El periodista Carlos Dada se ha visto obligado a dirigir desde el exilio El Faro, el gran periódico de investigación de El Salvador y uno de los pioneros digitales en el mundo cuando lo fundó con otros reporteros en 1998. Su experiencia de acoso por parte del Gobierno de Nayib Bukele ofrece algunas lecciones para un mundo cada vez más autoritario.

El premiado periodista fue el encargado de impartir este lunes la conferencia anual del Instituto Reuters para el estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, la cita en la que cada marzo un referente del periodismo internacional reflexiona sobre los retos del momento. Dada tituló su charla “”Journalism as Resistance“ (periodismo como resistencia). Aquí el texto del discurso completo, traducido en español.

Parte del discurso de Dada se centró en el éxito popular de mensajes políticos difundidos en redes y plagados de falsedades frente al trabajo periodístico concienzudo para comprobar y publicar los hechos.

“Los dictadores como Bukele necesitan mentiras para sobrevivir. Todos conocemos ese manual. Lo que hace a Bukele diferente es su capacidad para convertir esas mentiras en un relato exitoso que se vuelve viral de inmediato en las plataformas de redes sociales”, dijo Dada durante su discurso.

El periodista citó una encuesta de 2025 en Chile según la cual la mitad de la población chilena nombraba a Bukele como el político que más admiraba, algo cada vez más frecuente en países latinoamericanos alejados de El Salvador y poco conectados con su experiencia. “¿Cómo explicas que un obrero de las afueras de Santiago tenga a Bukele tan presente? Porque la propaganda de Bukele aparece todos los días en su teléfono”, explicó Dada, que señaló vídeos “cinematográficos” sobre pandillas o de Bukele aleccionando a soldados y policías “con iluminación de estudio”. 

“Si no fuera por el periodismo y organizaciones de derechos humanos, su propaganda no sería cuestionada”, explicó Dada, que ha sufrido personalmente hasta el espionaje con la tecnología israelí Pegasus en su móvil igual que buena parte del equipo de El Faro. “La búsqueda de la verdad se ha convertido en una actividad subversiva”. 

Acoso y espionaje

En febrero de 2020, nueve meses después de tomar posesión, Bukele entró en el Parlamento rodeado de soldados y policías armados y vestidos para el combate amenazó con disolverlo. El editorial de El Faro entonces se tituló “Maneras de dictador”, y Bukele lanzó una campaña contra el periódico, sus periodistas y sus anunciantes, que fue denunciada por organizaciones de derechos humanos y en el Congreso de Estados Unidos por demócratas y republicanos. El Faro siguió trabajando y reveló casos de corrupción mientras el acoso del Gobierno continuaba, también a través de las llamadas granjas de trols en redes.

El periódico tuvo que trasladar en 2023 la residencia de la empresa a Costa Rica, y poco a poco han tenido que salir del país reporteros objeto de amenazas de detención y otras represalias. Es una experiencia parecida a la de otros medios y otros periodistas en Nicaragua, Guatemala y Venezuela. 

Cuando todavía resistían en su país, los periodistas de El Faro empezaron a notar “gente rara” delante de sus casas, y la vigilancia llegó hasta un dron que entró por la ventana de la casa de Dada. Los móviles de más de una veintena de periodistas fueron hackeados durante más de un año con la tecnología Pegasus, de la empresa de defensa israelí NSO Group, contra la que El Faro tiene un proceso judicial todavía en curso. “Cuando lo hicimos público, perdimos la mayoría de nuestras fuentes, esenciales para la práctica del periodismo, y especialmente bajo regímenes autocráticos y opacos”, recordó Dada en su discurso en Oxford. “Fue la prueba definitiva de que el precio de practicar el periodismo había subido de manera significativa”.

El Faro sigue trabajando y publicando investigaciones, sobre los pactos de Bukele con las pandillas, las torturas en las cárceles o la erosión de la democracia.

Esto contrasta con lo que afirmó en referencia a estos asuntos hace sólo unos días en Madrid el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en varias entrevistas en las que, según Dada, “estaba mintiendo” porque “era muy consciente de la evidencia”. El número dos de Bukele también se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Los abusos de los que habló Dada también los han documentado extensamente Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales.

El periodista salvadoreño reconoció los límites del trabajo periodístico en una sociedad que abraza el autoritarismo. “Aun así, lo que hacemos sigue mereciendo la pena. Aunque solo sea para dejar el testimonio a las generaciones futuras para que entiendan mejor qué demonios pasó en nuestros tiempos”, dijo Dada. “Así no quedarán las mentiras”. 

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este miércoles en su despacho de jefe de la oposición del Congreso al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, de gira por España para defender el modelo ultrapunitivista impuesto por el presidente del país, Nayib Bukele, con decenas de miles de detenidos de forma irregular, denuncias de torturas por parte de ONG internacionales y su participación en las deportaciones masivas de Donald Trump, lo que le ha convertido en referente de ultras como Alvise Pérez o Macarena Olona.

La reunión se produjo durante el pleno de este miércoles, aunque no figuraba en la agenda oficial del líder del PP. Feijóo no ha intervenido en la sesión de control al Gobierno ante la ausencia del presidente, Pedro Sánchez, y ha estado ausente de su escaño buena parte de la mañana.

elDiario.es ha intentado recabar del PP información sobre la reunión sin que ningún portavoz haya querido hacer comentario alguno.

Además de reunirse con Feijóo, Ulloa fue recibido este martes por el presidente del Senado, Pedro Rollán, quien lo ha recibido en “los Despachos de Honor de la Cámara Alta”.

En un comunicado, la Presidencia del Senado afirma que “ambos dirigentes han remarcado el 'milagro' de la seguridad que ha experimentado El Salvador en los últimos años, pasando de tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo a convertirse en uno de los países más seguros”. “Sin seguridad y libertad no hay nada”, ha subrayado Rollán, según la nota oficial.

Ulloa participó el martes en una conferencia para reivindicar el modelo impuesto por Bukele en El Salvador. La charla estuvo trufada de críticas a la prensa y a las ONG que denuncian las torturas y quiebras de los Derechos Humanos cometidas por el Gobierno en su lucha contra la deliencuencia.

“Han salido estos voceros de ONG y periódicos, los dos principales matutinos son 'Diario de Hoy' y 'La Prensa Gráfica'. Estos medios son los portavoces de la oposición política y se volcaron contra el presidente Bukele cuando ofreció en la campaña que iban a pagar impuestos porque ellos no pagaban”, dijo.

A renglón seguido, Ulloa reconoció, por ejemplo, que “lo primero que hace la Policía cuando captura a un perfilado es ver su teléfono, sus contactos y las llamadas que hace”. Y asumió que casi un 10% de las 91.000 personas detenidos bajo el régimen de excepcion (que no tiene fecha de caducidad) fueron puestos en libertad “porque demostraron ser inocentes”, según recoge 'The Objective'. Es decir, la inversión de la carga de la prueba que impera en los países democráticos.

En una entrevista en 'El Mundo', Ulloa aseguró que El Salvador “es el país más seguro de todo el Hemisferio Occidental”. “Antes ese título lo tenía Canadá. Canadá tenía 2,5 asesinados por cada 100.000 habitantes. El Salvador tiene 1,8, o sea, somos el más seguro de las Américas, de Canadá, Argentina, pasando por las Antillas”, afirmó.

El régimen de Bukele ha recibido el apoyo explícito del líder de Salf, Alvise Pérez, quien ha presumido en sus redes de haber visitado El Salvador y sus centros penitenciarios. Según publicó en su canal de Telegram, se reunió con los ministros de Seguridad, Defensa, Educación y Vivienda, así como con el Presidente de la Asamblea Legislativa.

“También recorrió todo el país para entender la aplicación de las políticas contra el crimen que han convertido a El Salvador en el país más seguro del continente. Alvise aplicará en España dichas medidas, con mano dura y firme”, afirma el canal de Salf.

La exdirigente de Vox Macarena Olona también elogia a Bukele en sus publicaciones.

Estado de excepción, amigo de Trump y militares

El sesgo autoritario de Nayib Bukele se hizo patente al poco de llegar al Gobierno de El Salvador. En enero de 2020, ante las dudas de que pudiese salir adelante su plan presupuestario contra las pandillas, llenó la asamblea legislativa de militares, amenazó con disolverla y se jactó: “Ahora creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

Desde entonces sus sesgos dictatoriales no han hecho más que acrecentarse. El pacto que trabó secretamente con las maras para limitar la violencia en un país asolado por el crimen organizado estalló por los aires en 2022, dando paso a un estado de excepción de brocha gorda. Hoy las cárceles están llenas —el 1,6% de los 6,5 millones de habitantes del país, el mayor índice del mundo— de presos que con frecuencia no han sido objeto de investigación formal.

Y si quedan celdas, las subarrienda a EEUU: la megaprisión de Tecoluca, con capacidad para 40.000 personas, alberga también a supuestos criminales expulsados sumariamente de la potencia norteamericana, algunos meros migrantes deportados ilegalmente en el marco de la cruzada contra los extranjeros de Donald Trump.

Aunque goza de popularidad —en 2024 volvió a ganar las elecciones— es alérgico a la crítica y enemigo de la prensa que le planta cara. La redacción de El Faro, uno de los diarios más prestigiosos de Latinoamérica, ha tenido que exiliarse para evitar la cárcel.

Los promotores del apagón democrático se revelan como líderes con el poder de arrastrar amplias masas de ciudadanos hasta la periferia del sistema para cruzar el Aqueronte. Como en El Rinoceronte, aquella obra de Ionesco del teatro del absurdo que convertía en monstruos a los habitantes de un pueblo francés, víctimas de “rinocerontitis”: al principio parecía exagerado, descabellado, después se producía la metamorfosis. ¿Acaso están muy alejados de los vikingos que colapsaron el Capitolio o los hooligans bolsonaristas que quisieron tomar las instituciones de Brasilia? 

Nayib Bukele no es un empresario de bienes raíces como Donald Trump ni un economista asilvestrado como Javier Milei, declarado admirador de Jeff Beck pero que se despeina en los escenarios con aire y gestos de Gary Glitter. A diferencia de ellos, Bukele se acerca más a un personaje de Stendhal en el sentido de la pasión, la ambición y, sobre todo, la búsqueda de la gloria napoleónica. Aunque Bukele está ahora en el trance de esta última fase imperial ya que, al igual que Trump se proclama rey en X y aparece soltando excrementos al mando de un caza, Bukele en su estado de la misma red se autodefine como un Philospher King. 

A diferencia de Trump, Milei, Santiago Abascal o, incluso, Isabel Díaz Ayuso, Bukele comparte su deriva con J. D. Vance, el vicepresidente de Trump y brazo político de Peter Thiel, con un significativo pasado progresista que licuó para abrazar el populismo disruptor. Nayib Bukele es alguien que sintió desde adolescente el latido vivo de su sangre palestina y la tensión revolucionaria de la poesía de Roque Dalton. 

Gabriel Labrador, periodista en el exilio de El Faro, medio salvadoreño que se vio obligado a trasladar su redacción a Costa Rica, cuenta en un largo artículo sobre Bukele que su padre, cuarta generación de palestinos, era un próspero comerciante, polígamo y hombre de izquierdas, quien dio una vida y una educación privilegiada a Nayib, abriéndole, incluso, el camino para acercarse al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Bukele, un joven y brillante publicista, se hizo cargo de la imagen del FMLN y dio un paso más al presentarse como candidato al ayuntamiento de una pequeña ciudad. El joven que en la universidad había lucido una camiseta en la que se leía Class Terrorist ganaba así su primera elección. 

Bukele iniciaba su carrera política con la pulsión del Che pero, a diferencia de este, ya sabía moverse en la selva de lo real y rápidamente comenzó a utilizar la guerrilla en las redes sociales. Aunque era solo un foquista digital ya demostraría, desde la presidencia del país, cómo se puede aplicar la violencia en la vida cotidiana al tiempo que se pregona combatirla. Pero entonces, corría el año 2012, solo tenía 30 años, era alcalde y declaraba: “Soy de izquierda radical, porque quiero cambios radicales en El Salvador, donde no debe imperar más la ley de la jungla”.  

El siguiente paso fue el ayuntamiento de El Salvador pero el instinto revolucionario fue cediendo a la mirada populista. Se distanció del FMLN y cuenta el escritor Tom Stevenson que ya pretendía formar un nuevo partido político «que no sería ni de izquierdas ni de derechas», sino un movimiento que trascendería la vieja política. El candidato ya estaba en otra parte. Cuando ganó el ayuntamiento de la capital tenía más seguidores en Twitter que Salvador Sánchez Cerén, entonces presidente del país. 

En su libro Bukele, el rey desnudo, el periodista, escritor y jefe de redacción de El Faro, Óscar Martínez, hace una síntesis diabólica de esta deriva: “Bukele es popular desde que ganó la alcaldía de la capital en 2015. Más con la mayoría absoluta que lo hace presidente en 2021. Ocupó la Asamblea Legislativa para sustituir ilegalmente al fiscal general que lo investigaba y a los magistrados de la Corte Suprema que lo cuestionaban, puso a los suyos y tuvo poder absoluto”. 

