El Ayuntamiento de Tudela, de UPN, denunciará ante la Policía Nacional las pintadas que han aparecido en apoyo a ETA y que también amenazan a su alcalde, de UPN, según ha informado Europa Press. En el mural, localizado en una céntrica calle de la ciudad, se han podido leer mensajes como “Gora ETA militarra”, “Al facha, serpiente y hacha” o “Tokero eta UPN kanpora” (“Toquero y UPN fuera”, en euskera).

“Es un delito de enaltecimiento del terrorismo que vamos a perseguir hasta donde haga falta”, ha asegurado el alcalde de la segunda ciudad más poblada de Navarra, Alejandro Toquero. “No son simplemente actos vandálicos”, ha añadido sobre las pintadas que, asegura, “blanquean” las amenazas “cobardes” y atentan contra “la convivencia”.

Sobre la detención de los dos acusados de terrorismo por la Audiencia Nacional que han ingresado en prisión, Toquero ha advertido que es el momento de “no bajar la guardia”. “[Son] los partidarios de que ETA vuelva a las andadas”, sentenciaba. También ha aprovechado para referirse a EH-Bildu como “los herederos políticos” de ETA, que campan “a sus anchas por las instituciones”.

“En Tudela no hay espacio para el odio ni para el matonismo. No daremos tregua a los cobardes ni a quienes les apoyan”, ha destacado en sus redes sociales.

El próximo noviembre, Johnny Depp estrenará su nueva película, Scrooge y los fantasmas de la Navidad. Un filme para toda la familia donde interpretará al personaje del clásico de Dickens. El año que viene llegará Day Drinker, mientras los rumores de Hollywood indican que Disney quiere que regrese como Jack Sparrow en la próxima entrega de Piratas del Caribe. Sin embargo, su expareja Amber Heard no trabaja desde 2023, cuando apareció en la secuela de Aquaman, un filme que recortó su aparición hasta dejarla en casi testimonial tras el juicio que la enfrentó a Depp.

Solo hay que ver sus filmografías para entender que aquel juicio afectó a ambos de forma desigual. Lo que se desprende de ello es que el relato mediático fue ganado por Depp, que consiguió trasladar a la opinión pública que él había vencido en el juicio que demostraba que nunca había abusado de Heard. Esta afirmación no es cierta, pero es lo que caló en la opinión pública. 

El famoso y televisado juicio no dirimía si el abuso se había cometido, sino que respondía a una demanda de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación al haber publicado en 2018 un artículo de opinión en The Washington Post. Este se titulaba I spoke up against sexual violence, and faced our culture's wrath. That has to change (“Alcé la voz contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”) y trataba sobre cómo el sistema defendía a los hombres acusados de abusos mientras que a las mujeres que se atrevían a hablar se las castigaba, sufriendo las consecuencias. Unas consecuencias que, años después, está claro que son desiguales para el hombre y la mujer. La sentencia fue más dura contra Amber Heard, pero dictaminó que ambos se habían difamado. Lo que nunca dijo la sentencia es que esos abusos no se hubieran cometido.

Aquel resultado quedaría escrito en piedra como si Amber Heard fuera una mentirosa. Un fallo legal que llegaba, además, tras un juicio mediático, abierto a la prensa y a los influencers, que se dedicaron a vejar, ridiculizar y amenazar a la actriz. La lanzaron en redes, vídeos y programas términos como “maquiavélica”, “sociópata” o “abusadora”. Los fans del actor la recibían a la entrada del juicio con gritos de “muérete”, “suicídate” u “ojalá te pille un coche”. Él, que supuestamente había agredido a su expareja, nunca tuvo una respuesta así por parte de la gente ni de los medios.

Sin embargo, lo que muchos periódicos no contaron y lo que, curiosamente, no quedó en el imaginario colectivo, es que previamente Depp había perdido un mismo tipo de demanda, de difamación, contra el periódico británico The Sun, que en 2018 le acusaba de ser “un maltratador”. El Tribunal Supremo británico consideró que 12 de las 14 agresiones que se citaban en el texto eran reales y Depp perdió también su apelación. Tampoco que la segunda demanda, y, por tanto, el segundo juicio, tuvo lugar en el estado de Virginia porque sus leyes resultaban significativamente más favorables para su caso en comparación con las de California, estado donde residían ambos actores.

El caso de Amber Heard es el más visible, pero es uno de los muchos casos que ejemplifican cuál es la estrategia de los acusados de abusos o violencia sexual contra las mujeres: la demanda por difamación. Ocurrió lo mismo cuando la revista Volcánicas publicó las acusaciones contra el director colombiano Ciro Guerra. Nueve mujeres contaron sus experiencias con el director. Sus abogados fueron contra el medio con una demanda de difamación. La misma que presentó el político Bruce Lehrmann contra el programa 'Network 10' y la periodista Lisa Wilkinson por entrevistar a su excompañera de trabajo Brittany Higgins, que le acusaba de haberla violado.

Todos estos casos son los que cuenta el documental Silenced —que tras estrenarse en el pasado Festival de Sundance ha llegado a los cines australianos—, dirigido por Selina Miles y en el que se sigue a la jueza Jennifer Robinson en su lucha contra la instrumentalización de las leyes de difamación para silenciar a las supervivientes. Porque eso es lo que se busca con estas demandas: asustar, cohibir e impedir que las víctimas hablen, y que los medios no quieran publicar acusaciones contra hombres poderosos. Es el mismo procedimiento que ha ocurrido con el caso de Julio Iglesias, que ha denunciado a elDiario.es por supuestos delitos de injurias con publicidad y calumnias, y de un delito contra la integridad moral tras la investigación en la que dos de sus exempleadas denunciaban haber sido sometidas a agresiones sexuales. Publicaciones que, según él, “menoscaban gravemente” su dignidad personal.

El filme de Selina Miles recoge el testimonio en primera persona de Jennifer Robinson, pero también de las mujeres que fueron demandas y atacadas por hablar, como Amber Heard, que rompe su silencio para contar lo que sufrió y dejar claro que lo que pasó ella simplemente es “una versión amplificada de lo que viven muchas mujeres”. “Nadie se beneficia de ser una víctima”, dice en el filme Heard, cuyo caso, en palabras de Robinson, fue ejemplificante. Si hubiera ganado ella, el mensaje que se hubiera mandado es que no se podía usar el sistema legal para silenciar a las mujeres y la prensa, y más hablarían. “Las leyes de difamación se han usado como arma contra las mujeres que quieren denunciar la violencia de género”, denuncia Robinson, que señala que las leyes silencian a las mujeres y que toda esta avalancha es un contramovimiento tras el caso Weinstein y aquel 'Me Too' que quiso que el miedo cambiara de bando.

Los ataques al periodismo

Las demandas por difamación que cuenta Silenced no tienen solo como objetivo silenciar a las mujeres víctimas de abusos o violencia, sino también a los medios que lo investigan. Es lo que ocurrió con Volcánicas. Catalina Ruiz-Navarro, una de las periodistas que investigó el caso de Ciro Guerra y cofundadora de la revista feminista, recuerda que cuando publicaron el reportaje que recogía los testimonios de las presuntas actuaciones del cineasta había gente que les decía que las habían engañado porque eran feministas. “Sí, soy feminista, pero también llevo 17 años haciendo periodismo feminista y documentando casos de violencia. Pero incluso si yo fuera ingenua, incluso si me quisieran engañar. El periodismo tiene una metodología muy importante como salvaguarda y donde uno estaba verificando lugar, tiempo, modo y circunstancia de cada uno de los datos que le dan y que son verificables”, cuenta a elDiario.es sobre el método periodístico que se sigue en estas investigaciones.

Para ella, estas demandas “abren un boquete a todo el periodismo”, pero “como son temas de género la gente lo sigue viendo como si fuera algo de nicho cuando en verdad los ataques y la censura que están tratando de hacer con el acoso judicial está en el centro de algo que le está empezando a pasar a todos los periodistas”.

Los procesos judiciales alargados en el tiempo, como el suyo, hacen que las investigaciones se paralicen. Que “las cosas se enfríen”, como cuenta Ruiz-Navarro, que es consciente de que “la opinión pública no tiene los mismos tiempos de los estrados”. “Si algo se dejó de hablar en cinco años, la gente puede pensar que eso que pasó, no pasó. Acá estamos de demandas todavía, en una situación que emocionalmente es terrible para nosotras y que de verdad afecta a nuestro trabajo”, añade.

