Un nuevo informe denuncia que España no ha puesto fin a sus relaciones armamentísticas con Israel
El Centre Delàs de Estudios por la Paz publica un nuevo informe, titulado Opacidad y desinformación en las relaciones armamentísticas entre España e Israel, en el que hace un balance de la aplicación del Real Decreto-ley aprobado el pasado 23 de septiembre, por el que se anunciaron medidas urgentes contra el genocidio en Gaza.
En su publicación detalla que el Real Decreto-ley “apenas afecta a las relaciones armamentísticas entre España e Israel” porque permite excepciones, “podría burlarse por medio de operaciones triangulares” en las que estuvieran implicados países de la Unión Europea y no establece medidas sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes armamentísticas, sus filiales en España, o a uniones temporales de empresas en las que participan compañías israelíes o sus filiales.
El estudio ofrece un listado de treinta y cinco contratos que España adjudicó a empresas armamentísticas o sus filiales “que no han sido anulados”. También recuerda que tres meses después de la aprobación de ese Real Decreto-ley, el pasado 23 de diciembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la primera excepción en la prohibición de realizar transferencias de material de defensa y productos de doble uso con destino a Israel o con origen desde ese país.
En concreto, España autorizó transferencias de material militar de Israel, justo cuando se cumplían tres meses de la entrada en vigor del Real Decreto.
“Política de opacidad”
El informe del Centre Delàs de Estudios por la Paz señala que el Gobierno mantiene una política “de notable opacidad” sobre el Plan de desconexión de la tecnología militar israelí, del que, “aunque suele ser mencionado por cargos del Ministerio de Defensa, no se ha hecho público ningún documento que recoja su contenido”.
Además, indica que tampoco se han señalado los efectos concretos de dicho plan ni se ha hecho público si los 79 Programas Especiales de Modernización (PEM) de capacidades militares aprobados por el Gobierno español incluyen componentes patentados o fabricados por la industria armamentística israelí.
De todos esos programas, “solo se indican dos PEM afectados por el plan de desconexión” de la industria israelí: la adquisición de misiles contra carro Spike LR2 y la obtención del sistema lanzacohetes de alta movilidad (SILAM).
El informe señala 'una maniobra de desinformación del Ministerio de Defensa dirigida a la opinión pública' con 'la anulación de los anuncios de contratos ya extinguidos'
Los Dragón
Tampoco se han presentado aclaraciones sobre posibles componentes de fabricación o patente israelíes en el programa del vehículo Dragón VCR 8x8, valorado en 2.612 millones de euros. En diciembre de 2025 se entregaron 30 unidades de ese vehículo al Ministerio de Defensa español.
El Centre Delàs explica que “el Dragón incluye distintos componentes de fabricación o patente israelí”, como el blindaje, la radio, los misiles, y los sistemas de protección activa Iron Fist y Trophy. “No está claro si el VCR Dragón 8×8 está incluido en el Plan de desconexión de tecnología israelí”, apunta y añade que “el Gobierno debe aclarar si los VCR Dragón recibidos por el Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 incluyen componentes de fabricación o patente israelí”.
De hecho, no descarta que los componentes israelíes del Dragón fueran importados a España antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2025, ya que entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se produjo un aumento muy considerable de las importaciones de material de defensa desde Israel, tal y como adelantó elDiario.es. “Ese aumento podría apuntar en esta dirección”, indica el informe publicado este miércoles.
Recientemente el Ministerio de Economía se amparó en el secreto de Estado para evitar dar una información solicitada sobre los componentes israelíes para los vehículos Dragón. La petición de esos datos procedía de Ecologistas en Acción de Asturies, que también denuncia “la posible importación” de material israelí para fabricar los Dragón en Trubia.
El Gobierno autorizó hace tres meses la transferencia de material de defensa y doble uso relacionada con cuatro proyectos aeronáuticos liderados por Airbus
Contratos no anulados
La publicación del Centre Delàs subraya que no han sido anulados los contratos adjudicados a la industria armamentística israelí desde el 7 de octubre de 2023, y denuncia que el Ministerio de Defensa español “ha pretendido engañar a la opinión pública al incluir” en la Plataforma de Contratación del Sector Público la anulación de anuncios de contratos ya extinguidos.
“Estas decisiones no implican la anulación de los contratos porque no suponen su desistimiento o resolución”, explica la publicación, en la que se denuncia “una maniobra de desinformación del Ministerio de Defensa dirigida a la opinión pública”.
