La Comunidad de Madrid ha iniciado el estudio de alternativas de trazado para llevar la línea 11 de Metro desde la estación de La Fortuna, en el barrio del mismo nombre de Leganés, hasta otra zona residencial del mismo municipio llamada Poza del Agua.

Según han informado fuentes del Ejecutivo regional y recoge Europa Press, el Consejo de Gobierno autorizó la semana pasada por un importe de 689.000 euros la modificación del contrato para redactar el proyecto de prolongación sur de la Línea 11. Un primer paso para las nuevas alternativas de enlace con otras líneas de la red y de cara a elaborar la documentación necesaria para su tramitación ambiental.

El movimiento llega después del informe desfavorable del Ministerio de Defensa sobre el proyecto planteado inicialmente, la conexión de La Fortuna con la estación de Cuatro Vientos de la línea 10 a través de un túnel de unos 2,2 kilómetros. El departamento que dirige Margarita Robles alegó para su posición negativa el impacto que la construcción de esta infraestructura tendría en los terrenos militares de la zona de Cuatro Vientos.

La Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, comenzó entonces la búsqueda de alternativas para prolongar la línea 11 desde su actual cabecera en La Fortuna. Todo hace indicar que llegará hasta la futura estación terminal del tramo sur en Poza del Agua. El trazado aprovecharía previsiblemente la reserva prevista para la línea 12 en Poza del Agua, entre las paradas de Puerta del Sur y San Nicasio. La actuación permitiría conectar La Fortuna con el resto de Leganés y a la ciudad con la red de Metro de Madrid.

Leganés, con más de 195.000 vecinos y 43,25 kilómetros cuadrados de superficie, cuenta con siete estaciones que corresponden a la Línea 12 o MetroSur, además de la mencionada en La Fortuna. Isabel Díaz Ayuso anunció la ampliación el pasado 10 de septiembre durante el Debate del Estado de la Región, sin dar más detalles sobre el inicio de los trabajos.

“Lo que estamos ahora haciendo es presupuestar los estudios técnicos necesarios para modificar el proyecto, para obtener las declaraciones de impacto ambiental necesarias y posteriormente se licitará la obra y se ejecutará la obra. Ese proceso lleva unos años de trabajo, pero lo que hace la Comunidad de Madrid es planificar esa decisión y ya estamos en ese proceso de los estudios técnicos necesarios”, ha explicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, en declaraciones a los medios en la estación de Plaza de España.

Las idas y venidas de una línea 11 que comienza a tomar forma

De concretarse esta última novedad, la línea 11 conectaría una vez completada su ampliación Valdebebas con esta zona de Leganés a través de una gran diagonal. Ahora, en cambio, apenas va de La Fortuna a Plaza Elíptica atravesando el distrito de Carabanchel con solo siete estaciones. Los trabajos se centran en estos momentos en el tramo entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, un túnel que está previsto que se complete en 2027. Se está llevando a cabo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). Además, se ha diseñado el trazado reservando la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia y otra junto al futuro centro comercial Valdebebas Shopping.

La tuneladora Mayrit afronta ya el último tramo del túnel de 1.500 metros hasta Conde de Casal, tras su llegada recientemente a la futura estación de Atocha y haber completado más de 3.500 metros desde que el 26 de marzo comenzó a trabajar en el parque de Comillas, donde provocó numerosas talas y encontró gran rechazo vecinal por ello.

En cuanto al tramo norte, serán 7,2 kilómetros de túnel para conectar Mar de Cristal y Valdebebas Norte con cuatro estaciones de nueva construcción: Ifema-Cárcavas (ampliación del Recinto Ferial), Intercambiador de Valdebebas/Ciudad de la Justicia, Hospital Enfermera Isabel Zendal, y Valdebebas Norte. Se establecerán asimismo dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal (conexión con líneas 4 y 8) y Aeropuerto de Barajas-T4 (conexión con la 8 y con Cercanías).

Respecto al tramo centro (Conde de Casal-Mar de Cristal), la Consejería de Vivienda, Transportes Infraestructuras suspendió a finales de 2023 la adjudicación del contrato para la licitación de la redacción del proyecto en este tramo centro, que debía conectar Conde de Casal con Hortaleza para su conexión con la futura red del Metro al barrio de Valdebebas. Según se alegó entonces, se desistió de este contrato al no estar todavía suficiente y definitivamente definidos los otros tramos de la línea 11 con los que debería conectar cada uno de los subtramos del tramo centro. Este tramo estaba proyectado con una extensión de 8 kilómetros, divididos en dos proyectos distintos, y contemplaba un máximo de 14 estaciones, nuevas o de intercambio, con conexión prevista con hasta seis líneas del suburbano.

El capital riesgo se ha lanzado a invertir en empresas españolas de defensa en pleno boom del sector, con decenas de operaciones desde que en 2022 la invasión rusa de Ucrania disparó la incertidumbre geopolítica y propició un fuerte aumento del gasto militar en Europa. El despliegue en muchos casos tiene un apoyo millonario del Estado.

Uno de los últimos movimientos, pendiente de materializarse, lo ha protagonizado Hyperion. El fondo de defensa lanzado en enero de 2024 por el anterior líder del PP, Pablo Casado, y Ricardo Gómez-Acebo Botín (sobrino de Ana Botín), ultima la compra por hasta 45 millones de la compañía de sistemas de radar Advanced Radar Technologies (ART) junto a la cotizada Amper. 

Hyperion ha anunciado este año un nuevo fondo que espera reunir hasta 1.000 millones. El primero, cerrado a principios de 2025, captó 150 millones con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) como principales partícipes a cierre de 2025, con un 48,92%, según información disponible en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En Hyperion son socios Indra, cuyo mayor accionista (28%) es el Estado, Sapa (accionista de Indra), Prosegur (que prepara su desembarco en defensa) Nortia, del ex magnate del juego Manuel Lao, o la citada Amper. Este año, el fondo de Casado ha realizado su primera inversión fuera de la UE, la británica Antares (guerra electrónica), ha entrado en la navarra OCS (sistemas críticos para el sector aeroespacial y ferroviario) y, con Corporación Financiera Azuaga, presente en seguros o renovables (y que ha anunciado su propio fondo de defensa con su gestora, Anta), ha presentado Boost Air Group. Fruto de la integración de las compañías de mantenimiento de aeronaves Gestair, Brok-Air Aviation Group, ATS Aviation y Semasa, quiere ser el primer gran grupo independiente del sector en España, con proyección internacional, y facturar 600 millones en cinco años. En ella ha tomado casi un 6% Sapa, según avanzó el viernes Expansión.

En 2025 el fondo de Casado entró en Gutmar (componentes de precisión) con Lauria Partners como socio mayoritario; en Pangea (sistemas de propulsión para el sector aeroespacial con aplicaciones de interés estratégico en defensa), liderando una ronda de 23 millones junto al CDTI y el fondo italiano Primo Space; y en la catalana Sateliot, especialista en nanosatélites para servicios de IoT (Internet de las Cosas), en la que metió 10 millones. Aliada con Telefónica para servicios de 5G en Defensa, en Sateliot es consejera la exministra socialista Meritxell Batet y participa la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital.

No consta por ahora participación pública en una de las últimas operaciones que ha trascendido: Senda Investment Partners, fondo lanzado este año por Javier Olascoaga y Víctor García Reymundo, dos ex socios españoles de Trilantic ('private equity' conocido por haber vendido Talgo y Pacha), ultima la entrada en la madrileña Aicox, proveedor de tecnología del ejército, con una ampliación de unos 250 millones de euros. El objetivo, crear un gran grupo de defensa especializado en equipos y servicios para comunicaciones militares tácticas y guerra electrónica valorado en unos 400 millones. Para ello ultiman la compra de hasta siete empresas, según avanzó Expansión hace unos días.

Otra firma que ha apostado fuerte por este sector con relevante apoyo público es Nazca, que acaba de fichar a Carme Artigas, ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia artificial (IA) y ex directiva de Telefónica. A principios de 2025 anunció uno de los mayores fondos del sector en Europa, de 600 millones. Sus principales partícipes a cierre de 2025 eran el CDTI (49%), el European Investment Fund (15,9%) del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que preside la exvicepresidenta Nadia Calviño, y el gigante Airbus (9,94%), participado por SEPI. 

Ida y vuelta

Nazca compró a mediados de 2025 a la china Hytera por 120 millones la zaragozana Teltronic. Especializada en sistemas de radiocomunicaciones para misión crítica, ha durado poco en su cartera: en junio acordó su venta a Amper a cambio de 111 millones en efectivo y 44 millones vía ampliación de capital con la que Nazca acaba de tomar un 7,75% de Amper. Esta empresa, que preside Pedro Morenés, ministro de Defensa con Mariano Rajoy, se ha asociado en la compra de Teltronic con la estatal Cofides, que aportará 50 millones con cargo al Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX) y aliado de Amper en Elinsa, especializada en gestión y almacenamiento de energía, y en su filial de eólica marina.

Esa operación de ida y vuelta en Teltronic, culminada el pasado viernes, ha evitado un movimiento como el protagonizado por el fondo francés Latour Capital al tomar el control de la división de espacio y seguridad de la tecnológica española GTD. La filial, valorada entre 70 y 80 millones, se ha rebautizado como Celeres y ha trasladado su sede a Toulouse (Francia). 