Cuando Bukele es elegido presidente en 2019 se convierte en el jefe de Estado más joven de América Latina. Había abandonado el FMLN y bajo su nueva agrupación enterraba el bipartidismo y dejaba atrás a sus anteriores predecesores que habían sido arrestados o acusados, y todos ellos procedían de los dos principales partidos políticos de El Salvador, que habían gobernado sin interrupción durante más de dos décadas. Había sido un período de pobreza crónica, violencia infinita y emigración masiva. Bukele, por libre, llegaba como un reformista anticorrupción: «Hay suficiente dinero para todos, siempre y cuando nadie robe“. Aún hoy se escucha este lema. El dinero se sigue echando en falta.

El mundo lo conoció en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2019, cuando, en medio de su discurso, se hizo un selfie desde la tribuna con matices pedagógicos, ya que indicó a los líderes mundiales presentes que «un par de imágenes en Instagram pueden tener más impacto que cualquier discurso en esta asamblea». Su modo de intentar minar el poder institucional de la ONU degradándolo in situ sin perder las formas es más efectivo que los improperios de Trump en ese mismo atril. No en vano, cada vez que puede, invoca a Alejandro Magno y a Steve Jobs. 

En su primera presidencia estaba en minoría en la Asamblea Nacional, donde no podía controlar ni siquiera el presupuesto. Así las cosas, anunció un plan de seguridad que no contaba con el apoyo de la cámara. Bukele demostró que disponía de una vía rápida: por las malas. Convocó al pueblo ante el Palacio Legislativo y ordenó a los militares y policías a hacer lo mismo. Entró al edificio, se sentó en la silla del presidente de la Asamblea y dijo: “Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación”.

El cuento es muy sencillo. Para acabar con la violencia y el estado permanente de anarquía, se suprimió el Estado de derecho, ya que a través del estado de excepción se suspendieron los derechos constitucionales. El Salvador ostenta el título de la mayor población carcelaria per cápita del mundo. Los detenidos en las cárceles no tienen que comparecer ante un juez ni se les da una razón para su detención. Los opositores políticos han sido encarcelados o, con más suerte, expulsados al exilio. Bukele manda, está al frente del monopolio de la violencia y lo proclama en X: «el dictador más cool del mundo».

Es verdad que la reducción de homicidios empezó con la primera presidencia de Bukele, cuenta Óscar Martínez, “pero fue él quien la consolidó hasta mínimos históricos gracias a sus casi tres años de pactos con los criminales y el posterior régimen de excepción. Pactos secretos y estado policial, esa fue su fórmula”. 

Bukele puso fin a las maras criminales pero pactó con ellas para alcanzar la alcaldía de la capital y ser presidente después. Al final, rompió con las pandillas pero lo hizo fracturando el Estado de derecho. Las cifras son lapidarias: 87.000 salvadoreños presos en tres años en 22 cárceles de las cuales solo se enseña una. En ella se ha visto a Kristi Noem, secretaria de seguridad de Trump; a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Milei y, recientemente, a José Antonio Kast, el presidente electo de Chile. Todos muy interesados en este sistema que reduce la tasa de delito e incrementa el número de votos. 

El giro ideológico de Bukele no se debe entender como un péndulo en el arco político sino como un giro copernicano desde la Constitución al arrabal del sistema democrático, periferia en la que se abraza, entre otros, con Trump y Benjamín Netanyahu, quien al igual que da la bienvenida a un gentil como Milei se congratula de tener a un descendiente de palestinos en el Consejo de Paz para Gaza. 

Cuando hablan los dirigentes de Vox o irrumpe Isabel Díaz Ayuso con ecos autoritarios, hay que discernir que la denuncia que hacen de las disfunciones democráticas no conduce a su superación sino a la supresión del sistema como lo demuestra la vanguardia que representa Bukele, alguien que llegó al poder planteando la igualdad fraterna que invoca la Biblia para acabar en el Apocalipsis: los tibios serán vomitados. Lo augura Óscar Martínez: “Todavía no hemos visto su etapa más violenta”.

El día antes de publicar una exclusiva que demostraba cómo el líder de El Salvador, Nayib Bukele, había negociado y pactado con las bandas que tenían a todo el país sometido, el periodista Óscar Martínez se exilió a México. “Pensábamos que sería una salida preventiva, ya habíamos hecho algunas previamente”, recuerda por videoconferencia. 

El día antes de regresar a su casa, Martínez descubrió que el Gobierno había preparado una emboscada para plantarles drogas a su regreso tanto a él como a sus colegas y que la Fiscalía pretendía acusarles de agrupación ilícita. Desde mayo de 2025 no puede volver a su hogar. “La salida preventiva ahora ya se ha convertido en nuestra realidad”, afirma.

El reportero es redactor jefe de El Faro, un periódico fundado en El Salvador a finales de los 90 en el que se han publicado las mejores investigaciones periodísticas de las últimas décadas en Latinoamérica. En 2023, el medio trasladó su sede a Costa Rica y actualmente toda la plantilla que estaba en El Salvador (22 personas) está en el exilio.

Martínez acaba de publicar Bukele, el rey desnudo (Cuadernos Anagrama), un interesante perfil-reportaje sobre el “dictador” más viral de la actualidad, un autócrata que cuenta con el respaldo del 80% de la población tras acabar con la violencia de las bandas en El Salvador a costa de suprimir prácticamente cualquier derecho civil. 

“Es una popularidad real, pero atravesada por el miedo”, opina Martínez. Y da un dato: seis de cada diez salvadoreños creen que pueden sufrir represalias si critican a Bukele. 

El libro describe cómo, entre seguridad y democracia, buena parte de los salvadoreños han elegido la primera tras lustros bajo el yugo de las bandas. El resultado es que, en un país de seis millones de personas, hay casi 100.000 salvadoreños encarcelados. “No sería extraño decir que el 50% de las personas que están en prisión no pertenecen ni han pertenecido nunca a ninguna pandilla”, afirma. 

Tras llegar a tasas de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015, Martínez describe El Salvador como un país “sembrado de cadáveres”, con una población empobrecida y “desesperada” que sólo se preocupa por sobrevivir. “La sociedad necesitaría que más gente tuviera el privilegio de reflexionar”.

Es en ese contexto que aparece Bukele, con un mensaje “simplista” que logra convencer a la población de que la democracia ya se ha probado y no ha funcionado. “Veníamos de la paz más violenta que el mundo ha conocido”, recuerda Martínez. “Y nos vendieron que la democracia no servía cuando realmente nunca hubo democracia de verdad”.

El ascenso al poder del “dictador”

El texto dibuja a Bukele como un hijo de una familia acomodada, descendiente de inmigrantes árabes que llegaron al país a finales del siglo pasado y lograron enriquecerse a base de trabajo. “Él ya nace privilegiado, en una familia rica que tiene empresas de publicidad, concesiones, negocios de alimentación e inmobiliarios…”, explica el autor.

Bukele entra en contacto con la política de bien joven, trabajando en las campañas del principal partido progresista de El Salvador encargadas a la empresa de publicidad de su familia. 

El futuro presidente demostrará una gran capacidad de adaptación, pasando de alabar al Che Guevara y al régimen de Nicaragua a convertirse en punta de lanza del movimiento MAGA y de las criptomonedas. También sabrá controlar los resortes que apuntalarán la actual ola reaccionaria: utiliza las redes, busca la viralidad y es capaz de simular que tiene una conversación con Dios ante miles de personas que lo aclaman. 

“Bukele es, sin duda, un gran publicista. Tiene sentido de la oportunidad y sabe adaptarse”, señala Martínez.

Su ascenso al poder, sin embargo, no se explica sin los pactos que alcanza con las principales bandas del país a partir de 2012. El texto explica cómo Bukele acuerda con ellas reducir los homicidios a cambio de dinero y votos, primero para obtener una pequeña alcaldía, después para gobernar la capital y posteriormente el país entero. 

“El primer paso importante en su carrera como político nacional lo da de la mano de las pandillas”, explica Martínez, que describe el pacto como un “complot criminal” que incluía que las bandas pudieran elegir a quién debía asesinarse dentro de las prisiones salvadoreñas.

Esa relación de conveniencia salta por los aires en 2022, cuando las maras asesinan a 72 personas en apenas 24 horas y Bukele decide ir a por ellas. “Suena muy frío decirlo así, pero ese fin de semana [las bandas] mataron de más”, rememora Martínez. 

“Bukele necesita en ese momento un cambio de narrativa y opta por un Estado policial, en el que todavía estamos a día de hoy”, prosigue el reportero. “La actual ministra de Educación es una capitana del Ejército y cualquier soldado puede hacerte lo que le dé la gana”. 

Es en ese Estado policial que Bukele adquiere un tono mesiánico para justificar su perpetuación en el poder. Paralelamente, él y su familia amplian su patrimonio: el 80% de las tierras de la familia han sido adquiridas desde que es jefe del gobierno, las empresas de sus parientes han pasado de tener miles de dólares a millones y su residencia privada está siendo reformada con fondos públicos. 

“Pero a la población no parece importarle esto ahora mismo”, lamenta el periodista. “El tejido social estaba tan roto por la violencia de las pandillas, que se celebra en colectivo que no haya más bandas, pero se sufre individualmente por la pérdida de libertades”.

La dificultad de cubrir un país desde el exilio

A medida que Bukele se perpetuaba en el poder y se iban desmontando las pocas garantías democráticas en El Salvador, los periodistas de El Faro fueron abandonando el país ante el aumento de las amenazas y de las visitas policiales a los domicilios de los reporteros. 

Desde el pasado mayo, el medio cubre lo que ocurre en El Salvador desde el exilio. “Todavía nos estamos adaptando”, apunta Martínez que, como buena parte de sus compañeros, fue espiado a través de su móvil con el spyware Pegasus.

“Nos enteramos [del espionaje] de casualidad, porque a una colega del periódico se le calentaba mucho el teléfono”, recuerda. “Entonces descubrimos que todos los miembros de la redacción teníamos el teléfono infectado”.

Martínez explica que, desde su huida, han aprendido que el exilio era más grande de lo que pensaban y que, en ocasiones, resulta incluso más sencillo obtener información desde el extranjero de antiguos funcionarios, fiscales y jueces que cayeron en desgracia. 

“El exilio fue como una de las últimas consecuencias antes que la muerte o la cárcel”, apunta. “Nos puso en una posición bien rara, pero fue la última muestra de que estábamos dispuestos a hacer lo que había que hacer para seguir informando”.

Martínez no es nada optimista respecto al futuro de su país. Bukele solo tiene 44 años y no tiene intención de abandonar la presidencia. El año pasado redujo en 130 millones el presupuesto en salud y educación y aumentó el del Ejército, a pesar de que las pandillas están desarticuladas a día de hoy.

Para el periodista, esto solo indica que prepara el terreno para cuando le toque reprimir a los ciudadanos. “Aún no conocemos a un Bukele impopular. Cuando dejen de sonar los aplausos en la plaza, van a sonar las botas militares”, concluye. “No creo que hayamos visto todavía la etapa más violenta de Bukele”.

Ya conocen lo del dominó: se alinean las fichas en posición vertical, se derriba la primera y, una tras otra, las demás van cayendo. La “teoría del dominó” fue uno de los ejes de la estrategia de Estados Unidos durante la guerra fría contra la Unión Soviética: había que impedir que los países recién descolonizados adoptaran, uno tras otro, un régimen comunista o socialista. Lo mismo valía para el “patio trasero” latinoamericano.

En Washington nunca han dejado de creer en el dominó, o en el contagio. Terminada la guerra fría, los ideólogos de George W. Bush creyeron (petróleo al margen) que la invasión de Irak permitiría democratizar el país y que, uno tras otro, los países de Oriente Próximo entrarían en una órbita liberal. La idea resultó en desastre y desembocó, indirectamente, en el fracaso de las “primaveras árabes”, en la hegemonía regional de un Israel cada día menos liberal y en una campaña genocida contra los palestinos.

La administración de Donald Trump (ignoro si él es aún capaz de pensar) ha recuperado la “teoría del dominó” para Latinoamérica y muy especialmente para Centroamérica. Y esta vez con éxito.

Nayib Bukele, alcalde izquierdista de una pequeña localidad salvadoreña, concurrió en 2018 a las elecciones presidenciales con una sola promesa: acabar con el poder de las maras, unas pandillas criminales de prácticas mafiosas y violencia extrema.

Bukele lo consiguió, prescindiendo de cualquier reparo relacionado con los derechos humanos. En El Salvador hay megacárceles, torturas y “desaparecidos”, la prensa libre apenas puede existir (más de 50 periodistas exiliados) y Bukele, que ahora se plantea prolongar su presidencia por diez años más, ha ido acumulando poderes dictatoriales.