El caso contra Amber Heard fue muy eficiente y mandó a todas un mensaje. Tú podría ser ella. Si esto le pasó a una mujer blanca, privilegiada y con dinero, imagina lo que te puede pasar a ti

Catalina Ruiz-Navarro — Periodista y cofundadora de la revista feminista Volcánicas

Silenced muestra el arco temporal que comienza con la ilusión generada por el estallido del 'Me Too', que para la periodista de Volcánicas fue, realmente, “una rendija”, aunque subraya que antes de aquel 2017 ya había casos de pioneras en Latinoamérica como “la feminista Juliana de Farias en Brasil, que hizo un hashtag que era ‘mi primer asedio’ y todas las brasileñas empezaron a contar su primer acoso”. “Yo me enteré de este ejercicio un año después, en 2016 lo repliqué en México, en donde habían empezado a salir denuncias espontáneas por violencia y acoso en redes sociales. Esto fue creciendo y tiene este pico cuando empiezan a crecer esas marchas feministas, ayudadas por esta ola de denuncias que veía en las redes sociales. Hacia 2019 es cuando se empiezan a judicializar todas estas denuncias y los denunciados van a los estrados contra las periodistas o contra las denunciantes”, rememora.

Es ese momento en el que “esas olas de censura empiezan a volverse totalmente sistemáticas” que alcanzan su pico en el caso que también recoge el documental, el de Johnny Depp contra Amber Heard. “Fue muy eficiente y le mandó a todas un mensaje: tú podrías ser Amber Heard. Si esto le pasó a ella, que es una mujer blanca, privilegiada, con dinero y visibilidad, imagina lo que te puede pasar a ti. Desde ese momento la gente ha dejado de hacer denuncias porque tiene mucho miedo de la respuesta judicial. Ellos no tienen que ganar, porque no se trata de que ganen el caso, se trata de sepultarte con el peso y la responsabilidad de una cantidad de procesos judiciales que hacen que no puedas hacer tu trabajo”, zanja. 

Lo que se perpetúa es la relación de poder que ya había provocado originalmente ese abuso: “Son procesos donde la víctima se presenta como acusada, y tiene menos herramientas para defenderse porque no conoce abogados ni tiene plata para pagarlos. Esa desigualdad de poder que en primer lugar dio origen al acoso o al abuso vas y la replicas en las cortes. Porque la gran mayoría de las víctimas no se puede defender. El nuestro es un caso entre un millón porque dimos con unas abogadas excelentes que tomaron nuestro caso, pero cuando empiecen a ir por todos los periodistas, no va a haber suficientes”.

Denuncian el alarmante abandono del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de Lardero. Hasta tal punto que CSIF alerta de que la falta de personal puede provocar el cierre del centro durante el Puente del Pilar y las personas usuarias tengan que irse a sus casas.

Desde la formación sindical, además de denunciar el “alarmante abandono”, califica de “insostenible” la situación del centro por lo que exigen a la Delegación del Gobierno de La Rioja que “tome las medidas correspondientes antes de que el centro desaparezca como ha sucedido en otras provincias”.

Tal y como explican, la situación se viene agravando progresivamente en los últimos años: “está sin cubrir la mitad de la plantilla, faltan técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, camareras, gobernantas, ordenanzas...”. La falta de personal es tal, prosiguen, “que el centro ha tenido que cerrar y enviar a sus personas usuarias a sus casas durante las fiestas de San Mateo en Logroño, también hay previsión de cerrarlo en el Puente del Pilar. No hay personal para servir las comidas y se recurre al picnic”. Una situación “vergonzosa, intolerable e incomprensible que está provocando bajas de usuarios y la inadmisión de nuevos”.

Falta personal y falta inversión. “El ascensor que utilizan las personas con movilidad reducida está desde principios de año estropeado. Ha empezado un nuevo curso y el ascensor sigue sin arreglarse”.

Todo esto está ocurriendo, tal y como relata CSIF La Rioja, en “un centro educativo, público y gratuito dependiente del IMSERSO y cuyo fin es la capacitación y reconversión profesional de personas adultas que, por accidente, enfermedad, causas congénitas adquiridas tienen una discapacidad física o sensorial”.

Malestar e inquietud entre la plantilla

Asimismo, la formación sindical critica la modificación de turnos “un día sí y no al no poder desarrollar los turnos asignados”. Lo que provoca una “disminución de la calidad de la atención y el agotamiento del personal que se ve obligado a incrementar el trabajo por necesidades de servicio, para cubrir ausencias”. Por todo ello solicitan la actuación “inmediata” de la Inspección de Trabajo tras las denuncias realizadas por este sindicato.

Asimismo, ponen sobre la mesa la desinformación de los trabajadores. “La plantilla no tiene información oficial sobre lo que va a pasar con el centro lo que está generando una inquietud entre ellos porque desconocen cómo puede afectar esta situación a su puesto de trabajo, a sus condiciones laborales, a sus retribuciones, a sus derechos adquiridos y a sus expectativas profesionales”.

Por todo ello, CSIF La Rioja exige al IMSERSO y a Delegación de Gobierno de La Rioja que se garantice la continuidad del servicio público que actualmente presta el CRMF, evitando cualquier interrupción o merma en la atención a las personas usuarias. “Hay que tomar mediadas inmediatamente que incluyan la continuidad plena de las prestaciones, protección para los usuarios vulnerables, cobertura de vacantes y respeto íntegro a los derechos laborales de la plantilla”.

El alcalde de Vega de Pas, Juan Carlos García (PP), ha sido citado a declarar en el juzgado en calidad de investigado por supuestas irregularidades en la contratación de las fiestas locales entre los años 2017 y 2025.

Deberá comparecer el próximo 22 de octubre, a las 11.30 horas, ante la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Medio Cudeyo, según el auto de la magistrada instructora, consultado por Europa Press.

Este martes, el portavoz del PRC en el municipio, Víctor Manuel Gómez Arroyo, ha ratificado la denuncia presentada contra el alcalde y también senador por Cantabria por presunta prevaricación en la adjudicación de servicios relacionados con los festejos del municipio, a las mismas empresas, sin expedientes administrativos y con fraccionamiento de facturas.

El regionalista ha comparecido esta mañana ante la Sección de Instrucción del citado Tribunal de Medio Cudeyo, que el pasado mes de junio abrió diligencias previas por su denuncia. Según ha explicado Gómez a través de un comunicado, la demanda está motivada por la adjudicación de servicios para las fiestas patronales de Vega de Pas y la Fiesta del Sobao y la Quesada “durante años a las mismas empresas, sin los expedientes administrativos preceptivos y mediante fraccionamiento de facturas”.

El edil del PRC ha rechazado que estas prácticas puedan justificarse como “simples errores administrativos por la falta de informes de los técnicos municipales”, una “carencia” de la que ha responsabilizado al regidor 'popular'.

“Lo mismo que no se puede adjudicar a dedo una obra de 100.000 euros, tampoco se puede realizar un contrato de servicios por esas mismas cantidades siempre con la misma empresa y sin cumplir los requisitos preceptivos”, ha recalcado.

En este sentido, ha aclarado que el PRC “ni mucho menos está en contra” de las fiestas que se celebran en Vega de Pas, pero “rechaza rotundamente que no se cumpla la ley, que no haya ni un solo expediente administrativos y que todas las fiestas se adjudiquen año tras año al mismo grupo de empresas”.

También ha cuestionado que el alcalde invoque el criterio de “exclusividad” de determinados grupos musicales para justificar el procedimiento seguido y la elección de las mismas empresas “año tras año”.

Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo

A su juicio, que la contratación de un artista concreto deba realizarse a través de una empresa determinada no explica que el resto de actuaciones y servicios no sujetos a esa limitación recaigan también en “las mismas adjudicatarias”.

“Las fiestas son patrimonio de todo el pueblo, no de un grupo político determinado ni de un alcalde en concreto”, ha subrayado Gómez, quien ha defendido la necesidad de realizar la organización y contratación “con absoluta transparencia, respetando la legalidad y garantizando el correcto uso del dinero de todos”.

'Contra el fascismo, ella nos guía' es el eslogan que acompaña a la 'Santina Queer' cuando procesiona por las calles asturianas y su imagen ha ofendido a Abogados Cristianos que ha denunciado al presidente de la Asamblea Moza d'Asturies (Ama Asturies), Francisco Suárez Fernández, al considerar que “hace escarnio de los sentimientos religiosos”. El Tribunal de Instancia de Villaviciosa ha abierto diligencias de investigación y este martes ha declarado en calidad de investigado.

Varios activistas de AMA Asturies se han desplazado hasta Villaviciosa para apoyar a su presidente y han asegurado que su posición no va a cambiar por la denuncia de Abogados Cristianos: “ni las denuncias, las agresiones ni los intentos de intimidación van a conseguir que dejemos de defender los derechos de las mujeres, las personas LGTBIQ+ y una Asturias libre, diversa y antifascista”.  

