La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Cinco militares de la Escuela Militar de Montaña de Jaca han resultado heridos este miércoles al precipitarse la cordada que les unía cuando escalaban en Peña Telera, en el Pirineo altoaragonés. Todos ellos formaban parte del LXXXI Curso de Montaña y han sido trasladados a hospitales aragoneses.

El rescate y la posterior evacuación lo ha llevado a cabo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Se trata de cinco montañeros que han sufrido un accidente mientras realizaban una ruta en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca (Huesca). Ha consistido en un resbalón de las cordadas que les unían —una de tres integrantes y otra de dos—, que han caído posteriormente.

Se trata de cinco hombres, de entre 22 y 40 años, todos ellos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca y vecinos de la comarca altoaragonesa de La Jacetania, ha informado la Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los heridos son un profesor de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales y cuatro alumnos del curso. Las causas se están investigando.

El aviso se ha recibido a las 09:30 de este miércoles y ante la gravedad de la situación se han activado dos grupos de rescate, el Greim de Panticosa y el de Jaca, al igual que la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para atender a los heridos, de diversa consideración.

Tras localizar a los militares accidentados, los médicos del 061 los han atendido in situ en el lugar del siniestro, desde donde han sido trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa. Allí han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112, que ha llevado a dos de ellos a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, respectivamente. El resto de los heridos han sido trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, uno de ellos por la Unidad Aérea y los otros dos en ambulancia.

El Curso de Montaña en el que participaban los heridos comenzó el pasado mes de septiembre y tiene una duración de diez meses. Está orientado a proporcionar conocimientos y destrezas para vivir, moverse y combatir en alta montaña y en climas de frío extremo. Parte de sus ejercicios, como el de hoy, se realizan en el Pirineo Aragonés, así como en el navarro, catalán, en los Picos de Europa y en Chamonix (Francia).

El siniestro se ha producido en la Gran Diagonal de Peña Telera, un entorno de notable riesgo técnico debido a su configuración como uno de los corredores más extensos y duros del Pirineo oscense. Esta ruta, que salva un desnivel aproximado de 700 metros, recorre de forma directa la cara norte del macizo.

La empresa GDELS-Santa Bárbara ha concluido el proceso de fabricación de su primer vehículo Hunter destinado al Gobierno letón en la planta que tiene en Trubia (Asturias), con el fin de iniciar la fase de pruebas en Sevilla.

La primera unidad Hunter del contrato letón, que comprende 84 vehículos y soporte integral al ciclo de vida hasta 2037, sale este viernes de la planta de Santa Bárbara en Trubia con semanas de antelación a los plazos inicialmente previstos, según ha informado la compañía este viernes en una nota de prensa.

Eficiencia y solidez

El vehículo parte con destino a la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde completará la fase de verificación y la capacitación inicial del usuario, antes de su envío a Letonia esta primavera, apenas un año después de la firma del contrato.

La compañía, con sede en España e integrada dentro de la empresa estadounidense General Dynamics, ha afirmado que el hecho de que el producto se haya fabricado con semanas de antelación “confirma la eficiencia” de su modelo productivo así como la “solidez” en la cadena de suministro nacional formada por más de 130 empresas españolas.

El encargo

El plazo de entrega de estos vehículos es este año 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

La noticia se ha confirmado coincidiendo con la visita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado a Asturias.

El contrato de los 8x8

En el Principado, Margarita Robles ha apelado a la responsabilidad de los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que se cumpla “en tiempo y forma” el contrato de los 8x8, los blindados destinados a suplir los BMR en el Ejército de Tierra.

“Tengo que decirlo claramente: me preocupa enormemente y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8 (...) porque el Ejército de Tierra merece lo mejor, y al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad”, ha señalado.

Robles: “Hay incumplimientos”

Al ser preguntada por los problemas técnicos que están dando los 40 blindados 8x8 Dragón que se entregaron el pasado enero a la base de la Legión en Almería, la ministra ha insistido en que hay “incumplimientos claros” por parte de Tess y de las empresas que forman parte del consorcio que son motivo de preocupación desde hace años para el ministerio.

El contrato para la fabricación de los 8x8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.

La preocupación

La fabricación en serie comenzó a finales de 2021 en la factoría de la Empresa Nacional Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), pero los primeros once blindados no se entregaron al Ejército de Tierra hasta mayo de 2025.

“Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8” porque está habiendo un incumplimiento del compromiso asumido por las empresas de cumplir con los plazos, ha afirmado la ministra.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ número 3, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero (Asturias), donde ha asistido a una demostración de la unidad de drones, operativa desde hace un año y medio. 

La relevancia de Asturias

La ministra de Defensa ha asegurado que Asturias “es un lugar clave y esencial para su departamento porque ”tiene y va a tener un papel fundamental“ en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2 por ciento del PIB a inversiones en defensa.

“Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido” ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también en puestos de trabajo.

El papel “fundamental” del Principado

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la Empresa Nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del “Pelotón de Observación” de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos.

El trabajo con drones

Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

En la demostración, un dron cargado con cinco proyectiles los ha ido lanzando sobre los objetivos marcados y otro nodriza (dos acoplados en el que uno de ellos lleva una carga explosiva) ha sido utilizado para atacar un vehículo terrestre, ejercicios que se llevaron a cabo con precisión.

Los militares del Regimiento Príncipe número 3

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su partcipación en misiones internacionales, como Eslovaquia, “donde dejó el pabellón español muy alto” como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

“Los enfrentamientos con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones”, ha añadido. 

Telefónica e Indra exploran emprender una alianza estratégica en ciberseguridad e Inteligencia Artificial, abierta a nuevos socios, con el fin de poder pujar por los próximos contratos relacionados en Defensa, según publica Expansión este jueves y ha confirmado EFE. El objetivo principal de esta eventual alianza, de materializarse, serán los nuevos Programas Especial de Modernización (PEM) del Ministerio de Defensa valorados en miles de millones. La colaboración aún no se ha materializado en una sociedad conjunta ni en proyectos concretos.

Indra y Telefónica son dos empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con más de un 28% y un 10%, respectivamente. Según Expansión, esta iniciativa tiene el visto bueno del Ejecutivo en su objetivo de contar con una plataforma digital soberana, autónoma y segura en materia de datos, ciberseguridad, ciberdefensa e IA en España.

La idea pasa por poner en marcha una suerte de consorcio estatal nacional, al estilo Tess Defence, el consorcio español de empresas de defensa creado para desarrollar y fabricar el vehículo blindado 8x8 Dragón para el Ejército de Tierra. Su objetivo sería desarrollar iniciativas nacionales en materia de ciberseguridad, ciberdefensa e IA y que garantice la protección de activos, datos y comunicaciones estratégicas, pero también le permita anticipar y mejorar la toma de decisiones críticas sobre la base de una IA soberana.

Tess Defence contaba con cuatro socios (Indra, Santa Bárbara, Escribano Mechanical & Engineering y Sapa) con una participación equivalente, hasta que el año pasado Indra se hizo con la mayoría.

En caso de que siga adelante el proyecto, se prevé que Indra aporte las capacidades de su recién estrenada plataforma IndraMind, a través de la que concentra su experiencia en IA, ciberdefensa y ciberseguridad. Del lado de Telefónica, se pretende que la aportación llegue de la mano de infraestructuras de comunicaciones y tecnología propia.

Telefónica e Indra no han querido hacer comentarios al respecto, tras ser preguntados por EFE.

El grupo Indra invertirá 130 millones de euros para dotar de nuevas capacidades industriales a su planta de Gijón y para construir otra nueva, con el fin de fabricar artillería autopropulsada y con la previsión de generar 500 empleos directos y 1.000 indirectos.

Esta inversión la ha anunciado el presidente de Indra, Ángel Escribano, este martes antes de la firma de un acuerdo marco con el grupo surcoreano Hanwha para el desarrollo de sistemas de artillería autopropulsada de vanguardia.

El objetivo es cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas Españolas y dotar a España de capacidad autónoma y soberanía de diseño y fabricación de plataformas terrestres de cadenas de vanguardia.

Escribano ha destacado la “gran capacidad” de Indra para cumplir “sus objetivos” y el “compromiso” adquirido con el Ministerio de Defensa de entregar sistemas en un “plazo exigente y cumpliendo las expectativas”.

Una nueva planta en 2027

El director de la unidad de vehículos de Indra (Land Vehicles), Frank Torres, ha explicado en rueda de prensa que esta nueva planta estará en marcha en 2027, aunque no ha precisado la ubicación que tendrá.

La solución que Indra diseñará y fabricará para las Fuerzas Armadas Españolas estará constituida por un vehículo de artillería de cadenas, del que se entregarán 128 unidades, un sistema de reabastecimiento de munición, con 120 unidades, un vehículo de mando y control —11 unidades— y un vehículo de recuperación —21 unidades—.

En conjunto, estos medios conforman el sistema ATP de cadenas definido en el Programa Especial de Modernización (PEM) —del Ministerio de Defensa— que Indra Group y EM&E Group desarrollan en UTE, dotado de 4.554 millones.

Este es el contrato que Santa Bárbara anunció el pasado enero que tenía previsto recurrir ante el Tribunal Supremo, ya que considera que estas compañías no tienen capacidad para desarrollarlo.

Indra fabricará en España las barcazas de los mencionados vehículos y las equipará con su sistema de misión, que gobernará la operación del vehículo; el sistema de visión; el de gestión del campo de batalla; y las comunicaciones.

