A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

El próximo 19 de noviembre, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, tendrá que acudir a declarar a un juzgado de la localidad por un presunto delito de infidelidad en la custodia de un documento, en este caso por filtrar supuestamente informes policiales en 2024.

Ese año, la presidenta autonómica acudió al municipio a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

Una de las denuncias fue presentada por una joven de 18 años por unos hechos ocurridos durante las fiestas de Gévora, celebradas el pasado fin de semana, según ha informado la Guardia Civil a EFE. El presunto implicado en este caso es un menor de 17 años.

A preguntas de los medios, Quintana ha señalado que la joven y el menor habían mantenido una relación previa. Este dato forma parte de las circunstancias que están siendo investigadas, pero no modifica el objeto de la denuncia ni permite por sí mismo establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados.

La Guardia Civil también investiga si el menor señalado en esta primera denuncia pudo estar relacionado con otros episodios de agresiones registrados durante diferentes peleas.

Una segunda denuncia

El delegado del Gobierno ha informado además de una segunda denuncia por presuntos tocamientos, en este caso con dos menores implicados. No ha trascendido información adicional sobre las personas afectadas ni sobre las circunstancias concretas de este segundo episodio.

Quintana ha insistido en que se trata de dos denuncias diferentes y correspondientes a momentos distintos. Por ahora, tampoco ha podido confirmar si ambos casos guardan algún tipo de relación, una cuestión que deberá determinar el avance de las investigaciones.

Las diligencias permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer lo sucedido en cada uno de los episodios denunciados. Al tratarse de investigaciones en curso, los hechos tienen carácter presunto y será la investigación la que determine las circunstancias y posibles responsabilidades.

La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament assetjar, insultar i amenaçar-ne un altre per la seva orientació sexual.

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, al voltant de les 11.30 hores del passat dimecres, agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) de la Policia Nacional van ser requerits pel 091 perquè es dirigissin a un establiment situat al districte Oest, on segons el requeridor era víctima d'amenaces i insults per part d'un home.

Un cop al lloc, diverses patrulles del GAC es van entrevistar amb un home que regenta un local i que va explicar als agents que des del passat mes de febrer era víctima d'insults i amenaces per part d'un home d'avançada edat. L'home es personava a les portes del seu negoci proferint insults i amenaces contra ell per la seva orientació sexual.

El jove va mostrar les denúncies interposades contra aquesta persona, afegint que en un primer moment el presumpte autor únicament li insultava per la seva orientació sexual, encara que en els últims mesos s'havia tornat més agressiu, amenaçant-lo i intentant accedir per la força al negoci.

El jove va mostrar un vídeo en què s'observava el presumpte autor al negoci amenaçant-lo i dient-li “quan et vegi al carrer et mataré, quan surtis et rebentaré...”, tot acompanyat d'insults homòfobs.

Mentre una patrulla realitzava les gestions amb la víctima, una altra patrulla va fer diverses batudes pels carrers adjacents al local, localitzant un home les característiques del qual coincidia amb les del presumpte autor, per la qual cosa va ser interceptat en aquell moment.

Els agents van interrogar el presumpte autor sobre els fets informats i denunciats pel jove, negant en tot moment aquest la seva autoria. Finalment, un cop identificat, els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, un delicte d'odi i contra la llibertat de les persones, per ser després traslladat fins a dependències policials.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente acosar, insultar y amenazar a otro por su orientación sexual.

Según ha indicado la Jefatura en un comunicado, sobre las 11.30 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policial Nacional fueron requeridos por el 091 para que se dirigieran a un establecimiento situado en el distrito Oeste, donde según el requirente estaba siendo víctima de amenazas e insultos por parte de un varón.

Una vez en el lugar varias patrullas del GAC se entrevistaron con un varón que regenta un local y que explicó a los agentes que desde el pasado mes de febrero estaba siendo víctima de insultos y amenazas por parte de un varón de avanzada edad. El hombre se personaba en las puertas de su negocio profiriendo insultos y amenazas contra él por su orientación sexual.

El joven mostró las denuncias interpuesta contra esta persona, añadiendo que en un primer momento el presunto autor únicamente le insultaba por su orientación sexual, aunque en los últimos meses se había vuelto más agresivo, amenazándole y tratando de acceder por la fuerza al negocio.

El joven mostró un video en el que se observaba al presunto autor en el negocio amenazándole y diciéndole “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy reventar...”, todo acompañado de insultos homófobos.

Mientras una patrulla realizaba las gestiones con la víctima, otra patrulla dio varias batidas por las calle adyacentes al local, localizando a un varón cuyas características coincidían con las del presunto autor por lo que fue interceptado en ese momento.

Los agentes interrogaron al presunto autor sobre los hechos informados y denunciados por el joven, negando en todo momento este su autoría. Finalmente una vez identificado, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y contra la libertad de las personas, para ser después trasladado hasta dependencias policiales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una causa contra el escritor Suso de Toro, que fue denunciado por la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en base a tuits publicados entre febrero y marzo de 2024 donde, entre otros, hablaba de Israel como “un estado genocida”.

Un auto de la Sección nº 07 de la Audiencia, con fecha de julio de 2026 y al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa acordado en mayo de 2025 fue “prematuro” y que, “al menos”, debería tomarse declaración al denunciado “a fin de que exponga la intención de sus manifestaciones”.

