Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha afirmado el portavoz y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios. En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

García ha indicado que “van a quedar a la espera” de la respuesta de la oficina y no han descartado elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”, en caso de “inacción” por parte del organismo. “Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García. El candidato del partido ha asegurado que el discurso de Vox sobre “pagas para los migrantes, no solo es falso y racista, sino que encubre que son ellos los que se lucran de ellas”.

Cese

“No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha declarado García. En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado “las promesas de Vox de cerrar Canal Sur”, a la que, según ha indicado García, calificaba como un “chiringuito”.

“El Partido Popular podría cesar a este señor automáticamente si verdaderamente tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos que haya un señor que va hablando de paguitas, pero él cobra una paguita de 60.000 euros de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino que trabaja para Vox? Estos son los que se cargan los servicios públicos, estos señores”, ha concluido.

En el escrito, se señala que Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox. El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

Asimismo, ha subrayado que el consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito pide “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Respuesta de Vox

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este jueves que el responsable de comunicación del partido, Álvaro Zancajo, “cumple con todas sus obligaciones” tras la denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por Adelante Andalucía señalando la posible “incompatibilidad” de la labor de Zancajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA).

“Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda”, ha respondido Gavira a las preguntas de los periodistas al respecto.

A la denuncia de CSIF sobre la existencia de moho, humedad y polvo en la Consejería de Hacienda, se suman las de CCOO La Rioja quienes hablan de “peligro extremo”. Aseguran que la situación en esta sede del Gobierno de La Rioja ha alcanzado un punto crítico y de hecho, las trabajadoras del servicio de limpieza, pertenecientes a una empresa subcontratada, denuncian que “están trabajando en condiciones que ponen en riesgo inminente su integridad física y su salud respiratoria tras las recientes inundaciones en el edificio”.

Así aseguran que al daño ambiental se suma un “grave peligro estructural porque gran parte del suelo de las instalaciones es de madera aglomerada que, tras absorver el agua de las inundaciones, ha perdido su consistencia. Al secarse, el material se está quebrando y hundiendo, dejando huecos con caídas de hasta 30 centímetros directamente sobre el hormigón”. Una situación que convierte las tareas de limpieza en una “carrera de obstáculos” donde “un paso en falso puede derivar en lesiones óseas o caídas graves, especialmente al trabajar en zonas con visibilidad reducida o suelos húmedos”.

Y al riesgo de caídas hay que añadir la exposición a productos fungicidas industriales de extrema agresividad. En concreto, las trabajadoras de la limpieza hablan de “casos de conjuntivitis química y quemazón en la garganta y vías respiratorias por el uso de productos anti-moho. La  falta de ventilación adecuada en las oficinas de Logroño multiplica la concentración de vapores tóxicos”. Las trabajadoras aseguran que “no solo nos estamos asfixiando con los productos que usan para el moho, es que además tenemos miedo de dar un paso y que el suelo se parta bajo nuestros pies. Hay agujeros de 30 centímetros y nadie ha acordonado las zonas peligrosas”.

Por todo ello, este colectivo exige una intervención “inmediata”por parte de la empresa adjudicataria y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería. Y dentro de esta intervención se debería incluir “prohibir el acceso a todas las áreas donde el aglomerado presente signos de debilidad estructural hasta su sustitución total y utilizar mascarillas con filtros de carbono activo para los gases tóxicos y calzado de seguridad reforzado”. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en 24 horas, las trabajadoras pararán la actividad “por riesgo grave e inminente, notificando simultáneamente a la Inspección de Trabajo de La Rioja”.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

El concejal de Vox en el Ayuntamiento valenciano de Montserrat Carlos Martínez ha entregado su acta como edil, según ha informado su partido, después de que se haya hecho público que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

Según publica el diario Levante-EMV, la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

En un comunicado remitido este jueves, Vox señala que Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los “hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos”.

“La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general”, añade.

Afirma que Carlos Martínez “ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

Cuatro vecinos y una asociación activa mantienen en pie esta aldea de La Rioja perteneciente al municipio riojano Muro de Aguas frente al silencio de las instituciones. Tienen el dinero para la luz desde hace años, pero la burocracia y la falta de voluntad política los mantienen en el siglo XIX. Y es que en pleno siglo XXI, el vecindario de este municipio continúa viviendo sin luz eléctrica, sin accesos dignos y, lo que es peor, sin ser escuchados.

El caso de la luz en Ambas Aguas roza lo kafkiano. En mayo de 2023 se firmó un convenio para conectar al pueblo a una línea de alta tensión que pasa a apenas 500 metros de las casas. El dinero, una partida de 291.000 euros transferida por el Gobierno de La Rioja, ya está en manos del Ayuntamiento de Muro de Aguas desde principios de 2024, pero la luz sigue sin llegar y los interruptores sin funcionar. El vecindario pide explicaciones e información, pero como la luz, tampoco llegan. “Nos dicen que están en plazo. El dinero lo tienen ellos y no vemos ni el proyecto ni la licitación. Llevan nueve meses 'evaluando' y nosotros seguimos con generadores”, lamenta el presidente de la Asociación Amigos de Ambas Aguas, Julián Pérez Alonso.

El entonces consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica, Álex Dorado, y el alcalde de Muro de Aguas, Pedro Juan Sanz, firmaron a principios de mayo de 2023 un convenio para comenzar los trabajos de conexión eléctrica de la “aldea de forma inmediata”. Además de Ambas Aguas, el entonces gobierno socialista de Concha Andreu rubricó convenios con otros ayuntamientos para la construcción de comunidades energéticas renovables en las aldeas de El Collado (Santa Engracia del Jubera) y Luezas de Cameros (Soto en Cameros). También se realizaron todos los trámites y la electricidad llegó a las aldeas de Treguajantes (Soto en Cameros), Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros), Santa Marina (Santa Engracia del Jubera) y San Martín del Jubera (Santa Engracia del Jubera). Sin embargo el vecindario de Ambas Aguas no ha tenido la misma suerte y siguen sin poder utilizar un microondas o enchufar el taladro para realizar algún arreglo en casa sin estar pendientes de los generadores.

El tiempo pasa y las soluciones no llegan. “Estamos en plazo” es la única respuesta que reciben. Y así es. Desde el Gobierno de La Rioja responsabilizan al Consistorio: “según el convenio, la tramitación, licitación y ejecución de las actuaciones corresponden al Ayuntamiento de Muro de Aguas, en el ejercicio de sus competencias”. Y una matización más. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo apuntan no tener potestad para realizar un “control más exhaustivo del avance del proyecto porque el convenio fue formalizado en la anterior legislatura sin la previsión de hitos intermedios de ejecución, ni mecanismos específicos de seguimiento periódico”.

Desde el Ejecutivo regional aseguran no poder hacer nada a pesar de haber liberado una partida cercana a los 300.000 euros para que la luz llegue a Ambas Aguas, aunque sí reconocen que “son conscientes del interés que suscita este asunto”. Por esta razón, han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Muro de Aguas “trasladándole la conveniencia e importancia de que se facilite la información actualizada sobre el estado de tramitación del expediente”. “La interlocución directa con el Ayuntamiento constituye el cauce más adecuado para canalizar las solicitudes de información que se pidan. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería continuará atenta a la evolución de las actuaciones en el marco de sus competencias”, zanjan desde el Ejecutivo regional.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde de la aldea Jaime Jiménez. En una conversación con este medio ha insistido en que desde el Consistorio se “está trabajando en este asunto al que hemos dado la máxima prioridad sobre cualquier otra cuestión”. Y al igual que el Ejecutivo regional, Jiménez reitera que están dentro de plazo. “En lo que llevamos de legislatura, me han cambiado el secretario hasta en cuatro ocasiones y esto lo ralentiza todo. Aun así, el día de la semana que tenemos Secretaría damos prioridad a este proyecto”. Asimismo, el alcalde de la aldea califica de “bulos” las críticas del vecindario y asegura que el pueblo está divido: “La oposición (PSOE) está utilizando este problema para hacer su propia campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales”. Un cruce de acusaciones en las que Jiménez ha adelantado no va a participar porque su único objetivo “es seguir trabajando por su pueblo”.

Un vecindario que no se resiste

Mientras tanto, el vecindario y la asociación, que este año cumple cuatro décadas, seguirán trabajando por el pueblo. “No nos resistimos”, insiste Pérez. Resistencia que contrasta con la “pasividad” del Ayuntamiento. “Parece que quieren dejar morir el pueblo porque en los últimos treinta, cuarenta años, el Ayuntamiento no ha solicitado subvención alguna para acometer mejoras en la aldea”. Al contrario. “Somos nosotros, vecinos y asociación, quienes sufragamos y ejecutamos las obras”. Una de las últimas, el arreglo del tejado de la Iglesia en la que Pérez calcula que se han gastado 12.000 euros. Ambas Aguas tiene únicamente dos calles asfaltadas, también por la Asociación. “Para el encementado de una de ellas, el Ayuntamiento sí que nos facilitó el material, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros”. Al igual que las labores de saneamiento e instalación de tuberías y desagües que realizaron durante unas vacaciones de Semana Santa.

