El teniente coronel de la Guardia Civil que permanece investigado en una causa por trata de seres humanos vinculada a la prostitución ha sido suspendido de sus funciones por un plazo máximo de seis meses, según ha publicado el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa. J. L. G. M. acababa de ser destinado a la Jefatura de Fiscal y Fronteras, en la Dirección General del Cuerpo, cuando fue citado a declarar como investigado por la Audiencia Nacional el pasado mes de mayo.

Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron a cuatro personas, ninguno de ellos integrantes de la Guardia Civil. Uno de los arrestados fue el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes. Entre los detenidos también estaba una ciudadana búlgara, igualmente dueña de otros prostíbulos y pareja del teniente coronel imputado por blanqueo de capitales. Tanto Crispín como la mujer del mando de la Guardia Civil continúan en prisión provisional.

La causa, que permanece secreta, se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próximas al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja.

Los registros y las detenciones se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

Los agentes de Asuntos Internos detectaron consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También quedó en libertad con cargos y sin pasaporte.

La suspensión de funciones para el teniente coronel es una medida cautelar que se enmarca en la apertura por parte de la Dirección de la Guardia Civil de un expediente disciplinario por falta muy grave, decisión adoptada a raíz de su imputación. Como marca el Reglamento del instituto armado, el expediente disciplinario se detiene a la espera de una decisión judicial firme, momento en el que se retomará la investigación interna y el instructor de la misma propondrá para una sanción o el archivo. La suspensión cautelar de seis meses ha sido adoptada por el Ministerio de Defensa a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil.

Una decisión como esta puede ser tomada a partir del procesamiento o la “inculpación” del guardia civil, pero también si la imputación está acompañada de una medida cautelar. En este caso, el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional impuso al teniente coronel la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España tras prestar declaración ante el magistrado Francisco de Jorge. Con la suspensión de funciones, el guardia civil no acude a su puesto de trabajo, pero recibe el 100% de las retribuciones básicas.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, firmó el pasado 1 de septiembre la orden de ascenso a coronel del guardia civil Antonio Balas, quien ha estado al frente del departamento Anticorrupción de la UCO en los últimos años. El ascenso supone el cambio de destino de Balas, ya que su puesto está destinado a un teniente coronel, pero en la orden Robles accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y el juez Ismael Moreno para que siga al frente del caso Koldo o Cerdán que se sigue en la Audiencia Nacional.

Balas permanecerá en la UCO a través de una comisión de servicio que acabará “al desaparecer las causas que la motivan, se incorpore al adjudicatario de la vacante, obtenga destino o al cumplirse el plazo máximo establecido”, recoge la orden publicada por el Boletín Oficial de Defensa.

Tanto el auto como el informe del fiscal Luis Pastor que han motivado la decisión de la ministra de Defensa, de la que depende orgánicamente la Guardia Civil, pedían que Balas pudiera “continuar en el desempeño de su puesto por el tiempo que sea necesario, para el avance y desarrollo de los hechos de la presente investigación”. Pastor y el juez se dirigían al superior de Balas en la UCO, el coronel Pedro Merino Castro.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, firmó el ascenso de Balas a finales de junio, pero está establecido que la doble dependencia de la Guardia Civil, por su naturaleza militar, conlleve la firma de la titular de este último Ministerio.

El fiscal Pastor, en su informe, explicaba que Balas es uno de los instructores de la unidad policial a la que se ha encomendado la investigación del caso Koldo y que “ha tenido un papel relevante en el curso de la misma”. Y por ello, en atención al artículo 16 de la norma que regula el papel de la Policía Judicial interesa que permanezca en su destino del Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción de la UCO “por el tiempo necesario, hasta la conclusión de la investigación”.

Los casos del PSOE y el Gobierno

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La polémica torre de 18 plantas que el Ministerio de Defensa quería levantar en El Viso, junto al Paseo de la Castellana, se aprobó cuando nadie parecía estar mirando: en pleno verano de 2025. Ha pasado un año desde entonces y la operación urbanística para centralizar oficinas al más puro estilo del Pentágono se ha diluido entre alegaciones vecinales, 88 en total; propiciando que el Ayuntamiento de Madrid diera marcha atrás en su aval y paralizara el proyecto aprobado unos meses antes. Pero los vecinos de este barrio acomodado, uno de los más exclusivos de la capital y donde el PP encadena varias mayorías, temen que aquel anuncio escondiera una cortina de humo para calmar las críticas y reactivar su construcción sin cambios sustanciales.

“Es importante saber si [el expediente] se ha archivado o no. El alcalde debería ser consciente, porque es abogado de Estado”, resalta Rafael Luque, abogado urbanista y presidente de la Asociación Perjudicados por la Torre de Defensa en Madrid. Esta organización de vecinos asegura haber presentado casi el 70% de las reclamaciones administrativas que paralizaron el proyecto cuando aún estaba en fase de alegaciones.

El pasado 11 de junio, su representante dirigió un nuevo requerimiento al Área de Carabante para solicitar el acceso al expediente remitido inicialmente por el Ministerio y aprobado luego por el departamento municipal, así como a los trámites intermedios y sobre todo el acta de paralización de ese plan especial, que aseguran haber conocido a través de Somos Madrid. “El Ayuntamiento no ha contestado a nuestras alegaciones [legalmente no tiene la obligación de hacerlo] y solo ha dicho a los medios que deberíamos hablar con Defensa para llegar a un acuerdo con ellos. Pero nosotros no tenemos que ir preguntando nada, ya lo hemos dicho todo en las reclamaciones: el consistorio es quien tramita el proyecto y les compete a ellos dar noticias a sus vecinos”, dice.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, aseguró un día después de que este periódico revelara el cerrojazo municipal que su equipo no aprobaría el boceto del Ministerio hasta que existiera un acuerdo con los residentes del entorno, dejando la pelota sobre el tejado de Margarita Robles. “No queremos hacer nada en contra de los vecinos”, garantizó Carabante, después de conocer las discrepancias respecto al posible impacto en la movilidad del barrio, uno de los argumentos más esgrimidos en las reclamaciones.

Esta misma semana, fuentes del Área de Urbanismo han insistido en esa misma idea. “No se va a aprobar el proyecto que presentó Defensa”, remarcaron desde Cibeles a preguntas de este periódico, a excepción de que antes se cierre un acuerdo con los vecinos y evitando aclarar si el Ministerio había presentado en este tiempo un segundo borrador que pueda haberse tenido en cuenta.

El plan del Ministerio de Defensa era levantar una torre de 60 metros de altura sobre una parcela que colinda entre las calles Joaquín Costa, Carbonero y Sol y el Paseo de la Castellana, en pleno distrito de Chamartín y cerca de otros edificios de gran altura, aunque a los pies de un barrio residencial. Este es ya uno de los puntos de gran ajetreo en la capital, pero la previsión es que una centralita de oficinas junto a la actual Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra –que mantendría sus aulas y talleres– concentre diariamente a cientos de trabajadores.

La previsión es extender el denominado “Pentágono español” sobre una parcela de 24.207 metros cuadrados de superficie, con unos 40.000 m² al alza para oficinas y 8.200 de alojamientos temporales para militares. Sin embargo, la asociación vecinal creada exclusivamente en contra de este proyecto alegó que el terreno escogido, del que el Ministerio de Defensa es el principal propietario, también se encuentra en un espacio blindado.

Según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa llegó a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.

Como ocurrió con otras zonas dominadas electoralmente por el PP, el descontento en El Viso –un barrio tranquilo y adinerado– ha generado movimientos y rectificaciones municipales. Los vecinos, en sus inicios como asociación, llegaron a asesorarse por quienes antes habían creado una plataforma contra el ruido en el entorno del Santiago Bernabéu, donde la acumulación de denuncias llegaron a suspender conciertos masivos y obligaron al estadio a blindar acústicamente su estructura.

Otro ejemplo similar es el de Montecarmelo y su cantón de limpieza, cuyas obras llegaron a paralizarse por las críticas surgidas en este barrio acomodado de Fuencarral-El Pardo. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado, aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa (donde se halla la parcela de Defensa) oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Somos Madrid se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa para conocer si este había presentado un nuevo proyecto o sopesado recurrir el bloqueo municipal, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha de esta publicación. Por su parte, otras voces de la asociación contra la torre temen que el ecuador de un nuevo verano sirva, como ya ocurrió en julio de 2025, para dar nuevos pasos y reactivar el proyecto. “Teniendo en cuenta la entidad del plan que tenían en mente, se me hace muy difícil creer que renunciarán tan fácilmente”, sentencia su presidente.

El Ministerio de Defensa ha iniciado los trabajos previos para derribar las viejas edificaciones de la finca militar de La Remonta, la mayor zona verde de Santander con 295.000 metros cuadrados, que presentaban un alto grado de deterioro y que habían provocado numerosas quejas de los vecinos.

La formación política Cantabristas ha dado la voz de alarma y lamenta la demolición de la Remonta “tras el abandono sufrido los últimos 15 años por parte del Ministerio de Defensa y la falta de entendimiento con el Ayuntamiento de Santander que -en su opinión- ”han llevado a una situación final lamentable“.

“Se pierde patrimonio histórico de Santander y una gran posibilidad de futuro para el parque de la Remonta como espacio verde pero también foco cultural”, reprochan.