El estudio detalla que, de esos contratos, “veintiséis han sido cumplidos adecuadamente, es decir, la industria israelí ha entregado los bienes o realizado la prestación y el Ministerio de Defensa español ha pagado el precio del contrato”. También afirma que todavía están en vigor los contratos relativos a la adquisición de misiles contra carro Spike LR2 (287 millones €), el suministro del sistema lanzacohetes de alta movilidad SILAM (697 millones €) y el Acuerdo Marco POD Designador para sistemas de combate aéreo (207 millones €), que suman casi 1.192 millones de euros.
Los Spike
En el caso de los misiles contra carro Spike LR2, que desarrolla PAP Tecnos -la filial en España de la empresa israelí Rafael-, la misma PAP Tecnos presentó en febrero de 2026 una propuesta al Ministerio de Defensa para sustituir el misil Spike por el MELLS, un desarrollo europeo del Spike cuyos componentes, aunque no procedan directamente de Israel, siguen siendo de patente israelí.
Sobre ello, el informe advierte de que, “el hecho de que sea la propia PAP Tecnos, cuyo accionista único es el Estado de Israel, quien presenta esta alternativa ya debería, por sí mismo, invalidarla”. También señala que las dos opciones conocidas hasta ahora apuntan a que la alternativa propuesta para el Spike LR2 “seguiría siendo de patente israelí” e incluiría a filiales de la industria militar israelí, “manteniendo así la dependencia de su industria”.
En ese sentido, el Centre Delàs explica que el Real Decreto permite la importación por parte de España de componentes del Spike fabricados en Alemania bajo patente israelí o componentes que ha importado EuroSpike desde Israel porque no se trata de una importación “originaria de Israel”, aunque procedan de ese país.
Los componentes israelíes del Dragón pudieron haber sido importados antes de la entrada en vigor del Real Decreto. Entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 se produjo un aumento considerable de importaciones de material de defensa desde Israel que podría apuntar en esa dirección
El SILAM
En el caso del SILAM (Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad), un contrato de casi 700 millones €, el consorcio de empresas a cargo (Escribano y Rheinmetall-Expal) ha planteado una alternativa nacional que supuestamente deja fuera la transferencia de tecnología de la armamentística israelí Elbit Systems.
Sin embargo, “y dada la total opacidad respecto a esta propuesta”, el informe del Centre Delàs indica que “el Ministerio de Defensa español debería aclarar” si la alternativa a los componentes israelíes que se ha planteado es introducirlos a través de la filial alemana de Elbit Systems Deutschland o el programa alemán EuroPULS (en el que participa Elbit - principal empresa armamentista israelí).
Por lo demás, la publicación señala que el Gobierno compareció con dos meses de retraso en el Congreso –en marzo de este año– para rendir cuentas sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025, y que la Secretaria de Estado de Comercio no entregó ningún informe escrito sobre la aplicación de dicho decreto, “ni tampoco se refirió a qué efectos había tenido el decreto ley sobre los contratos adjudicados a la industria de seguridad y defensa israelí”.
Demanda de un embargo integral
El Centre Delàs de Estudios por la Paz insiste en “la importancia de aprobar un embargo integral que impida cualquier tipo de relación armamentista entre España e Israel” y, junto con la Campaña contra el Comercio de Armas con Israel –integrada por 500 organizaciones– denuncia que “la existencia de estas relaciones armamentísticas implica colaborar con la industria de seguridad y defensa de un Estado genocida y que mantiene un régimen de apartheid sobre la población palestina”.
Entre otras medidas, solicitan al Gobierno español que prohíba las transferencias dentro de la Unión Europea de material militar y de doble uso de patente israelí y el veto a contratos con empresas israelíes de seguridad y defensa, sus filiales en España o con uniones temporales de empresas en las que participen. También exigen “medidas concretas para prohibir el tránsito de barcos y aviones con material militar, o para frenar el uso de bases militares estadounidenses en España como plataforma para el comercio de armas con Israel”.
La relatora de Naciones Unidas para Palestina ha recordado en sus informes de 2024, 2025 y 2026 que “el derecho internacional obliga a los Estados miembros” a suspender relaciones armamentísticas, comerciales, económicas y de inversión con Israel y ha explicado que la adquisición de material militar israelí supone engrosar las arcas de empresas esenciales para la ocupación y el apartheid.
Por su parte, la Corte Internacional de Justicia ha pedido a los países “suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los Territorios Ocupados Palestinos”, en relación con la ocupación y la segregación contra la población palestina.
Además, la Comisión de Investigación asignada por la ONU –que concluyó que “Israel comete genocidio desde octubre de 2023”– ha indicado que los Estados deben adoptar todas las medidas posibles para “prevenir más genocidio” y “sancionar el genocidio”. Entre ellas, mencionan el cierre de las oficinas comerciales de los Estados en Israel y la “suspensión de cualquier relación o transacción que contribuya a la ocupación israelí”.
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