La cohesión vecinal en esta aldea no es solo una cuestión de cortesía, sino de pura supervivencia. Hasta los años ochenta, eran los propios vecinos quienes se subían al tendido para reparar cualquier avería eléctrica. Hasta que la técnica superó la buena voluntad: “Somos pocos y, cuando los trabajos se complicaron, el vecindario se plantó”, recuerda el presidente de la Asociación. “El Ayuntamiento decidió mirar hacia otro lado” y Ambas Aguas terminó sumida en la oscuridad hasta hoy.

Y a la falta de electricidad se suma un acceso tercermundista. “Somos el único pueblo habitado de La Rioja sin un acceso digno”, denuncia Pérez. “No pedimos una carretera, únicamente un acceso digno a Ambas Aguas”. Más aún, añade, cuando a pesar de contar con tan solo cuatro vecinos de forma habitual, dos de ellos tienen empresa. “En el pueblo hay dos negocios, una minería y una ganadería. Si a estas personas no se les facilita que puedan trabajar... les están invitando a que se vaya de Ambas Aguas”, lamenta.

Incluso el servicio más básico, la recogida de basuras, se ha convertido en un problema. Desde hace unos años, el vecindario paga el impuesto de recogida de basura. “Hasta entonces, guardábamos la basura en casa y cada uno la llevaba hasta Muro de Aguas que está a unos seis kilómetros”. Ahora, y tras pagar el correspondiente impuesto (40 euros), se han instalado contenedores en los que depositar una basura que nadie recoge. “Durante meses no hay alguacil que recoja los contenedores. Antes nos llevábamos la basura a casa y estaba limpio, ahora el pueblo parece un estercolero”.

“Nos quieren dejar morir”

Esta dejadez y falta de servicios han suscitado entre el vecindario la sensación de que “quieren dejar morir el pueblo”. Y es que nos le sirven las respuestas del Gobierno de La Rioja y la ausencia de ellas por parte del Ayuntamiento de Ambas Aguas. “Llevamos tres años con el tema de la luz, solicitamos información y no nos la dan”. La última reunión con el Ayuntamiento de Muro de Aguas fue en julio de 2025. “Desde entonces el vacío, no contestan a las solicitudes de información realizada en septiembre, diciembre y marzo. El pasado mes convocamos otra reunión a la que invitamos al Ayuntamiento. No acudió nadie, ni siquiera nos respondieron”.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ambas Aguas continúa sin luz a pesar de que el dinero (291.000 euros) del Gobierno de La Rioja ya están en las arcas municipales desde principios de 2024. “Solo pedimos que la luz llegue por fin a Ambas Aguas. Si no nos hubieran prometido la luz, habríamos puesto más placas solares por nuestra cuenta. Pero nos tienen bloqueados con una promesa que nunca llega”, concluye. No piden milagros, solo que el dinero que ya existe se convierta en el cable que los conecte al siglo XXI.

CSIF denuncia condiciones insalubres en la oficina de Fondos Europeos situada en la Calle Portales 46 de Logroño. Hace dos semanas se produjo una fuga que ha afectado a techos, suelos y paredes y ha dejado un fuerte olor a humendad, “lo que ha provocado problemas de salud a los empleados públicos que siguen trabajando en estas oficinas en condiciones insalubres”.

Relatan que el problema comenzó hace más de dos semanas. “Una fuga en un baño de la segunda planta afectó a los techos, paredes y suelos de esta planta y las inferiores y dejó estas instalaciones impracticables”. De hecho aseguran que “hay zonas restringidas porque no hay ventilación, los suelos tienen humedad, se han deformado e incluso levantado. Los equipos informáticos también se han visto afectados y es imposible poder trabajar en estas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

La zona más dañada es la primera planta donde un grupo de empleados públicos pertenecientes a la Oficina de Fondos Europeos siguen trabajando porque no han sido reubicados y lo hacen “con fuertes olores a humedad lo que les provoca dolores de cabeza y náuseas debido a la insalubridad del ambiente”. Después de más de dos semanas, desde CSIF piden al Servicio de Prevención que analice las instalaciones y mientras tanto se traslade a una oficina segura a los trabajadores. “Es inaceptable que el Gobierno riojano ponga en peligro la salud de sus trabajadores por la falta de eficacia en su gestión”. Y exigen a la Dirección General de Función Pública, como máximo responsable de la gestión de los empleados públicos que tome cartas en el asunto y que deje de “maltratar a los empleados públicos riojanos: debería darle vergüenza tener a trabajadores desarrollando su labor en estas condiciones que ponen en peligro su salud”.

La asociación ecologista Rosalía Alpina denuncia que se han arrasado con maquinaria pesada hasta dos hectáreas de terreno que aspiraba convertirse en un pequeño bosque en Ocón. Unas prácticas que aseguran cuentan con la autorización del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. “La Consejería sigue autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal”.

Y desde la asociación ecologista reflexionan que “en plena Rioja vitivinícola y cerealista, entre extensiones continuas de viñedo o de cereal, aún sobreviven pequeños reductos de biodiversidad: pequeños trozos de monte que, con el paso de los años, se han ido regenerando de forma natural, dando lugar a bosquetes de encinas, arbustos mediterráneos y fauna asociada”. Son espacios modestos, apuntan, “pero de gran valor ecológico, especialmente en un territorio cada vez más homogéneo desde el punto de vista agrícola”.

Sin embargo, alertan de que esta regeneración natural “está siendo sistemáticamente destruida”. Y responsabilizan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente porque “continúa autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal, incluso cuando ya se han formado bosquetes jóvenes o cuando existen ribazos con árboles, encinas y arbustos que actúan como refugio para aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos y pequeños mamíferos”. En el valle de Ocón calculan que se ha eliminado un monte de cerca de dos hectáreas, “el más grande de los eliminados en los últimos años”.

Una destrucción que ocasionará una “grave pérdida de biodiversidad”. Y es que la eliminación constante de ribazos, lindes y pequeños bosquetes “rompe corredores ecológicos, empobrece el paisaje —precisamente aquel que el propio Gobierno dice proteger a través de la Ley del Paisaje— y acelera procesos de desertificación”. Y además alertan de afecciones directas a la fauna silvestre y a la actividad cinegética porque perjudicará a especies como la perdiz roja, la codorniz o la tórtola. Además, la destrucción de estas hectáreas de montes también tendrá consecuencias en la agricultura. “Estos espacios albergan insectos y aves que actúan como depredadores naturales de plagas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los cultivos, por lo que su desaparición rompe estos procesos naturales y aumenta la dependencia de tratamientos químicos, con el consiguiente impacto ambiental y económico”.

Por todo ello piden a la administración que deje de conceder autorizaciones “de forma sistemática y que apueste por compatibilizar la actividad agraria con la conservación de los últimos reductos naturales que aún resisten entre los viñedos y cultivos de La Rioja”.

Sin embargo, parece que la petición de Rosalía Alpina caerá en saco roto. Y es que preguntada por esta cuestión, la respuesta de la Consejería ha sido rotunda. Desde Medio Ambiente aseguran no tener constancia de denuncia alguna y afirman, “que todo lo que desde la Consejería se autoriza en cambios de uso, cortas de resalveo, entresacas… cumple rigurosamente con la normativa y ha sido objeto de informes técnicos favorables”, sentencian y añaden “para su tranquilidad”.

La “amenaza” de las pistas forestales

Y además de esta “destrucción”, desde la asociación Rosalía Alpina también alertan del impacto que generan las pistas forestales en algunos encinares. De hecho las consideran una “amenaza” para algunos encinares que aún sobreviven en zonas especialmente “sensibles” de La Rioja Baja: Bergasillas, Enciso y Cornago.

Explican que estas pistas forestales se están construyendo para facilitar explotaciones de leña. “No estamos en contra del aprovechamiento de leñas porque es una actividad tradicional que puede ser compatible con la conservación de monte si se realiza de forma cuidadosa y proporcionada”. Lo que censuran es “la desproporción entre el impacto generado y el beneficio obtenido, especialmente cuando las pistas atraviesan los escasos encinares de La Rioja Baja”.