De momento, tras un dilatado proceso administrativo para obtener las correspondientes licencias y permisos, se están llevando a cabo tareas de retirada de matorrales y maleza para abrir camino a las máquinas. Precisamente el lunes ardió -sin mayores consecuencias- parte de estos deshechos que estaban almacenados para su retirada.

Son las situaciones que precisamente Defensa quiere evitar para seguridad de los vecinos, mientras la decisión sobre el futuro de La Remonta sigue pendiente de resolverse por parte de las administraciones desde que en 2010, hace dieciséis años, los militares abandonaron estas instalaciones.

Defensa dejó de utilizar la finca y concentró la actividad caballar en las instalaciones militares de Ibio. Alli desplazaron toda la actividad y cerraron la puerta de hierro, que hoy permanece atada por un candado, franqueada por dos pilastras.

La limpieza de la zona será el primer paso antes de retirar el amianto de los edificios -muy deteriorados por el paso del tiempo y por el vandalismo- que llevará a cabo una empresa especializada. Después, se derribarán las viejas estructuras para garantizar que no se produzcan más incidentes -ha habido incendios recurrentes- y la finca quedará limpia como una gran parque público. Hasta ahora solo una parte de La Remonta está abierta al público.

Curiosamente, en La Remonta quedan viviendas en la zona del muro que linda con Campogiro. Una decena de casas habitadas por las familias de los militares, ya en su mayoría en la reserva, que estaban asignados a La Remonta y que después fueron destinados a la localidad de Ibio, en Mazcuerras. Tres de ellas ya se han quedado vacías, porque los alquileres ya no se renuevan cuando las dejan sus inquilinos.

Cantabristas pide conservar el edificio más antiguo

A principios de año, Cantabristas presentó una consulta a la Delegación de Gobierno para saber por qué algunos edificios de la Remonta habían aparecido con números identificativos. La Delegación remitió la consulta al Ministerio de Defensa, “a día de hoy sin contestar”, advierten. Unos meses antes, en noviembre de 2025, Defensa ya había adjudicado un encargo a Tragsa para demoler los edificios de la Remonta.

Para Manuel Núñez, portavoz de Cantabristas Santander, “es una lástima que edificios históricos que dan identidad a nuestra ciudad desaparezcan de esta manera: por el abandono y la falta de entendimiento de un Ayuntamiento del PP sin ideas y un Ministerio del PSOE sin voluntad de cuidar nuestro patrimonio”.

Así mismo, Núñez ha solicitado a Defensa que se valore, al menos, la posibilidad de conservar el edificio más antiguo y propiciar una rehabilitación de este inmueble de más de 200 años.

La fotografia feia anys que estava guardada en un calaix fins que l’actualitat la va rescatar. Hi apareix un jove Juan Antonio Sagredo, hui alcalde de Paterna, uniformat al costat d’un Land Rover de l’Exèrcit de Terra durant el servei militar a Ceuta. Corria l’any 1997 quan el Govern de José María Aznar va ordenar desplegar centenars de soldats de reemplaçament per a donar suport a la Guàrdia Civil en el control de la frontera ceutina davant l’augment dels fluxos migratoris.

L’alcalde socialista de Paterna va recuperar la instantània per a contextualitzar la crisi fronterera entre Espanya i el Marroc en el camp de batalla en què s’han convertit les xarxes socials. Segons explica en una conversa amb elDiario.es, la va difondre per a recordar que l’assumpte que ocupa els titulars i les tertúlies televisives des de divendres passat no és un fenomen inèdit. Fa quasi trenta anys, ell mateix, amb només 20 anys i mentre complia el servei militar, va ser enviat amb altres reclutes a custodiar una de les fronteres més sensibles de la Unió Europea. “Aquest problema fa quasi tres dècades que està enquistat, si no més. Ceuta i Melilla no són només un problema de fluxos migratoris; és una qüestió geopolítica molt més complexa del que es pot explicar en un vídeo de 20 o 30 segons”, resumeix.

Les cròniques periodístiques de l’època reflecteixen que la situació a la frontera de Ceuta —i també a Melilla— va ser especialment complicada per al Govern de José María Aznar. Aleshores, la Delegació del Govern a Ceuta estava reforçant la tanca que separa el Marroc d’Espanya, cosa que havia provocat altercats i, sobretot, un increment del nombre de persones migrants al campament de Calamocarro, majoritàriament algerianes. Davant la insistència dels mitjans de comunicació, l’Executiu va haver de justificar per què enviava reclutes a una missió tan delicada. Aquests homes, assegurava el Ministeri de Defensa, “mai intervenen de manera directa sobre els possibles immigrants il·legals” i es limiten a avisar els agents de la Guàrdia Civil “en els casos en què es produïsca qualsevol conducta anòmala”.

El 1997, Sagredo formava part del tercer reemplaçament de l’any i estava destinat al Regiment d’Artilleria de Campanya número 30 (RACA 30), integrat en la Comandància General de Ceuta. La seua faena habitual poc tenia a veure amb la vigilància fronterera. Era caporal instructor i ensenyava a conduir camions militars als nous reclutes per a les maniobres d’artilleria.

Fins que va arribar l’ordre del Ministeri de Defensa.

“De sobte ens diuen que hem d’anar a la frontera per a controlar tot el tema de la immigració i donar suport a la Guàrdia Civil”, recorda. Els diferents regiments de la comandància van ser desplegats al llarg del perímetre fronterer. “Cada certs metres estàvem per parelles, dins dels Land Rover que apareixen en la fotografia”.

L’escena, vista amb la perspectiva de quasi tres dècades, el continua impressionant. “Érem uns xavals de 20 anys amb un fusell cetme vigilant la frontera”, diu. Sagredo havia demanat una pròrroga del servei militar per a acabar els estudis i després va sol·licitar anar voluntari a Ceuta. Ho va fer atret per l’experiència militar, però mai es va imaginar que hauria de vigilar la frontera. “Una cosa és voler conéixer com és l’Exèrcit i una altra de molt diferent és que et posen en una frontera amb un cetme”, afirma.

L’arma formava part de l’equip amb què patrullaven, encara que el protocol era estricte. “La portàvem descarregada, però amb la munició al Land Rover. Si haguera sigut necessari utilitzar-la, hi havia un procediment molt clar”. Tot i això, reconeix que aquella va ser l’única etapa de la seua vida en què va tindre una arma i que mai ha deixat de preguntar-se com hauria reaccionat en una situació límit. “No sé com hauria respost si haguera hagut d’usar-la”, admet.

Malgrat això, guarda un bon record d’aquella etapa. “No tinc un mal record ni de la mili ni d’aquella missió. La convivència va ser bona i la situació es va anar estabilitzant amb el pas de les setmanes”. Perquè, segons explica, la crisi d’aleshores va seguir un patró semblant a l’actual. El moment de més tensió es va concentrar en els primers dies i després el flux migratori va anar descendint. “Al principi hi va haver molt d’escàndol i després la situació es va rebaixar prou. Ara sembla que tot és més gran perquè existeixen les xarxes socials i hi ha moltíssima més atenció mediàtica que fa trenta anys”, assenyala.

Precisament aquesta amplificació del debat públic va ser el que el va portar a compartir la fotografia en les seues xarxes socials. Considera que les xarxes socials i una part del debat polític presenten la situació com si fora un fenomen inèdit quan, des de la seua experiència, respon a una dinàmica que es repeteix des de fa dècades. “Quan jo vaig estar a la frontera hi havia un tal José María Aznar, que no era precisament un president socialcomunista”, ironitza. “Aquestes coses han passat sempre”.

Per a l’alcalde, reduir la situació a un debat exclusivament migratori suposa ignorar el rerefons diplomàtic que històricament ha acompanyat Ceuta i Melilla. “Aquest és un problema geopolític que altres estats utilitzen en determinats moments. Ceuta no és només una frontera espanyola, també és una frontera de la Unió Europea”, sosté. Per això, rebutja les anàlisis simplistes que proliferen cada vegada que augmenta la pressió sobre la frontera. “La sobirania espanyola no és una qüestió ideològica”, afirma. I afig que els qui opinen des de la distància haurien de tindre present la complexitat del que ocorre sobre el terreny.

La fotografía llevaba años guardada en un cajón hasta que la actualidad la rescató. En ella aparece un joven Juan Antonio Sagredo, hoy alcalde de Paterna, uniformado junto a un Land Rover del Ejército de Tierra durante el servicio militar en Ceuta. Corría 1997 cuando el Gobierno de José María Aznar ordenó desplegar a cientos de soldados de reemplazo para apoyar a la Guardia Civil en el control de la frontera ceutí ante el aumento de los flujos migratorios.

El alcalde socialista de Paterna recuperó la instantánea para contextualizar la crisis fronteriza entre España y Marruecos en el campo de batalla en que se han convertido las redes sociales. Según explica en una conversación con elDiario.es, la difundió para recordar que el asunto que ocupa los titulares y las tertulias televisivas desde el pasado viernes no es un fenómeno inédito. Hace casi treinta años, él mismo, con apenas 20 años y mientras cumplía el servicio militar, fue enviado junto a otros reclutas a custodiar una de las fronteras más sensibles de la Unión Europea. “Este problema lleva casi tres décadas enquistado, si no más. Ceuta y Melilla no son solo un problema de flujos migratorios; es una cuestión geopolítica mucho más compleja de lo que puede explicarse en un vídeo de 20 o 30 segundos”, resume.

