos seis meses de pena.

Según los hechos probados, el 30 de septiembre de 2019, el entonces alcalde se reunió con Martín Navas, concejal del PSOE, para elaborar un documento que reflejaba un pacto de gobernabilidad consistente en el reparto de la Alcaldía entre ambos partidos a mitad de legislatura.

Durante esta reunión, Cobo falsificó la firma de su compañero de partido Luis Cuesta y añadió su número de DNI sin su conocimiento ni consentimiento, creando la apariencia de que este participaba y aprobaba el acuerdo alcanzado.

La magistrada ha considerado probado que el acusado era consciente de que Cuesta se oponía a dicho pacto, como quedó demostrado cuando, dos meses después, en una nueva reunión para firmar un documento similar, este se negó expresamente a firmarlo.

En el juicio celebrado el pasado 12 de febrero, Cobo negó en todo momento tener conocimiento del documento y haber participado en su firma. El tribunal ha rechazado tanto la petición de nulidad de actuaciones solicitada por la defensa como la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.

También ha denegado la pena accesoria de suspensión de empleo o cargo público que solicitaba el Ministerio Fiscal, al considerar que “los hechos no se cometieron con abuso de cargo público o sirviéndose del mismo”.

Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Torla, en colaboración con Equipo de SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, puesto de Boltaña y apoyados por el veterinario de guardia de la Diputación General de Aragón, han detenido a dos personas como supuestos autoras de un delito de maltrato animal y otro de falsedad en documento oficial, mientras transportaban 11 gallos de pelea, presentando las crestas mutiladas y heridas de diversa consideración causadas durante el viaje.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero. Agentes del Puesto de la Guardia Civil de Torla, que realizaban un punto de verificación de vehículos en el término municipal de Fiscal, procedieron a dar el alto a un vehículo que iba ocupado por dos personas. Durante el registro, los agentes encontraron en el interior del maletero 11 cajas perforadas de cartón, que albergaban en cada una, 11 gallos con las crestas mutiladas, muy común en los gallos combatientes españoles (gallos de pelea), aportando escasa documentación que avalase el descreste de los mismos y sobre su transporte.

Además, los animales presentaban heridas de diferente consideración a causa de las condiciones en su traslado. Debido a los hechos acaecidos, se procedió a solicitar la colaboración del Equipo SEPRONA y del veterinario de guardia de la DGA, y tras la observación de los animales, constataron que existían claras amputaciones de las crestas que no estaban permitidas ni documentadas.

Las heridas y cortes que presentaban era debido a la falta de espacio en su transporte, no respetándose una distancia mínima de seguridad entre las cajas contenedoras de los animales, propiciando que dada su ferocidad, se agredieran entre ellos, atacándose durante el viaje.

En el transcurso de las investigaciones, los agentes comprobaron que la documentación aportada por los titulares de los animales no avalaba el transporte de los mismos y el certificado oficial expedido por un veterinario sobre la mutilación de los gallos, había sido manipulado.

El destino de este tipo de animal, dada su preparación física y estética no era otro que competir en peleas clandestinas en Francia. A través de Bienestar Animal de la DGA, los gallos fueron depositados en una nave.

Por todo ello, el pasado día 21 de febrero, agentes del Puesto de la Guardia Civil de Torla, procedieron a la detención de dos personas, como supuestas autoras de un delito de maltrato animal y otro de falsedad en documento oficial, siendo dos varones de 38 y 45 años y vecinos de Toulouse (Francia) y Madrid, respectivamente.

El Puesto de la Guardia Civil de Torla, ha instruído las correspondientes diligencias que, junto con los detenidos, fueron remitidas al Juzgado Mixto de Instrucción de Boltaña, quedando los detenidos en libertad con cargos. .

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha procesado a los empresarios Adell Bover y Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, por presuntamente haber cometido delitos de estafa y falsedad documental en las subvenciones que recibieron de la Generalitat Valenciana entre los años 2015 y 2018, según el escrito de apertura de procedimiento abreviado al que ha tenido acceso elDiario.es. El juez descarta el delito de fraude en subvenciones porque el dinero cuestionado no supera los 120.000 euros, en concreto las ayudas concedidas y puestas en duda por la justicia fueron de 110.000 euros.