En Gijón se fabricará la barcaza y la integración de todos los sistemas se realizarán en la nueva planta, cuya ubicación no se ha desvelado.

El proyecto toma como elemento de partida la familia de vehículos K9 de Hanwha para diseñar y fabricar en España una barcaza propia, sobre la que Indra tendrá autoridad de diseño, y en la que se integrarán distintos sistemas nacionales para disponer de capacidades industriales y una familia de vehículos propia.

El bloqueo repentino del Ayuntamiento a un plan para levantar 18 plantas de oficinas en El Viso ha generado alegrías y escozor. La semana pasada estalló el revuelo después de que el Área de Urbanismo diera marcha atrás al proyecto, una información que adelantó Somos Madrid. Se trata de una torre de unos 60 metros de altura con la que el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, quería centralizar sus oficinas en un único edificio situado en la calle Joaquín Costa, al lado de Nuevos Ministerios. Pero este barrio de Chamartín –una zona adinerada y con mayoría de votantes del PP– ejerció una fuerte presión vecinal hasta colocar al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en una situación incómoda, parecida a la que ya han vivido en el Santiago Bernabéu o el cantón de Montecarmelo. Así que, después de casi un centenar de alegaciones, la gran torre de Defensa se queda en standby meses a pocos meses de recibir el primer sí de Cibeles.

Según Urbanismo, responsable de supervisar este tipo de licencias, desde que el Ayuntamiento dio luz verde al proyecto en verano se han presentado 88 alegaciones contra su tramitación. Las razones giran principalmente en torno al ruido o los problemas de tráfico y movilidad que puede generar la nueva infraestructura. El propio alcalde hizo gala de su actuación poco después de conocerse la noticia, aludiendo a que su equipo había obrado “igual que en cualquier planeamiento importante que pueda afectar a la ciudad”: en este caso, instando al Ministerio de Margarita Robles a negociar con el vecindario y ver con ellos cómo minimizar daños.

“Una torre de esas características afectará gravemente a toda la movilidad”, aseguró el primer edil, no sin levantar críticas a su alrededor. El concejal socialista Antonio Giraldo fue uno de los primeros en pronunciarse y señalar contradicciones en la decisión, llegando incluso a sugerir un agravio comparativo con otros barrios del sur. El edil del PSOE, que comparte siglas con la ministra de Defensa, publicó un vídeo en sus redes criticando que se paralizara un proyecto de oficinas para funcionarios por molestias a los vecinos mientras que, en cambio, en otros conflictos más sonados como el de la Ermita del Santo se actúa de una forma laxa.

En aquel caso, el propio Ayuntamiento contabilizó más de 1.000 alegaciones a la operación urbanística, que transforma el uso de los terrenos donde se ubicaba un antiguo centro comercial de Latina. El movimiento ha permitido a un inversor privado (que impulsa la reforma) quintuplicar el valor del suelo, al cambiarlo y pasar de la categoría de zona comercial y deportiva a una de uso residencial. La comparativa con el edificio de Defensa viene dada, entre otras cosas, porque en su día el proyecto planteó la construcción de 536 pisos distribuidos en varios edificios. Entre ellos, dos torres más altas que la imaginada en El Viso: de 21 y 28 pisos.

El debate sobre qué es o no de interés general

Desde entonces, pasó a hablarse del “pelotazo” de la Ermita del Santo. El proyecto echó a andar con Mariano Fuentes, de Ciudadanos, como responsable de Urbanismo; pero ya con Borja Carabante al frente y ante el auge de las críticas, hubo algunas modificaciones. Se rebajó la altura de las torres hasta los 23 pisos como máximo, el terreno a edificar pasó de 73.200 a 67.000 metros cuadrados y se redujo el número de viviendas previstas, anunciando entre ellas más pisos protegidos o de alquiler asequible. Con el acuerdo alcanzado, el Ayuntamiento paga la urbanización inicial del suelo –presupuestada en 11 millones de euros– a cambio de que luego ejecuten su construcción los promotores privados.

Y he aquí donde difieren las interpretaciones: mientras que el PSOE cuestiona la decisión en El Viso aludiendo a que los terrenos ya eran de Defensa y ni siquiera había que recalificarlos para cederse a un “lucro privado” –en palabras de Giraldo–, Carabante se defiende precisamente por lo contrario. El pasado sábado, en declaraciones a los medios, se zafó de las acusaciones por agravio comparativo señalando “una diferencia importante” entre ambos proyectos que, a su juicio, explicaba la diferencia de criterio: en la Ermita del Santo se plantea construir “vivienda asequible”, y no unas oficinas para funcionarios. “Es por interés general”, consideraba el delegado, aludiendo a la grave crisis actual para comprar, vender o alquilar inmuebles.

Sobre el proyecto de Defensa, menciona que este solo incluye nuevas oficinas en un entorno eminentemente residencial. “Definitivamente, no vamos a aprobar ese planeamiento porque la torre no cuenta con la aprobación, el consenso y el apoyo de los vecinos”, dijo Carabante. No obstante, sus palabras hacen dudar no solo entre rivales políticos, sino también en el seno de las asociaciones vecinales. “Está claro que no somos El Viso, eso es lo que ocurre”, zanja al otro lado del teléfono Álvaro Domínguez, uno de los portavoces de la plataforma creada en la Ermita del Santo a raíz del pelotazo urbanístico.

Mientras que en el barrio de Chamberí acababa de formarse una agrupación vecinal para presionar conjuntamente contra las oficinas del ministerio, junto al centro comercial de Latina se acumulan años de movilizaciones, caceroladas, protestas de distinta índole o recursos en los tribunales. El más reciente, una demanda conjunta con Ecologistas en Acción registrada en el mes de noviembre y en la que los denunciantes negaban, precisamente, el principal argumento esgrimido por Carabante. “Aquí no existe interés general alguno”, declararon en su momento desde la organización medioambientalista y la entidad ciudadana SOS Ermita del Santo, que figuran como denunciantes.

Más torres polémicas: Madrid Río o las cocheras de Cuatro Caminos

El debate sobre las torres no es nuevo en Madrid. Ya en 2014, el proyecto de la Operación Mahou-Calderón incluía la posibilidad de levantar varios edificios en altura junto a Madrid Río, en los terrenos del antiguo estadio Vicente Calderón. Aquella propuesta generó polémica y fue objeto de disputa política y judicial. De hecho, el planteamiento de las torres acabaría siendo utilizado como argumento en otros procedimientos legales relacionados con el desarrollo urbanístico de la zona.

Aunque el proyecto final fue modificado, el precedente dejó claro hasta qué punto las grandes operaciones urbanísticas en Madrid suelen ir acompañadas de conflictos vecinales muy similares con decisiones políticas diversas, pues no siempre siguen el mismo patrón. Ahora, el caso de El Viso ha reabierto una discusión de fondo: si el Ayuntamiento responde igual ante la presión vecinal en todos los distritos o si, por el contrario, existen diferencias en función del perfil socioeconómico de cada barrio.

Para la oposición, la secuencia es clara: en zonas con mayor poder adquisitivo, unas decenas de alegaciones bastan para frenar proyectos; en barrios populares o en transformación, ni años de movilización logran alterar el rumbo. El Gobierno municipal rechaza esa lectura y defiende que cada proyecto tiene sus particularidades técnicas y jurídicas. Pero la comparación ya está instalada en el debate público. Hay otros ejemplos más recientes, como el de las históricas cocheras de Metro en el barrio de Cuatro Caminos.

Allí, el Ayuntamiento ha impulsado hasta tres intentos distintos para permitir la construcción de viviendas sobre el suelo de las cocheras, a pesar de la oposición vecinal y de los reveses judiciales. El Tribunal Supremo llegó a tumbar uno de los planes, pero el Gobierno de Almeida ha insistido con nuevas propuestas. Los vecinos han denunciado la pérdida de patrimonio industrial y el impacto urbanístico del proyecto, pero sus reivindicaciones no han derivado en una paralización comparable a la de El Viso. Más bien al contrario: la estrategia municipal consiste en persistir.

El Ayuntamiento da marcha atrás: no aprobará el proyecto para construir una torre de 18 plantas en mitad de El Viso. Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo confirman a Somos Madrid después de un complejo periodo de alegaciones. Durante el verano, con muchos madrileños de vacaciones y la ciudad semidesierta, el Ministerio de Defensa obtuvo el sí municipal para levantar una estructura con 60 metros de altitud en pleno barrio residencial. El Viso es una zona acomodada y donde el PP acumula mayorías electorales. El ministerio de Margarita Robles propuso centralizar sus oficinas en un único edificio junto al Paseo de la Castellana, en la calle de Joaquín Costa número 6. Un terreno que ya les pertenece y alberga una escuela militar del Ejército de Tierra. Pero entre los vecinos del barrio la noticia no obtuvo una buena acogida.

Las alegaciones de particulares se amontonaron sobre la mesa y, poco después, la situación ha dado un giro inesperado. El proyecto aún estaba en fase muy inicial. Ni siquiera hay fechas previstas: en septiembre el Ayuntamiento sacó a información pública el proyecto para que la parcela, de 24.000 metros cuadrados, centralizara las oficinas del ministerio en un nuevo edificio. Margarita Robles, responsable de Defensa, se comprometió a mantener las aulas y talleres, pero el resto quedaría libre para sumar estancias en vertical. Y eso ha generado cierto malestar entre los vecinos, que han seguido la senda de otros residentes como los del Santiago Bernabéu o el entorno del cantón en Montecarmelo. Poco a poco comenzaron a organizarse en una plataforma contra la construcción, con idea de evitar que traiga más tráfico y contaminación al barrio.