También con el objetivo de recibir “la supuesta rectificación que parece que pudo hacer de alguna parte o de todas sus publicaciones” y que, según los magistrados, no consta en la causa “salvo a través de una noticia sobre ello”. De este modo, han estimado el recurso presentado por ACOM al juzgar que se están valorando los elementos del delito “sin datos suficientes”.

Los tuits que son objeto de la denuncia son un total de tres, publicados el 25 de febrero, el 3 de marzo y el 19 de marzo de 2024. El segundo de ellos, y en el que más se hace hincapié por la “polémica” generada, decía: “Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”.

Este mensaje, sin embargo, fue eliminado por su autor, que indicó en otro tuit que estaba “mal redactado” y recalcó que su intención era “denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente”.

Otra de las publicaciones cuestionadas dice que “Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más” y la última insiste en esto mismo, en referencia a Eurovisión: “Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'”.

Suso de Toro asegura no tener “comunicación oficial”

El propio escritor se ha hecho eco de la reapertura de las diligencias judiciales en una publicación en redes sociales esta semana, aunque ha asegurado en ella no haber recibido todavía “comunicación oficial” sobre la misma. Según ha compartido, su información se limita a la recogida por ACOM, que acumula varias causas abiertas de carácter similar, incluida una al Ministerio de Consumo.

En su comunicado, la entidad, que se autodefine como la “organización pro-Israel referencia en España”, ha valorado “muy positivamente” el auto. En este sentido, considera que la resolución supone un “importante respaldo judicial” a la tesis que ha mantenido “desde el primer momento”, que consiste en que las expresiones denunciadas “configuran un discurso de odio antisemita que deshumaniza y criminaliza colectivamente al pueblo judío”.

Este contenido es al que De Toro ha respondido en sus redes sociales: “¿Qué me supone esto? ¿Qué consecuencias me trae? No lo sé. De entrada, introduce una nueva preocupación en mi vida. Si soy convocado a declarar a la Audiencia de Madrid, lo sabré entonces. No es la primera vez que el Estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos”.

“¿Debo arrepentirme de tener escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el Estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir”, ha proseguido el autor, que ha remarcado que la población israelí no puede argumentar que “desconoce” lo que hace su gobierno. “Matar niños y niñas y población civil indefensa en su propia tierra y encerrada en campos de extermino”, ha incidido.

Respaldo del BNG y los escritores gallegos

Tras compartir lo ocurrido en redes sociales, el escritor ha recibido diversas muestras de apoyo público. Entre ellas, el BNG ha expresado su “más firme solidaridad” con él y ve “profundamente preocupante” que “la denuncia de crímenes contra la población civil y la defensa de los derechos humanos puedan ser presentadas como una incitación de odio antisemita”.

También la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ha hecho público su apoyo al compostelano: “Esos ataques proceden de un lobby proisraelí que alardaea de haber denunciado a nuestro autor en la Audiencia Nacional por tener criticado el Estado de Israel por sus acciones contra Gaza y el pueblo palestino”.

Además, esta entidad ha avanzado que estudiará las medidas legales de respuesta frente a estas “agresiones”, dado que considera la libertad de expresión y de creación como “inalienable e imprescindible”, en palabras de su presidente, Cesáreo Sánchez.

La Policia Nacional ha acusat set manifestants de participar en els disturbis ocorreguts després de la protesta contra la massificació turística que el passat 26 de juliol va reunir desenes de milers de persones a Palma.

És el principal resultat de l'informe elaborat per la Prefectura Superior de Policia de les Balears arran de les càrregues policials que es van produir aquell dia, que es van saldar amb diversos ferits i almenys un detingut.

La investigació, segons ha avançat el diari 'Última Hora' i han confirmat a Europa Press fonts properes al cas, ha estat remesa a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, als qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per la seva banda, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, atès que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Hauran de ser els responsables policials de dita província qui determinin si els seus agents van fer un ús proporcionat de la força. Diverses persones, entre elles un fotoperiodista que estava documentant la manifestació, van resultar ferides com conseqüència de les càrregues policials.

A aquest procediment judicial que previsiblement arrencarà un cop enviat l'informe policial se li podria sumar l'impulsat per un grup de manifestants, que ja han expressat la seva intenció de presentar una demanda col·lectiva.

Una “massa hostil” va envoltar els agents

L'atestat que ja està en mans del jutge amplia el que ja va transcendir setmanes enrere, en el qual la Policia Nacional donava compte de llançament d'objectes, agressions a agents i atacs a turistes després de la marxa, cosa que va justificar les càrregues en els voltants de Ses Voltes i a l'avinguda Antoni Maura.

Els agents han recopilat vídeos en els quals es veu un grup reduït que va emprar la violència al final de la marxa contra la massificació, llançant objectes com ampolles, llaunes i pedres, propinant puntades de peu i empentes als agents i, fins i tot, arremetent contra turistes que eren a la zona.

La manifestació, segons l'informe, va transcórrer amb total normalitat durant tot el recorregut fins a Ses Voltes. Va ser en aquest punt quan els agents van advertir la persona responsable de la protesta que els 25.000 participants no cabien en aquesta ubicació per a la lectura del manifest i que se'ls va convidar a fer-ho a l'exterior.

Davant la negativa i la insistència d'accedir al recinte inicialment previst, es va acordar establir tres filtres policials per a una entrada gradual. No obstant això, la promotora de la marxa va afirmar per megafonia que la policia estava impedint l'accés.

