En los últimos días, dos presuntos casos de violencia machista, uno de ellos a menores de edad, han sacudido el municipio guipuzcoano de Errenteria. Se trata, por un lado, de casos de violencia sexual en la Xenpelar Bertso Eskola, un asunto “repetido en el tiempo” y con víctimas de varias edades, también menores, y por el otro, de agresiones protagonizadas presuntamente por el coreógrafo y bailarín Jon Maya, director del grupo de danza Kukai y Premio Nacional de Danza en el año 2017.

El Ayuntamiento de Errenteria, gobernado por EH Bildu, ha comparecido este lunes por primera vez tras hacerse público lo ocurrido para mostrar su apoyo a las víctimas e informar de que, en ambos casos, “se llevará a cabo los procedimientos y procesos que sean necesarios para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño causado”. Según ha confirmado la alcaldesa Aizpea Otaegi, se encuentran en conversaciones con la Fiscalía de Menores de Gipuzkoa.

Sobre el caso de la Bertso Eskola, desde el Ayuntamiento han informado de que ha sido este mayo cuando han tenido conocimiento de lo ocurrido. “El Ayuntamiento ha tenido conocimiento de todo esto ahora. En mayo. Cuando las víctimas han sido capaces de dar el paso de denunciar y han acudido para ello al movimiento feminista y a Bertsozale Elkartea. Y, consciente de la gravedad de la situación, el ayuntamiento ha tomado decisiones, desde el primer momento, el mismo mes de mayo. A partir de ahora nos enfrentamos a una gestión compleja y difícil: poner en marcha cuanto procedimiento y proceso sea necesario para conocer más en detalle lo ocurrido y tratar de reparar el daño que se ha causado a jóvenes, padres y madres, en el entorno de la Bertso Eskola, ofreciéndoles el apoyo y la ayuda que necesiten para que puedan superar la indefensión y la vulnerabilidad que hayan podido sentir, y poder rehacer así la confianza perdida”, sostienen sobre uno de los dos casos, para el cual se han reunido con los padres y madres de las menores afectadas y una profesional experta en violencia machista, con el objetivo de “ofrecerles apoyo profesional ante una situación tan difícil de digerir y gestionar”.

Según han detallado las agresiones denunciadas en la escuela, que consistirían en “abusos psicológicos y sexuales”, revisten “especial gravedad”, ya que se han producido “en el seno de un servicio municipal, con menores implicadas, y se han repetido en el tiempo”. En ese sentido, la alcaldesa ha mostrado su “solidaridad con las chicas y mujeres jóvenes que han sido víctimas de estas agresiones”, así como con sus familias, y ha señalado que va a poner “todos los medios necesarios” para que el alumnado y las familias “tengan las herramientas necesarias para hacer frente a lo sucedido”. La denuncia recoge que el agresor, cuyo nombre por ahora no se ha hecho público, “ha aprovechado su posición y referencialidad para hacer un manejo inadecuado del poder y abusar de su poder de forma sistematizada”. “Esta forma de agresión se ha repetido una y otra vez en las clases, en los espacios informales relacionados con la Bertso Eskola y más allá del bertsolarismo”, ha insistido.

A diferencia de la escuela, que es un servicio municipal que el ayuntamiento ofrece mediante la asociación Xenpelar Bertso Eskola Elkartea, adjudicataria del servicio, Kukai no gestiona ningún servicio público, aunque sí que trabajan en instalaciones municipales y hasta ahora han recibido subvenciones. “Kukai es considerada una compañía residente en Errenteria, lo cual se traduce en que tienen por sede y como lugar de trabajo instalaciones municipales y cuentan con una subvención nominativa, como muchos otros agentes municipales, mediante lo cual su labor es apoyada y sostenida. Kukai no gestiona ningún servicio municipal y el ayuntamiento tampoco interfiere en su labor”, ha informado la alcaldesa.

Según ha reconocido Otaegi, desde el Ayuntamiento de Errenteria han sido conscientes de las presuntas agresiones en el entorno de Kukai Dantza en 2024. “Hoy rompemos un principio que hemos tenido muy claro y que ha guiado toda la gestión de este tema desde que yo, como alcaldesa, tengo conocimiento de los hechos a los que nos referimos (en diciembre del 2024): el principio de confidencialidad que las víctimas de Jon Maya han solicitado y que el movimiento feminista en todo momento ha tratado de traer al centro. Como hemos dicho, el Ayuntamiento de Errenteria supo a través de canales informales, en diciembre del 2024, de las denuncias contra Jon Maya. Fuimos la concejala de igualdad y yo misma quienes supimos de estos sucesos: al principio parecía haber alguna denuncia, luego supimos que el Movimiento Feminista había recopilado los testimonios de varias víctimas. En cuanto supimos de todo esto, el Ayuntamiento de Errenteria se puso en contacto con Kukai. A su vez, nos pusimos en contacto con un equipo externo, experto en violencia machista. Como institución pública queríamos realizar la mejor gestión posible y queríamos incorporar la mirada experta, partiendo de que las conductas que se denunciaban son inaceptables y que como administración pública ni las podemos aceptar, ni les podemos dar cobertura”, han informado.

Según ha detallado Otaegi, en el momento en el que se enteran de las denuncias se ponen en contacto con Kukai, quienes les trasladan las decisiones tomadas. La primera de todas, que Jon Maya acepta las acusaciones e interrumpe su actividad. También que asume “la responsabilidad y la tarea personal de iniciar un proceso de revisión crítica de sus comportamientos”. “El ayuntamiento, en ese momento entiende que Jon Maya y Kukai han reaccionado desde la responsabilidad, han optado por respetar el deseo de las víctimas y puede hacerse un camino acorde a la voluntad no punitivista y sí restaurativa y reparadora que han solicitado las víctimas. Así, diferenciando a Jon Maya, apartado de la actividad pública, de la compañía Kukai, decidimos mantener el convenio y la subvención nominativa y, por tanto, abonar a Kukai su subvención nominativa de 53.600 euros para 2025 y desarrolla sus actividades habituales en el municipio, sin la presencia de Jon”, han reconocido.

Sin embargo, desde Kukai se comunica al Ayuntamiento en noviembre de 2025, meses después de su cese, que Maya intenta recuperar su actividad ordinaria en febrero de 2026. “El ayuntamiento decide entonces congelar su relación con Kukai, dejarla en stand-by, hasta tener información detallada de cómo es ese regreso y en función de ello qué postura tiene que adoptar el ayuntamiento, qué garantías exigir para que este tipo de sucesos como los denunciados no se vuelvan a producir”, han señalado.

El presunto agresor, Jon Maya pide “prudencia y respeto”

El propio Jon Maya se ha pronunciado después de que el caso se ha hecho público para pedir “respeto”, sin negar lo que ha hecho. “En ese momento, asumí la responsabilidad de reflexionar sobre mis acciones y de garantizar que no se repitieran”, ha confesado el presunto agresor en un comunicado remitido a la agencia Efe, en el que asegura que en enero de 2025 una asociación feminista le trasladó “el testimonio de varias mujeres sobre comportamientos inadecuados” en su relación con ellas. Según ha explicado, durante aquel proceso se le indicó “de manera explícita” que cualquier actuación relacionada con el asunto debía mantenerse “en un ámbito estrictamente privado y confidencial”.

En su comunicado, Maya realiza además un llamamiento a la “prudencia y al respeto” y considera que es momento de “proteger la privacidad y la dignidad de todas las personas implicadas”. Asimismo, apunta que más adelante podrá abrirse un espacio para reflexionar sobre “la rumorología, las difamaciones y la condena social” que, a su juicio, se han generado en torno a este caso. Aunque desde las asociaciones Bilgune Feminista y Asanblada Feminista de Errenteria defienden que han recibido directamente “testimonios de agresiones” y rechazan la caracterización de los hechos como conductas “leves”.

Jon Maya (Errenteria, 1977) se inició en la danza tradicional vasca a los seis años en el grupo Ereintza de Errenteria. Participó en festivales internacionales de numerosos países y fue siete veces Campeón de Euskadi de Aurreskularis. En 2002 fundó Kukai Dantza para “crear espectáculos contemporáneos a partir de la danza tradicional vasca”. Allí hasta la denuncia por las presuntas agresiones ha estado desarrollando este concepto y construyendo las bases de Kukai Dantza, actuando como bailarín, coreógrafo y director. También ha trabajado como director artístico de eventos como el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, como asesor de movimiento en producciones teatrales, y ha desempeñado labores docentes en la Escuela Municipal de Danza de Errenteria y en talleres y masterclass en compañías y festivales de renombre. “El encuentro entre lenguajes artísticos y la capacidad de realizar colaboraciones con creadores de distintas disciplinas como la gastronomía, el teatro, el cine o los museos son el principal sello de su trabajo”, informan desde la Academia Española de Ártes Escénicas sobre el ganador del Premio Nacional de Danza en 2017 y de los Premios Max de las Artes Escénicas al Espectáculo revelación en 2008, al Mejor Elenco de Danza y Mejor Composición Musical en 2015, al Mejor Espectáculo de Danza, Mejor Elenco de Danza y Mejor Vestuario en 2017, Mejor Coreografía en 2019 y Mejor Intérprete Masculino de Danza, un premio ex aequo con el bailarín Andrés Marín en el año 2024.