Las 'ofensas' 

Francisco Suárez no es el único que esta mañana ha comparecido en sede judicial. Benigno Maujo, hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo, también ha sido citado para prestar declaración, pero en su caso es en calidad de testigo. La Hermandad interpuso una denuncia, en marzo de 2025, y pidió al Ministerio Fiscal que se abriera causa penal contra los organizadores, promotores o convocantes y que se oficiase a la Delegación del Gobierno para que informase sobre su identificación, así como a la Comisaría de Policía de Gijón para que aportase las grabaciones y/o fotografías de la manifestación y en concreto del “Paso” en el que se utilizaba “de manera tan inapropiada” la figura de la Virgen de Covadonga. 

La Hermandad de los Estudiantes se sintió ofendida por la expresión 'Santina QUEER Vadonga' y con los 'adornos' con los colores del arco iris, ya que, en su opinión, hubo una voluntad de “humillación evidente, menosprecio, desprecio, discriminación y hostilidad” contra el grupo de los católicos y, concretamente, contra los católicos asturianos por tratarse de una sátira de la Santina, tal y como recogió elDiario.es Asturias en su edición del 11 de marzo de 2025.

Los “intentos de intimidación”

AMA Asturies no solo no comparte que se trate de una ofensa a los sentimientos religiosos, sino que denuncia a su vez este “nuevo intento de intimidación de la ultraderecha” por la 'Santina antifascista de Queervadonga'.

A continuación reproducimos el momento en que, a través del perfil oficial de Ama Asturies en la red social X, Francisco Suárez abre la notificación con la citación judicial para su comparecencia ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villaviciosa, Plaza número 1, para declarar por su presunta autoría en un delito de ofensa a los sentimientos religiosos por la utilización de la “Santina antifascista de Queervadonga” durante la manifestación del 8M de 2026.

“La Santina ye inquilina”

Para los integrantes de Ama Asturies no es una novedad que colectivos de ultraderecha y asociaciones ultraconservadoras recurran a los tribunales para “intimidar y amedrentar a quienes defendemos los derechos de las mujeres, del colectivo LGTBIQ+, el antifascismo y una Asturies plural e inclusiva”, según explican sus integrantes.

La interpretación que desde Abogados Cristianos o la Hermandad de Estudiantes ofrecen no tiene relación alguna con el sentido que tiene para Ama Asturies. Bajo su prisma, la Santina de 'Queervadonga' es una creación ficticia y reivindicativa que resignifica un símbolo “profundamente arraigado en Asturies, que ha servido para defender la igualdad, los derechos LGTBIQ+ y luchar contra las violencias machistas”.

En un momento como el actual, donde el país se moviliza tras el polémico desahucio de Maricarmen en Madrid, la reivindicación del derecho a la vivienda cobra más peso todavía bajo el lema “La Santina ye inquilina”.

“La limitación” de expresiones artísticas

“Abogados Cristianos y otras organizaciones muy concretas de carácter ultra llevan demasiado tiempo utilizando de manera reiterada los tribunales y el delito de ofensa a los sentimientos religiosos como una herramienta para intentar limitar expresiones artísticas, políticas y reivindicativas con las que, simplemente, no están de acuerdo”, reconocen desde Ama Asturies.

La asociación cree que el debate de fondo es otro bien diferente y que a Abogados Cristianos, Vox y a la Hermandad de Estudiantes lo que les molesta no es la Santina sino que las mujeres ya no quieran retrotraerse a tiempos pasados y vivir como en el franquismo, “pidiendo permiso a los maridos para abrir una cuenta bancaria. Lo que realmente les ofende es que las mujeres salgamos a las calles a reivindicar nuestros derechos el 8 de marzo”, citan entre otros ejemplos.

El concepto de feminismo

La lista de las situaciones que a Ama Asturies le ofende son de índole social: “A nosotras nos ofenden las violencias machistas, todas las dificultades que enfrentamos para acceder a la vivienda, donde el precio medio supera ya los 1.000 euros mensuales en muchos lugares, el paro juvenil, el cambio climático, el acoso que sufren mujeres a las puertas de las clínicas donde van a abortar. Nos ofenden los bombardeos en Palestina, Iran o Ucrania. Nos ofende el imperialismo asesino que arrebata vidas y siembra muerte alrededor de todo el globo terráqueo”.

El concepto de feminismo también les separa de este tipo de organizaciones de ultraderecha. Para la asociación, significa afrontar todas las discriminaciones que se sufre “por haber nacido mujer, por amar a quien ames, por tener una identidad que no encaje con tu cuerpo, por ser de otro país o tener un trabajo precario”. Y por ello entienden que la mejor forma de reivindicarlo es a través de un símbolo asturiano como la Santina.

La “reasignación” de un símbolo

Ama Asturies se siente orgullosa de haber reasignado un símbolo profundamente arraigado en el imaginario asturiano para ponerlo al servicio de reivindicaciones contemporáneas relacionadas con la igualdad, los derechos LGTBIQ+, el feminismo, la lucha contra las violencias machistas y el antifascismo.

“Los derechos sociales nunca debería ser motivo de denuncia judicial.  Que una expresión pueda resultar incómoda o irreverente no significa que deba convertirse en un procedimiento penal. Esperamos tener el dudoso privilegio de ser de las últimas personas o entidades llamadas a declarar ante los tribunales por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos que a estas alturas ya debería llevar mucho tiempo suprimido de nuestro Código Penal”, resaltan.

La libertad de expresión

Tampoco se explican cómo, a estas alturas en pleno siglo XXI, una persona pueda ser condenada a cuatro años de cárcel por “pasear una muñeca o hacer una estampita. No tiene sentido alguno en sociedades avanzadas”, corroboran.

Asimismo, recuerdan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se posicionó hace ya años al respecto al sostener que “la libertad de expresión recubre también las ideas que ofenden, conmocionan o perturban, de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública” por lo que, a su juicio, no tiene cabida este delito y debería suprimirse de los textos legales.

El debat entre el descans nocturn i l'arrelament de les tradicions locals ja té un veredicte al municipi valencià de la Granja de la Costera. Els veïns d'aquesta localitat van acudir dilluns passat a les urnes per a decidir el futur del toc de les campanes de la seua església. El resultat de la consulta popular va reflectir una postura clara: 84 vots a favor de mantindre el toc durant les 24 hores del dia davant de 20 paperetes partidàries de restringir el so únicament a l'horari diürn.

L'origen d'aquesta polèmica es remunta a quasi un any arrere, quan l'arribada d'un nou resident al municipi va alterar la rutina sonora del poble. Aquest veí va traslladar el seu malestar a l'Ajuntament amb l'argument que el so continu de les campanes li impedia agafar el son. Per a donar suport a la seua reclamació, va recórrer a l'ordenança municipal de ciutadania i benestar, aprovada el 2014, que fixa un límit màxim de sonoritat per a la franja nocturna de 35 decibels. Les mesures van confirmar que l'impacte acústic del campanar superava aquests límits.

Davant d'aquesta situació, l'alcalde de la localitat, José Miguel Marín, va prendre la decisió de suspendre temporalment el repic nocturn amb l'objectiu de garantir el descans del veí i evitar friccions al municipi. “Va vindre a posar una queixa i em va recordar que hi ha una ordenança que prohibeix els sorolls. Ho va mesurar i eren més; ho vaig entendre i vaig decidir llevar temporalment el toc nocturn”, explica l'alcalde en declaracions a elDiario.es.

No obstant això, el cessament d'aquest so, habitual en el paisatge acústic de la Granja de la Costera, va generar un sentiment de pèrdua en una part de la població. Diversos residents van traslladar a l'Alcaldia el seu desig de recuperar un costum amb dècades d'història al municipi. Per a resoldre el xoc entre la normativa de sorolls i el costum popular, l'equip de govern va optar per convocar una votació vinculant dirigida als 280 veïns amb dret a vot registrats en el cens —el municipi té una població total pròxima als 350 habitants—.

Després d'un procés en què va participar poc més d'un terç dels veïns amb dret a vot, el suport al toc ininterromput va resultar majoritari. “El poble està content, perquè volen tornar als vells costums”, declara l'alcalde, alhora que celebra l'absència de disputes veïnals durant el procés.

L'Ajuntament de la Granja de la Costera iniciarà els tràmits per a modificar l'ordenança en el ple municipal de la setmana que ve, un pas imprescindible per a donar cobertura legal al restabliment del toc nocturn de les campanes tan prompte com la norma entre en vigor.