L'ambient va començar aleshores a crispar-se i la tensió va escalar amb les primeres empentes als agents, que es van veure “embolicats” en la petita passarel·la --flanquejada per la muralla i les roques del llac-- que uneix l'avinguda Antoni Maura i Ses Voltes, cosa que va obligar a la petició de reforços.

L'informe parla d'una “massa hostil” que va envoltar completament els agents i els va empènyer cap a l'avinguda Antoni Maura on, segons es veu en els vídeos que ha recopilat el cos, un grup reduït de violents i amb la cara oculta l'empreu contra els policies llançant-los ampolles, llaunes, pedres, arremetent amb el pal d'una bandera i, fins i tot, increpant els turistes que es trobaven als voltants, cosa que va obligar a ordenar les càrregues.

La delegació no fa valoracions

Un dia després de la manifestació, fa ara un mes, el delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, va demanar esclarir els motius d'unes càrregues policials que va considerar “violentes i desmesurades”.

“Es van produir actuacions violentes d'alguns membres del dispositiu, que van emprar la força física contra persones que aparentment no suposaven una amenaça ni per a la seva seguretat ni per a la d'altres persones”, va dir Rodríguez en una roda de premsa.

Fonts de la Delegació del Govern consultades per aquesta agència de notícies han dit que ni qüestionen ni valoren el contingut de l'informe policial ara remès al jutge.

“Intenten culpar els manifestants”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organitzadors de la manifestació contra la massifiació turística que el 26 de juliol passat va recórrer els carrers de Palma, han considerat que la Policia Nacional pretén culpar-los de l'“actuació violenta dels seus agents”.

“El que interpretem d'aquestes imputacions és que la policia culpa els manifestants de la seva actuació violenta. Els casos de violència policial, els disturbis, es van produir per la presència d'antidisturbis i no pels manifestants pacífics”, ha defensat el portaveu de l'entitat, Dani Comas, en declaracions a Europa Press.

La Policia Nacional, segons han confirmat fonts pròximes al cas, ja ha remès el seu informe a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, a qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per part seva, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, ja que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Per a Comas, “portar la investigació a València és una manera més d'intentar endarrerir tot el procés perquè puguin quedar impunes”. “És un procés poc transparent, de moment”, ha lamentat.

Els organitzadors de la manifestació segueixen amb els tràmits necessaris per presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.

La Policía Nacional ha acusado a siete manifestantes de participar en los disturbios ocurridos tras la protesta contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.

Es el principal resultado del informe elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Balears a raíz de las cargas policiales que se produjeron aquel día, que se saldaron con varios heridos y al menos un detenido.

La investigación, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Deberán ser los responsables policiales de dicha provincia quienes determinen si sus agentes hicieron un uso proporcionado de la fuerza. Varias personas, entre ellos un fotoperiodista que estaba documentando la manifestación, resultaron heridas como consecuencia de las cargas policiales.

A este procedimiento judicial que previsiblemente arrancará una vez enviado el informe policial se le podría sumar el impulsado por un grupo de manifestantes, quienes ya han expresado su intención de presentar una demanda colectiva.

Una “masa hostil” rodeó a los agentes

El atestado que ya está en manos del juez amplía el que ya trascendió semanas atrás, en el que la Policía Nacional daba cuenta de lanzamiento de objetos, agresiones a agentes y ataques a turistas tras la marcha, lo que justificó las cargas en las inmediaciones de Ses Voltes y en la avenida Antoni Maura.

Los agentes han recopilado videos en los que se ve a un grupo reducido que empleó la violencia al final de la marcha contra la masificación arrojando objetos como botellas, latas y piedras, propinando patadas y empujones a los agentes e, incluso, arremetiendo a turistas que estaban en la zona.

La manifestación, según el informe, transcurrió con total normalidad durante todo el recorrido hasta Ses Voltes. Fue en este punto cuando los agentes advirtieron a la persona responsable de la protesta que los 25.000 participantes no cabían en esta ubicación para la lectura del manifiesto y que se les invitó a hacerlo en el exterior.

Ante la negativa y la insistencia de acceder al recinto inicialmente previsto, se acordó establecer tres filtros policiales para una entrada paulatina. Sin embargo, la promotora de la marcha afirmó por megafonía que la policía estaba impidiendo el acceso.

El ambiente comenzó entonces a crisparse y la tensión escaló con los primeros empujones a los agentes, que se vieron “embolsados” en la pequeña pasarela --flanqueada por la muralla y las rocas del lago-- que une la avenida Antoni Maura y Ses Voltes, lo que obligó a la petición de refuerzos.

El informe habla de una “masa hostil” que rodeó completamente a los agentes y los empujó hacia la avenida Antoni Maura donde, según se ve en los vídeos que ha recopilado el cuerpo, un grupo reducido de violentos y con la cara oculta la emprende contra los policías lanzándoles botellas, latas, piedras, arremetiendo con el palo de una bandera e, incluso, increpando a los turistas que se encontraban en las inmediaciones, lo que obligó a ordenar las cargas.

La delegación no hace valoraciones

Un día después de la manifestación, hace ahora un mes, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, pidió esclarecer los motivos de unas cargas policiales que consideró “violentas y desmedidas”.

