Bukele se ceba con los periodistas en su deriva autoritaria en El Salvador: “La gente renuncia por temor”
Eran las seis de la tarde del 28 de febrero de 2023 cuando la periodista especializada en medioambiente Carolina Amaya avisó en redes sociales de que en un par de horas publicaría una investigación importante. Meses de indagaciones sobre cómo una empresa vinculada a la familia del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se estaba enriqueciendo con la destrucción de un paraje natural protegido. Pasadas las ocho, cuando Amaya volvió a encender su teléfono, cayeron en aluvión los mensajes: su padre, líder campesino, había sido detenido.
“Estaba claro que había sido por mi ejercicio periodístico”, relata Amaya a elDiario.es. Empezaron para ella meses agotadores: investigar qué había detrás del encarcelamiento de su padre, que pasó casi un año preso; el miedo a perderle en un sistema penitenciario conocido por la tortura; una demanda contra ella por parte de la compañía que señalaba en el reportaje inicial… “Me di cuenta de que en El Salvador ya no podía trabajar”, sentencia la informadora desde México, país en el que se exilió en mayo de 2025.
La deriva autoritaria a la que Bukele lleva años arrastrando a El Salvador avanza en paralelo al deterioro de la libertad de expresión y al acoso a los periodistas críticos. Su victoria en 2019 logró, en cierta medida, cumplir la promesa que gobiernos anteriores ya habían intentado sin éxito: acabar el terror del crimen organizado.
La violencia de las maras se sustituye por la del Estado
La violencia de las maras ha sido sustituida, sin embargo, por la del Estado: bajo el paraguas de un Régimen de Excepción que ya ha sido 42 veces renovado, las fuerzas de seguridad detienen de manera masiva y aleatoria, encarcelan sin investigación, en muchos casos ni juicio, en penales abarrotados sin acceso a abogados y donde cientos de personas han sido asesinadas a golpes o de hambre, según organizaciones de Derechos Humanos y testimonios recogidos por este medio. Eso ocurre en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo: 1,6% de una población de menos de seis millones y medio de habitantes.
El presidente se encuentra en su segundo mandato, algo que ya es inconstitucional, y la Asamblea Legislativa ha aprobado recientemente la posibilidad de la reelección indefinida. Poco a poco, Bukele ha ido adueñándose de los principales poderes estatales y dotándose de un marco legal que coarta cualquier tipo de oposición, ahogando a la prensa y a las organizaciones civiles.
El Régimen de Excepción es el cénit de este sistema de persecución, ya que sirve de herramienta para la eliminación de facto de toda garantía jurídica y está siendo empleado por el Gobierno para criminalizar a quienes contradicen la narrativa oficial. El padre de Amaya, a quien una empresa quería echar de tierras que le habían sido entregadas por el Estado y que cultivaba para vivir, fue acusado de tener relación con las pandillas. Esgrimiendo motivos similares, también hay órdenes de captura contra al menos siete periodistas de El Faro, medio de comunicación de referencia en Centro América.
Decenas de periodistas en el exilio
A comienzos de mayo El Faro publicó una serie de entrevistas en las que dos líderes pandilleros explicaban las negociaciones entre las maras y el Gobierno de Bukele. Los principales periodistas involucrados abandonaron de manera preventiva el país, “un exilio temporal”. Aunque Óscar Martínez, jefe de Redacción de El Faro, explica que ya habían hecho ese tipo de salidas, también con gobiernos anteriores, pero esta fue la primera vez que no pudieron regresar: sus fuentes les avisaron de que un dispositivo policial les esperaba para detenerles en el aeropuerto.
“El Faro tiene 27 años de existencia. Ahora mismo somos menos, 18, pero cuando Bukele entró, éramos 28, ha ido gente renunciando por temor o por persecución”, sostiene Martínez también desde México, a donde ha llegado tras varios meses errante por varias ciudades y donde aún no tiene pensado establecerse. Desde el exilio trabaja casi toda la redacción, cuya figura legal fue trasladada a Costa Rica meses antes por los constantes ataques. Sus periodistas han sido señalados por el Gobierno, que ha ordenado auditorías y hasta espionaje con el software Pegasus.
Las publicaciones de El Faro inauguraron un mes de mayo nefasto para El Salvador. La violencia policial con la que fue reprimida una manifestación de campesinos a punto de ser desplazados de sus hogares fue retransmitida en directo por redes sociales, generando indignación también el arresto de dos de los líderes comunitarios, uno de ellos un pastor evangélico. Y a los pocos días el país fue sacudido por la detención de Ruth López, prestigiosa abogada y miembro de la directiva de Cristosal, una de las organizaciones de Derechos Humanos más relevantes de El Salvador, en el exilio desde julio.
No dejen de poner atención en El Salvador desde fuera. Cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país
“Todos pensamos que si fueron a por Ruth, pueden ir contra cualquiera”, dice Suchit Chávez, periodista y miembro de Junta Directiva de la Asociación de Prensa de El Salvador (APES). En coordinación con la Red Centroamericana de Periodistas, han ayudado a salir a en torno a 50 informadores. Hay, además, al menos una treintena de defensores de Derechos Humanos que también han abandonado el país, aunque las cifras no son exactas porque muchos lo hacen en silencio.
Chávez es la única de los tres periodistas salvadoreños que este medio ha entrevistado en San Salvador que accede a dar su nombre. Quienes se quedan se enfrentan a la persecución constante y al miedo de saberse en la diana: llamadas anónimas, cambios de teléfono móvil y de rutinas por precaución, allanamientos de vivienda e incautación de ordenadores y de discos duros, agentes de Policía que estacionan o toman fotos alrededor de las casas, o que tocan la puerta de las familias de los informadores bajo el pretexto de estar investigando accidentes de tráfico, incluso pandilleros rondando redacciones o apostados cerca de donde viven los periodistas. Todos estos son ejemplos narrados a este diario, y en muchos casos el acoso sigue produciéndose incluso estando el profesional en el exilio.
La estrategia de Bukele triunfa
Agotados en el plano emocional y ahogados en el burocrático, los periodistas añaden una dificultad a su trabajo: el éxito de la estrategia de comunicación de Bukele. Los índices de aprobación del presidente inconstitucional son de los más altos del mundo, entre un 85 y más de un 90%, según diferentes encuestas. Su modelo arrasa más allá de las fronteras nacionales y amenaza con extenderse en América Latina, donde su popularidad supera incluso a la del Papa. Retratado casi como un dios, quien fuera antes publicista, es un líder carismático que cuenta con un fuerte aparato de medios creados ad hoc y una presencia abrumadora en redes sociales.
“Da la sensación de que la noche oscura está comenzando con el exilio, el cierre de los espacios cívicos, la censura, la criminalización, el encarcelamiento…”, lamenta uno de los periodistas que permanece haciendo su labor dentro del país. Con una narrativa y un sistema tan bien armados puertas adentro y el apoyo de Donald Trump desde la Casa Blanca, cuyas políticas contra la población migrante resuenan a los métodos de la Policía salvadoreña contra sus propios nacionales, muchos de los periodistas entrevistados coinciden en la importancia de la presión internacional. “No dejen de poner atención en El Salvador desde afuera”, sostiene Chávez, “cuando además de los medios locales lo empiezan a decir también los internacionales se cae el teatro, la gente empieza a darse cuenta y a doler que hablen así de tu país”.
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