“Las conductas son relevantes en un doble aspecto, tanto cuantitativo, como se ha expresado en los hechos de la presente resolución, así como en los instrumentos utilizados: facturas falsas, sociedades instrumentales, domicilios ficticios, actividades carentes de forma patente de cualquier tipo de relación con la subvención que efectivamente se obtuvo y produjo el subsiguiente enriquecimiento a favor de las sociedades administradas por los investigados Francisco Puig Ferrer y Juan Enrique Adell Bover”, concluye el juez en un escrito de casi cincuenta páginas y que se basa en el escrito previo de la Fiscalía.

El juez da diez días al fiscal y las acusaciones personadas a fin de que soliciten el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación y en su caso práctica de nuevas diligencias.

El auto, con fecha del pasado miércoles 29 de enero, se hace público justo el día que arranca el congreso del PSPV-PSOE que tendrá mañana como invitado estrella al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Cabe recordar que la acusación popular está ejercida, entre otros, por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana.

El empresario Francis Puig era prácticamente un desconocido hasta que el PP valenciano presentó una querella por las presuntas irregularidades en las subvenciones que recibía de la Generalitat valenciana y la catalana. Se trata de ayudas dirigidas a la producción y difusión audiovisual en valenciano por parte de ambas administraciones, subvenciones ambas compatibles si bien el importe total no podía superar el gasto realizado. El hermano del expresidente socialista de la Generalitat Valenciana se ha dedicado tradicionalmente a la producción audiovisual de carácter local en la comarca de Els Ports, fronteriza con Catalunya.

Las ayudas púbicas valencianas, otorgadas a Francis Puig entre 2015 y 2018 por la Conselleria de Educación del Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic (en manos de Compromís), se imputaban a tareas de producción y de difusión de los programas emitidos en valenciano mientras que en el caso de Catalunya se trataba de una dotación económica no porcentual. Sin embargo, a tenor del “detallado” informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana, las cantidades “obtenidas indebidamente” por las empresas de Francis Puig y de Juan Enrique Adell Bover no superan los 120.000 euros que marca la jurisprudencia española como cuantía mínima anual para que se dé la condición objetiva de punibilidad en materia de fraude de subvenciones.

El hermano del expresidente Ximo Puig administra dos sociedades bajo la lupa de la instrucción: Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones. De la primera de las firmas, que ha tenido entre seis y 12 trabajadores, la fiscal sostiene que incorporó “facturación de empresas vinculadas” y “facturas duplicadas y cruzadas” que podrían ser constitutivas de un presunto delito en falsedad en documento mercantil con Adell Bover como supuesto cooperador necesario.

Por su parte, Mas Mut Produccions, con entre cinco y seis trabajadores y centrada en el ámbito de la comunicación digital en la comarca de Matarranya (Teruel), podría ser considerada, a juicio de Anticorrupción, como una “empresa ficticia o instrumental”.

El escrito incluso cuestiona que pudiera cumplir los requisitos para la obtención de subvenciones: se trataría de una firma “redundante” con un objeto social “abarcado” por Comunicacions dels Ports, con una sede social en Peñarroya de Tastavins (Teruel) que “ha resultado ser ficticia, puesto que está situada en una vivienda particular, donde no se ha hallado indicio alguno de actividad societaria”.

Álvaro García Ortiz se convirtió este miércoles en el primer fiscal general en comparecer como imputado en una causa penal. También en el primero en decir a la cara a un juez del Supremo que sus diligencias son irregulares y que no piensa contestar a sus preguntas porque considera que su intención de antemano, diga lo que diga, es llevarlo a juicio. Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, será la segunda investigada en declarar este jueves para negar, como ha hecho el fiscal general, que recopilaran la información del fraude fiscal de Alberto González Amador para filtrarla a la prensa: su objetivo, ha reiterado García Ortiz ante el juez, era desmentir un bulo y defender a la Fiscalía en una nota de prensa que está en el origen del caso y que el Supremo ya ha descartado que fuera un delito. 