“Se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo, que emplearon la fuerza física contra personas que aparentemente no suponían una amenaza ni para su seguridad ni para la de otras personas”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por esta agencia de noticias han dicho que ni cuestionan ni valoran el contenido del informe policial ahora remitido al juez.

“Intentan culpar a los manifestantes”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organizadores de la manifestación contra la masificiación turística que el pasado 26 de julio recorrió las calles de Palma, han considerado que la Policía Nacional pretende culparles de la “actuación violenta de sus agentes”.

“Lo que interpretamos de estas imputaciones es que la Policía culpa a los manifestantes de su actuación violenta. Los casos de violencia policial, los disturbios, se proujeron por la presencia de antidisturbios y no por los manfiestantes pacíficos”, ha defendido el portavoz de la entidad, Dani Comas, en declaraciones a Europa Press.

La Policía Nacional, según han confirmado fuentes próximas al caso, ya ha remitido su informe a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Para Comas, “llevar la investigación a Valencia es una manera más de intentar atrasar todo el proceso para que puedan quedar impunes”. “Es un proceos poco transparente, de momento”, ha lamentado.

Los organizadores de la manifestación siguen con los trámites necesarios para poder presentar una demanda colectiva contra la actuación policial.

La secció sindical de CSIF a l'empresa de seguretat privada Trablisa ha presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social perquè s'investigui el cop de calor patit per un vigilant que prestava servei a Palma.

L'emergència sanitària, que va implicar que el treballador hagués de ser traslladat en ambulància amb un quadre compatible amb un cop de calor i deshidratació, va ocórrer diumenge passat al punt verd d'Emaya situat al polígon de Son Castelló.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, va ser al voltant de les 12.00 hores quan el vigilant va haver de ser traslladat a un hospital per rebre atenció mèdica. elDiario.es ha enviat una petició d'informació a l'empresa sense que hagi estat resposta en el moment de publicació d'aquesta notícia.

A això, segons ha denunciat CSIF, se li suma el fet que els serveis sanitaris van registrar durant la seva intervenció un avís corresponent a un nivell tres d'alerta per contaminació ambiental a les instal·lacions.

El tècnic d'emergències, sempre d'acord amb l'organització sindical, va elaborar un informe oficial per comunicar formalment la incidència detectada.

Des de CSIF han considerat que la coincidència d'una emergència sanitària compatible amb un cop de calor i l'alerta per contaminació ambiental “obliga a realitzar una investigació exhaustiva i urgent sobre les condicions al centre de treball”.

És per això que ha demanat a la Inspecció de Treball si s'havien avaluat adequadament els riscos existents, especialment en els aspectes relacionats amb les altes temperatures, l'exposició a contaminants ambientals o l'existència de protocols d'actuació.

També han sol·licitat que indagui en el possible caràcter laboral de l'accident o dany sofert pel treballador i que examini tota la documentació relacionada amb l'emergència, incloent-hi l'informe elaborat pels serveis sanitaris.

Així mateix, ha demanat que es comprovi si, una vegada produïda l'emergència i detectada l'alerta ambiental, es van adoptar de forma immediata totes les mesures necessàries per protegir la resta de treballadors presents a les instal·lacions.

En cas de detectar-se incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, CSIF ha exigit que s'adoptin les mesures inspectores i sancionadores que legalment corresponguin, com també totes aquelles actuacions necessàries per impedir que situacions similars tornin a repetir-se.

La sección sindical de CSIF en la empresa de seguridad privada Trablisa ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que se investigue el golpe de calor sufrido por un vigilante que prestaba servicio en Palma.

La emergencia sanitaria, que implicó que el trabajador tuviera que ser trasladado en ambulancia con un cuadro compatible con un golpe de calor y deshidratación, ocurrió el pasado domingo en el punto verde de Emaya situado en el polígono de Son Castelló.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, fue sobre las 12.00 horas cuando el vigilante tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. elDiario.es ha enviado una petición de información a la empresa sin que haya sido respondida en el momento de publicación de esta noticia.

A ello, según ha denunciado CSIF, se le suma el hecho de que los servicios sanitarios registraron durante su intervención un aviso correspondiente a un nivel tres de alerta por contaminación ambiental en las instalaciones.

El técnico de emergencias, siempre de acuerdo con la organización sindical, elaboró un informe oficial para comunicar formalmente la incidencia detectada.

Desde CSIF han considerado que la coincidencia de una emergencia sanitaria compatible con un golpe de calor y la alerta por contaminación ambiental “obliga a realizar una investigación exhaustiva y urgente sobre las condiciones en el centro de trabajo”.

Es por ello que ha pedido a la Inspección de Trabajo si se habían evaluado adecuadamente los riesgos existentes, especialmente en los aspectos relacionados con las altas temperaturas, la exposición a contaminantes ambientales o la existencia de protocolos de actuación.

También han solicitado que indague en el posible carácter laboral del accidente o daño sufrido por el trabajador y que examine toda la documentación relacionada con la emergencia, incluyendo el informe elaborado por los servicios sanitarios.

Asimismo, ha pedido que se compruebe si, una vez producida la emergencia y detectada la alerta ambiental, se adoptaron de forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger al resto de trabajadores presentes en las instalaciones.