Las crónicas periodísticas de la época reflejan que la situación en la frontera de Ceuta —y también en Melilla— fue especialmente complicada para el Gobierno de José María Aznar. Entonces, la Delegación del Gobierno en Ceuta estaba reforzando la valla que separa Marruecos de España, lo que había provocado altercados y, sobre todo, un incremento del número de personas migrantes en el campamento de Calamocarro, en su gran mayoría argelinas. Ante la insistencia de los medios de comunicación, el Ejecutivo tuvo que justificar por qué enviaba reclutas a una misión tan delicada. Estos hombres, aseguraba el Ministerio de Defensa, “nunca intervienen de forma directa sobre los posibles inmigrantes ilegales” y se limitan a avisar a los agentes de la Guardia Civil “en los casos en los que se produzca cualquier conducta anómala”.

En 1997, Sagredo formaba parte del tercer reemplazo del año y estaba destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 30 (RACA 30), integrado en la Comandancia General de Ceuta. Su trabajo habitual poco tenía que ver con la vigilancia fronteriza. Era cabo instructor y enseñaba a conducir camiones militares a los nuevos reclutas para las maniobras de artillería.

Hasta que llegó la orden del Ministerio de Defensa.

“De repente nos dicen que tenemos que ir a la frontera para controlar todo el tema de la inmigración y dar apoyo a la Guardia Civil”, recuerda. Los distintos regimientos de la comandancia fueron desplegados a lo largo del perímetro fronterizo. “Cada ciertos metros estábamos por parejas, dentro de los Land Rover que aparecen en la fotografía”.

La escena, vista con la perspectiva de casi tres décadas, le sigue impresionando. “Éramos unos chavales de 20 años con un rifle cetme vigilando la frontera”, dice. Sagredo había pedido una prórroga del servicio militar para terminar sus estudios y después solicitó ir voluntario a Ceuta. Lo hizo atraído por la experiencia militar, pero nunca imaginó que tendría que vigilar la frontera. “Una cosa es querer conocer cómo es el Ejército y otra muy distinta es que te pongan en una frontera con un cetme”, afirma.

El arma formaba parte del equipo con el que patrullaban, aunque el protocolo era estricto. “La llevábamos descargada, pero con la munición en el Land Rover. Si hubiera sido necesario utilizarla había un procedimiento muy claro”. Aun así, reconoce que aquella fue la única etapa de su vida en la que tuvo un arma y que nunca ha dejado de preguntarse cómo habría reaccionado en una situación límite. “No sé cómo hubiera respondido si hubiera tenido que utilizarla”, admite.

Pese a ello, guarda un buen recuerdo de aquella etapa. “No tengo un mal recuerdo ni de la mili ni de aquella misión. La convivencia fue buena y la situación se fue estabilizando con el paso de las semanas”. Porque, según explica, la crisis de entonces siguió un patrón parecido al actual. El momento de mayor tensión se concentró en los primeros días y después el flujo migratorio fue descendiendo. “Al principio hubo mucho escándalo y luego la situación rebajó bastante. Ahora parece que todo es mayor porque existen las redes sociales y hay muchísima más atención mediática que hace treinta años”, señala.

Precisamente esa amplificación del debate público fue lo que le llevó a compartir la fotografía en sus redes sociales. Considera que las redes sociales y parte del debate político presentan la situación como si fuera un fenómeno inédito cuando, desde su experiencia, responde a una dinámica que se repite desde hace décadas. “Cuando yo estuve en la frontera había un tal José María Aznar, que no era precisamente un presidente socialcomunista”, ironiza. “Estas cosas han pasado siempre”.

Para el alcalde, reducir la situación a un debate exclusivamente migratorio supone ignorar el trasfondo diplomático que históricamente ha acompañado a Ceuta y Melilla. “Este es un problema geopolítico que otros Estados utilizan en determinados momentos. Ceuta no es solo una frontera española, también es una frontera de la Unión Europea”, sostiene. Por eso rechaza los análisis simplistas que proliferan cada vez que aumenta la presión sobre la frontera. “La soberanía española no es una cuestión ideológica”, afirma. Y añade que quienes opinan desde la distancia deberían tener presente la complejidad de lo que ocurre sobre el terreno.

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas es el próximo en el escalafón para ascender a coronel, lo que llevará aparejado que deje el cargo de jefe de departamento que ostenta en la actualidad en la Unidad Central Operativa (UCO) y obtenga un destino acorde a su nueva graduación, según establece el Reglamento.

La directora del instituto armado acaba de firmar el ascenso de los cinco primeros clasificados porque otras tantas plazas de coronel han quedado libres por jubilación, lo que significa que la próxima retirada en activo de un agente de esta graduación supondrá el ascenso inmediato de Balas, informan a elDiario.es fuentes de la Guardia Civil. El ascenso, según el ritmo de ascensos, podría no demorarse más allá del presente verano.

El puesto de jefe del Departamento de Investigación Criminal II le ha valido a Balas que sea conocido por haber liderado la parte policial de los casos de corrupción en torno al PSOE y este Gobierno. Con cerca de dos décadas de experiencia en ese departamento, lo que le ha supuesto investigar a políticos de casi todos los partidos, algunos errores en la investigación del caso Ábalos, inferencias en atestados clave en la actual esfera política y mediática y su predilección por defender esos atestados en las vistas públicas de los juicios le han valido censuras públicas.

Balas defendió en el juicio al fiscal el papel “preeminente” en la filtración por la que fue condenado Álvaro García Ortiz por el solo hecho de ser el máximo responsable de la Fiscalía. En la vista reconoció que él y sus agentes obviaron investigar cualquier otra posibilidad de origen de la filtración. Algo similar ocurrió durante el juicio al hermano de Sánchez, en el que Balas admitió que no conocía a los acusados que no eran David Sánchez y el que fuera líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

La firma de los cinco ascensos que precederán a Balas tendrán efecto este 1 de julio aunque no serán publicados en el Boletín del Ministerio de Defensa hasta dentro de varias semanas. Balas estaba baremado en noveno lugar, pero la parte más subjetiva de la evaluación le ha hecho avanzar tres plazas, hasta la sexta, explican las fuentes consultadas.

El Reglamento de Destinos de Personal de la Guardia Civil establece que cada puesto tiene asignadas determinadas escalas, categorías o empleos. El anterior jefe de UCO, por ejemplo, el coronel Rafael Yuste ascendió a general el pasado diciembre y se vio obligado a dejar el mando de la unidad especializada.

La UCO volverá a ser objeto de atención en los próximos meses. Balas ha impulsado en persona la causa contra el grupo de Leire Díez y, en concreto, la vertiente de la investigación acerca del ataque de la exmilitante del PSOE y sus colaboradores contra él mismo y la UCO, por considerar que la unidad mantenía una estrategia para erosionar al Gobierno. Está previsto que a principios de otoño trascienda el contenido de la pieza separada y secreta sobre los pagos de gastos en el PSOE, con el correspondiente atestado de la UCO.

Una niña procedente de Gaza ha llegado este martes al Hospital Universitario de Toledo para ser atendida en este centro. A ella se sumarán otros tres menores gazatíes que ingresarán mañana en el Hospital Universitario de Ciudad Real.

El director gerente del Sescam, Alberto Jara, ha concretado que la menor que está siendo tratada en Toledo sufre una patología nefrológica y los de Ciudad Real presentan patología oftalmológica, máxilofacial y traumatología.

Los cuatro forman parte de un grupo de 20 niños palestinos enfermos que, junto a 81 familiares, han aterrizado en España procedentes de la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles. Todos ellos han aterrizado sobre las 5.00 horas de esta madrugada en la base aérea de Torrejón a bordo de un avión medicalizado del Ejército del Aire.

Fuentes del Ministerio de Defensa han explicado que se trata de “una operación conjunta”, la sexta en los últimos 18 meses, con el Ministerio de Sanidad “para ofrecer tratamiento a pacientes con distintas patologías” en España.

Entre los menores evacuados, hay seis con lesiones traumatológicas de diversa índole, cuatro con patología nefrológica, cinco con patologías oftalmológicas, dos por cardiopatías congénitas, uno con esofagitis, otro con hidrocefalia y un último por enfermedad metabólica.

Además de en los hospitales de Ciudad Real y Toledo, los menores serán distribuidos por hospitales de Asturias, Cantabria, Navarra, Euskadi, Cataluña, Castilla-La Mancha, Valencia, Madrid y Murcia.

Otros casos

La expedición, integrada por más de cien personas, forma parte de la sexta evacuación humanitaria de este tipo organizada por España en el último año y medio. Desde que comenzase la invasión israelí en Gaza el 7 de octubre de 2023, varios niños y niñas palestinos también han pasado por diferentes centros hospitalarios de Castilla-La Mancha.

Dos niñas fueron atendidas en el verano de 2024 en el Hospital Universitario de Toledo, mientras que otros menores llegaron a los centros hospitalarios de la capital castellanomanchega y de Albacete el pasado mes de octubre.