La comparecencia de García Ortiz arrancó con tensión. La Abogacía del Estado que actúa en su defensa invocó el artículo legal que insta al juez a explicar al investigado de qué se le acusa exactamente. La respuesta de Hurtado fue aludir a su polémico auto de hace dos semanas en el que le daba cita para declarar y dejaba claro que le hacía principal responsable de la filtración, no solo del correo con la confesión del empresario, sino de todo el expediente de Hacienda que desembocó en su imputación por un fraude fiscal de 350.000 euros. 

El resultado es que el fiscal general contestó a preguntas de la Abogacía del Estado pero no al juez ni tampoco a las acusaciones. En el caso de la representación de González Amador fue específico con el motivo: porque lleva casi un año ocultando a los tribunales que él mismo permitió a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de su pareja, a difundir un correo del fiscal que le había denunciado y que se convirtió en un bulo para atacar al ministerio público en distintos medios de comunicación.

Durante alrededor de una hora y media, el fiscal general desplegó una estrategia de defensa que parte de negar tanto la filtración como haber dado instrucciones para que se mandase a la prensa el correo con la admisión de dos delitos que mandó el abogado de González Amador el 2 de febrero de 2024 a un buzón genérico de la fiscalía y en el que afirmaba: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Según declaró el fiscal general ni filtró ni dio orden de que se filtraran datos confidenciales del caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a ninguna persona de la Fiscalía ni de fuera de ella. Aseguró, asimismo, no tener constancia de que esa filtración se produjera desde la Fiscalía General ni de la provincial de Madrid. La jefa de esta última, Pilar Rodríguez, también está investigada y está citada a comparecer este jueves. 

García Ortiz hizo un relato detallado de lo sucedido desde el 7 de marzo, cuando tuvo conocimiento de que la prensa se estaba interesando por la denuncia que la Fiscalía había presentado dos días antes contra la pareja de Ayuso. Ante el tribunal aseguró que fue entonces cuando conoció que el caso afectaba al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y defendió que su único objetivo al recabar la documentación del caso en la noche del 13 de marzo era desmentir varios bulos e informaciones falsas que se estaban publicando en medios de comunicación. “La mentira no es un secreto”, aseveró. Las noticias a las que se refirió fueron aquellas que Miguel Ángel Rodríguez remitió a algunos medios de comunicación alegando no solo que la propuesta de conformidad con González Amador había partido del fiscal que lo investigaba sino que esta se había paralizado por órdenes de arriba.

También afirmó García Ortiz en el Supremo que el correo cuya difusión se investiga no contenía ningún secreto del proceso. Esta parte de su declaración coincide con lo expresado en sede judicial por el fiscal que formuló la denuncia contra González Amador, Julián Salto, quien afirmó en su declaración como testigo en el Supremo que no había “ningún secreto” en los correos que se intercambió con la defensa de Alberto González Amador y por cuya difusión está siendo investigado el fiscal general. “No hay ninguna información privada, no hay ningún secreto. Es simplemente una toma de negociaciones”, sostuvo Salto. 

A preguntas de su defensa, el fiscal general también se detuvo en explicar por qué la UCO no encontró mensajes en su teléfono en las fechas en que se publicó el acuerdo que la pareja de Ayuso había propuesto a la Fiscalía. Así, explicó que ha cambiado seis veces de teléfono desde 2020, cuando Dolores Delgado lo nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Detalló que lo hace por seguridad y por ser una obligación legal, pues acumula en sus dispositivos información muy sensible. Es una explicación que no convence a las acusaciones, que ven detrás de estos borrados una estrategia para eliminar pruebas que le pudieran implicar en la filtración. 

Los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil sí pudieron analizar el contenido del teléfono de la fiscal Rodríguez. El clonado de su terminal permitió a los agentes tener acceso a los mensajes que se cruzó esa noche con el fiscal general y varios de sus colaboradores. Esos mensajes evidenciaban los contactos internos de la Fiscalía para recabar la información y emitir el desmentido, pero nada relacionado con la filtración.

