El Consejo General de Economistas ha reclamado una reforma integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), tras veinte años de la última revisión en profundidad de su estructura, para adaptar a los nuevos tiempos algunas figuras clave del tributo y actualizar con la inflación los mínimos y las tarifas estatales.

En una rueda de prensa para presentar su manual sobre la Declaración de la Renta y Patrimonio 2025, con los principales cambios normativos a seguir para este año, los técnicos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) han presentado varios ejemplos del sobrecoste para los contribuyentes de la llamada “progresividad en frío”. Esto es, cuando los salarios se actualizan para compensar la inflación pero, al no actualizar al mismo ritmo las tarifas del impuesto, parte de la mejora de poder adquisitivo se convierte en una mayor tributación.

Así, desde el REAF han hecho la simulación de cuánto habrían pagado de más cuatro contribuyentes solteros, sin hijos y que solo tributan por rendimientos de trabajo, con salarios en 2021 de 22.000 euros (la barrera a partir de la cual es obligatorio tributar), de 24.918 euros (el medio en ese ejercicio), de 45.000 euros y de 60.000 euros. Estas cuantías se actualizan con la subida media pactada por convenio entre 2022 y 2025.

La elección del periodo tampoco es casual, ya que coincide con la escalada de la inflación tras la salida de la pandemia y exacerbada por la guerra en Ucrania, que disparó primero los precios de la energía y, después, se trasladó a la cesta de la compra en la alimentación. Desde enero de 2022 a marzo de 2026, el último dato definitivo, la subida acumulada es del 17,1%.

De 600 euros a casi 1.500 más entre 2022 y 2025

De acuerdo con estos cálculos, en el primero de los casos el contribuyente habría mejorado su renta en 3.189,29 euros entre 2022 y 2025, pero habría pagado el 19,7% de ese incremento (628,26 euros) por no actualizarlo. En el segundo, el sobrecoste acumulado sería de 820,77 euros (el 22,72% de los 3.612,31 euros de mejora salarial).

En las simulaciones más elevadas, una renta de 45.000 euros en 2021 habría aumentado su salario en 6.523,55 euros, de los que habría pagado un 20,20% más a Hacienda (1.317,50 euros); en tanto que una de 60.000 euros habría subido su retribución en 8.698,06 euros, pero solo pagaría un 17,04% más al fisco (1.482,18 euros).

Más allá de la deflactación, la vicepresidenta del REAF, Carmen Jover, ha puesto de manifiesto que desde que se aprobó la Ley del IRPF de 2006, que entró en vigor el 1 de enero del año siguiente, no ha habido una reforma en profundidad del principal impuesto recaudador del sistema tributario.

Si bien los mínimos personales se actualizaron en 2015, hay otras magnitudes absolutas como la exención por un seguro médico que lleva congelada en 500 euros desde 2003, la de las dietas de manutención es de 26,27 euros desde 2007 o la del cheque restaurante de 11 euros desde 2018.

Preguntado por la deflactación en una entrevista con este periódico, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, el ministro defendió que ya se ha actualizado el impuesto al elevar los mínimos exentos con el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 2024 y, desde 2025, aplicar una deducción sobre estas cuantías. Y a eso habría que sumar otros cambios en otros impuestos. 

“Yo siempre soy partidario de ver el sistema fiscal desde el punto de vista global, no solo de una figura tributaria. Hay otras rebajas que hemos hecho en otro ámbito. Por ejemplo, las medidas tomadas ahora por la guerra de Irán, que hacen que te baje la factura de la luz, la factura del gas, la factura de la gasolina. En su conjunto, vemos que el sistema tributario está apoyando a las familias, sobre todo a las clases medias y trabajadoras”, respondió España.

La inflación ha dado un leve respiro en abril, después del subidón experimentado en marzo, y se ha moderado dos décimas hasta el 3,2% interanual, gracias a la bajada del precio de la electricidad y a las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno, que han compensado las subidas en los carburantes.

Según explica el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este miércoles el dato de avance del Índice de Precios al Consumo (IPC), la electricidad ha bajado en abril de 2026 más de lo que lo hizo en abril de 2025. Esto se debe no solo a la generación de energía renovable, que ha contenido el shock de la guerra en Oriente Medio en los precios del petróleo, sino a las rebajas del Ejecutivo en impuestos como el IVA eléctrico u otros tributos específicos que afectan a la factura de la luz. Ya lo avanzaba el profesor Miguel Sebastián en este artículo en elDiario.es.

En menor medida, ha contribuido a esta moderación que los precios del turismo han crecido menos en 2026 que en el mismo mes de 2025, dado que la Semana Santa coincidió este año entre finales de marzo y principios de abril, mientras que el ejercicio pasado cayó íntegramente en el cuarto mes del año.

La subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que han vuelto a máximos esta semana desde que estalló el conflicto en Irán por los ataques combinados de Israel y Estados Unidos, se ha traducido en una subida de la categoría “combustibles y lubricantes para vehículos personales”, recoge Estadística, frente a la bajada que experimentaron en el mismo mes del año pasado.

La subyacente también se frena

El alivio en el IPC general ha supuesto también una moderación en la tasa de inflación subyacente -que excluye de su cálculo los precios energéticos y de la alimentación fresca, por ser más volátiles, y que los economistas consideran 'núcleo' del tejido productivo- al 2,8% interanual, una décima menos que en marzo.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía que dirige el vicepresidente Carlos Cuerpo considera que las medidas aprobadas el pasado 20 de marzo cumplen “su objetivo principal: que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo de los hogares”.