En el libro “Bukele, el rey desnudo”, Óscar Martínez (uno de los mejores periodistas del continente, junto a su hermano Carlos, ambos de “El Faro”, ambos en el exilio) analiza cómo El Salvador se ha convertido en una dictadura. Una dictadura, de momento, muy popular.

Bukele fue la primera ficha del dominó. Las otras van cayendo. Hace unos días, el trumpista Nasry Asfura fue investido como presidente de Honduras. Asfura ganó de forma dudosa las elecciones celebradas en noviembre, en vísperas de las cuales Trump anunció el indulto del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, que cumplía en Estados Unidos una condena de 45 años por narcotráfico.

Guatemala se encuentra desde hace unos días bajo Estado de sitio, por decisión del presidente Bernardo Arévalo. El objetivo de Arévalo (que hasta la fecha no ha hecho alardes de trumpismo) es, cómo no, disponer de poderes especiales para combatir a las maras, en especial la Mara Salvatrucha y la Barrio 18. Acabar con la violencia y las exacciones mafiosas fue la principal de sus promesas electorales.

Y hoy domingo se vota en Costa Rica, tradicionalmente el país más estable de Centroamérica. El actual presidente, Rodrigo Chaves, ha ido acercándose al “modelo Bukele” y al trumpismo y ahora busca la reelección para obtener “un poder absoluto” que le permita atajar, por cualquier vía, la creciente violencia que sufre el país.

Falta por caer del todo la ficha panameña. Pero la administración de Trump tiene gran interés en controlar el canal.

La pobreza, la violencia y el narcotráfico han volcado Centroamérica del lado de los regímenes represivos. Cada día hay más cárceles y más pobreza encerrada, cada día hay más emigración hacia el norte. El narcotráfico, evidentemente, permanece libre.

Esto de las democracias está cada día más complicado. Cuanto más neoliberales se proclaman, menos liberales son. Se trata de un fenómeno en auge y, en general, muy popular. Hablamos de sistemas que podrían denominarse “dictaduras electas” y comparten un rasgo común: el presidente, o el caudillo, o lo que sea, inspira terror en la ciudadanía. Y, por alguna razón, la ciudadanía considera ese terror como algo necesario y hasta terapéutico.

El ejemplo más veterano lo ofrece la Rusia de Vladímir Putin. Hastiados por el salvaje saqueo al que su país fue sometido, desde fuera y desde dentro, durante la terrible década de los 90, los rusos decidieron que hacía falta mano dura. No era una novedad: Rusia ha sido una autocracia, del zar o del partido, a lo largo de prácticamente toda su historia.

Por otra parte, la humillación tras la derrota en la guerra fría trajo consigo el ansia por recuperar algo del antiguo orgullo imperial. Putin, antiguo jefe de la KGB (hoy FSB), experto en manipulación, juego sucio y guerras brutales o virtuales (según sea la fuerza del enemigo), ofreció a los rusos exactamente lo que deseaban.

El putinismo comportaba detalles como el asesinato de los opositores o la represión de cualquier disidencia. Simples detalles: hasta la fecha, la población rusa no muestra síntomas de descontento generalizado.

Hay otro ejemplo más novedoso y con un particular interés: Nayib Bukele. El Salvador padecía un problema existencial a causa de las maras o pandillas de delincuentes, que parasitaban la bolsa y la vida de los salvadoreños. Bukele, un hijo de la burguesía local que en otro tiempo fue izquierdista y militó en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, prometió resolver el problema. En 2019, desplazado a la derecha neoliberal, ganó la presidencia. Y en poco tiempo resolvió el problema.

Ciertamente, pactó con las maras en secreto. Ciertamente, pagó cuando hubo que pagar. Pero las maras fueron encarceladas y la seguridad volvió a las calles. Bukele se hizo popularísimo, no sólo en El Salvador, sino en toda Centroamérica e incluso en otros continentes, como Europa.

Ocurre, sin embargo, que sobre esa popularidad ha edificado una tiranía carcelaria: 90.000 presos sin amparo judicial, muertes abundantes en las cárceles, abusos policiales, opositores y periodistas exiliados (ahí está el ejemplo de El Faro, el mejor periódico centroamericano: todos fuera del país) y un catálogo notable de excentricidades políticas y económicas. Los salvadoreños admiten que le tienen miedo, o terror, a Bukele: una palabra crítica puede llevarte a presidio. Nadie duda de que Bukele ganará holgadamente las próximas elecciones, si le apetece convocarlas.

Argentina es otra cosa: un país lleno de riqueza y talento que lleva muchas décadas fracasando de la forma más abyecta. Javier Milei hizo campaña con una motosierra y con un programa radicalmente neoliberal y un discurso hecho de insultos, amenazas y barbaridades. Ganó la presidencia frente al candidato peronista.

Sin dejar de soltar insultos, amenazas y barbaridades (“zurdos de mierda” es lo más suave de su repertorio), tras tropezar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires ganó recientemente las generales. Milei prometió reducir la inflación y lo ha hecho, con una cura de caballo que ha implicado enormes sufrimientos por parte de la ciudadanía.

A veces parece perturbado. A veces parece loco de atar. Pero los argentinos han decidido que a grandes males, grandes remedios. Habrá que ver cómo acaba el remedio de Milei. Admira a Carlos Menem (presidente entre 1989 y 1999), otro neoliberal cuyo mandato desembocó en la quiebra nacional y el “corralito”. Da lo mismo. La mayoría está con Milei.

Nos queda, entre los grandes ejemplos de este fenómeno populista, autoritario, electoralmente exitoso y posmoderno, citar a Donald Trump. Para qué contarles, si ya saben. De si el sistema estadounidense, una democracia liberal y capitalista a ultranza, resiste el embate del trumpismo o, por el contrario, se transforma poco a poco en una Rusia con barras y estrellas, depende probablemente el futuro de estas “nuevas democracias” tan poco democráticas. 

Eran las seis de la tarde del 28 de febrero de 2023 cuando la periodista especializada en medioambiente Carolina Amaya avisó en redes sociales de que en un par de horas publicaría una investigación importante. Meses de indagaciones sobre cómo una empresa vinculada a la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estaba enriqueciendo con la destrucción de un paraje natural protegido. Pasadas las ocho, cuando Amaya volvió a encender su teléfono, cayeron en aluvión los mensajes: su padre, líder campesino, había sido detenido.

“Estaba claro que había sido por mi ejercicio periodístico”, relata Amaya a elDiario.es. Empezaron para ella meses agotadores: investigar qué había detrás del encarcelamiento de su padre, que pasó casi un año preso; el miedo a perderle en un sistema penitenciario conocido por la tortura; una demanda contra ella por parte de la compañía que señalaba en el reportaje inicial… “Me di cuenta de que en El Salvador ya no podía trabajar”, sentencia la informadora desde México, país en el que se exilió en mayo de 2025.

La deriva autoritaria a la que Bukele lleva años arrastrando a El Salvador avanza en paralelo al deterioro de la libertad de expresión y al acoso a los periodistas críticos. Su victoria en 2019 logró, en cierta medida, cumplir la promesa que gobiernos anteriores ya habían intentado sin éxito: acabar el terror del crimen organizado.

La violencia de las maras se sustituye por la del Estado

La violencia de las maras ha sido sustituida, sin embargo, por la del Estado: bajo el paraguas de un Régimen de Excepción que ya ha sido 42 veces renovado, las fuerzas de seguridad detienen de manera masiva y aleatoria, encarcelan sin investigación, en muchos casos ni juicio, en penales abarrotados sin acceso a abogados y donde cientos de personas han sido asesinadas a golpes o de hambre, según organizaciones de Derechos Humanos y testimonios recogidos por este medio. Eso ocurre en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1,6% de una población de menos de seis millones y medio de habitantes.

El presidente se encuentra en su segundo mandato, algo que ya es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente la posibilidad de la reelección indefinida. Poco a poco, Bukele ha ido adueñándose de los principales poderes estatales y dotándose de un marco legal que coarta cualquier tipo de oposición, ahogando a la prensa y a las organizaciones civiles.

El Régimen de Excepción es el cénit de este sistema de persecución, ya que sirve de herramienta para la eliminación de facto de toda garantía jurídica y está siendo empleado por el Gobierno para criminalizar a quienes contradicen la narrativa oficial. El padre de Amaya, a quien una empresa quería echar de tierras que le habían sido entregadas por el Estado y que cultivaba para vivir, fue acusado de tener relación con las pandillas. Esgrimiendo motivos similares, también hay órdenes de captura contra al menos siete periodistas de El Faro, medio de comunicación de referencia en Centro América.

Decenas de periodistas en el exilio

A comienzos de mayo El Faro publicó una serie de entrevistas en las que dos líderes pandilleros explicaban las negociaciones entre las maras y el Gobierno de Bukele. Los principales periodistas involucrados abandonaron de manera preventiva el país, “un exilio temporal”. Aunque Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, explica que ya habían hecho ese tipo de salidas, también con gobiernos anteriores, pero esta fue la primera vez que no pudieron regresar: sus fuentes les avisaron de que un dispositivo policial les esperaba para detenerles en el aeropuerto.

“El Faro tiene 27 años de existencia. Ahora mismo somos menos, 18, pero cuando Bukele entró, éramos 28, ha ido gente renunciando por temor o por persecución”, sostiene Martínez también desde México, a donde ha llegado tras varios meses errante por varias ciudades y donde aún no tiene pensado establecerse. Desde el exilio trabaja casi toda la redacción, cuya figura legal fue trasladada a Costa Rica meses antes por los constantes ataques. Sus periodistas han sido señalados por el Gobierno, que ha ordenado auditorías y hasta espionaje con el software Pegasus.

Las publicaciones de El Faro inauguraron un mes de mayo nefasto para El Salvador. La violencia policial con la que fue reprimida una manifestación de campesinos a punto de ser desplazados de sus hogares fue retransmitida en directo por redes sociales, generando indignación también el arresto de dos de los líderes comunitarios, uno de ellos un pastor evangélico. Y a los pocos días el país fue sacudido por la detención de Ruth López, prestigiosa abogada y miembro de la directiva de Cristosal, una de las organizaciones de Derechos Humanos más relevantes de El Salvador, en el exilio desde julio.

No dejen de poner atención en El Salvador desde fuera. Cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país

Suchit Chávez — Periodista

“Todos pensamos que si fueron a por Ruth, pueden ir contra cualquiera”, dice Suchit Chávez, periodista y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES). En coordinación con la Red Centroamericana de Periodistas, han ayudado a salir a en torno a 50 informadores. Hay, además, al menos una treintena de defensores de Derechos Humanos que también han abandonado el país, aunque las cifras no son exactas porque muchos lo hacen en silencio.

Chávez es la única de los tres periodistas salvadoreños que este medio ha entrevistado en San Salvador que accede a dar su nombre. Quienes se quedan se enfrentan a la persecución constante y al miedo de saberse en la diana: llamadas anónimas, cambios de teléfono móvil y de rutinas por precaución, allanamientos de vivienda e incautación de ordenadores y de discos duros, agentes de Policía que estacionan o toman fotos alrededor de las casas, o que tocan la puerta de las familias de los informadores bajo el pretexto de estar investigando accidentes de tráfico, incluso pandilleros rondando redacciones o apostados cerca de donde viven los periodistas. Todos estos son ejemplos narrados a este diario, y en muchos casos el acoso sigue produciéndose incluso estando el profesional en el exilio.

La estrategia de Bukele triunfa

Agotados en el plano emocional y ahogados en el burocrático, los periodistas añaden una dificultad a su trabajo: el éxito de la estrategia de comunicación de Bukele. Los índices de aprobación del presidente inconstitucional son de los más altos del mundo, entre un 85 y más de un 90%, según diferentes encuestas. Su modelo arrasa más allá de las fronteras nacionales y amenaza con extenderse en América Latina, donde su popularidad supera incluso a la del Papa. Retratado casi como un dios, quien fuera antes publicista, es un líder carismático que cuenta con un fuerte aparato de medios creados ad hoc y una presencia abrumadora en redes sociales.

“Da la sensación de que la noche oscura está comenzando con el exilio, el cierre de los espacios cívicos, la censura, la criminalización, el encarcelamiento…”, lamenta uno de los periodistas que permanece haciendo su labor dentro del país. Con una narrativa y un sistema tan bien armados puertas adentro y el apoyo de Donald Trump desde la Casa Blanca, cuyas políticas contra la población migrante resuenan a los métodos de la Policía salvadoreña contra sus propios nacionales, muchos de los periodistas entrevistados coinciden en la importancia de la presión internacional. “No dejen de poner atención en El Salvador desde afuera”, sostiene Chávez, “cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país”.

Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado este martes que el presidente de EEUU, Donald Trump, no puede recurrir a una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar la deportación de personas a las que su administración acusa de pertenecer a una banda venezolana. La decisión bloquea así una iniciativa clave de la administración Trump, que terminará llegando al Tribunal Supremo, donde el presidente de EEUU tiene una mayoría de 6 a 3.