Entre las previsiones estaban las de construir en torno a 40.000 m² para oficinas y otros 8.200 destinados a alojamientos temporales de militares. Con un presupuesto en torno a los cien millones de euros –las cantidades fluctúan a lo largo de cada proceso–, la alta torre se asemejaría al paisaje de grandes oficinas que puede verse en Azca, el principal distrito financiero en la ciudad y a relativa poca distancia de este lugar. Solo que, esta vez, se asienta sobre plano. Junto a estos terrenos cercanos a Nuevos Ministerios se encuentran sobre todo edificios residenciales, colegios y una parroquia, la de San Agustín, una iglesia protegida en la categoría de monumento.

En general, El Viso es un barrio tranquilo y adinerado. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No a todos los vecinos les convenció la noticia. Después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara el proyecto inicial de Defensa para construir la torre, se abrió el período de alegaciones.

Varios residentes de El Viso, primero a título particular y luego organizados en una plataforma vecinal, comenzaron a presentar las suyas. En general, creen que se trata de un giro urbanístico cuyo impacto sobre el vecindario es peligroso y previsible. La cuestión abre otro frente en casa al PP: después de que los vecinos del Santiago Bernabéu se rebelaran en los tribunales por el ruido de los conciertos, y que en Montecarmelo (distrito de Fuencarral-El Pardo) abrieran fuego contra el cantón de basuras, un tercer barrio de amplio apoyo popular inicia su propio recorrido. Fuentes vecinales confirman a este periódico que han sido muchas las alegaciones presentadas por particulares.

Entre otras razones, estas se atienen al blindaje de la zona: según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. Algo que, insisten los vecinos, queda en riesgo al plantear elevar una torre de 60 metros de altura sobre un patrimonio histórico. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa, a las que ha tenido acceso este periódico, llega a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Alegaciones por “servidumbre” militar, movilidad y daño a un BIC

En su argumentación de motivos, señalan que la actuación se vende como parte de una red pública supramunicipal y consideran que eso puede facilitar a sus promotores, ya avanzado el proceso, el esquivar la normativa local e “impone automáticamente” la “servidumbre por interés militar” sobre el posible impacto en los elementos de interés cultural o el uso residencial a su alrededor. Esto, en resumidas cuentas, les resulta una restricción “desproporcionada” de los derechos de propiedad.

Las alegaciones también ponen el foco en la movilidad. Frente al argumento oficial de que la apertura de un nuevo vial entre Joaquín Costa y Carbonero y Sol mejorará la conectividad y completará la trama urbana, los residentes sostienen que se trata de una maniobra urbanística para reclasificar el suelo como urbano consolidado y evitar la cesión del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento. En términos prácticos, advierten de que la actuación agravará el tráfico en una zona ya saturada y critican que el estudio presentado es “notablemente deficiente”, al “no analizar el impacto en horas punta ni plantear soluciones viables”.

Cuando trascendió el acuerdo, los vecinos supieron que los espacios actualmente liberados en la infraestructura para celebrar ceremonias castrenses se mantendrán, en principio, como hasta ahora. Sobre la mesa está la demolición de algunos inmuebles. De momento, se estima una inversión total de 95,53 millones de euros, en su mayoría destinados a labores de construcción, obras subterráneas o derribos. El plan especial fue publicado por el Ayuntamiento el 31 de julio, en el ecuador estival. Antes de eso, el proyecto había superado otros filtros habituales: comisiones municipales de patrimonio, el visto bueno de la Comunidad de Madrid... En adelante, solo queda esperar a que se resuelvan las alegaciones presentadas –el plazo ya ha expirado– para saber si el plan puede aprobarse de forma definitiva y, entonces, iniciar las obras.

Los precedentes del Bernabéu y el cantón de Montecarmelo

Para asesorarse sobre cómo proceder en su pulso con la Administración, los residentes de El Viso acudieron a sus vecinos de distrito (Chamartín) en el estadio Santiago Bernabéu, con quienes comparten una causa común: una inquietud que involucra a las instituciones. En el recinto deportivo del Real Madrid, propiedad del magnate Florentino Pérez, se han celebrado varios conciertos apoteósicos de los últimos años. Taylor Swift o Karol G en 2024 –la primera con dos fechas y unos 130.000 asistentes en total y la segunda, con cuatro shows y alrededor de 250.000 entradas vendidas– hicieron despegar las quejas por ruido y se empezaron a ver las orejas del conflicto.

Poco después, otras artistas nacionales de gran popularidad como Aitana y Lola Índigo tuvieron que suspender sus conciertos ante las denuncias vecinales por rebasar los límites de ruido. Entonces comenzó al éxodo al Metropolitano. En Madrid, los macroconciertos se han convertido en un negocio pujante concentrado sobre todo en tres grandes epicentros: el estadio Santiago Bernabéu, el Metropolitano y el Palacio de los Deportes, hasta hace poco patrocinado como Wizink Center. El primero tiene un aforo de 84.000 personas, en el segundo caben algo más de 70.000 y el tercero, el único habilitado arquitectónicamente para este fin, ronda las 17.000.

Entre ellos se reparten muchos de los espectáculos más codiciados de la ciudad, pues los estadios deportivos se han consolidado como un templo de conciertos más gracias a su amplio aforo en mitad de un nuevo boom para la música en directo. Tiene una cara b: a la par que aumentan las ganancias también lo hacen las quejas vecinales por organizar un show de luces y sonidos en campos que no nacieron para este fin.

Otro ejemplo similar fue el del cantón de basuras en Montecarmelo. En este caso, un proyecto municipal volvió a situar unas instalaciones consideradas molestas en dentro de un residencial. En su distrito, Fuencarral, el PP se consolidó como el partido más votado en las últimas elecciones. Pero, con el anuncio de un depósito de limpieza junto a dos colegios, una guardería y el cementerio municipal del distrito, la situación se torció. En poco tiempo, los vecinos comenzaron a presionar para cambiar la localización y evitar ruidos u olores. Además, surgieron denuncias por una supuesta falta de transparencia en la tramitación y se activaron varias movilizaciones, generando un fuerte rechazo social.

Después de años de tira y afloja con el Ayuntamiento (y de configurar una plataforma vecinal específica contra el cantón), este 2026 lograron que el concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, renuncie a abrir una base del Selur en parcelas próximas a colegios o viviendas. Selur es el servicio municipal de limpieza urgente. En lugar de materializar el proyecto inicial, Montecarmelo albergará un espacio con vestuarios para 30 trabajadores y sus carritos, almacén y unas 20 plazas disponibles. El resto del área reservada se recalificará y convertirá en un parque con carril bici y otras dotaciones. La conclusión de aquel caso se asemeja a la que ahora asoma entre los vecinos de El Viso, después de que el Ayuntamiento dé algo de oxígeno a sus aspiraciones contra la torre de Defensa.

En el episodio de hoy hablamos con Mònica, Francesc y Cristina. Los tres salen en un documental de TV3 que se llama ‘Et faran un home. Morts silenciades’. Los tres tienen en común que son hermanos de personas que, ellos tienen claro, murieron en extrañas circunstancias en la mili o por culpa de la mili. Han decidido aunar esfuerzos y organizarse para intentar buscar justicia. Han puesto en marcha el Grupo de Apoyo de Familias de Víctimas de la Mili para recoger casos y testigos de familiares en una situación similar a la suya. Contamos sus historias y les preguntamos cómo se sienten en un contexto internacional en el que la guerra vuelve a ser protagonista y en el que muchos países de nuestro entorno recuperan el servicio militar obligatorio. 

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España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega, según ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

La Cristóbal Colón se incorporó el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle para realizar labores de escolta, protección y adiestramiento avanzado en el mar Báltico. Ahora, el conjunto se dirigirá al Mediterráneo para llegar a las costas de Creta hacia el 10 de marzo. También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el Golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que Cristóbal Colón es la “fragata tecnológicamente más avanzada”. Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto. “Con el despliegue la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental”, ha concluido Defensa.

La ministra de Defensa adelantó este jueves a primera hora en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno estaría dispuesto a dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y de la milicia Hizbulá: “España va a estar siempre con la UE, defendiendo los principios básicos de la paz”. Además, apuntó que se valorará la participación de España si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”.

“Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, ha explicado la ministra en referencia, en comparación, al veto de que EEUU use las bases áreas de Morón y Rota para la guerra en Irán. Además, Robles ha recordado la presencia de España en misiones OTAN, como la de Turquía, y ha confirmado que una batería Patriot española fue clave en la operación para  interceptar el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco.

“Trump dice que España no colabora, pero España está en Turquía, Irak y Líbano con la OTAN. Siempre en misiones de paz. Y lo mismo con las misiones de la UE”, ha apuntado la ministra de Defensa que ha insistido en que el Gobierno mantiene la posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán a pesar de las últimas declaraciones de la Casa Blanca.