El fiscal general buscó puntualizar algunas de las afirmaciones de estos informes de la UCO que el juez Hurtado asume como tesis y que impulsan su imputación. Por ejemplo, que la fiscal provincial de Madrid se pusiera a su “disposición” el 8 de marzo del año pasado por mensaje para perpetrar la filtración. El motivo, explicó García Ortiz, es que en esos días se había revalidado su nombramiento en el cargo, no que se estuviera poniendo a sus órdenes para urdir un complot contra Ayuso y su pareja. 

El conflicto con Almudena Lastra

La instrucción de este caso, desde su tramitación inicial ante el Tribunal Superior de Madrid, ha dejado clara la mala relación entre la Fiscalía General y la jefatura del Ministerio Público en la capital. Almudena Lastra, fiscal jefe de Madrid, reconoció hace unos días como testigo ante el juez Hurtado que tanto ella como García Ortiz estaban de acuerdo en desmentir, en la noche del 13 de marzo, las informaciones falsas sobre el caso que estaba difundiendo Miguel Ángel Rodríguez. Pero que se enfadó por discrepancias en el fondo y en las formas, hasta el punto de expresar sus sospechas de que el correo con la confesión había sido filtrado por la propia Fiscalía. 

García Ortiz matizó algunas de las declaraciones de Lastra. Explicó, por ejemplo, que Almudena Lastra no informó de que el día 12 de marzo por la mañana había mantenido una reunión para hablar del tema con Julián Salto, el fiscal del caso. Sobre las pegas que Lastra puso al comunicado la noche en que se publicaron aquellos bulos, ha calificado de “excusas” algunas de ellas relativas a posibles imprecisiones. 

El fiscal general, en un momento dado, negó abiertamente que Lastra se dirigiera a él para preguntarle si filtró o no los correos. “No ocurrió en absoluto”, ha dicho, añadiendo que es “dudoso” pensar que un fiscal se dirija al fiscal general en esos términos. García Ortiz no ocultó que es “publico y notorio” que existe una relación tirante entre ella y la Fiscalía General, aunque dijo comprender que ella buscara “quitarse del foco” en este asunto. Lo normal en un caso de fraude fiscal, como ha sucedido con futbolistas o figuras del deporte como Carlo Ancelotti o Xabi Alonso, ha citado el fiscal general, es que se hubiera dado una nota informativa y no se hizo. 

La investigación seguirá este martes con la declaración de la fiscal Pilar Rodríguez, que ya compareció el pasado junio ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid cuando la causa todavía no había saltado al Supremo. Entonces, declaró que García Ortiz la llamó en la noche del 13 de marzo para que pidiera los correos que demostrarían la mentira difundida por varios medios de comunicación: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador pero que esa posible salida amistosa había sido frenada por órdenes “de arriba”.

Le pareció, según dijo, una petición “atendible” y no se planteó que eso pudiera producir “algún perjuicio”, según reveló El País. También afirmó que ella no participó en la elaboración del comunicado que incluía ese desmentido. Rodríguez tendrá la oportunidad de nuevo este jueves de dar su versión. En esta ocasión, ante el Supremo como imputada.

Dos responsables y un empleado de la empresa Frucove S.L han sido condenados por delitos contra la propiedad industrial, falsedad documental y estafa por comercializar azafrán identificado con la Denominación de Origen Protegida La Mancha, con documentación y etiquetas falsas. Así lo señala un fallo de una sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal nº7 de Alicante, consultada por elDiarioclm.es, que condena a estas personas a varios meses de multas diarias de seis euros por los distintos delitos, además del pago de un tercio de las costas procesales y una indemnización conjunta de 2.500 euros a una mercantil estadounidense afectada. Contra dicha sentencia cabía recurso de apelación tras los primeros diez días de su notificación.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen ha celebrado dicho fallo, que pone fin a un proceso judicial abierto por la propia denominación de origen al conocer cómo se comercializaba el producto.

Los hechos probados que señala la sentencia se remontan a 2014, cuando los encausados ofrecieron azafrán bajo la marca 'La Flor', identificado de forma “indebida” como “azafrán de La Mancha” y con “origen La Mancha”, a pesar de no estar amparado por la denominación de origen y que está protegida por un Reglamento de la Unión Europea. 

