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Las “trampas” de Italia para frenar el rescate de migrantes: “Es ilegal y el tiempo nos dará la razón”

Migrantes rescatados a bordo del 'Geo Barents', en diciembre de 2022.

Marta Maroto

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Aquella mañana del nueve de mayo, Mohamed, de apenas nueve meses de vida, fue el primero en ser puesto a salvo. Más de doscientas personas que pretendían atravesar el Mediterráneo Central en dos embarcaciones de goma fueron socorridas por los equipos de Médicos Sin Fronteras

En la noche del día siguiente, después de horas de búsqueda en la oscuridad, la ONG logró dar con otro millar de migrantes que viajaba en dos pateras a la deriva. El 11 de mayo, dos días después del comienzo de la operación, casi otro centenar de personas fueron rescatadas dentro de aguas maltesas, cuyas autoridades competentes no tomaron ninguna iniciativa para auxiliar a las precarias balsas de madera, según denunció la ONG.

Al cierre de un año que ha visto aumentar en un 50% el tránsito en la ruta del Mediterráneo Central, frente a las costas libias, rescates como el de Médicos Sin Fronteras son los que el Gobierno de extrema derecha italiano trata de evitar a través de un reciente decreto que busca ahogar la labor de las organizaciones de salvamento. 

El primer decreto del Gobierno italiano del 2023 estipula, entre otras medidas, que las ONG deben requerir un puerto de desembarco inmediatamente, desde el momento en que realizan el primer rescate, previniendo que puedan socorrer a varias embarcaciones; pide que sean las propias organizaciones quienes recojan a bordo datos de los posibles solicitantes de asilo, información que deberán entregar al país de bandera para ser tramitada; y establece multas administrativas de hasta 100.000 euros para quienes no se ajusten a la norma.

“Italia está jugando con las cartas marcadas”, señala Íñigo Mijangos, presidente de la ONG vasca Salvamento Marítimo Humanitario, armadora del Aita Mari. Mijangos señala una “doble trampa” del nuevo ‘código de conducta’: “En ningún caso Italia puede imponer qué hacer a un barco con bandera de otro país y en aguas internaciones, así que se dota de un marco propio con el que justificar una posible sanción”. 

Barcos como delegaciones

Las ONG consultadas responden de una manera similar: ya existe legislación internacional, aprobada por todos los Estados, que regula el comportamiento en el mar. ¿Qué ocurriría si, de camino al puerto asignado, el barco humanitario localiza a otra patera o recibe un aviso de que hay una embarcación cercana en peligro? El Derecho obliga al socorro y pena su omisión. Habrá que observar, dicen las organizaciones, qué respuesta dará Italia cuando ocurra un caso similar.

Recoger información de los potenciales solicitantes de asilo es otro de los puntos clave del nuevo decreto. Ante la falta de definición de este mandato, las organizaciones desconocen cómo pretende el Gobierno italiano que una organización desarrolle en alta mar una labor asignada a la Administración. “No tiene sentido convertir a los barcos en una delegación de ACNUR”, señala casi con ironía Oscar Camps, presidente de Open Arms. 

Aunque la norma italiana no especifica cómo podría llevarse a cabo esta tarea ni propone facilitar recursos a las organizaciones, las ONG destacan las dificultades de llevar a bordo un equipo jurídico y de interpretación suficientes para tomar declaración a posibles refugiados. Además, las personas rescatadas llegan al barco muy nerviosas y exhaustas. En ese momento, acaban de salvar su vida tras un complicado proceso migratorio, muchas veces cargado de sucesos traumáticos. Los expertos inciden en la necesidad de darles tiempo y un espacio tranquilo para contar las razones de su huida. 

Puertos lejanos

El aspecto que más dificulta la labor de las organizaciones de rescate no aparece por escrito en el decreto: la autorización de puerto para el desembarque en zonas muy alejadas, lo que las empuja a la tripulación a destinar varios días extra de navegación, con el consiguiente desgaste para las personas rescatadas, pérdida de tiempo ante posibles avisos de barcas en riesgo y el aumento de gastos.