El debate entre el descanso nocturno y el arraigo de las tradiciones locales tiene ya un veredicto en el municipio valenciano de La Granja de la Costera. Los vecinos de esta localidad acudieron el pasado lunes a las urnas para decidir el futuro del tañido de las campanas de su iglesia. El resultado de la consulta popular reflejó una postura clara: 84 votos a favor de mantener el toque durante las 24 horas del día frente a 20 papeletas partidarias de restringir el sonido únicamente al horario diurno.

El origen de esta polémica se remonta a casi un año atrás, cuando la llegada de un nuevo residente al municipio alteró la rutina sonora del pueblo. Este vecino trasladó su malestar al Ayuntamiento con el argumento de que el sonido continuo de las campanas le impedía conciliar el sueño. Para respaldar su reclamación, recurrió a la ordenanza municipal de ciudadanía y bienestar, aprobada en 2014, que fija un límite máximo de sonoridad para la franja nocturna de 35 decibelios. Las mediciones confirmaron que el impacto acústico del campanario superaba dichos márgenes urbanísticos.

Ante esta situación, el alcalde de la localidad, José Miguel Marín, tomó la decisión de suspender temporalmente el repique nocturno con el objetivo de garantizar el descanso del vecino y evitar fricciones en el municipio. “Vino a poner una queja y me recordó que hay una ordenanza que prohíbe ruidos. Lo midió y eran más; lo entendí y decidí quitar temporalmente el toque nocturno”, explica el primer edil en declaraciones a elDiario.es.

Sin embargo, el cese de este sonido, habitual en el paisaje acústico de La Granja de la Costera, generó un sentimiento de pérdida en parte de la población. Diversos residentes trasladaron a la alcaldía su deseo de recuperar una costumbre con décadas de historia en el municipio. Para resolver el choque entre la normativa de ruidos y la costumbre popular, el equipo de gobierno optó por convocar una votación vinculante dirigida a los 280 vecinos con derecho a voto registrados en el censo –el municipio tiene una población global próxima a los 350 habitantes–.

Tras un proceso, en el que participó poco más de un tercio de los vecinos con derecho al voto, el respaldo al toque ininterrumpido resultó mayoritario. “El pueblo está contento, porque quieren volver a las viejas costumbres”, declara el alcalde, al tiempo que celebra la ausencia de disputas vecinales durante el proceso.

El Ayuntamiento de La Granja de la Costera iniciará los trámites para modificar la ordenanza en el pleno municipal de la próxima semana, un paso imprescindible para dotar de encaje legal al restablecimiento del tañido nocturno de las campanas tan pronto como la norma entre en vigor.

Un bombero del Consorcio Provincial Contraincendios y Salvamento de Ourense ha demandado a la entidad –cogestionada por la Deputación y la Xunta de Galicia– por no tutelar sus derechos fundamentales durante la oleada de fuegos de agosto de 2025, la peor desde que existen registros en la comunidad. En aquella crisis, en la que ardieron en la provincia unas 100.000 de las 120.000 hectáreas arrasadas en la comunidad durante todo el año, se le convocó para siete turnos de 24 horas en doce días, incluso tras recibir un golpe durante las tareas de extinción. Como referencia, la disponibilidad máxima en una emergencia de ese nivel para los bomberos forestales –dependientes de la Consellería de Medio Rural– es exactamente la mitad: doce horas de cada 48. Esta demanda pionera tiene ya fecha de juicio, este mismo otoño.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla cómo el trabajador tenía señaladas en el cuadrante correspondiente a agosto ocho guardias de 24 horas –de las nueve de la mañana a las nueve del día siguiente–, que sumaban un total de 192 horas, frente a las seis jornadas de promedio del conjunto del año. Durante ese mes, es habitual que el número de turnos aumente para cubrir las vacaciones de los compañeros.

A esas ausencias previstas se sumó después la baja de otro de los integrantes del parque, lo que provocó que al denunciante lo convocasen a otras tres guardias más. A una de ellas, incluso, tras manifestar su oposición por estar recuperándose de un golpe recibido durante las labores de extinción. En total, los requerimientos sumaban 264 horas en el mes de agosto, 168 en un período de doce días en los que debía trabajar turnos de 24 horas cada 48.

Como referencia, en una emergencia de nivel 2 –la que se activa cuando están en peligro personas o bienes y que fue la que se mantuvo en toda la provincia de Ourense durante dos semanas– los bomberos forestales de la Xunta sólo pueden prestar, como máximo un servicio de 12 horas cada 48; es decir, la mitad de los que le fueron requeridos al denunciante. No es la única comparación en la que duplica los promedios: en agosto fue convocado a trabajar 11 días frente a los 6 de media mensual que recoge el convenio colectivo de los parques comarcales.

Entre los argumentos de la demanda se considera que, con esos turnos, el Consorcio vulneró el derecho fundamental a la integridad física y mental del bombero. Además, esa acumulación de guardias para sustituir a compañeros de vacaciones y de baja –esto último, según subrayan, explícitamente prohibido por el convenio colectivo– se sumaba a una jornada anual ya excesiva porque los cuadrantes de trabajo de 2025 no se adaptaron a las nuevas condiciones marcadas por el convenio.

El documento, aprobado en febrero y publicado en marzo de 2025, fijaba para todo el año en curso –de forma retroactiva desde el 1 de enero–, una jornada de 1.608 horas anuales –divididas en 67 guardias de 24 horas–. Sin embargo, el cuadrante mantuvo inalterados los 73 turnos previstos desde finales del año anterior.

Tras meses negándose a hacerlo, en junio, el Consorcio aceptó al fin pagar esas seis guardias de diferencia como horas extraordinarias, pero no completas: lo haría restándoles las bajas, los permisos o las horas sindicales. Ese recorte ha provocado que, de forma individual, la práctica totalidad de los más de 70 bomberos que integran los cuatro parques comarcales de la provincia, hayan recurrido a los tribunales para reclamar ese dinero.

Musikene, el centro superior de música de Donostia, ha iniciado el nuevo curso académico coincidiendo con la celebración de su vigésimo quinto aniversario, pero sin olvidar cómo acabó el año anterior, con una investigación de este periódico que apuntaba a vejaciones ocurridas durante años en el aula de arpa, una de las especialidades que allí se cursan. Tras el verano, la institución mantiene apartada a la docente señalada por los testimonios de los alumnos, C.I., pero insiste en que no ha finalizado el expediente abierto y en que no puede ofrecer conclusiones definitivas.

Las informaciones publicadas por elDiario.es/Euskadi el pasado mes de junio, que recogieron los testimonios de una decena de estudiantes sobre vejaciones y malos tratos por parte de la profesora, llevaron a Musikene a poner en marcha una investigación interna. Durante la fase preliminar se escuchó a más de una veintena de alumnos y exalumnos, además de a profesores, y se analizaron datos y documentación. A finales de julio, el centro acordó abrir un expediente disciplinario al constatar “indicios” de actuaciones que podían haber resultado lesivas para el alumnado.

Tal y como ha confirmado este miércoles el director gerente del centro, Eneko Goenaga, que ha comparecido acompañado por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y de la directora académica, Miren Iñarga, la docente fue suspendida cautelarmente de la impartición de clases tras la apertura de la investigación. A partir de la próxima semana, las estudiantes de arpa contarán con una nueva profesora mientras el procedimiento permanezca abierto, aunque de momento nada se conoce de la sustitución. Goenaga ha rehusado fijar un plazo para la conclusión del expediente y ha señalado que Musikene seguirá los trámites y tiempos establecidos en su convenio colectivo para garantizar que el procedimiento se desarrolle con rigor y garantías.

Pese a mantener apartada a la profesora, la dirección de Musikene evita realizar valoraciones anticipadas sobre el contenido de los testimonios mientras el expediente continúe abierto. Según ha explicado Goenaga, los protocolos y normativas del centro establecen “como criterio principal la confidencialidad” de las denuncias y de las actuaciones realizadas. “Como institución, no nos corresponde anticipar resultados ni valoraciones”, ha señalado, defendiendo que el procedimiento debe completarse “de manera seria”.

Con motivo del aniversario de Musikene, Goenaga también ha sido preguntado por este medio sobre si el caso ha llevado al centro a reflexionar sobre la ética en la docencia musical de elite. El gerente ha asegurado que Musikene “lleva años haciendo esa reflexión” sobre las “relaciones de poder” en el ámbito de las enseñanzas superiores. En esta línea, ha añadido que existe una “gran conciencia al respecto” para evitar que se produzcan situaciones lesivas dentro de la comunidad educativa.

La Guardia Civil ha detenido en la localidad toledana de Ugena a un hombre de 45 años por presuntamente “realizar tocamientos” a una pasajera de 33 años en un autobús.