Los acusados contactaron con una mercantil estadounidense para venderles el producto con documentación falsa. De este modo, facturaron en enero de 2014 más de 17.000 euros por la venta de 9 kilos de azafrán. Posteriormente, en agosto de ese mismo año vendieron 4 kilos del producto, por un total de 10.538 euros. 

Producto distribuido con etiquetas “confundibles”

La mercantil estadounidense distribuyó el producto como amparado por la denominación de origen 'Azafrán de La Mancha'. Además, las personas ahora condenadas, confeccionaron y remitieron al comprador un total de 6.500 etiquetas que eran “confundibles” a las expedidas por el Consejo Regulador de 'Azafrán de la Mancha'. Igualmente, enviaron dos certificados de licencia de uso de la misma, “con apariencia” de haber sido expedidos por un organismo de control y certificación autorizado por la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, dicho organismo no intervino en la expedición de dichos certificados, que fueron adquiridos por la mercantil estadounidense por un total de 2.500 euros.

Estos hechos fueron denunciados por la Fundación del consejo Regulador de la Denominación de Origen 'Azafrán de la Mancha'. Se realizó entonces un registro judicial, gracias al cual se encontró un rollo de 3.500 etiquetas adhesivas rotuladas con la leyenda 'Consejo Regulador de la denominación de origen Azafrán de La Mancha', junto a una impresora de etiquetas y un ordenador de torre.

En el ordenador se encontraron ficheros con la imagen de logotipos con la frase 'Denominación de Origen protegida' y con las palabras 'First Quality Saffron Mancha Safroman'. 

Autores confesos

Las personas acusadas confesaron ser autores de los hechos y reconocieron también haberlos protagonizado. Su participación en los hechos denunciados ha quedado “plenamente acreditada”, según la sentencia. En el documento se señala que estos hechos son efectivamente constitutivos de delitos de falsedad documental y estafa. “Es obvio que los hechos reúnen los requisitos y elementos de cada uno de esos delitos”, señala de hecho el documento. 

Se ha acordado la indemnización a la mercantil estadounidense compradora del producto por un total de 2.500 euros y los encausados asumieron “de forma expresa” el perjuicio causado a la empresa extranjera. Se desestimó, eso sí, una indemnización a la Fundación del Consejo Regulador de la denominación de Origen, que solicitaba la acusación particular, por un total de 21.036 euros, que se corresponde con la comercialización de los productos no certificados. 

De esta manera, la sentencia considera “insuficiente” el testimonio de la presidenta de la Fundación y de su antiguo gerente, ya que consideran que se realizan “manifestaciones genéricas” sobre el perjuicio que ocasionan situaciones como la descrita en la sentencia. “No aportan dato objetivo alguno al respecto ni justificación de la realidad de tal perjuicio”, zanja la sentencia. 

La condena de cada uno de los autores es de seis meses de multa con cuota diaria de seis euros; otros cuatro meses y quince días con multa con cuota diaria de 6 euros; y otros tres meses de multa con cuota diaria de seis euros. En todos los casos se considera la responsabilidad personal subsidiaria impuesta por el Código Penal, en caso de impago. 

Labor de vigilancia y denuncia del Consejo Regulador

Para la presidenta del Consejo Regulador DOP Azafrán de La Mancha, Valentina Cabra Carrasco, la sentencia supone una “satisfacción”, porque se ha conseguido atajar un fraude para el consumidor y salvaguardar el valor del azafrán que realmente está protegido con la marca de calidad, así como los esfuerzos invertidos por las envasadoras autorizadas que cumplen con las exigentes condiciones que impone el pliego de condiciones de la Denominación de Origen.

Cabra Carrasco ha recordado que una de las funciones principales del Consejo Regulador es “velar por el prestigio y el fomento del nombre protegido Denominación de Origen Protegida Azafrán de La Mancha” y, como ha sido el caso, denunciar “cualquier uso incorrecto del mismo ante la administración competente”. En este sentido, ha advertido de que esta labor de vigilancia y denuncia “se seguirá realizando con el mismo ahínco que hasta ahora”.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de multa y suspensión de empleo o cargo público a la exalcaldesa de la localidad malagueña de Ronda Teresa Valdenebro (PSOE) por un delito de falsedad por imprudencia grave en relación con los documentos para la boda de la hija del exedil José María Jiménez, ambos también condenados por falsificación y estafa por estos hechos.