“España es, desde el inicio del conflicto, el tercer país de Europa donde menos han crecido los precios del mercado mayorista de electricidad. Esto demuestra el elemento adicional de soberanía energética y de protección que supone el actual mix energético en España y la elevada presencia de renovables”, destaca Cuerpo.

La moderación de la inflación se ve más clara en la evolución intermensual (es decir, abril sobre marzo) que en términos interanuales. Así, los precios subieron un 0,4% en el mes de abril, frente a la subida del 1,2% experimentada en marzo, en pleno estallido del conflicto.

En cuanto al IPC Armonizado, que utiliza una cesta común en los países europeos y es el que se utiliza para las comparaciones con el resto de socios, este se situó en el 3,5%, una décima por encima del dato de abril. La subyacente armonizada fue del 3,1%.

Con el estrecho de Ormuz cerrado y la paz en Irán aún lejana, una de las consecuencias más significativas para España y para el conjunto de Europa será el impacto inflacionario. Es decir, cuál será el efecto definitivo de esta distorsión geopolítica sobre los precios y, por ende, sobre el poder adquisitivo de los salarios. Es obvio además que este aspecto tiene siempre una gran importancia en el devenir del ciclo político: si suben mucho los precios, más difícil lo tendrán los partidos del Gobierno.

Es cierto que los países de la Unión Europea no dependen de manera directa del crudo que transita por el estrecho de Ormuz: en el agregado europeo, los principales proveedores son Estados Unidos, Noruega y Kazajistán, y en el caso concreto de España pesan más Nigeria, México, Brasil y Estados Unidos. Pero eso no significa que se libren de las turbulencias. En primer lugar, porque sí dependen de otros productos que se manufacturan en Oriente Medio, como los fertilizantes. En segundo lugar, porque dado que los precios tanto de los combustibles fósiles como de los fertilizantes se determinan en un mercado mundial, los europeos sufren las subidas tanto en petróleo y gas natural como en productos derivados tales como fertilizantes o productos petroquímicos.

Esos precios, como se puede ver en el siguiente gráfico, están al alza desde el inicio del conflicto en Irán y, si las negociaciones de paz no fructifican pronto, podrían alcanzar los niveles que ya vimos con la guerra de Ucrania.

De momento, de lo que tenemos constancia es de un aumento significativo del índice de precios al consumo en nuestro país para el mes de marzo. Como se ve en el siguiente gráfico, este incremento está aún muy lejos de los que vivimos hace cuatro años, pero la tendencia se mueve en la dirección esperada. Durante la crisis anterior, el IPC general se elevó más rápidamente y bastante más alto que el IPC subyacente, lo que significa que fueron la energía y los productos no elaborados los que empujaron arriba los precios. Esto ocurrió bastante antes de que Rusia invadiera Ucrania, como consecuencia de los cuellos de botella generados por la pandemia y los consiguientes problemas de desabastecimiento, pero se agravaron a partir de entonces. El IPC subyacente, de hecho, comenzó a subir con retraso, reflejando las transmisiones de precios desde la energía hacia otros productos de la cesta de consumo. Es básicamente lo que podemos esperar que ocurra en los próximos meses: una subida del IPC subyacente que deteriore los salarios reales de los trabajadores en España, es decir, su poder adquisitivo.

Pero la magnitud del shock es sólo la mitad del problema. La otra —y suele ser la decisiva para el bolsillo de los hogares— es cómo se distribuye ese shock entre salarios y beneficios. Ya en mayo de 2022, en una conferencia titulada The Globalization of Inflation, Isabel Schnabel declaró que “los beneficios han sido recientemente una contribución clave a la inflación interna total, por encima de su contribución histórica”, apuntando además que “muchas empresas de la zona euro —aunque ni mucho menos todas— se han beneficiado del reciente repunte de la inflación”. Además, Schnabel subrayó también que “los hogares con menores ingresos suelen verse especialmente golpeados: no solo sufren una inflación históricamente alta que erosiona sus ingresos reales, sino que tampoco se benefician del aumento de los beneficios empresariales a través de la tenencia de acciones u otras formas de participación”. Schnabel decía todo eso como miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo.

Al fin y al cabo, la inflación es un fenómeno económico que implica a ganadores y perdedores a lo largo de toda la comunidad social —tanto nacional como internacional—. De ahí que preguntas tales como ¿cómo medir la inflación?, o ¿qué causa la inflación? y, por supuesto, ¿cómo moderar la inflación? generen tanta controversia en una ciencia social como la economía. La cuestión que se encuentra de fondo es tan política como cualquier otra: ¿quién, cómo y por qué se determinan los precios?

En las corrientes económicas convencionales —aquellas que se estudian en las facultades— se supone que los precios se determinan en mercados competitivos cuando empresas y consumidores cruzan sus intereses. En esta aproximación no parecen existir fuerzas conscientes, como empresarios o directivos que decidan subir los precios deliberadamente. En algunas interpretaciones estas fuerzas conscientes sólo aparecen encarnadas por los sindicatos, que consiguen subir los salarios por encima de lo que permitiría el mercado y, en consecuencia, generan inflación. Esta ha sido la narrativa habitual en la era neoliberal, que tendía a culpabilizar a los salarios de los procesos inflacionarios.