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, uno de los tribunales federales de apelación más conservadores del país, ha acordado una decisión, por 2 a 1, que concuerda con la de los abogados defensores de los derechos de los migrantes y, también, con la de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no estaba destinada a ser utilizada contra pandillas como el Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump se refirió en su invocación de marzo.

Del Tren de Aragua era, supuestamente, la embarcación hundida este martes por el Ejército de EEUU en aguas internacionales con 11 personas a bordo con el argumento de que iba cargada de droga.

Lee Gelernt, que defendió el caso en nombre de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles), ha afirmado, recoge Associated Press:“El uso por parte de la administración Trump de una ley de tiempos de guerra en tiempos de paz para regular la migración ha sido correctamente rechazado por el tribunal. Se trata de una decisión de vital importancia que frena la opinión de la Administración de que puede simplemente declarar una emergencia sin ningún tipo de supervisión por parte de los tribunales”.

La Administración Trump deportó a personas designadas como miembros del Tren de Aragua a una conocida macrocárcel de El Salvador donde, según argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.

En un acuerdo anunciado en julio, más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela. En virtud de ese acuerdo, además, EEUU logró sacar de las cárceles venezolanas al triple asesino de Usera (Madrid).

La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha utilizado tres veces en la historia de EEUU, informa AP, todas ellas en tiempos de guerra: en la Guerra de 1812 y en las dos guerras mundiales. La Administración Trump argumentó, sin éxito, que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que el Tren de Aragua estaba vinculado al Gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, lo que justificaba el uso de la ley.

La sentencia puede ser apelada ante el pleno del Quinto Circuito o directamente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que acabará tomando la decisión definitiva sobre la cuestión.

El salvadoreño Kilmar Abrego García ha sido detenido de nuevo este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tres días después de haber sido puesto en libertad en Tennessee, en el marco de su lucha con la Administración de Donald Trump, que le deportó el pasado marzo a El Salvador “por error” y tuvo que traerlo de vuelta al país en junio por orden del Tribunal Supremo.

Abrego García ha sido arrestado este lunes cuando acudía a una visita a los tribuales de inmigración de Baltimore (Maryland) y el motivo es que hay una orden de deportación a Uganda sobre él. El sábado pasado, sus abogados explicaron en un documento judicial que el Gobierno estadounidense estaba amenazándolo con deportarlo a Uganda para conseguir un acuerdo de culpabilidad que le llevase a ser deportado a Costa Rica.

Los abogados de Abrego García han explicado a la Agencia EFE que el acusado de supuesto tráfico de personas por el Gobierno estadounidense se presentó esta mañana ante el ICE, como se le requería. “Fue detenido inmediatamente. Ahora el Gobierno busca deportar al señor Abrego a Uganda como castigo, a pesar de que Costa Rica está dispuesta a aceptarlo como refugiado”.

“La campaña de venganza del Gobierno continúa porque Abrego se niega a verse forzado a una declaración de culpabilidad en un caso que nunca debió haberse abierto”, han agregado los abogados.

Según una orden judicial anterior, Abrego García debería contar con al menos 72 horas para responder a una posible orden de deportación.

El joven de 29 años, residente legal en EEUU y que desde el 2019 estaba protegido judicialmente contra la deportación, fue uno de los más de 200 migrantes que fueron enviados a la megacárcel CECOT de El Salvador el pasado marzo. En abril, el Tribunal Supremo de EEUU ordenó a la Administración de Donald Trump que “facilitara” su retorno al país, algo que no se produjo hasta principios de junio.

Desde entonces hasta el pasado viernes estuvo preso “ilegalmente”, según Sean Hecker, abogado defensor del inmigrante. Hace tres días salió de una cárcel en Tennessee, porque no supone una amenaza para la comunidad ni hay riesgo de fuga, pero quedó a la espera de someterse a un juicio por cargos federales por tráfico de personas y un proceso de deportación,

El Gobierno ugandés anunció a principios de esta semana que había llegado a un acuerdo con la Administración Trump para aceptar deportados de terceros países desde Estados Unidos.

En Baltimore, decenas de simpatizantes de Abrego protestaron en la mañana del lunes frente al tribunal de inmigración con carteles en los que se podía leer “Libertad para Kilmar” y organizaron una vigilia para apoyar al salvadoreño en su camino hacia el tribunal antes de que fuera de nuevo detenido.

Hoy te traemos un podcast producido por una colaboración entre Sonoro y Revista Factum. Está narrado por el periodista salvadoreño-estadounidense Daniel Alvarenga en cooperación con Bryan Avelar. Juntos, exponen la cruda verdad sobre las pandillas, la corrupción y la lucha por el poder en El Salvador.

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Cuando Nayib Bukele confirmó que se postularía a la reelección en febrero de 2024, advirtió de algo que muchos temían: el mandatario buscaba perpetuarse en el poder, fuera como fuera.

Bukele se presentó entonces a los comicios —y los ganó, con una holgada mayoría— a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía claramente en su artículo 152.

La última decisión de la Asamblea Legislativa, dominada casi por completo por el partido gubernamental Nuevas Ideas, apuntala la espiral autoritaria en la que el presidente ha sumido El Salvador. El Congreso ratificó este jueves una reforma a la Constitución que modifica varios artículos, entre ellos el 152, para permitir la reelección presidencial indefinida. Esto deja vía libre a Bukele para mantenerse en el cargo el tiempo que quiera.

Sin opciones para una oposición neutralizada

Antes de que se aprobara la reforma constitucional con 57 votos a favor y solo tres en contra, Ana Figueroa, diputada de Nuevas Ideas, dijo que el objetivo de la reelección indefinida es “darle toda libertad y el poder al pueblo para que decida cuánto tiempo quiere apoyar a sus gobernantes”. Figueroa aseguró que era necesario que las condiciones para reelegir al presidente “se homologuen al resto de los cargos de elección popular”, como diputados o alcaldes.

“Este día ha muerto la democracia en El Salvador”, lamentó en la sesión del jueves la diputada Marcela Villatoro, del partido ARENA, de la oposición. La congresista aseguró que la reforma constitucional es ilegal y que solo busca que Bukele se perpetúe en el poder. “Cuando todo gira alrededor de una persona, ya no existe democracia. Y cuando se pierde la democracia cuesta años recuperarla”, concluyó.

Juanita Goebertus, directora de la división de las Américas de Human Right Watch, define la reforma como “un punto de no retorno en la ruptura del Estado de Derecho en El Salvador”. En entrevista con elDiario.es, Goebertus asegura que “esta decisión implica eliminar de manera definitiva la alternancia en el poder público y transita el camino hacia una dictadura”.

La nueva ley no solo elimina los límites para Bukele. También alarga los periodos presidenciales —pasan de cinco a seis años— y propone que el actual mandato finalice de forma anticipada, en 2027. El argumento para este cambio es, según la diputada Ana Figueroa, ahorrar las campañas electorales “tan costosas para el bolsillo del pueblo salvadoreño”.

El sistema electoral de El Salvador funciona de manera escalonada. Hasta ahora, los tiempos de cada periodo garantizaban que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebraran de manera separada para favorecer un sistema democrático y una alternancia de poderes. Al adelantar los próximos comicios y ampliar el periodo presidencial, se sincronizarían los tiempos del calendario electoral. Goebertus ve esto con desconfianza. “Es preocupante. Claramente, tratan de agilizar las elecciones para que haya más popularidad de Bukele y darle un espacio más largo presidencial”, dice a este medio.

Además, las reformas eliminan la segunda vuelta durante los comicios, también con el argumento del ahorro. En varios países latinoamericanos, el sistema electoral contempla dos rondas de votación. Si uno de los candidatos no llega a un porcentaje mínimo de votos en las elecciones, los dos punteros pasan a una segunda vuelta en la que la ciudadanía debe votar por uno de ellos. Al suprimir esta posibilidad en El Salvador, el sistema es mucho más directo y beneficia a la persona que tenga más apoyo popular, aunque sea con porcentajes mínimos.

El “manual del dictador”

La decisión de la Asamblea Legislativa es un paso más en la instalación de un gobierno autoritario —muchos lo definen abiertamente como dictatorial— en el país centroamericano.

Esta deriva comenzó durante el primer mandato de Bukele, cuando el político se dedicó, por una parte, a controlar los espacios que podrían suponer algún contrapeso y un obstáculo para mantenerse en el poder.

El primero fue el poder judicial. El presidente logró que la Asamblea Legislativa, ya entonces dominada por su partido, destituyera a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Estado. El colocar a personajes afines en esos cargos le garantizaría después la reelección: fue la Sala Constitucional la que lo autorizó para competir en los últimos comicios.

Aunque la destitución de los funcionarios tuvo un rechazo fuerte de la oposición, buena parte de la ciudadanía lo vio con buenos ojos. Para ese entonces, Bukele ya se había ganado el respaldo de la población. De hecho, su estrategia se ha centrado en mantener ese apoyo popular.

Para ello, se enfocó en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía salvadoreña: la inseguridad. Puso el foco en las pandillas y en 2022 instaló un régimen de excepción, que aún mantiene. A través de esta medida, cientos de personas han sido detenidas en los últimos años. La reducción de cifras de homicidios es el argumento de Bukele para defender los buenos resultados de su estrategia. Sin embargo, amparadas en el Estado de excepción, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias.

La siguiente estrategia de Bukele ha sido apagar las voces críticas contra su Gobierno. Su objetivo más reciente son las organizaciones de derechos humanos y los medios de comunicación. El pasado mayo, la Asamblea Legislativa aprobó la ley de agentes extranjeros. Una iniciativa que permite al gobierno fiscalizar a personas, empresas y asociaciones que reciban fondos del extranjero, a las que les impone un elevado impuesto.

Esta ley había sido frenada en el pasado por la presión de la comunidad internacional, liderada por Estados Unidos. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ese contrapeso desapareció. De hecho, el presidente estadounidense ha encontrado en Bukele un aliado, ya que ha garantizado la recepción de personas deportadas de EEUU en su cárcel de máxima seguridad. Los dos han hecho público en varios momentos su buena relación y recientemente pactaron con Nicolás Maduro un canje de prisioneros.

Cristosal cesó sus operaciones en El Salvador hace un par de semanas y la mayoría de sus empleados salieron del país. Para Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG, Bukele está siguiendo el “manual del dictador”. “Todas las instituciones están a servicio del régimen familiar de los Bukele”, dice a elDiario.es

La ley de agentes extranjeros se aprobó un par de días después de la detención de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, una activista reconocida a nivel nacional e internacional. El encarcelamiento de López fue un momento decisivo, que ha llevado a que decenas de periodistas y activistas de ONG tomaran la decisión de salir del país centroamericano, por seguridad.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) emitió un comunicado a mediados de junio en el que alertaba que más de 40 periodistas se habían ido al exilio. “Existen fuertes indicios de que el Estado tiene listas concretas de vigilancia, amedrentamiento y hasta capturas de personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, alertó la APES.

Es complicado saber cuánta gente se vio obligada a salir de El Salvador, pero Bullock estima que entre periodistas, activistas, líderes comunitarios, ambientalistas y empresarios superarán el centenar de personas. “Los exilios y la persecución son un síntoma de la retirada del apoyo internacional, también de Estados Unidos. Se sienten envalentonados”, concluye.

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI) del presidente Nayib Bukele, ratificó este jueves una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida.

Esta ratificación reforma los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, que también anula la segunda vuelta electoral y alarga el período presidencial a seis años.

La enmienda había sido aprobada la misma noche de este jueves, horas antes, en la sesión semanal legislativa y fue mandada a publicar en el Diario Oficial por el jefe de Estado salvadoreño.

Con la constancia de publicación, el partido gubernamental presentó en una nueva sesión la solicitud de ratificación, que fue votada en minutos y contó con 57 votos de los 60 diputados.

“Es procedente ratificar el acuerdo de reforma constitucional”, reza el decreto aprobado y que incluye una “disposición transitoria para viabilizar la reformas”.

Dicha disposición implica la reducción del período presidencial vigente hasta el año 2027 y no 2029 para que coincidan los comicios presidenciales, legislativa y municipales.

“Matar la democracia”

La ratificación obtuvo tres votos en contra, que son los únicos que posee la oposición, y no hubo intervenciones de ningún diputado antes o después de ser votada.

En el artículo 80, la nueva redacción elimina la suspensión de derechos ciudadanos a quienes promuevan la reelección, mientras que en el 152 suprime el apartado que indicaba que no puede ser candidato a la Presidencia “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial”.

En la sesión en que fue aprobada, la diputada Marcela Villatoro, de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), criticó la reforma y dijo que los legisladores “han hecho una confesión publica de matar la democracia disfrazada de legalidad” y que “han matado la Constitución”.

Bukele inició el 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohibían, tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso cuestionado.

En febrero de ese año, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: “Creo que no es necesaria la reforma constitucional”.