“A bordo llevamos a personas muy vulnerables que han sido expuestas a todo tipo de sufrimientos y requieren de atención médica y psicológica. No solo es cruel alargar este dolor con días de más en el mar, sino que puede acarrear verdaderos problemas de seguridad y salud para estas personas. La deshidratación tras varios días de mareos y vómitos, algo muy normal en el mar, puede provocar incluso la muerte”, señala Axel Steier, miembro de la junta directiva de la alemana Lifeline.

Italia ha cambiado la política de puertos cerrados del que fuera ministro de Interior, Matteo Salvini, por una de “puertos lejanos” con Meloni. Alegando motivos de saturación en los centros de recepción de Sicilia o la parte sur de la bota, ya no prohíbe el desembarco sino que los autoriza en zonas alejadas, en la costa norte del país. 

“De esta manera, se consume tiempo y combustible, y tienen a los barcos el máximo posible fuera de la zona de búsqueda, con lo que evitan nuevos rescates y testigos en el mar”, continúa Camps. En definitiva, se trata de ir sumando trabas burocráticas para minar “el músculo económico” de las organizaciones humanitarias, añade Miganjos.

Esta política no es exclusiva del Gobierno italiano. Los dos barcos de rescate de bandera española, Open Arms y Aita Mari, denuncian controles excesivamente rigurosos y más frecuentes en sus naves que en otro tipo de flotas. Entre 2018 y 2019 sus buques permanecieron bloqueados durante meses en España por orden del Ministerio de Fomento español.

Políticas de desgaste

La nueva normativa no sorprende a las ONG de rescate, ya que es interpretada como una prolongación de las políticas de desgaste que llevan ejerciendo los diferentes gobiernos italianos, muchas veces en colaboración con la Unión Europea: antes de la llegada de Salvini, ya en julio de 2017, el Gobierno italiano impulsó un código de conducta para controlar las operaciones de las ONG en el mar que, según Camps, ya se cumplía y que solo pretendía dar la imagen de desorden de los barcos de rescate. 

Posteriormente, llegaron las polémicas y radicales medidas de Matteo Salvini, entonces ministro de Interior, tratando de cerrar todo acceso a los barcos de rescate, a los que castigaba con secuestros injustificados que prolongaba en el tiempo agotando los plazos de respuesta burocráticos. El tiempo ha puesto a Salvini en el banquillo en el Juicio de Palermo, acusado entre otros cargos de ‘secuestro de personas’ tras impedir por casi 20 días el desembarco de 163 personas a bordo del Open Arms en agosto de 2019. 

La labor de las ONG no fue fácil, tampoco, tras la salida de Salvini como ministro del Interior, en la época anterior a la llegada al poder del nuevo gobierno de extrema derecha, según explica Mijangos, de SMH: “No ha habido cuartel, y aunque el lenguaje ha cambiado, la pandemia ha servido como excusa: imponiendo grandes cuarentenas y exagerando los tiempos de espera”. 

Mijangos habla de “aprendizaje” por parte del Gobierno italiano. “Ha seleccionado lo peor de todo lo anterior”, añade. Según destaca, mientras antes las sanciones se tramitaban por la vía penal, ahora se producen por los canales administrativos. Este cambio tiene dos consecuencias, sostienen las ONG. Los costes económicos generados tienen efectos inmediatos y, a su vez, son menos mediáticas, menos visibles. Las campañas de descrédito también afectan a la imagen de las organizaciones, que dependen de donaciones.

Ahora toca esperar, aseguran las organizaciones, a que Italia ponga en marcha esta normativa, a que surjan las primeras fricciones entre el decreto y la ley internacional, a la que siguen amparándose los capitanes. “A corto plazo ellos (el Gobierno italiano) salen ganando con esta resolución, pero no podrán hacerlo a largo plazo porque es completamente ilegal y el tiempo nos dará la razón”, sentencia Camps.

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