En caso de detectarse incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, CSIF ha exigido que se adopten las medidas inspectoras y sancionadoras que legalmente correspondan, así como todas aquellas actuaciones necesarias para impedir que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La fundació Ibiza & Formentera Preservation ha denunciat que el passat any només van aixecar 18 actes a les Pitiüses per infraccions relacionades amb el fondeig il·legal sobre posidònia. Del total, 15 expedients es van tramitar a Eivissa i tres a Formentera.

L'entitat ha explicat en un comunicat que el Servei de Vigilància de Posidònia de la Conselleria de Medi Ambient i Territori va detectar durant el 2025 un total de 4.813 embarcacions fondejades sobre posidònia a les dues illes.

És a dir, a penes es va obrir una acta per cada 270 embarcacions infractores (el 0,37 per cent del total), segons dades de la Direcció General de Medi Natural analitzades per l'Observatori de Sostenibilitat d'Eivissa & Formentera Preservation.

El fet que el 2025 s'obrís acta a menys d'una vintena d'embarcacions posa de manifest, segons la fundació, la necessitat de reforçar a les Pitiüses el cos d'agents de Medi Ambient del Govern.

“També seria recomanable incrementar a Eivissa els mitjans destinats al Servei de Vigilància de Posidònia, el cos responsable de la detecció dels fondejos, i de sol·licitar-ne el desplaçament quan constata que es troben sobre aquest hàbitat protegit”, ha considerat.

Ibiza & Formentera Preservation ha lamentat que, després de set anys, continuen produint-se males pràctiques de forma habitual. Així, ha afirmat que l'increment dels fondejos irregulars detectats no ha vingut acompanyat d'un augment dels mitjans destinats a la seva vigilància i sanció.

Així, Eivissa va mantenir el 2025 el mateix nombre d'embarcacions del Servei de Vigilància de Posidònia que en anys anteriors, mentre que la dotació d'agents “és totalment insuficient en vista de les xifres registrades”.

Més fondejos il·legals

A Eivissa, el Servei de Vigilància va comptar durant el 2025 amb quatre embarcacions de les 19 dedicades al conjunt de Balears realitzant un total de 20.528 actuacions, un 8,8 per cent menys que el 2024, segons ha advertit l'entitat.

D'aquestes, 2.711 actuacions van ser informatives, 1.532 d'assessorament i 16.285 de comprovació per revisar la posició de l'àncora i de les cadenes. De les embarcacions comprovades, 3.468 van haver de ser desplaçades per trobar-se sobre posidònia, enfront de les 1.719 del 2024.

Segons han pogut conèixer a l'Observatori de Sostenibilitat, el motiu de l'increment va ser la inspecció de noves zones d'alta afluència.

Segons l'informe del Servei de Vigilància, les embarcacions desplaçades representen el 21,3 per cent de les comprovades a Eivissa, el percentatge més elevat de Balears.

A Formentera, l'activitat del servei va augmentar considerablement durant l'últim any en passar de 46.785 actuacions el 2024 a 61.400 el 2025. Al mateix temps, el percentatge d'embarcacions desplaçades respecte a les comprovades va passar de l'1 al 2 per cent.

Malgrat l'increment de les tasques de vigilància, des de l'Observatori de Sostenibilitat han considerat que les dades posen de manifest la “necessitat d'avançar en l'aplicació efectiva de les mesures de protecció de les praderies de posidònia i d'acompanyar les tasques d'informació i prevenció amb un major control i desenvolupament d'infraccions als responsables dels fondejos sobre pradera”.

La pressió dels fondejos es produeix, a més, sobre unes praderies que mostren signes de deteriorament, ha conclòs la fundació.

La fundación Ibiza & Formentera Preservation ha denunciado que el pasado año sólo levantaron 18 actas en las Pitiusas por infracciones relacionadas con el fondeo ilegal sobre posidonia. Del total, 15 expedientes se tramitaron en Eivissa y tres en Formentera.

La entidad ha explicado en un comunicado que el Servicio de Vigilancia de Posidonia de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio detectó durante en 2025 un total de 4.813 embarcaciones fondeadas sobre posidonia en ambas islas.

Es decir, apenas se abrió un acta por cada 270 embarcaciones infractoras (el 0,37 por ciento del total), según datos de la Dirección General de Medio Natural analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza & Formentera Preservation.

El hecho de que en 2025 se abriera acta a menos de una veintena de embarcaciones pone de manifiesto, según la fundación, la necesidad de reforzar en las Pitiusas el cuerpo de agentes de Medio Ambiente del Govern.

“También sería recomendable incrementar en Eivissa los medios destinados al Servicio de Vigilancia de Posidonia, el cuerpo responsable de la detección de los fondeos, y de solicitar su desplazamiento cuando constata que se encuentran sobre este hábitat protegido”, ha considerado.

Ibiza & Formentera Preservation ha lamentado que, tras siete años, siguen produciéndose malas prácticas de forma habitual. Así, ha afirmado que el incremento de los fondeos irregulares detectados no ha venido acompañado de un aumento de los medios destinados a su vigilancia y sanción.

Así, Eivissa mantuvo en 2025 el mismo número de embarcaciones del Servicio de Vigilancia de Posidonia que en años anteriores, mientras que la dotación de agentes “es totalmente insuficiente en vista de las cifras registradas”.

Más fondeos ilegales

En Eivissa, el Servicio de Vigilancia contó durante 2025 con cuatro embarcaciones de las 19 dedicadas al conjunto de Balears realizando un total de 20.528 actuaciones, un 8,8 por ciento menos que en 2024, según ha advertido la entidad.