Y el problema no es solo paisajístico. “En un territorio semiárido como La Rioja Baja, con precipitaciones escasas e irregulares y suelos poco profundos, estas actuaciones activan procesos de erosión difíciles o imposibles de revertir. La eliminación de la cubierta vegetal, la alteración del perfil del suelo y la creación de taludes desnudos favorecen la escorrentía y la pérdida de suelo fértil”. Además, “estas pistas fragmentan el hábitat, facilitan el acceso de vehículos a zonas antes tranquilas y aumentan la presión humana sobre espacios que funcionaban como refugio para la fauna”.

Un nuevo capítulo en el asunto de las “retribuciones indebidas” por parte de altos cargos del Servicio Riojano de Salud. Los socialistas han desvelado este martes el contenido de una nueva auditoría que confirma que “varios altos cartos continuaron cobrando dichas retribuciones en 2024”.

El pasado mes de marzo ya informaron que el entonces gerente del SERIS “percibió durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por más de 12.500 euros”. Así, la diputada socialista, María Somalo, ha recordado que otra auditoría del SERIS “confirmaba que Jesús Álvarez, como gerente del SERIS, y otros dos altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, percibieron retribuciones indebidas en el año 2023”. Ahora, apunta, “los datos de otra auditoría del SERIS confirma que esta situación continuó durante el año 2024”.

Por lo que respecta a Jesús Álvarez, Somalo ha dicho que “se confirma que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 continuó percibiendo retribuciones indebidas en concepto de guardias y actividades extraordinarias por un importe que supera los 10.000 euros”. La diputada socialista ha recordado que la propia auditoría “insiste en que la realización de actividades asistenciales por el gerente no se encuentra incluida dentro de las reguladas en el artículo 92 de la Ley de Salud de La Rioja, ni consta regulación legal o reglamentaria que recoja esta función para el titular de la Gerencia del SERIS”.

Por lo que respecta a los otros altos cargos del SERIS, Gustavo Ossola y Begoña Ganuza, “el cobro de cantidades indebidas también se mantuvo a lo largo del año 2024”. En ambos casos, la auditoría deja claro que en sus contratos “se establece, expresamente, que la cuantía total a percibir no podrá exceder de la retribución íntegra anual establecida para los consejeros en las respectivas leyes de presupuestos de la CAR”. Somalo ha afirmado que la auditoría “confirma que las retribuciones que ambos perciben por sueldo y complementos, por actividad asistencial y extraordinaria, y por antigüedad y carrera profesional, en su conjunto, superan el importe máximo legal, que es el de la retribución marcada para los consejeros”.

María Somalo ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado en reiteradas ocasiones las nóminas de Ossola y Ganuza, “y siempre se nos han negado”.

La diputada socialista ha relatado que la auditoría de 2024, a diferencia del informe de 2023, “no cuantifica el importe de las retribuciones, pero estimamos, basándonos en la media mensual percibida en el año 2023 según la auditoria de dicho año, que Ossola podría haber cobrado unos 34.000 euros en retribuciones indebidas en el año 2024”. Mientras, Ganuza “podría haber percibido unos 20.500 euros de retribuciones indebidas en ese año”.

Acto vandálico en Ezcaray. Una persona se ha subido a la Cruz de San Lázaro en Ezcaray y ha causado daños importantes a este elemento patrimonial tan significativo del municipio. Así lo ha denunciado el Ayuntamiento de la localidad en redes sociales donde además informa de que la persona ha tendio que ser atendida por los servicios sanitarios debido a las heridas sufridas “de diversa consideración”, apuntan.

Asimismo, el Ayuntamiento de Ezcaray ha adelantado que interpondrá la correspondiente denuncia, además de contactar con “especialistas en restauración para evaluar los daños y proceder a la reparación de la Cruz a la mayor brevedad posible”. Por último, además de lamentar lo ocurrido, desde el Consistorio apelan al “respeto pro el patrimonio que est de todos”.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Lena una denuncia contra el jefe de Explotación de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares, presentada a instancias del director de estas instalaciones, Javier Martínez.

El Ministerio Fiscal ha apreciado la existencia en el desempeño de la actividad profesional del jefe de Explotación de indicios de la existencia de un delito contra la seguridad en el trabajo.

Una segunda denuncia

Por el contrario, una segunda denuncia que Javier Martínez había presentado contra la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutierrez, contra su consejería, y contra la directora general de Deportes, Manuela Fernández, ha sido desestimada.

La Fiscalía entiende que en este segundo caso los hechos denunciados carecen de “relevancia penal” y se enmarcan más bien dentro de un conflicto de carácter “laboral y organizativo”.

El riesgo de descarrilamiento

Por el momento, sigue adelante la primera denuncia, hecha pública este viernes, en la que la Fiscalía sí aprecia la existencia de indicios de delito.

Concretamente, ha dado traslado al Tribunal de Instancia de Lena las diligencias de investigación abiertas a raíz de que el director de la estación pusiera en su conocimiento, el pasado 26 de febrero, unos hechos relativos a una incidencia producida el 7 de abril de 2024 en el telecabina de la estación, cuando había en su interior dos trabajadoras de las instalaciones, y hubo un riesgo de descarrilamiento del teleférico.

El incidente no llegó a más ya que las trabajadoras lograron abandonar el habitáculo y detener la maniobra.

Penas de hasta 3 años de cárcel

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal entiende que el denunciado podría haber incurrido en un delito contra la seguridad en el trabajo.

Este delito viene recogido en el artículo 316 del Código Penal que castiga a “los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.

Estas infracciones traen acarreadas penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

Los otros hechos denunciados

El director de Valgrande-Pajares también presentó otra denuncia contra la consejería, su titular y la directora general por otros hechos que, según aseguraba, “podrían comprometer la seguridad en la explotación de las instalaciones de transporte por cable de la estación”.

No obstante, tras analizar los hechos denunciados, y a excepción de los relacionados con la concreta actuación del Jefe de Explotación el 7 de abril de 2024, la Fiscalía entiende, por un lado, que estos se enmarcan en un conflicto de carácter laboral y organizativo, sin que se describa “un riesgo concreto y específico” para la seguridad de los trabajadores o usuarios, por lo que carecen de relevancia penal.

Sin relevancia penal

Por otro lado, en relación con unas incidencias producidas durante el desarrollo de unas pruebas técnicas de funcionamiento realizadas en un telesilla de la estación en noviembre de 2025, la acusación pública estima que el eventual peligro generado afectaría únicamente a las instalaciones de Valgrande-Pajares, “sin que conste que se encontraran personas expuestas a riesgo directo”.

En consecuencia, la Fiscalía de Asturias al entender que carece de relevancia penal, no sigue adelante con esta última denuncia, sin perjuicio de que, en caso de haberse producido daños materiales relevantes por imprudencia, éstos pudieran dar lugar a responsabilidades de otra naturaleza.

La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado que la promotora Live Nation, un gigante que lleva las giras más importantes a nivel mundial, no tenía derecho a reclamar más de cuatro millones de euros a Robe Iniesta por la cancelación de la gira de despedida de Extremoduro. El fallo supone una victoria judicial póstuma para el cantante, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años. Según la sentencia, fue la propia empresa la que decidió dar por terminado el proyecto de forma unilateral, mientras el músico defendía aplazar los conciertos por las circunstancias sanitarias de la pandemia hasta que pudieran celebrarse. Con esta resolución del pasado 11 de marzo, el tribunal respalda la sentencia dictada en noviembre de 2023 por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pamplona y condena a Live Nation al pago de las costas. Aun así, el fallo no es definitivo y puede ser recurrido.

El conflicto se originó tras la suspensión de la gira de despedida de Extremoduro. La anunciaron en 2019 y tenían previsto subirse a los escenarios a partir de mayo de 2020. Había vendido cerca de 400.000 entradas para 14 conciertos, pero la irrupción de la pandemia obligó a posponer los espectáculos en varias ocasiones, lo que acabó desencadenando desacuerdos entre la promotora y el propio Iniesta.

Live Nation reclamaba 4,2 millones de euros: 1,3 millones como devolución de la fianza ya cobrada por el extremeño y 2,9 millones por supuestos daños y perjuicios. Sin embargo, el auto se pronuncia claramente en contra de la empresa, la cual asegura que “incumplió el pacto”, según especifica el auto. Argumentan que Robe quería llevar a cabo la gira “cuando las condiciones lo permitiesen”, pero se volvió imposible “cuando el 22 de julio de 2021 la parte recurrente, Live Nation, decidió dar por terminadas las negociaciones para celebrar en el futuro la gira de despedida de Extremoduro y procedió a devolver a los compradores el precio de las entradas”.