La otra gran operación de Nazca fue la compra en abril del 39% de Oesía, que valoró en 286 millones más deuda una de las principales empresas de este sector en España, habitual en las quinielas de posibles movimientos de consolidación en el sector. Ese mes Nazca lideró una ronda de 115 millones en Xoople, con sede en Tres Cantos (Madrid) y bautizada como el ‘Google Earth español’, junto a MCH Private Equity, CDTI, Buenavista Equity Partners y Endeavor Catalyst, y con el respaldo del ICO/Axis. 

A finales de 2025 Nazca tomó un paquete mayoritario en Ravenloop, plataforma de ciberinteligencia predictiva con unos 50 empleados, fundada en 2018 por exmilitares tecnólogos. Este año ha apostado por PLD Space en una ronda ampliada hasta 288 millones junto al gigante nipón Mitsubishi, el fondo estadounidense Endeavor, Sopef, vehículo de coinversión del Estado (a través de Cofides) y el emirato de Omán gestionado por MCH Private Equity Investments, y el CDTI.

PLD (400 empleados), cuyas instalaciones en Elche visitó hace unas semanas Pedro Sánchez, se ha consolidado como actor pionero en el sector espacial europeo tras lanzar con éxito en 2023 el Miura 1, primer cohete privado íntegramente diseñado y desarrollado en España. En ella participa JME Ventures, del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, que este año ha invertido junto a GoHub Ventures y Kfund en XRF, pionera en realidad extendida e IA aplicada a defensa. 

La SETT aportó en junio 1,5 millones en la madrileña Fossa, especializada en soluciones satelitales de comunicaciones e inteligencia para aplicaciones industriales y de defensa, en una ronda de 9,25 millones para consolidar su equipo, impulsar su expansión comercial o continuar el despliegue de su constelación de 140 satélites en órbita baja. La operación la lideró Kibo Ventures con la participación del fondo nipón Space Frontiers Fund II, WISeSAT, filial de WISeKey, cotizada en el Nasdaq y fundada en Suiza por el español Carlos Moreira, y el luso Indico Capital, que ya entró en Fossa en 2023 junto al fondo suizo Nabtesco.

SETT tiene entre sus participadas a Qilimimanjaro, especializada en computación cuántica en la que acaba de invertir junto a Indra 19,6 millones para reforzar su posicionamiento en esta tecnología y desarrollar soluciones avanzadas en IA, defensa y seguridad. 

Indra (participada desde 2022 por Amber Capital, principal accionista de Prisa) lanzó a finales de 2025 su fondo de capital riesgo Indra Ventures, con hasta 200 millones para impulsar startups y empresas tecnológicas. Gestionado por Gaesco, prevé elevar su tamaño hasta 1.000 millones entre 2027 y 2030 con socios industriales y financieros. Su única inversión anunciada hasta ahora es FYLA, pionera en comunicaciones inalámbricas por láser ultrarrápido.

Indra ya acompañó en 2021 a Sepides y Airbus en ACE Aerofondo. Dotado con 100 millones y liderado por el fondo francés Tikehau, en 2022 compró los fabricantes de piezas de alta precisión para la industria aeroespacial Acatec y Formecal, luego fusionados en PMA. ACE se lanzó en plena venta de ITP, de la que Bain Capital compró su paquete mayoritario a Rolls Royce en 2022 y en la que Indra tomó un 9,3% en 2023. En el fabricante de motores para aviación, participado por el Gobierno vasco (6%) y JB Capital, de Javier Botín (8%), fue hace casi 20 años accionista destacado Trilantic.

Fondos públicos y capital riesgo confluyen en un contexto en el que la UE va a movilizar 800.000 millones para invertir en defensa en los próximos cuatro años. Un “tsunami” de financiación que ha llevado a algunas empresas a pedir una agencia estatal de compras de armamento. Como señalaba hace unos días en Infodefensa Javier Tortuero, socio de Uría Menéndez, “hay más dinero que nunca buscando entrar en el sector”, con un elemento diferenciador desde la perspectiva de las fusiones y adquisiciones y el capital riesgo: en una actividad donde el Estado es principal cliente y prescriptor tecnológico, buena parte de ese capital no se despliega como en un fondo convencional, sino como un instrumento híbrido “a medio camino entre la inversión privada y la política industrial”.

A escala europea, los datos de Dealroom apuntan a que la financiación de capital riesgo en el sector europeo de defensa batió hasta septiembre otro récord de 7.400 millones de dólares, con proyecciones de alcanzar 10.500 millones este año.

En 2025, el Fondo de Innovación de la OTAN, anunciado en junio de 2022 durante la Cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid, realizó su primera inversión en España, Kreios Space, en una ronda de 8 millones junto a Join Capital, Grow Venture Partners, Xesgalicia (de la Xunta) y Tasivia Global.

En junio, las firmas de capital riesgo AVP (AXA Venture Partners) y Earlybird lanzaron el fondo E2D (European Dual-Use and Defence Growth Fund), enfocado en tecnología de defensa y de doble uso en Europa, en una de las colaboraciones franco alemanas más relevantes del ecosistema tecnológico europeo. Dotado con 500 millones y con Airbus como socio de referencia, invertirá en empresas en crecimiento con un ticket promedio de unos 25 millones y el objetivo de respaldar unas 20 compañías.

Más allá del private equity, hace unas semanas el BEI y Banco Santander firmaron un acuerdo de garantía para movilizar 300 millones de nueva financiación para facilitar el acceso al crédito de pymes y empresas de mediana capitalización ('midcaps') vinculadas a la industria europea de seguridad y defensa.

Al furor de operaciones desde la invasión de Ucrania se unen las participaciones históricas de Rhône Capital en Maxam (antes en manos de los fondos Portobello y Advent) y de Towerbrook en Aernnova, que compró en 2017 a Springwater, especialista en empresas en dificultades, junto a Torreal (de los Abelló) y Península, de Borja Prado, expresidente de Endesa o Mediaset.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este miércoles la base del Ejército de Tierra en Las Palmas de Gran Canaria para agradecer a la Brigada Canarias XVI su “papel clave” en el despliegue movilizado en Ceuta tras la entrada de miles personas por la frontera con Marruecos.

Según informa el Ministerio en un comunicado, durante su recorrido, en la Base General Alemán Ramírez, Robles ha abordado las misiones actuales y los retos de futuro de la unidad, subrayando especialmente su destacado apoyo en la operación de Ceuta.

Asimismo, la ministra se ha dirigido al personal de la brigada, que pertenece al Mando de Canarias, para agradecerles su “trabajo, sacrificio y entrega en los momentos difíciles y en todos sus despliegues, tanto nacionales como internacionales”, ha dicho la ministra.

“Ustedes representan lo mejor de las Fuerzas Armadas y de España gracias a su entrega y profesionalidad, ya sea en Letonia, en Ceuta, o cuando hay que estar con la gente, siempre están al servicio de los ciudadanos”, añadió.

Además, ha asistido a una exposición sobre la Unidad de Defensa Antiaérea NASAMS, la ministra ha estado acompañada por el jefe del Mando de Canarias, teniente general Julio Salom, y el jefe de la BRICAN XVI, general de brigada José Ramón Collazo.

El ministerio recuerda que, aunque por organización se trata de la brigada más joven del Ejército de Tierra, alberga en su estructura unidades de relevante antigüedad y prestigio, como el Regimiento ‘Soria’ nº 9, el más antiguo de Europa.

Durante este año, la BRICAN XVI está asumiendo un rol clave en operaciones en el exterior, como Unidad Base Generadora del contingente X/I XXIV en Irak.

Asimismo, destaca su participación en el ciclo de generación de fuerzas de la UE durante el segundo semestre del 2026 y el primer semestre del 2027, ya que el Mando de Canarias es generador del European Batlle Group, uno de los principales esfuerzos nacionales en materia de preparación operativa multinacional de la UE.

En este contexto, la BRICAN XVI aporta entre 1.200 y 1.500 efectivos.

La Brigada Canarias XVI tiene a sus unidades desplegadas en cinco acuartelamientos en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Cuenta también con una unidad cinológica para temas de soporte y seguridad.

Sus cometidos principales se articulan en operaciones en territorio nacional y en el exterior, tanto formando unidad como adiestrando a personal militar extranjero dentro de la iniciativa europea para el Golfo de Guinea.

A su vez, también participa en actividades de seguridad cooperativa y de preparación. 

Tras casi un mes de movilizaciones vecinales contra el cierre del camino de servidumbre que una a las pedanías murcianas de Javalí Viejo y Javalí Nuevo, se han paralizado temporalmente las obras de la empresa armamentística de la zona.

Según ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia, se ha derogado el decreto que autorizaba las obras de Rheinmetall-Expal, “hasta que se dote a los vecinos de un itinerario peatonal alternativo”.

“El Consistorio señala que no podrá procederse al cierre del paso solicitado por el Ministerio de Defensa y la empresa Rheinmetall Expal Munitions, por razones de seguridad y Defensa nacional hasta que estas construyan un recorrido peatonal alternativo”.