De ellas, 2.711 actuaciones fueron informativas, 1.532 de asesoramiento y 16.285 de comprobación para revisar la posición del ancla y de las cadenas. De las embarcaciones comprobadas, 3.468 tuvieron que ser desplazadas por encontrarse sobre posidonia, frente a las 1.719 de 2024.

Según han podido conocer en el Observatorio de Sostenibilidad, el motivo del incremento fue la inspección de nuevas zonas de alta afluencia.

Según el informe del Servicio de Vigilancia, las embarcaciones desplazadas representan el 21,3 por ciento de las comprobadas en Eivissa, el porcentaje más elevado de Balears.

En Formentera, la actividad del servicio aumentó considerablemente durante el último año al pasar de 46.785 actuaciones en 2024 a 61.400 en 2025. Al mismo tiempo, el porcentaje de embarcaciones desplazadas respecto a las comprobadas pasó del 1 al 2 por ciento.

Pese al incremento de las labores de vigilancia, desde el Observatorio de Sostenibilidad han considerado que los datos ponen de manifiesto la “necesidad de avanzar en la aplicación efectiva de las medidas de protección de las praderas de posidonia y de acompañar las labores de información y prevención con un mayor control y desarrollo de infracciones a los responsables de los fondeos sobre pradera”.

La presión de los fondeos se produce, además, sobre unas praderas que muestran signos de deterioro, ha concluido la fundación.

La banda de metal cristiano Demon Hunter, fundada en Seattle, ha demandado a la plataforma de entretenimiento Netflix por el uso de la marca KPop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop), título del fenómeno de animación que se convirtió en la película más vista en la historia de la plataforma.

La demanda fue presentada esta semana ante un tribunal federal de California. En el escrito, la corporación Hyde Lane y, representante legal del grupo, alega que los demandados “eclipsan la marca Demon Hunter” y acusa a Netflix de apropiarse de manera indebida de la identidad que define el origen del grupo.

El conflicto se intensificó tras el anuncio en mayo de una gira mundial de conciertos basada en la película. Según la denuncia, esta iniciativa “lleva a los consumidores a percibir a Hyde Lane como una entidad afiliada, patrocinada o derivada de los demandados, privándola así del control sobre su destino comercial”. La banda sostiene que la confusión generada en el público podría llegar a desplazarlos del mercado.

“En pocas palabras, Netflix no tiene más derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que a lanzar un artista discográfico, un espectáculo en vivo o productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH”, enfatiza el texto legal.

Demon Hunter fue fundada en el año 2000 por los hermanos Don y Ryan Clark. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, la banda ha consolidado un público fiel dentro del metal alternativo promoviendo mensajes de fe cristiana en sus composiciones.

Por su parte, la película de Netflix se estrenó el 20 de junio del año pasado y se convirtió rápidamente en un fenómeno de masas global. Dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, el filme no solo batió récords de audiencia en la plataforma, sino que se alzó con dos premios Óscar a mejor película de animación y mejor canción original por el tema Golden. Tras el éxito cosechado, Netflix ya ha confirmado una secuela prevista para 2029.

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies (CEA) ha denunciado que, más de un año después de sus primeras denuncias, una nave del Porreo del Salín, en la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, sigue siendo utilizada como vertedero de residuos y como desguace ilegal de vehículos.

La organización conservacionista ha señalado en un comunicado que en la instalación se acumulan vehículos despiezados, neumáticos y líquidos y que cuenta además con una cubierta de uralita en estado de abandono lo que, según ha advertido, puede generar contaminación en la ría.

La Coordinadora ha reclamado una mayor atención de las administraciones a este espacio protegido, que cuenta con las figuras de Reserva Natural, Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves, y forma parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional Ramsar.

Los ecologistas han recordado que el desguace de vehículos genera residuos peligrosos como aceites, refrigerantes, combustibles, líquidos de frenos, baterías y neumáticos, que deben ser retirados y gestionados conforme a la normativa ambiental.

Por ello, la Coordinadora ha reclamado a las administraciones la retirada inmediata de los residuos acumulados en la nave del Porreo del Salín, su traslado a un gestor autorizado y la descontaminación del entorno para evitar nuevos daños ambientales en la ría de Villaviciosa.

El restaurante Aiko Sushi, ubicado en Santa Cruz de Tenerife, ha denunciado publicamente, a través de sus redes sociales, un simpa en el local por valor de 144,50 euros “que disfrutaron” presuntamente, según aseguran los propietarios, dos mujeres que acudieron el pasado miércoles, 12 de agosto.

En una historia en su perfil de Instagram, el establecimiento ha difundido unas imágenes de las dos presuntas responsables del acto sentadas dentro del establecimiento, si bien una de ellas está de espaldas a la cámara de seguridad, a la otra responsable del simpa, el establecimiento ha decidido tapar el rostro con un ingenioso emoji.

“Dos señoras acudieron a nuestro establecimiento, disfrutaron de una agradable velada con un coste total de 144,50 euros y se fueron sin realizar el pago”, indica el restaurante en sus redes sociales.

El local asegura que intentaron comunicarse con ambas mujeres en un teléfono de contacto que dejaron a la hora de realizar la reserva para el restaurante, pero no recibieron respuesta y fueron “bloqueados”.