La participación del Fondo editorial del Ministerio de Defensa como expositor institucional en la Feria del Libro de Santander y Cantabria 'Felisa', en su edición 2026, ha generado críticas desde el Ágora Solidaria Cultura y Memoria Luis Toca. La presencia de Defensa ha sido criticada por el Ágora tras una publicación del colectivo Briega, que cuestionaba la presencia de este organismo en la programación de la cita cultural y anunciaba reparto de panfletos, los dias 26 de junio y 3 de julio, a las 19 horas, en la Plaza Porticada, para denunciarlo.

La Feria del Libro de Santander y Cantabria, 'Felisa', se celebrará este año del 26 de junio al 5 de julio en la Plaza Porticada de la capital cántabra, donde durante esos diez días se instalarán 20 expositores y participarán 64 autores de nueve nacionalidades distintas. De ellos, 23 son cántabros, siete de Latinoamérica y cinco de otros países, como Francia, Estados Unidos, Palestina o Uzbekistán.

La presidenta de la entidad, María Toca, ha dicho que “no comprende qué tienen que ver las armas y la militarización de los Estados con la literatura” y ha defendido que una feria del libro “debería representar valores alejados” del ámbito militar. “No entendemos esa relación y la condenamos tajantemente”, ha afirmado.

Desde el colectivo consideran que la presencia de este organismo estatal supone “una medida de presión militarista” dentro de un espacio que, a su juicio, debería estar dedicado exclusivamente a la cultura, el pensamiento y la creación literaria.

“Un conocido sionista”

Por otra parte, el Ágora Solidaria ha expresado también su desacuerdo con la participación de un autor, al que circunscribe su identificación como “un conocido sionista” y al que acusa de haber realizado manifestaciones públicas favorables a las actuaciones de Israel en Gaza.

Según ha explicado Toca, la crítica no se dirige a sus ideas personales, sino a posicionamientos expresados públicamente. “El pensamiento es libre y nadie puede ser censurado por ello, pero cuando determinadas opiniones se hacen públicas pasan a formar parte del debate ciudadano”, ha indicado.

La presidenta de la entidad ha sostenido que la presencia de esta persona en un evento respaldado por administraciones públicas resulta “incomprensible” y ha afirmado que “no entendemos cómo alguien que ha realizado declaraciones de ese tipo puede formar parte de una feria organizada con fondos públicos”.

Asimismo, ha recordado que la Feria del Libro cuenta con apoyo institucional y financiación pública. “Todos los participantes están ahí gracias al esfuerzo económico de la ciudadanía y creemos que los vecinos tienen derecho a cuestionar determinadas decisiones”, ha señalado.

Por último, el Ágora Solidaria ha pedido una reflexión a las entidades, empresas y colectivos que participan en FELISA. “No existe la equidistancia cuando se produce un genocidio. O se está a favor o se está en contra”, ha manifestado Toca, quien ha concluido trasladando la “rabia” y la “condena más absoluta” de la organización ante ambas situaciones.

El Boletín Oficil del Estado registró este miércoles la orden ministerial 25/2026, de 15 de junio, que regula los 'colivings' en que el Ministerio de Defensa alojará a partir de este viernes a 361 militares que se encuentren desplazados en Madrid. Se trata de un plan piloto en pisos que cuentan con gimnasio, lavandería, supermercado, wi-fi y todos los suministros incluidos en un precio de 415 euros por habitaciones individuales y 345 las dobles compartidas. Los suboficiales tendrán una reducción del 10% en el precio y la tropa y marinería del 15%.

El ejército asume así un modelo de vivienda impulsado por fondos e inmobiliarias para alquilar habitaciones con todo incluido, extra de servicios e instalaciones a precios por encima de mercado, aunque en este caso lo hace preservando la asequibilidad.

El proyecto piloto estará en Madrid, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, donde están algunos de los principales regimientos de las Fuerzas Armadas y bien conectado con otros puntos a través de la Línea 10 de metro y de la estación de Cercanías Ramón y Cajal . El Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa reconoce que “la vivienda es un desafío creciente” y dice que el objetivo es “facilitar la movilidad geográfica del personal militar y ofrecer una respuesta ágil, moderna y adaptada a las necesidades actuales del servicio”.

El Ministerio liderado por Margarita Robles evaluará el espacio para poderlo aplicar a otros complejos militares en diversas localidades.

El Ministerio de Defensa ha paralizado los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus en la planta Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recogidos en el Plan Industrial 2022 al 2027, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La interrupción de estos contratos reduce “significativamente” la carga de trabajo prevista en el centro andaluz. Fuentes sindicales han expresado que esta situación afectaría a unos 90 puestos de trabajo directos e indirectos de una plantilla de 350, si bien la cantidad de puestos afectados podría ascender en los próximos años.

De hecho, como consecuencia, la compañía ha prescindido de doce personas y, de mantenerse el escenario actual, el impacto podría alcanzar las 20 personas en junio y alcanzar 70 adicionales durante los próximos meses del año.

El comité de empresa ha sido informado por la dirección de la compañía. La paralización tendría una afectación “directa” en la actividad y en el empleo de Santa Bárbara Sistemas (SBS), principalmente en la planta de Alcalá. La decisión, aseveran a esta agencia fuentes cercanas al caso, no responde a una capacidad industrial, técnica o de desempeño por parte de la planta.

Es más, esta decisión tendría repercusión no solo en Sevilla, también en la fábrica de Trubia, en Asturias, pues, según ahondan estas fuentes, también se está viendo afectada. Esto se debe a que se ha cancelado la fabricación de los tubos de 120 mm para los Leopardo.

El “retraso” en el lanzamiento del programa VAC por parte del Ministerio de Defensa, podría agravar la situación en el centro de Asturias, describen estas fuentes.

Nuevo incendio en la tarde de este lunes en los terrenos de la Academia de Infantería de Toledo. Es el tercero en las dos últimas semanas, después del que tuvo lugar en la víspera del Corpus Christi.

En realidad, se trata del mismo que se originó el pasado 3 de junio en los terrenos del campo de tiro, durante unas maniobras militares y que se reavivaba en la tarde de este lunes, según han confirmado fuentes de la Academia de Infantería a elDiario.es Castilla-La Mancha. “El incendio está controlado”, pero no se ha extinguido, señalan las mismas fuentes.

Según el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, el fuego se detectaba a las 18:11 horas del lunes por parte del propio ejército. Se trata de una instalación militar cuyo titular es el Ministerio de Defensa.

Las tareas para sofocar el fuego corren a cargo de los efectivos del Ministerio de Defensa, que están acometiendo las labores con medios propios, ajenos al Plan INFOCAM de la Junta de Castilla-la Mancha.

“El subsuelo está incandescente”

Según las mismas fuentes de la Academia de Infantería, en las tareas de extinción están participado tres medios en la mañana de este martes. Se trata de tres autobombas de la UME. Los terrenos de los Alijares, en los que se encuentra la instalación militar, vuelven a ser pasto de las llamas. “El subsuelo está incandescente”, explican, y muy seco debido a las altas temperaturas de los últimos días.

Es el mismo incendio que ya quemó 200 hectáreas

Ayer fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha confirmaron que se ha dado aviso, apenas cinco días después de que se produjera el incendio que arrasó con unas 200 hectáreas de terreno. No hay más avance de las llamas fuera de ese perímetro, aseguran desde la infraestructura militar.

El pasado miércoles 3 de junio se producía el incendio que hoy todavía persiste y que permaneció varias horas en situación operativa de nivel 2 por la afección de humo en la carretera a-42 y en una urbanización de la localidad de Nambroca, a escasos kilómetros de la capital. Una circunstancia que propició la intervención de efectivos del Plan INFOCAM, en apoyo a los efectivos del Ministerio de Defensa.

Se llegó incluso a habilitar un pabellón para aquellos vecinos de la urbanización Las Nieves que “se sintieran más seguros así”, según informó la alcaldesa, aunque no fue necesario y el incendio se dio por extinguido esa misma noche, previa a la Festividad del Corpus, y ahora se ha reavivado.

El pasado 25 de mayo ya se produjo otro incendio que apenas trascendió. En los dos casos conocidos hasta ahora el fuego tuvo como origen durante unas maniobras militares.

Empresas del sector de defensa en España piden recuperar la vieja idea de crear una agencia estatal de compras de armamento para ordenar el actual boom de dinero público a esta actividad. La petición la verbalizó hace unos días el director de Estrategia de Oesía, el ex militar Salvador Álvarez. Fuentes cercanas a esta empresa aseguran que es una propuesta “sectorial”.

El directivo de Oesía lo planteó en un foro sectorial en la sede de la Comisión Europea en Madrid, en una mesa de debate sobre “la perspectiva de los grandes fabricantes” junto a representantes de Navantia, la francesa Thales y la estadounidense General Dynamics. Se preguntó a los ponentes qué medidas pedirían a la Administración para impulsar las tecnologías duales (de uso civil y militar), que en EEUU han dado frutos como el GPS, Internet, el microondas o la energía nuclear.

El responsable de Oesía reclamó, entre otras cosas, “una agencia de adquisición de programas de defensa” para gestionar estos encargos “a largo plazo” y permitir a la Administración “negociar con la industria de forma inteligente” ante el “tsunami de dinero” que, como dijo en varias ocasiones Álvarez, está recibiendo el sector con el programa Rearm Europe, lanzado el año pasado por la Comisión Europea y dotado con 800.000 millones de euros.