El documento inicial, firmado por la jefa de servicio de calidad urbana, la concejala delegada de Talento Joven y Espacios Públicos y la directora de la Oficina de Gobierno Municipal del consistorio murciano, le concedía a la empresa armamentística un año para tramitar el proyecto de un itinerario que comunicara a los vecinos del pueblo. Ahora, sin embargo, el Ayuntamiento emplaza también al Ministerio de Defensa la responsabilidad del nuevo trazado: “El recorrido definitivo y sus características deberá ser consensuado con los vecinos por el Ministerio con el objetivo de compatibilizar las necesidades vecinales con las derivadas de la actividad de la instalación”.

“El Ayuntamiento ha mantenido contacto permanente con vecinos, Juntas Municipales y responsables del proyecto para estudiar las afecciones de esta actuación y las alternativas que permitan compatibilizar las necesidades de movilidad vecinales con las expuestas por el Ministerio de Defensa, con el objetivo de minimizar su impacto a los vecinos”, han defendido.

La paralización ha llegado tras varias semanas de movilizaciones, después de que el pasado 6 de septiembre a los vecinos se les cortase este camino sin servidumbre sin previo aviso. Por ahora, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original.

La jueza María Tardón ha dictado un auto por el que cita como testigos a tres consejeros de la Ciudad de Ceuta, así como a tres de los investigadores policiales implicados en la redacción de informes antes y después de la llegada masiva de migrantes. La magistrada también pide al MInisterio de Defensa informes de inteligencia sobre la presunta previsión de los hechos los días 30 y 31 de julio pasado.

Los tres consejeros citados son el de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán; de Sanidad, Nabila, Benizna; y el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña. Los tres deben comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 27 de octubre . Al día siguiente, Tardón tomará declaracion a tres oficiales del Cuerpo Nacional de Policía.

Asimismo, la magistrada pide al jefe del Estado Mayor de la Defensa que recopile del Ejército de Tierra y le remita “todos los informes de inteligencia y seguridad que se hayan emitido por la Comandancia de Ceuta” entre los días 15 de julio y 7 de agosto, así como el informe original de uno de sus organismos a los que se alude en los documentos desclasificados.

Tardón también solicita que el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) que le envíe los informes de inteligencia que haya emitido su grupo de seguimiento de Marruecos, así como la ampliación de las imágenes satelitales sobre la frontera de Ceuta entre el mismo periodo de tiempo. Igualmente la jueza requiere los datos que haya ofrecido el programa de guerra electrónica del programa Santiago de las Fuerzas Armadas.

La magistrada requiere a todas las autoridades civiles y militares para que “remitan todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterio y demás medios audiovisuales correspondientes, y ello desde el día 30 de julio y hasta ahora”.

A la ciudad autónoma, Policía, Guardia Civil y Servicio Marítimo la jueza pide “toda la información oficial de que dispongan sobre el número de entradas registradas, retornos, devluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados”.

De la Ciudad Autonoma de Ceuta y la Delegación del Gobierno, la jueza requiere “actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación relacionada con las reuniones celebradas los dias 27, 28 y 30 de julio”.

Por otra parte, la jueza pide a la Guardia Civil y Policía de Ceuta que identifiquen a un confidente que se llamaría Ahmed, residente en Benzú y que colaboraría habitualmente con el instituto armado. También quiere saber qué agentes lo manipulaban y que se les cite como testigos a todos.

Buques de guerra de Marruecos navegaron sin autorización por aguas de soberanía española los últimos días de julio y primeros de agosto, mientras decenas de miles de personas migrantes entraban a Ceuta por el espigón de la playa del Tarajal, según informa El País. En concreto, se trató de al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real marroquí, en una maniobra que no se trató de un mero tránsito, sino de una vulneración intencionada y repetida del mar territorial.

En respuesta, la Armada española, integrada dentro del Ministerio de Defensa, desplegó hasta tres buques con fines de vigilancia y disuasión. El Estado Mayor de la Defensa movilizó de inicio al Buque de Acción Militar (BAM) 'Rayo', con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que llegó a la ciudad autónoma el lunes 3 de agosto. Se trata de un patrullero de altura cuya misión principal es la vigilancia marítima.

Las incursiones marroquíes continuaron y la Armada desplegó entonces la fragata 'Santa María', procedente de la base naval de Rota (Cádiz), pero una avería obligó a sustituirla por la fragata 'Navarra', también parte de la 41 escuadrilla de buques de escolta. Durante unas horas del 6 de agosto, ambas estuvieron atracadas en el puerto de Ceuta para trasvasar el equipo de Infantería de Marina a bordo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado esta información en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional. Sánchez ha admitido que la Armada envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en el mar bajo soberanía española, aunque no ha llegado a explicar por qué entraron esos buques marroquíes.

El presidente del Gobierno ha señalado que fueron días muy intensos y muy difíciles y ha asegurado que hubo interlocución a alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

Según asegura El País, las maniobras de las marinas española y marroquí estuvieron a punto de provocar la colisión de patrulleros de los dos países. El medio menciona a fuentes conocedoras de los incidentes, sin especificar, y afirma que estas se limitaron a señalar “que la firme reacción del Gobierno, con el despliegue disuasorio de la flota y las gestiones de alto nivel del Ministerio de Defensa ante las autoridades de Rabat, pusieron fin a los incidentes”, en palabras del redactor.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado si “hay alguien que dude que no hubo complicidad por parte Marruecos y las autoridades marroquíes” y si “alguien piensa que 80.000 personas o buques de guerra pueden transitar libremente como lo hicieron sin que las autoridades marroquíes lo supieran y lo consintieran”.

Almeida ha zanjado que “eso no lo duda nadie”. “Lo que pasa es que ya sabemos que oye, yo una de las cosas del cambio de gobierno que aspiro es a saber qué sabe Marruecos de Sánchez. Y espero que los españoles nos enteremos de qué sabe Marruecos de Sánchez”. Según su criterio, “es más grave lo de los buques de guerra que la entrada de 80.000” personas, aunque “todo forma parte de lo mismo”.

Medio centenar de vecinos de las pedanías murcianas de Javalí Nuevo y Javalí Viejo han paralizado temporalmente el cierre del camino que quedará para uso exclusivo de una empresa armamentística de la zona, Rheinmetall-Expal. Los vecinos han perdido su conexión peatonal después de que el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Murcia ordenasen de forma unilateral el cierre “por motivos de seguridad ciudadana y defensa nacional”.

Lo que comenzó como un encuentro entre vecinos con medios de comunicación fue escalando hasta convertirse en una concentración improvisada en la que, al grito de “¡obra ilegal!”, vecinos de todas las edades han comenzado a zarandear el vallado, para después retirarlo de forma definitiva.

“¿Dónde está la licencia de obra? Solo tienen permiso para un vallado y están abriendo un socavón para construir un muro”, denuncia José Francisco Navarro, expedáneo de Javalí Viejo y uno de los portavoces de la plataforma vecinal. El decreto por el que el consistorio murciano autoriza a Rheinmetall el corte del camino autoriza, concretamente, “la ocupación de la vía pública para la instalación de vallado y puertas para limitación de acceso a la fábrica de pólvora”. Este medio ha preguntado al Ayuntamiento sobre la existencia o no de una licencia de obra, sin éxito.

“Tengo que ir a Javalí Nuevo porque mi hermana está empotrada en una cama, desde que se cortó el camino no puedo ir a cuidarla”, lamenta Josefa, una vecina de 74 años de Javalí Viejo, al tiempo que señala que no existe transporte público que comunique de forma directa ambas pedanías: “Te llevan a Alcantarilla [un municipio colindante] y de allí a Javalí Nuevo”.

La petición de clausura de este camino fue ratificada por el Ministerio de Defensa, que encomendó al Ayuntamiento de Murcia su puesta en marcha. El cierre, tal y como denuncia la alcaldesa pedánea de Javalí Nuevo, María Jesús Barquero, se hizo a espaldas de las dos poblaciones: “Se lo han comunicado a la Junta de Hacendados, a Bomberos, a Patrimonio, a Tráfico y a una asociación de regantes. Pero no han avisado a las dos pedanías afectadas”.

Un quebradero de cabeza no solo para la población local, también para los regantes. “Debajo del camino pasa la acequia de Churra la Nueva y la de La Aljufía. El tablacho de riego sale por la portería de la fábrica y pasa por debajo, ¿nos van a dejar entrar a abrir la llave de riego cada vez que necesitemos agua?”, señala Pedro Antonio, propietario de una parcela.

Una hora antes de lo sucedido, en una plaza de Javalí Viejo, los vecinos han comenzado a recoger las primeras firmas en contra del cierre del camino: “Queremos ejercer un poco de presión al Ayuntamiento. No pueden dar permisos [de cortar la vía] sin contar con la gente del pueblo”, explica Antonio, residente de la pedanía, hoja de firmas en mano.

Mientras el camino permanece cerrado, la única vía alternativa para los vecinos es una estrecha carretera de doble sentido y sin arcén, que añade un par de kilómetros al recorrido original: “Vengo todos los días a trabajar, a dar gerontogimnasia a los vecinos. Antes cruzaba la servidumbre y llegaba en un momento, pero ahora tengo que ir por la carretera con coches pasándome al lado a 70 kilómetros por hora”, señala Natalia, otra afectada.

