La Guardia Civil investiga a 30 funcionarios y ganaderos de Castilla y León por un fraude millonario en la PAC

La Guardia Civil y la Fiscalía Europea investigan a 30 funcionarios y ganaderos por fraude en el cobro de subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) con un beneficio económico ilícito de un millón de euros. La investigación abarca 2021 y 2022, durante los mandatos del exconsejero de Agricultura 'popular' Jesús Julio Carnero (actual alcalde de Valladolid) y el titular de Agricultura (Vox), Gerardo Dueñas. Estas 22 personas físicas y ocho empresas están acusadas de varios delitos de fraude de subvenciones, prevaricación administrativa, falsedad documental y estafa.

La denunciante informó de sus sospechas a sus superiores en la Junta de Castilla y León y contactó con la UCOMA cuando éstos la ignoraron. Esto sucedió a mediados de junio de 2022: esta trabajadora advirtió que algunas explotaciones podrían estar creando “condiciones artificiales” para obtener ayudas europeas. Tres juntas vecinales de Palencia habrían permitido que incluyeran sus terrenos en esta trama.

Ayudas por mover un ganado que no se desplazó

Según la investigación, las empresas habrían cobrado ayudas para desplazar un ganado para pastar aunque este nunca salió de la explotación porque se trataba de explotaciones intensivas (cebaderos para engordar a los animales en el menor tiempo posible) y no extensivas, que son las que tendrían que haberse visto beneficiadas por estas ayudas. Simulaban este pastoreo en diferentes territorios de Palencia, pero sus animales “nunca llegaban a pastar en las tierras objeto de la ayuda”, informa la Guardia Civil.

Cada ganadero implicado recibía una cantidad anual ilícita que rondaba los 45.000 euros. La unidad de la Guardia Civil ha demostrado que los pastos por los que se recibían las ayudas de la PAC eran reasignados de manera ilícita a ganaderos del sur de España que poseían ganado de abasto que trasladaban a los pastos para realizar la trashumancia ovina.

En diciembre de 2022, la Fiscalía Europea dicta el decreto de inicio de verificación. En abril de 2023 la Fiscalía solicitó documentación a la Junta de Castilla y León relativa a 2021 y 2022. Según informó en el pleno de las Cortes hace unas semanas el consejero de Agricultura, el 5 y el 24 de mayo de 2023 la Junta de Castilla y León entregó la documentación requerida y se personó ese mismo mes como “parte perjudicada”.

Patrimonio congelado por valor de cuatro millones de euros

La investigación patrimonial ha creado un inventario judicial compuesto por 96 inmuebles, que han sido congelados a los investigados por un valor superior a los cuatro millones de euros para hacer frente a las responsabilidades patrimoniales derivadas de la comisión de los ilícitos.

La Guardia Civil ha detectado irregularidades en el cobro de estas subvenciones por parte de ganaderos de tres municipios de Palencia, cinco de Valladolid, uno de Ávila, dos de Segovia, Salamanca capital, un pueblo de Cantabria y la provincia de Zamora, según ha podido concretar elDiario.es.

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) también investiga si algunos trabajadores públicos modificaron expedientes para hacer pasar terrenos no aptos (incluso pedregales) como espacios en los que las vacas podrían pastar, como ha podido saber elDiario.es por fuentes del caso. La Fiscalía Europea informará al respecto cuando se produzcan detenciones en el marco de la investigación.

Entramado personal y familiar que benefició a ganaderos

El fraude estaba encabezado por el Jefe de la Sección Agraria Comarcal (SAC) de Cervera de Pisuerga, Á. M. M. M. ,según fuentes consultadas por este diario. La Guardia Civil investiga cómo trabajadores públicos que tenían relaciones personales entre sí (de parentesco, amistad o sentimental) habrían beneficiado a empresas y ganaderos a través del fraude.

El jefe del SAC era el encargado de validar y gestionar los expedientes fraudulentos, desoyendo las advertencias de los técnicos de su administración. La veterinaria, M. L. N. A., tenía que inspeccionar el ganado era la pareja sentimental del jefe de la Sección. Esta no realizó ninguna inspección de campo, según la Guardia Civil.

El hermano del jefe de la SAC es presidente de una de las juntas vecinales investigadas. Este emitía certificados de uso de pastos fraudulento, un documento oficial obligatorio para pedir las ayudas.

Otras personas relacionadas personalmente con el jefe de la SAC y vinculadas a una asociación de defensa del ganadero (cuya mayor cantidad de socios es de ganadería intensiva) se encargaban de conseguir a los ganaderos solicitantes de las ayudas. Estas realizaban de primera mano las gestiones necesarias para que los ganaderos obtuvieran un beneficio ilícito.