Los propietarios del restaurante han pedido a las presuntas responsables del simpa que se pongan en contacto con el local “para solventar la situación” y así “retirar la denuncia correspondiente”.

Además, el restaurante advierte a otros locales de la situación vivida y avisa: “Y a nuestros compañeros de profesión, ya saben...”

La Xarxa 0-3 i els sindicats CCOO, UGT i STEI han denunciat públicament que a les 'escoletes' concertades “s'obliga de forma habitual” les educadores a assumir tasques de neteja d'aules i banys, manteniment, administració i, fins i tot, a cuinar i preparar els aliments del menjador.

En un comunicat, han assegurat que un informe d'incidències elaborat a partir de les denúncies de les treballadores del sector demostra com nombrosos centres “incompleixen de forma sistemàtica” les directrius de la Conselleria d'Educació.

A més, han lamentat que a les 'escoletes' hi ha incompliments de ràtios durant els mesos d'estiu i una “contínua vulneració de drets laborals i retributius”.

Igualment, segons han explicat, es produeix un “incompliment flagrant” del calendari oficial i un retall de la preparació pedagògica en avançar l'inici del curs lectiu abans del 10 de setembre.

La Conselleria va establir aquesta data per garantir que les educadores tinguessin dies per organitzar espais, preparar programacions i coordinar-se. “Obrir abans priva les professionals d'aquest temps essencial”, han subratllat.

La Xarxa 0-3 i els sindicats han traslladat formalment aquestes incidències i el llistat de centres a la Conselleria d'Educació, subratllant que té el deure de “vigilar i actuar” i d'evitar que fons públics “servin per mantenir centres que vulneren la normativa”.

“Si el 0-3 és educació i es finança amb diners públics, la Conselleria d'Educació no pot permetre aquests incompliments. Exigim que la normativa es compleixi, es vigili i es respecti”, han reclamat.

Així, han sol·licitat una actuació immediata i d'ofici d'Inspecció Educativa per verificar el compliment de les ràtios, el decret de mínims, la titulació del personal i el calendari escolar oficial.

També han demanat que els fons públics estiguin condicionats al compliment de tota la normativa, garantir que les educadores no hagin de executar tasques de neteja ni de cuina, i que puguin disposar d'hores no lectives suficients per elaborar els projectes educatius.

Així mateix, han proposat impulsar una taula de negociació formal específic per donar resposta a les treballadores que estan subjectes al conveni estatal infantil.

Finalment, han reiterat la reclamació que el col·lectiu ha defensat des de fa mesos d'impulsar la negociació d'un conveni autonòmic 0-3 que garanteixi la millora i homogeneïtzació de les condicions laborals.

La Xarxa 0-3 y los sindicatos CCOO, UGT y STEI han denunciado públicamente que en 'escoletes' concertadas “se obliga de forma habitual” a las educadoras a asumir tareas de limpieza de aulas y baños, mantenimiento, administración e, incluso, a cocinar y preparar los alimentos del comedor.

En un comunicado, han asegurado que un informe de incidencias elaborado a partir de las denuncias de las trabajadoras del sector demuestra como numerosos centros “incumplen de forma sistemática” las directrices de la Conselleria de Educación.

Además, han lamentado que en las 'escoletes' hay incumplimientos de ratios durante los meses de verano y una “continua vulneración de derechos laborales y retributivos”.

Igualmente, según han explicado, se produce un “incumplimiento flagrante” del calendario oficial y un recorte de la preparación pedagógica al avanzar el inicio del curso lectivo antes del 10 de septiembre.

La Conselleria estableció esta fecha para garantizar que las educadoras tuvieran días para organizar espacios, preparar programaciones y coordinarse. “Abrir antes priva las profesionales de este tiempo esencial”, han subrayado.

La Xarxa 0-3 y los sindicatos han trasladado formalmente estas incidencias y el listado de centros a la Conselleria de Educación, subrayando que tiene el deber de “vigilar y actuar” y de evitar que fondos públicos “sirvan para mantener centros que vulneran la normativa”.

“Si el 0-3 es educación y se financia con dinero público, la Conselleria de Educación no puede permitir estos incumplimientos. Exigimos que la normativa se cumpla, se vigile y se respete”, han reclamado.

Así, han solicitado una actuación inmediata y de oficio de Inspección Educativa para verificar el cumplimiento de las ratios, el decreto de mínimos, la titulación del personal y el calendario escolar oficial.

También han pedido que los fondos públicos estén condicionados al cumplimiento de toda la normativa, garantizar que las educadoras no tengan que realizar labores de limpieza ni de cocina, y que puedan disponer de horas no lectivas suficientes para elaborar los proyectos educativos.

Asimismo, han propuesto impulsar una mesa de negociación formal específico para dar respuesta a las trabajadoras que están sujetas al convenio estatal infantil.

Finalmente, han reiterado la reclamación que el colectivo lleva defendiendo desde hace meses de impulsar la negociación de un convenio autonómico 0-3 que garantice la mejora y homogeneización de las condiciones laborales.

La UGT Serveis Públics ha registrat la convocatòria de vaga indefinida a partir del 24 d'agost al centre sanitari animal de Son Reus davant la “falta absoluta” de solució per la “greu precarietat laboral i inseguretat”.