Según se declara probado en la sentencia de la Sección Segunda de Málaga, a la que ha tenido acceso Europa Press, en febrero de 2017, la hija del entonces edil insta ante el Registro Civil de Ronda un expediente matrimonial para casarse el día 17 de junio, sábado, y unos días antes del enlace, los contrayentes solicitaron ante el Ayuntamiento la celebración de boda civil para dicha fecha.

Pero, tres días antes de la boda, dice la resolución, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) comunica a la novia una oferta de trabajo para cubrir el periodo entre los días 21 de junio y 22 de septiembre, por lo que habló con su padre, quien para que no perdiera la oferta acude a las dependencias del Servicio de Atención al Ciudadano.

Allí, habla con la funcionaría que tramitaba el expediente y le plantea el cambio de la fecha de celebración, pasando del sábado 17 de junio al miércoles 21 de junio, y esta le dice que no hay problema siempre que Valdenebro, que oficiaba la boda, tuviera libre su agenda, momento en el que asegura que “ya está todo hablado con esta última y se puede hacer el cambio”.

“En la creencia de que se trata de un cambio de fecha de celebración, la funcionaría accede a cambiar la fecha en todos los documentos”, precisa la sentencia, en la que se indica que es el propio Jiménez el que acude a Alcaldía, donde le entregan el expediente que lleva a la funcionaría, quien estuvo movida por una creencia “errónea inducida por el acusado”.

Se cambió la fecha en todos los documentos necesarios y se remitió nuevamente a la Alcaldía el documento de designación de concejal, las actas de celebración de matrimonio, junto con el documento de entrega, “sin que se haya acreditado la persona o personas que lo recepcionaron”.

No hay prueba de acuerdo previo

El sábado 17 de junio tuvo lugar la celebración del matrimonio, oficiándose la ceremonia por la entonces alcaldesa, que actuó como fedataria pública del enlace, “y sin comprobar los datos que figuraban en el acta matrimonial que ella misma portaba, con temerario desprecio a la realidad objetiva que figuraba en la misma, no advirtió la mendacidad de la fecha de celebración, autorizándolo”.

Para la Sala, “no ha resultado acreditado que previamente a la celebración del matrimonio, Jose María Jiménez comunicara a la alcaldesa la posibilidad de, manteniendo la fecha de celebración, consignar en el acta de matrimonio otra fecha y que esta no pusiera objeción alguna”, según se desprende de la sentencia, que no es firme y se puede recurrir.

Tampoco considera el Tribunal acreditado que Valdenebro “de común acuerdo con el edil con el fin de alterar mendazmente la fecha de celebración del matrimonio, le entregara la carpeta conteniendo el acta del matrimonio con la fecha de celebración del día 17”, pero sí estima que tras la publicación en prensa de estos hechos, la entonces regidora enmendó el error certificando la fecha correcta del enlace.

“La manipulación del acta de matrimonio tenía como objeto que la acusada pudiera disfrutar de un permiso retribuido por matrimonio, ya que debía incorporarse a desarrollar funciones de enfermera en el hospital de Ronda el día 21”, indica la sentencia, en la que se precisa que solicitó un permiso de matrimonio al SAS. No está probado que esta acusada hiciera gestión alguna con el Ayuntamiento.

Tampoco consta acreditado que tuviera conocimiento de la actuación de su padre; no obstante, sí ha quedado probado que con posterioridad tuvo en su poder el acta del matrimonio en la que se consignó “mendazmente” la fecha de celebración, “y que a sabiendas de ello la aportó al Servicio Andaluz de Salud (SAS), con el fin de justificar el hecho causante del permiso retribuido que le fue concedido”.

Falsedad por imprudencia grave

Por estos hechos, se condena a la exalcaldesa por un delito de falsedad por imprudencia grave y se le impone la pena de siete meses de multa con una cuota diaria de diez euros y siete meses de suspensión de empleo o cargo público. Se la absuelve del delito de estafa por el que le acusaba el fiscal.