En los últimos años, sin embargo, incluso los organismos internacionales han aceptado otras formas de analizar el asunto; interpretaciones que existían desde hace décadas, pero que eran rechazadas por considerarse heterodoxas. Por ejemplo, la economía poskeynesiana, y gran parte de la marxista, siempre asumió que los mercados son imperfectos y que son los empresarios los que determinan los precios al incorporar un margen de beneficio (mark-up) a los costes totales. Es decir, ¡la inflación es un conflicto distributivo! Esto es más congruente con lo que muestran los datos, pero también con el sentido común: significa que la inflación no sólo puede subir por las subidas salariales sino también por los incrementos en los márgenes de beneficio.

La OCDE, por ejemplo, utiliza actualmente esta aproximación para evaluar la inflación y el poder adquisitivo. En su reciente boletín salarial, titulado significativamente The real wage recovery is slowing down, el organismo reconoce que los salarios reales están subiendo en los últimos años, pero a un ritmo insuficiente para recuperar todo lo perdido en la anterior crisis (la de 2022). Para medirlo, la OCDE utiliza un método de la descomposición de la inflación que permite cuantificar la “responsabilidad” de cada componente: salarios, impuestos y beneficios. El gráfico, que aparece en su página 23, sólo muestra los datos para la zona euro de manera agregada. Pero para este análisis he construido uno igual para el caso de España, que se muestra a continuación.

Como se puede comprobar, desde el año 2021 la inflación —medida por el deflactor del PIB y representada por la línea del gráfico— comenzó a subir respecto a los años previos de cierta estabilidad en los precios (por debajo del 2%). Podemos observar que ya en el último cuarto del año 2021 la mayor contribución a la inflación vino marcada por los beneficios empresariales (barra azul clarita), mientras que los salarios y los impuestos apenas explicaban una parte marginal. Durante casi dos años ese ha sido el patrón dominante: una inflación impulsada por los beneficios. Sólo a partir de 2024 los salarios comienzan a recuperar terreno, pero a un ritmo muy lento. La conclusión de la OCDE ya sitúa el límite: el crecimiento de los salarios reales está desacelerándose y no podrá recuperar los años perdidos desde 2020 frente a los beneficios empresariales.

La enseñanza fundamental de los episodios anteriores es que la inflación puede tener origen en un shock de oferta (cuellos de botella en el transporte, como ocurrió con la COVID, o en el suministro de energía y otros recursos, como en Ucrania y en Irán) pero rápidamente las empresas con poder de mercado aprovechan para proteger y ampliar sus márgenes de beneficio trasladando y ampliando el shock a lo largo de toda la cadena económica. Es lo que la economista Isabella Weber ha denominado sellers' inflation: ante un shock generalizado, las empresas con poder de mercado encuentran una oportunidad para subir precios coordinadamente, y trasladan el aumento de costes a una expansión de márgenes en lugar de absorberlo. Naomi Klein lo describió antes, en términos más amplios, como la doctrina del shock: el impacto colectivo de una crisis ofrece la coartada necesaria para imponer precios y condiciones que en circunstancias normales encontrarían resistencia. Eso no sólo permite proteger los beneficios empresariales, sino que erosiona los salarios reales y reduce el poder adquisitivo de los trabajadores. Sólo en una “segunda ronda”, mucho más corta y menos intensa, los trabajadores reclaman subidas salariales. La falta de mecanismos automáticos de indexación y la debilidad de la negociación colectiva —entre otras cosas debido a las reformas laborales neoliberales— dificultan la recuperación del poder adquisitivo perdido. De hecho, la propia OCDE reconoce en el citado informe que, para los países de la zona euro, los salarios reales negociados están todavía un 5% por debajo de los niveles de 2020.

El otro aprendizaje es que, aunque las magnitudes de esta crisis sean diferentes a la anterior —cosa que está por ver—, es obvio que repetir las mismas decisiones conducirá a los mismos resultados. Las herramientas para evitarlo existen y son conocidas: impuestos extraordinarios sobre beneficios excedentes en los sectores expuestos a la renta del shock —energía, alimentación, transporte marítimo—; controles de precios sectoriales y temporales en bienes esenciales, como ha defendido Isabella Weber; mecanismos de indexación salarial que repartan el coste del ajuste; y un fortalecimiento de la negociación colectiva que revierta parte de las reformas laborales de la última década. Sin ellas, los ganadores y los perdedores estarán decididos de antemano: como siempre, la clase trabajadora saldrá perdiendo poder adquisitivo, mientras los hogares con capital financiero invertido en grandes empresas y los directivos de éstas serán los grandes beneficiados. Como siempre, la diferencia entre una crisis y otra la marca la voluntad política de modificar quién paga la factura, no tanto la magnitud del shock.

Canarias, pese a verse también afectada (como ha ocurrido en todo el país) por una elevada subida de su índice general de precios en marzo pasado, esta vez no ha sido de las más dañadas atendiendo al comportamiento del resto de las comunidades autónomas. Se puede decir que, por ahora, las islas aguantan el tipo, visto lo visto y sobre todo pensando en lo que aún queda por delante como consecuencia de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán, y el segundo de estos dos países, además con la invasión en el Líbano.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de marzo de 2026, servido este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que se esperaba calentito, ha ofrecido, en efecto, tendencias que queman, aunque no con las temperaturas más elevadas en Canarias, donde el IPC general anual (el de los 12 últimos meses) sube 0,9% puntos porcentuales, hasta alcanzar el 3% en un año, y todo por el impacto de la subida mensual de marzo (con el impacto percibido de la guerra en Irán), del 0,9% respecto a febrero pasado. En el mes de febrero de este año, ese mismo indicador anual se hallaba en el 2,1%.