Desde el Ayuntamiento de Errenteria han explicado que el proceso con Kukai y con Maya, en particular, se ha construido sobre “principios muy firmes”: “La aceptación por parte del agresor de los hechos de los que se le acusa y su voluntad de hacer un camino reparador, con el compromiso de realizar una revisión crítica de sus comportamientos y un compromiso explícito de no repetición, la lealtad absoluta a la petición de confidencialidad de las víctimas y el consejo experto. Leales a este segundo principio de garantizar la confidencialidad solicitada por las víctimas, desde alcaldía y el área de Igualdad, que somos quienes hemos tenido conocimiento de estos hechos, decidimos actuar en consecuencia: no compartir información con nadie más, salvo que se nos pregunte”, han recalcado. Dentro de este proceso, se produce una reunión con Kukai que en un principio se iba a desarrollar en febrero de 2026 y, finalmente se celebra el 16 de abril.

Una crisis entre el Ayuntamiento y Kukai

Sin embargo, para aquel entonces, Maya ya ha regresado a la esfera pública sin acordarlo con el Ayuntamiento. Algo que ha abierto una crisis entre ambos “en lo que se refiere al proceso y a la confianza mutua”, según ha confesado Otaegi. Desde nuestro punto de vista, la manera de salir de esta crisis es volver al proceso, y volver al proceso, es volver a darles la centralidad que les corresponde a las víctimas. Entre tanto, la relación del Ayuntamiento con Kukai durante 2026 sigue suspendida“, ha asegurado.

Otaegi también ha aprovechado su intervención para criticar a la oposición, después de que el PP haya pedido su dimisión, el PSE-EE haya solicitado una comisión extraordinaria y la comparecencia de diferentes responsables políticos y agentes sociales y el PNV haya pedido una investigación o auditoria externa. Sobre los dos primeros, la alcaldesa ha denunciado que les han acusado de “falta de transparencia”. “Ambos, a favor de las víctimas, pero sin las víctimas y pasando por encima de ellas. Obviando la petición expresa de las víctimas, de confidencialidad, y por extensión, la petición de confidencialidad hecha por el Equipo de Gobierno, cuando se comparte la información de la que disponemos con la oposición”, ha recalcado.

“Solo quiero decir, que siempre estaremos dispuestos y dispuestas a mejorar la gestión municipal de este tipo de casos, a aprender de procesos como este, a favor de cualquier proceso del que podamos mejorar. Pero siempre que se garantice la perspectiva feminista y el rigor profesional y técnico. Llevo 7 años de alcaldesa y me ha tocado ver, vivir y gestionar muchas cosas. Pero ante estas dos realidades tan crudas y dolorosas para nuestro municipio que nos ha tocado afrontar, me resulta especialmente doloroso ver qué fácilmente se han dejado de lado las víctimas y qué fácil se ha dado prioridad al rédito político. Nuestra prioridad siempre serán la seguridad y bienestar de las víctimas, y siempre actuaremos atendiendo sus peticiones y respetando sus ritmos”, ha concluido la alcadesa.

La empresa de ropa sostenible para el aire libre Patagonia ha presentado una demanda por infracción de marca a la ‘drag queen’ Pattie Gonia, a la que reclaman una cifra ‘simbólica’ de un dólar según lo presentado ante el tribunal federal de Los Ángeles.

La ecologista y ‘drag queen’ Pattie Gonia se ha hecho famosa debido a su activismo en redes sociales, en las que ha acumulado millones de seguidores, lo que le ha llevado a diversificar su marca, y decidir vender ropa y promover así el cuidado del medio ambiente con una solicitud que inició en septiembre, pero que para la empresa Patagonia sería “un daño irreparable” porque se podrían confundir.

Pattie Gonia ve un ataque a su identidad con esta denuncia

La marca Patagonia ha defendido su denuncia a la drag queen Pattie Gonia asegurando que no era algo que deseaban y que mantuvieron “un diálogo activo durante varios años para evitarlo, pero que se ha vuelto necesario para proteger la marca” y su legado de 50 años. Sin embargo, la protagonista ha negado que hayan mantenido conversaciones y que la primera vez que supo de ellos fue cuando le llegó un correo electrónico de su abogado.

“Queremos que Pattie tenga una carrera larga y exitosa y que progrese en temas importantes, pero de una manera que respete la propiedad intelectual de Patagonia y su capacidad para usar nuestra marca para vender productos y abogar por el medio ambiente. Este asunto no se trata de obtener beneficios económicos, ni de cuestionar la identidad de nadie ni su derecho a la defensa, la protesta o la expresión creativa. Lo último que deseábamos era una batalla legal con alguien que comparte nuestros valores, pero debemos proteger nuestro negocio y a nuestros empleados”, afirmó su CEO, Ryan Gellert al respecto.

Un hecho al que Pattie Gonia ha respondido a través de sus redes sociales y ha afirmado que, si esas declaraciones son ciertas, está dispuesta a retirar su marca para que ellos hagan lo propio con la demanda, a la vez que apunta que su trámite ha pasado las primeras fases al no haberse encontrado posible confusión con otras marcas existentes. Si esto no sucede así, entiende que es un ataque hacia su identidad y a la comunidad.

La ‘drag queen’ ha contado que ha buscado “utilizar todos los canales” a su alcance “para resolver esto sin tener que ir a juicio”, pero que solo le han dado dos opciones: “borrar mi nombre, mi activismo, mi comunidad y a todos mis empleados, o luchar por mí misma y luchar por todos nosotros”, un vídeo que ya ha recibido apoyo por parte de sus seguidores, que instan a Patagonia a retirar la demanda contra la activista.

“Esto no es un conflicto de marcas. Se trata de una corporación que intenta silenciar a un activista. Así es como las corporaciones intimidan a las personas que no pueden igualar sus recursos”, denunció a la vez que expresó que su nombre tiene ‘parodia juguetona’ de la marca, pero que esto va intrínseco en lo que se basa el drag, que es “la parodia, los juegos de palabras y las bromas”.

¿Quién es Pattie Gonia?

Wyn Wiley, más conocido artísticamente como Pattie Gonia, es una drag queen estadounidense activista ambiental y también por los derechos LGBTQ+, que actualmente acumula 1,8 millones de seguidores en Instagram o 885.000 en TikTok, y que ha recaudado durante su trayectoria casi 4 millones de dólares para organizaciones sin ánimo de lucho.

Se hizo especialmente conocida cuando publicó sus espectaculares rutas por parques naturales, montañas y espacios protegidos a la vez que divulgaba mensajes a favor del medio ambiente, pero también de la comunidad LGTBIQ+, y se basó también la región geográfica de Argentina y Chile para su nombre artístico, que nació durante un viaje como mochilera en el que se decantó por rendir homenaje en forma de humor a la marca, pero también a los pueblos originarios asociados a este territorio americano.

La marca Patagonia comenzó su historia en 1973 como ‘Chouinard Equipment’, aunque más tarde cambió su nombre después de un viaje a esta región sudamericana que realizó su fundado junto a su amigo Doug Tompkins, que crearía a la empresa rival ‘The North Face’. En 2022, su fundador Yvon Chouinard cedió la totalidad a una organización sin ánimo de lucro para destinar todos sus beneficios a la protección del planeta.

Nueva ofensiva del PSOE de La Rioja contra la gestión de la sanidad pública riojana. El diputado socialista, Miguel González Legarra, ha denunciado la existencia de una “red de intereses” en torno al CIBIR además de una “confusión inaceptable entre lo público y lo privado”. Entre los responsables, el socialista señala directamente al presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, la consejera de Salud, María Martín, y el gerente de la Fundación Rioja Salud, Juan Carlos Oliva Pérez.

Asimismo, González de Legarra ha apuntado a Eduardo Mirpuri Merino, coordinador de Investigación del CIBIR del que ha recordado “las dudas sobre sus incompatibilidades y falta de transparencia sobre su situación laboral”. Y es que, según ha detallado, el coordinador compagina la dirección científica del CIBIR con tres actividades en el ámbito universitario y empresarial: es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universitat Internacional de Catalunya; es miembro del Consejo Consultivo de la Universidad Internacional de La Rioja y administrador único de una empresa dedicada a la investigación y fabricación de especialidades farmacéuticas. “A día de hoy”, ha dicho el socialista, “no sabemos en qué régimen de compatibilidad está trabajando Mirpuri, con qué dedicación real ejerce su función, quién ha autorizado esta acumulación de responsabilidades y bajo qué criterios a pesar de haber solicitado esta información”.

Y además de todo esto, el socialista riojano ha desvelado que Fundación Rioja Salud ha convocado “de golpe cuatro nuevos procesos de selección: Coordinador de Investigación, Gestor de Proyectos, Coordinador de Estudios y Coordinador de Desarrollo Científico con el único objetivo de cubrir las funciones que el propio Mirpuri debería desempeñar, pero que no atiende debido a sus múltiples compromisos privados”. Cuatro nuevos puestos y cuatro procesos de contratación que “no cuentan con el aval del área de Recursos Humanos de la Fundación, no han pasado por promoción interna ni por movilidad y tampoco cuentan con la participación del Comité de Empresa que los tilda de irregulares”. Estos cuatro puestos están bajo el paraguas de una nueva Unidad de Coordinación y Desarrollo Científico.