La detención se produjo a las 13.30 horas de este lunes tras pararse el vehículo, después haber recibido el aviso el instituto armado. Fuentes de la Guardia Civil de Toledo señalan a elDiario.es Castilla-La Mancha que “tanto los testigos como la propia víctima retuvieron al varón hasta que llegaron los agentes para proceder a su detención”.

Señalan que la víctima manifestó la intención de poner una denuncia.

La práctica totalidad de los 72 bomberos del Consorcio Provincial contra Incendios de Ourense han presentado demandas individuales contra la decisión del organismo –conformado por la Deputación y la Xunta– de restarles del cómputo de horas extraordinarias los permisos por hospitalización, asuntos propios, bajas e incluso horas sindicales del año 2025, el ejercicio en el que Galicia sufrió la peor ola de incendios de su historia, con Ourense como epicentro. El Consorcio trata así de ahorrarse en todos los casos que pueda el abono de las 144 horas anuales de trabajo que no redujo tras la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Los bomberos de los cuatro parques comarcales de Ourense –A Rúa, O Carballiño, Verín y Xinzo– iniciaron 2025 con 1.776 horas en su cuadrante anual o, lo que es lo mismo, 73 turnos de 24 horas y otras 24 horas de formación. El 24 de marzo de ese año, después de una huelga que afectó a los consorcios de las cuatro provincias gallegas, el boletín oficial de la provincia publicó el primer convenio provincial que, entre otras mejoras, incluía la reducción de la jornada anual de 73 a 67 turnos –1.608 horas más 34 de formación–, una medida que entraba en vigor con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Sin embargo, ese recorte de horas no se aplicó y los cuadrantes permanecieron sin cambios. Desde la CIG recuerdan que el Consorcio ni siquiera aceptó entonces la propuesta de los sindicatos para modificar sólo los meses posteriores al acuerdo ni tampoco que se definiese cuáles de esos servicios se considerarían horas extras. Finalizado el año –durante el que se quemaron 90.000 hectáreas en Ourense, el 80% de todo lo que ardió en Galicia–, esos seis turnos de diferencia seguían sin pagarse.

La “sorpresa” llegó meses después, cuando, a 30 de junio de 2026, el Consorcio emitió una resolución en la que aceptaba abonar el exceso de jornada pero con rebajas: “Sobre el número total de las guardias recogidas en los cuadrantes, deberán descontarse todas aquellas situaciones que supusieron, a cada trabajador, no superar las 67 guardias previstas en el Convenio, ya que fueron retribuidas en sus nóminas, tales como situaciones de IT (bajas), reducciones voluntarias de jornadas, permisos retribuidos recogidos en el Convenio, licencias, así como todas aquellas otras circunstancias que ya fueron pagadas en sus nóminas con anterioridad”. Ese recorte afecta también, según denuncian los afectados, a las horas sindicales, calculadas en función de la jornada de 73 turnos y no de la 67.

En el caso de las bajas, la exclusión “expresa e indudable de la compensación por el exceso de guardias realizadas”, supone –para el sindicato CUT– la “equiparación” a las ausencias injustificadas. Una postura que recuerda al discurso de la Xunta en el que se habla en los mismos términos del absentismo y de las incapacidades temporales. La central considera esta postura una “discriminación por razón de salud” y recuerda que la ley “sanciona el trato desigual en las condiciones de trabajo, entre las que se encuentra el derecho a la igualdad retributiva”. Por eso, en la demanda de su representado, además del pago proporcional de las horas extra, incluye la solicitud de una indemnización por daños morales al trabajador.

No es el único sindicato incapaz de entender la postura del organismo. “No, no lo comprendemos”, asegura Ismael Vázquez, representante sindical de la CIG en el parque de Verín. “Intentamos dialogar y explicárselo de todas las formas posibles, modificar los cuadrantes...”. Pero, ante la falta de respuesta, finalmente optaron por acudir a los tribunales. “No queremos vivir en un conflicto permanente; queremos trabajar, pero nos están quitando derechos”. El Consorcio no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

La conflictividad a la que se refiere Vázquez es recurrente en Ourense, donde ya el pasado abril retomaron los paros y se negaron a hacer horas extras para denunciar la lentitud con la que la Deputación presidida por el popular Luis Menor, en contraposición a otros entes provinciales, aplicaba los acuerdos del convenio. El principal, la creación de 17 nuevas plazas de bombero conductor, el equivalente a la plantilla de cualquiera de los cuatro parques. La fase de oposición arrancó este verano.

La concejala de Festejos en Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha denunciado la existencia de “bastantes” perfiles falsos creados en los últimos meses desde los que se han vertido insultos, descalificaciones, informaciones falsas e incluso amenazas contra ella.

Como ejemplo, ha citado un mensaje en el que se llegaba a afirmar: “a esta la ponía yo en medio de la plaza del pueblo como antiguamente”.

En rueda de prensa junto al alcalde, José Julián Gregorio, ha avanzado que toda esta información ya está en manos de abogados, que están recopilando los mensajes y demás elementos disponibles para adoptar las medidas que correspondan, ha informado el Ayuntamiento.

La concejala ha lamentado además que no haya habido una condena pública ante este tipo de comportamientos y ha preguntado directamente “¿dónde está el PSOE defendiendo a las mujeres?”. “Porque yo no he visto ninguna condena por parte del PSOE a estas amenazas y creo que las amenazas a una mujer, sea del partido que sea, se tienen que condenar”.

Por su parte, el alcalde, José Julián Gregorio, ha considerado que “es muy fuerte que se insulte a una mujer con nombres y apellidos. Es muy curioso que cuando se insulta o se ataca a una persona de la izquierda se organizan manifestaciones y se pide una respuesta, y ahora estamos viendo lo que está pasando con María Pilar Guerrero”.

Guerrero ha explicado que esta situación se viene produciendo desde hace aproximadamente dos meses, con mensajes que aparecen de manera recurrente contra su persona y actuará en consecuencia.

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le espera un inicio de curso político entretenido. Después del verano, no solo los políticos vuelven de vacaciones, también los juzgados. Y en el caso de la líder del PP son varias las causas que afectan a su entorno y que avanzarán en los próximos meses: desde el caso de su pareja, Alberto González Amador, hasta el de algunos de sus alcaldes más próximos, como los de Móstoles o de Alcalá de Henares. Ahora también se ha añadido la polémica compra de un ático por parte de la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que tanto particulares como partidos políticos han denunciado. Estos son los casos que evolucionan en los juzgados de Madrid y que pueden sumar más presión a la líder madrileña:

Una jueza vuelve a pedir una macrocausa para las residencias

Las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia de la COVID-19 en la Comunidad de Madrid y los conocidos como “protocolos de la vergüenza” siguen persiguiendo a Ayuso. Hace solo unos días una jueza ha vuelto a pedir una macrocausa para investigar este hecho. En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, rechaza estudiar de forma “fragmentada” la muerte de una anciana, ya que, a su juicio, todas las muertes comparten un “núcleo común”: determinar si se produjo una “exclusión sistemática” de los residentes más dependientes en las residencias.

A finales de junio, un juzgado de Arganda del Rey decidió aplazar la declaración como imputada de la jefa de Geriatría del Hospital Gregorio Marañón después de que fuera señalada como supuesta autora de los protocolos, que acabaron con la no derivación de los ancianos. Carlos Mur, el ex alto cargo de Sanidad de Ayuso que firmó los protocolos, declaró ante la jueza que había sido ella quien los presentó “inicialmente”. Ahora hay varios ex altos cargos imputados: Mur y Francisco Martínez Peromingo, su sucesor como exdirector de Coordinación Sociosanitaria. También está siendo investigado Pablo Busca, responsable en ese momento del SUMMA 112, y Antonio Burgueño, exasesor de Ayuso.

Marea de Residencias, la organización que desde hace más de seis años impulsa los procedimientos judiciales en representación de los familiares de ancianos fallecidos, han ampliado sus acusaciones al delito de prevaricación en hasta 60 juzgados de toda la región.

Alberto González Amador

Todavía se desconoce la fecha en la que se juzgará a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero lo que sí se sabe es que no será antes de 2027. El juzgado alega que tiene una “sobrecarga” de trabajo y que por eso se ha dilatado tanto en el tiempo, llevando la posible fecha hasta siete años después de que se cometiera el presunto delito.

Lo que se investigan son dos delitos fiscales y falsificación de documentos después de la inspección de la Agencia Tributaria, que se percató de dos fraudes en dos ejercicios distintos y una trama de facturas falsas que empleó para llevarlos a cabo entre 2020 y 2021.

Fue en noviembre de 2025 cuando la Audiencia de Madrid confirmó que la pareja de la presidenta regional se tendría que sentar en el banquillo después de rechazar dos recursos de Amador. La Fiscalía y la Abogacía del Estado pedían cada uno tres años y nueve meses de cárcel para el novio de Ayuso, sobre el que pesa un informe de 19 meses de inspección.