Las principales alzas de precios se detectaron en los grupos de vestido y calzado (7,5% mensual y 6,5% anual); transporte, por el encarecimiento de los combustibles (3% y 4,3%), y bebidas alcohólicas y tabaco (0,8% y 3,3%). En un año, las subidas medias de precios más destacadas en las islas, según grupos de medición, afectan a vestido y calzado; restauración y alojamiento (turismo), y transporte.

El dato de inflación anual medido en marzo, el ya citado del 3% para Canarias, es menor en 0,4 puntos porcentuales que el registro nacional, en el 3,4% (un punto más que la inflación general de febrero pasado).

Además, el archipiélago ofrece este marzo la inflación anual más baja de toda España, junto a La Rioja, un valor muy lejos, para bien, del top 1 inflacionista: la Comunidad de Madrid, con el 4,1% de crecimiento anual de sus precios en marzo.

La tasa anual del IPC general en marzo fue, como se ha indicado, del 3,4% a escala nacional, más de un punto por encima de la registrada el mes anterior, en febrero de 2026. En España, los grupos que más destacaron por su influencia alcista en esa tasa anual fueron el transporte, que subió más de cinco puntos, hasta el 5,3%. Este aumento fue debido al incremento de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior (el transporte público sigue subvencionado).

A ese grupo se unió de nuevo la vivienda, que situó su variación anual en el 3,7%, lo que supuso casi dos puntos más que la del mes pasado. Este comportamiento tiene que ver con los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025, y con los de los combustibles líquidos, que esta vez subieron y el año anterior bajaron.

El epígrafe de vestido y calzado, con una tasa anual del 2,6%, más de tres puntos y medio por encima de la registrada el mes anterior, es otro con comportamiento al alza, lo que se explica por el aumento superior de los precios en marzo pasado debido al inicio de la temporada de primavera-verano.

La tasa de variación anual de la inflación subyacente (el índice general pero sin los alimentos no elaborados, los frescos, ni los productos energéticos) se situó en el 2,9%, dos décimas superior a la del mes anterior, febrero de 2026.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó hasta el 3,6% en marzo en Cantabria, 1,2 puntos por encima de la tasa de febrero y dos décimas por encima de la media nacional, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de inflación de Cantabria es la tercera más alta de España, después de la Comunidad de Madrid (4,1%) y Galicia (3,8%) y junto a la de Baleares. En términos mensuales, la inflación en Cantabria aumentó un 1%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,9%.

El INE ha elevado al 3,4% el repunte de la inflación nacional en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado. 

Por grupos de gasto, la tasa anual más elevada en Cantabria correspondió a las bebidas alcohólicas y el tabaco, del 5,7%, seguida por los restaurantes y el alojamiento, con un 5,1% y el cuidado personal, con un 5%. El alza en el grupo de transporte fue del 4,8%, debido a la subida de los carburantes, y en la sanidad, del 4%.

Los alimentos se encarecieron un 2,9% en tasa anual y los gastos de la vivienda un 3,1%, por los precios de la electricidad, que disminuyeron menos que en marzo de 2025.

Se registraron repuntes en todos los grupos de gasto salvo en dos: los alimentos, con una tasa del -1%; y las información y comunicaciones, con el -0,1%. Por su parte, la vivienda no experimentó variación respecto al mes anterior.

El índice de precios de consumo (IPC) ha subido un 3,7% en marzo en Castilla-La Mancha en comparación con el mismo mes del año pasado, con el transporte como el grupo que más se ha encarecido al registrar una subida del 5,5% en un año.

A nivel nacional, la inflación ha alcanzado el 3,4% en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística, en el conjunto del país el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue también el del transporte, que subió un 5,3% interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. En Castilla-La Mancha, los precios de marzo en comparación con los del mes anterior han subido un 1,5%.

Se han encarecido un 5,3% el vestido y el calzado; un 4,9% los restaurantes y alojamientos y un 4,7% la vivienda, mientras que las bebidas alcohólicas y el tabaco han subido el 4,5%. Además, los seguros y servicios financieros han incrementado el precio un 4,4% y el sector del cuidado personal ha subido un 3,4%.

Por encima del 2 por ciento han subido los servicios de educación, con un incremento del 2,4%; los alimentos y bebidas no alcohólicas, con una subida del 2,2% y las actividades recreativas, deporte y cultura, con un encarecimiento del 2%.

 Además, los precios de la sanidad han subido un 1,5%; el 0,5% los muebles y artículos del hogar y la información y telecomunicaciones se han encarecido un 0,1% en el último año.

Precios en comparación con febrero

En comparación con febrero, en Castilla-La Mancha los precios que más han subido han sido los de vestido y calzado, con un incremento del 6,4%, seguido del transporte, con una subida del 4,5%.

Además, el precio de la vivienda ha subido en el último mes en la región un 2,2%; las actividades recreativas, deporte y cultura, el 1,3% y los restaurantes y alojamiento, un 1,1%.

Por debajo del 1 por ciento se ha encarecido en el último mes los seguros y servicios financieros, con una subida del 0,4%; el sector del cuidado personal y el de muebles y artículos del hogar, con sendos incrementos del 0,3%, y las bebidas alcohólicas y tabaco y la información y comunicaciones, que en ambos casos se han encarecido un 0,1%.