“La posición del Gobierno de España ha sido contundente. Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. España está firmemente comprometido con la paz”, ha afirmado Robles en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha insistido en que el Gobierno no cree “en la guerra”: “La violencia no es el camino”. “La posición de España es clara y contundente, sin matices y vamos a apoyar siempre escenarios de paz”, ha reconocido y ha insistido en que “lo que está pasando en Teherán no es aceptable, pero el camino no es una acción unilateral”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido este jueves en que se mantiene la posición adoptada por España de rechazo frontal a la guerra emprendida en Irán a pesar de las últimas declaraciones de la Casa Blanca. En línea con lo asegurado el miércoles a última hora por José Manuel Albares, que afirmó que “desmiente tajantemente” que haya “cambiado ni una coma nuestra postura y no tengo la menor idea de a qué se puede referir”, ha dicho que ella también es “absolutamente contundente e incluso más que el ministro de Exteriores”. “No se va a autorizar el uso de las bases españolas de Rota y Morón”, ha defendido.

“La posición del Gobierno de España ha sido contundente. Ética y jurídicamente estamos haciendo lo correcto. España está firmemente comprometido con la paz”, ha afirmado Robles en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha insistido en que el Gobierno no cree “en la guerra”: “La violencia no es el camino”. “La posición de España es clara y contundente, sin matices y vamos a apoyar siempre escenarios de paz”, ha reconocido.

Preguntada sobre de dónde saca la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que España está coordinándose con sus homólogos en EEUU, Robles ha dicho que “ellos saben que no es verdad”. “No voy a hacer especulaciones de donde sacan esto, puede ser un paso atrás después de unas poco apropiadas declaraciones de Trump”, ha explicado. Desde el Despacho Oval y junto al canciller alemán, Friedrich Merz, el presidente dijo que “España ha sido terrible” y apuntó a un corte de “todas las relaciones con España”: “Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”.

Cuestionada si estas declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca pudieron ser culpa de la reunión del miércoles por la tarde entre la ministra con el embajador de EEUU en España, Benjamín León, Robles lo ha negado. “Cuando habló, todavía estaba reunida con el embajador. Es imposible. Era una visita de cortesía y agendada desde hace tiempo”, ha señalado. “Ellos son perfectamente consecuente de que Trump no fue correcto”, ha apuntado y ha recordado que España “cuando no hay un amparo internacional, creemos que no se puede actuar”. “Lo que está pasando en Teherán no es aceptable, pero el camino no es una acción unilateral”, ha afirmado.

Con respecto a las últimas informaciones sobre que España estaría estudiando dar apoyo militar a Chipre tras los ataques que está recibiendo por parte de Irán y la milicia libanesa Hizbulá, Robles ha explicado que el Gobierno “va a estar siempre con la Unión Europea, defendiendo los principios básicos de la paz” y que se valorará si “la UE o miembros de la UE deciden algunas misiones” y “lo que haya que hacerse, se hará”: “Pero tenemos que ser muy prudentes”. “Una cosa son las misiones de ataque y otras las de defensa”, ha asegurado la ministra.

Preguntada sobre si era española la defensa antiaérea de la OTAN que interceptó el miércoles un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco, Robles ha dicho que no, pero que había sido una batería Patriot española fue clave en la operación para derribarlo. “Trump dice que España no colabora, pero España está en Turquía, Irak y Líbano con la OTAN. Siempre en misiones de paz. Y lo mismo con las misiones de la UE”, ha apuntado la ministra de Defensa.

Por último, y sobre si ha existido una llamada entre el Gobierno y la oposición ante la actual situación en Irán, Robles ha dicho que “el PP nunca ha tenido, al menos en el tiempo que lleva Feijóo, una concepción de Estado en política de Defensa”. “Incluso han ido a hablar mal de España al extranjero”, ha concluido la ministra.

La secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha comparecido este miércoles en la comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para informar de las exportaciones de material de defensa a otros países (los datos no incluyen las importaciones de armas). En especial, la secretaria se ha detenido en el caso de Israel, que ha desencadenado una guerra junto a EEUU tras el ataque a Irán. Los datos se aportan además después de que el gobierno de Sánchez aprobara un decreto de embargo de armamento a ese país en 2025, tras la invasión de Gaza y la masacre de civiles, que empezó en octubre en 2023.

A raíz de este embargo aprobado por España, Senovilla ha asegurado que en 2024 aún hubo un saldo de 1,45 millones de exportaciones a Israel, aunque lo ha enmarcado en un tránsito hacia terceros países como “Filipinas o Estados Unidos”. También en otros casos ese material ha vuelto a “España”. Se trata, según la web Datacomex –que recoge datos de importación y exportación– de un proceso para reparar piezas. Por ejemplo, esa web recoge que “en el mes de septiembre de 2024 aparece una operación de importación desde Israel de 3.272.319€ en el código Taric 93069010. Dicha operación resulta del retorno a España de material previamente enviado a Israel con carácter temporal, con el fin de ser objeto de reparaciones”. De esta manera, no queda contabilizado en el informe presentado en el Congreso. 

Respecto a las denegaciones de licencias de exportación, necesarias para vender armamento a otros países, “desde 2023 hasta el decreto de embargo se han denegado 64 licencias de exportación y 4 de importación” desde Israel. La ley “se está aplicando con exquisito cuidado”, ha asegurado Senovilla. Desde ese decreto, la secretaria de Estado ha cifrado en 151 licencias las denegadas. También ha dicho que “se ha iniciado la revocación de 21 licencias vigentes”. Según el informe, en concreto en el primer semestre de 2025 “se denegaron una licencia a Israel de conjuntos de detonadores no eléctricos, dos de explosivos (petardos y detonadores) a Níger, una a Bahréin de 1.200 disparos de munición de 30mm y una licencia a Cuba de munición de pistola 9x18”.

Los datos presentados también incluyen el primer semestre de 2025, en el que Senovilla ha informado de que no se han producido exportaciones de material militar de ningún tipo a Israel. “No se han autorizado exportaciones de equipos que pudiesen ser empleados como material antidisturbios por parte de las Fuerzas Armadas”, dice además el informe.

Pero también se han aplicado excepciones: “Hay licencias estrictamente necesarias en proyectos aeronáuticos, que supondrían un menoscabo para los intereses nacionales”, ha dicho. De manera que hay licencias que sí se han mantenido. “Las únicas licencias de exportación autorizadas a Israel fueron temporales y están relacionadas con reparaciones, mantenimiento y programas cuyo usuario final son las fuerzas armadas españolas, no tienen contraprestación monetaria y fueron consideradas como estratégicas”, dice el informe. De hecho, tal y como publicó elDiario.es, España autorizó transferencias de material militar de Israel tres meses después de la aprobación del embargo: El último Consejo de Ministros de 2025 aprobó la transferencia de “material de defensa y doble uso” israelí para Airbus, siguiendo el Real Decreto-ley de septiembre, que permite excepciones en nombre de “intereses nacionales”.

Txema Guijarro, de Sumar, ha preguntado por el plan de desconexión y “en qué se ha avanzado” si todavía hay necesidades “estratégicas” de mantener algún comercio con Israel. Se ha referido específicamente a Elbit, Rafael, Israel Aerospace, que están detrás de los proyectos más relevantes en España de construcción de lanzacohetes Silam o misiles Spike. También Guijarro ha preguntado a la secretaria por la exportación de armas a Ruanda por valor de 12 millones, que apoya a un grupo paramilitar en conflicto con la República Democrática del Congo. Jon Iñarritu (Bildu) ha hecho mención a los buques de armamento que han transitado aguas españolas y el representante de ERC ha sido crítico con la opacidad o retraso en conocer los datos. El diputado de Vox se ha preguntado si “era necesario romper con Israel”. La representante socialista ha valorado el decreto de embargo. El diputado del PP ha criticado el “no a la guerra” teniendo en cuenta que “las principales empresas del sector están participadas por el Estado”.

La secretaria de Estado también se ha referido a Rusia, donde no se ha exportado material de defensa. En cuanto a Ucrania, España exportó en primer semestre de 2025 material de defensa por valor total de 35,7 millones de euros. “Entre ellas, se contabilizan donaciones de artículos por un valor total de 219 millones de euros”.

En 2025, los principales destinos de las exportaciones de doble uso (material de aplicación civil y militar) “fueron China, con 21 millones de euros y un 16,3% del total; Arabia Saudí, con 13 millones de euros y 10% del total; y, Turquía, con 10,3 millones de euros y 8% del total”.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no oculta su querencia por el Principado. De ascendencia asturiana por parte de sus abuelos, dice que a sus colaboradores en el Ministerio les ha dicho que “todo lo que venga de Asturias, adelante” y hasta la capital asturiana ha llegado este viernes, emocionada, para recoger la medalla de oro que le ha concedido la Cámara de Comercio de Oviedo y cuya entrega tuvo que retrasarse a consecuencia de la DANA de Valencia.

En su visita a Oviedo, la ministra ha realizado declaraciones en clave nacional y regional. Ha asegurado que el refuerzo de la inversión en defensa “ha venido para quedarse” porque considera que es necesario para garantizar “la paz, la libertad, la seguridad y la democracia” ante los ataques que está sufriendo el orden jurídico internacional.

Trabajar por la paz

Robles considera que incrementar el esfuerzo inversor de España, reflejado en el compromiso de alcanzar este año una inversión del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en defensa, es una necesidad en un mundo en el que es necesario trabajar por la paz como demuestran las situaciones que se viven en Ucrania o Gaza.