Fuentes cercanas a Oesía indican que la petición de crear esa agencia estatal es más “un tema sectorial” que de esta empresa y se remiten a la patronal TEDAE, que rechaza comentar este asunto.

Muchos países tienen organismos especializados en adquisiciones de material militar, con distintos grados de autonomía varía. En algunos casos son agencias independientes y en otros, direcciones generales dentro del ministerio de Defensa. La creación de esa agencia en España ya la planteó en septiembre de 2011, con la fallecida Carme Chacón como ministra de Defensa, el entonces secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, a la postre consejero de Hispasat y asesor de la consultora especializada en defensa Argos y también fallecido recientemente.

Méndez puso entonces sobre la mesa crear un organismo único y especializado que centralizara las adquisiciones de Defensa para optimizar los recursos y las herramientas competenciales asignados a la política de armamento y material, ante “la imposibilidad e inviabilidad de seguir con la dispersión organizativa actual”.

“Una organización única y especializada en materia de adquisiciones para la defensa que nos permitiría optimizar los recursos y las herramientas competenciales asignadas a la política de armamento y material, hoy dispersas entre demasiados agentes”. “Lo de menos es el nombre y lo de menos es la forma jurídica”, dijo en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, recoge el Diario de Sesiones.

Esa idea no llegó a cuajar. Lo más parecido fue la reorganización en 2014 de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, que desde ese año tiene encomendados los programas especiales de modernización (PEM), cuya financiación (a interés cero) canaliza el Ministerio de Industria.

El programa Rearm Europe, el mayor esfuerzo en la historia de la UE en materia de defensa, lanzado tras la invasión rusa de Ucrania, incluye el denominado instrumento SAFE, de 150.000 millones en préstamos para impulsar la adquisición conjunta en el ámbito de la seguridad y la defensa europeas.

En España, el Gobierno ha lanzado España Crece, presentado como un “fondo soberano”, que gestionará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con 13.000 millones del Plan de Recuperación, y que va a tener entre sus prioridades la defensa. Hace unos días, en un evento sectorial en IESE, Manuel Illueca, presidente del ICO, explicó que su orientación va a ser la de “una inversión estratégica en defensa, a largo plazo; no un fondo del que tenga que salir en unos años para vender a saber quién”, informa Cristina G. Bolinches.

“Certidumbre” y “un pacto social” en Defensa

En esa jornada sobre defensa organizada por la representación de la Comisión Europea en España, Irene Sánchez Cebrián, policy officer en la Dirección General de Defensa y Espacio de la comisión, abogó por una respuesta colectiva de los Estados miembros ante un “momento decisivo” por la convulsa situación geopolítica global e instó a evitar la fragmentación, no duplicar costes y reforzar la posición colectiva del bloque comunitario, que tiene a su disposición herramientas de financiación para “no depender de inversores extranjeros” y evitar el “problema” de falta de capital en la UE en este sector.

El directivo de Oesía dijo que ante este “tsunami de financiación” el riesgo “es ir a por todo”. “Hace falta orden y no es fácil”. A la Administración le reclamó “certidumbre” para las empresas del sector porque “no puedes invertir capex si no sabes qué va a pasar no este año, sino dentro de cuatro o cinco”; también pidió “un pacto social, político, para una Ley de Defensa Nacional o programas de defensa que permita un horizonte de cinco años” [“Existe en Francia, Alemania, Italia, Reino Unido o Estados Unidos”]; y “una revisión a fondo del marco regulatorio y de contratos” para “adaptarlo a nuevas capacidades”, porque el proceso presupuestario “es muy garantista, que está muy bien, pero hay que reformarlo”.

Álvarez, con experiencia a ambos lados de la mesa (general de División retirado, es uno de los muchos exmilitares fichados por Oesía como asesores o directivos en los últimos años), recordó que ha tenido “el honor de estar al frente de casi todos los programas colaborativos europeos” en su etapa en el ejército (entre ellos, el Eurofighter) e indicó que la defensa va más allá de las capacidades militares: abarca “sistemas de energía, alimentación, sanitarios… Todo eso hay que defenderlo y protegerlo para mantener nuestros modelos de vida”. El peso del software, la denominada nube de combate, la computación, los temas cuánticos o la fotónica, es “cada vez mayor” en las plataformas. “La nube soberana cada vez es más importante”. 

En la misma jornada, Ana Moya, directora Tecnología y Transformación Digital de la estatal Navantia, dijo suscribir “todo lo dicho”, “en especial” lo relativo a la necesidad de certidumbre respecto a carga de trabajo y plazos, y reclamó coordinación en los requisitos entre los distintos países para hacer compras conjuntas de tecnología.

Guillermo Roselló, director general de Defensa de Thales, reclamó “coordinar mejor el ecosistema de forma general”, porque “en Europa hay buena intención” pero también una “inercia que hay que vencer”. “Nos tenemos que creer que somos europeos” para no realizar inversiones “redundantes” y “tener en cuenta las capacidades que tenemos distribuidas por Europa”, dijo Roselló, ex capitán de corbeta que antes de trabajar en Thales fue directivo de Indra.

En la jornada estaba inicialmente prevista la presencia de un representante de la cotizada semipública, la empresa más beneficiada por el último reparto de los PEM y llamada a convertirse en el gran campeón sectorial de la defensa, pero finalmente Indra no envió a ningún ponente. José Bayón, director de Relaciones Institucionales de Santa Bárbara (de la estadounidense General Dynamics), reclamó que Defensa e Industria “utilicen las capacidades que tiene el país”. “Que nos utilicen a todos, que no reinventen nada porque hay mucho que inventar” y que “replanteen algunos de los PEM”, de cuyo reparto se ha quedado “fuera” esta empresa, que tiene el asunto recurrido en los tribunales.

Bayón, ex consejero delegado de la Empresa Nacional de Innovación (Enisa), indicó que este “no es un sector normal” porque “no es market to market, ni market to government”, y tiene cuestiones muy particulares que “se tienen que entender”. También confió en que la gran demanda actual, que “volverá a bajar, por supuesto”, aunque “no a los niveles anteriores”, “se convierta en actividad económica e industrial”.

Madrid conserva parte de su historia en espacios que no forman parte de los recorridos turísticos habituales. Más allá de los grandes museos o monumentos del centro, existen enclaves vinculados a momentos concretos de su desarrollo urbano y técnico. Muchos de ellos siguen en uso y permiten entender cómo evolucionó la ciudad.

Uno de estos lugares se encuentra en Cuatro Vientos, en el suroeste de la capital. Se trata de un entorno estrechamente ligado a la aviación desde hace más de cien años, donde se ubica una de las bases aéreas con mayor recorrido histórico de España. En sus orígenes, el aeródromo fue clave en la organización de los primeros vuelos militares estables y en la formación de pilotos en un momento en el que la aviación todavía estaba en desarrollo.

En ese contexto se construyeron distintas instalaciones, entre ellas el Pabellón de Oficiales de Cuatro Vientos, conocido como el 'Palace'. Es un edificio militar levantado a principios del siglo XX, vinculado al nacimiento de la aviación militar española. Actualmente, vuelve a ser relevante porque el Ministerio de Defensa ha impulsado su rehabilitación, con el objetivo de conservarlo y adaptarlo a nuevas necesidades sin perder su carácter histórico.

Un edificio en el origen de la aviación

El Pabellón de Oficiales se construyó entre 1914 y 1918, cuando el aeródromo empezaba a ganar peso tanto por el desarrollo de la aviación militar como por las necesidades derivadas de la Guerra de África. Su creación estuvo directamente relacionada con la primera Escuela de Aviación Militar, que necesitaba espacios donde alojar a los alumnos-piloto y organizar la vida diaria de oficiales y personal.

Desde el principio, el edificio tuvo una función múltiple: era residencia, lugar de encuentro y también espacio de representación. Esa mezcla explica por qué terminó convirtiéndose en una de las piezas más reconocibles de Cuatro Vientos, junto a su emblemática torre. No era solo un lugar práctico, sino también un reflejo del creciente protagonismo que estaba adquiriendo la aviación dentro del ámbito militar. Entre sus paredes se desarrolló buena parte de la vida social y profesional de quienes impulsaron los primeros pasos de la aeronáutica en España.

Su importancia no se limita a la antigüedad. El pabellón fue testigo de la consolidación de la Escuela de Aviación Militar y estuvo ligado a la organización de algunos de los primeros grandes vuelos del país. Formaba parte de un entorno donde convivían la formación, la experimentación y la técnica, en una base que hoy se considera el origen de la aviación militar española. Por eso, más que un edificio aislado, el 'Palace' funciona como una pieza de memoria dentro del conjunto de Cuatro Vientos.

Además, conserva muchos de los rasgos arquitectónicos propios de su época. Se organiza en tres niveles y está construido con muros de carga de ladrillo macizo de gran espesor. En su interior destacan elementos como escalinatas de granito, vestíbulos decorados con azulejos en relieve, frisos de madera, techos artesonados de escayola y una vidriera con el escudo original, restaurada en 1991. También siguen presentes espacios emblemáticos como el Salón Noble o el antiguo Salón de Oficiales, con chimeneas, ornamentación detallada y trabajos de marquetería inspirados en Goya.