Las “sospechas” sobre los profesionales seleccionados y contratados

Los profesionales seleccionados para cubrir estos nuevos puestos, también han suscitado las “sospechas” del socialista. Y es que para el primero de ellos se ha seleccionado y contratado a una persona vinculada a la Universitat Internacional de Catalunya y del departamento del que Mirpuri es vicerrector. “Incluso en estos momentos sigue figurando en la web de la UIC como docente en este curso 2025-2026”. En el proceso de Gestor de Proyectos de Investigación se ha seleccionado y contratado “a una persona que durante los últimos siete años ha trabajado como investigador en la empresa privada de la que Murpuri es administrador único y que, curiosamente, también es propiedad de otro investigador principal del CIBIR”.

Y toda esta dinámica de gestión que ha calificado de “cortijera” ya está pasando factura dentro del CIBIR. Y es que el socialista alerta de un grave deterioro del clima laboral, marcado por quejas internas y la fuga de profesionales, una situación de tensión que la dirección estaría intentando maquillar mediante “actividades de convivencia entre los trabajadores e incluso excursiones familiares a La Grajera confiando que con cuatro meriendas en el campo se van a solucionar los problemas”. El socialista también se ha referido a la gestión de proyectos de investigación y la gestión de los fondos europeos alertando de la pérdida de alguno de ellos.

Por todo ello González de Legarra exige responsabilidades, y no solo a Mirpuri, “porque todo esto está ocurriendo bajo la batuta y la dirección del gerente Juan Carlos Oliva Pérez, la consejera de Salud, María Martín, y el pleno consentimiento del presidente riojano, Gonzalo Capellán”. Y es que ha concluido, “la investigación pública no puede convertirse en un espacio donde unos pocos deciden sin control y donde se reparten oportunidades y se gestionan los recursos públicos como si fueran propios”.

Un profesor del Colegio Manuel Peleteiro ha sido detenido en el marco de una investigación policial activada a raíz de la denuncia por supuesta agresión sexual a una alumna de Primaria del centro educativo privado ubicado en Santiago de Compostela, tras lo cual se indaga hasta cuántas alumnas más en cursos de este mismo nivel educativo resultaron afectadas. Así lo han ratificado a Europa Press fuentes conocedoras de la investigación, que también han concretado que el docente, que ha sido despedido de su trabajo en el centro educativo, fue enviado a prisión provisional en días pasados tras su paso por los juzgados compostelanos. En el marco de esta investigación están siendo analizados dispositivos móviles.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha sido preguntado sobre este asunto en un acto en la capital gallega, en el que ha apuntado que “hay secreto de sumario y se está investigando”, por lo que ha rechazado entrar en detalles del caso y ha llamado a dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que “se esclarezcan los hechos”. Precisamente, en relación a este caso, en la pasada jornada el centro envió una circular informativa a la atención de las familias de Primaria del colegio en la que -sin entrar en pormenores del caso- aludía a las “delicadas circunstancias” relacionadas con el despido de un trabajador del centro.

En su comunicación, el colegio traslada que, “desde el primer momento” en el que se tuvo conocimiento de los hechos que se investigan, ha actuado “con la máxima diligencia y responsabilidad”. Apunta que está “colaborando plenamente” con las autoridades competentes y que el caso se encuentra actualmente en manos de la Justicia. “Deseamos actuar con la máxima transparencia posible, pero también con la prudencia y sensibilidad que exige una situación de esta naturaleza, especialmente para proteger la intimidad, la dignidad y el bienestar de los menores y de sus familias, para no interferir en la investigación y para respetar el secreto de sumario decretado por el juzgado”, continúa.

Por ello, apela a que “se eviten especulaciones, rumores o se difunda información no contrastada”, y que cualquier comentario vinculado con esta situación se haga “desde el respeto absoluto” hacia los menores afectados. El centro agrega que está recibiendo asesoramiento especializado para “acompañar adecuadamente a las familias y alumnos” y concluye con un agradecimiento a la “comprensión, colaboración y responsabilidad” de toda la comunidad educativa.

Educación alega que no tiene “información directa”

Sobre este asunto ha sido preguntado este viernes el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien ha explicado que su departamento no dispone de “información directa” y ha alegado que se trata de un colegio privado. En todo caso, ha transmitido “todo el apoyo que se pueda dar a las niñas” afectadas y “a sus familias”. Ha apelado a dejar a la Policía hacer su trabajo, dado que hay una investigación en marcha, y ha esgrimido que, de confirmarse los hechos, la conducta sería “absolutamente despreciable”. “Son conductas intolerables, condenables y desgraciadas”, ha zanjado.

El acosador de Paula Bonet ha sido puesto en libertad después de que se haya dictaminado que sufre una “anomalía psíquica”, según ha informado El Periódico. Se trata de un suceso al que ha hecho alusión la propia artista, pues detalla que diez días después de aquello han atacado su taller. De hecho, Paula Bonet ha acudido a las redes sociales para informar de lo ocurrido, algo que pensaba que nunca “volvería a hacer” pero a lo que se ha visto “obligada” por su “integridad física”.

“La persona que me acosa desde el año 2019 y que ha estado desde finales del mes de julio en prisión preventiva, porque el junio pasado irrumpió en mi taller rompiendo la puerta, robando un collar y dejándose grabar por las cámaras de seguridad, así como dejando un mensaje firmado en la pizarra y encontrándome al día siguiente en la casa del pueblo donde me escondí cuando tuve que dejar Barcelona, ha sido puesto en libertad”, ha escrito la artista en Instagram.

Paula Bonet afirma que la puesta en libertad ha ocurrido “exactamente 10 días después” de que alguien haya “roto el cristal” de la puerta de su galería de arte. “Ya está puesta la denuncia y ya ha estado la policía científica en el taller haciendo su trabajo”, ha declarado la artista, que confiesa que lleva un año “intentando hacer vida normal” porque no quiere “renunciar a la felicidad” que le dan su trabajo, su familia, sus amigas, su perra y su pareja.

“Llevo un año convenciéndome de que es posible y he vuelto a poder pintar y a escribir. Durante un tiempo he tenido escolta policial pero ahora no tengo más seguridad que la de mi red de amigas, vecinas, conocidas y la de nuestros ojos. También las de las ratonas, que durante todo este tiempo han demostrado tener una fortaleza increíble y a las que no podré agradecer nunca su amor hacia mí”, ha escrito la artista.

“No responderé a ningún medio de comunicación, tampoco lo hará mi representación legal, agencia ni editorial. Mis palabras sobre este asunto son las de este post. Gracias por estar”, ha concluido. La artista celebró en 2021 la entrada en prisión de su acosador, un individuo llegó a enviarle anguilas cortadas a trocitos con la firma “el violador”. La artista de Vila-real, afincada en Barcelona, había denunciado en septiembre de 2020 ante la Policía que llevaba sufriendo acoso “desde hace más de un año”.

“En mi vida he pasado tanto miedo por la sensación de peligro”. Es el testimonio de un celador que trabaja en el Hospital San Pedro de Logroño que ha relatado a CCOO lo que considera “un episodio de extrema gravedad”. Un paciente, “en estado de agitación estuvo a punto de agredir a un celador, a varios técnicos de ambulancia y a más personal sanitario”. El paciente, “trató de agredir a los profesionales utilizando el cinturón de una camilla, de hecho golpeó con la hebilla los cristales de los boxes donde se encontraban más pacientes en situación crítica”.

Y ante hechos de estas características, CCOO La Rioja muestra su preocupación porque “además de las denuncias constantes denuncias del personal de Urgencias se une ahora las inseguras condiciones laborales en las que operan cada día”. Y es que denuncian que se ha cerrado una de las vías de salida con motivo de las obras que se están realizando en Radiología. Un cierre que alertan “reduce drásticamente las opciones de evacuación y convierte el área en una zona de alto riesgo en caso de emergencia”.

Además, añaden la deficiente cobertura de las cámaras de seguridad. “La ubicación de estas cámaras no permite controlar adecuadamente todas las zonas de Urgencias de forma que zonas especialmente sensibles como el pasillo de la zona de psiquiatría no está suficientemente vigilado por lo que el riesgo para pacientes y profesionales aumenta”.

CCOO La Rioja insiste en que “celadores y celadoras, como personal de primera acogida de pacientes, desempeñan una labor esencial en condiciones de continuo riesgo. Bien sea por exposición a riesgos biológicos, por la falta de personal o por situaciones de violencia como la que denunciamos, su seguridad no está garantizada”

Por todo ello consideran “inadmisible en un servicio ya de por sí peligroso, se agraven las condiciones de seguridad con decisiones como el cierre de una de las salidas por las obras de Radiología de Urgencias, unido además a la evidente carencia de personal de seguridad y a un sistema de videovigilancia claramente insuficiente”.

Una empresa de ataúdes vinculada estrechamente a la jefa de Compras de la funeraria municipal de Madrid se ha beneficiado de al menos 2,4 millones de euros (impuestos incluidos) en contratos públicos adjudicados durante los últimos cinco años, con sus respectivas prórrogas. Estas concesiones forman parte de un informe remitido por un sindicato a la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, al que ha tenido acceso este periódico. En la denuncia se reclama el estudio de “posibles hechos irregulares” y el propio sindicato pide “protección” ante posibles represalias en la compañía.