En clave regional, la titular de Defensa ha destacado la relevancia de los grandes programas que se están desarrollando en Asturias, como el 8x8 o el Pizarro.

Los proyectos en Asturias

La ministra ha hecho hincapié en que dentro de ese desarrollo de la industria armamentística debe tener uno de sus principales pilares en Asturias gracias a la presencia de empresas como Santa Bárbara a través de su fábrica de Trubia (Oviedo) o la más reciente implantación de la compañía Indra tras la adquisición de una planta de Duro Felguera en Gijón, el Tallerón, para fabricar y ensamblar vehículos blindados.

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, ha resaltado el importante papel que tuvo la ministra en las negociaciones sobre el futuro de las instalaciones de La Vega, lo que derivó en la firma de un convenio entre las tres administraciones -central, autonómica y municipal- para transformar 127.000 metros cuadrados de superficie en un polo cultural, biotecnológico y residencial.

El compromiso “real y sostenido”

Por su parte, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido la necesidad de que se imponga “la sensatez y el interés de Estado” para que todos los proyectos ligados con el sector de la defensa que está previsto que se desplieguen en Asturias “lleguen a buen término más pronto que tarde”.

Barbón ha tenido palabras de elogio hacia la ministra, de la que ha destacado su “compromiso real y sostenido” con Asturias, así como su dedicación a esta tierra que, según sostiene, “se percibe y se agradece a nivel institucional, empresarial y social”.

“Has sido clave para dar un paso que abre la puerta al gran Oviedo del siglo XXI”, ha dicho el presidente dirigiéndose a la ministra para alabar su gestión que se ha materializado en la firma del convenio para la ordenación urbanística de los terrenos de La Vega y ha recalcado la necesidad de avanzar con diligencia en este proyecto: “La rapidez no es un capricho, es imprescindible para ganar credibilidad”.

Barbón ha destacado asimismo el impulso que la ministra ha dado a la presencia y actividad del Ministerio de Defensa en la comunidad autónoma.

Una referencia internacional

“Si hoy Asturias puede convertirse en una referencia internacional en la industria de defensa es, en buena medida, gracias a tus decisiones”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que la comunidad reúne condiciones idóneas para atraer proyectos estratégicos vinculados con este sector capaces de crear empleo y riqueza.

El presidente ha agradecido la implicación de la ministra en actos significativos para el Principado, como la inauguración de la sede permanente de Asturias en Madrid. En este sentido, ha destacado su “generosidad, complicidad y excelente disposición para colaborar en todo lo que proponemos desde Asturias”, y ha recordado que su vínculo con la comunidad “no es de boquilla, sino de corazón y conciencia”.

El presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano, ha cumplido este martes un año en el cargo mientras proliferan dudas en el seno del Gobierno sobre la fusión de la cotizada con su empresa de armamento, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). La buena noticia para Escribano es que celebra este aniversario con multimillonarias plusvalías latentes por su inversión en esta compañía del Ibex, cuyo mayor accionista (28%) es el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Escribano llegó a la presidencia del grupo el mismo día en que Donald Trump consumaba su regreso a la Casa Blanca. Sustituyó a Marc Murtra tras la marcha de este a Telefónica, también participada por SEPI. Su nombramiento como primer ejecutivo de Indra llegó semanas después de que EM&E elevase en diciembre de 2024 su participación del 8% al 14,3%, convirtiéndose en su primer accionista privado.

Mientras el primer año de Murtra en Telefónica se ha saldado con una caída del 12% en la cotización de la 'teleco', en un ejercicio marcado por el expediente de regulación de empleo (ERE) para más de 4.500 empleados, Indra se ha disparado en el último año en Bolsa un 206%. En otras palabras, sus títulos han pasado de cotizar a 18,1 euros a los 55,45 euros de este martes.

La compañía se ha visto impulsada por el auge del sector de la defensa en toda Europa y la pretensión del Gobierno de convertirla en un gran campeón nacional de este negocio, ante la amenaza rusa y la creciente inestabilidad geopolítica, con un Trump ahora empeñado en anexionarse Groenlandia, territorio perteneciente a la UE.

La mala noticia para el primer ejecutivo de Indra y su hermano Javier Escribano, copropietario de EM&E y también consejero de la cotizada, son las dudas que plantea ahora en el Ejecutivo de Pedro Sánchez la fusión, según han publicado varios medios, ante el evidente conflicto de interés del máximo ejecutivo de Indra y la valoración que se quiere otorgar a su empresa.

Esa valoración se ha cifrado en una amplia horquilla entre 1.000 y 2.000 millones, aunque esta cuestión no se podrá dilucidar hasta que las dos compañías aprueben sus cuentas del ejercicio 2025. 

El pasado lunes, El Confidencial publicó que a las reticencias de varios consejeros independientes y accionistas de la multinacional tecnológica y de defensa sobre la fusión se suman ahora las reservas del Ejecutivo, que este habría comunicado sus reservas a la SEPI a través de Manuel de la Rocha, mano derecha del presidente del Gobierno para asuntos económicos y uno de los impulsores iniciales de la fusión.

Fuentes conocedoras del proceso explican que la fusión sigue adelante, pese a los “flecos” pendientes. Según publicaba este martes Cinco Días, desde el Gobierno ven ahora “más lejana” esta operación, por ese conflicto de intereses que existe desde el momento en que se puso sobre la mesa la compra de EM&E. 

Ni la SEPI ni Indra comentan este asunto. Fuentes empresariales aseguran que la operación de Indra y EM&E ha sido uno de los asuntos tratados en el encuentro que tenían previsto mantener el pasado lunes el presidente del Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo y que se aplazó por la tragedia ferroviaria del pasado domingo.

El PP no ha criticado hasta ahora la operación de Escribano, que se ha dejado en manos del consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos, bien relacionado con los populares. El principal partido de la oposición sí ha puesto en tela de juicio el reparto a dedo de los multimillonarios programas especiales de modernización (PEM) que el Ministerio de Defensa adjudicó a finales de 2025, con Indra y EM&E como principales beneficiarias, y que la estadounidense General Dynamics (dueña de Santa Bárbara Sistemas) ha recurrido ante la justicia.

La posible fusión de Indra y EM&E trascendió por primera vez en abril del año pasado. Hasta hace unos meses ambos hermanos confiaban en tenerla atada antes de 2026. El retraso, por ahora, es pequeño comparado con operaciones como la entrada de Indra en la vasca ITP, que tardó dos años en materializarse.

La cotizada, una histórica del Ibex 35, prevé cerrar el año 2025 con ingresos superiores a los 5.200 millones. Mientras, Escribano ha pasado de ser una pyme en 2018 a manejar una previsión de facturación de 500 millones para el ejercicio que acaba de cerrarse, tras un crecimiento meteórico al calor de numerosos contratos sin competencia, fórmula habitual en el sector de defensa.

La compra de EM&E tiene gran sentido industrial para Indra, que obtendría las capacidades en el campo de los vehículos militares terrestres y torretas de las que carece frente a su principal competidor nacional, Santa Bárbara. En los últimos años, Indra ha sumado más de 1.000 millones en compras en el sector aeroespacial y de defensa, si se incluye la reciente adquisición de Hispasat, otra compañía de la órbita de la SEPI (pertenecía a Redeia, dueña de Red Eléctrica) que Indra ha integrado en una nueva división aeroespacial. El nuevo máximo responsable de esa división es el histórico del sector Miguel Ángel Panduro, hasta hace unas semanas consejero delegado de Hispasat y fichado hace años por los Escribano como consejero de EM&E.

Operación “coherente”

El pasado de 10 de diciembre, el consejo de administración de Indra consideró que la absorción de EM&E es “coherente” con la estrategia del grupo, tras analizar las aportaciones y conclusiones de los asesores externos Renaissance Strategic Advisors y Oliver Wyman y de la Comisión Ad Hoc que el consejo de Indra creó el pasado verano para analizar la fusión. 

Ese juicio favorable a la fusión, que “no supone ni anticipa la aprobación de ninguna operación”, como recalcó entonces Indra, se aprobó en una sesión en la que se ausentaron por su conflicto de interés los dos hermanos, y con el voto favorable del resto de consejeros. También el de Jokin Aperribay, consejero delegado de la vasca SAPA, dueña de casi un 8% de Indra (ligeramente por encima del 7,24% del fondo Amber Capital, del presidente de Prisa, Joseph Orghoulian) y que es reticente a la operación de EM&E. 

El pasado 20 de noviembre, el presidente de EM&E, Javier Escribano, ya admitió que la fusión no se materializaría hasta este año y aseguró que su empresa tiene “mucho recorrido” en solitario. El hermano del presidente de Indra afirmó que, si la operación finalmente no sale adelante, “nos quedamos como estamos”. Si se materializa “podemos crear una compañía capaz de competir con Leonardo en cinco años”, afirmó Escribano, que aseguró que no vendería su empresa ni aunque le ofrecieran “miles de millones”.

Por lo pronto, los dos hermanos atesoran multimillonarias plusvalías latentes en su inversión en Indra. Sobre el papel, son mucho más ricos que hace un año. Empezaron a comprar acciones en 2023 con un 3% que luego fueron ampliando hasta el actual 14,3%. Y su inversión (de unos 366 millones de euros) vale ahora cerca de 1.700 millones, gracias al subidón bursátil de Indra, cuya cotización ha cedido esta semana más de un 4% en un contexto de nerviosismo en los mercados por el temor a otra escalada arancelaria por las ocurrencias de Trump, y tras publicarse esas informaciones sobre los recelos del Gobierno a la operación con EM&E.