La alcaldesa de Alcalá de Henares

En 2024, Ayuso acudió a Alcalá de Henares a criticar los problemas que, según aseguraba, habían ocasionado un grupo de migrantes que el Gobierno central había destinado a un centro de acogida de la zona. Entonces, Ayuso acusó sin pruebas a las personas inmigrantes de haber cometido agresiones sexuales, e incluso de haber producido un brote de sarna.

Después de estas declaraciones, el delegado del Gobierno en la capital aseguró que había “ninguna investigación” sobre esto. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó un tuit en el que acusaba al primero de mentir y ahí adjuntaba una fotografía de una nota policial con una denuncia de una mujer sobre una “agresión” en diciembre de 2023.

En el auto que coloca a la alcalesa, Judith Piquet al borde de sentarse en el banquillo de este mes de agosto, se recogen unas declaraciones que presuntamente habría dicho la alcaldesa: “Hay que salvar a la Presidenta. Hay que salvar a la Jefa”.

El alcalde de Móstoles

El pasado mes de julio, la jueza imputó a Manuel Bautista, denunciado por una exconcejala de su propio partido por acoso sexual y laboral. La fecha para su comparecencia está fijada para el próximo 9 de octubre y ese mismo día también tendrán que declarar cinco testigos vinculados. La magistrada rechazó archivar la causa como pedía el alcalde al entender que las acusaciones son “claramente constitutivos de ilícito penal”.

Después de que la jueza decidiera mantener la causa, Ayuso respondió así ante la pregunta de si continuaba apoyándole: “Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”.

Además, la baronesa del PP aplaudió públicamente el trabajo de Bautista: “No voy a aplicarle la justicia de autor a una persona que he puesto ahí para que gobierne como lo está haciendo”, dijo.

La compra del ático

A todo esto se suman los avances judiciales de las causas que investigan la polémica compra del ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid por 6,3 millones de euros y que aumentan la presión política sobre la presidenta regional.

El pasado 10 de agosto, la Fiscalía envió cuatro denuncias por el ático al juzgado de la capital que investiga el caso. El Ministerio Público remitió la “documentación” presentada por el PSOE y por tres particulares en sus denuncias y este martes supimos que tanto los socialistas como Más Madrid se han personado como acusación popular. Ahora será el juzgado de instrucción número 8 de la capital el que decidirá si admite las denuncias a trámite o no.

Mientras, de forma paralela, el partido de Mónica García ha presentado una denuncia al Tribunal de Cuentas al considerar que puede existir “menoscabo” de dinero público en la operación llevada a cabo por la empresa pública Planifica Madrid.

Una de las denuncias fue presentada por una joven de 18 años por unos hechos ocurridos durante las fiestas de Gévora, celebradas el pasado fin de semana, según ha informado la Guardia Civil a EFE. El presunto implicado en este caso es un menor de 17 años.

A preguntas de los medios, Quintana ha señalado que la joven y el menor habían mantenido una relación previa. Este dato forma parte de las circunstancias que están siendo investigadas, pero no modifica el objeto de la denuncia ni permite por sí mismo establecer las circunstancias en las que se produjeron los hechos denunciados.

La Guardia Civil también investiga si el menor señalado en esta primera denuncia pudo estar relacionado con otros episodios de agresiones registrados durante diferentes peleas.

Una segunda denuncia

El delegado del Gobierno ha informado además de una segunda denuncia por presuntos tocamientos, en este caso con dos menores implicados. No ha trascendido información adicional sobre las personas afectadas ni sobre las circunstancias concretas de este segundo episodio.

Quintana ha insistido en que se trata de dos denuncias diferentes y correspondientes a momentos distintos. Por ahora, tampoco ha podido confirmar si ambos casos guardan algún tipo de relación, una cuestión que deberá determinar el avance de las investigaciones.

Las diligencias permanecen abiertas con el objetivo de esclarecer lo sucedido en cada uno de los episodios denunciados. Al tratarse de investigaciones en curso, los hechos tienen carácter presunto y será la investigación la que determine las circunstancias y posibles responsabilidades.

La asociación Harrera Sarea ha comparecido públicamente frente al Ayuntamiento de Donostia para denunciar el hostigamiento que, según asegura, sufren las personas en situación de calle por parte de la Guardia Municipal y la Ertzaintza. El colectivo alerta de que la persecución policial, intensificada tras la prohibición municipal del reparto de cenas solidarias de Kaleko Afari Solidarioak (KAS) el pasado 27 de julio, también se ha extendido a sus voluntarios mediante identificaciones y amenazas de sanción por proporcionar alimentos a personas vulnerables.

Harrera Sarea es una red ciudadana de acogida formada por voluntarios cuyo objetivo es acompañar y apoyar a personas migrantes. Entre sus labores se encuentran el asesoramiento administrativo, el acompañamiento para reforzar la relación con los Servicios Sociales y el empadronamiento, así como el reparto de alimentos —acción que hacía KAS—, ropa de abrigo, mantas y sacos de dormir. Con ocho años de trayectoria, a la red le resulta inaceptable que se normalice, en este nuevo panorama, que “la solidaridad sea vigilada, perseguida o amenazada con sanciones”.

Las portavoces de la red han censurado el aumento durante los meses de verano de actuaciones policiales que, según denuncian, incluyen desalojos, campañas de “limpieza”, amenazas para que las personas abandonen los lugares donde pernoctan, así como la rotura de pertenencias y tiendas de campaña rajadas. En este contexto de vulnerabilidad, Harrera Sarea ha recordado que, desde noviembre de 2025, han fallecido en la ciudad al menos siete personas sin hogar. De ellas, cinco murieron, según la asociación, como consecuencia directa de las precarias condiciones a las que les aboca la vida en la calle.

La plataforma también ha criticado la gestión del alcalde de Donostia, Jon Insausti, a quien acusa de “intentar lavar su actitud” ofreciendo recursos asistenciales “completamente insuficientes”. Según ha detallado la asociación, una persona sin hogar puede enfrentarse a una lista de espera de entre tres y cuatro meses solo para obtener una primera cita con una trabajadora social en el Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS).

A partir de ahí, el sistema exige, según Harrera Sarea, otros tres meses de espera para poder empadronarse y, una vez transcurridos seis meses con el padrón activo, solicitar una entrevista de valoración. A esto se suma otro mes de espera para recibir la resolución y las posteriores colas para acceder a un recurso habitacional. En la práctica, aseguran, una persona “puede pasar entre uno y dos años viviendo en la calle sin ningún tipo de recurso estable ni apoyo efectivo”.

A este entramado burocrático se suma, según la denuncia, la falta de servicios básicos municipales para las personas sin hogar. Harrera Sarea ha expuesto que el albergue municipal ofrece un máximo de cinco noches de pernocta cada tres meses, que no existe ningún comedor social público en la ciudad y que el acceso a duchas o lavadoras resulta insuficiente. Asimismo, critican que el Consistorio no proporciona ropa ni mantas a quienes duermen a la intemperie, mientras se presenta como el municipio con más iniciativas desarrolladas en este ámbito, aunque, a su vez, criminaliza la ayuda humanitaria.

Entre los episodios de acoso policial más alarmantes, la red ha relatado la identificación y amenaza de sanción en el interior de la biblioteca del centro cultural Tabakalera a varias voluntarias, algunas acompañadas por sus hijos menores de edad, por compartir la merienda con jóvenes sin hogar. Del mismo modo, según Harrera Sarea, patrullas policiales irrumpieron para identificar y amenazar a colaboradoras que impartían clases básicas y voluntarias de castellano y euskera. Estas clases se organizaban, según lo que explica la red, ante la falta de plazas suficientes en los cursos oficiales, las cuales fueron intervenidas por la simple presencia de alimentos en el espacio de estudio común.

Harrera Sarea ha calificado estas intervenciones de “profundamente discriminatorias y racistas” por obstaculizar, a su juicio, los procesos de integración y aprendizaje de idiomas que las propias instituciones exigen a los jóvenes migrantes. Las portavoces han concluido su intervención incidiendo en lo “grave y triste” que resulta sufrir persecución institucional en pleno siglo XXI por ejercer la solidaridad y han reafirmado que, independientemente del origen de las personas asistidas, “ayudar no es un delito”.

La Policia Nacional ha detingut un home a Palma per suposadament assetjar, insultar i amenaçar-ne un altre per la seva orientació sexual.

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, al voltant de les 11.30 hores del passat dimecres, agents del Grup d'Atenció al Ciutadà (GAC) de la Policia Nacional van ser requerits pel 091 perquè es dirigissin a un establiment situat al districte Oest, on segons el requeridor era víctima d'amenaces i insults per part d'un home.