La Audiencia Provincial de Navarra detalla en su resolución otros aspectos del caso: “El hecho de que el demandado Sr. Iniesta en aquellas fechas estuviera también pensando en su gira en solitario, en absoluto implica que desechara la gira de Extremoduro”, declaran. Este razonamiento coincide con uno de los argumentos defendidos por el músico, que sostenía que, mientras no fuera posible celebrar los conciertos de Extremoduro en grandes recintos, optaría por desarrollar su proyecto en solitario, ya que este sí encajaba dentro de las limitaciones sanitarias al realizarse en espacios de menor tamaño. Las circunstancias de esta gira eran distintas: Podía estar adaptada a espacios más pequeños y permitida en ese momento, por lo que no implica —según la sentencia— que renunciara a la despedida de Extremoduro.

El caso también estuvo marcado por tensiones internas dentro del grupo. Iñaki “Uoho” Antón, guitarrista de la banda, se alineó con la postura de la promotora, aunque esta circunstancia no ha tenido impacto en la decisión judicial final, sino que, más bien, le ha beneficiado. Precisamente, aquellos desacuerdos dieron lugar a comunicados cruzados entre ambos por los que Live Nation acusó a Iniesta de difamación.

“Parece que tienen algún tipo de alergia a la palabra devolución. En el comunicado que sacaron, ni siquiera la mencionaban. Encima, querían que lo firmáramos conjuntamente. ¡Hace falta ser zoquetes! No ganan nada con esto, solo tocar los cojones. Y no creo que sea el mejor momento. Espero no tener que volver a reconvenirles”, denunciaba el cantante. De hecho, FACUA-Consumidores en Acción, denunció a la promotora, a la que acusó de dificultar el reembolso de las entradas de los conciertos tras la cancelación definitiva del evento. Ahora, el tribunal rechaza la acusación de difamación y considera que las palabras de Robe no eran constituyentes de delito.

La RAE define al emprendedor como aquella persona que impulsa con resolución acciones o empresas innovadoras, difíciles o arriesgadas. Y con esa premisa, es normal que la 'aventura' pueda acabar mal. Eso es lo que, en apariencia, le ocurrió a un grupo de 'entrepeneurs' que decidieron probar eso de pedir dinero a inversionistas para impulsar una 'startup' rompedora: un broker de seguros online para pymes y autónomos que, auguraban, pegaría un pelotazo en un breve espacio de tiempo gracias a la entrada en el capital del gigante Nationale Nederlanden.

Según una denuncia admitida a trámite en los juzgados madrileños, los tres investigados, una vez se hicieron con el botín –esas rondas de financiación tan aclamadas en casos de éxito de grandes multinacionales que comenzaron en un garaje–, acabaron llevando a esa 'startup' a concurso de acreedores, y los inversores se quedaron sin su dinero. Después llegó el tiempo de asumir la pérdida, el bochorno de haber animado a otros a invertir, la incertidumbre de haber podido ser engañado y, finalmente, la denuncia ante la justicia.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, al menos uno de los tres denunciados ya tenía experiencia demostrable en eso de crear 'startups' que acababan en quiebra dejando agujeros en ocasiones millonarios, y todo ello porque era trabajador (socio) de Antai, una suerte de acelerador de este tipo de empresas que se dedica a impulsar proyectos y conseguir inversores para las rondas de startups como esta.

La historia de Singular Cover, la 'startup' en cuestión, tiene un punto de inflexión en mayo de 2022, cuando uno de los tres denunciados, prevaliéndose de su relación de confianza con la persona presuntamente estafada, le trasladó “la existencia en aquel momento de una gran oportunidad de inversión”. Ese broker –hoy en liquidación– “iba a multiplicar exponencialmente la dimensión del negocio de la compañía y, por ende, los beneficios para sus inversores”. Y, como no, había prisas: “La ronda de inversión estaba completamente suscrita y se acababan los plazos para participar, debía proceder sin dilación”.

El equipo directivo de esa 'startup' iba a estar formada por dos de los denunciados, R.G.M., como CEO y presidente, y C.H.D., como consejero y director de operaciones. A ellos se sumaba E.S.A., que era el socio puesto en el asunto por Antai. El denunciante acabó invirtiendo 25.000 euros por medio de un préstamo participativo capitalizable y lo hizo a través de la sociedad intermedia Angel Joe Capital Partners (el vehículo creado por Antai para este asunto concreto). Además, trajo de la mano a su jefe, que también invirtió y que ahora se adhiere a la denuncia.

Todo ocurrió el 7 de junio de 2022. Un mes después empezaban los problemas: se caía la inversión de 11,2 millones de Nationale Nederlanden y se bajaban también del asunto los fondos de capital riesgo Fin TLV y Munich Re VC. “Se evidenciaba entonces un escenario muy distinto del trasladado hasta el momento por los denunciados”, indica la denuncia a la que tuvo acceso elDiario.es.

Con ese panorama, el que iba a ser CEO de ese broker de seguros reconoció por primera vez la verdadera situación de la empresa, “que se encontraba en un escenario de liquidez muy complicado y en posición de caja negativa”, recuerda el escrito, que añade que esto “había sido interesadamente ocultado hasta ese momento por los denunciados, quienes semanas antes habían presentado a su empresa a los inversores como un proyecto sólido y solvente, ocultando, mediante una maniobra engañosa, datos esenciales sobre el estado real de la empresa”. Y después, como suele ocurrir en estos casos, “a partir de ese momento [los 'entrepeneurs'] empezaron a rehusar sus llamadas y apenas respondían a los mensajes” de los inversores. Finalmente, los denunciados indicaron “que la empresa estaba en situación de insolvencia y que los grandes inversores en realidad solo habían efectuado meras propuestas sujetas a estudio, que finalmente no prosperaron en ningún caso, siendo inminente la entrada de la empresa en concurso de acreedores”.

“Fue doloroso tomar conciencia del engaño sufrido para privarle de su dinero, pero mayor era el dolor que sentía porque tal engaño se había extendido a su jefe”, recuerda la denuncia presentada por el inversionista. En octubre, Singular Cover presentó la solicitud voluntaria de declaración de concurso de acreedores, tramitada ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona.

Pero el inversor mantuvo la interlocución con el fallido CEO quien “se comprometió inicialmente a reembolsar el importe de la inversión, reconociendo su responsabilidad en los hechos”. “Lo cierto es que no se produjo devolución alguna, sabiendo ahora mi mandante que ese compromiso solo tuvo una finalidad dilatoria, para evitar que el denunciante iniciara acciones legales”.

En la denuncia –que data de 2023–, el abogado del inversionista presuntamente estafado pone el foco en “el súbito cambio de escenario de la situación de la empresa en tan pocas semanas”, entiende que fue una “clara maniobra de engaño urdida por los denunciados para revestir de apariencia de seriedad y solvencia a su empresa, ocultando dolosamente que en realidad estaba al borde de la quiebra”. Considera, además, que hubo una evidente “maquinación” urdida por los denunciados “para engañar” porque ocultaron deliberadamente “información relevante sobre la verdadera situación de la empresa, con el ánimo de obtener así un acto de disposición patrimonial para su propio beneficio y el de sus empresas”.

“Los siempre difíciles comienzos”

Tras la admisión de la denuncia, la causa fue avanzando, se tomó declaración a los denunciados y, recientemente, la defensa legal del socio de Antai ha solicitado en un escrito presentado el pasado 5 de marzo el archivo libre de la causa para él al entender que de lo instruido hasta la fecha se ha evidenciado que no desarrolló una conducta que encaje en el delito de estafa, “se da una ausencia de indicios de criminalidad”. Explica que él sólo actuó en el proceso en su condición de administrador único de la mercantil Angel Joe Capital Partners SL, el vehículo de inversión a través del cual los denunciantes realizaron sus respectivas inversiones en la empresa Singular Cover.

Y resalta que, lejos de ser una estafa, lo que ocurrió es que “la empresa no superó los siempre difíciles comienzos de una startup tecnológica y finalmente tuvo que presentar concurso de acreedores y posteriormente ser liquidada, con la correspondiente pérdida que ello implica del capital invertido, (…) riesgo que todos conocen y asumen al decidir invertir en este ámbito del capital riesgo”.

Además, recalca que él era solo un asalariado más de la empresa Antai Ventures SL. “El señor E.S.A., en su calidad de empleado de Antai, fue designado representante legal de Angel Joe, que fue el vehículo de inversión del entorno de Antai que se creó para el proyecto Singular Cover, en el que Antai también entró como inversor directo por una cantidad muy relevante”, explica el escrito.

A esto se suma que los presuntamente estafados “son profesionales dedicados al ámbito de banca de inversión y los mercados de capitales” y cuentan “con gran experiencia en el ámbito de las startups y de sus inversiones”. Añade que, de hecho, uno de ellos ya había invertido con anterioridad 10.000 euros en ese mismo proyecto, que esa cantidad la perdió también, y que sin embargo no la reclamó ni entonces ni ahora.