Tras batir nuevos máximos históricos, la capitalización de Indra ha llegado a superar este enero los 10.000 millones, superando a empresas como Acciona, otra histórica del Ibex cuyo presidente, José Manuel Entrecanales, estará este miércoles en el encuentro en el Foro de Davos (Suiza) de los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y Transformación Digital, Óscar López, con ejecutivos como el citado Murtra, Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Josu Jon Imaz (Repsol) o José Manuel Entrecanales (Acciona). No está prevista la asistencia de Escribano, con un perfil público y un verbo directo en las antípodas del ejecutivo medio del selectivo.

Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, prevé recurrir en el Tribunal Supremo los dos grandes contratos de artillería que el Ministerio de Defensa ha adjudicado recientemente a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y Escribano por un importe conjunto de 7.240 millones de euros.

La intención de Santa Bárbara está recogida en un recurso contencioso-administrativo que el Tribunal Supremo ya ha admitido a trámite y en el que la compañía solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la mencionada UTE para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar del Gobierno.

En concreto, Santa Bárbara Sistemas lamenta en el recurso que la empresa “no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad” tramitado por el Ministerio de Defensa para la adjudicación de los contratos de los obuses de ruedas y de cadenas, “por lo que recurrirá y solicitará la suspensión” de los mismos.

“SBS (Santa Bárbara Sistemas) no ha sido ni tan siquiera invitada al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia” que tramita Defensa para la adjudicación de los denominados PEM (programas especiales de modernización), de los que Indra y Escribano (su principal accionista) han sido los principales beneficiarios, “por lo que recurrirá y solicitará la suspensión de las correspondientes adjudicaciones tan pronto se produzcan y conozcan por esta parte”, subraya la documentación jurídica consultada por Europa Press.

El pasado 22 de diciembre Defensa adjudicó a la UTE de Indra y Escribano el contrato para el obús de ruedas por casi 2.686 millones y el de cadenas por casi 4.554 millones. A pesar de que ambos contratos ya han sido adjudicados, Santa Bárbara Sistemas todavía no ha presentado el recurso con el que pretende que se suspendan ambos procedimientos, según fuentes conocedoras de la situación.

“Perjuicio irreparable”

En el momento en que Santa Bárbara presentó el recurso en el que solicita bloquear los préstamos estatales al 0% de interés para estos dos contratos todavía no se había efectuado su adjudicación.

Santa Bárbara también argumenta en su recurso ante el Supremo para solicitar la suspensión de los préstamos que, de no adoptarse las medidas cautelares solicitadas, se le causará un “perjuicio irreparable”, dado que es “el único fabricante español de sistemas de artillería y también la empresa líder del segmento de la industria de defensa española dedicada a la fabricación de vehículos de combate terrestre”.

“Lo anterior contrasta con la situación de Indra y Escribano que, como veremos, carecen de experiencia, recursos o productos equivalentes”, añade el documento presentado ante el Supremo.

De hecho, a fin de avanzar de la forma más rápida posible en la aplicación de las medidas cautelares solicitadas --las cuales todavía deben resolverse-- la compañía pidió al Supremo que el periodo entre el 24 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 contase como laborable, cuestión esta que fue rechazada.

Asimismo, Santa Bárbara Sistemas también sostiene que la ejecución de los préstamos al 0% para Indra y Escribano para prefinanciar los contratos de artillería que le han sido adjudicados “restringirá las posibilidades efectivas” de que pueda competir “durante la próxima década en el mercado español de la defensa en los ámbitos foco de su actividad (plataformas blindadas y sistemas de artillería)” en los que, según precisa, “sus capacidades están más que acreditadas”.

“En la práctica, limitará su ámbito de actividad de forma significativa en el mercado español de la defensa y afectará a su proyección en el mercado internacional”, agrega la empresa propiedad de General Dynamics.

El inicio de 2026 ha traído consigo la publicación de las primeras convocatorias de empleo público del año, con más de 30.000 plazas en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y fuerzas armadas. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establecen los plazos, requisitos y procedimientos para que los aspirantes puedan acceder a puestos estables en la administración.

Las oposiciones abarcan distintos ámbitos, incluyendo gestión administrativa, apoyo técnico, perfiles tecnológicos y funciones operativas en los ejércitos. Cada convocatoria define con precisión los plazos de inscripción y las titulaciones necesarias, de modo que los aspirantes puedan planificar su participación dentro del calendario oficial de 2026.

Militar profesional de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria para el primer ciclo de 2026 con un total de 4.527 plazas, repartidas entre Ejército de Tierra (3.204 plazas), Armada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas). Entre las vacantes se incluyen plazas reservadas para deportistas de alto nivel y para aspirantes extranjeros.

Los puestos disponibles abarcan unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Infantería de Marina, operaciones, sistemas, energía y propulsión, así como mantenimiento de aeronaves y control aéreo. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años en la fecha de incorporación al centro de formación, prevista para el 4 de mayo de 2026, y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para solicitar cita previa estará abierto del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

La Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado 1.556 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, distribuidas en 1.056 de acceso libre y 500 de promoción interna, con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Los puestos se orientan a la gestión administrativa del sistema de la Seguridad Social, incluyendo tramitación de expedientes y apoyo en procedimientos internos.

Los aspirantes deben contar con titulación universitaria, que puede ser Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. El plazo para presentar solicitudes de manera telemática se extiende hasta el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado 4.350 plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, de las cuales 1.450 son de ingreso libre y 2.900 de promoción interna, con reservas para personas con discapacidad. Los puestos incluyen apoyo administrativo, registro de documentación, atención al público y manejo de aplicaciones informáticas básicas.

Para participar es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Administrativo (AGE)

El Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1, ha convocado 2.512 plazas de ingreso libre, con reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen la gestión de expedientes y el apoyo a las unidades administrativas de ministerios y organismos públicos.

Se requiere como titulación mínima Bachillerato o Técnico de Formación Profesional de Grado Medio. Las solicitudes deberán presentarse antes del 22 de enero de 2026, y la convocatoria es gestionada por la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, cuenta con 4.306 plazas, repartidas entre 1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna, incluyendo reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen tareas de gestión, coordinación administrativa, elaboración de informes y supervisión de procedimientos.

Los aspirantes deben poseer titulación universitaria (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, y la convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpos de Informática (TIC)

Se han convocado 1.710 plazas de ingreso libre para perfiles tecnológicos. El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) ofrece 1.030 plazas, con requisito de Bachillerato o Técnico, mientras que el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) convoca 680 plazas, con requisito de titulación universitaria.

Los puestos incluyen funciones de desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y servicios digitales de la administración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, gestionado por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

El polígono industrial de Villadangos del Páramo (León) y Valladolid acogerán dos fábricas de drones militares, según un acuerdo firmado este martes por Indra Group y EDGE Group (un conglomerado emiratí de tecnología avanzada y defensa), que han pactado crear una nueva empresa de fabricación de material de defensa. La firma se ha producido en el Ministerio de Defensa y el Gobierno espera que esta compañía se dedique al desarrollo, producción y sostenimiento durante todo su ciclo de vida de municiones merodeadoras (conocidas como 'drones kamikaze' o 'drones suicida') y sistemas inteligentes destinados a programas de defensa españoles y europeos.

El acuerdo prevé la constitución de una nueva entidad industrial en España, con una cartera estimada de pedidos plurianuales de alrededor de 2.000 millones de euros. La empresa aspira a cubrir las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas españolas y de otros países europeos.

Indra desarrollará una nueva planta industrial en Villadangos del Páramo de fabricación de drones con una inversión estimada de 20 millones de euros —que generará hasta 280 empleos cuando alcance su plena capacidad— y otra en Valladolid, con otros 200 puestos de trabajo, centrada en la fabricación de micro-motores para drones (UAV), según ha informado el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, ha defendido que el proyecto combinará “la experiencia tecnológica” de Indra como “un socio internacional de primer nivel” y esta empresa refuerza la importancia de la cooperación industrial “para garantizar capacidades críticas de defensa, reforzar la competitividad europea y contribuir a la estabilidad y seguridad colectiva”. La secretaria de Estado ha puesto también en valor el “impacto territorial y social” de la iniciativa, puesto que “contribuirá al desarrollo económico local, a la creación de empleo cualificado, a la consolidación de un ecosistema industrial vinculado a tecnologías de vanguardia y a la apuesta estratégica por la UDRUME que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”.

La alianza entre Indra y EDGE se enmarca en una cooperación iniciada en 2024 y reforzada en 2025, que sitúa a España como un actor relevante en el desarrollo de soluciones avanzadas en ámbitos como los sistemas no tripulados, las armas inteligentes y otras capacidades de defensa emergentes. Está previsto que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, atienda a los medios en Valladolid este miércoles por la mañana junto al presidente ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano; y el CEO de Indra Group, José Vicente de los Mozos.

La ministra de Defensa, Margarita Robles se ha cerrado en banda ante la posible cesión de territorio ucraniano a Rusia, oponiéndose claramente a que España y Europa pudiesen respaldarlo: “En absoluto”, “Europa tiene que seguir apoyando a Ucrania”, ha asegurado este lunes en una entrevista en TVE. Sin embargo, ante una hipotética supervisión internacional de esos terrenos ucranianos tras un alto al fuego, Roble no se posiciona al respecto, dejando una puerta abierta a esa posibilidad y la participación de soldados españoles en ese despliegue: “Lo primero es que se alcance el acuerdo de paz”, ha afirmado.