Un cop al lloc, diverses patrulles del GAC es van entrevistar amb un home que regenta un local i que va explicar als agents que des del passat mes de febrer era víctima d'insults i amenaces per part d'un home d'avançada edat. L'home es personava a les portes del seu negoci proferint insults i amenaces contra ell per la seva orientació sexual.

El jove va mostrar les denúncies interposades contra aquesta persona, afegint que en un primer moment el presumpte autor únicament li insultava per la seva orientació sexual, encara que en els últims mesos s'havia tornat més agressiu, amenaçant-lo i intentant accedir per la força al negoci.

El jove va mostrar un vídeo en què s'observava el presumpte autor al negoci amenaçant-lo i dient-li “quan et vegi al carrer et mataré, quan surtis et rebentaré...”, tot acompanyat d'insults homòfobs.

Mentre una patrulla realitzava les gestions amb la víctima, una altra patrulla va fer diverses batudes pels carrers adjacents al local, localitzant un home les característiques del qual coincidia amb les del presumpte autor, per la qual cosa va ser interceptat en aquell moment.

Els agents van interrogar el presumpte autor sobre els fets informats i denunciats pel jove, negant en tot moment aquest la seva autoria. Finalment, un cop identificat, els agents el van arrestar com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, un delicte d'odi i contra la llibertat de les persones, per ser després traslladat fins a dependències policials.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por supuestamente acosar, insultar y amenazar a otro por su orientación sexual.

Según ha indicado la Jefatura en un comunicado, sobre las 11.30 horas del pasado miércoles, agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policial Nacional fueron requeridos por el 091 para que se dirigieran a un establecimiento situado en el distrito Oeste, donde según el requirente estaba siendo víctima de amenazas e insultos por parte de un varón.

Una vez en el lugar varias patrullas del GAC se entrevistaron con un varón que regenta un local y que explicó a los agentes que desde el pasado mes de febrero estaba siendo víctima de insultos y amenazas por parte de un varón de avanzada edad. El hombre se personaba en las puertas de su negocio profiriendo insultos y amenazas contra él por su orientación sexual.

El joven mostró las denuncias interpuesta contra esta persona, añadiendo que en un primer momento el presunto autor únicamente le insultaba por su orientación sexual, aunque en los últimos meses se había vuelto más agresivo, amenazándole y tratando de acceder por la fuerza al negocio.

El joven mostró un video en el que se observaba al presunto autor en el negocio amenazándole y diciéndole “cuando te vea en la calle te voy a matar, cuando salgas te voy reventar...”, todo acompañado de insultos homófobos.

Mientras una patrulla realizaba las gestiones con la víctima, otra patrulla dio varias batidas por las calle adyacentes al local, localizando a un varón cuyas características coincidían con las del presunto autor por lo que fue interceptado en ese momento.

Los agentes interrogaron al presunto autor sobre los hechos informados y denunciados por el joven, negando en todo momento este su autoría. Finalmente una vez identificado, los agentes lo arrestaron como presunto autor de un delito de amenazas, un delito de odio y contra la libertad de las personas, para ser después trasladado hasta dependencias policiales.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir una causa contra el escritor Suso de Toro, que fue denunciado por la organización proisraelí Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) por un supuesto delito de odio de carácter antisemita en base a tuits publicados entre febrero y marzo de 2024 donde, entre otros, hablaba de Israel como “un estado genocida”.

Un auto de la Sección nº 07 de la Audiencia, con fecha de julio de 2026 y al que ha tenido acceso Europa Press, considera que el sobreseimiento provisional y archivo de la causa acordado en mayo de 2025 fue “prematuro” y que, “al menos”, debería tomarse declaración al denunciado “a fin de que exponga la intención de sus manifestaciones”.

También con el objetivo de recibir “la supuesta rectificación que parece que pudo hacer de alguna parte o de todas sus publicaciones” y que, según los magistrados, no consta en la causa “salvo a través de una noticia sobre ello”. De este modo, han estimado el recurso presentado por ACOM al juzgar que se están valorando los elementos del delito “sin datos suficientes”.

Los tuits que son objeto de la denuncia son un total de tres, publicados el 25 de febrero, el 3 de marzo y el 19 de marzo de 2024. El segundo de ellos, y en el que más se hace hincapié por la “polémica” generada, decía: “Al final los sionistas con su crueldad sin frenos convencen de que, después de todo los nazis no eran tan malos. Tantas películas de Auschwitz y resulta que Gaza es peor. Que empiecen Spielberg y Polansky a hacer la película. La harán? Ah, no, que no conviene a Israel”.

Este mensaje, sin embargo, fue eliminado por su autor, que indicó en otro tuit que estaba “mal redactado” y recalcó que su intención era “denunciar el genocidio palestino, no justificar el de los judíos europeos evidentemente”.

Otra de las publicaciones cuestionadas dice que “Israel es un Estado genocida... y una población adoctrinada en el racismo y el odio más” y la última insiste en esto mismo, en referencia a Eurovisión: “Rusia no tendrá un sistema político muy democrático, a diferencia de ese estado donde pueden escoger entre Biden o Trump. Pero Israel, esa 'democracia' que nos dice, es un estado genocida. 'Boicot a Eurovisión'”.

Suso de Toro asegura no tener “comunicación oficial”

El propio escritor se ha hecho eco de la reapertura de las diligencias judiciales en una publicación en redes sociales esta semana, aunque ha asegurado en ella no haber recibido todavía “comunicación oficial” sobre la misma. Según ha compartido, su información se limita a la recogida por ACOM, que acumula varias causas abiertas de carácter similar, incluida una al Ministerio de Consumo.

En su comunicado, la entidad, que se autodefine como la “organización pro-Israel referencia en España”, ha valorado “muy positivamente” el auto. En este sentido, considera que la resolución supone un “importante respaldo judicial” a la tesis que ha mantenido “desde el primer momento”, que consiste en que las expresiones denunciadas “configuran un discurso de odio antisemita que deshumaniza y criminaliza colectivamente al pueblo judío”.

Este contenido es al que De Toro ha respondido en sus redes sociales: “¿Qué me supone esto? ¿Qué consecuencias me trae? No lo sé. De entrada, introduce una nueva preocupación en mi vida. Si soy convocado a declarar a la Audiencia de Madrid, lo sabré entonces. No es la primera vez que el Estado de Israel me intimida con alguno de sus instrumentos”.

“¿Debo arrepentirme de tener escrito comparaciones entre el nazismo alemán y lo que hace el Estado sionista en Palestina? No me puedo ni me debo arrepentir”, ha proseguido el autor, que ha remarcado que la población israelí no puede argumentar que “desconoce” lo que hace su gobierno. “Matar niños y niñas y población civil indefensa en su propia tierra y encerrada en campos de extermino”, ha incidido.

Respaldo del BNG y los escritores gallegos

Tras compartir lo ocurrido en redes sociales, el escritor ha recibido diversas muestras de apoyo público. Entre ellas, el BNG ha expresado su “más firme solidaridad” con él y ve “profundamente preocupante” que “la denuncia de crímenes contra la población civil y la defensa de los derechos humanos puedan ser presentadas como una incitación de odio antisemita”.

También la Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) ha hecho público su apoyo al compostelano: “Esos ataques proceden de un lobby proisraelí que alardaea de haber denunciado a nuestro autor en la Audiencia Nacional por tener criticado el Estado de Israel por sus acciones contra Gaza y el pueblo palestino”.

Además, esta entidad ha avanzado que estudiará las medidas legales de respuesta frente a estas “agresiones”, dado que considera la libertad de expresión y de creación como “inalienable e imprescindible”, en palabras de su presidente, Cesáreo Sánchez.

La Policia Nacional ha acusat set manifestants de participar en els disturbis ocorreguts després de la protesta contra la massificació turística que el passat 26 de juliol va reunir desenes de milers de persones a Palma.

És el principal resultat de l'informe elaborat per la Prefectura Superior de Policia de les Balears arran de les càrregues policials que es van produir aquell dia, que es van saldar amb diversos ferits i almenys un detingut.

La investigació, segons ha avançat el diari 'Última Hora' i han confirmat a Europa Press fonts properes al cas, ha estat remesa a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, als qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per la seva banda, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, atès que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Hauran de ser els responsables policials de dita província qui determinin si els seus agents van fer un ús proporcionat de la força. Diverses persones, entre elles un fotoperiodista que estava documentant la manifestació, van resultar ferides com conseqüència de les càrregues policials.

A aquest procediment judicial que previsiblement arrencarà un cop enviat l'informe policial se li podria sumar l'impulsat per un grup de manifestants, que ja han expressat la seva intenció de presentar una demanda col·lectiva.