Ese escrito de alegaciones indica que, en contra de lo mantenido por el inversor, los consejeros y socios de la 'startup' “fueron los encargados, junto con empleados de Singular Cover, de proporcionar tanto a los denunciantes como al resto de inversores, un constante flujo de información y documentación sobre la compañía completamente real y actualizada”.

Los otros inversores: cerca de cuatro millones de euros

Por otro lado, pone el foco en que tanto el socio de Antai como miembros de su familia también invirtieron cantidades en ese broker de seguros online, dinero que han perdido “como parte del riesgo que supone una inversión en una startup” y, por tanto, no han reclamado. Añade que el propio fondo Antai invirtió en total 1,35 millones de euros que también se volatilizaron y que, sin embargo, “no ha reclamado ni civil, ni mucho menos penalmente”.

En esas alegaciones, de hecho, se recoge que en la ronda de inversores de ese 2022 otras cinco personas habrían entregado distintas cantidades hasta llegar a 93.000 euros. También aporta información sobre otras empresas y grupos que invirtieron dinero en el broker de seguros, una decena de empresas se dejaron 3,8 millones de euros, perdiendo todos la inversión. Si bien destaca que nadie, salvo el denunciante y quien era su jefe, decidió emprender acciones legales.

Por su parte, fuentes jurídicas señalan que Antai cuenta con una trayectoria sólida, reconocida y plenamente consolidada en el ámbito de la inversión en startups y en el ecosistema emprendedor. Y que desde la compañía se insiste en que los hechos denunciados “no son ciertos”. Recuerdan que el propio escrito en el que se solicita el sobreseimiento se apunta a la ausencia de indicios de ilícito penal ni conducta tipificable, en un contexto propio de inversiones de capital riesgo, donde la eventual pérdida de la inversión forma parte de su naturaleza.

Con todo, Antai manifiesta su máximo respeto al proceso judicial en curso y se muestra convencida de que la causa será archivada, “como no puede ser de otro modo”, al tratarse de una denuncia “sin fundamento real” y dada la falta de fundamento jurídico de la denuncia. En este sentido, lamenta que este tipo de actuaciones puedan responder a intereses ajenos a la realidad de los hechos y orientados a generar un perjuicio reputacional injustificado, incompatible con la trayectoria, la práctica empresarial y el historial de cumplimiento de la firma.

Vaitiare Hirshon-Asars conoció a Julio Iglesias a los 17 años. Él, que en ese momento tenía 40 años, quiso acostarse con ella la primera noche, pero la joven le hizo esperar hasta el día en el que cumplió la mayoría de edad. Pasaron más de veinte años y ella decidió revelar el interior de esa relación de seis años en una autobiografía titulada con una metáfora de cómo se sintió junto a él: “A veces me pregunto dónde dejé mis sueños. Me he convertido en tu muñeca de trapo, a veces pienso que la gente no alcanza a verme, siento que las miradas me atraviesan para enfocarse en ti, como si yo fuera de cristal, translúcida”.

Muñeca de trapo. Mi vida con Julio Iglesias (Ediciones B, 2010) llamó la atención por las revelaciones de Hirshon sobre el trato que le daba Julio Iglesias: su forma de controlarla, el sexo compartido con otras mujeres o el consumo de drogas. “Mi papel es el de estar de acuerdo con lo que él diga”, dice ella en el libro.

La autora dio entrevistas con motivo del lanzamiento y en alguna otra ocasión en estos más de quince años, siempre reafirmándose en lo que publicó bajo su nombre en el año 2010. Sin embargo, tras las recientes revelaciones de elDiario.es y Univision sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias, Vaitiare se ha desmentido a sí misma: “No era mi historia verdadera”, ha dicho en un programa de televisión. En sus redes sociales, ha dicho que el libro fue “un gran error” del que hablaba ahora porque le parecía “injusto lo que los medios de comunicación han dicho sobre Julio Iglesias”. “Tuvimos un amor espectacular y precioso a lo largo de los años”, añadió.

Un ‘ghost writer’ de prestigio

La exnovia de Julio Iglesias cuenta en el libro que en un viaje a Galicia que no ubica en el tiempo, pero ya hacia el final de la relación, a finales de los 80, acordó verse con él en un hotel. En la habitación, lo encontró “acompañado de una niña de 16 años”. “Me quedo con él y hacemos el amor. Ella sigue en la habitación. Me molesta un poco pero ahora no es asunto mío lo que haga con otras”, escribe.

“Era mentira lo de una niña de 16 años”, aseguró Vaitiare en el plató del programa de Telecinco ¡De viernes!, el 16 de enero de este año, tres días después de la publicación de la exclusiva. En la entrevista, Vaitiare dijo que contrató a “un hombre” que le ayudó a escribir el libro. “Él tenía mis memorias, cambió partes de mi historia y lo hizo a su manera”, dijo. “Yo no entendí lo que hizo con mi historia porque el español siempre ha sido muy limitado para mí. Al final fue un desastre ese libro porque me hizo una víctima y eso es mentira”, añadió.

Vaitiare no mencionó su nombre, pero ese hombre era el periodista, poeta, profesor universitario y crítico literario colombiano Fernando Garavito Pardo —conocido también bajo el heterónimo de Juan Mosca—, quien falleció en un accidente de automóvil el 27 de octubre de 2010, tan solo unos días antes de la publicación de Muñeca de trapo. Fue un trabajo por encargo, lo que en el mundo editorial se conoce como ghost writer.

La participación de Garavito era desconocida hasta ahora incluso para los expertos en su obra, ya que él la llevó a cabo con discreción. Fuentes familiares han confirmado a elDiario.es que el prestigioso autor realizó la redacción del libro a partir del material en español que le proporcionó Vaitiare, aunque no lo firmara.

Garavito vivía exiliado en Estados Unidos debido a las amenazas que recibió por parte de líderes paramilitares en el año 2002 a consecuencia de sus columnas en el periódico El Espectador. En ellas, el articulista presentó al entonces candidato a la presidencia Álvaro Uribe como un “ultraderechista cuya elección podría ser peligrosa para el país”, según explicó el Comité para la Protección de los Periodistas. Tan solo un año antes, Garavito había recibido el máximo galardón del periodismo colombiano, el premio Simón Bolívar.

De él, escribió la profesora en la Universidad Javeriana de Bogotá Maryluz Vallejo que era “difícil pescarle errores” porque era “un escritor con Trastorno Obsesivo Compulsivo por la precisión”. Esa universidad, en la que Garavito estudió Derecho, conserva el fondo documental del escritor y periodista, en el que no se encuentra el material para la confección de Muñeca de trapo. Este quedó en el archivo personal de la familia, que defiende que Garavito “escribió lo que ella le pidió que escribiera”.

Maryluz Vallejo destacó la pulcritud profesional de Garavito en el prólogo de Más que Juan Mosca, Fernando Garavito, escritor y hereje (Editorial Universidad de Antioquia, 2016), un libro biográfico realizado por Edison Marulanda Peña. Marulanda define a Garavito como un hombre “contradictorio, pasional, sensible y tozudo”. “Asumió la escritura en el periodismo literario y de opinión, más que como un oficio, como un arte al que siempre hay que dignificar”, explica a elDiario.es. Su biógrafo destaca de él que fue un “buscador de nuevos lenguajes para nombrar lo que observaba o era motivo de su reflexión: el país”. Garavito quería ayudar a “cambiar” Colombia con su palabra: “Cáustica en la crítica, divertida en los temas que quiso tratar con humor y lúcida en la visión descarnada de los hechos y sus múltiples actores”.

Garavito fue un referente para periodistas, así lo considera la escritora, docente y editora colombiana Patricia Iriarte, quien trabajó con él en el diario La Prensa y la revista Cromos. “Fernando era un editor riguroso no solo para asegurarse de que las notas estuvieran bien escritas sino bien pensadas, bien investigadas y siempre teniendo en cuenta el derecho del lector a recibir una información veraz”, explica a elDiario.es. “Siempre he reconocido en él un maestro, de quien aprendí la importancia de la responsabilidad, de la honestidad y del rigor en el trabajo periodístico”. Iriarte admiraba de él “su valentía intelectual y su integridad en el ejercicio del oficio”.

A pesar de la fama y el prestigio de Fernando Garavito, su participación en el libro de Vaitiare Hirshon se hizo sin publicidad. La editorial, por razones que se desconocen, le acreditó como traductor en la información comunicada a la Agencia Española del ISBN, pero no existe un texto en inglés de este libro.