Una alternativa podría tardar más de un año en llegar, tal y como señala el propio decreto del Ayuntamiento: “En el plazo máximo de doce meses desde la notificación de la autorización, el promotor deberá presentar ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud para la tramitación del proyecto del itinerario peatonal alternativo comprometido”.

“Rheinmetall se ha comprometido a promover y habilitar este itinerario alternativo, cuyo trazado previsto discurrirá por el perímetro de las instalaciones e incluirá una acera dotada de iluminación. La empresa asumirá íntegramente la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y su financiación”, han detallado desde el consistorio murciano.

600 puestos de trabajo

Desde el Ayuntamiento de Murcia aseguran que el cierre del camino de servidumbre viene motivado por una ampliación de las instalaciones de la fábrica: “La ampliación de la capacidad industrial implica la puesta en marcha de nuevas instalaciones y la definición de nuevas zonas de seguridad. Estas nuevas necesidades hacen necesario comunicar directamente los dos recintos de la fábrica, actualmente separados por un camino abierto al tránsito peatonal”.

“El crecimiento previsto de la fábrica permitirá además incrementar de forma importante su actividad y empleo. Actualmente, trabajan en estas instalaciones alrededor de 400 personas y la ampliación prevista permitirá alcanzar cerca de 1.000 trabajadores en los próximos tres años, lo que supone la previsión de cerca de 600 nuevos empleos que contribuirán a dinamizar la economía de Javalí Viejo y de su entorno”, adelantan desde el consistorio.

Una convivencia incómoda

Existen registros de la pedanía de Javalí Viejo desde finales del siglo XIII, y los primeros documentos de la Fábrica de la Pólvora no aparecen hasta mediados del siglo XVIII. El camino de paso, entonces, era a través de una barca, puesto que aún no se habían soterrado las acequias que separaban ambos municipios. Pero el recorrido fue el mismo, incluso cuando se instaló más tarde el histórico camino de servidumbre que ahora corta el complejo.

Ya en la Guerra Civil, la Fábrica de la Pólvora sufrió una serie de bombardeos, pero no fue hasta los años 70 cuando se comenzó a considerar apartar a las instalaciones de la población local. Un proyecto por el que el Ministerio de Defensa llegó a adquirir unos terrenos para efectuar el traslado, pero que se truncó tras el descenso de la producción de la pólvora, y lo que entonces se pensaba que sería el cierre de la Fábrica.

La historia reciente entre las dos poblaciones murcianas y la armamentística ha estado marcada por los ruidos, los olores intensos y los accidentes laborales. El pasado año una deflagración en las instalaciones del complejo provocó la muerte de un trabajador y dejó varios heridos. Entonces fuentes consultadas de UGT muy próximas a los delegados sindicales de la fábrica aseguraron que estaba operaba con “una elevada carga de trabajo” y “a un ritmo fuerte”. “El volumen de actividad y producción que llevaban”, detallaron las fuentes sindicales, “era alto desde hace mucho tiempo, y se había convertido en algo normal”.

“Soportamos cuando hay pruebas de pólvora, una vez al mes pegan cañonazos enormes. Si la detonación es pequeña te molesta en el oído, pero cuando es un obús te deja sordo unos cuatro o cinco segundos”, detalla el antiguo pedáneo.

“Estamos acostumbrados a lidiar con esto. Ya desde pequeño, estando en clase, recuerdo como temblaban los cristales de las ventanas cada vez que hacían una prueba”, describe Samuel, un joven residente en Javalí Viejo.

Pero el ruido de la fábrica, para los vecinos que viven pared con pared, es “incesante”: “Ahora fabrican también por la noche, es como el motor de un avión. Nos está resultando imposible dormir”, describe una vecina que vive a escasos metros y prefiere no identificarse.

A esto hay que sumarle los fuertes olores que emanan del complejo al anochecer, y que se extienden por todo el complejo: “Volviendo de hablar con el director de la fábrica sobre el cierre del camino de servidumbre tuve que subir las ventanillas del coche por el olor a éter, que me hacía toser. Y así siempre”, explica la alcaldesa pedánea.

Dudas sobre uso de tecnología israelí

Un informe del Centre Delàs que publicó el pasado mes de marzo elDiario.es analiza la aplicación del Real Decreto-ley aprobado en septiembre de 2025 para limitar las relaciones armamentísticas con Israel. El estudio concluye que la norma no ha supuesto el fin de estos vínculos y señala que continúan vigentes contratos con empresas de la industria militar israelí por un valor cercano a 1.200 millones de euros, entre ellos los relativos a los misiles Spike LR2 y al sistema SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad).

El informe 'Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel' apunta que el contrato del SILAM, valorado en cerca de 700 millones de euros y adjudicado al consorcio Escribano y Rheinmetall-Expal, plantea dudas sobre el uso de tecnología israelí. Aunque las empresas encargadas del proyecto han propuesto una alternativa nacional para sustituir los componentes de la empresa israelí de tecnología militar y defensa Elbit Systems, el Centre Delàs reclama al Ministerio de Defensa que aclare si esa tecnología podría seguir incorporándose de forma indirecta a través de la filial alemana de Elbit o del programa EuroPULS.

Un brote de sarna detectado entre alumnos de primer curso de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza que comenzó en las camaretas ha obligado a adoptar medidas excepcionales para tratar de contener los contagios, con cadetes en cuarentena, restricciones de actividad y la preparación de clases online ante la imposibilidad de que parte del alumnado pueda asistir presencialmente.

Según ha podido saber este diario, los casos se han localizado en una de las compañías de primero y los alumnos afectados están recibiendo tratamiento médico. Como medida preventiva, se ha puesto en cuarentena a quienes han podido mantener un contacto estrecho con ellos, mientras la Academia ha iniciado labores de limpieza y saneamiento de las instalaciones, especialmente dormitorios, ropa y otros elementos susceptibles de haber estado en contacto con los afectados.

La situación ha obligado también a reorganizar la actividad académica. Los alumnos que permanezcan aislados faltarán durante un periodo todavía indeterminado a las clases presenciales, por lo que se trabaja ya en un procedimiento que permita mantener la docencia de forma telemática.

Entre las medidas preventivas trasladadas ante la situación figura además extremar las precauciones en instalaciones compartidas, como los gimnasios, especialmente con elementos de uso común como colchonetas y bancos.

El alcance del episodio parece haber ido aumentando desde la detección de los primeros casos. La incidencia se habría registrado en distintas camaretas de la Academia, en las que se alojan habitualmente grupos de alrededor de diez cadetes. Aunque el Ministerio de Defensa no ha confirmado a cuántas personas afecta, fuentes próximas han explicado que parte de los alumnos habría abandonado temporalmente las instalaciones para regresar a sus domicilios mientras se realizan las tareas necesarias para controlar el brote, incluyendo el lavado y tratamiento de los uniformes y otras prendas militares.

La sarna o escabiosis es una infestación de la piel causada por un ácaro que se transmite principalmente mediante un contacto directo y prolongado piel con piel con una persona afectada. También puede propagarse, aunque con menor frecuencia, a través de ropa, toallas o ropa de cama utilizada por una persona infectada.

En plena preparación de la jura de bandera

El brote se produce además en un momento importante para los alumnos de nuevo ingreso. La promoción comenzó su formación en agosto y se encuentra en plena preparación de la jura de bandera, uno de los principales actos de la formación militar de los cadetes de primer curso.

La alteración de la actividad coincide así con los ensayos previos a la ceremonia y podría obligar a recuperar parte de la preparación una vez que los alumnos afectados o aislados puedan reincorporarse a la actividad ordinaria.

Los nuevos cadetes participaron el pasado 24 de septiembre en otra de las ceremonias tradicionales de la Academia, la entrega de sables por parte de los alumnos de segundo curso, en un acto presidido por el director de la AGM, el general Prudencio Horche Moreno.

La promoción que acaba de incorporarse está formada por más de 500 alumnos, según los datos difundidos por la propia Academia al inicio del curso académico. El Confidencial Digital señala, citando fuentes conocedoras de la situación, que alrededor de medio centenar habrían causado baja durante el primer mes y medio de formación, un dato independiente del actual brote de sarna.

Avanzada la noche en uno de los extremos de la playa del Trampolín, Omar (nombre ficticio) había salido unos minutos de las tiendas del asentamiento para hablar tranquilo por videollamada con su familia. En la acera de enfrente, justo en la ladera de la colina, se encontró con otro chico marroquí, que acababa de hacer sus necesidades en el bosque y trataba de hablar por teléfono cuando un vehículo militar frenó en seco. Omar corrió tanto que logró esquivar a los dos soldados que empezaron a correr tras ellos, pero al otro joven lo atraparon, lo tiraron al suelo y le propinaron varias patadas y golpes con la porra, como queda demostrado en un vídeo publicado por elDiario.es. 