Asimismo, la Audiencia condena al exedil y a su hija por un delito de falsificación de documento oficial, en concurso ideal con otro de estafa, y se le impone a cada uno la pena de dos años de prisión y multa de siete meses con cuota de diez euros. Además, se aplica a todos la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas.

La jueza que instruye la causa penal contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a citarle a declarar en calidad de investigado el próximo 29 de noviembre, según la resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es. Fuentes jurídicas aseguran que la citación se produce para cerrar el pacto que el empresario lleva meses negociando con la Fiscalía. Ese acuerdo de conciliación supone reconocer que cometió dos delitos fiscales y otro de falsedad documental a cambio de aceptar una condena de ocho meses de cárcel —siempre que no implique su entrada en prisión— y pagar más de medio millón de euros.

La citación se produce días después de que la jueza acordara abrir una pieza separada para investigar posibles delitos de la relación entre el empresario y el Grupo Quirón, el gigante de la sanidad privada que disfruta de adjudicaciones de cientos de millones de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esa nueva derivada no se cruza, sobre el papel, con la ramificación principal del caso y técnicamente no hay impedimentos para llegar a un acuerdo, sostienen las fuentes consultadas.

La Fiscalía denunció a González Amador en los juzgados de Madrid por defraudar más de 350.000 euros entre 2020 y 2021 a través de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. El empresario facturó 3,7 millones de euros, de los que casi dos provenían de una única operación por mediar en un contrato de compraventa de mascarillas. Cuando llegó el momento de justificar esas cuantiosas ganancias ante Hacienda, trató de engañar al fisco. Lo hizo imputando gastos de cientos de miles de euros por trabajos que nunca existieron, pero que le beneficiaron fiscalmente.

Durante los primeros meses de investigación, su defensa intentó combatir las acusaciones de Hacienda y defendió que los trabajos eran reales. Pero la estrategia fue virando, poco a poco, hacia el reconocimiento de los hechos y el control de daños. Primero, retiró algunas facturas con las que había intentado pagar menos impuestos; y, un mes antes de ser denunciado, ofreció un pacto a la Fiscalía. En ese acuerdo, que motiva la nueva citación de la jueza conocida este martes, se mostraba dispuesto a aceptar ocho meses de prisión y pagar más de medio millón de euros entre deudas, multas e intereses a cambio de no pisar la cárcel y cerrar el caso con una sentencia de conformidad.

La investigación de Hacienda asumida por la Fiscalía fue tan exhaustiva que las diligencias abiertas por la jueza Inmaculada Iglesias apenas pasaron de pedir toda la documentación al fisco y llamar a declarar al propio González Amador y sus supuestos socios. Sin embargo, hasta el momento sólo ha habido dos intentos fallidos de que el empresario compareciera ante la Justicia.

Su primera declaración estaba prevista para el 20 de mayo, pero ese día el empresario, después de evitar a la prensa usando una peluca, no compareció porque no había sido posible localizar a algunos acusados. Su segunda citación, ya a finales de junio, también fue aplazada después de que PSOE y Más Madrid pidieran analizar su relación con el Grupo Quirón. Ese día, el comisionista ni siquiera llegó a entrar en los juzgados ubicados en la Plaza de Castilla de Madrid.

En esta nueva resolución, la jueza cita para el mismo día a Maximiliano Niederer, el ciudadano mexicano residente en Madrid que habría ayudado a González Amador a confeccionar las dos facturas falsas de mayor cuantía por trabajos no contratados. Una de ellas por valor de 620.000 euros a nombre de una firma mexicana llamada MKE Manufacturing SA, fechada a finales de 2020, y otra por 922.585,63 euros que emite en 2021 la sociedad Gayani Ltd, con sede en Costa de Marfil.

También están llamados a comparecer el 29 de noviembre tres vecinos de la localidad sevillana de Arahal. Figuran al frente de media docena de sociedades que según Hacienda también contribuyeron a simular gastos para el entramado societario de la pareja de Ayuso por decenas de miles de euros.