Almeida paraliza la torre que planea Defensa en medio de un barrio rico de Madrid después de las quejas vecinales
El Ayuntamiento da marcha atrás: no aprobará el proyecto para construir una torre de 18 plantas en mitad de El Viso. Fuentes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo confirman a Somos Madrid después de un complejo periodo de alegaciones. Durante el verano, con muchos madrileños de vacaciones y la ciudad semidesierta, el Ministerio de Defensa obtuvo el sí municipal para levantar una estructura con 60 metros de altitud en pleno barrio residencial. El Viso es una zona acomodada y donde el PP acumula mayorías electorales. El ministerio de Margarita Robles propuso centralizar sus oficinas en un único edificio junto al Paseo de la Castellana, en la calle de Joaquín Costa número 6. Un terreno que ya les pertenece y alberga una escuela militar del Ejército de Tierra. Pero entre los vecinos del barrio la noticia no obtuvo una buena acogida.
Las alegaciones de particulares se amontonaron sobre la mesa y, poco después, la situación ha dado un giro inesperado. El proyecto aún estaba en fase muy inicial. Ni siquiera hay fechas previstas: en septiembre el Ayuntamiento sacó a información pública el proyecto para que la parcela, de 24.000 metros cuadrados, centralizara las oficinas del ministerio en un nuevo edificio. Margarita Robles, responsable de Defensa, se comprometió a mantener las aulas y talleres, pero el resto quedaría libre para sumar estancias en vertical. Y eso ha generado cierto malestar entre los vecinos, que han seguido la senda de otros residentes como los del Santiago Bernabéu o el entorno del cantón en Montecarmelo. Poco a poco comenzaron a organizarse en una plataforma contra la construcción, con idea de evitar que traiga más tráfico y contaminación al barrio.
Entre las previsiones estaban las de construir en torno a 40.000 m² para oficinas y otros 8.200 destinados a alojamientos temporales de militares. Con un presupuesto en torno a los cien millones de euros –las cantidades fluctúan a lo largo de cada proceso–, la alta torre se asemejaría al paisaje de grandes oficinas que puede verse en Azca, el principal distrito financiero en la ciudad y a relativa poca distancia de este lugar. Solo que, esta vez, se asienta sobre plano. Junto a estos terrenos cercanos a Nuevos Ministerios se encuentran sobre todo edificios residenciales, colegios y una parroquia, la de San Agustín, una iglesia protegida en la categoría de monumento.
En general, El Viso es un barrio tranquilo y adinerado. Según datos recientes de Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados el año pasado aunque relativos a 2023, la media de las rentas brutas por hogar en el entorno de la calle de Joaquín Costa oscila entre los 90.000 y los 150.000 euros anuales, situándose en el 10% más rico de Madrid en base a los ingresos declarados por sus vecinos en el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No a todos los vecinos les convenció la noticia. Después de que el Ayuntamiento de Madrid aprobara el proyecto inicial de Defensa para construir la torre, se abrió el período de alegaciones.
Varios residentes de El Viso, primero a título particular y luego organizados en una plataforma vecinal, comenzaron a presentar las suyas. En general, creen que se trata de un giro urbanístico cuyo impacto sobre el vecindario es peligroso y previsible. La cuestión abre otro frente en casa al PP: después de que los vecinos del Santiago Bernabéu se rebelaran en los tribunales por el ruido de los conciertos, y que en Montecarmelo (distrito de Fuencarral-El Pardo) abrieran fuego contra el cantón de basuras, un tercer barrio de amplio apoyo popular inicia su propio recorrido. Fuentes vecinales confirman a este periódico que han sido muchas las alegaciones presentadas por particulares.
Entre otras razones, estas se atienen al blindaje de la zona: según un informe emitido por el Área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, el número 6 de la calle Joaquín Costa está protegido desde el 28 de septiembre de 2023. En esa fecha, la parcela (incluida en el Grupo de Colonias de los Altos del Hipódromo) pasó a gozar de la categoría de BIC, un Bien de Interés Cultural. Algo que, insisten los vecinos, queda en riesgo al plantear elevar una torre de 60 metros de altura sobre un patrimonio histórico. De hecho, entre las alegaciones presentadas al proyecto de Defensa, a las que ha tenido acceso este periódico, llega a sugerirse un posible fraude de ley en la calificación urbanística.
Alegaciones por “servidumbre” militar, movilidad y daño a un BIC
En su argumentación de motivos, señalan que la actuación se vende como parte de una red pública supramunicipal y consideran que eso puede facilitar a sus promotores, ya avanzado el proceso, el esquivar la normativa local e “impone automáticamente” la “servidumbre por interés militar” sobre el posible impacto en los elementos de interés cultural o el uso residencial a su alrededor. Esto, en resumidas cuentas, les resulta una restricción “desproporcionada” de los derechos de propiedad.