Según fuentes editoriales conocedoras del proceso de publicación de Muñeca de trapo en Ediciones B (una editorial ahora propiedad de Penguin Random House), Vaitiare Hirshon no se quejó a la editorial “de ningún texto incluido en el libro” ni hubo nunca “ningún problema legal” con él. 

Un hombre “despiadado”

“No soy sino una más entre esos millones de mujeres, una mujer que te acompaña, que te hace el amor, que te quiere, que te sonríe y te escucha y sufre tus infidelidades, tus deseos torcidos, tus dudas y tus preguntas”, escribe Vaitiare en ese libro de alto voltaje confesional.

Según pasan las páginas, Vaitiare le llama “despiadado” y dibuja el control que él ejercía sobre ella. Explica que, cuando se instaló en su casa de Miami, él le dio “instrucciones”: no podía salir sin sujetador ni enseñar el escote en sus vestidos, no podía usar zapatos de más de siete centímetros de tacón ni tampoco un maquillaje llamativo. Él le decía que los tacones eran “de prostituta” y la sombra de ojos y el rouge de las mejillas, “costumbres de prostíbulos”.

Tampoco le permitió, según narra en sus memorias, tomar las decisiones de su incipiente carrera como modelo, que había sido propulsada gracias a la notoriedad que tuvo en las revistas del corazón la relación entre ambos. “Llueven los contratos, pero tú no me dejas aceptarlos”, escribe, como si la voz narrativa le hablara al cantante. Cuando él no le da permiso para realizar un anuncio para una línea de cosmética, ella reacciona así: “Me muero por dentro. ¿Podría hacer el anuncio? Ya no estoy segura. Me siento destruida. Abro mi bolso y recurro a la cajita de los Valium”.

Vaitiare utiliza el alcohol, el Valium y las drogas como “un apoyo en medio de la vorágine”, confiesa. Antes de que ese torbellino envolviera su vida, la autora del libro habla del consumo de drogas junto a Julio Iglesias. Escribe que están en su primera cita, en Tahití, cuando Iglesias “saca un enorme cigarrillo de marihuana”. Él le pregunta “¿te tienta?”, a lo que ella contesta que no, que le disgusta el olor. Él dice: “Prueba un poco” y luego le insiste: “Fuma una sola vez”. Ella accede a la petición: “A él le entusiasmaba mostrarme algo desconocido”.

También se habla de consumo de cocaína, algo que, según ha explicado la autora en diferentes entrevistas, era algo “normal” y que “todo el mundo” hacía en los 80. En un momento avanzado del relato, Vaitiare habla de un hombre con el que mantiene una relación, aunque de igual manera se encuentra con Iglesias intermitentemente. “Sé que traiciono a Jan, que es inocente. Cuando entramos en la habitación siento que soy una miserable. Julio me da cocaína. No quiero aceptar: he estado libre de drogas durante muchos meses. Pero él insiste. Finalmente inhalo la raya”. Ella ya la había probado antes de ese día, según indica en el libro y en las entrevistas. 

Iglesias no manifestó su opinión sobre el libro ni tomó ninguna acción legal. elDiario.es y Univision Noticias le remitieron una serie de preguntas entre las que se incluían algunas sobre el libro de Vaitiare Hirshon, pero no las contestó. En un comunicado posterior, el cantante negó “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

Un libro “para dar su versión” y un programa de TV para desmentirlo

Al poco de publicarse el libro, el suplemento La Otra Crónica de El Mundo entrevistó a la actriz y modelo. Ahí, Hirshon no se retractó de lo que había dicho en Muñeca de trapo. Cuando le preguntaron si “sufría por los tríos” que Iglesias le proponía, ella contestó: “Bueno, la mayoría de los hombres tienen esa fantasía pero Julio la podía hacer realidad porque entonces estaba en la cima de su popularidad y encantaba a todas las mujeres”. Sobre las drogas, matizó esto: “Él solo me inició en la marihuana porque ya había probado la cocaína antes”, dijo, y añadió que el consumo de esa sustancia era “muy normal en los 80”. “Nuestra historia se ha contado en las revistas pero yo quería dar mi versión”, añadió.

En diciembre de 2010, también realizó una entrevista con El Periódico de Catalunya. “Le aseguro que cuento la verdad”, afirmó Vaitiare. “Sentí que debía ser honesta y limpiarme para poder empezar de nuevo. Era mi autoterapia por reconciliarme con el pasado y perdonarme los errores”, dijo. Al respecto de compartir las relaciones sexuales con otras mujeres, la actriz contestó: “No era algo que deseaba hacer con él, pero intentó ponérmelo fácil. Siempre me sentí incómoda, pero traté de calmar su deseo”. En esa entrevista, tampoco expresó ninguna disconformidad con el libro que se había lanzado a las librerías un mes antes.

Al día siguiente de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias en la que dos mujeres acusaban a Julio Iglesias de agresiones sexuales, Vaitiare Hirshon realizó una conexión con el programa de Telecinco ¡De viernes! “Es la primera vez que escucho esto, no tengo detalles”, dijo la exnovia del cantante, a pesar de que había recibido por parte de elDiario.es un día antes preguntas específicas sobre estas acusaciones, a las que no respondió. En esa videollamada, lo único que comentó Vaitiare sobre su libro es que su relación de amistad con Iglesias se mantuvo antes y después de la publicación: “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años. Mi relación con Julio nunca cambió, también éramos amigos cuando escribí el libro, somos todos amigos también con su familia”, dijo.

Dos días después, el 16 de enero, Vaitiare voló de Los Ángeles a Madrid para estar presente en el plató de ¡De viernes! Esta intervención se fraguó gracias al trabajo de management de Susana Uribarri, según indicó la invitada en un post. Uribarri representa en su agencia a otras personas del entorno de Julio Iglesias como sus hijos Chábeli Iglesias y Julio Iglesias Junior, su sobrina Tamara Falcó o su amiga Ana Obregón.

De manera sorprendente, y por primera vez 15 años después de la publicación de su libro, Vaitiare dio en el programa un giro radical a su testimonio. Según su nueva versión, el relato que hizo de su relación con Iglesias en Muñeca de trapo es falso, o al menos exagerado. “El hombre —en relación a la persona que según ella tradujo sus memorias al español— cambió cosas pensando que va a vender más porque va a ser más escandaloso, pero yo no entendí lo que estaba haciendo por mi español”, explicó Vaitiare. Añadió que el escritor que hizo la traducción al español, que es la única que se ha publicado, quiso “hacerlo como poesía”.

“Era mentira lo de una niña de 16 años. Lo de las drogas y las mujeres en nuestra cama era totalmente falso”, recalcó. Y aseguró que nunca leyó el libro.

Además de retractarse en el programa, la actriz también lo hizo con un comunicado posterior en sus redes sociales: “Cometí un gran error y asumo la responsabilidad completa”, escribió. “Contraté a un escritor fantasma para ayudarme con mis memorias. Lo que sucedió fue que él creó un libro escandaloso, lleno de falsedades, con el fin de que se vendiera más”, aseguró en el mismo comunicado en el que calificaba de “injusto” lo publicado sobre Iglesias y mostraba su alegría por el archivo de la denuncia de las dos mujeres por parte de la Fiscalía por falta de competencia de la justicia española.

elDiario.es contactó por primera vez con Vaitiare Hirshon en junio de 2024 para solicitarle una entrevista sobre su libro. Cuando supo que sus declaraciones formarían parte de una cobertura más grande en la que empleadas de Julio Iglesias reportaban que él había tenido “un comportamiento no ejemplar”, según se le comunicó para no dar más detalles, declinó la petición de entrevista. Más adelante, en octubre de 2025, este periódico volvió a contactar con ella para insistir en la petición de la entrevista. En un mensaje, se le transmitió a Hirshon que Muñeca de trapo resultaba conmovedor y se le planteaba una conversación sobre el libro, apuntando que quizá no había sido tratado bien en su momento. La autora reaccionó a ese mensaje con un corazón, sin proporcionar una cita para una futura entrevista.

Unos días después, aceptó responder unas preguntas por escrito, pero dejó de contestar cuando se le solicitó una dirección de correo electrónico a la que remitirlas. El 13 de enero de 2026, mismo día de la publicación de la exclusiva de elDiario.es y Univision Noticias, este periódico le remitió una serie de preguntas en relación a su libro a las que no respondió. Tampoco lo hizo a posteriores peticiones de comentarios sobre sus intervenciones en televisión. elDiario.es ha solicitado a su representante, Susana Uribarri, una entrevista con Hirshon, pero no ha sido aceptada.