Esta agresión, confirmada con imágenes, ocurrió el 23 de septiembre. Habían pasado ocho días desde que el Ministerio de Defensa tenía conocimiento de las decenas de denuncias de palizas y vejaciones como estas, publicadas en una investigación de elDiario.es. Este medio preguntó de manera insistente a su departamento de comunicación y confirmó la recepción de los mensajes —y su traslado a cargos superiores—, pero no hubo respuesta. Tampoco el departamento dirigido por Margarita Robles dio traslado de estas denuncias a la Fiscalía o el juzgado, como sí acabó haciendo este miércoles, cuando la presión sobre su cartera se incrementó tras la difusión de un informe de Amnistía Internacional que recogía parte de las denuncias incluidas en la investigación de este medio. 

Esta es solo una de las palizas que, según alertan varios agredidos, ocurrieron después del 15 de septiembre, cuando elDiario.es confirmó que el equipo de Margarita Robles tenía conocimiento de estas denuncias. Además de estos hechos, grabados el 23 de septiembre junto a la antigua fábrica del Guano, frente al Trampolín, son muchos los nuevos relatos que casi cada día hombres y menores marroquíes trasladaban a elDiario.es. Amoratados, vendados o ensangrentados, al menos tres personas aseguraron haber sido agredidas por soldados españoles después de la publicación de la primera investigación.

“Me arrastraron por las escaleras”

La que Ahmed (nombre ficticio aunque este medio tiene su nombre y apellidos originales) lleva días intentando denunciar ante los juzgados ocurrió el 27 de septiembre, 12 días después de la publicación de la investigación de elDiario.es. El marroquí caminaba por la carretera cerca de la playa, en la zona de la Almadraba, alrededor de las dos de la mañana. “Siete soldados me detuvieron. Me registraron y me ordenaron arrodillarme”, explica el hombre cabizbajo dos días después de los hechos. 

Ahmed cuenta que los soldados le registraron. “No dejaban de preguntarme si llevaba un cuchillo o un arma; les dije que no tenía nada, y no me encontraron nada encima. Luego me agarraron, me bajaron por unas escaleras a la playa y me llevaron abajo, a la orilla del mar”, continúa el marroquí. Allí es donde, según su relato, se produjo la paliza. “Empezaron a golpearme y a patearme. Continuaron haciéndolo durante cerca de media hora y, luego, me dejaron allí tirado”, denuncia. 

Magullado y ensangrentado, cuenta, durante cerca de media hora permaneció inmóvil, tumbado en la arena en la oscuridad de la madrugada, sin poder moverse ni pedir auxilio. “Me quedé allí así hasta que por fin logré levantarme y caminar lentamente hasta aquí”, explica Ahmed en el mismo asentamiento donde aquel día encontró el apoyo de sus compañeros. Dos días después de los hechos denunciados, las marcas amoratadas aún son visibles en varias partes de su cuerpo, especialmente en la espalda. Son alargadas, compatibles con las que suele dejar el impacto por porras reglamentarias. Desde aquel día tiene dificultades para caminar. 

Ahmed cuenta con dos partes médicos que pretende presentar en los juzgados. Uno, elaborado por la ONG Médicos del Mundo, tras detallar cada una de las contusiones y heridas con las que encontraron al marroquí la mañana posterior a los hechos, concluye que “todas las lesiones son compatibles con el relato del paciente”. “Refiere haber sufrido una agresión en la zona de la Almadraba por parte de militares (dos vehículos y siete militares con uniforme verde)”, recoge el documento de la organización que cada día atiende a los migrantes en el polígono del Tarajal. “Refiere bofetada en el lado derecho de la cara que le habría tirado al suelo. Posteriormente, fue arrastrado por el pavimento y las escaleras hasta llegar a la playa. En este momento, refiere recibir fuertes golpes con elementos contundentes”, incluye el certificado emitido por la organización el 27 de septiembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El facultativo de la organización describe hematomas en los surcos de los ojos y lado derecho de la cara, “heridas erosivas” en pabellón auricular derecho, en un brazo, en el torso y en la región lumbar derecha. “Presenta contusiones que sugieren golpes con un elemento alargado contundente, compatible con la porra en región lumbar”, apunta el certificado de la ONG sanitaria. 

El segundo es un parte judicial emitido por el Hospital Universitario de Ceuta, que enumera las mismas lesiones incluidas en el certificado de Médicos del Mundo, pero sin apenas detalle. Solo incluye que los hechos ocurrieron en “la calle y la playa”. Sobre la causa de las agresiones sufridas indica “agresión sufrida por la policía”, algo a lo que Ahmed reacciona con enfado, porque asegura que él transmitió que fueron los militares quienes la golpearon.

Con toda esa documentación, Ahmed lleva días preguntando a compañeros, activistas e incluso periodistas qué tiene que hacer para denunciar de manera segura. Teme sufrir consecuencias por trasladar su caso a los juzgados, pero está decidido a hacerlo. “No nos pueden tratar así. Quiero denunciarlo y que paguen por ello porque hacer esto no es legal”, dice el hombre, aún dolorido. Este jueves llegó a la puerta de los juzgados acompañado de un voluntario, pero se dieron la vuelta al percatarse de que no contaba con un documento que acredite su identidad porque lo perdió en estos meses de vida en las calles de Ceuta. Ahora, espera a que su familia le envíe una fotografía de una copia de sus documentos para volver a intentar presentar su denuncia en los juzgados. 

Gas pimienta contra menores

Al menos tres menores fueron rociados con gas pimienta mientras caminaban por la calle, dormían o volvían de hacer la compra, como publicó elDiario.es. Nawfaly tiene 17 años y se chocó con elDiario.es justo después de ser rociado con gas pimienta desde un vehículo militar. El adolescente se retiró las gafas, que evitaron el contacto directo del producto químico con sus ojos y señaló sus cristales. En ellas se veían pequeñas gotas del aerosol esparcidas por los vidrios. Su boca y mejillas empezaban a enrojecerse como reacción al gas irritante que acababan de echarle mientras caminaba por la calle con un amigo en dirección al asentamiento donde duermen.

“Veníamos de comprar algo de comida en el Mercadona, solo estaba andando, miraba el móvil, me han lanzado el spray desde el coche. ¿Por qué nos hacen esto?”, decía el chico.

Un día después de que una patrulla de militares lanzase gas hacia Nawfaly mientras volvía de hacer la compra, Reda (nombre ficticio) regresaba este martes al campamento de la playa del Trampolín después de haber sido entrevistado por elDiario.es en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía, donde intentaba registrarse como menor de edad. Cuando paseaba por las inmediaciones del Puerto de Ceuta, explica, un soldado le echó gas pimienta hacia los ojos.

Minutos después, el menor, de 17 años, escribió un mensaje a este medio: “Mientras caminaba hacia las tiendas de campaña donde duermo, unos soldados con boinas rojas me abordaron y me rociaron con gas lacrimógeno. Ahora estoy en las tiendas y siento un ardor intenso en los ojos”, alertó. Las “boinas rojas” que Reda describe coinciden con el tarbut utilizado por el Grupo de Regulares de Ceuta, una prenda de fieltro rojo de forma cilíndrica acompañada de una borla negra. En ese mismo momento, el chaval envió varias imágenes que muestran sus ojos enrojecidos, especialmente el derecho. “Eran cuatro. Cuando nos encontramos de frente con uno de ellos, me roció”, añadió. “Necesito ayuda. Me estoy muriendo por las quemaduras”. 

El coronel delegado de Defensa en Castilla-La Mancha, Juan Luis Vizuete, cesará en su destino el próximo mes de octubre y será relevado por el coronel Gabriel Flores.

El edificio Delegación de Defensa en Castilla-La Mancha en Toledo ha celebrado el acto 'Día de la Delegación', para conmemorar los 31 años de servicio y el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Jose Pablo Sabrido, ha aprovechado para agradecer a Juan Luis Vizuete su labor. Ha estado en el puesto desde 2020.

Tras seis años al frente de la Delegación, ha destacado la conmemoración del 450 Aniversario de la Batalla de Lepanto o las jornadas de Seguridad y Defensa para Docentes y Orientadores en las que han participado 130 profesores en sus tres ediciones, en Toledo y Albacete.

En el ámbito provincial, ha mencionado los dos conciertos de música militar realizados en esta sede la participación de 65 centros educativos en el concurso literario escolar 'Carta a un Militar Español', las 405 charlas sobre Fuerzas Armadas en colegios e institutos de secundaria, la realización de las pruebas selectivas para el acceso a Militar de Tropa y Marinería por 6150 aspirantes con una tasa de aprobados del 28,3% de los presentados, y que la implantación de la administración electrónica ha permitido reducir el consumo de papel en un 70%, tal y como ha informado el Ministerio de Defensa.

El Gobierno abrirá una investigación interna para esclarecer las palizas y vejaciones de militares que denuncian al menos una veintena de migrantes de Ceuta y que reveló elDiario.es. Según fuentes de la Moncloa, el Ejecutivo no tenía constancia de esas denuncias de agresiones que también refrendan las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre el terreno. Aunque, en cualquier caso, se compromete a dar los pasos necesarios para averiguar lo ocurrido y depurar responsabilidades.

Este periódico adelantó este martes que una veintena de testimonios recopilados de manera directa, a los que se suman un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio a Ceuta, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes.

A pesar de la gravedad de las denuncias, ningún grupo político interpeló al respecto este miércoles en el Congreso ni al presidente, ni a ningún ministro durante la sesión de control. Aunque varios socios del Ejecutivo, preguntados por elDiario.es, sí reclamaron explicaciones a posteriori en declaraciones públicas. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre “las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta”, desveladas por elDiario.es. Asimismo, Martínez pidió a Robles “depurar responsabilidades” en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.