Las adjudicaciones bajo sospecha son las que recibió el Grupo Lamas Lucus SL, una compañía privada administrada durante años por Wenceslao Lamas Fernández y en la que aún consta como apoderado. Lamas es la pareja de Maite García, directora corporativa de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid (SFM) que el Ayuntamiento gestiona desde 2016.

Las dos adjudicaciones en las que consiguió contratos Lamas Lucus se produjeron en 2020, semanas antes de declararse el estado de alarma por la pandemia, y en el año 2023, cuando Wenceslao dirigía el negocio. En esta última licitación la compañía se llevó cinco de sus 14 lotes para suministrar distintos modelos de féretros durante dos años a la SFM. La cuantía más alta fue la del lote 5, ligada a modelos del mismo número y una gama media, con presupuesto base de licitación de 1.322.821 euros. Los otros cuatro suman otros 830.000 euros.

El resto de lotes se lo adjudicaron Serveis Funeraris de Barcelona (un lote) y Divina Aurora SCV (el resto), una cooperativa valenciana especializada en la fabricación de ataúdes o productos funerarios trabajados en madera. En su caso, también cuenta con otros clientes públicos en Palma de Mallorca o para los servicios municipales de Reus, en Tarragona. En cambio, para el Grupo Lamas (domiciliado en Lugo y fundado en 2012) solo constan en la plataforma de contratación estatal las dos asignaciones anteriormente mencionadas y un único contratista: la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Maite García, la directora corporativa, se inhibió voluntariamente de estos procesos de contratación alegando su relación personal con uno de los aspirantes, explica a Somos Madrid el presidente del comité de empresa de la funeraria pública, Manuel Delgado. Desde mayo de 2024, este negocio de féretros lo dirige Cynthia Lamas Fernández, hermana de Wenceslao y vinculada a Maite García. Como alto cargo de la empresa municipal, esta última supervisa buena parte de la SFM, pues entre sus competencias también se incluyen los departamentos de Calidad, Contratación o Sistemas de Información.

Ese mismo año (2024) el concejal del PSOE, Enrique Rico, cuestionó en un pleno municipal que el Ayuntamiento hubiera solicitado toda la documentación necesaria para descartar este supuesto conflicto de intereses, que ya había examinado la Oficina Municipal Contra el Fraude y la Corrupción en su memoria más reciente. Precisamente, a raíz de otra denuncia anónima que apuntaba a la responsable de Compras. En ese balance anual, que recoge la acusación, se reproduce lo siguiente: “Casualmente, en estos 9 meses [desde que Maite García pasó a ser directora Corporativa], la compra de féretros de este contrato [el de Grupo Lamas Lucus] ha experimentado un incremento en sus adquisiciones, reflejando una pérdida en la compra de modelos otros proveedores y en sus propias compras respecto a otros años, a pesar de estar sufriendo la empresa una pérdida de servicios”.

Además, la denuncia aduce que Wenceslao Lamas “se está beneficiando ya no solo por estar su mujer en un cargo directivo, directamente relacionado con el departamento comercial y el de contratación o compras, sino por haber sido en su momento un empleado de la empresa, también con cargo de dirección”.

Concesión en 2020 más cara, gracias a los juicios de valor

Solo con esta última concesión, la de hace unos años, la empresa de Wenceslao Lamas se embolsa de base hasta 2.153.442 euros. Pero la cifra final puede ser mayor, ya que el contrato ha sido prorrogado y es el que actualmente se ejecuta hasta que se adjudique el nuevo. A él se le añade otro otorgado durante la pandemia, en 2020, para el suministro de sábanas o pañuelos con los que cubrir a los difuntos, cuyo valor ascendía a 277.317 euros. La oferta fue publicada el 25 de febrero de 2020, poco antes de declararse el estado de alarma. Solo contó con la concurrencia de dos empresas y Lamas Lucus se hizo con la licitación gracias a la puntuación por juicios de valor, ya que su oferta era más cara que la que ofrecía la otra compañía en el concurso, Ramón Chao SL.

Maite García está desvinculada de cualquier actuación relacionada con el Grupo Lamas

Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid

A preguntas de este periódico, desde la SFM señalan que el nombramiento de García como directora corporativa fue en 2023, el año en el que se publicó la primera adjudicación aunque después de su convocatoria. También remarcan que, en todo caso, Maite García “está desvinculada de cualquier actuación relacionada” con el Grupo Lamas Lucus, sobre el que indican que lleva siendo proveedor de esta funeraria desde hace más de 30 años.

En realidad, solo hace una década desde que la actual empresa pública se municipalizó. Antes era una compañía mixta cuyo socio privado desde su fundación era Funespaña, uno de los mayores grupos funerarios del país que llegó a poseer el 49% de la antigua empresa. Pertenece a Mapfre y fue fundada por Wenceslao Lamas López, el padre de Wenceslao Lamas Fernández. A su muerte, su hijo fue nombrado consejero de Funespaña, de ahí la larga relación como proveedores a la que aluden desde la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios.

La demanda sindical reclamando la investigación de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción se produjo el pasado 30 de abril, según la información a la que ha tenido acceso Somos Madrid, y está basada en un informe anónimo que llegó sin remite a la sede de esta organización. En él se denuncian “negligencias financieras” y “descontrol” en el precio unitario de determinados materiales, que se adquieren a proveedores externos sobre los que señalan un posible “conflicto de intereses” que alude, directamente, a la relación entre la directora corporativa y un importante proveedor para la empresa.

“Es nepotismo”, acusan en declaraciones a este periódico fuentes de la plantilla, que han preferido mantenerse en el anonimato para evitar posibles represalias, pero que admiten sus sospechas de que “se pueda estar intentando favorecer a este proveedor” dados sus nexos con la responsable de Compras. Asimismo, otros proveedores industriales del sector como Funespaña han estado vinculadas a contratos con la funeraria pública en distintas etapas.

Actualmente permanece abierto otro contrato para el suministro de féretros ofertado por la compañía municipal, anunciado el pasado mes de septiembre por un valor estimado bastante más elevado que en otras ocasiones: 7.287.159,53 euros, algo más de cuatro millones sin impuestos. Tanto Grupo Lamas Lucus como Divina Aurora se han presentado a la concesión, junto a otras cuatro ofertas más. “Nosotros creemos que uno de ellos tiene preferencia”, resuelven los denunciantes del informe en una conversación telefónica.

La Ertzaintza ha detenido este viernes al presidente del club de rugby Arratiko Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, Unai Zuluaga, de 53 años, acusado de un presunto delito de estafa y administración desleal, como resultado de una investigación abierta en la comisaría de Durango (Bizkaia), tras la interposición de un total de 132 denuncias por el impago de la Lotería de Navidad.

El detenido admitió que vendió “por error” 225 participaciones de más del número 90.693, que se llevó el tercer premio del sorteo de Navidad, y que no tiene fondos para hacer frente al pago de 2,1 millones que le demandan cerca de 80 personas, que no pueden cobrar lo que les corresponde.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la investigación desarrollada por la Ertzaintza en torno al suceso ha motivado la detención a primera de la hora de la tarde de este viernes del responsable del club, de 53 años, como presunto autor de un delito de estafa y administración desleal. El implicado había sido requerido previamente por la Ertzaintza para personarse en dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, el arrestado será puesto a disposición judicial.

De los 15 millones de euros que tocaron en la Lotería de Navidad, la mayoría de los afortunados han cobrado ya, pero 2,1 millones aún están pendientes de cobro. Según reconocieron desde el club la semana pasada se enteraron del problema cuando quedaban en la cuenta 5.000 euros y aún faltaba un centenar de personas por cobrar. En aquel momento explicaron que vendieron 1.425 participaciones cuando deberían haber sido 1.200. Se trata de boletos de 5 euros en las que se jugaban 4 y 1 euro era de donativo.

La tensión y la indignación entre los vecinos de Igorre no tardó en desatarse. De manera que han creado una plataforma y el pasado 7 de mayo realizaron la primera reunión para saber qué pasos seguir hasta poder cobrar su premio. Por el momento han sumado 132 denuncias debido a que ven “inviable” que como en Villamanín el problema se solucione con una quita, porque gran parte de los premiados en Igorre ya han cobrado. “A una persona que ha recibido el dinero y se ha comprado un coche, por ejemplo, ¿qué le vas a decir, que devuelva su dinero?”, lamentaron tras esa primera reunión.

A través de su cuenta de Instagram, el club informó el pasado 23 de enero que se encontraban “trabajando para el reparto del premio de la Lotería de Navidad”. “Se trata de un proceso complejo que requiere tiempo”, señalaban en una publicación en la que aseguraban que “próximamente” compartirían los detalles de cuándo y cómo se ejecutaría el proceso y la documentación necesaria para el mismo.

El 6 de febrero informaron, también a través de Instagram, del proceso que iban a seguir para entregar el premio. Se trataba de dos fases, la primera la recogida de datos y participaciones a través de una cita previa y la segunda el pago de las papeletas verificadas con fecha límite para realizar las transferencias del 17 de abril. “A partir de esa fecha caducará el derecho de cobro”, alertaban. “En el momento de recogida de datos y participaciones, la asociación entregará a cada premiado un justificante de recogida de participaciones y compromiso de pago por parte del club Arratiko Zekorrak RT. Los pagos se realizarán tras la verificación”, aseguraron. Sin embargo, para algunos de los premiados, ese dinero jamás llegó.