Una rehabilitación para el presente

Ahora, más de un siglo después de su construcción, el edificio afronta una nueva etapa. El Ministerio de Defensa ha impulsado un proyecto de reforma y restauración con una inversión cercana a los 3,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses, lo que sitúa el final de las obras a lo largo de 2027.

La intervención no pretende transformar el edificio ni borrar su historia, sino todo lo contrario: recuperar su aspecto original y garantizar que pueda seguir utilizándose. Para ello se actuará sobre la fachada, se limpiarán elementos deteriorados y se intentarán recuperar los tonos originales. También se trabajará en distintos elementos, tanto exteriores como interiores, con el objetivo de frenar su desgaste y mejorar su estado de conservación.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora mejoras necesarias para adaptarlo a las exigencias actuales. Se reorganizarán algunos espacios, se instalarán un ascensor y un montaplatos, y se renovarán las instalaciones eléctricas, de fontanería, climatización y telecomunicaciones. Además, se introducirán medidas relacionadas con la accesibilidad, la eficiencia energética y el confort, aspectos clave cuando se interviene en edificios históricos que siguen en uso.

Más allá de lo técnico, la rehabilitación permitirá que el Pabellón de Oficiales continúe formando parte activa de Cuatro Vientos. Para quien mira Madrid desde una perspectiva cultural, este tipo de patrimonio menos visible resulta fundamental para entender la ciudad en toda su complejidad. El 'Palace' no es un gran monumento turístico, pero sí un testimonio directo de cómo empezó la aviación militar en España. Su puesta al día refuerza esa idea: la de un edificio que nació para acompañar un momento clave de la historia y que, más de cien años después, sigue teniendo un lugar en ella.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa e Industria, va a lanzar un programa para financiar el desarrollo de Iris², el plan de la UE para lanzar una constelación de 290 minisatélites de órbita baja para asegurar las comunicaciones y dotar al bloque de soberanía espacial. “Algunos piensan que el espacio es patrimonio de un puñado de millonarios excéntricos jugando a ser dioses y fundar colonias privadas en Marte. Eso no es lo que hace Europa, ni España”, ha declarado el presidente durante la clausura del primer Congreso del Espacio que se ha celebrado esta semana en Madrid.

El programa Iris² nació a finales de 2024 como una respuesta europea a la expansión de Starlink, la red de minisatélites privada dirigida por Elon Musk. La iniciativa persigue evitar que las comunicaciones de seguridad nacional europeas dependan del magnate, que ya ha mostrado su voluntad de tomar partido en los conflictos del continente. El ejemplo más sonado ocurrió en 2022, cuando Musk frenó un contraataque ucraniano sobre Crimea apagando el servicio en el momento clave, alegando el riesgo de una escalada nuclear.

El episodio puso de manifiesto que el curso de una guerra y la seguridad europea podían quedar a merced de una decisión unilateral de un solo magnate, un riesgo que el Ejecutivo lleva tiempo verbalizando. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de “preocupante” que la inmensa mayoría de los satélites de órbita baja sean propiedad de Musk, que durante un tiempo formó parte del Gobierno de Donald Trump. El proyecto Iris², rebautizado en medios y redes sociales como el “Starlink europeo”, aspira a ser una red de alta seguridad para comunicaciones gubernamentales y militares.

Iris² está financiado con 10.600 millones de euros, de los que un 60% provendrán de fondos comunitarios. El 40% restante saldrá de las arcas del consorcio SpaceRISE, formado por la francesa Eutelsat, la española Hispasat y la luxemburguesa SES. El 90% de Hispasat es propiedad de Indra, que a su vez está participada en un 28% por el Estado. La española liderará el desarrollo del segmento terreno gubernamental y de los satélites de la capa orbital más baja. Los primeros lanzamientos están previstos para 2029 y se espera que red entre en operación durante la década de 2030.

En su comparecencia, Sánchez no ha aclarado a cuánto ascenderá la participación española en el proyecto. Esta se articulará a través de un Programa Especial de Modernización como los que se están desarrollando con otras empresas de armamento y ciberseguridad. “La industria espacial es crucial para la autonomía estratégica de Europa”, ha declarado Sánchez: “Europa no puede ser sierva ni esclava de nadie. Europa debe ser dueña de su destino y esto requiere de empresas europeas fuertes, con capacidad de competir con los gigantes de otras potencias”.

Facturación de 1.500 millones

El presidente también ha defendido que el sector espacial español es ya una realidad económica. En este sentido, ha recordado que esta industria facturó 1.500 millones en 2025, ha generado “8.000 puestos de trabajo altamente cualificados” y que España fue el segundo país que logró atraer una mayor inversión de capital riesgo el año pasado, solo por detrás de Alemania.

“España puede ser un referente europeo en el sector espacial”, ha asegurado, manifestado que “la única carrera espacial que merece la pena es la que mejora la vida de la gente, aquí en la tierra”. Como ejemplo de ello, ha citado los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus, “que salvan vidas”.

El líder del Ejecutivo defiende que la participación en Iris² “va a suponer también una gran oportunidad para el desarrollo y consolidación de la cadena de valor industrial nacional, tanto en la fabricación de satélites, como en su segmento terrestre”. Para ello se ampliarán las capacidades del Centro Europeo de Astronomía Espacial en España.

Casi un año después de que España fuera declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como libre de ébola tras la crisis que en 2014 sacudió al país, terminaban las obras de la planta 22 del Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. El centro, dependiente del Ministerio de Defensa, ya había decidido antes reformar su unidad de enfermedades infecciosas, pero la repatriación de un misionero español con ébola —al que no pudo atender— y el posterior contagio de una auxiliar de enfermería impulsaron la decisión de afrontar un proyecto de mayor envergadura: el Gómez Ulla se convertiría así en el hospital de referencia para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.

En octubre de 2015 la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría (PP) inauguraba la nueva Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital. Unas siglas que han sonado mucho estos días a cuenta del barco afectado por el brote de hantavirus, que ha desembarcado en Canarias este domingo. Los 14 españoles que viajaban a bordo han sido trasladados al centro sanitario madrileño para hacer una cuarentena cuya fecha de fin aún está abierta. Según ha detallado Sanidad, la pasarán en habitaciones individuales y sin visitas. En el caso de que alguno tenga síntomas, será aislado, y si es positivo, pasará a ser ingresado en la UATAN.

Voces expertas en epidemiología y salud pública apuntan a que España cuenta con los medios para afrontar la situación y señalan en especial a este tipo de unidades, que forman parte de una red distribuida en varias comunidades autónomas: la del Gómez Ulla cuenta con siete camas, siendo el hospital con más plazas de todo el sistema. Pero hay otros hospitales en España con unidades de alto nivel y, según ha informado el Ministerio de Sanidad, para este caso hay 16 camas disponibles si fuera necesario. Una está en Tenerife, donde se ha producido la evacuación.

Aunque la transmisión entre humanos no es sencilla y la posibilidad de estar ante un problema expansivo de gran calado es lejana, el hantavirus forma parte de las enfermedades respiratorias emergentes susceptibles de ser atendidas en una de estas unidades. Por eso, si entre los españoles evacuados —a los que se hará una PCR al llegar y otra a los siete días— hay algún caso confirmado en algún momento, será trasladado a una de estas habitaciones que permiten un aislamiento muy estricto ante “enfermedades infecciosas de alto riesgo”, las llamadas EIAR.

El objetivo es controlarlas, atender a los pacientes y proteger al personal sanitario, que sigue en ellas estrictas normas de manejo y seguridad. “Estas unidades son el más alto nivel de aislamiento del sistema sanitario español y fueron puestas en marcha a raíz del ébola en 2014. Están concebidas, tanto arquitectónica como tecnológicamente o a nivel de personal, para ser algo así como un búnker sanitario en el que nada de lo que hay ahí dentro, salga fuera”, explica Paloma Navas, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y profesora de la Universidad Francisco de Vitoria.

La del Gómez Ulla ya se ha usado en otras ocasiones para acoger personas enfermas o sospechosas, como fue el caso de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo tanto en 2016 como el año pasado. Su personal, además, atendió a los españoles repatriados desde Wuhan en 2020 a consecuencia del coronavirus. Otras fiebres hemorrágicas que pueden importarse, enfermedades respiratorias “emergentes” o los agentes NRBQ (nucleares, radiológicos, biológicos o químicos) son considerados de alto riesgo y deben ser atendidos en estas instalaciones.

Pello Latasa, vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología, señala que el hantavirus entra en este grupo porque aunque no se transmite con facilidad, cuando lo hace “tiene un impacto elevado” en términos de mortalidad. Las personas que serán trasladadas a Madrid no tienen síntomas y “no hay evidencias” de que el hantavirus se pueda transmitir en fase asintomática, apunta Latasa, pero la decisión del aislamiento y vigilancia en el Gómez Ulla responde “a una mezcla de factores” no solo técnicos o clínicos, también de “sensibilidad social”, cree.

El epidemiólogo señala que en este tipo de casos en los que hay un alto impacto mediático y social, lo adecuado desde el punto de vista de la salud pública “no es solo gestionar la enfermedad en sí”, sino también “el miedo o la percepción del riesgo”. “Con el nivel de alerta que hay, ser extracautos no está de más”, añade. Habitualmente, lo que se hace en estos casos en los que se ha estado en contacto con un contagiado es un seguimiento que puede ser activo, con llamadas diarias de los profesionales sanitarios, o pasivo, en el que se le indica a la persona que se tome la temperatura y avise de cualquier cambio.