Nuevo desprendimiento en el Castillo de Jubera en Santa Engracia del Jubera. Esta vez, cuenta Jorge Collado de la Asociación Amigos de Jubera, ha sido una de las tres murallas. “Cada vez son más habituales y cada vez son de mayor envergadura”, denuncia y advierte de que “si no se hace nada, en unos años podría desaparecer”.

La solución no es fácil. “No se está haciendo nada. La propiedad es privada y por lo que parece no hay ni medios ni intención. Y, por otro lado, el Ayuntamiento y EL Gobierno regional se lavan las manos por lo que este castillo está condenado a una desaparición progresiva”. Sin embargo, esta asociación no se resiste y va a luchar para que su castillo tenga otro final. “Todavía estamos a tiempo y aún se pueden hacer cosas, lo primero, consolidar lo que queda de estructura para evitar que las consecuencias de las próximas lluvias sean devastadoras”.

Desde la Asociación Amigos de Jubera ponen el foco en la pérdida patrimonial, pero no se olvidan de la seguridad. “Esta es una zona que atrae a un buen número de turistas y más con el buen tiempo. La entrada al castillo es libre, la zona no está acordonada, llena de socavones, además del peligro de desprendimientos. No hay seguridad”

Con esta denuncia, la Asociación pide que se pase a la acción. “Que redacten un plan, que se haga algo... tiene que haber fondos para este tipo de cosas y evitar que nuestro patrimonio se siga perdiendo.

Del siglo XII

Se trata de un castillo del siglo XII declarado Bien de Interés Cultural en 1949 aunque está en estado de ruina. Sus orígenes podrían ser musulmanes. Son varios los documentos de los siglos X y XI que mencionan la villa y el castillo de Jubera. Fueron tenentes del castillo Margo Asinari hacia el 941, Jimeno Fontuniones en el 1056 y Lope Garcés en 1122. Su propiedad pasó por muchas manos como las del rey Sancho VII de Navarra en el siglo XIII, el conde de Treviño y Diego Gómez Manrique, entre otros. Finalmente, en 1420 Juan II de Castilla dona la villa y el castillo al conde Álvaro de Luna y desde entonces pertenece a esa familia.

Se realizaron reparaciones en el siglo XIX debido a los daños que sufridos durante la Primera Guerra Carlista y se reconstruyó el sistema defensivo del castillo. Es en este momento cuando se levanta el recinto rectangular superior, la barbacana, con las troneras de las barreras externas y el aljibe.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

Nacho Cano ha ratificado este miércoles en un juzgado madrileño que Leslie Guadalupe Ochoa, la bailarina de Malinche que le denunció por vulnerar los derechos de los trabajadores, trató de chantajearle. El exmiembro de Mecano demandó a la becaria en septiembre de 2024, presentando como pruebas los mensajes enviados a través de WhatsApp desde el teléfono de la joven mexicana a la responsable de producción del musical donde pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que “procediera legalmente”. La presencia del músico ha sido una sorpresa, ya que en principio se esperaba que su intervención fuera por videoconferencia.

Ni el exmiembro de Mecano ni su abogada han querido atender a los medios a la salida de la judicatura, pero según el letrado de la defensa, Alfredo Arrién, Cano ha reconocido que “ofrecieron dinero previamente” a la joven mexicana. En concreto, 3.000 euros destinados a “rescindir el contrato de beca que tenían con ella”. Aquello derivó en una negociación en la que Leslie “pidió 5.350 euros, una carta de recomendación, un billete a México y que le sufragaran los gastos de estadía hasta el 15 de enero”. “Al no llegar a un entendimiento, Cano alega que la negociación se convirtió en un chantaje”, ha explicado Alfredo Arrién, abogado de la bailarina.

En esta causa habían declarado ya la propia Leslie, que se declaró “inocente” de haber cometido tal chantaje. “No ha habido ninguna coacción, ninguna amenaza, ningún hecho delictivo, todo lo contrario. Ha habido una negociación por despido improcedente”, fue lo que defendió entonces. También tomaron declaración Susana Jove, una de las directivas de Malinche, y a otro testigo de la causa.

La Justicia archivó la causa contra Nacho Cano por los becarios del musical Malinche –que propició le denuncia de Leslie–, dado que la Audiencia Pronvincial entendió que el músico y sus colaboradores “no habían tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina en España”. La bailarina pidió la reapertura del juicio, al considerar que que podía existir un delito de “detención ilegal”. Entonces aportaron como pruebas una serie de grabaciones en vídeo realizadas por la joven mexicana antes de intemponer la denuncia que dio lugar al caso en enero de 2024. Según ha informado Alfredo Arrién, su abogado, esta fue aceptada y la bailarina ha sido llamada para tomar declaración el próximo 3 de abril.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez. La denuncia iba también dirigida contra otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

En el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla “tenía conocimiento de los hechos”.

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

“No eres nadie”

Así, según este escrito, adelantado por Diario de Sevilla, la querellante relató que su labor en la Diputación durante cuatro años consistió en “administración y tareas institucionales comunicativas con los diferentes municipios de la provincia”, una tarea que fue “tranquila” hasta que el 27 de noviembre de 2023 fue “objeto de un trato humillante por parte del coordinador del grupo en la Diputación (Demetrio Pérez) que consistió en una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones hacia la querellante delante de compañeros de trabajo y reducción de sus tareas”. “Quien eres tú para llamar a los municipios, no eres nadie, estás achicharrando a llamadas a los municipios, me está dejando en mal lugar en el partido y cuando yo llame ¿Quién me va a contestar?”, era el contenido de las mencionadas afirmaciones.

Prosigue, “este incidente lo puso en conocimiento del querellado Rafael Recio el cual le contestó que hablarían más adelante”. A consecuencia del mismo estuvo de baja cuatro días, “diagnosticada por un trastorno adaptativo”, tras lo que solicitó el alta voluntaria. Así, posteriormente, “su situación laboral empeoró progresivamente, notando que le reducían las tareas”. Llegó a solicitar que se le encomendasen más, lo que fue rechazado al ser “innecesario”, por lo que advirtió de una “marginación en sus tareas”. Su “malestar”, prosigue, fue trasladado a Recio en una carta, tras lo que se convocó una reunión en la que “no se le dejó hablar, siendo conminada a contestar con un sí o un no a las preguntas que Rafael le hacía”.

Asimismo, asegura que “al día siguiente de la reunión el querellado Demetrio presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra la aquí querellante por injurias graves y calumnias”, tras lo que se abrieron unas diligencias. Tras ello, la misma conoció que “Demetrio al comentar la conducta de la querellante hizo referencia a una serie de problemas que ella tiene con su pareja, que había contado a algunas compañeras por confianza y en un ámbito privado y confidencial”, por lo que considera que “al comentarse en público no se ha respetado tal intimidad revelándose secretos de su situación personal que no deben conocerse, dañando su imagen pública y creando en ella un clima de presión y terror”. Los hechos fueron denunciados por el querellante, según el escrito, ante los órganos internos del partido, dando lugar a la apertura de unas diligencias informativas internas que habrían sido resueltas por una resolución dictada por le querellado Recio Fernández, “por el que acordó el archivo por inexistencia de indicios de acoso laboral”.

“No actos sistemáticos de hostilidad y humillación”

Tras analizar la conducta de Recio para “determinar la existencia o no de indicios de comisión de delitos imputados”, el TSJA ha enmarcado que los hechos expuestos respecto a Recio “describen, después de una cierta relación de confianza que resultó fallida, por los motivos que sean, desencuentros y desaprobaciones posteriores, incluso puntuales momentos de tensión, como los que se reflejan en las conversaciones expuestas, pero no actos sistemáticos de hostilidad y humillación”. Detalla que la valoración de los indicios contra el mismo “radicaría exclusivamente en su intervención en parte” de los hechos narrados, mientras que los “insultos y vejaciones” relatados “los habría realizado en exclusiva Demetrio Pérez”.

“Por tanto de la querella se deduce que la única participación que tuvo Rafael Alfonso Recio Fernández queda circunscrita al subjetivo sentimiento de la querellante de que no se le atribuyeron por este querellado las labores, que no precisa, que la querellante solicitaba o de las que era competente para realizar, así como a su actuación en la tramitación de la investigación interna, referida a los requerimientos de concreción en sus respuestas”, apostilla. Por ello, respecto a Demetrio Pérez, aclara que la presente resolución se limita a la persona aforada, en este caso Recio, y “en consecuencia, debe quedar fuera de la presente resolución cualquier actuación realizada por los otros querellados, salvo conexión delictiva entre todos ellos, que desde luego no consta ni puede desprenderse, según lo expuesto, del contenido de la querella y documental aportada con la misma”.