En esta sesión nocturna también fue ratificada una enmienda constitucional que busca sacar a El Salvador de el Parlamento Centroamericano.

Canje a tres bandas. Entre la Administración Trump, el Gobierno de Nicolás Maduro y el de Nayib Bukele. Este viernes han salido de la mega prisión de El Salvador 252 presos venezolanos que habían sido deportados desde EEUU acusados de pertenecer a bandas criminales. A cambio, Venezuela ha liberado a una decena de presos estadounidenses acusados de “delitos graves contra la paz y la seguridad de la nación” y un número indeterminado de presos venezolanos acusados de “delitos contra el orden constitucional”, según el Ejecutivo venezolano, que ha agradecido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero “sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación de Venezuela”.

En un comunicado, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha afirmado: “EEUU da la bienvenida hoy a diez estadounidenses detenidos en Venezuela. Es inaceptable que representantes del régimen venezolano arrestaran y encarcelaran a ciudadanos estadounidenses en circunstancias altamente cuestionables y sin el debido proceso. Todos los estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela ahora están libres y de regreso en nuestro país. Quiero agradecer especialmente al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su labor para lograr estas esperadas liberaciones y sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses tanto en el país como en el extranjero”.

“También celebramos la liberación de los presos y detenidos políticos venezolanos, quienes también fueron liberados de las cárceles venezolanas”, ha dicho Rubio.

“Venezuela ha pagado un alto precio para conseguir la libertad de estos connacionales, a través de un canje con las autoridades de los Estados Unidos de América de un grupo de ciudadanos estadounidenses que se encontraban a la orden de la justicia”, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo venezolano informó también, sin dar más detalles, de que había concedido “medidas alternativas a la privación de libertad a un conjunto de ciudadanos venezolanos que permanecía detenidos, en el marco de un proceso penal seguido en su contra, por su participación en la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional”.

“El Gobierno bolivariano agradece, una vez más, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por sus valerosas gestiones en aras del diálogo político, la paz y la reconciliación en Venezuela”, añadió.

“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos de asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, ha tuiteado el presidente salvadoreño, Nayib Bukele: “Como se ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que el régimen había mantenido en sus cárceles durante años, así como de todos los ciudadanos estadounidenses que tenía como rehenes. Estas personas se encuentran ahora en camino a El Salvador, donde harán una breve escala antes de continuar su viaje de regreso a casa. Esta operación es el resultado de meses de negociaciones con un régimen tiránico que se había negado durante mucho tiempo a liberar a una de sus monedas de cambio más valiosas: sus rehenes. Sin embargo, gracias al incansable esfuerzo de numerosos funcionarios tanto de Estados Unidos como de El Salvador, y sobre todo, gracias a Dios Todopoderoso, se logró”.

Casi a la medianoche del domingo 18 de mayo, la Fiscalía salvadoreña llegó a la casa de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de la ONG Cristosal. Poco después, hacía pública su captura. La acusaron de malversación, aunque no dieron detalles de ello, ni de dónde la habían llevado. 

Cristosal es una de las principales organizaciones de defensa de derechos humanos en el país centroamericano. La detención de una de sus directivas mandaba un mensaje a la sociedad civil y suponía la antesala del siguiente varapalo a las voces críticas en El Salvador. La Asamblea Legislativa lo daría solo un par de días después. 

El Congreso aprobó el martes de la semana pasada la ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele y los diputados oficialistas de Nuevas Ideas con el objetivo, dicen, de “transparentar el uso de fondos provenientes del exterior”.

Lo que implica la ley de Agentes Extranjeros

La norma, que tiene un gran parecido a la que Nicaragua aprobó en 2020, establece un impuesto del 30% a organizaciones que reciban ingresos internacionales —a las que define como “agentes extranjeros”—, prohíbe que acepten donaciones anónimas o que cambien el propósito para el que estaban destinados sus fondos. Establece multas de hasta 200.000 dólares si incumplen alguna disposición.

En otras palabras, le da a Bukele la autoridad para fiscalizar, sancionar y clausurar organizaciones que hayan recibido dinero del extranjero. 

En el grupo de afectados, además de ONG, entran también medios de comunicación que se financien a través de proyectos de fundaciones internacionales o que reciban donaciones, un modelo de sostenibilidad bastante común entre medios independientes. La ambigüedad con la que está escrita la ley abre la puerta a perjudicar también a particulares y empresas. 

El concepto “agentes extranjeros” va en la línea de un discurso que se ha popularizado entre líderes autoritarios latinoamericanos: cargar contra una supuesta injerencia extranjera que busca minar la soberanía y la independencia de los gobiernos. Otros países como Rusia también han utilizado leyes similares.

El objetivo: ahogar las voces críticas

El oficialismo salvadoreño asegura que la finalidad de la ley es garantizar la transparencia del dinero que llega al país. 

Pero lo cierto, explica el periodista César Fagoaga, director del medio Factum y expresidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, es que las organizaciones y medios ya tenían que comunicar su situación financiera y cualquier entrada de dinero al Gobierno y al Banco Central de Reserva.

El objetivo de la ley es otro. Según comparten miembros de organizaciones, periodistas y analistas consultados por elDiario.es, busca apagar las voces críticas en El Salvador. “Darles el golpe final”, dice un miembro de una ONG que prefiere no revelar su nombre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió de que la norma puede restringir los derechos a la libertad de asociación y de expresión y podría implicar que algunas de las organizaciones afectadas terminen cerrando. 

Algunas de estas ONG y medios de comunicación ya estaban ahogadas con el recorte de fondos de USAID anunciado por Donald Trump a inicios de este año, que obligó a despedir personal y a cancelar proyectos en marcha.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, está segura de que para organizaciones con presupuestos ya de por sí reducidos, un impuesto del 30% va a hacer que desaparezcan. Además, anticipa, es probable que la nueva norma repela a financieros internacionales. “En Nicaragua, donde también hay una ley así, se bloqueó de tal manera la operación de organizaciones y periodistas, que la mayoría de personas tuvo que exiliarse”, explica a este medio.

“Esto no es de ahora; lo vimos venir desde hace años”, lamenta Fagoaga, que asegura que lo que posibilitó el avance de esta ley y la persecución de organizaciones y medios es que ya no se cuente con la protección del Gobierno de Estados Unidos.

De hecho, la iniciativa ya había entrado al Congreso en 2021. Entonces, buena parte de la comunidad internacional bloqueó su avance, recuerda Goebertus. “Fue frenada gracias a la presión internacional de EEUU y de gobiernos europeos. Hoy vemos la ausencia de Estados Unidos de estas discusiones”, concluye.

Escalada represiva de Bukele

La aprobación de la ley y la detención de Ruth López se dan semanas antes de que se cumpla un año de la segunda investidura de Nayib Bukele, que para muchas voces críticas supuso la instalación de un gobierno autoritario.

Para las personas consultadas por este medio, las últimas decisiones de Bukele implican la consolidación de la escalada represiva. 

“Vemos un incremento significativo del repertorio de medidas represivas del Gobierno”, dice Goebertus, que toma también en cuenta las amenazas de captura contra periodistas de El Faro y el arresto de transportistas. 

Todas estas acciones se suman a las violaciones de derechos humanos, torturas, malos tratos y muertes bajo custodia que Human Rights Watch y otras organizaciones han denunciado en estos últimos tres años, desde que se instaló el régimen de excepción.

En el país hay un temor general de que continúen las detenciones. “Hay muchas organizaciones que están sacando a su gente de El Salvador”, asegura Fagoaga. “Cayeron en cuenta de que la detención de Ruth López marcó un antes y un después. Ahora, nadie está protegido”.

Al menos 50 hombres venezolanos enviados por la Administración Trump a una cárcel en El Salvador habían entrado legalmente en Estados Unidos, según un análisis del Cato Institute.

El informe, publicado por el think tank libertario el lunes, analizó los datos de inmigración disponibles para solo una parte de los hombres que fueron deportados alcélebre Centro de Reclusión de Terroristas (Cecot) de El Salvador, y se centra en los casos en los que se pudieron encontrar registros.

“El Gobierno los llama a todos 'extranjeros ilegales'. Pero de 90 casos conocidos, 50 hombres informan de que llegaron legalmente a Estados Unidos, con permiso previo del Gobierno estadounidense, por un paso fronterizo oficial”, señala Cato en su informe.

Esta cifra concuerda con tendencias más generales entre los inmigrantes venezolanos, muchos de los cuales entraron en el país como refugiados o a través de un programa de la era Biden que concedía permisos de trabajo de dos años a quienes tuvieran lo que se conoce como “patrocinadores” establecidos en Estados Unidos.

“La proporción no es lo más importante: lo son las asombrosas cifras absolutas”, dice el informe. “Decenas de inmigrantes en situación regular fueron despojados de su estatus y encarcelados en El Salvador”.

Un informe que contradice a Trump

El análisis de Cato contradice la justificación de la Administración Trump para enviar a los hombres a El Salvador, diciendo que solo se deportó a personas sin papeles.

El informe recoge que 21 hombres fueron admitidos tras presentarse en un puerto de entrada, a 24 se les concedió el permiso temporal, cuatro fueron reasentados como refugiados y uno entró en EEUU con un visado de turista.

La Administración Trump deportó a más de 200 presuntos miembros de pandillas a la megaprisión de Cecot en marzo, invocando de forma polémica como justificación la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 pensada solo para ser utilizada en tiempos de guerra. La prisión de Cecot es conocida por sus duras condiciones, y los abogados de los deportados venezolanos han alegado que los migrantes allí recluidos son víctimas de “tortura” física y emocional.

Desde entonces, las deportaciones han suscitado un amplio escrutinio. Hasta la fecha, la Administración Trump no ha publicado los registros completos de los más de 200 venezolanos trasladados a El Salvador. El análisis de Cato incluye información de 174 hombres cuyos casos tienen algún grado de documentación pública.

La Administración Trump ha acusado a muchos de los venezolanos deportados de estar implicados en pandillas, pero en muchos casos esas acusaciones parecen basarse en gran medida de sus tatuajes.

Muchos de los tatuajes citados como prueba no tienen ninguna relación con la actividad de las bandas, sino que reflejan, en muchos casos, referencias personales o culturales.

Cato pone el ejemplo de Andry José Hernández Romero, maquillador, que tiene tatuajes de coronas en los brazos que hacen referencia a las fiestas del Día de Reyes en su ciudad natal venezolana.

El informe llega en medio de una creciente represión de los inmigrantes en Estados Unidos. Este lunes, el Tribunal Supremo dictaminó que la Administración Trump podía seguir adelante con los esfuerzos para revocar el estatus de protección temporal (TPS) para los venezolanos. Poner fin al TPS, que protege a los ciudadanos extranjeros que no pueden regresar a su país debido a una guerra, un desastre natural u otras circunstancias extraordinarias, podría exponer a unas 350.000 personas a una posible deportación.

“No detengas el coche”, dijo el lugareño en el asiento de atrás. “Reduce la velocidad y lo verás”. Los soldados miraban nuestro vehículo mientras pasábamos junto al desvío y al puesto de control. Entre los árboles, a pocos kilómetros de la carretera, el edificio blanco del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). Sin autorización del Gobierno, era lo más cerca que se podía estar de la prisión que ocupa el centro de las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador.

La prisión más grande de América, según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, tiene capacidad para 40.000 personas y alberga sobre todo a miembros de la MS-13 y de Barrio 18, las dos pandillas que atormentaron a El Salvador durante décadas. También es el lugar al que la Administración Trump ha pagado por enviar a 238 migrantes venezolanos y un agujero negro informativo: de allí no sale nada salvo lo que el Gobierno de El Salvador quiere que se sepa.

“Es como Guantánamo pero con esteroides”, explica Juan Pappier, subdirector de la ONG Human Rights Watch para las Américas. “Estas personas están fuera de Estados Unidos en un país donde no existe la separación de poderes”, sostiene. “Están en un espacio donde básicamente no impera la ley”. El periódico The Guardian pidió una visita a la prisión pero no recibió respuesta.

Bukele declaró hace tres años un estado de excepción, aún vigente, que dejó en suspenso los derechos constitucionales y dio rienda suelta a los poderes del Estado para enfrentarse a las bandas con encarcelamientos masivos sin garantías procesales. Desde entonces han detenido al 1,4% de la población del país, unas 85.000 personas que, en su mayoría, están en prisión preventiva. Las organizaciones por la defensa de los derechos humanos tienen documentadas casi 400 muertes bajo custodia. Sostienen que el gobierno ha detenido a muchas personas sin relación con las bandas.

En El Salvador una gran mayoría de la población aprueba el Gobierno de Bukele. Su campaña de detenciones masivas terminó con el control territorial que ejercían las bandas, redujo el número de homicidios, y dio a muchos salvadoreños una especie de libertad que no conocían desde hacía años. Pero los salvadoreños también saben que viven al capricho de un presidente con un poder casi absoluto. En Tecoluca, el distrito rural donde está el Cecot, la mayoría no quiere hablar dando su nombre. “Si los criticas, te acusan de delincuente”, dijo un hombre. “Lo único que puedes decir es 'amén, amén'; si no, te pueden sacar de tu casa”.