Paloma Navas coincide en que aplicar el “mecanismo de precaución” es lo acertado en un caso como este. “El contagio de persona a persona no es fácil, pero el hantavirus puede provocar una afectación pulmonar grave que requiera de intervenciones complejas”, sostiene la experta, que apunta a cómo la UATAN del Gómez Ulla está “preparada para atender todo el abanico” en el que puede derivar la infección. El hospital del Ministerio de Defensa suele “centralizar este tipo de situaciones”, es el que tiene “una mayor infraestructura” y cuenta con un personal que “tiene la formación necesaria” para ello. “No interesa que estas 14 personas estén dispersas por el territorio español o que no estén bajo control”, opina.

Aún se desconoce cuánto tiempo deberán estar ingresadas en el Gómez Ulla y, según ha afirmado el Ministerio de Sanidad, ninguna se niega a hacerlo. En principio, seguirán una cuarentena “muy estricta” durante al menos siete días. A partir de ahí, los pasos a seguir dependerán de la fecha en la que epidemiológicamente se fije el último contacto con caso confirmado —el 28 o el 30 de abril— y también de la evolución del resto de pasajeros. En cualquier escenario, habrá una “reevaluación” de la situación llegado el momento, afirmó este viernes el Secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla. El periodo de incubación del hantavirus es de unos 45 días.

Control y desinfección

Toda la planta de alto riesgo del Gómez Ulla dispuesta por si hay un positivo está sometida a control de entradas y salidas y movimiento de personal y pacientes desde una sala de vigilancia continua en la que se controlan también las aperturas de puertas, que están automatizadas. Cada habitación cuenta con esclusas para permitir la desinfección antes de salir a las zonas de uso común: tras estar en la habitación, el profesional deberá pasar a la esclusa de sucios, que cuenta con lavabo y ducha, y después a la de limpios ya sin Equipo de Protección Individual (EPI). Antes de salir de la habitación, pasará por una “estación de descontaminación”.

Latasa explica que las habitaciones de estas unidades cuentan con sistemas de presión negativa que funcionan con una ventilación especial de forma que el aire se introduce en la habitación y lo filtra antes de salir. Este aire 'limpio' que entra del exterior evita que el posiblemente contaminado salga hacia afuera dificultando así la propagación. También la UATAN cuenta un sistema especial de residuos que los someten a procesos de esterilización. “Cuando usan el cuarto de baño, no van al circuito de alcantarillado normal, sino a una unidad de tratamiento específico”, apunta Navas.

Los EPIs son también específicos, de cuerpo completo y a veces “autoventilados”, mientras que los profesionales reciben “formación especializada”. “Son unidades complejas que requieren mucha coordinación dentro del hospital”, explica el Latasa. La del Gómez Ulla dispone de la posibilidad de entrada directa evitando su paso por Urgencias y un ascensor de uso exclusivo, además de contar con una altura que la distancia de edificios residenciales cercanos. La 22 es la última planta del centro, que da acceso a la azotea en la que está instalado el helipuerto.

Según contó el propio hospital al ser inaugurado, a las habitaciones entran dos profesionales: uno vestido de amarillo que está en contacto con el paciente o sospechoso y otro de blanco, que hará de “observador” y ayuda al primero después a retirarle el EPI. La unidad cuenta con un equipo multidisciplinar de unos 70 profesionales y tiene un laboratorio BLS-III integrado, lo que minimiza el riesgo al permitir el análisis de muestras sin la necesidad de salir. Según explicó el teniente coronel médico Javier Membrillo, jefe de la unidad, en una entrevista con Consalud.es, el centro debe siempre estar listo para recibir a un paciente en máximo 6 horas.

Unidades de la Brigada Canarias XVI (BRICAN XVI) desarrollarán a partir del próximo 4 de mayo operaciones de vigilancia y presencia en todas las islas del archipiélago, en el marco del Mando Operativo Terrestre.

El despliegue contempla patrullas a pie y en vehículos en el conjunto de Canarias de forma simultánea, con la participación de distintas unidades del Ejército de Tierra, según ha informado este jueves el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El Regimiento de Infantería “Soria” 9 (RI 9) operará en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa; el Regimiento de Infantería “Tenerife” 49 (RI 49) lo hará en la isla de Tenerife; el Regimiento de Infantería “Canarias” 50 actuará en Gran Canaria; el Regimiento de Artillería de Campaña 93 se desplegará en La Gomera y El Hierro; y el Batallón de Zapadores XVI en La Palma.

Dentro de las actividades programadas, en Fuerteventura el personal del RI 9 impartirá una charla informativa en el IES Jandía el 5 de mayo y realizará una exposición estática de material en el IES Corralejo el día 11.

En Tenerife, el RI 49 desarrollará el 6 de mayo una actividad en el centro educativo San Agustín, donde se ofrecerán charlas informativas sobre la labor del Grupo Táctico Canarias.

Según indica la nota, estas actuaciones tienen como finalidad reforzar la vigilancia, ejercer un efecto disuasorio y contribuir a la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en el archipiélago.

Las actividades se integran en las denominadas Operaciones Permanentes, consideradas una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la Seguridad Nacional en tiempos de paz, con el objetivo de mantener la presencia y el conocimiento del entorno en distintas zonas del territorio.

El despliegue está coordinado por el teniente general Julio Salom Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra y comandante del Mando Operativo Terrestre, responsable de las operaciones de presencia y vigilancia en Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha denegado la medida cautelar solicitada por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, para que se suspendiera la asignación a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) como beneficiarias de dos préstamos para programas especiales de modernización (PEM) de armamento por importe de 3.000 millones de euros, que se enmarcan en contratos por valor total de 7.240 millones de euros.

La petición pretendía la suspensión cautelar de los préstamos y de todos aquellos preceptos relacionados con la concesión de estos préstamos, así como la suspensión de todos los procedimientos y actos administrativos subsiguientes, mientras se resuelve el fondo del recurso que Santa Bárbara tiene planteado contra los mismos, informa Europa Press.

Entre otros argumentos, la Sala basa el rechazo a la medida cautelar en que los perjuicios alegados por Santa Bárbara Sistemas “no pasan de ser una mera alegación carente de prueba que lo avale, sin que resulte acreditado que la ejecución del Real Decreto y los préstamos que se impugnan le pueda ocasionar perjuicios inminentes, ni menos aún que estos sean de difícil o imposible reparación”.

“El interesado en obtener la suspensión tiene la carga de probar adecuadamente qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren en el caso para acordar la suspensión, sin que sea suficiente una mera invocación genérica”, ha añadido el alto tribunal.

Argumenta que no ha quedado acreditado que la continuidad de la empresa, su posición actual en el mercado o los puestos actuales de trabajo puedan verse afectados por la concesión de estos préstamos a las empresas competidoras.

Destaca que Santa Bárbara, en abril del año 2000, fue adquirida por General Dynamics Corporation, convirtiéndose en una filial de la multinacional estadounidense, que es una de las empresas “líderes mundiales” en la fabricación y diseño en el sector de la defensa, “por lo que difícilmente su continuidad como empresa o los actuales puestos de trabajo pueden entenderse comprometidos por no ser beneficiaria de los préstamos cuestionados”.

“Sin olvidar que Santa Bárbara es adjudicataria de otros préstamos en España para el desarrollo de otros programas diferentes (Programa Actualización Vehículos Pizarro) por importe de 176 millones”, ha indicado.

Relevante interés público

Asimismo, la Sala rechaza la alegación de Santa Bárbara que alude a que los perjuicios sobre el interés público y a la propia empresa son “significativamente mayores” que los posibles inconvenientes que la suspensión cautelar podría generar para Indra y EM&E.

En su auto, el tribunal explica que existe un “relevante interés público” en desarrollar programas de armamento para la modernización de la defensa nacional y al mismo tiempo constituye una estrategia nacional y de la Unión Europea (UE) aminorar la dependencia en el abastecimiento exterior de suministros estratégicos y la puesta en marcha de industrias estratégicas que permitan una capacidad de defensa autónoma y el fortalecimiento de la industria nacional.

“Y ese interés público, enmarcado en el contexto de una política de seguridad y defensa común de la UE que establece el compromiso de los Estados miembros a mejorar progresivamente sus capacidades militares, exige el desarrollo de determinados programas de modernización cuya financiación constituye el objeto de este recurso y cuya paralización generaría perjuicios importantes para la puesta en marcha de estos programas y consiguientemente para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en el contexto de la UE”, subrayan los magistrados.

Considera que la suspensión cautelar de más de 3.000 millones de euros de financiación pública, correspondientes a los PEM, “no produciría un mero aplazamiento neutro de la inversión, sino una alteración sustancial de la planificación militar, industrial y presupuestaria, con efectos acumulativos difícilmente reversibles”.

“La adopción de la medida cautelar comprometería de forma directa e inmediata la modernización de capacidades militares críticas, el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por España y la estabilidad de un sector industrial estratégico”, subraya.