Por todo ello, el tribunal ha procedido a acordar la inadmisión a trámite de la querella presentada, al entender que “los hechos imputados a persona aforada, ni siquiera indiciariamente, presentan caracteres de delito y ello sin necesidad de llevar a cabo otras comprobaciones documentales o acceder a la práctica de la prueba solicitada”. Las costas, por su parte, han sido declaradas de oficio. En conclusión, ha inadmitido a trámite la querella “por no ser los hechos constitutivos de delito atribuible a persona aforada”.

El central japonés del 'Sanse', Kazunari Kita, ha denunciado que este sábado, en el minuto 94 del partido de Segunda División disputado en Zubieta entre el filial de la Real Sociedad y el CD Castellón, el jugador Alberto Jiménez profirió comentarios xenófobos. El árbitro detuvo el encuentro durante unos instantes y recogió el insulto en el acta. La Ertzaintza no ha abierto ninguna actuación.

El marcador reflejaba un 4-2 a favor de la Real Sociedad B y apenas quedaban dos minutos para el final cuando se produjo la denuncia. Kita no fue el único testigo del presunto insulto. Su compañero central, Luken Beitia, también saltó ante el supuesto comentario xenófobo. El equipo arbitral detuvo el encuentro durante unos minutos en aplicación del protocolo de LaLiga. Sin embargo, al no haber escuchado el insulto, el colegiado Alonso de Ena Wolf decidió reanudar el partido, que terminó con la victoria del conjunto donostiarra.

Actualmente, el protocolo sigue en curso y se encuentra en manos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Por el momento, se desconocen los avances de las actuaciones. La Ertzaintza confirma a este diario no haber abierto diligencias al respecto. Esto se debe a que el equipo arbitral “no informó al coordinador de seguridad de la Ertzaintza de los hechos concretos que provocaron el incidente”, de modo que no figura dentro del acta policial del encuentro, diferente a la deportiva.

Desde 2005, LaLiga cuenta con el Protocolo de Actuaciones contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol. En septiembre de 2024, reforzaron el protocolo implementando, junto a la RFEF, un gesto para identificar posibles incidencias racistas en el campo en línea con lo aprobado por la FIFA en Bangkok. Data de mayo de 2024. Si un futbolista o el coordinador de seguridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ertzaintza en el caso vasco, cruza sus brazos, marcando una 'x', el protocolo se activa. La primera advertencia es la detención del partido. Si los comportamientos continúan, el equipo arbitral puede suspender temporal, y hasta definitivamente, el encuentro.

La Real Sociedad, de su lado, ha explicado que “condena” el “insulto racista” recibido por su jugador. El club explica a este periódico que Kita se encuentra bien y que, tras la denuncia, “volvió a centrarse en su trabajo y en celebrar el triunfo con sus compañeros”. Con la victoria, el 'Sanse' asciende al puesto 13 de la Segunda División, mientras que el CD Castellón se mantiene en la segunda posición. La Real Sociedad B se enfrentará en su próximo encuentro al Córdoba CF. El partido se jugará en el Nuevo Arcángel el próximo domingo 15 de marzo a las 14.00 horas.

El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), lanza este lunes el 'Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas', una iniciativa para denunciar de manera anónima abusos y casos de explotación de los estudiantes en prácticas, en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).

Este buzón ha sido presentado esta mañana en un acto con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La medida se añade al buzón de denuncia de la propia Inspección de Trabajo, que ya permite a día de hoy la denuncia anónima de estas irregularidades laborales sobre los becarios.

Según el último informe de la Inspección de Trabajo, de 2024, el organismo público efectuó 802 actuaciones que supusieron el afloramiento de 187 empleos, de los cuales 132 resultaron falsos becarios. El importe de cuotas liquidadas como consecuencia de las actuaciones anteriores ascendió a a algo más de 450.000 euros. En total, la Inspección destapó “220 falsos becarios” en 2024.

Rego: “No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”

“Hoy estamos aquí para dar un paso concreto contra la explotación disfrazada de experiencia. Porque no es verdad que haya que aceptar cualquier condición para empezar a trabajar. No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”, ha sostenido la ministra Sira Rego. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado esta nueva herramienta y el anteproyecto de ley conocido como el 'Estatuto del Becario' con el objetivo de “erradicar una de las fuentes principales de precariedad que quedan en España”: el abuso de la figura del becario y becaria.

En Juventud explican que en el buzón se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica, indican a la agencia Europa Press.

El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Desde la cartera de Juventud e Infancia defienden que esta iniciativa permitirá otorgar una “mayor protección” a las personas becarias, “un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste”.

El Gobierno aprueba en segunda vuelta el Estatuto del Becario

La iniciativa es presentada un día antes de que el Gobierno apruebe este martes en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el 'Estatuto del Becario', un anteproyecto de ley que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en noviembre y que ahora va rumbo al Congreso de los Diputados, con pocos visos de salir adelante en el actual panorama parlamentario.

Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno tardó en iniciar la tramitación de esta norma, que enfrenta fuertes resistencias por parte de los rectores de universidad y de algunas empresas y que también generó diferencias en el Ejecutivo de coalición progresista.

El anteproyecto regula nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido de que la norma enfrenta “un acervo cultura potentísimo” de abuso y precariedad de los trabajadores jóvenes durante décadas, por lo que ha sostenido que no solo hay que aprobar una ley, sino también “cambiar una cultura” de país.

Según la 'Encuesta de Juventud 2023' el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de 'rider' o repartidor, recuerda la agencia Europa Press.

Además, el 'Buzón de las personas Becarias' forma parte de un convenio más amplio firmado entre el Injuve e Inspección de Trabajo para favorecer los derechos laborales de la juventud, un grupo “especialmente vulnerable”, indican en Juventud. En el acuerdo se incluyen actuaciones específicas dirigidas a comprobar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, así como acciones y campañas formativas, entre otros.

El exconcejal socialista Iván Álvarez Raja, que ha sido suspendido cautelarmente de militancia tras haber sido denunciado por su presunta autoría en un caso de acoso a una compañera de partido, ha asegurado este sábado que aún desconoce a qué obedece el expediente abierto por la dirección federal del PSOE ya que no le han facilitado datos ni de los hechos que se le imputan, ni de la persona que le acusa.

“¿Y la presunción de inocencia para cuándo?”. Con este título, el hasta ahora secretario de Ideas y Programas de la Agrupación Municipal Socialista de Gijón/ Xixón (AMSG) encabeza el comunicado que ha remitido a elDiario.es Asturias donde mantiene que 24 horas después de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) y su propia agrupación comunicaran públicamente que se estaba investigando este caso aún no se le ha notificado el contenido de la denuncia, ni los datos de filiación de la persona que la formula.

La vulneración del honor

El exconcejal asegura que estas circunstancias, unidas a la publicación en “mas de una treintena” de medios de su nombre vinculado a un presunto caso de acoso sexual, le han colocado en una situación muy complicada.

“Considero vulnerados completamente mis derechos al honor y a la presunción de inocencia y además atado de pies y manos para defenderme porque, a pesar de que mi nombre está siendo arrastrado, a día de hoy no tengo ni el derecho a saber ni quién me denuncia, ni por qué. Comprenderán -añade- que así es imposible defenderse ni tan siquiera explicar a mi hija lo que está pasando”.

“Soy un socialista convencido”

Iván Álvarez Raja se declara “un socialista convencido y comprometido con todos los valores de la organización en la que milita desde hace más de 30 años. La igualdad y el respeto entre ellos”, señala.

Por ello, exige el mismo respeto para las personas que son denunciadas porque “la presunción de inocencia ha de prevalecer en todas las circunstancias y, lo mínimo, es poder defenderme en igualdad de condiciones, en tiempo y forma”, recalca.

La pena “de telediario”

El exconcejal estima que en su caso se ha aplicado la llamada “pena de telediario” y se remite al caso de otras publicaciones, ajenas a este medio, donde se recordaba una situación personal anterior.

Unas circunstancias que han derivado también en la pérdida de su trabajo. Iván Álvarez Raja es licenciado en economía por la Universidad de Oviedo y desarrollaba su labor como personal laboral en el grupo municipal tras acceder por concurso público.

Demostrar su inocencia

“Entiendo el contexto en el que la organización toma estas decisiones pero no puedo compartirlo. No lo hacía ya antes y creo que es necesario revisar y adaptar muchos de los protocolos para proteger a las víctimas. A todas. Independientemente de su género. Sin menoscabo de reconocer -afirma- que existe un problema social de primera magnitud de violencia contra las mujeres y que es necesario actuar y atajar con urgencia, pero no así, privándonos de los derechos más esenciales”.

El escrito concluye apelando a que el tiempo demostrará “la verdad y la inocencia”. Y dice que solo espera que “no sea demasiado tarde”.