Sin variaciones han permanecido los servicios de educación y la sanidad y se ha retraído 0,3% el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

UGT pide medidas para mitigar el impacto en las familias hipotecadas

UGT ha señalado que la “importante subida” de los precios en marzo en la región se explica principalmente por el “fuerte encarecimiento de la gasolina y el gasóleo, derivado del mantenimiento y la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio”, al tiempo que ha pedido medidas más focalizadas, como ayudas directas a colectivos vulnerables o destinadas a mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euríbor.

El conflicto bélico “está generando un notable impacto sobre los precios, y una elevada incertidumbre”, tal y como ha explicado la secretaria de Empleo, Igualdad, y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa.

Otro asunto que ha destacado la responsable de Empleo del sindicato en la región es la necesidad de articular medidas de protección social y financiera para mitigar el impacto sobre las familias hipotecadas más afectadas por la subida del Euribor; así como la importancia “ahora más que nunca” de reforzar el diálogo social para garantizar que las familias no pierdan poder adquisitivo.

“En materia de negociación colectiva se hace más necesario que nunca garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo. Los convenios colectivos con cláusulas de garantía salarial son una herramienta fundamental para proteger a la clase trabajadora frente a una inflación que no han provocado, evitando que el peso de la crisis recaiga, una vez más, sobre quienes viven de su trabajo”, ha afirmado la líder sindical.

CCOO reclama mejoras salariales para paliar los efectos

CCOO ha reiterado su reclamación de mejoras salariales para evitar que las personas trabajadoras pierdan poder adquisitivo y vuelvan a ser quienes sufran principalmente las consecuencias de la inflación. El sindicato ha subrayado que continuará exigiendo la subida de los salarios en las diferentes mesas de negociación de los convenios colectivos con el objetivo de corregir el desequilibrio entre el crecimiento de los precios y el de las rentas de las personas trabajadoras, según ha informado CCOO en nota de prensa.

En este sentido, el secretario regional de Acción Sindical, Ángel León, ha advertido que “el conflicto bélico internacional no puede ser la excusa de las patronales de las cinco provincias para ahondar en la precariedad y en la pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras, mientras los márgenes empresariales actuales, que permiten garantizar el IPC, se consolidan en máximos históricos”.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha incrementado en Canarias un 3% en marzo en tasa interanual, lo que ha implicado nueve décimas por encima de dicha tasa del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La subida de marzo lleva la tasa interanual a volver a incrementarse en la región tras haber descendido el mes anterior. En términos mensuales, la inflación en Canarias aumentó un 0,9%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 0,6%.

De esta forma, los precios han superado el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos vestido y calzado, un 6,5% más que en marzo de 2025 (+6,7 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,2% (-0,9 puntos); transporte, un 4,3% (+3,8 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,4% (+0,2 puntos).

Las subida interanuales más moderadas se han producido en información y comunicaciones, un 0,5% (+0,7 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,3% (+0,2 puntos); enseñanza, un 1,5% (-0,1 puntos) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 1,6% (+0,8 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 1,2% en marzo en relación al mes anterior y elevó 1,1 puntos su tasa interanual, hasta el 3,4%.

Así, al finalizar marzo, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (4,1%), Galicia (3,8%) y Castilla-La Mancha (3,7%). En el lado contrario se situaron La Rioja (3%), Canarias (3%) y Asturias(3%).

Los precios han aumentado en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Castilla-La Mancha (+1,7%), Galicia (+1,6%) y Baleares (+1,4%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Comunitat Valenciana (+0,8%) Canarias (+0,9%) y La Rioja (+1%).

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 1,1% en marzo en Extremadura en relación con el mes de febrero, mientras que la tasa interanual se sitúa en el 3,5%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

Con este incremento, los precios de consumo acumulan una subida del 1,1% en lo que va de año en la comunidad autónoma, consolidando una tendencia al alza durante el primer trimestre.

En el conjunto del país, el organismo estadístico ha elevado hasta el 3,4% la tasa interanual de inflación en marzo, una décima más respecto al dato adelantado. Este repunte supone además un incremento de 1,1 puntos en comparación con la tasa registrada en febrero.

El encarecimiento de los combustibles, en un contexto marcado por la guerra en Oriente Medio, ha sido uno de los principales factores detrás de este aumento de los precios a nivel nacional, presionando al alza la evolución de la inflación.

El aumento de los precios en marzo responde fundamentalmente al comportamiento del grupo de transportes, que registra una subida mensual del 4,5%, motivada por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes. A ello se suma el incremento en vestido y calzado (6,6% mensual), asociado al cambio de temporada primavera-verano. En contraste, el único alivio llega por parte de los alimentos, que bajan un -0,7%, principalmente por el descenso en el precio del pescado.

En esto contexto, UGT Extremadura ha alertado del repunte inflacionista y ha exigido “blindar” los salarios frente a la escalada de precios provocada por la guerra en Oriente Medio y la volatilidad en los mercados energéticos.

“Garantizar la estabilidad real de los salarios no solo es una cuestión de justicia social, sino también una medida imprescindible para sostener el consumo y evitar un deterioro mayor de la actividad económica”, ha afirmado el sindicato tras la publicación del Índice de Precios de Consumo (IPC) correspondiente a marzo.