Tras la primera reunión, los afectados, que se comunican a través de un canal de Telegram y de correos electrónicos, quedaron en volver a reunirse para futuros pasos. En principio, ya cuentan con apoyo legal y piensan interponer todas las denuncias posibles ante la Ertzaintza, pese a que continúan a la espera de una respuesta por parte del club que les satisfaga y les haga obtener su dinero. “No vamos a parar hasta que se nos dé nuestro dinero. Sabemos que el proceso puede ser largo, pero nos parece injusto que unos cobren y otros no. Si sabían el error, deberían haber paralizado el pago. No nos creemos que se hayan dado cuenta esta semana, porque llevan retrasando los pagos meses”, aseveraron.

CCOO La Rioja denuncia la situación de los quirófanos durante las tardes y sábados. Un servicio extraordinario (peonadas) impulsado por el Gobierno de La Rioja para agilizar las listas de espera. “No se puede seguir operando a costa de la seguridad de pacientes y trabajadores”, aseguran desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de La Rioja.

Desde la formación sindical explican que “en numerosas ocasiones, el número de intervenciones realizadas en estos turnos extraordinarias supera el horario ordinario de mañana y se llevan a cabo sin la dotación de personal adecuada”. Entre este personal, denuncian la falta de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y celadores, “dos categorías esenciales para garantizar una atención digna y segura”.

De hecho, la falta de estos profesionales aseguran que está provocando situaciones que califican de “graves e inadmisibles”. Así hablan de “pacientes que se quedan solos bajo los efectos de medicación sedante, lo que pone en riesgo su seguridad” y de un ritmo de trabajo “estresante” para los profesionales que en ocasiones les obliga a saltarse protocolos higiénicos imprescindibles en un entorno quirúrgico.

En su denuncia, CCOO La Rioja también incluye a los celadores, “profesionales que trabajan codo con codo con el personal sanitario y cuyos efectivos disminuyen durante el turno de tarde a pesar de que la presión asistencial es mayor por las tardes. ”Esta desproporción genera situaciones de peligro para pacientes y trabajadores“. El servicio de limpieza, contratado externamente por el SERIS, ”también sufre una exigencia de rapidez incontrolable que compromete las medidas de higiene esenciales porque cuando la velocidad prima sobre la organización, se pone en jaque la seguridad de todo el equipo y, sobre todo, la de los pacientes“.

Con todo, desde la formación sindical alertan de que “este servicio extraordinario no se presta con la misma calidad y garantías que el horario ordinario de mañana” a la vez que insisten en que “cualquier intervención quirúrgica, sea en el horario que sea, debe contar con los mismos estándares de calidad, seguridad y atención humana, porque está en juego la salud de la ciudadanía.

Por todo ello, piden al Gobierno de La Rioja “que dé a la ciudadanía el respeto sanitario que merece”. Desde CCOO La Rioja son conscientes del malestar de diversos profesionales, pero “no hay que olvidar a otras categorías que hacen posibles el funcionamiento del Servicio Riojano de Salud porque para que el sistema funcione, todas las categorías son necesarias y todas merecen ser dotadas de medios suficientes”.

El altercado protagonizado por el activista de ultraderecha Bertrand Ndongo el pasado martes ya está en manos de la Policía. La diputada de los Comuns y portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, anunció este jueves que ha presentado una denuncia en comisaría contra Ndongo después de que el agitador la llamara “idiota” en repetidas ocasiones el pasado martes en sede parlamentaria y, posteriormente, la acosara mientras intentaba acceder a un taxi y le impidiera durante unos momentos entrar al vehículo valiéndose de su cuerpo.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Vidal aseguró que se sintió  “agredida” e “intimidada” por la actitud de Ndongo y cargó contra los “pseudoperiodistas”, de quienes dijo que “no tienen ninguna vergüenza en exponer y enseñar cómo hostigan, cómo persiguen y cómo agreden al personal de la casa y también a las diputadas”. Durante su rueda de prensa, el también activista de extrema derecha Vito Quiles interrumpió el turno de preguntas de los periodistas e intentó camuflar en forma de pregunta —como hace habitualmente— el argumentario de la extrema derecha. Vidal exigió “respeto” para la redactora que, en ese momento, estaba en el uso de la palabra y que fue cortada por Quiles.

En concreto, el activista ultraderechista acusó a Vidal y al resto de diputados de Sumar de no tener “credibilidad”, de “victimizarse” porque les “hacen preguntas” y de “no creer en la libertad de expresión”, y posteriormente colgó un vídeo en sus redes sociales en el que espetó a “la izquierda” que “apechuguen y que espabilen, que es lo que tienen que hacer”. En el incidente denunciado ante la Policía, Ndongo no realizó ninguna pregunta a la portavoz adjunta: se limitó a insultarla al finalizar su rueda de prensa y, posteriormente, la persiguió para afearle que apoye a un partido (el PSOE) que “pagaba a la fontanera para acosar a los miembros del partido”, así como para acusarla de “estar con un Gobierno corrupto”.

Fuentes cercanas a la portavoz consideran que estos hechos son constitutivos de un presunto delito de hostigamiento, recogido en el artículo 172 ter del Código Penal. Dicho delito castiga con pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien “acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada” conductas como perseguirla o atentar “contra su libertad”. En su denuncia, Vidal refleja expresamente que Ndongo obstaculizó su “libertad de movimientos”, así como que se sintió “amenazada”.

En la comparecencia ante la prensa, la portavoz adjunta de Sumar alertó sobre la normalización de estas tácticas de acoso contra políticos de izquierdas, y aseguró que forman parte de una estrategia “deliberada” de “deshumanización” de los representantes públicos, a los que se intenta reducir a “cosas” que se pueden “patear y escupir”. “Esto en una sociedad democrática es simplemente inadmisible”, afirmó.

En 1978, Mónica Mayer (Ciudad de México, 1954) transformó un objeto de servidumbre doméstica en un artefacto de desobediencia civil. Su primer Tendedero en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México no fue solo una pieza artística; fue el acta fundacional de una nueva forma de habitar el museo: la de la escucha colectiva frente a la violencia estructural. Casi medio siglo después, esa herramienta de resistencia ha aterrizado en el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (MEIAC) de Badajoz, recordándonos que el arte, cuando es feminista, no busca la complacencia, sino la reparación.

La exposición ‘El Tendedero / Archivos Imaginados’, comisariada por Montaña Hurtado Muñoz, se articula como un diálogo necesario entre la trayectoria internacional de Mayer y la obra de la pintora pacense Lourdes Murillo.

Mayer: La arquitectura de la denuncia

Mónica Mayer es una figura ineludible. Pionera del performance y la gráfica digital, su estancia en el Women’s Building de California en los setenta le permitió entender que el archivo era el único lugar capaz de evitar el borrado histórico de las mujeres. Junto a Maris Bustamante, en el grupo Polvo de Gallina Negra, y más tarde en el proyecto Pinto mi Raya, Mayer ha dedicado cuatro décadas a demostrar que lo personal es, ante todo, una cuestión de Estado.

En Badajoz, 'El Tendedero' se reactiva con la urgencia del presente. No es una obra estática; es un proceso vivo que ha contado con la colaboración de colectivos y mujeres locales de la Casa de la Mujer de Badajoz, la Asociación de Mujeres Progresistas, la Plataforma 8M, la Fundación Secretariado Gitano, el Centro de Mayores Santa Ana y dos ciclos formativos del IES Barbara de Braganza.

A través de testimonios manuscritos, la pieza lleva lo privado —el acoso, el miedo, la opresión— al ámbito público del museo. Esta obra trasciende la estética para convertirse en pedagogía y activismo, una genealogía que conecta con la sacerdotisa mesopotámica Enheduanna, la primera mujer en firmar un texto denunciando una agresión, y cuyo legado de palabra y destierro resuena hoy en las salas del MEIAC.

Murillo: El refugio frente a la intemperie

En contrapunto a la expansión pública de Mayer, Lourdes Murillo propone un repliegue hacia lo íntimo. La artista extremeña, con una carrera forjada entre Sevilla, Madrid y su actual estudio en Trujillo, presenta sus ‘Archivos Imaginados’. Son piezas que parten de objetos recuperados de casas familiares —tías, madres, antepasadas— para construir una narrativa sobre el cuidado y la infancia.

Sin embargo, en el marco de esta exposición, la obra de Murillo debe leerse bajo la luz de la advertencia: el hogar, ese “lugar seguro” que la artista recrea con objetos y cajas cerradas, es estadísticamente el escenario de mayor riesgo para las mujeres. La serenidad que transmiten sus piezas dialoga con la memoria dolorosa de 'El Tendedero', creando un espacio donde la reparación solo es posible si primero se nombra la herida. Reivindicar lo “menor” —la repostería, el orden doméstico, el silencio de las alcobas— se convierte aquí en un gesto político de rescate frente al olvido.

Un puente necesario sobre el Guadiana

La presencia de Mayer en Extremadura sitúa a la región en el mapa del activismo artístico global. Durante la inauguración, el secretario general de Cultura, Francisco Palomino, destacó la capacidad de la muestra para “hacer del museo un lugar de acogida”, subrayando el papel del MEIAC como institución de referencia para toda Iberoamérica.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 7 de junio de 2026, no solo ofrece una lección de historia del arte contemporáneo; ofrece una oportunidad para la catarsis. En un tiempo donde las redes sociales parecen ser el único canal de denuncia, la fisicidad de los hilos de Mayer y la fragilidad de los archivos de Murillo nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la presencialidad y la memoria física.