La ministra ha reivindicado el papel de España “a la cabeza” de la defensa del derecho internacional en Ucrania “aunque algunos quieran negarlo”, ha añadido. Apoyar a Ucrania “es apoyar una comunidad de valores y de democracia, principios básicos del derecho internacional”, ha defendido. 

Estas declaraciones se producen tras la reunión estre el presidente esatadounidense Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la residencia del magnate americano en Mar-a-Lago, de la que surgen pocas conclusiones claras. “Estamos en la fase final de las conversaciones. Ya lo veremos. Si no es así, esto va a durar mucho tiempo, mucho tiempo. Van a morir millones de personas más y nadie quiere eso”, ha asegurado Trump, que se ha mostrado optimista sobre el fin del conflicto, aunque ha advertido: “No tengo plazos, quiero acabar con la guerra”.

Mientras Vladímir Putin reclama que Ucrania ceda las zonas del norte de Donetsk que el Ejército ruso aún no ha logrado ocupar, la propuesta alternativa de Volodímir Zelenski plantea la creación de un área desmilitarizada, con la retirada de ambas partes de la actual línea del frente. Esta iniciativa podría llevarse a referéndum en Ucrania, siempre y cuando Moscú acepte previamente un alto el fuego de entre 60 y 90 días.

En relación a otra de las reuniones de Trump, la que se ha producido este lunes en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Robles ha expresado que este último “no es quizás la persona adecuada para liderar este proceso, pero lo que es importante en este momento es lograr un acuerdo de paz”. Además, tres meses después del embargo total armas Israel, la ministra ha defendido que las tranferencias entre España y el estado israelí se limitan al “ámbito comercial, industrial y de exportaciones”. “No está relacionado con el ámbito de las armas ”, ha añadido.

En pleno boom del sector de defensa, la empresa española de soluciones criptográficas Epicom, el guardián de la información clasificada del Ejército o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), está registrando resultados récord tras recibir el apoyo accionarial del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), socia desde 2021 de esta firma, calificada por el holding público como “estratégica para la Seguridad Nacional”.

Epicom, cuyo primer accionista (40%) es la SEPI, está especializada en diseñar soluciones criptográficas para proteger comunicaciones críticas para las instituciones del Estado. En 2024, y de acuerdo con las cuentas depositadas recientemente en el Registro Mercantil, facturó un récord de 14,15 millones, un 9,3% más. Su cifra de negocios se ha triplicado en comparación con 2020, antes de la entrada del holding público, cuando era de unos 4,5 millones.

El pasado ejercicio sus ganancias fueron de 2,78 millones, un 5,6% por debajo del récord de 2,94 millones de 2023, según la información disponible en Insight View. Responsables de la empresa han definido en alguna entrevista el ejercicio 2025, a punto de cerrarse, como “un año de consolidación y crecimiento”. La empresa ha declinado responder a elDiario.es sobre sus previsiones para el ejercicio que está a punto de cerrarse.

Con unos 55 empleados a cierre de 2024, las ventas de suministros criptográficos supusieron ese año el 86,1% de la facturación de Epicom. Entre sus clientes, según su web, están los ministerios de Defensa, Interior o Asuntos Exteriores, el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, organismos como la OTAN, la Casa Real o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y empresas como Airbus, Hisdesat, Navantia, Red Eléctrica, Telefónica, Vodafone y sus otros dos accionistas, Indra y Oesía (dueñas de un 30% cada una).

En 2024 Epicom obtuvo de España el 90% de su cifra de negocios. En 2023 el porcentaje era del 98%. “La práctica totalidad de los ingresos se producen con sociedades del entorno del sector público, tanto en España como en el extranjero”, indica en sus cuentas. “El 56% de los ingresos del ejercicio se producen con dos organismos gubernamentales relacionados con la defensa nacional”, frente al 64% de 2023. 

En 2024, los proyectos que recibieron más recursos de Epicom para su desarrollo fueron “los relativos a la modernización de los cifradores IP para que incorporen la nueva criptografía post-cuántica que resolverá la amenaza a la que se enfrentan las soluciones de criptografía tradicional con la nueva era de ordenadores cuánticos”, explica en sus cuentas. La computación cuántica, aún en fase comercial incipiente, usa los secretos de este campo de la física para crear máquinas capaces de procesar información y resolver problemas mucho más rápido que los ordenadores tradicionales.

En 2024, indica en su último informe de gestión, Epicom “ha fortalecido su posicionamiento como empresa suministradora de equipos de soluciones de cifrado para el Ministerio de Defensa y la Administración Pública y ha hecho un esfuerzo para ampliar sus capacidades tecnológicas e invertir en la modernización de los cifradores para adaptarse a las nuevas tecnologías post-cuánticas, preparándose para ofrecer al mercado una amplia gama de cifradores IP modernizados que permitan al Ministerio de Defensa la renovación de la totalidad de su planta instalada”.

En 2024 Epicom aumentó “significativamente la inversión propia en I+D para posicionar a la Sociedad en el mercado de la cifra con una nueva familia de productos adaptada a las nuevas necesidades post-cuánticas, siguiendo siempre las prescripciones del CNI para que estos nuevos productos tengan las acreditaciones necesarias para manejar información clasificada de alto nivel en los ámbitos nacional y OTAN”. También arrancó la elaboración de un nuevo Plan Estratégico que “afiance su posición de liderazgo nacional en materia de soluciones de cifrado y tecnología criptográfica”. Fuentes de la compañía declinan comentar las líneas de ese plan dado el carácter “discreto” que tiene esta firma.

Epicom tiene más de tres décadas de existencia. En 2020, cuando todavía pertenecía a la asturiana Duro Felguera, trasladó su sede a unas oficinas en el municipio de Rivas-Vaciamadrid, contiguas a la del grupo Oesía, que convirtió en su accionista desde 2023 y tiene una filial con un objeto muy parecido al de Epicom, Cipherbit.

SEPI se convirtió en socio de Epicom en marzo de 2021. El holding público adquirió un 40% a Duro Felguera en paralelo al rescate que el Estado concedería ese mismo mes a la ingeniería asturiana mediante el Fondo de Solvencia de empresas estratégicas que el Gobierno puso en marcha durante la crisis del coronavirus, gestionado por la propia SEPI. 

Ese acuerdo de compra se cerró días antes de la llegada de Belén Gualda a la presidencia de la SEPI. El puesto llevaba casi año y medio vacante tras la dimisión de Vicente Fernández, entonces imputado en el caso Aznalcóllar (del que ha sido absuelto recientemente) y actualmente envuelto en un escándalo de supuesta corrupción junto a la ex militante socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio en la empresa Servinabar y vinculado al anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

El acuerdo de adquisición de ese 40% de Epicom (por 3,54 millones) incluía una opción de compra sobre el restante 60%. SEPI la ejerció en septiembre de 2023 pero en lugar de tomar el 100% de la compañía dio entrada a Indra (de la que a su vez el hólding público es el mayor accionista con un 28%) y a Oesía, con un 30% cada una.

Habilitación especial

Para poder participar en programas, proyectos o contratos clasificados del Ministerio de Defensa en los que se vaya a manejar información clasificada de grado “confidencial” o “superior”, Epicom mantiene la habilitación de seguridad de empresa “a nivel de secreto” o “reservado”, explica en sus cuentas.

En su última comparecencia en el Congreso, la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, puso en valor la importancia de esta firma “como una empresa fundamental en soluciones criptográficas avanzadas” que maneja “tecnología disruptiva. Su objetivo es proteger información clasificada y, por primera vez, Epicom, gracias a la participación accionarial de la SEPI”, subrayó, “ha entrado en el programa cripto dentro de los PEM”, los Programas Especiales de Modernización del Ministerio de Defensa.

Epicom ha sido una de las empresas seleccionadas por el ministerio en los préstamos a dedo al 0% que el Ejecutivo ha adjudicado este año al sector a través del Ministerio de Industria mediante los PEM, cuyo encaje legal defendió la secretaria de Estado porque “la normativa no se ha modificado”.

El Gobierno va a prestar 67 millones a una unión temporal de empresas entre Epicom y Cipherbit (de Oesía) para participar en el desarrollo del nuevo Criptosistema Nacional de Defensa: el programa Capacidad Cripto Multipropósito y Multidominio (CCMM), que desarrollará un cifrador nacional embarcado sobre plataformas aéreas, en cooperación con el Centro Criptológico Nacional. La prefinanciación se concederá entre este año y 2028. Epicom ha declinado comentar este asunto.

El programa busca dotar a las Fuerzas Armadas de una solución nacional para proteger las comunicaciones tácticas terrestres, navales y aéreas, garantizando la seguridad de las misiones y la soberanía tecnológica de España en el ámbito de la defensa y las comunicaciones cifradas.

De la cúpula de Defensa a “asesor” de un consorcio privado de empresas de defensa; de participar en el ministerio en el diseño del mayor programa de la historia del Ejército de Tierra, como adjunto a la dirección de Compras del departamento de Margarita Robles, a firmar ahora contratos en nombre de su adjudicataria.