CCOO

Por su parte, para CCOO, las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno siguen siendo insuficientes para contener un incremento de precios que, de no frenarse, terminará extendiéndose al conjunto de la cesta de la compra. El sindicato advierte de que la ciudadanía no puede seguir asumiendo el impacto de unos costes que, en muchos casos, se trasladan íntegramente al consumidor mientras se mantienen intactos los márgenes empresariales.

Por ello, la organización insiste en la necesidad de aplicar mecanismos de control de precios que impidan este traslado y reclama actuaciones de apoyo directo a las familias, como la gratuidad del transporte público o la limitación de los precios del alquiler. Además, CCOO insta al arco parlamentario a convalidar el decreto de vivienda aprobado por el Gobierno y exige a las patronales avanzar en la negociación del AENC para recuperar poder adquisitivo mediante subidas salariales y la reducción de la jornada laboral.

El índice de precios de consumo (IPC) acentuó su subida en Asturias en marzo del 2,0 al 3,0 % en tasa interanual, mientras los alimentos suavizaron su encarecimiento seis décimas, del 3,8 al 3,2 %, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Asturias registró la subida interanual del IPC más suave entre las comunidades autónomas, igualada con Canarias y La Rioja.

En tasa mensual, es decir, en relación a febrero, los precios subieron en el Principado de Asturias un 1,0 por ciento, mientras que en el acumulado del primer trimestre lo hicieron un 0,8 por ciento.

Encarecimiento de los combustibles

Para el conjunto del país, el INE ha elevado al 3,4 % el repunte de la inflación en marzo por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, lo que supone una décima más respecto al dato adelantado y 1,1 puntos más respecto a la tasa registrada en febrero.

Así, el grupo que más influyó en el alza de la inflación fue el del transporte, que subió un 5,3 % interanual por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. 

El primer golpe de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos fue superior a lo que se había previsto inicialmente. El Índice de Precios al Consumo (IPC) escaló en marzo hasta el 3,4%, una décima más de lo avanzado a finales de marzo y 1,1 puntos por encima del dato de febrero, debido al encarecimiento de los carburantes y a pesar de las rebajas fiscales aprobadas por el Gobierno para aliviar los efectos económicos de la subida del petróleo.

El INE ha publicado este martes el dato definitivo de la inflación de marzo, que revisa ligeramente al alza el índice general adelantado y también la tasa subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y de los alimentos frescos. Este último indicador, que los economistas consideran 'núcleo' del sistema productivo, se situó en marzo en el 2,9%, dos décimas por encima de lo calculado inicialmente. Ambos datos se sitúan ahora en máximos desde junio de 2024, cuando la economía aún trataba de despegarse la crisis inflacionaria desatada por la invasión rusa de Ucrania.

Según detalla Estadística, la subida en la categoría de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada experimentada en marzo del año pasado, así como la menor bajada en el coste de la electricidad que al principio de la primavera pasada, explicaron el grueso del avance de la inflación. A ello contribuyó que el arranque de la nueva temporada primavera-verano en el sector textil también presionó los precios más que en 2025.

Yendo al detalle, el gasóleo fue un 17,9% más caro en marzo de este año que en el mismo mes del año pasado, mientras que la gasolina lo fue un 4,8%. Solo en marzo, comparados sus precios con los de febrero de 2026, repuntaron un 20,1% y un 8,1%, respectivamente. Los combustibles líquidos para el hogar -es decir, el gasoil de calefacción- también repuntaron un 22,9% en comparación con marzo de 2025. Todas estas subidas son un efecto directo atribuible al conflicto en Irán, que disparó los precios del petróleo a escala internacional y no tardó en trasladarse a las gasolineras.

Como nota positiva, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó en cinco décimas hasta el 2,7%, un mínimo desde hace un semestre.

El Gobierno aprobó el pasado 20 de marzo un paquete de medidas valorado en 5.500 millones de euros para amortiguar los primeros efectos económicos del conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques unilaterales de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero. El grueso se canalizó a través de rebajas fiscales, singularmente en el IVA de los carburantes y de la electricidad, que no entraron en vigor hasta el día 22. La primera estimación del INE se publicó el día 27 de marzo, a falta de cuatro días para terminar el mes y con el efecto distorsionador añadido de la Semana Santa, que siempre supone un encarecimiento adicional.

En una valoración remitida a los medios de comunicación, el Ministerio de Economía señala que el plan de respuesta del Gobierno “está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo” y que sus efectos ya se notan en los surtidores, aunque matizados por la subida de los precios del petróleo en los mercados internacionales, que presionan al alza el coste directo en las gasolineras.

“Las medidas puestas en marcha desde el 20 de marzo para amortiguar el impacto de la guerra en el coste de la energía tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los proximos meses”, defienden desde el departamento que lidera el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Por comunidades, los precios se dispararon en Madrid hasta el 4,1% (2,9% en febrero), siendo la única región en superar la barrera del 4%. Otros ocho territorios se situaron por encima de la media nacional: Galicia (3,8%), Castilla-La Mancha (3,7%), Islas Baleares y Cantabria (3,6%, ambas), Aragón, Castilla y León, Extremadura y Navarra (3,5%, todas ellas).

Al otro lado, siete comunidades se situaron por debajo de la media nacional: Andalucía (3,3%), Cataluña (3,1%), Asturias, Canarias y La Rioja (las tres con el 3%); Ceuta (2,7%) y Melilla (2,6%). Comunitat Valenciana, País Vasco y Murcia marcaron la misma tasa que a escala nacional.