Esta exposición es una prueba más de que cuando las mujeres toman la palabra y el espacio, el museo deja de ser un contenedor de objetos para convertirse en un territorio de transformación.

En marzo de 2010 el por aquel entonces alcalde de Getxo, Imanol Landa, del PNV, inauguró la reurbanización del parque de Txabarri Zuazo (conocido también como el parque de Gobelaurre), con un presupuesto de 1.778.000 euros en el que crearon un emplazamiento para el ocio y esparcimiento de más de 6.100 metros cuadrados de superficie total con zona de juegos infantiles cubierta y unas canchas de fútbol y baloncesto. Ese fue el inicio de la pesadilla de Anton, quien prefiere no dar su verdadero nombre, y de la lucha de casi 15 años contra el ruido que estas canchas asegura que generan. “Mi casa es un primero que está justo al lado de las canchas, que están perimetradas y suena cada vez que el balón choca contra alguna de las vallas. Hay balonazos a todas horas. El ruido es insoportable, porque hay niños jugando por la mañana y la tarde, que hacen un ruido que se puede tolerar, pero el problema es por la noche, porque aunque hay un cartel que indica que no se puede jugar a partir de las 22.00 horas, hay veces que el ruido se oye hasta las 05.00 de la madrugada”, lamenta el vecino.

Según reconoce, son “demasiadas” las veces que ha llamado a la Policía municipal a causa del ruido, que asegura que traspasa los límites permitidos en la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de Getxo que son en horario diurno, es decir, de 08:00 a 22:00 horas, un máximo de 60 decibelios ponderados A, mientras que en horario nocturno el límite se reduce a 40 decibelios. “He solicitado al Ayuntamiento una sonometría, porque el ruido es insoportable, pero llevan más de 15 años negándose a hacerla. También he escrito al Ararteko, al lehendakari y a partidos políticos, pero no dan una solución. Hay otros parques parecidos, pero lejos de las urbanizaciones. No se puede permitir que un parque así esté tan cerca de las viviendas”, critica el afectado, quien asegura que al igual que él, otros vecinos también muestran sus quejas ante la Policía, pero por el momento no han llegado a organizarse para realizar una denuncia conjunta.

La Defensoría del Pueblo vasca (Ararteko), en una resolución del año 2014, instó al Ayuntamiento de Getxo a “tomar las medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos”. “A raíz de la remodelación del parque se instalaron estas canchas donde practican deporte muchos jóvenes. Según nos comunicó este ciudadano, a pesar de que las instalaciones se encuentran semicerradas con plafones de madera acrílica, el nivel de ruido que alcanza durante el día, y sobre todo de noche, resulta excesivo y afecta a la convivencia diaria de la comunidad, especialmente, en horas de descanso. También dijo ser consciente de que estas instalaciones son una interesante alternativa de ocio para los jóvenes del municipio. Sin embargo, considera que su uso no debe ir en detrimento del derecho del resto de vecinos y vecinas a disfrutar de una vivienda sin molestias”, recoge la resolución.

El Ararteko explicó en el documento que el afectado puso “varias denuncias en el ayuntamiento solicitando que estudiara medidas para paliar las molestias, pero este solo exigió bajar el tono de voz a los jugadores y que finalizaran el juego si era horario nocturno”. “No obstante, el interesado consideraba que para corregir con carácter definitivo los ruidos provocados era necesario realizar, primero, mediciones en las viviendas afectadas, para contrastar los niveles de ruido alcanzados. Así, dependiendo de los resultados obtenidos, se podrían concretar las medidas a adoptar”, indica.

“Tras realizar varias gestiones con el Ayuntamiento de Getxo, este nos ha informado que, tras comprobar que los paneles de cierre de las porterías de la cancha eran el foco principal del ruido, se ha procedido a sustituirlos por otros elementos más absorbentes que evitan el ruido producido. Si esto no es suficiente, el ayuntamiento se ha comprometido a adoptar cuantas medidas sean necesarias para respetar los máximos sonoros permitidos durante el horario diurno. Además, se ha colocado un panel informativo en el parque prohibiendo el uso de las instalaciones en horario nocturno”, recoge la resolución del Ararteko realizada hace más de 15 años sin resolver el problema.

Desde el Ayuntamiento reconocen a este periódico que se acordó con la Policía municipal en una reunión de la pasada semana que se “cambiará el cierre de paneles por cierres de barrotera”, como existen en otras zonas similares del municipio. El Ayuntamiento considera que con el cambio del material de las canchas “se solventará el problema”.

Adelante Andalucía ha presentado este jueves ante la Oficina de Andaluza contra el Fraude y la Corrupción una denuncia contra el director de comunicación de Vox, Álvaro Zancajo, por “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), al que pertenece.

“Este señor es miembro del Consejo de Administración de la RTVA, cobra 60.000 euros al año como miembro de dicho consejo, no dedica ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, ha afirmado el portavoz y candidato de la formación a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, en una atención a los medios. En la denuncia, la formación ha señalado que la labor de Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio consejo.

García ha indicado que “van a quedar a la espera” de la respuesta de la oficina y no han descartado elevar la denuncia ante la Fiscalía “por presunta financiación ilegal”, en caso de “inacción” por parte del organismo. “Exigimos su cese porque estamos hartos de los señoritos de las paguitas”, ha subrayado García. El candidato del partido ha asegurado que el discurso de Vox sobre “pagas para los migrantes, no solo es falso y racista, sino que encubre que son ellos los que se lucran de ellas”.

Cese

“No vamos a permitir que suelten su discurso manipulador y mentiroso contra las personas migrantes, mientras ellos son los señoritos de las paguitas”, ha declarado García. En esta línea, el portavoz de Adelante ha señalado “las promesas de Vox de cerrar Canal Sur”, a la que, según ha indicado García, calificaba como un “chiringuito”.

“El Partido Popular podría cesar a este señor automáticamente si verdaderamente tuviera la voluntad política para ello. Ahora todos los partidos se tienen que posicionar. ¿Queremos que haya un señor que va hablando de paguitas, pero él cobra una paguita de 60.000 euros de Canal Sur sin trabajar para Canal Sur, sino que trabaja para Vox? Estos son los que se cargan los servicios públicos, estos señores”, ha concluido.

En el escrito, se señala que Álvaro Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, dos años después, desde 2024 desempeña su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox. El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

Asimismo, ha subrayado que el consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. Una situación que ha asegurado que la incompatibilidad “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito pide “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Respuesta de Vox

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este jueves que el responsable de comunicación del partido, Álvaro Zancajo, “cumple con todas sus obligaciones” tras la denuncia presentada ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción por Adelante Andalucía señalando la posible “incompatibilidad” de la labor de Zancajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA).

“Le puedo garantizar que el señor Zancajo cumple con todas sus obligaciones, cumple con todos sus deberes. Esto seguramente responderá a ese miedo que nos tienen, a que cuando Vox esté en los gobiernos y en Andalucía estemos en los gobiernos, pues quitemos la manipulación de todos esos sindicatos afines a la izquierda”, ha respondido Gavira a las preguntas de los periodistas al respecto.

A la denuncia de CSIF sobre la existencia de moho, humedad y polvo en la Consejería de Hacienda, se suman las de CCOO La Rioja quienes hablan de “peligro extremo”. Aseguran que la situación en esta sede del Gobierno de La Rioja ha alcanzado un punto crítico y de hecho, las trabajadoras del servicio de limpieza, pertenecientes a una empresa subcontratada, denuncian que “están trabajando en condiciones que ponen en riesgo inminente su integridad física y su salud respiratoria tras las recientes inundaciones en el edificio”.

Así aseguran que al daño ambiental se suma un “grave peligro estructural porque gran parte del suelo de las instalaciones es de madera aglomerada que, tras absorver el agua de las inundaciones, ha perdido su consistencia. Al secarse, el material se está quebrando y hundiendo, dejando huecos con caídas de hasta 30 centímetros directamente sobre el hormigón”. Una situación que convierte las tareas de limpieza en una “carrera de obstáculos” donde “un paso en falso puede derivar en lesiones óseas o caídas graves, especialmente al trabajar en zonas con visibilidad reducida o suelos húmedos”.

Y al riesgo de caídas hay que añadir la exposición a productos fungicidas industriales de extrema agresividad. En concreto, las trabajadoras de la limpieza hablan de “casos de conjuntivitis química y quemazón en la garganta y vías respiratorias por el uso de productos anti-moho. La  falta de ventilación adecuada en las oficinas de Logroño multiplica la concentración de vapores tóxicos”. Las trabajadoras aseguran que “no solo nos estamos asfixiando con los productos que usan para el moho, es que además tenemos miedo de dar un paso y que el suelo se parta bajo nuestros pies. Hay agujeros de 30 centímetros y nadie ha acordonado las zonas peligrosas”.

Por todo ello, este colectivo exige una intervención “inmediata”por parte de la empresa adjudicataria y del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería. Y dentro de esta intervención se debería incluir “prohibir el acceso a todas las áreas donde el aglomerado presente signos de debilidad estructural hasta su sustitución total y utilizar mascarillas con filtros de carbono activo para los gases tóxicos y calzado de seguridad reforzado”. En caso de no obtener una respuesta satisfactoria en 24 horas, las trabajadoras pararán la actividad “por riesgo grave e inminente, notificando simultáneamente a la Inspección de Trabajo de La Rioja”.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

El concejal de Vox en el Ayuntamiento valenciano de Montserrat Carlos Martínez ha entregado su acta como edil, según ha informado su partido, después de que se haya hecho público que un juzgado le ha impuesto una orden de alejamiento tras una denuncia por malos tratos, una acusación de que la que afirma es inocente.