Según el concejal y activista local César Cañas, la prisión se construyó sin consultar a la población y los lugareños se enteraron cuando empezaron a llegar los camiones de construcción en 2022. Cañas se acercó caminando a la zona del puesto de control levantado por los militares en la carretera de acceso y descubrió que habían obligado a los agricultores a vender sus tierras bajo la amenaza de expropiación. “El presidente se vio forzado a dar su versión cuando Radio YSUCA hizo públicos nuestros descubrimientos”, dijo Cañas. “Tuiteó que estaban construyendo una megacárcel para albergar a 40.000 terroristas, más que la población de todo el distrito”.

La construcción de la cárcel de 23 hectáreas terminó en menos de un año y los primeros presos llegaron en febrero de 2023. Los lugareños dicen que siguen sin saber casi nada de lo que pasa dentro de la prisión. El secretismo en torno a Cecot no es una rareza.

El secretismo

Desde que comenzó el estado de excepción de El Salvador, el Gobierno ha dado muy poca información sobre sus prisiones. Lo que es raro es que del Cecot no se ha filtrado nada. Tanto es así, que solo se sabe de un preso que haya salido con vida de allí: el salvadoreño Kilmar Ábrego García, injustamente deportado de Estados Unidos y trasladado del Cecot a otra cárcel donde sigue sin contacto con el mundo exterior.

El férreo control de la información relacionada con el Cecot ha permitido a las autoridades modelar su imagen para convertirlo en la cara pública del estado de excepción con visitas coreografiadas de personas influyentes, miembros del Partido Republicano de EEUU, y algunos medios elegidos. En esas visitas se pueden ver grandes celdas con literas metálicas de tres niveles y camas sin sábanas ni colchones.

Son hasta 80 presos por celda, compartiendo una palangana de agua para lavarse y unos aseos muy básicos. Les dan 30 minutos al día fuera de sus celdas para hacer ejercicio en la zona central. Aunque nunca ven la luz del sol, las luces del interior no se apagan en ningún momento, salvo en las celdas de aislamiento, totalmente a oscuras. No se permiten visitas. De acuerdo con los datos del Gobierno, ahora mismo hay 15.000 personas encerradas en el Cecot.

Según Noah Bullock, director de la ONG por los Derechos Humanos Cristosal, “el Cecot no ha sido pensado para la rehabilitación” sino para “ el exilio permanente, el castigo permanente”. “Es deliberadamente cruel y eso es lo que se está comunicando, que por fin tenemos un líder lo suficientemente fuerte para tratar a estas personas como deben ser tratadas, como menos que humanos”, dijo.

La propaganda no tiene nada que ver con la realidad del estado de excepción de El Salvador ni de su sistema carcelario, donde hay personas que posiblemente no tengan nada que ver con las bandas atrapadas en prisiones como Izalco, con condiciones incluso más terribles. Pero la imagen es, en parte, lo que hace útil a Cecot para la Administración Trump, según Bullock. Cuando la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, dio su discurso en la prisión, lo hizo frente a miembros de la MS-13 y no frente a una celda con los venezolanos que acababan de deportar.

“Los venezolanos no llevan el nombre de la banda tatuado en el pecho, y cuando les afeitaron la cabeza y les hicieron encorvarse, parecían tristes, generaron cierta simpatía”, dijo Bullock. “Si te pones delante de miembros de la MS-13, esa duda se te va”.

Según un artículo del periódico The Wall Street Journal, Bukele está pensando en duplicar el tamaño del Cecot. Trump ha dicho que le encantaría comenzar a enviar a la cárcel de El Salvador a ciudadanos estadounidenses que hayan cometido delitos violentos, además de a los migrantes deportados.

En Tecoluca, la perspectiva de la expansión de la cárcel alarma a los lugareños. En la comunidad El Milagro se quejaban de estar afectados por el bloqueo de la señal de móvil en el área de la cárcel y por las aguas residuales que llegan del Cecot. El río se ha vuelto marrón desde que la prisión empezó a verter sus residuos más arriba.

“Cecot es la megaprisión internacional, para mí es vergonzoso que Tecoluca esté asociada a ella”, dijo un joven hurgando con un palo en los sedimentos nauseabundos de la orilla. “No se nos escucha, la gente ya no tiene voz”, añadió. Y en voz baja: “Habría preferido una megauniversidad”.

Traducido por Francisco Zárate.

Un dels segrestadors de l’industrial valencià Luis Suñer (Alzira, 1910-1990) relata per primera vegada detalls inèdits d’una de les últimes accions d’ETA politicomilitar, esdevingudes en ple procés de negociació per a la dissolució de la branca etarra i la seua integració posterior en la vida política democràtica del País Basc. L’empresari, amo de Cartonajes Suñer i Avidesa, encapçalava la llista que havia publicat el Govern de la UCD dels màxims contribuents a la Hisenda pública després d’haver construït durant el franquisme una fortuna personal en la seua Alzira natal. Una part del botí que va desemborsar la seua família a canvi de la seua llibertat –un total de 325 milions de pessetes, uns dos milions d’euros– va ser invertida per ETA-pm, ja en fase de dissolució, en la mítica pel·lícula La fuga de Segovia, dirigida per Imanol Uribe i produïda per Ángel Amigo, i en les guerrilles d’El Salvador agrupades en el Front Farabundo Martí per a l’Alliberament Nacional (FMAN), entre altres. És un dels molts detalls que revela Sergi Moyano en el seu llibre Operació Apolo (Alfons el Magnànim, 2025), un minuciós treball de reconstrucció del segrest que va obtindre la ‘Beca de periodisme d’investigació Josep Torrent’, atorgada cada any per la Unió de Periodistes Valencians. 

Moyano (Carcaixent, 2000) es va topar amb el testimoniatge inèdit d’un dels segrestadors, un valencià d’origen madrileny que es va integrar en ETA després de la seua militància en l’esquerra radical i en l’incipient moviment LGTBI, amb el rerefons del desencantament de la Transició. La font anònima mai va ser detinguda ni jutjada per aquests fets. “És la primera vegada que parla i descobreix detalls inèdits del cas; mai cap dels integrants del comando que va planificar i va executar el rapte va ser identificat per la Policia ni va respondre davant un tribunal”, explica l’autor, periodista de Televisió Espanyola, en una entrevista amb elDiario.es. 

Sergi Moyano ha repassat el segrest des de tots els angles, en una trepidant investigació periodística de dos anys. L’autor ha contrastat el relat d’un dels protagonistes, membre d’ETA-pm i parella d’un altre dels components valencians del comando, amb la documentació oficial del segrest, especialment el sumari de l’Audiència Nacional, i amb el testimoniatge de quatre exmembres d’ETA-pm, dos dels quals pertanyents a l’antiga cúpula etarra. A més, Moyano ha completat les seues perquisicions amb els records d’alguns treballadors de Suñer, un d’ells present en el moment del rapte, i amb material d’arxius, tant privats com d’institucions públiques basques, propiciant un relat completíssim d’un segrest que es manté viu en la memòria valenciana de la Transició.

“La principal novetat és que Luis Suñer va estar tancat a penes a uns pocs quilòmetres de sa casa, en un zulo a la comarca de la Safor que van construir a propòsit en un negoci obert al públic que van aprofitar com a tapadora”, afirma l’autor de l’obra, de pròxima publicació en la versió en castellà en l’editorial Libros del KO. 

La crònica repassa la campanya d’atemptats d’ETA-pm, prèvia al segrest, contra els interessos turístics en zones de la costa valenciana, especialment Xàbia, en què importants banquers i empresaris bascos s’havien assentat juntament amb les seues famílies, així com els entrenaments del comando format per valencians. “El comando va practicar amb les armes en coves disseminades entre la Safor i la Marina i van comprar una casa a la Vall de Gallinera, convertida en laboratori terrorista, on van aprendre a utilitzar armes i detonadors i a col·locar la goma-2”, explica Moyano. 

També reconstrueix minuciosament el segrest de Suñer el 13 de gener de 1981 i el disseny i el condicionament del primer zulo en què va romandre l’industrial alzireny. Els dos valencians del comando, que coneixien amb detall el terreny en què es movien, van aprofitar el negoci que regentaven de cara al públic com a tapadora per a instal·lar un “zulo minúscul de tot just dos metres”, on Luis Suñer acabaria passant la major part del seu segrest, dos mesos i mig.

Allí romania el conegut empresari mentre es va produir l’intent de colp d’estat del 23-F, del qual no es va assabentar fins més tard. “En plena crisi política i social durant la Transició i mentre els polimilis negociaven amb el Govern la seua dissolució, l’intent de colp d’estat del 23-F va acabar de convéncer els militants d’ETA-pm que la lluita armada posava en risc la democràcia i l’autogovern basc que acabava de començar a caminar”, afirma el periodista. “Els polimilis ja criticaven obertament els crims dels seus adversaris”, postil·la en referència a l’altra branca d’ETA, que no es dissoldria fins quatre dècades després.

L’obra repassa l’impacte del segrest en la societat valenciana i la tibant negociació de la família amb ETA-pm per a pagar el rescat milionari, així com els passos dels serveis antiterroristes de la Policia, dirigits llavors pel comissari Manuel Ballesteros, un conegut agent de la Brigada Politicosocial. 

El blanqueig del rescat

I també revela, quasi pesseta a pesseta, on va anar a parar el rescat pagat per la família i com es va blanquejar tant a Suïssa i Luxemburg com a França i al País Basc. “A través del sumari he pogut rastrejar la pista dels diners del rescat”, diu Sergi Moyano. Del botí, 63 milions de pessetes (379.000 euros) van anar a parar al rodatge de La fuga de Segovia,protagonitzada entre altres pel cantautor Ovidi Montllor i convertida en una de les pel·lícules més representativa del cinema polític de la Transició. 

“Abans d’entregar-los”, assegura Moyano, “els van blanquejar amb l’ajuda de militants de l’EIA, partit de l’esquerra abertzale, que van anar de pota per les festes dels pobles i, en cada ronda que pagaven, anaven desfent-se dels bitllets de 5.000 pessetes del rescat de Suñer que estaven marcats pel Banc d’Espanya”.

La Policia, segons el periodista, estava al corrent de les inversions dels polimilis, que en una mena de “mecenatge cultural” en plena etapa de renúncia a les armes van finançar, entre altres projectes, al periòdic Egin, la coalició Euskadiko Ezquerra i diverses revistes de l’esquerra abertzale. El ministre de l’Interior llavors, Juan José Rosón, va arribar a manifestar, segons l’autor: “Preferim que us gasteu els diners en pel·lícules i llibres que no en munició i bombes”. 

L’empresari, després de passar les seues últimes dues setmanes de captivitat en un segon zulo a Trasmoz (Saragossa), va ser alliberat el 14 d’abril de 1981, després del pagament del rescat. La recepció del segrestat en la seua Alzira natal es va convertir en un esdeveniment històric i els membres del comando valencià van abandonar les armes. “Tots van reconstruir la seua vida allunyats de la violència”, afirma Sergi Moyano. 

Els únics condemnats pel segrest de Luis Suñer van ser indultats el 1986: “Eren els integrants del segon comando que va estar a càrrec de l’empresari en les dues últimes setmanes de captivitat en una casa a Trasmoz. Van ser enxampats per la policia in fraganti el 1982 retenint el doctor Julio Iglesias Puga, el pare del cantant”.

Els fets investigats pel periodista estan amnistiats i prescrits. “La parella de valencians mai va ser identificada per la Policia com a membres d’ETA”, diu l’autor.

Uno de los secuestradores del industrial valenciano Luís Suñer (Alzira, 1910-1990) relata por primera vez detalles inéditos de una de las últimas acciones de ETA político militar, acaecida en pleno proceso de negociación para la disolución de la rama etarra y su posterior integración en la vida política democrática del País Vasco. El empresario, dueño de Cartonajes Suñer y de Avidesa, encabezaba la lista que había publicado el Gobierno de la UCD de los mayores contribuyentes a la Hacienda pública tras haber construido durante el franquismo una fortuna en su Alzira natal. Una parte del botín que desembolsó su familia a cambio de su libertad —un total de 325 millones de pesetas, unos dos millones de euros— fue invertida por ETA-pm, ya en fase de disolución, en la mítica película La fuga de Segovia, dirigida por Imanol Uribe y producida por Ángel Amigo, y en las guerrillas de El Salvador agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), entre otros. Es uno de los muchos detalles que revela Sergi Moyano en su libro Operació Apolo (Alfons el Magnànim, 2025), un minucioso trabajo de reconstrucción del secuestro que obtuvo la 'Beca Josep Torrent de periodismo de investigación', otorgada cada año por la Unió de Periodistes Valencians.