“Nos preocupan e indignan enormemente” estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son “contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática”. “Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa”, criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que “no puede quedarse sin actuar ante estos hechos” y para exigirle “investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades”. “Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos”, avisó.

En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de “inaceptables” estos comportamientos de algunos militares. “Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida”, denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una “responsabilidad in vigilando” sobre estos malos tratos.

“Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas”. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino “dar traslado a la Fiscalía” de las eventuales “acciones delictivas” que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos por elDiario.es revelan acciones de “extrema gravedad” que “exigen una investigación en profundidad”, y exigen “la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta” hasta que “se aclare lo ocurrido”. “Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente” del Ejército, plantean igualmente los morados.

Redadas de patrullas militares

Una de las agresiones denunciadas ocurrió la madrugada del viernes 11 de septiembre. elDiario.es recibió el aviso de una redada de dos patrullas de militares españoles en la barriada de Los Rosales. Un equipo de activistas del colectivo Brigadas de Apoyo Mutuo acababa de llegar a la zona para documentar lo ocurrido. Allí, una decena de legionarios estaba desplegada en distintos puntos de un vecindario. Varios uniformados estaban concentrados junto a una casa en ruinas, donde malvivían desde hacía semanas un grupo de migrantes marroquíes. Al percibir la presencia de voluntarios y periodistas, los soldados comenzaron a abandonar ese punto, donde tres migrantes heridos pedían auxilio, y se trasladaron al otro extremo del vecindario, donde otros seis soldados trataban de esconderse de las cámaras.

En ese mismo momento, tres hombres ceutíes se cubrieron el rostro y, colocados delante de los militares que evacuaban la zona, empezaron a lanzar latas y piedras a los activistas y periodistas que observaban los hechos. Los soldados no recriminaron en ningún momento ni trataron de frenar el intento de agresión de los vecinos encapuchados, sino que aprovecharon ese mismo instante para reagruparse y apartarse. En ese momento, un hombre con una gran brecha en la cabeza y la cara ensangrentada, descendió de lo alto del vecindario, mientras uno de los soldados se dirigía al vehículo militar. “¿Quién te ha hecho eso?”, le preguntó Ibrahim Benavides, vecino y líder comunitario de la barriada de El Príncipe, delante del uniformado. “Los militares”, dijo el hombre, casi sin poder mantenerse en pie, señalando a uno de los soldados, que se metió en el vehículo oficial, recogió a otros compañeros y arrancó.

Cuando los militares se retiraron del barrio, un migrante tras otro empiezan a aparecer entre los rincones donde se habían escondido. “Estos militares nos han golpeado y humillado. Nos han quitado los teléfonos y todo lo que teníamos. No han dejado a nadie sin golpear”, dice Adam, uno de los chavales que presenciaron los hechos y, tras recibir un golpe con la defensa de los militares, logró escapar. A su alrededor, una decena de migrantes quieren contar lo sucedido.“Como puedes ver, han abusado de nosotros. Uno de los chicos más golpeados es menor de edad. Se han ensañado con nosotros de la forma más cruel”, añade mientras ese mismo adolescente que menciona, también llamado Adam, toca su labio ensangrentado. Tres jóvenes tuvieron que ser trasladados al hospital al presentar lesiones y heridas de consideración, tras ser recogidos por una ambulancia.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no les consta ninguna denuncia” y condenan “cualquier tipo de violencia”. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado trabajan en Ceuta para preservar la convivencia. No cabe duda de que se investigará cualquier agresión que se haya podido cometer”, señalan las mismas fuentes.

Un incendio forestal declarado en una zona militar de la población de Uceda, en Guadalajara, ha provocado la incorporación a las labores de extinción del fuego de efectivos del Plan INFOCAM de Castilla-La Mancha, según ha informado el Gobierno regional.

Colaboran en las tareas junto a medios del Ministerio de Defensa y también de la vecina Comunidad de Madrid.

El fuego se detectaba en la tarde de este miércoles por miembros del ejército, sobre las 15.56 horas y era controlado pasadas las 18.30 horas.

Hasta ahora, según recoge el Sistema de Información de Incendios Forestales en Castilla-La Mancha, en el lugar han trabajado 22 medios, seis de ellos aéreos y 72 personas.

En esta zona de la provincia de Guadalajara se encuentra el Campo de Maniobras y Tiro (CMT) 'Casas de Uceda', un espacio declarado zona de interés para la Defensa Nacional en el que habitualmente entrenan desde la Brigada Paracaidista (BRIPAC) o la Unidad Militar de Emergencias (UME), entre otros.

No es el primero de estas características este verano en Castilla-La Mancha. El pasado mes de junio, fueron sonados los fuegos declarados en distintos momentos en las instalaciones de tiro de la Academia de Infantería de Toledo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, exigió este miércoles al Ministerio de Defensa y a su titular, Margarita Robles, que pongan en marcha una investigación sobre “las denuncias que estamos conociendo sobre palizas y vejaciones a personas migrantes por parte de militares que patrullan en Ceuta”, desveladas por elDiario.es. Asimismo, Martínez pidió a Robles “depurar responsabilidades” en el Ejército una vez obtenga toda la información sobre estos episodios.

Este diario publicó este miércoles una veintena de testimonios de migrantes que denuncian que patrullas de militares recorren Ceuta en busca de migrantes a los que agreden y roban dinero y teléfonos móviles. Los relatos recopilados de manera directa por este medio, a los que se suma un centenar de casos detectados por organizaciones sobre el terreno, describen un patrón común por parte de determinados grupos de soldados españoles (especialmente por parte de regulares y legionarios) que actúan con violencia contra los marroquíes llegados a finales de julio, incluidos menores de edad. También denuncian prácticas humillantes, como obligar a raparse el pelo ante la amenaza de devolverles a Marruecos o golpearles en caso de negarse a hacer cualquier cosa que se les ordena con la finalidad de denigrarlos, según los denunciantes. 

“Nos preocupan e indignan enormemente” estos comportamientos, denunció Martínez, que sostuvo que este tipo de episodios son “contrarios a todos los valores democráticos que debería representar el Ejército de una sociedad democrática”. “Por desgracia, no es la primera noticia sobre actos de este tipo que merecen condena y repulsa”, criticó la portavoz de Sumar, que señaló directamente a la ministra Robles para asegurar que “no puede quedarse sin actuar ante estos hechos” y para exigirle “investigar, dar explicaciones y depurar responsabilidades”. “Si no lo hace, Defensa estaría siendo cómplice de vulneraciones de derechos humanos”, avisó.

En la misma línea se expresó el portavoz adjunto del grupo parlamentario de Sumar y líder de IU en el Congreso, Enrique Santiago, que calificó de “inaceptables” estos comportamientos de algunos militares. “Hace dos semanas planteamos nuestra preocupación al respecto en la tribuna del Congreso, y la semana pasada presentamos un escrito, y seguimos sin tener noticia de que el Ministerio de Defensa haya tomado ninguna medida”, denunció Santiago, que acusó al departamento que lidera Margarita Robles de tener, al menos, una “responsabilidad in vigilando” sobre estos malos tratos.

“Esta no es una acusación contra todo el Ejército, porque en las noticias que se han publicado se acota que [los militares acusados] forman parte de determinados cuerpos: es fácil determinar cuáles son esas manzanas podridas”. Y, cuando Defensa lo haga, debería no solo tomar medidas disciplinarias, sino “dar traslado a la Fiscalía” de las eventuales “acciones delictivas” que hubieran llevado a cabo estos militares, espetó el portavoz adjunto de Sumar.

Podemos pide suspender a los militares implicados

Por su parte, fuentes de Podemos aseguraron que los testimonios recogidos por elDiario.es revelan acciones de “extrema gravedad” que “exigen una investigación en profundidad”, y exigen “la suspensión de empleo y sueldo y la retirada del arma a todos los militares que estén ejerciendo violencia contra personas migrantes en Ceuta” hasta que “se aclare lo ocurrido”. “Si se confirman su participación en los hechos, deberían ser expulsados inmediatamente” del Ejército, plantean igualmente los morados.

Podemos, asimismo, exigió al Gobierno que ofrezca “explicaciones a la mayor brevedad”, y sostuvo que su deber es “garantizar que algo así no se repita nunca más”. “Les exigimos que cumpla con las obligaciones que la ley establece en materia de acogida y de garantía de los hechos humanos: es intolerable que, mes y medio después [de la entrada masiva en Ceuta], miles de personas sigan sin recibir ninguna atención y abandonadas a su suerte en una playa”, plantea el partido.

El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La polémica torre de 18 plantas que el Ministerio de Defensa quería levantar en El Viso, junto al Paseo de la Castellana, se aprobó cuando nadie parecía estar mirando: en pleno verano de 2025. Ha pasado un año desde entonces y la operación urbanística para centralizar oficinas al más puro estilo del Pentágono se ha diluido entre alegaciones vecinales, 88 en total; propiciando que el Ayuntamiento de Madrid diera marcha atrás en su aval y paralizara el proyecto aprobado unos meses antes. Pero los vecinos de este barrio acomodado, uno de los más exclusivos de la capital y donde el PP encadena varias mayorías, temen que aquel anuncio escondiera una cortina de humo para calmar las críticas y reactivar su construcción sin cambios sustanciales.