Según publica el diario Levante-EMV, la titular del juzgado número 2 del Tribunal de Instancia de Picassent le ha impuesto una orden de alejamiento por la que le impide acercarse a menos de 300 metros de su pareja sentimental o comunicarse con ella tras la denuncia por un presunto caso de malos tratos que esta interpuso el domingo ante la Guardia Civil y que ratificó en sede judicial el lunes.

En un comunicado remitido este jueves, Vox señala que Martínez Salvador ha decidido presentar su renuncia al acta tras los “hechos conocidos en las últimas horas y en el marco del procedimiento judicial abierto en relación con los mismos”.

“La decisión de entregar el acta responde a la voluntad de no perjudicar el proyecto político ni el normal funcionamiento de la institución municipal, anteponiendo la responsabilidad institucional y el interés general”, añade.

Afirma que Carlos Martínez “ha manifestado su inocencia y respeto absoluto por el proceso judicial y su intención de colaborar plenamente con la justicia para el esclarecimiento de lo ocurrido”.

Cuatro vecinos y una asociación activa mantienen en pie esta aldea de La Rioja perteneciente al municipio riojano Muro de Aguas frente al silencio de las instituciones. Tienen el dinero para la luz desde hace años, pero la burocracia y la falta de voluntad política los mantienen en el siglo XIX. Y es que en pleno siglo XXI, el vecindario de este municipio continúa viviendo sin luz eléctrica, sin accesos dignos y, lo que es peor, sin ser escuchados.

El caso de la luz en Ambas Aguas roza lo kafkiano. En mayo de 2023 se firmó un convenio para conectar al pueblo a una línea de alta tensión que pasa a apenas 500 metros de las casas. El dinero, una partida de 291.000 euros transferida por el Gobierno de La Rioja, ya está en manos del Ayuntamiento de Muro de Aguas desde principios de 2024, pero la luz sigue sin llegar y los interruptores sin funcionar. El vecindario pide explicaciones e información, pero como la luz, tampoco llegan. “Nos dicen que están en plazo. El dinero lo tienen ellos y no vemos ni el proyecto ni la licitación. Llevan nueve meses 'evaluando' y nosotros seguimos con generadores”, lamenta el presidente de la Asociación Amigos de Ambas Aguas, Julián Pérez Alonso.

El entonces consejero de Sostenibilidad, Transición Ecológica, Álex Dorado, y el alcalde de Muro de Aguas, Pedro Juan Sanz, firmaron a principios de mayo de 2023 un convenio para comenzar los trabajos de conexión eléctrica de la “aldea de forma inmediata”. Además de Ambas Aguas, el entonces gobierno socialista de Concha Andreu rubricó convenios con otros ayuntamientos para la construcción de comunidades energéticas renovables en las aldeas de El Collado (Santa Engracia del Jubera) y Luezas de Cameros (Soto en Cameros). También se realizaron todos los trámites y la electricidad llegó a las aldeas de Treguajantes (Soto en Cameros), Larriba de Cameros (Ajamil de Cameros), Santa Marina (Santa Engracia del Jubera) y San Martín del Jubera (Santa Engracia del Jubera). Sin embargo el vecindario de Ambas Aguas no ha tenido la misma suerte y siguen sin poder utilizar un microondas o enchufar el taladro para realizar algún arreglo en casa sin estar pendientes de los generadores.

El tiempo pasa y las soluciones no llegan. “Estamos en plazo” es la única respuesta que reciben. Y así es. Desde el Gobierno de La Rioja responsabilizan al Consistorio: “según el convenio, la tramitación, licitación y ejecución de las actuaciones corresponden al Ayuntamiento de Muro de Aguas, en el ejercicio de sus competencias”. Y una matización más. Desde la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo apuntan no tener potestad para realizar un “control más exhaustivo del avance del proyecto porque el convenio fue formalizado en la anterior legislatura sin la previsión de hitos intermedios de ejecución, ni mecanismos específicos de seguimiento periódico”.

Desde el Ejecutivo regional aseguran no poder hacer nada a pesar de haber liberado una partida cercana a los 300.000 euros para que la luz llegue a Ambas Aguas, aunque sí reconocen que “son conscientes del interés que suscita este asunto”. Por esta razón, han mantenido contacto con el Ayuntamiento de Muro de Aguas “trasladándole la conveniencia e importancia de que se facilite la información actualizada sobre el estado de tramitación del expediente”. “La interlocución directa con el Ayuntamiento constituye el cauce más adecuado para canalizar las solicitudes de información que se pidan. Sin perjuicio de lo anterior, la Consejería continuará atenta a la evolución de las actuaciones en el marco de sus competencias”, zanjan desde el Ejecutivo regional.

En la misma línea se ha posicionado el alcalde de la aldea Jaime Jiménez. En una conversación con este medio ha insistido en que desde el Consistorio se “está trabajando en este asunto al que hemos dado la máxima prioridad sobre cualquier otra cuestión”. Y al igual que el Ejecutivo regional, Jiménez reitera que están dentro de plazo. “En lo que llevamos de legislatura, me han cambiado el secretario hasta en cuatro ocasiones y esto lo ralentiza todo. Aun así, el día de la semana que tenemos Secretaría damos prioridad a este proyecto”. Asimismo, el alcalde de la aldea califica de “bulos” las críticas del vecindario y asegura que el pueblo está divido: “La oposición (PSOE) está utilizando este problema para hacer su propia campaña electoral de cara a las próximas elecciones municipales”. Un cruce de acusaciones en las que Jiménez ha adelantado no va a participar porque su único objetivo “es seguir trabajando por su pueblo”.

Un vecindario que no se resiste

Mientras tanto, el vecindario y la asociación, que este año cumple cuatro décadas, seguirán trabajando por el pueblo. “No nos resistimos”, insiste Pérez. Resistencia que contrasta con la “pasividad” del Ayuntamiento. “Parece que quieren dejar morir el pueblo porque en los últimos treinta, cuarenta años, el Ayuntamiento no ha solicitado subvención alguna para acometer mejoras en la aldea”. Al contrario. “Somos nosotros, vecinos y asociación, quienes sufragamos y ejecutamos las obras”. Una de las últimas, el arreglo del tejado de la Iglesia en la que Pérez calcula que se han gastado 12.000 euros. Ambas Aguas tiene únicamente dos calles asfaltadas, también por la Asociación. “Para el encementado de una de ellas, el Ayuntamiento sí que nos facilitó el material, pero el trabajo lo hemos hecho nosotros”. Al igual que las labores de saneamiento e instalación de tuberías y desagües que realizaron durante unas vacaciones de Semana Santa.

La cohesión vecinal en esta aldea no es solo una cuestión de cortesía, sino de pura supervivencia. Hasta los años ochenta, eran los propios vecinos quienes se subían al tendido para reparar cualquier avería eléctrica. Hasta que la técnica superó la buena voluntad: “Somos pocos y, cuando los trabajos se complicaron, el vecindario se plantó”, recuerda el presidente de la Asociación. “El Ayuntamiento decidió mirar hacia otro lado” y Ambas Aguas terminó sumida en la oscuridad hasta hoy.

Y a la falta de electricidad se suma un acceso tercermundista. “Somos el único pueblo habitado de La Rioja sin un acceso digno”, denuncia Pérez. “No pedimos una carretera, únicamente un acceso digno a Ambas Aguas”. Más aún, añade, cuando a pesar de contar con tan solo cuatro vecinos de forma habitual, dos de ellos tienen empresa. “En el pueblo hay dos negocios, una minería y una ganadería. Si a estas personas no se les facilita que puedan trabajar... les están invitando a que se vaya de Ambas Aguas”, lamenta.

Incluso el servicio más básico, la recogida de basuras, se ha convertido en un problema. Desde hace unos años, el vecindario paga el impuesto de recogida de basura. “Hasta entonces, guardábamos la basura en casa y cada uno la llevaba hasta Muro de Aguas que está a unos seis kilómetros”. Ahora, y tras pagar el correspondiente impuesto (40 euros), se han instalado contenedores en los que depositar una basura que nadie recoge. “Durante meses no hay alguacil que recoja los contenedores. Antes nos llevábamos la basura a casa y estaba limpio, ahora el pueblo parece un estercolero”.

“Nos quieren dejar morir”

Esta dejadez y falta de servicios han suscitado entre el vecindario la sensación de que “quieren dejar morir el pueblo”. Y es que nos le sirven las respuestas del Gobierno de La Rioja y la ausencia de ellas por parte del Ayuntamiento de Ambas Aguas. “Llevamos tres años con el tema de la luz, solicitamos información y no nos la dan”. La última reunión con el Ayuntamiento de Muro de Aguas fue en julio de 2025. “Desde entonces el vacío, no contestan a las solicitudes de información realizada en septiembre, diciembre y marzo. El pasado mes convocamos otra reunión a la que invitamos al Ayuntamiento. No acudió nadie, ni siquiera nos respondieron”.