Moyano (Carcaixent, 2000) se topó con el testimonio inédito de uno de los secuestradores, un valenciano de origen madrileño que se integró en ETA-pm tras su militancia en la izquierda radical y en el incipiente movimiento LGTBI, con el trasfondo del desencanto de la Transición. La fuente anónima nunca fue detenida ni juzgada por estos hechos. “Es la primera vez que habla y descubre detalles inéditos del caso, nunca ninguno de los integrantes del comando que planificó y ejecutó el rapto fue identificado por la Policía ni respondió ante un tribunal”, explica el autor en una entrevista con elDiario.es.

Sergi Moyano ha repasado el secuestro desde todos los ángulos, en una trepidante investigación periodística de dos años. El autor, periodista de Televisión Española, ha contrastado el relato de uno de los protagonistas, pareja de otro de los componentes valencianos del comando, con la documentación oficial del secuestro, especialmente el sumario de la Audiencia Nacional, y con el testimonio de cuatro exmiembros de ETA-pm, dos de ellos pertenecientes a la antigua cúpula etarra. Además, Moyano ha completado sus pesquisas con los recuerdos de algunos trabajadores de Suñer y de un directivo presente en el momento del rapto, y con material de archivos, tanto privados como de instituciones públicas, propiciando un relato completísimo de un secuestro que se mantiene vivo en la memoria valenciana de la Transición.

“La principal novedad es que Luis Suñer estuvo encerrado apenas a unos pocos kilómetros de su casa, en un zulo en la comarca de la Safor que construyeron a propósito en un negocio abierto al público que aprovecharon como tapadera”, afirma el autor de la obra, de próxima publicación en su versión en castellano en la editorial Libros del KO.

La crónica repasa la campaña de atentados de ETA-pm, previa al secuestro, contra los intereses turísticos en zonas de la costa valenciana, especialmente Xàbia, localidad en la que importantes banqueros y empresarios vascos se habían asentado junto con sus familias, así como los entrenamientos del comando formado por valencianos. “El comando practicó con las armas en cuevas diseminadas entre la Safor y la Marina y compraron una casa en la Vall de la Gallinera, convertida en laboratorio terrorista, donde aprendieron a utilizar armas y detonadores y a colocar la Goma-2”, explica Moyano.

También reconstruye minuciosamente el secuestro de Suñer el 13 de enero de 1981 y el diseño y acondicionamiento del primer zulo en el que permaneció el industrial alzireño. Los dos valencianos del comando, que conocían al dedillo el terreno en el que se movían, aprovecharon el negocio que regentaban de cara al público como tapadera para instalar un “zulo minúsculo de apenas dos metros”, donde Luis Suñer acabaría pasando la mayor parte de su secuestro, dos meses y medio.

Allí permanecía el conocido empresario mientras se produjo el intento de golpe de Estado del 23-F, del que no se enteró hasta más tarde. “En plena crisis política y social durante la Transición y mientras los polimilis negociaban con el Gobierno su disolución, el intento de golpe de Estado del 23-F acabó de convencer a los militantes de ETA-pm de que la lucha armada ponía en riesgo la democracia y el autogobierno vasco que acababa de empezar a caminar”, afirma el periodista. “Los polimilis ya criticaban abiertamente los crímenes de sus adversarios”, apostilla en referencia a la otra rama de ETA, que no se disolvería hasta cuatro décadas después.

La obra repasa el impacto del secuestro en la sociedad valenciana y la tensa negociación de la familia con ETA-pm para pagar el millonario rescate, así como los pasos de los servicios antiterroristas de la Policía, entonces dirigidos por el comisario Manuel Ballesteros, un conocido agente de la Brigada Político Social.

El blanqueo del rescate

Y también desvela, casi peseta a peseta, a dónde fue a parar el rescate pagado por la familia y cómo se blanqueó tanto en Suiza y Luxemburgo como en Francia y en el País Vasco. “A través del sumario he podido rastrear la pista del dinero del rescate”, dice Sergi Moyano. Del botín, 63 millones de pesetas (379.000 euros) fueron a parar al rodaje de La fuga de Segovia, protagonizada entre otros por el cantautor Ovidi Montllor y convertida en un clásico del cine político de la Transición.

“Antes de entregarlos”, asegura Moyano, “los blanquearon con la ayuda de militantes del EIA, partido de la izquierda abertzale, que se fueron a potear por las fiestas de los pueblos y, en cada ronda que pagaban, iban deshaciéndose de los billetes de 5.000 pesetas del rescate de Suñer, que estaban marcados por el Banco de España”.

La Policía, según el periodista, estaba al tanto de las inversiones de los polimilis, que en una suerte de “mecenazgo cultural” en plena etapa de renuncia a las armas financiaron, entre otros proyectos, al periódico Egin, a la coalición Euskadiko Ezquerra y a varias revistas de la izquierda abertzale. El entonces ministro del Interior, Juan José Rosón, llegó a manifestar, según el autor: “Preferimos que os gastéis el dinero en películas y libros que no en munición y bombas”.

El empresario, después de pasar sus últimas dos semanas de cautiverio en un segundo zulo en Trasmoz (Zaragoza), fue liberado el 14 de abril de 1981, tras el pago del rescate y el recibimiento en su Alzira natal fue un acontecimiento histórico. Por su parte, los miembros del comando valenciano abandonaron las armas. “Todos reconstruyeron su vida alejados de la violencia”, afirma Sergi Moyano.

Los únicos condenados por el secuestro de Luis Suñer fueron indultados en 1986: “Eran los integrantes del segundo comando que estuvo a cargo del empresario en las dos últimas semanas de cautiverio en una casa en Trasmoz. Fueron pillados por la policía ‘in fraganti’ en 1982 reteniendo al doctor Julio Iglesias Puga, el padre del cantante”.

Los hechos investigados por el periodista están prescritos. “La pareja de valencianos nunca fue identificada por la Policía como miembros de ETA”, dice el autor.

Donald Trump volvió la Casa Blanca prometiendo “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”. Su gobierno se ha puesto manos a la obra, militarizando todavía más la frontera de Estados Unidos con México y persiguiendo a refugiados y solicitantes de asilo mientras siembra el miedo con redadas en comunidades de personas sin papeles y detenciones a migrantes para deportarlos. Sus críticos están indignados pero no pueden decir que estén sorprendidos.

Lo que pocos esperaban es el capítulo legal que se ha abierto a continuación, con una ofensiva de varios niveles dirigida contra personas consideradas opositoras a la agenda ideológica del presidente de Estados Unidos. Un asalto extraordinario que se engloba dentro de una ofensiva generalizada contra la educación superior, la independencia judicial y la Constitución de EEUU.

A continuación, algunos de los casos más destacados que, por su naturaleza extrema y dudosa legalidad, han captado la atención del mundo. Corresponden en su mayoría a personas que sí tenían los papeles necesarios para residir en EEUU pero se convirtieron en objetivos de la Administración Trump en su rápido y poco legal proceso de consolidación de poder.

Estudiantes y académicos perseguidos y 'desaparecidos'

En las últimas semanas, los equipos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Ice, por sus siglas en inglés) han comenzado a detener y a encarcelar a estudiantes y académicos extranjeros con visado o con tarjeta de residencia permanente en EEUU.

En la mayoría de los casos, el gobierno ha esgrimido como motivo la participación de estas personas en las protestas propalestinas que se organizaron en las universidades por la guerra que Israel está librando en Gaza tras el atentado terrorista del 7 de octubre de 2023. Aunque no los acusen de ningún delito, la justificación que se alega para deportarlos es que “apoyan a Hamás”. Entre los detenidos figuran las siguientes personas:

Mahmoud Khalil

El palestino con tarjeta de residencia permanente Mahmoud Khalil, de 30 años, fue uno de los que lideraron las protestas por la guerra de Israel en Gaza el año pasado. Recién licenciado por la Universidad de Columbia de Nueva York, a Khalil lo arrestaron frente a su esposa embarazada y lleva desde mediados de marzo en un centro de detención de Luisiana.

La libertad de expresión está protegida por la Constitución de EEUU pero en casos como el de Khalil la Administración Trump ha recurrido a oscuras leyes de inmigración para hacer un alegato poco común: que tiene la potestad de detener y deportar sumariamente a personas que considere contrarias a la política exterior de EEUU.

Un grupo de extrema derecha proisraelí se atribuye el mérito de haber señalado el nombre de Khalil y el de otras personas para que las autoridades fueran contra ellas.

Rümeysa Öztürk

Tal como muestra un vídeo grabado por un testigo, la estudiante de doctorado de Tufts University Rümeysa Öztürk, de 30 años, fue rodeada en un barrio de las afueras de Boston por agentes de inmigración enmascarados y encapuchados que luego la introdujeron en un coche sin matrícula.

Becaria Fulbright y ciudadana turca con visado, Öztürk era coautora de un artículo de opinión publicado por el periódico estudiantil que criticaba la reacción de la universidad al ataque militar de Israel contra Gaza y los palestinos.

La estudiante fue detenida e ingresada precipitadamente en un centro de internamiento de Luisiana por aparente desacato a una orden judicial. Öztürk sostiene que allí ha sido desatendida y maltratada en “condiciones inseguras e inhumanas”.

Mohsen Mahdawi

Palestino y titular de un permiso de residencia permanente como estudiante de la Universidad de Columbia, a Mahdawi lo detuvieron los agentes del Ice el 14 de abril en Colchester (estado de Vermont). Así lo confirman sus abogados y un vídeo del incidente que adelantó The Intercept. Mahdawi destacó en las protestas de Columbia del año pasado.

Según su abogado, lo introdujeron en un coche sin matrícula frente a la oficina del gobierno federal a la que había acudido para una entrevista que formaba parte de su proceso de nacionalización como estadounidense.

Yunseo Chung

La también estudiante de Columbia Yunseo Chung, de 21 años, demandó a la Administración Trump por intentar deportarla y ahora vive escondida. Activista por los derechos de los palestinos, Chung fue detenida por la policía de Nueva York durante una protesta en marzo contra los castigos administrados por su universidad a los estudiantes que hacían activismo, de acuerdo con un artículo de The New York Times.

Nacida en Corea del Sur y residente en EEUU desde que tiene siete años, Chung dijo que un empleado del gobierno había comunicado a su abogado que le iban a revocar el permiso de residencia y a expulsarla del país.

Alireza Doroudi

“Donald Trump, Tom Homan [el ”zar de las fronteras“ de Trump] y el Ice han clavado una daga fría y despiadada en el corazón de la comunidad internacional de la UA [University of Alabama]”, dijo sobre la detención de Alireza Doroudi el grupo del Partido Demócrata en el campus.

No se sabe mucho sobre las acusaciones que la Administración Trump alega tener contra el iraní Doroudi, que estudiaba ingeniería mecánica en Alabama, pero según la cadena NBC ha sido trasladado al mismo centro del Ice en Jena (estado de Luisiana) donde está preso Khalil.

Badar Khan Suri

Más de 370 exalumnos se han unido a 65 estudiantes de la Universidad de Georgetown (en Washington DC) para firmar una carta de rechazo a la detención por parte de las autoridades de inmigración del doctor Badar Khan Suri, de nacionalidad india y becario postdoctoral en el Centro Alwaleed Bin Talal para el Entendimiento Cristiano-Musulmán (ACMCU).

Las autoridades han revocado su visado de estudiante alegando que el suegro de Khan Suri asesoró a autoridades de Hamás hace más de 10 años. También han dicho que lo consideraban “deportable” por publicaciones de redes sociales donde mostraba su apoyo a Palestina. Trasladado a Luisiana, fue detenido posteriormente en Texas, donde tiene en mayo fecha para comparecer ante el juez.

Kseniia Petrova

Las autoridades estadounidenses detuvieron en el aeropuerto de Logan (Boston) en febrero a esta investigadora de la Facultad de Medicina de Harvard por una aparente irregularidad en los trámites aduaneros relacionados con muestras de embriones de rana.

A Petrova, de 30 años, que regresaba a EEUU desde Francia, le dijeron que le revocaban el visado y la deportaban a su Rusia natal. Cuando Petrova respondió que temía sufrir persecución política en Rusia por sus críticas a la invasión de Ucrania, se la llevaron y la internaron en un centro de detención abarrotado de Luisiana.

Estudiantes con visados revocados

Entre mediados de marzo y mediados de abril el Departamento de Estado ha modificado el “estatus legal” de más de 1.300 estudiantes internacionales en un mínimo de 200 universidades de todo el país, llegando a revocar el visado en algunos casos, según un informe de la web sobre educación terciaria Inside Higher Education. “Explosión de visados revocados”, lo llamaron en la publicación especializada.