Una “massa hostil” va envoltar els agents

L'atestat que ja està en mans del jutge amplia el que ja va transcendir setmanes enrere, en el qual la Policia Nacional donava compte de llançament d'objectes, agressions a agents i atacs a turistes després de la marxa, cosa que va justificar les càrregues en els voltants de Ses Voltes i a l'avinguda Antoni Maura.

Els agents han recopilat vídeos en els quals es veu un grup reduït que va emprar la violència al final de la marxa contra la massificació, llançant objectes com ampolles, llaunes i pedres, propinant puntades de peu i empentes als agents i, fins i tot, arremetent contra turistes que eren a la zona.

La manifestació, segons l'informe, va transcórrer amb total normalitat durant tot el recorregut fins a Ses Voltes. Va ser en aquest punt quan els agents van advertir la persona responsable de la protesta que els 25.000 participants no cabien en aquesta ubicació per a la lectura del manifest i que se'ls va convidar a fer-ho a l'exterior.

Davant la negativa i la insistència d'accedir al recinte inicialment previst, es va acordar establir tres filtres policials per a una entrada gradual. No obstant això, la promotora de la marxa va afirmar per megafonia que la policia estava impedint l'accés.

L'ambient va començar aleshores a crispar-se i la tensió va escalar amb les primeres empentes als agents, que es van veure “embolicats” en la petita passarel·la --flanquejada per la muralla i les roques del llac-- que uneix l'avinguda Antoni Maura i Ses Voltes, cosa que va obligar a la petició de reforços.

L'informe parla d'una “massa hostil” que va envoltar completament els agents i els va empènyer cap a l'avinguda Antoni Maura on, segons es veu en els vídeos que ha recopilat el cos, un grup reduït de violents i amb la cara oculta l'empreu contra els policies llançant-los ampolles, llaunes, pedres, arremetent amb el pal d'una bandera i, fins i tot, increpant els turistes que es trobaven als voltants, cosa que va obligar a ordenar les càrregues.

La delegació no fa valoracions

Un dia després de la manifestació, fa ara un mes, el delegat del Govern a les Balears, Alfonso Rodríguez, va demanar esclarir els motius d'unes càrregues policials que va considerar “violentes i desmesurades”.

“Es van produir actuacions violentes d'alguns membres del dispositiu, que van emprar la força física contra persones que aparentment no suposaven una amenaça ni per a la seva seguretat ni per a la d'altres persones”, va dir Rodríguez en una roda de premsa.

Fonts de la Delegació del Govern consultades per aquesta agència de notícies han dit que ni qüestionen ni valoren el contingut de l'informe policial ara remès al jutge.

“Intenten culpar els manifestants”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organitzadors de la manifestació contra la massifiació turística que el 26 de juliol passat va recórrer els carrers de Palma, han considerat que la Policia Nacional pretén culpar-los de l'“actuació violenta dels seus agents”.

“El que interpretem d'aquestes imputacions és que la policia culpa els manifestants de la seva actuació violenta. Els casos de violència policial, els disturbis, es van produir per la presència d'antidisturbis i no pels manifestants pacífics”, ha defensat el portaveu de l'entitat, Dani Comas, en declaracions a Europa Press.

La Policia Nacional, segons han confirmat fonts pròximes al cas, ja ha remès el seu informe a l'autoritat judicial competent, que ara haurà de prosseguir les indagacions i decidir si cita a declarar els set manifestants identificats, a qui se'ls imputen delictes de desordres públics i danys.

Les indagacions al voltant de l'actuació dels policies, per part seva, ha quedat en mans de la Prefectura Superior de Policia de València, ja que els agents de la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) --els antiavalots-- estan sota el seu comandament.

Per a Comas, “portar la investigació a València és una manera més d'intentar endarrerir tot el procés perquè puguin quedar impunes”. “És un procés poc transparent, de moment”, ha lamentat.

Els organitzadors de la manifestació segueixen amb els tràmits necessaris per presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.

La Policía Nacional ha acusado a siete manifestantes de participar en los disturbios ocurridos tras la protesta contra la masificación turística que el pasado 26 de julio reunió a decenas de miles de personas en Palma.

Es el principal resultado del informe elaborado por la Jefatura Superior de Policía de Balears a raíz de las cargas policiales que se produjeron aquel día, que se saldaron con varios heridos y al menos un detenido.

La investigación, según ha adelantado el diario 'Última Hora' y han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso, ha sido remitida a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Deberán ser los responsables policiales de dicha provincia quienes determinen si sus agentes hicieron un uso proporcionado de la fuerza. Varias personas, entre ellos un fotoperiodista que estaba documentando la manifestación, resultaron heridas como consecuencia de las cargas policiales.

A este procedimiento judicial que previsiblemente arrancará una vez enviado el informe policial se le podría sumar el impulsado por un grupo de manifestantes, quienes ya han expresado su intención de presentar una demanda colectiva.

Una “masa hostil” rodeó a los agentes

El atestado que ya está en manos del juez amplía el que ya trascendió semanas atrás, en el que la Policía Nacional daba cuenta de lanzamiento de objetos, agresiones a agentes y ataques a turistas tras la marcha, lo que justificó las cargas en las inmediaciones de Ses Voltes y en la avenida Antoni Maura.

Los agentes han recopilado videos en los que se ve a un grupo reducido que empleó la violencia al final de la marcha contra la masificación arrojando objetos como botellas, latas y piedras, propinando patadas y empujones a los agentes e, incluso, arremetiendo a turistas que estaban en la zona.

La manifestación, según el informe, transcurrió con total normalidad durante todo el recorrido hasta Ses Voltes. Fue en este punto cuando los agentes advirtieron a la persona responsable de la protesta que los 25.000 participantes no cabían en esta ubicación para la lectura del manifiesto y que se les invitó a hacerlo en el exterior.

Ante la negativa y la insistencia de acceder al recinto inicialmente previsto, se acordó establecer tres filtros policiales para una entrada paulatina. Sin embargo, la promotora de la marcha afirmó por megafonía que la policía estaba impidiendo el acceso.

El ambiente comenzó entonces a crisparse y la tensión escaló con los primeros empujones a los agentes, que se vieron “embolsados” en la pequeña pasarela --flanqueada por la muralla y las rocas del lago-- que une la avenida Antoni Maura y Ses Voltes, lo que obligó a la petición de refuerzos.

El informe habla de una “masa hostil” que rodeó completamente a los agentes y los empujó hacia la avenida Antoni Maura donde, según se ve en los vídeos que ha recopilado el cuerpo, un grupo reducido de violentos y con la cara oculta la emprende contra los policías lanzándoles botellas, latas, piedras, arremetiendo con el palo de una bandera e, incluso, increpando a los turistas que se encontraban en las inmediaciones, lo que obligó a ordenar las cargas.

La delegación no hace valoraciones

Un día después de la manifestación, hace ahora un mes, el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez, pidió esclarecer los motivos de unas cargas policiales que consideró “violentas y desmedidas”.

“Se produjeron actuaciones violentas de algunos miembros del dispositivo, que emplearon la fuerza física contra personas que aparentemente no suponían una amenaza ni para su seguridad ni para la de otras personas”, dijo Rodríguez en una rueda de prensa.

Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por esta agencia de noticias han dicho que ni cuestionan ni valoran el contenido del informe policial ahora remitido al juez.

“Intentan culpar a los manifestantes”

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', organizadores de la manifestación contra la masificiación turística que el pasado 26 de julio recorrió las calles de Palma, han considerado que la Policía Nacional pretende culparles de la “actuación violenta de sus agentes”.

“Lo que interpretamos de estas imputaciones es que la Policía culpa a los manifestantes de su actuación violenta. Los casos de violencia policial, los disturbios, se proujeron por la presencia de antidisturbios y no por los manfiestantes pacíficos”, ha defendido el portavoz de la entidad, Dani Comas, en declaraciones a Europa Press.

La Policía Nacional, según han confirmado fuentes próximas al caso, ya ha remitido su informe a la autoridad judicial competente, que ahora deberá proseguir las pesquisas y decidir si cita a declarar a los siete manifestantes identificados, a quienes se les imputan delitos de desordenes públicos y daños.

Las pesquisas alrededor de la actuación de los policías, por su parte, ha quedado en manos de la Jefatura Superior de Policía de Valencia, dado que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) --los antidisturbios-- están bajo su mando.

Para Comas, “llevar la investigación a Valencia es una manera más de intentar atrasar todo el proceso para que puedan quedar impunes”. “Es un proceos poco transparente, de momento”, ha lamentado.

Los organizadores de la manifestación siguen con los trámites necesarios para poder presentar una demanda colectiva contra la actuación policial.