Las alegaciones también ponen el foco en la movilidad. Frente al argumento oficial de que la apertura de un nuevo vial entre Joaquín Costa y Carbonero y Sol mejorará la conectividad y completará la trama urbana, los residentes sostienen que se trata de una maniobra urbanística para reclasificar el suelo como urbano consolidado y evitar la cesión del 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento. En términos prácticos, advierten de que la actuación agravará el tráfico en una zona ya saturada y critican que el estudio presentado es “notablemente deficiente”, al “no analizar el impacto en horas punta ni plantear soluciones viables”.
Cuando trascendió el acuerdo, los vecinos supieron que los espacios actualmente liberados en la infraestructura para celebrar ceremonias castrenses se mantendrán, en principio, como hasta ahora. Sobre la mesa está la demolición de algunos inmuebles. De momento, se estima una inversión total de 95,53 millones de euros, en su mayoría destinados a labores de construcción, obras subterráneas o derribos. El plan especial fue publicado por el Ayuntamiento el 31 de julio, en el ecuador estival. Antes de eso, el proyecto había superado otros filtros habituales: comisiones municipales de patrimonio, el visto bueno de la Comunidad de Madrid... En adelante, solo queda esperar a que se resuelvan las alegaciones presentadas –el plazo ya ha expirado– para saber si el plan puede aprobarse de forma definitiva y, entonces, iniciar las obras.
Los precedentes del Bernabéu y el cantón de Montecarmelo
Para asesorarse sobre cómo proceder en su pulso con la Administración, los residentes de El Viso acudieron a sus vecinos de distrito (Chamartín) en el estadio Santiago Bernabéu, con quienes comparten una causa común: una inquietud que involucra a las instituciones. En el recinto deportivo del Real Madrid, propiedad del magnate Florentino Pérez, se han celebrado varios conciertos apoteósicos de los últimos años. Taylor Swift o Karol G en 2024 –la primera con dos fechas y unos 130.000 asistentes en total y la segunda, con cuatro shows y alrededor de 250.000 entradas vendidas– hicieron despegar las quejas por ruido y se empezaron a ver las orejas del conflicto.
Poco después, otras artistas nacionales de gran popularidad como Aitana y Lola Índigo tuvieron que suspender sus conciertos ante las denuncias vecinales por rebasar los límites de ruido. Entonces comenzó al éxodo al Metropolitano. En Madrid, los macroconciertos se han convertido en un negocio pujante concentrado sobre todo en tres grandes epicentros: el estadio Santiago Bernabéu, el Metropolitano y el Palacio de los Deportes, hasta hace poco patrocinado como Wizink Center. El primero tiene un aforo de 84.000 personas, en el segundo caben algo más de 70.000 y el tercero, el único habilitado arquitectónicamente para este fin, ronda las 17.000.
Entre ellos se reparten muchos de los espectáculos más codiciados de la ciudad, pues los estadios deportivos se han consolidado como un templo de conciertos más gracias a su amplio aforo en mitad de un nuevo boom para la música en directo. Tiene una cara b: a la par que aumentan las ganancias también lo hacen las quejas vecinales por organizar un show de luces y sonidos en campos que no nacieron para este fin.
Otro ejemplo similar fue el del cantón de basuras en Montecarmelo. En este caso, un proyecto municipal volvió a situar unas instalaciones consideradas molestas en dentro de un residencial. En su distrito, Fuencarral, el PP se consolidó como el partido más votado en las últimas elecciones. Pero, con el anuncio de un depósito de limpieza junto a dos colegios, una guardería y el cementerio municipal del distrito, la situación se torció. En poco tiempo, los vecinos comenzaron a presionar para cambiar la localización y evitar ruidos u olores. Además, surgieron denuncias por una supuesta falta de transparencia en la tramitación y se activaron varias movilizaciones, generando un fuerte rechazo social.
Después de años de tira y afloja con el Ayuntamiento (y de configurar una plataforma vecinal específica contra el cantón), este 2026 lograron que el concejal-presidente del distrito, José Antonio Martínez Páramo, renuncie a abrir una base del Selur en parcelas próximas a colegios o viviendas. Selur es el servicio municipal de limpieza urgente. En lugar de materializar el proyecto inicial, Montecarmelo albergará un espacio con vestuarios para 30 trabajadores y sus carritos, almacén y unas 20 plazas disponibles. El resto del área reservada se recalificará y convertirá en un parque con carril bici y otras dotaciones. La conclusión de aquel caso se asemeja a la que ahora asoma entre los vecinos de El Viso, después de que el Ayuntamiento dé algo de oxígeno a sus aspiraciones contra la torre de Defensa.
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