El sindicat ha lamentat en una nota de premsa que l'empresa responsable del servei i l'Ajuntament de Palma han “ignorat” les seves demandes, malgrat els múltiples comunicats que els han fet arribar.

Entre altres qüestions, des d'UGT han criticat que es mantinguin les nòmines dels professionals en el salari mínim interprofessional (SMI) i que les seves condicions en matèria de prevenció de risc i salut laboral “continuen sense ser millorades”.

Segons el seu parer, és “inhòspit” que el personal no tingui a disposició “ni aigua per beure en ple 2026”. “Això és ridícul”, han subratllat.

Així, han advertit els responsables polítics que mentre els treballadors “pateixin unes condicions de treball segures i dignes”, resulta “materialment impossible” garantir que la cura dels animals compleixi amb els estàndards mínims de qualitat i amb la legislació vigent en matèria de benestar animal.

La UGT va formalitzar una proposta per impulsar el I Conveni Col·lectiu del Centre Sanitari Municipal de Protecció Animal, sobre la qual continua esperant resposta.

UGT Servicios Públicos ha registrado la convocatoria de huelga indefinida a partir del 24 de agosto en el centro sanitario animal de Son Reus ante la “falta absoluta” de solución por la “grave precariedad laboral e inseguridad”.

El sindicato ha lamentado en una nota de prensa que la empresa responsable del servicio y el Ayuntamiento de Palma han “ignorado” sus demandas, a pesar de los múltiples comunicados que les han hecho llegar.

Entre otras cuestiones, desde UGT han criticado que se mantengan las nóminas de los profesionales en el salario mínimo interprofesional (SMI) y que sus condiciones en materia de prevención de riesgo y salud laboral “siguen sin ser mejoradas”.

A su entender, es “inhóspito” que el personal no tenga a disposición “ni agua para beber en pleno 2026”. “Esto es ridículo”, han subrayado.

Así, han advertido a los responsables políticos que mientras los trabajadores “carezcan de unas condiciones de trabajo seguras y dignas”, resulta “materialmente imposible” garantizar que el cuidado de los animales cumpla con los estándares mínimos de calidad y con la legislación vigente en materia de bienestar animal.

UGT formalizó una propuesta para impulsar el I Convenio Colectivo del Centro Sanitario Municipal de Protección Animal, sobre la cual sigue esperando respuesta.

Nueva denuncia ante Inspección de Trabajo por la situación del Centro de Salud Mental de Albelda. Esta vez ha sido STAR quien ha dado el paso y ha puesto en conocimiento de Inspección las diferentes problemáticas y deficiencias existentes en el Centro de Salud Mental de Albelda. Así la formación sindical destaca “fallos térmicos con temperaturas extremas, tanto en verano como en invierno, las deficiencias de salubridad del agua potable que abastece el centro y los graves problemas estructurales, ente otros”. Deficiencias que aseguran hace que la situación sea “insostenible, poniendo en riesgo la integridad tanto de profesionales como de usuarios del centro”.

La denuncia ante Inspección de Trabajo llega tras un nuevo desplome de varias placas del techo durante el turno de tarde de ayer martes. Una situación “límite”, describen desde el sindicato que “destapa la absoluta desidia en el mantenimiento y la profunda degradación estructural del inmueble”. El desplome de ayer relatan que ha afectado de lleno a otra habitación de la Unidad de Gerontopsiquiatría. “Esta intolerable acumulación de humedades y charcos en los suelos convierte cada jornada en una ruleta rusa de caídas y contusiones para pacientes cuyo domicilio habitual es este centro y para unos trabajadores abandonados a su suerte, habiendo evitado una desgracia personal en esta ocasión por pura fortuna”, apostillan desde STAR.

Asimismo califican de “inadmisible” que un recurso tan sensible “se mantenga en pie con una plantilla de conservación reducida a la mínima expresión —tan solo un ingeniero y un operario para todo el edificio—, una plantilla claramente burlada por recortes y falta de previsión mientras las instalaciones se desmoronan por completo”.

Así, y ante la falta de respuesta ante sus reivindicaciones, STAR ha denunciado la situación de este centro ante la Inspección de Trabajo y más concretamente, “las temperaturas extremas tanto en verano como en invierno; los problemas de salubridad del agua que abastece el centro; los cortes y fallos asiduos en el suministro de agua caliente sanitaria (ACS); así como la carencia en los planes de prevención de desratización y de desinsectación del centro”.

Asimismo, en el escrito de denuncia también incluyen deficiencias en las infraestructuras del edificio. “Graves desperfectos estructurales: desprendimiento de placas de techo (pladur), filtraciones y charcos; deficiente o nula ventilación en áreas críticas y habitaciones; falta de espacios e instalaciones esenciales (lava-bacinillas); habitaciones en la unidad de larga estancia sin tomas de oxígeno; espacio de acceso y salida bloqueados por las puestas del baño y de entrada de las habitaciones; deterioro extremo del mobiliario asistencial (camas y colchones defectuosos)”.

Un escenario “de extrema gravedad” ante el que STAR continúa exigiendo responsabilidades y una solución “radical, inmediata y sin más parches temporales que oculten el déficit existente, reclamando una intervención integral y urgente que garantice de una vez por todas la seguridad y la dignidad que merecen tanto los trabajadores como los pacientes ingresados. La dejadez de la Administración está poniendo en riesgo la integridad de usuarios y profesionales”.