“Es importante saber si [el expediente] se ha archivado o no. El alcalde debería ser consciente, porque es abogado de Estado”, resalta Rafael Luque, abogado urbanista y presidente de la Asociación Perjudicados por la Torre de Defensa en Madrid. Esta organización de vecinos asegura haber presentado casi el 70% de las reclamaciones administrativas que paralizaron el proyecto cuando aún estaba en fase de alegaciones.

El pasado 11 de junio, su representante dirigió un nuevo requerimiento al Área de Carabante para solicitar el acceso al expediente remitido inicialmente por el Ministerio y aprobado luego por el departamento municipal, así como a los trámites intermedios y sobre todo el acta de paralización de ese plan especial, que aseguran haber conocido a través de Somos Madrid. “El Ayuntamiento no ha contestado a nuestras alegaciones [legalmente no tiene la obligación de hacerlo] y solo ha dicho a los medios que deberíamos hablar con Defensa para llegar a un acuerdo con ellos. Pero nosotros no tenemos que ir preguntando nada, ya lo hemos dicho todo en las reclamaciones: el consistorio es quien tramita el proyecto y les compete a ellos dar noticias a sus vecinos”, dice.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró un día después de que este periódico revelara el cerrojazo municipal que su equipo no aprobaría el boceto del Ministerio hasta que existiera un acuerdo con los residentes del entorno, dejando la pelota sobre el tejado de Margarita Robles. “No queremos hacer nada en contra de los vecinos”, garantizó Carabante, después de conocer las discrepancias respecto al posible impacto en la movilidad del barrio, uno de los argumentos más esgrimidos en las reclamaciones.

Esta misma semana, fuentes del Área de Urbanismo han insistido en esa misma idea. “No se va a aprobar el proyecto que presentó Defensa”, remarcaron desde Cibeles a preguntas de este periódico, a excepción de que antes se cierre un acuerdo con los vecinos y evitando aclarar si el Ministerio había presentado en este tiempo un segundo borrador que pueda haberse tenido en cuenta.

El plan del Ministerio de Defensa era levantar una torre de 60 metros de altura sobre una parcela que colinda entre las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y el Paseo de la Castellana, en pleno distrito de Chamartín y cerca de otros edificios de gran altura, aunque a los pies de un barrio residencial. Este es ya uno de los puntos de gran ajetreo en la capital, pero la previsión es que una centralita de oficinas junto a la actual Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra –que mantendría sus aulas y talleres– concentre diariamente a cientos de trabajadores.

La previsión es extender el denominado “Pentágono español” sobre una parcela de 24.207 metros cuadrados de superficie, con unos 40.000 m² al alza para oficinas y 8.200 de alojamientos temporales para militares. Sin embargo, la asociación vecinal creada exclusivamente en contra de este proyecto alegó que el terreno escogido, del que el Ministerio de Defensa es el principal propietario, también se encuentra en un espacio blindado.

Según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa llegó a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Como ocurrió con otras zonas dominadas electoralmente por el PP, el descontento en El Viso –un barrio tranquilo y adinerado– ha generado movimientos y rectificaciones municipales. Los vecinos, en sus inicios como asociación, llegaron a asesorarse por quienes antes habían creado una plataforma contra el ruido en el entorno del Santiago Bernabéu, donde la acumulación de denuncias llegaron a suspender conciertos masivos y obligaron al estadio a blindar acústicamente su estructura.

Otro ejemplo similar es el de Montecarmelo y su cantón de limpieza, cuyas obras llegaron a paralizarse por las críticas surgidas en este barrio acomodado de Fuencarral-El Pardo. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado, aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa (donde se halla la parcela de Defensa) oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Somos Madrid se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si este había presentado un nuevo proyecto o sopesado recurrir el bloqueo municipal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de esta publicación. Por su parte, otras voces de la asociación contra la torre temen que el ecuador de un nuevo verano sirva, como ya ocurrió en julio de 2025, para dar nuevos pasos y reactivar el proyecto. “Teniendo en cuenta la entidad del plan que tenían en mente, se me hace muy difícil creer que renunciarán tan fácilmente”, sentencia su presidente.

El Ministerio de Defensa ha iniciado los trabajos previos para derribar las viejas edificaciones de la finca militar de La Remonta, la mayor zona verde de Santander con 295.000 metros cuadrados, que presentaban un alto grado de deterioro y que habían provocado numerosas quejas de los vecinos.

La formación política Cantabristas ha dado la voz de alarma y lamenta la demolición de la Remonta “tras el abandono sufrido los últimos 15 años por parte del Ministerio de Defensa y la falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Santander que -en su opinión- ”han llevado a una situación final lamentable“.

“Se pierde patrimonio histórico de Santander y una gran posibilidad de futuro para el parque de la Remonta como espacio verde pero también foco cultural”, reprochan.

De momento, tras un dilatado proceso administrativo para obtener las correspondientes licencias y permisos, se están llevando a cabo tareas de retirada de matorrales y maleza para abrir camino a las máquinas. Precisamente el lunes ardió -sin mayores consecuencias- parte de estos deshechos que estaban almacenados para su retirada.

Son las situaciones que precisamente Defensa quiere evitar para seguridad de los vecinos, mientras la decisión sobre el futuro de La Remonta sigue pendiente de resolverse por parte de las administraciones desde que en 2010, hace dieciséis años, los militares abandonaron estas instalaciones.

Defensa dejó de utilizar la finca y concentró la actividad caballar en las instalaciones militares de Ibio. Alli desplazaron toda la actividad y cerraron la puerta de hierro, que hoy permanece atada por un candado, franqueada por dos pilastras.

La limpieza de la zona será el primer paso antes de retirar el amianto de los edificios -muy deteriorados por el paso del tiempo y por el vandalismo- que llevará a cabo una empresa especializada. Después, se derribarán las viejas estructuras para garantizar que no se produzcan más incidentes -ha habido incendios recurrentes- y la finca quedará limpia como una gran parque público. Hasta ahora solo una parte de La Remonta está abierta al público.

Curiosamente, en La Remonta quedan viviendas en la zona del muro que linda con Campogiro. Una decena de casas habitadas por las familias de los militares, ya en su mayoría en la reserva, que estaban asignados a La Remonta y que después fueron destinados a la localidad de Ibio, en Mazcuerras. Tres de ellas ya se han quedado vacías, porque los alquileres ya no se renuevan cuando las dejan sus inquilinos.

Cantabristas pide conservar el edificio más antiguo

A principios de año, Cantabristas presentó una consulta a la Delegación de Gobierno para saber por qué algunos edificios de la Remonta habían aparecido con números identificativos. La Delegación remitió la consulta al Ministerio de Defensa, “a día de hoy sin contestar”, advierten. Unos meses antes, en noviembre de 2025, Defensa ya había adjudicado un encargo a Tragsa para demoler los edificios de la Remonta.

Para Manuel Núñez, portavoz de Cantabristas Santander, “es una lástima que edificios históricos que dan identidad a nuestra ciudad desaparezcan de esta manera: por el abandono y la falta de entendimiento de un Ayuntamiento del PP sin ideas y un Ministerio del PSOE sin voluntad de cuidar nuestro patrimonio”.

Así mismo, Núñez ha solicitado a Defensa que se valore, al menos, la posibilidad de conservar el edificio más antiguo y propiciar una rehabilitación de este inmueble de más de 200 años.

La fotografia feia anys que estava guardada en un calaix fins que l’actualitat la va rescatar. Hi apareix un jove Juan Antonio Sagredo, hui alcalde de Paterna, uniformat al costat d’un Land Rover de l’Exèrcit de Terra durant el servei militar a Ceuta. Corria l’any 1997 quan el Govern de José María Aznar va ordenar desplegar centenars de soldats de reemplaçament per a donar suport a la Guàrdia Civil en el control de la frontera ceutina davant l’augment dels fluxos migratoris.

L’alcalde socialista de Paterna va recuperar la instantània per a contextualitzar la crisi fronterera entre Espanya i el Marroc en el camp de batalla en què s’han convertit les xarxes socials. Segons explica en una conversa amb elDiario.es, la va difondre per a recordar que l’assumpte que ocupa els titulars i les tertúlies televisives des de divendres passat no és un fenomen inèdit. Fa quasi trenta anys, ell mateix, amb només 20 anys i mentre complia el servei militar, va ser enviat amb altres reclutes a custodiar una de les fronteres més sensibles de la Unió Europea. “Aquest problema fa quasi tres dècades que està enquistat, si no més. Ceuta i Melilla no són només un problema de fluxos migratoris; és una qüestió geopolítica molt més complexa del que es pot explicar en un vídeo de 20 o 30 segons”, resumeix.