En cuanto al dato armonizado, que utiliza una cesta de la compra común para su comparación con el resto de Europa, este se situó en el 3,4%.

La tregua de dos semanas aceptada por EEUU e Irán y surgida con fórceps bajo una sorprendente mediación paquistaní con influencia soterrada de China, nació herida de gravedad. En apenas unas horas, emergieron varias variables geoestratégicas de primer orden que advertían de que la desconfianza entre Washington y Teherán es profunda y difícil de desenredar. La principal de ellas, para el régimen iraní, es la interrupción de los bombardeos israelíes en el sur del Líbano. Para el intimidador Donald Trump, la reanudación del tráfico marítimo por el Estrecho de Ormuz, que desencadenó su amenazante mensaje de arrasar “la civilización persa” para forzar el alto el fuego. Podría parecer un nuevo episodio de su relato TACO.

Ese Trump Always Chickens Out que se podría traducir como un “siempre se achanta” que, en esta ocasión, más que en sus escenificaciones en el ámbito comercial, contuvo el aliento de todo el planeta.

La aceptación inicial de Teherán de permitir el flujo naval por Ormuz concedió un fugaz balón de oxígeno energético a una larga lista de países crudo-dependientes y un cierto respiro a la burbuja petrolífera que empezaba a tomar cuerpo, bajo la estrecha vigilancia de los bancos centrales.

Sin embargo, en apenas unas horas, el voltaje geopolítico y la inquietud económica y bursátil se volvieron a hacer patentes y el shock energético global que había emergido las jornadas previas y posteriores a la Semana Santa cristiana volvió a reaparecer. El pacto trabado a contrarreloj por la Administración Trump y el régimen de los ayatolás era demasiado débil y exigía, como admitió la Casa Blanca el pasado jueves, negociaciones directas con los asuntos más espinosos sobre la mesa. Entre ellos, la reclamación iraní del final de las hostilidades en territorio libanés que, hasta entonces, estaba fuera del radar militar y diplomático estadounidense. 

Todo ello hizo oscilar el precio del oro negro en torno a los triples dígitos. Pero la cotización del barril y el exceso de crudo en el mercado no son los únicos barómetros de un shock energético que tiene aristas más pronunciadas que limar. Entre otras, la seguridad del transporte marítimo y de los centros productivos e infraestructuras de petróleo y gas en Oriente Próximo, castigadas por el largo mes de guerra —todavía sin provocar el cierre del grifo energético, precisan los analistas del mercado—, sin olvidarse de la gestión de los inventarios de crudo o de las primas de riesgo a las navieras y sobre las facturas de los combustibles fósiles en circulación.

Una voz autorizada como la de Michael Singh, ex responsable del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, anticipaba a la agencia Bloomberg estas dificultades nada más proclamarse la tregua. “No es una resolución de paz, sino, más bien, un respiro en la escalada bélica” que atestigua que ambas partes “están muy lejos de cualquier entente cordiale” porque el escenario no apunta precisamente a una sustitución en la cúpula de poder iraní, la misión que activó, teóricamente, las hostilidades de la Casa Blanca en Oriente Próximo y que escondía la contribución de Trump a la construcción del Gran Israel que persigue Benjamín Netanyahu.

Los mercados “se han tomado un descanso para tomar aire”, aunque la economía mundial “siga plenamente expuesta”, alertaba Singh. Incluso tras el reinicio de las hostilidades posteriores, al que Irán puso otra pausa casi inmediata al suspender sus ataques ante la opción de diálogo con el nuevo emisario americano, el vicepresidente JD Vance. Pero para bancos de inversión como Goldman Sachs, el Brent, barril de referencia en Europa, promediará ya los 100 dólares en 2026 si Ormuz permanece cerrado un mes más. Su estratega Daan Struyven precisa en una nota a sus clientes que la tregua “seguirá siendo demasiado sensible”, incluso con la mediación del número dos de la Administración Trump, y que “los riesgos futuros sobre el precio del crudo se inclinan al alza”.

En cambio, si la pasarela marítima controlada por Teherán reanuda el tránsito marítimo, el Brent se situaría en los 82 dólares en el tercer trimestre y en los 80 en el último del año. 

La descongestión naval, pues, sigue siendo una incógnita. Aún continúan hacinados en las aguas del Golfo Pérsico alrededor de 800 buques —la mayoría, cargados de crudo, gas natural licuado o combustibles refinados, según cálculos del mercado— incapaces de seguir sus rutas mercantes. Solo una veintena de ellos llegaron a recibir custodia oficial de la Guardia Costera iraní durante las jornadas previas al final del ultimátum de Washington. 

Eso sí, previo pago de peajes monetarios que han engrosado las arcas iraníes. Y con la exigencia de que cada naviera pagara sus peajes a través de criptomonedas. Así lo asegura Hamid Hosseini, portavoz del Sindicato de Exportadores de Petróleo, al Financial Times, arguyendo “la necesidad de controlar el tráfico de armas” y alertando que estos procedimientos “llevarán su tiempo para supervisar buque a buque”. Pero Irán —precisa— “no tiene ninguna prisa”.