Es el periplo del general retirado Javier Abajo, que en 2021 dejó la dirección general de Armamento del Ministerio de Defensa y fichó como “asesor” de Tess Defence, consorcio de Indra, Escribano, General Dynamics y Sapa.

En 2020, con él en esa unidad clave del ministerio, la empresa que luego le fichó se adjudicó el programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón, uno de los más importantes del Ejército, valorado en más de 2.000 millones de euros.

Ahora, Abajo está firmando contratos en nombre del consorcio. Su firma digital figura en las dos últimas licitaciones disponibles en la plataforma de Contratación del Estado que Defensa ha adjudicado a Tess Defence.

Es el caso del acta de formalización del contrato “Fase arranque OTACV 8X8”, adjudicado a Tess Defence el pasado 11 de noviembre por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ministerio de Defensa por 743.628,1 euros, más IVA. En el documento figura Javier Abajo en calidad de “representante” del contratista, como “adjunto” al director general del consorcio. Es una de las dos personas que firman el contrato en representación de Tess. La otra es su directora Financiera, Pilar García Santos.

Ambos ya firmaron la proposición económica que Tess Defence presentó el 2 de agosto de 2024 para otro contrato de Tess, el de “fase de arranque de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragon”, adjudicado al consorcio en octubre del año pasado por 1.950.158,6 euros, más IVA.

Se desconoce si la firma de Abajo también figura en el acuerdo que, según explicó el pasado martes en una comparecencia en el Congreso de los Diputados la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, firmó el pasado 28 de noviembre el ministerio con Tess Defence para revisar “aspectos técnicos del contrato” del 8x8 Dragón, tal y como esperaba la adjudicataria en sus últimas cuentas anuales.

Según explicó Valcarce, el acuerdo implica “incorporar más tecnología y sobre todo más modernización”, lo que implica “el correspondiente reajuste en las anualidades y en las entregas” de los 348 vehículos previstos en el primer tramo de este programa, que acumula importantes retrasos, lo que ha provocado una insólita reprimenda pública de la ministra Robles.

elDiario.es preguntó al ministerio, sin obtener respuesta, por la contraprestación de este nuevo contrato y la intervención de Abajo en esas contrataciones con Tess. El socio mayoritario del consorcio desde este año es Indra, de la que el Estado es primer accionista con el 27%, y que ha pasado de tener el 24,67% de Tess a tomar el 51% al comprar acciones al resto de socios.

Un portavoz de la cotizada resta importancia a que en esos contratos figure la firma de este asesor. Según explica, en Tess “el único órgano que tiene facultades ejecutivas para todo lo relevante, incluidos contratos como este, es el Consejo de Administración”, del que Javier Abajo no es miembro.

Según sus últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tess tenía en 2024 unos 25 empleados, con un gasto de personal medio de unos 70.000 euros por cabeza.

Ese portavoz de Indra indica que Abajo “se incorporó en septiembre de 2021 con el cargo de adjunto al director general” de Tess y no ha ascendido desde entonces. “No tiene ni ha tenido facultades ejecutivas y, por tanto, su función es más de asesoría. No hay incompatibilidad porque no era alto cargo”.

“El Consejo es quien aprueba y apodera en este caso para la ejecución o firma del contrato al adjunto al Director General. Por tanto, quien lo eleva a público no es relevante en realidad”, explica. El exgeneral Abajo “no tiene poderes ejecutivos”, insiste, y “es la práctica común” que su firma aparezca en estos contratos, asegura.

Boom el sector

“Estoy acostumbrado a mandar”, le dijo Abajo a La Voz de Galicia en una entrevista concedida en 2013, cuando estaba destinado en A Coruña como Jefe de la Fuerza Logística Operativa. El nombre del ex general es uno más en la larga lista de medio centenar de militares y ex altos cargos fichados por empresas y lobbies de defensa desde que estalló la guerra en Ucrania, en un contexto de boom del sector por el rearme que impulsa la UE ante la agresión rusa.

La contratación de Abajo por parte de Tess causó revuelo en su momento. Tras un breve paso por la reserva, y desde 2016 hasta que se jubiló en junio de 2021, el ex general había sido el director adjunto en la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), la unidad del ministerio que en 2020 gastó más de 2.000 millones en el contrato original de blindados adjudicado a Tess Defence, uno de los mayores de ese departamento.

La DGAM es responsable del desarrollo de la política de armamento y su ejecución, una posición muy estratégica dentro de las Fuerzas Armadas por sus atribuciones y el alto presupuesto que maneja, y la responsabilidad de realizar los pliegos de condiciones y evaluar a los diferentes licitadores.

Algo que no ocurrió en el caso del megacontrato a Tess Defence, ya que la empresa era “la única opción con capacidad industrial suficiente para atender el objeto del contrato sin poner en riesgo la protección del interés esencial asociado a la decisión específica de contratación”, explica en sus cuentas.

Tras las noticias en prensa que se hicieron eco de cómo Abajo pasó de la dirección de Compras del ministerio a Tess con un lapso de tres meses, el Gobierno indicó en una respuesta parlamentaria que el fichaje del exgeneral por ese consorcio no estaba bajo su control.

Según explicó el Ejecutivo, “su contratación por una empresa privada no estaba sometida a la necesidad de autorización o informe previo” y el cargo de adjunto al director general de Armamento y Material no se encuentra entre los puestos definidos en la Ley de Altos Cargos, por lo que no se encontraba sometido a la incompatibilidad y regulación de los conflictos de interés.

El pasado martes, la secretaria de Estado de Defensa aseguró que en el programa del blindado 8x8 Dragon que desarrolla este consorcio de Indra, EM&E (primer accionista privado de esta última, con el que la cotizada planea fusionarse), General Dynamics (Santa Bárbara) y Sapa, se van a finalizar las entregas “en 2028” y “todas las previsiones se cumplen”.

Según explicó Valcarce, se han aplicado las penalidades correspondientes por los retrasos acumulados hasta ahora, que las empresas “han desistido de recurrir”. Y las modificaciones que acaban de acordarse afectan a configuraciones, actualización de requisitos de simuladores o del entrenador del sistema de armas, y no van a implicar nuevas demoras.  

“La fecha límite es 2028”, se han entregado 11 unidades a principios de este año y “la compañía ha informado a la oficina de programa que tiene previsto la entrega de una agrupación táctica de 57 vehículos”. “Todo esto no implica ninguna reducción, ninguna supresión de las penalidades que legalmente correspondan”. La secretaria de Estado no precisó qué sobrecostes va a implicar el nuevo acuerdo.

En sus últimas cuentas, Tess Defence confiaba en que este año “se materialice para el programa VCR8X8 una ampliación del techo de gasto del programa del 20% para cubrir una serie de posibles modificaciones solicitadas por el cliente entre las que se encontrarían” pasar los vehículos “en configuración simple a completa”, la adquisición de simuladores para entrenamiento y la contratación “del sistema de conciencia situacional LSAS”.

Según explicó Valcarce, “los primeros vehículos entregados son de altísima calidad y fiabilidad” y “lo importante” es que se está trabajando para “agilizar” las entregas y “reforzar tecnológicamente” unos vehículos que “tienen que ser seña de identidad del Ejército de Tierra”. Valcarce defendió la legalidad de los préstamos a dedo al 0% que ha concedido el Gobierno al sector en los últimos meses por importe de más de 14.200 millones.

Entre sus beneficiarios están, entre otras, las integrantes de Tess Defence y el propio consorcio, al que Defensa (a través del Ministerio de Industria) va a prestar 788 millones entre este año y 2028 para desarrollar el vehículo de apoyo Cadenas (VAC). Para el VAC el Consejo de Ministros aprobó un compromiso de gasto de 1.628 millones en diciembre de 2013.

Se trata de una actuación “prioritaria” de las Fuerzas Armadas, que consiste en dotar al Ejército de Tierra de una familia de vehículos cadena multipropósito capaz de llevar a cabo las misiones operativas y logísticas que actualmente realizan las unidades del Transporte Oruga Acorazado (TOA), “que han superado ampliamente su ciclo de vida previsto”.

El Ministerio de Defensa ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de licitación de la urbanización del futuro acuartelamiento de Monte la Reina, en el término municipal de Toro (Zamora), por un importe de 27,1 millones de euros, IVA incluido.

Defensa pretende asentar una unidad de zapadores y otra de artillería y para ello ha licitado anteriormente otras actuaciones, como el cerramiento y vallado perimetral del emplazamiento o la construcción de tinglados para guardar los vehículos de esas unidades, han informado fuentes de Defensa.

La urbanización del acuartelamiento fue autorizada a mediados del pasado mes por el Consejo de Ministros y ha sido esta semana cuando se ha publicado en la plataforma de contratación pública y en el BOE, con un plazo de ejecución de diez meses.

El Ejército de Tierra tiene previsto construir un cuartel dimensionado para 1.500 personas que pretende ser un referente en sostenibilidad y eficiencia energética, para lo que el Ministerio de Defensa cuenta con la colaboración de la empresa pública estatal Isdefe (ingeniería de Sistemas para la Defensa de España S.A.) y la Universidad de Salamanca.

Los trabajos de urbanización del acuartelamiento incluirán los viales, las redes de abastecimiento, saneamiento y aguas pluviales o las redes de energía eléctrica y telecomunicaciones, como principales actuaciones.

Las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el próximo 12 de enero y tienen el deber de guardar confidencialidad sobre los trabajos a realizar.