Aunque ni a las facultades ni a los estudiantes se les ha dado mucha información sobre los motivos, el secretario de Estado Marco Rubio ha arremetido contra los activistas y manifestantes universitarios tildándolos de “lunáticos”. En algunos casos se han mencionado sus opiniones propalestinas. Otros han llegado a la conclusión de que se habían convertido en un objetivo por faltas menores como multas por exceso de velocidad. Algunos no encuentran ninguna razón específica para que se les haya revocado el visado mientras el pánico se apodera de las universidades. Según la agencia de noticias Associated Press, muchos proceden de India y de China. Entre los casos más destacados figuran:

Felipe Zapata Velásquez

La familia de Felipe Zapata Velásquez, de 27 años, ha dicho que el estudiante de la Universidad de Florida estaba en su Columbia natal, “en proceso de recuperación física y emocional” después de que en marzo la policía de Gainesville lo detuviera por una infracción de tráfico y lo entregara al Ice.

Zapata Velásquez aceptó ser deportado para evitar una larga detención y peleas jurídicas. Maxwell Frost, congresista por el Partido Demócrata, acusó a las autoridades de haberlo “secuestrado”.

Momodou Taal

Con nacionalidad británica y gambiana, Momodou Taal cursaba un doctorado en el Centro de Estudios e Investigación Africanos de la Universidad de Cornell, y era un activista conocido en esta universidad de la Ivy League. El año pasado fue suspendido por participar en protestas antisionistas. Demandó a la Administración Trump por tachar de antisemitas a los estudiantes extranjeros que protestaban y le dijeron que se entregara a los funcionarios de inmigración. Desde entonces ha abandonado el país.

Deportado por error (reconocido)

Kilmar Ábrego García

El salvadoreño Kilmar Ábrego García fue deportado a El Salvador por error, tal y como admitió la Administración Trump antes de desobedecer un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que le ordenaba “facilitar” el regreso de Ábrego García a su hogar y a su familia en Maryland desde la despiadada mega prisión de Tecoluca, en el país centroamericano.

Ábrego García no tenía permiso de residencia pero sí un estatus de protección para que no lo deportaran a El Salvador. Pero ahí es donde ha sido trasladado sin audiencia previa. La Administración Trump lo acusa de ser un gánster violento y lo ha dejado a su suerte en El Salvador, enfureciendo en el proceso a un juez federal y haciendo que salten las alarmas por la posibilidad de una crisis constitucional.

Sin acusarlo de ningún delito, Ábrego García fue deportado junto a cientos de venezolanos. Michael Coleman, jefe del sindicato de metalúrgicos, dijo que no formaba parte de ninguna banda y que era un “aprendiz que trabaja duro en busca del sueño americano”. Trump ha dicho que está estudiando la posibilidad de enviar a ciudadanos estadounidenses a las cárceles salvadoreñas.

Deportados sumariamente a un tercer país

Estados Unidos deportó a mediados de marzo a más de 230 venezolanos a la megacárcel de El Salvador sin siquiera una audiencia, pese a que un juez federal trató de detener esos vuelos y luego bloqueó otros.

Donald Trump tomó una medida extraordinaria para saltarse el procedimiento reglado: invocar la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, redactada solo para tiempos de guerra (lo que a su vez ha provocado un recurso de la ONG Unión Estadounidense por las Libertades Civiles).

John Roberts, presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, reprendió a Trump por haber amenazado al juez, pero una mayoría del Alto Tribunal permitió que Trump utilizara la vetusta ley. Eso sí, el Tribunal Supremo también reafirmó por unanimidad el derecho de los procesados a que se respeten los procedimientos reglados y la potestad de los ciudadanos de presentar recursos de habeas corpus.

La mayoría de los hombres enviados a El Salvador no son delincuentes violentos ni forman parte de bandas criminales, en contra de lo que afirma la Administración Trump, según una investigación de The New York Times. Aparentemente, los acusaran de pertenecer a la banda transnacional venezolana Tren de Aragua por sus tatuajes.

Entre las familias que han salido a denunciarlo figuran las de:

Andry José Hernández Romero

Maquillador y peluquero, Hernández Romero, de 31 años, llegó el año pasado a California pidiendo asilo. En su cita con las autoridades explicó que vivía amenazado en Venezuela debido a su homosexualidad. Fue detenido y acusado de formar parte del Tren de Aragua por sus tatuajes. Con la llegada de Trump lo deportaron repentinamente por considerarlo una “amenaza a la seguridad”.

Jerce Reyes Barrios

El Departamento de Seguridad Nacional ha acusado al exfutbolista profesional Jerce Reyes Barrios, de 36 años, de pertenecer a una banda por sus tatuajes. Entre ellos, uno con una corona sobre un balón de fútbol y un rosario donde se lee la palabra “Dios”.

“Eligió ese tatuaje porque se parece al logo de su equipo favorito, el Real Madrid”, dijo su abogada, Linette Tobin. También, que Reyes Barrios había huido de Venezuela tras ser torturado por protestar contra el gobierno.

Francisco Javier García Casique

Los familiares de Francisco Javier García Casique, de 24 años, se quedaron conmocionados cuando lo vieron en el vídeo propagandístico filmado en El Salvador con decenas de presos venezolanos a los que bajaban de aviones a marchas forzadas.

García Casique es barbero en Maracay, su ciudad natal, y totalmente inocente del delito de pertenencia a banda, según sus familiares, que añaden que Francisco y su hermano Sebastián llevan tatuajes idénticos con citas de la Biblia.

Migrantes en busca de asilo trasladados a Panamá

Un avión militar estadounidense despegó en febrero de California con más de 100 inmigrantes de países tan lejanos como Afganistán, Irán, Uzbekistán, China, Sri Lanka, Turquía y Pakistán, para llevarlos a Panamá. Habían sido encadenados y deportados a un tercer país porque sus naciones de origen se negaban a recibirlos. Encerrados en un hotel de Ciudad de Panamá, hacían señas y escribían en las ventanas pidiendo ayuda.

El grupo, en el que también hay niños, fue trasladado y retenido en una instalación en lo profundo de la tupida selva que separa a Panamá de Colombia. Al parecer, después los liberaron y ahora están buscando asilo en otros países, con un futuro incierto. Entre las personas deportadas en ese vuelo figura:

Artemis Ghasemzadeh

La iraní de 27 años Artemis Ghasemzadeh escribió “ayúdennos” con pintalabios en una ventana del hotel de Ciudad de Panamá para alertar a unos reporteros del periódico The New York Times que estaban en la calle.

Como dijo al periódico aún bajo arresto, Ghasemzadeh había pensado que Estados Unidos le ofrecería protección por el peligro que corría en Irán tras convertirse del islam al cristianismo.

Estadounidenses interrogados y amenazados

Amir Makled

Nacido en Detroit, el abogado libanés-estadounidense Amir Makled fue interrogado en el aeropuerto al regresar de un viaje de vacaciones. Un equipo de respuesta antiterrorista lo retuvo y presionó para que entregara su teléfono y, posteriormente, parte de su contenido.

Makled representa a un manifestante estudiantil propalestino que ha sido detenido en la Universidad de Michigan.

El incidente demuestra el debilitamiento en la frontera de la protección que la cuarta enmienda de la Constitución garantiza contra “registros e incautaciones irrazonables”, según los expertos.

Nicole Micheroni

Nacida en EEUU y con nacionalidad estadounidense, la abogada de Massachusetts especializada en inmigración Nicole Micheroni habló tras recibir un correo electrónico de la Administración Trump donde se le decía: “Es hora de que abandone Estados Unidos”.

“Probablemente, con suerte, me lo enviaron por error, pero es un poco preocupante que estos vayan a ciudadanos estadounidenses”, dijo a la cadena NBC. En su opinión, el correo formaba parte de la táctica de miedo.

Visitantes que han sido detenidos

Jasmine Mooney, Canadá

Durante una de sus frecuentes visitas a California, a la canadiense Jasmine Mooney la esposaron y arrestaron durante dos semanas en un centro de detención de Estados Unidos por una supuesta irregularidad en su visado de trabajo.

Mooney ha hablado de duras condiciones y de un agujero negro informativo. También, de lo furiosa que está por muchos otros detenidos que conoció y siguen allí varados, sin acceso a los recursos que finalmente la sacaron del centro a ella.

Rebecca Burke, Reino Unido

Esta artista gráfica británica fue detenida en la frontera cuando iba como mochilera desde Seattle hasta Canadá. Por una confusión en el visado se convirtió en una de las 32.809 personas detenidas por el Ice durante los primeros 50 días de la presidencia Trump.

Fue liberada casi tres semanas después de su detención en penosas condiciones. Sin que lo advirtieran las autoridades, sacó del centro los dibujos que había hecho de otros compañeros detenidos.

Jessica Brösche, Alemania

Turista y tatuadora natural de Berlín, Jessica Brösche, de 29 años, fue arrestada por las autoridades de inmigración estadounidenses. Tras más de seis semanas detenida en Estados Unidos, incluidos lo que según su descripción fueron ocho días en régimen de aislamiento, fue deportada a Alemania. Su familia tildó lo sucedido de “película de terror”.

Fabian Schmidt, Alemania

Titular de un permiso de residencia permanente en Estados Unidos, el ciudadano alemán Fabian Schmidt, de 34 años, fue detenido e “interrogado violentamente” por agentes fronterizos estadounidenses cuando regresaba a New Hampshire tras un viaje a Luxemburgo. Lo retuvieron durante horas en el aeropuerto Logan de Boston, lo desnudaron y lo metieron en una ducha fría, según su familia. Después lo dejaron sin comida ni medicina y se desmayó.

A mediados de abril se encontraba detenido en un centro del Ice en Rhode Island. Su caso está siendo investigado.

Devueltos

'Jonathan'

Un hombre con visado para trabajar en EEUU que habló con The Guardian bajo condición de anonimato explicó que le habían denegado la entrada en Estados Unidos tras viajar a su Australia natal para esparcir las cenizas de su hermana.

A su llegada a Houston (en el estado de Texas), lo sacaron de la fila y le acusaron, entre otras cosas, de vender drogas y de no tener la documentación adecuada. Tras más de un día de detención lo embarcaron en un vuelo de regreso a Australia, a pesar de que llevaba cinco años trabajando en la costa este del país, donde vivía con su novia.

¿Prohibida la entrada por criticar a Trump?

Alvin Gibbs, Marc Carrey y Stefan Häublein, los miembros del grupo de punk rock UK Subs explicaron que les denegaron la entrada a EEUU y los detuvieron cuando viajaban a Los Ángeles para dar un concierto tras interrogarlos sobre sus visados.“No puedo evitar preguntarme si tuvieron algo que ver mis frecuentes y no precisamente halagadores comentarios públicos sobre su presidente [Trump] y su Administración”, dijo Alvin Gibbs, el bajista del grupo.

A Gibbs y a sus dos compañeros de banda los retuvieron durante 24 horas en duras condiciones antes de ser devueltos al Reino Unido.

Científico francés

El ministro galo de Educación Superior e Investigación denunció que a un científico francés (su nombre no ha trascendido) le denegaron la entrada a Estados Unidos después de que las autoridades de inmigración del aeropuerto registraran su teléfono y encontraran mensajes en los que expresaba críticas contra la Administración Trump.

El investigador se dirigía a una conferencia en Texas. “La libertad de opinión, la libre investigación y la libertad académica son valores que seguiremos defendiendo con orgullo”, protestó Baptiste en declaraciones a Le Monde.

Traducción de Francisco de Zárate.

Un juez federal de Estados Unidos ha hallado “causa probable” para declarar al Gobierno del presidente Donald Trump en desacato judicial por violar su orden del mes pasado para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos con base en la Ley de Enemigos Extranjeros.

El juez James Boasberg de Washington ha dicho en un escrito de más de 40 páginas que el Gobierno demostró una “ignorancia deliberada” ante la orden del 15 de marzo que prohibía la deportación de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador en virtud de esa ley de finales del siglo XVIII, con la que el Gobierno estadounidense deportó a más de 200 venezolanos a prisiones en El Salvador sin un proceso judicial. Todos ellos estaban acusados de pertenecer a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua.

Cuando Boasberg emitió la orden, dos aviones con venezolanos se dirigían a El Salvador y no habían regresado aún a Estados Unidos. Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, por lo que el juez ha pedido a la Administración que intente demostrar que no incurrió en desacato o, de lo contrario, iniciará audiencias y, posiblemente, remitirá el asunto a la Justicia. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, ha destacado el juez.

El juez ha señalado que la manera más fácil de que el Gobierno evite el desacato es permitir que los migrantes deportados en contra de su orden impugnen su expulsión ante los tribunales. Según su escrito, esto no requeriría el regreso de los migrantes a Estados Unidos y la Administración podría “proponer otros métodos para lograr el cumplimiento”.

El juez ha dejado claro que “el Tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni precipitadamente; de hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”.

La Casa Blanca ha negado haber incumplido la orden, aunque la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó en rueda de prensa que se podría haber violado la orden verbal del juez Boasberg. A pesar de defender que el vuelo partió antes de que éste emitiera la resolución por escrito, el Departamento de Justicia aún no ha facilitado la hora de despegue al juez. De hecho, justo antes de la fecha límite para entregar dicha información, el Gobierno de Trump se acogió al privilegio de secreto de Estado para reservarse los datos del vuelo y entorpecer aún más la investigación.