Además, señala que frente a ese relevante interés público en la ejecución de los préstamos “no se aprecian perjuicios irreparables para la empresa recurrente, pues si bien la financiación de las compañías competidoras le genera la pérdida de la expectativa de ser el destinatario de esta financiación, ese interés privado ni puede prevalecer sobre el interés público descrito ni superponerse al interés privado de las empresas beneficiarias, que resulta igualmente digno de protección”.

De este modo, la Sala concluye que no procede apreciar los requisitos necesarios para aplicar la doctrina del 'fumus bonis iuris' y, en consecuencia, suspender la inmediata ejecutividad del Real Decreto impugnado.

Cinco militares de la Escuela Militar de Montaña de Jaca han resultado heridos este miércoles al precipitarse la cordada que les unía cuando escalaban en Peña Telera, en el Pirineo altoaragonés. Todos ellos formaban parte del LXXXI Curso de Montaña y han sido trasladados a hospitales aragoneses.

El rescate y la posterior evacuación lo ha llevado a cabo el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil. Se trata de cinco montañeros que han sufrido un accidente mientras realizaban una ruta en el corredor de la Gran Diagonal de Peña Telera, en el término municipal de Piedrafita de Jaca (Huesca). Ha consistido en un resbalón de las cordadas que les unían —una de tres integrantes y otra de dos—, que han caído posteriormente.

Se trata de cinco hombres, de entre 22 y 40 años, todos ellos de la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca y vecinos de la comarca altoaragonesa de La Jacetania, ha informado la Guardia Civil. El Ministerio de Defensa ha confirmado que los heridos son un profesor de la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales y cuatro alumnos del curso. Las causas se están investigando.

El aviso se ha recibido a las 09:30 de este miércoles y ante la gravedad de la situación se han activado dos grupos de rescate, el Greim de Panticosa y el de Jaca, al igual que la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061 para atender a los heridos, de diversa consideración.

Tras localizar a los militares accidentados, los médicos del 061 los han atendido in situ en el lugar del siniestro, desde donde han sido trasladados en la aeronave hasta la helisuperficie de Panticosa. Allí han sido transferidos al helicóptero medicalizado del 112, que ha llevado a dos de ellos a los hospitales Miguel Servet y Clínico de Zaragoza, respectivamente. El resto de los heridos han sido trasladados al Hospital San Jorge de Huesca, uno de ellos por la Unidad Aérea y los otros dos en ambulancia.

El Curso de Montaña en el que participaban los heridos comenzó el pasado mes de septiembre y tiene una duración de diez meses. Está orientado a proporcionar conocimientos y destrezas para vivir, moverse y combatir en alta montaña y en climas de frío extremo. Parte de sus ejercicios, como el de hoy, se realizan en el Pirineo Aragonés, así como en el navarro, catalán, en los Picos de Europa y en Chamonix (Francia).

El siniestro se ha producido en la Gran Diagonal de Peña Telera, un entorno de notable riesgo técnico debido a su configuración como uno de los corredores más extensos y duros del Pirineo oscense. Esta ruta, que salva un desnivel aproximado de 700 metros, recorre de forma directa la cara norte del macizo.

La empresa GDELS-Santa Bárbara ha concluido el proceso de fabricación de su primer vehículo Hunter destinado al Gobierno letón en la planta que tiene en Trubia (Asturias), con el fin de iniciar la fase de pruebas en Sevilla.

La primera unidad Hunter del contrato letón, que comprende 84 vehículos y soporte integral al ciclo de vida hasta 2037, sale este viernes de la planta de Santa Bárbara en Trubia con semanas de antelación a los plazos inicialmente previstos, según ha informado la compañía este viernes en una nota de prensa.

Eficiencia y solidez

El vehículo parte con destino a la planta de GDELS-SBS en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde completará la fase de verificación y la capacitación inicial del usuario, antes de su envío a Letonia esta primavera, apenas un año después de la firma del contrato.

La compañía, con sede en España e integrada dentro de la empresa estadounidense General Dynamics, ha afirmado que el hecho de que el producto se haya fabricado con semanas de antelación “confirma la eficiencia” de su modelo productivo así como la “solidez” en la cadena de suministro nacional formada por más de 130 empresas españolas.

El encargo

El plazo de entrega de estos vehículos es este año 2026.

El Gobierno letón ha encargado a la firma el desarrollo y fabricación de 84 unidades de este vehículo de combate de manufactura española basado en la plataforma Ascod, utilizada, entre otros, por los ejércitos de España, Austria y Reino Unido.

El Gobierno letón y Santa Bárbara firmaron, además, un acuerdo para el apoyo al ciclo de vida de estos vehículos hasta el año 2037, que se llevará a cabo desde las instalaciones de Alcalá de Guadaíra.

La noticia se ha confirmado coincidiendo con la visita que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha realizado a Asturias.

El contrato de los 8x8

En el Principado, Margarita Robles ha apelado a la responsabilidad de los socios que conforman el consorcio Tess Defensa -Indra, Santa Bárbara, Escribano y SAPA- para que se cumpla “en tiempo y forma” el contrato de los 8x8, los blindados destinados a suplir los BMR en el Ejército de Tierra.

“Tengo que decirlo claramente: me preocupa enormemente y hago un llamamiento a la responsabilidad de las empresas para que cumplan pronto y en forma el contrato del 8x8 (...) porque el Ejército de Tierra merece lo mejor, y al mismo tiempo, porque entendemos que es la mejor manera de que se pueda seguir trabajando con seguridad”, ha señalado.

Robles: “Hay incumplimientos”

Al ser preguntada por los problemas técnicos que están dando los 40 blindados 8x8 Dragón que se entregaron el pasado enero a la base de la Legión en Almería, la ministra ha insistido en que hay “incumplimientos claros” por parte de Tess y de las empresas que forman parte del consorcio que son motivo de preocupación desde hace años para el ministerio.

El contrato para la fabricación de los 8x8 Dragón, que asciende a 2.100 millones de euros, contempla la fabricación de 348 vehículos de combate cuya entrega debería llevarse a cabo de forma progresiva hasta 2027.

La preocupación

La fabricación en serie comenzó a finales de 2021 en la factoría de la Empresa Nacional Santa Bárbara en Trubia (Oviedo), pero los primeros once blindados no se entregaron al Ejército de Tierra hasta mayo de 2025.

“Al Ministerio de Defensa siempre le ha preocupado el programa 8x8” porque está habiendo un incumplimiento del compromiso asumido por las empresas de cumplir con los plazos, ha afirmado la ministra.

Robles ha hecho estas declaraciones durante una visita al Regimiento de Infantería ‘Príncipe’ número 3, en el Acuartelamiento 'Cabo Noval', en Siero (Asturias), donde ha asistido a una demostración de la unidad de drones, operativa desde hace un año y medio. 

La relevancia de Asturias

La ministra de Defensa ha asegurado que Asturias “es un lugar clave y esencial para su departamento porque ”tiene y va a tener un papel fundamental“ en cuanto al compromiso que mantiene el Gobierno de llegar a destinar el 2 por ciento del PIB a inversiones en defensa.

“Más que nunca, invertir en defensa es invertir en paz, con la que el Gobierno de España está tan comprometido” ha afirmado la ministra, que ha señalado además que invertir en defensa es hacerlo también en puestos de trabajo.

El papel “fundamental” del Principado

En esta inversión, ha añadido, Asturias tiene y va a tener un papel fundamental ya que en la comunidad está presente la Empresa Nacional Santa Bárbara e Indra, que mantiene planes de expansión sobre los que la ministra no ha querido pronunciarse.

Acompañada por el jefe mayor del Ejército, Amador Enseñat, del coronel jefe del Regimiento de Infantería Príncipe, José Miguel Garcés, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, la ministra ha comprobado la efectividad de distintos drones que pueden ser utilizados tanto para misiones de observación como para defensa o ataques.

Se trata de drones cargados con proyectiles, equipados con cámaras térmicas o con sistemas de medición, así como otros de fibra óptica o los destinados a labores de observación y vigilancia forman parte del equipamiento del “Pelotón de Observación” de este regimiento, integrado por ocho tiradores de precisión y expertos en el manejo de estos aparatos.

El trabajo con drones

Al frente de ellos, el cabo primero David Domínguez ha señalado que esta unidad especial empezó a funcionar a raíz de la Guerra de Ucrania, que algunos de los drones que utilizan han sido desarrollados por ellos y que también trabajan con equipos antidrones.

En la demostración, un dron cargado con cinco proyectiles los ha ido lanzando sobre los objetivos marcados y otro nodriza (dos acoplados en el que uno de ellos lleva una carga explosiva) ha sido utilizado para atacar un vehículo terrestre, ejercicios que se llevaron a cabo con precisión.

Los militares del Regimiento Príncipe número 3

Según la ministra es un orgullo lo que hace en Asturias el Regimiento Príncipe número 3, perteneciente a la Brigada Galicia VII y del que forman parte cerca de 1.200 militares, tanto por su partcipación en misiones internacionales, como Eslovaquia, “donde dejó el pabellón español muy alto” como por ser pionero en todo lo relacionado con los drones.

“Los enfrentamientos con drones están teniendo un gran protagonismo y por eso es importante que el Ejército español sea muy pionero y avance en todo lo relacionado con los sistemas antidrones”, ha añadido.