Mientras tanto, el tiempo sigue pasando y Ambas Aguas continúa sin luz a pesar de que el dinero (291.000 euros) del Gobierno de La Rioja ya están en las arcas municipales desde principios de 2024. “Solo pedimos que la luz llegue por fin a Ambas Aguas. Si no nos hubieran prometido la luz, habríamos puesto más placas solares por nuestra cuenta. Pero nos tienen bloqueados con una promesa que nunca llega”, concluye. No piden milagros, solo que el dinero que ya existe se convierta en el cable que los conecte al siglo XXI.

CSIF denuncia condiciones insalubres en la oficina de Fondos Europeos situada en la Calle Portales 46 de Logroño. Hace dos semanas se produjo una fuga que ha afectado a techos, suelos y paredes y ha dejado un fuerte olor a humendad, “lo que ha provocado problemas de salud a los empleados públicos que siguen trabajando en estas oficinas en condiciones insalubres”.

Relatan que el problema comenzó hace más de dos semanas. “Una fuga en un baño de la segunda planta afectó a los techos, paredes y suelos de esta planta y las inferiores y dejó estas instalaciones impracticables”. De hecho aseguran que “hay zonas restringidas porque no hay ventilación, los suelos tienen humedad, se han deformado e incluso levantado. Los equipos informáticos también se han visto afectados y es imposible poder trabajar en estas condiciones que no cumplen con los requisitos mínimos que indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

La zona más dañada es la primera planta donde un grupo de empleados públicos pertenecientes a la Oficina de Fondos Europeos siguen trabajando porque no han sido reubicados y lo hacen “con fuertes olores a humedad lo que les provoca dolores de cabeza y náuseas debido a la insalubridad del ambiente”. Después de más de dos semanas, desde CSIF piden al Servicio de Prevención que analice las instalaciones y mientras tanto se traslade a una oficina segura a los trabajadores. “Es inaceptable que el Gobierno riojano ponga en peligro la salud de sus trabajadores por la falta de eficacia en su gestión”. Y exigen a la Dirección General de Función Pública, como máximo responsable de la gestión de los empleados públicos que tome cartas en el asunto y que deje de “maltratar a los empleados públicos riojanos: debería darle vergüenza tener a trabajadores desarrollando su labor en estas condiciones que ponen en peligro su salud”.

La asociación ecologista Rosalía Alpina denuncia que se han arrasado con maquinaria pesada hasta dos hectáreas de terreno que aspiraba convertirse en un pequeño bosque en Ocón. Unas prácticas que aseguran cuentan con la autorización del Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente. “La Consejería sigue autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal”.

Y desde la asociación ecologista reflexionan que “en plena Rioja vitivinícola y cerealista, entre extensiones continuas de viñedo o de cereal, aún sobreviven pequeños reductos de biodiversidad: pequeños trozos de monte que, con el paso de los años, se han ido regenerando de forma natural, dando lugar a bosquetes de encinas, arbustos mediterráneos y fauna asociada”. Son espacios modestos, apuntan, “pero de gran valor ecológico, especialmente en un territorio cada vez más homogéneo desde el punto de vista agrícola”.

Sin embargo, alertan de que esta regeneración natural “está siendo sistemáticamente destruida”. Y responsabilizan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente porque “continúa autorizando roturaciones para convertir estos enclaves en nuevos viñedos o campos de cereal, incluso cuando ya se han formado bosquetes jóvenes o cuando existen ribazos con árboles, encinas y arbustos que actúan como refugio para aves, reptiles, anfibios, insectos, arácnidos y pequeños mamíferos”. En el valle de Ocón calculan que se ha eliminado un monte de cerca de dos hectáreas, “el más grande de los eliminados en los últimos años”.

Una destrucción que ocasionará una “grave pérdida de biodiversidad”. Y es que la eliminación constante de ribazos, lindes y pequeños bosquetes “rompe corredores ecológicos, empobrece el paisaje —precisamente aquel que el propio Gobierno dice proteger a través de la Ley del Paisaje— y acelera procesos de desertificación”. Y además alertan de afecciones directas a la fauna silvestre y a la actividad cinegética porque perjudicará a especies como la perdiz roja, la codorniz o la tórtola. Además, la destrucción de estas hectáreas de montes también tendrá consecuencias en la agricultura. “Estos espacios albergan insectos y aves que actúan como depredadores naturales de plagas, ayudando a mantener el equilibrio ecológico de los cultivos, por lo que su desaparición rompe estos procesos naturales y aumenta la dependencia de tratamientos químicos, con el consiguiente impacto ambiental y económico”.

Por todo ello piden a la administración que deje de conceder autorizaciones “de forma sistemática y que apueste por compatibilizar la actividad agraria con la conservación de los últimos reductos naturales que aún resisten entre los viñedos y cultivos de La Rioja”.

Sin embargo, parece que la petición de Rosalía Alpina caerá en saco roto. Y es que preguntada por esta cuestión, la respuesta de la Consejería ha sido rotunda. Desde Medio Ambiente aseguran no tener constancia de denuncia alguna y afirman, “que todo lo que desde la Consejería se autoriza en cambios de uso, cortas de resalveo, entresacas… cumple rigurosamente con la normativa y ha sido objeto de informes técnicos favorables”, sentencian y añaden “para su tranquilidad”.

La “amenaza” de las pistas forestales

Y además de esta “destrucción”, desde la asociación Rosalía Alpina también alertan del impacto que generan las pistas forestales en algunos encinares. De hecho las consideran una “amenaza” para algunos encinares que aún sobreviven en zonas especialmente “sensibles” de La Rioja Baja: Bergasillas, Enciso y Cornago.

Explican que estas pistas forestales se están construyendo para facilitar explotaciones de leña. “No estamos en contra del aprovechamiento de leñas porque es una actividad tradicional que puede ser compatible con la conservación de monte si se realiza de forma cuidadosa y proporcionada”. Lo que censuran es “la desproporción entre el impacto generado y el beneficio obtenido, especialmente cuando las pistas atraviesan los escasos encinares de La Rioja Baja”.

Y el problema no es solo paisajístico. “En un territorio semiárido como La Rioja Baja, con precipitaciones escasas e irregulares y suelos poco profundos, estas actuaciones activan procesos de erosión difíciles o imposibles de revertir. La eliminación de la cubierta vegetal, la alteración del perfil del suelo y la creación de taludes desnudos favorecen la escorrentía y la pérdida de suelo fértil”. Además, “estas pistas fragmentan el hábitat, facilitan el acceso de vehículos a zonas antes tranquilas y aumentan la presión humana sobre espacios que funcionaban como refugio para la fauna”.

Un nuevo capítulo en el asunto de las “retribuciones indebidas” por parte de altos cargos del Servicio Riojano de Salud. Los socialistas han desvelado este martes el contenido de una nueva auditoría que confirma que “varios altos cartos continuaron cobrando dichas retribuciones en 2024”.

El pasado mes de marzo ya informaron que el entonces gerente del SERIS “percibió durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023 retribuciones en concepto de guardias y actividades extraordinarias por más de 12.500 euros”. Así, la diputada socialista, María Somalo, ha recordado que otra auditoría del SERIS “confirmaba que Jesús Álvarez, como gerente del SERIS, y otros dos altos cargos, Begoña Ganuza y Gustavo Ossola, percibieron retribuciones indebidas en el año 2023”. Ahora, apunta, “los datos de otra auditoría del SERIS confirma que esta situación continuó durante el año 2024”.

Por lo que respecta a Jesús Álvarez, Somalo ha dicho que “se confirma que, en los meses de enero, febrero y marzo de 2024 continuó percibiendo retribuciones indebidas en concepto de guardias y actividades extraordinarias por un importe que supera los 10.000 euros”. La diputada socialista ha recordado que la propia auditoría “insiste en que la realización de actividades asistenciales por el gerente no se encuentra incluida dentro de las reguladas en el artículo 92 de la Ley de Salud de La Rioja, ni consta regulación legal o reglamentaria que recoja esta función para el titular de la Gerencia del SERIS”.

Por lo que respecta a los otros altos cargos del SERIS, Gustavo Ossola y Begoña Ganuza, “el cobro de cantidades indebidas también se mantuvo a lo largo del año 2024”. En ambos casos, la auditoría deja claro que en sus contratos “se establece, expresamente, que la cuantía total a percibir no podrá exceder de la retribución íntegra anual establecida para los consejeros en las respectivas leyes de presupuestos de la CAR”. Somalo ha afirmado que la auditoría “confirma que las retribuciones que ambos perciben por sueldo y complementos, por actividad asistencial y extraordinaria, y por antigüedad y carrera profesional, en su conjunto, superan el importe máximo legal, que es el de la retribución marcada para los consejeros”.

María Somalo ha explicado que desde el Grupo Parlamentario Socialista han solicitado en reiteradas ocasiones las nóminas de Ossola y Ganuza, “y siempre se nos han negado”.

La diputada socialista ha relatado que la auditoría de 2024, a diferencia del informe de 2023, “no cuantifica el importe de las retribuciones, pero estimamos, basándonos en la media mensual percibida en el año 2023 según la auditoria de dicho año, que Ossola podría haber cobrado unos 34.000 euros en retribuciones indebidas en el año 2024”. Mientras, Ganuza “podría haber percibido unos 20.500 euros de retribuciones indebidas en ese año”.