Les cròniques periodístiques de l’època reflecteixen que la situació a la frontera de Ceuta —i també a Melilla— va ser especialment complicada per al Govern de José María Aznar. Aleshores, la Delegació del Govern a Ceuta estava reforçant la tanca que separa el Marroc d’Espanya, cosa que havia provocat altercats i, sobretot, un increment del nombre de persones migrants al campament de Calamocarro, majoritàriament algerianes. Davant la insistència dels mitjans de comunicació, l’Executiu va haver de justificar per què enviava reclutes a una missió tan delicada. Aquests homes, assegurava el Ministeri de Defensa, “mai intervenen de manera directa sobre els possibles immigrants il·legals” i es limiten a avisar els agents de la Guàrdia Civil “en els casos en què es produïsca qualsevol conducta anòmala”.

El 1997, Sagredo formava part del tercer reemplaçament de l’any i estava destinat al Regiment d’Artilleria de Campanya número 30 (RACA 30), integrat en la Comandància General de Ceuta. La seua faena habitual poc tenia a veure amb la vigilància fronterera. Era caporal instructor i ensenyava a conduir camions militars als nous reclutes per a les maniobres d’artilleria.

Fins que va arribar l’ordre del Ministeri de Defensa.

“De sobte ens diuen que hem d’anar a la frontera per a controlar tot el tema de la immigració i donar suport a la Guàrdia Civil”, recorda. Els diferents regiments de la comandància van ser desplegats al llarg del perímetre fronterer. “Cada certs metres estàvem per parelles, dins dels Land Rover que apareixen en la fotografia”.

L’escena, vista amb la perspectiva de quasi tres dècades, el continua impressionant. “Érem uns xavals de 20 anys amb un fusell cetme vigilant la frontera”, diu. Sagredo havia demanat una pròrroga del servei militar per a acabar els estudis i després va sol·licitar anar voluntari a Ceuta. Ho va fer atret per l’experiència militar, però mai es va imaginar que hauria de vigilar la frontera. “Una cosa és voler conéixer com és l’Exèrcit i una altra de molt diferent és que et posen en una frontera amb un cetme”, afirma.

L’arma formava part de l’equip amb què patrullaven, encara que el protocol era estricte. “La portàvem descarregada, però amb la munició al Land Rover. Si haguera sigut necessari utilitzar-la, hi havia un procediment molt clar”. Tot i això, reconeix que aquella va ser l’única etapa de la seua vida en què va tindre una arma i que mai ha deixat de preguntar-se com hauria reaccionat en una situació límit. “No sé com hauria respost si haguera hagut d’usar-la”, admet.

Malgrat això, guarda un bon record d’aquella etapa. “No tinc un mal record ni de la mili ni d’aquella missió. La convivència va ser bona i la situació es va anar estabilitzant amb el pas de les setmanes”. Perquè, segons explica, la crisi d’aleshores va seguir un patró semblant a l’actual. El moment de més tensió es va concentrar en els primers dies i després el flux migratori va anar descendint. “Al principi hi va haver molt d’escàndol i després la situació es va rebaixar prou. Ara sembla que tot és més gran perquè existeixen les xarxes socials i hi ha moltíssima més atenció mediàtica que fa trenta anys”, assenyala.

Precisament aquesta amplificació del debat públic va ser el que el va portar a compartir la fotografia en les seues xarxes socials. Considera que les xarxes socials i una part del debat polític presenten la situació com si fora un fenomen inèdit quan, des de la seua experiència, respon a una dinàmica que es repeteix des de fa dècades. “Quan jo vaig estar a la frontera hi havia un tal José María Aznar, que no era precisament un president socialcomunista”, ironitza. “Aquestes coses han passat sempre”.

Per a l’alcalde, reduir la situació a un debat exclusivament migratori suposa ignorar el rerefons diplomàtic que històricament ha acompanyat Ceuta i Melilla. “Aquest és un problema geopolític que altres estats utilitzen en determinats moments. Ceuta no és només una frontera espanyola, també és una frontera de la Unió Europea”, sosté. Per això, rebutja les anàlisis simplistes que proliferen cada vegada que augmenta la pressió sobre la frontera. “La sobirania espanyola no és una qüestió ideològica”, afirma. I afig que els qui opinen des de la distància haurien de tindre present la complexitat del que ocorre sobre el terreny.

La fotografía llevaba años guardada en un cajón hasta que la actualidad la rescató. En ella aparece un joven Juan Antonio Sagredo, hoy alcalde de Paterna, uniformado junto a un Land Rover del Ejército de Tierra durante el servicio militar en Ceuta. Corría 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar ordenó desplegar a cientos de soldados de reemplazo para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera ceutí ante el aumento de los flujos migratorios.

El alcalde socialista de Paterna recuperó la instantánea para contextualizar la crisis fronteriza entre España y Marruecos en el campo de batalla en que se han convertido las redes sociales. Según explica en una conversación con elDiario.es, la difundió para recordar que el asunto que ocupa los titulares y las tertulias televisivas desde el pasado viernes no es un fenómeno inédito. Hace casi treinta años, él mismo, con apenas 20 años y mientras cumplía el servicio militar, fue enviado junto a otros reclutas a custodiar una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. “Este problema lleva casi tres décadas enquistado, si no más. Ceuta y Melilla no son solo un problema de flujos migratorios; es una cuestión geopolítica mucho más compleja de lo que puede explicarse en un vídeo de 20 o 30 segundos”, resume.

Las crónicas periodísticas de la época reflejan que la situación en la frontera de Ceuta —y también en Melilla— fue especialmente complicada para el Gobierno de José María Aznar. Entonces, la Delegación del Gobierno en Ceuta estaba reforzando la valla que separa Marruecos de España, lo que había provocado altercados y, sobre todo, un incremento del número de personas migrantes en el campamento de Calamocarro, en su gran mayoría argelinas. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el Ejecutivo tuvo que justificar por qué enviaba reclutas a una misión tan delicada. Estos hombres, aseguraba el Ministerio de Defensa, “nunca intervienen de forma directa sobre los posibles inmigrantes ilegales” y se limitan a avisar a los agentes de la Guardia Civil “en los casos en los que se produzca cualquier conducta anómala”.

En 1997, Sagredo formaba parte del tercer reemplazo del año y estaba destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 30 (RACA 30), integrado en la Comandancia General de Ceuta. Su trabajo habitual poco tenía que ver con la vigilancia fronteriza. Era cabo instructor y enseñaba a conducir camiones militares a los nuevos reclutas para las maniobras de artillería.

Hasta que llegó la orden del Ministerio de Defensa.

“De repente nos dicen que tenemos que ir a la frontera para controlar todo el tema de la inmigración y dar apoyo a la Guardia Civil”, recuerda. Los distintos regimientos de la comandancia fueron desplegados a lo largo del perímetro fronterizo. “Cada ciertos metros estábamos por parejas, dentro de los Land Rover que aparecen en la fotografía”.

La escena, vista con la perspectiva de casi tres décadas, le sigue impresionando. “Éramos unos chavales de 20 años con un rifle cetme vigilando la frontera”, dice. Sagredo había pedido una prórroga del servicio militar para terminar sus estudios y después solicitó ir voluntario a Ceuta. Lo hizo atraído por la experiencia militar, pero nunca imaginó que tendría que vigilar la frontera. “Una cosa es querer conocer cómo es el Ejército y otra muy distinta es que te pongan en una frontera con un cetme”, afirma.

El arma formaba parte del equipo con el que patrullaban, aunque el protocolo era estricto. “La llevábamos descargada, pero con la munición en el Land Rover. Si hubiera sido necesario utilizarla había un procedimiento muy claro”. Aun así, reconoce que aquella fue la única etapa de su vida en la que tuvo un arma y que nunca ha dejado de preguntarse cómo habría reaccionado en una situación límite. “No sé cómo hubiera respondido si hubiera tenido que utilizarla”, admite.

Pese a ello, guarda un buen recuerdo de aquella etapa. “No tengo un mal recuerdo ni de la mili ni de aquella misión. La convivencia fue buena y la situación se fue estabilizando con el paso de las semanas”. Porque, según explica, la crisis de entonces siguió un patrón parecido al actual. El momento de mayor tensión se concentró en los primeros días y después el flujo migratorio fue descendiendo. “Al principio hubo mucho escándalo y luego la situación rebajó bastante. Ahora parece que todo es mayor porque existen las redes sociales y hay muchísima más atención mediática que hace treinta años”, señala.

Precisamente esa amplificación del debate público fue lo que le llevó a compartir la fotografía en sus redes sociales. Considera que las redes sociales y parte del debate político presentan la situación como si fuera un fenómeno inédito cuando, desde su experiencia, responde a una dinámica que se repite desde hace décadas. “Cuando yo estuve en la frontera había un tal José María Aznar, que no era precisamente un presidente socialcomunista”, ironiza. “Estas cosas han pasado siempre”.

Para el alcalde, reducir la situación a un debate exclusivamente migratorio supone ignorar el trasfondo diplomático que históricamente ha acompañado a Ceuta y Melilla. “Este es un problema geopolítico que otros Estados utilizan en determinados momentos. Ceuta no es solo una frontera española, también es una frontera de la Unión Europea”, sostiene. Por eso rechaza los análisis simplistas que proliferan cada vez que aumenta la presión sobre la frontera. “La soberanía española no es una cuestión ideológica”, afirma. Y añade que quienes opinan desde la distancia deberían tener presente la complejidad de lo que ocurre sobre el terreno.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.