En los instantes de tregua, la amplificación del colapso energético y de las disrupciones logísticas parecieron relajarse. Reflejo de que las aguas inversoras eran turbulentas y que los mercados navegan sin apenas visibilidad. Y a pesar de las artimañas que Teherán lleva usando para sortear las sanciones occidentales a sus ventas de crudo y que son lo suficientemente extensas como para alterar el negocio petrolífero. 

Quejas petroleras, daños en países crudo-dependientes

Del lado de la oferta, los ejecutivos de las grandes petroleras, desde la saudí Aramco hasta Exxon Mobil, incidían antes de la tregua en que, pese a los beneficios caídos del cielo durante semanas, el mercado del crudo no está en condiciones de reajustar precios de forma sostenible en medio de una crisis geopolítica de esta magnitud. Esencialmente, porque actúan dentro de horizontes de inversión de décadas, lo que limita su capacidad para reaccionar ante shocks de corto plazo. Incluso con precios elevados, las incertidumbres —agravadas por decisiones políticas cambiantes y mensajes contradictorios desde Washington— frenan sus expectativas productivas y crean una paradoja compleja. El sector teóricamente más beneficiado por la crisis es incapaz de ejercer de amortiguador del sistema.

Aducen que los daños ocasionados a refinerías, campos extractivos y plantas de exportación han alterado su capacidad física para suministrar energía y transformado la crisis en un problema de seguridad industrial y logística en toda regla. Algo que excede de los parámetros del mercado y que deja entrever que, en opinión de las supermajors, las disrupciones de la guerra tendrán unos efectos duraderos y que la reconstrucción de sus activos energéticos requerirá años y miles de millones de inversión. Incluso después de que cesen las hostilidades. Es decir, que la contienda no solo ha distorsionado sus perspectivas de acumulación de reservas estratégicas o búsquedas de nuevas balsas energéticas y de fuentes alternativas y limpias, sino que ha puesto en el punto de mira la urgente necesidad de reconfigurar la arquitectura energética global. En términos de seguridad productiva y de suministro.

Chevron o ConocoPhillips, dos de las petroleras estadounidenses más expuestas a la guerra en el Golfo, han expresado directamente a la Administración Trump mensajes de protección de sus activos estratégicos en la región.

En cambio, en el lado de la demanda, la guerra abierta ha pasado facturas cuantiosas a los países altamente dependientes de los combustibles fósiles. El impacto más tangible se ha concentrado en Asia. En economías como las de Filipinas, Tailandia y Sri Lanka donde la restricción energética se ha traducido súbitamente en espirales inflacionistas con tensiones sociales. En Filipinas, con una intensa necesidad de importación de crudo, su IPC saltó hasta el 4,1%, muy por debajo del 2,4% de febrero por el encarecimiento de la gasolina y el diésel mientras el tipo de cambio de su peso se hundía hasta registros históricamente bajos respecto al dólar, lo que obligó a Manila a declarar el estado de emergencia energética.

Tailandia, por su parte, ha recurrido a subsidios y medidas de contención para evitar un traslado completo a la inflación general, mientras Sri Lanka —el mercado más vulnerable a los ojos del FMI, junto a Pakistán, mediador en el alto el fuego—, reintrodujo racionamientos de combustible y limitaciones en las jornadas laborales y salarios.

Esta tríada de países asiáticos componen un patrón de comportamiento que deja como secuela el conflicto armado en Irán. Una energía más cara que implica un transporte más costoso y unas cestas de alimentos de primera necesidad que se han disparado y erosionado a una velocidad inaudita el poder adquisitivo de sus familias.

India e Indonesia también se han enfrentado a presiones sobre sus divisas. Al igual que Corea del Sur a unos inusitados riesgos comerciales. O China a un desabastecimiento de sus sectores; especialmente, industriales. Así lo advierte Musa Kim Jong-do, director de la oficina de Trends Research & Advisory en Seúl y profesor de Korea University. “El encarecimiento sostenido de los flujos energéticos fósiles amenaza con erosionar la competitividad industrial y trasladar inflación al resto del mundo a través de las exportaciones chinas” en el continente.

Los daños colaterales, a su juicio, no van a ser lineales, ya que afectan también a los fertilizantes, el transporte marítimo y las cadenas manufactureras completas, amplificando el impacto inicial del crudo, mientras dure el reajuste. No en vano, casi las tres cuartas partes de la población del planeta —el 74%— habita en países importadores netos de combustibles fósiles, según el grupo global de expertos en energía, con mercados como el japonés, el surcoreano, el alemán o el turco con más de las dos terceras partes de las fuentes fósiles de sus mix energéticos adquiridas del exterior.

Contagio a las coyunturas industrializadas

También EEUU parece cercado, en cierto modo, por el shock energético global. Algunos analistas situaban sus previsiones de IPC en el 4,1% en abril antes de la tregua con “escasas posibilidades” de que la Reserva Federal, como desea y presiona Trump, relaje el precio del dinero. Al menos, hasta el otoño, aunque algunos lo retrasan hasta diciembre. Toda vez que la creación de empleo vuelve a emitir señales de vitalidad en primavera. Pese a que en 2019 la primera potencia global mostró su capacidad para convertirse en primer exportador neto de crudo, una tecla que Trump puede tocar para regar de nuevo de oro negro estadounidense el mercado haciendo uso de sus reservas estratégicas. La gasolina se ha disparado en EEUU un 36,7% desde el inicio de la guerra; el gas en Europa, un 46,9%. El BCE podría subir tipos ya este mes si los halcones ganan la batalla en su cúpula ejecutiva.  

De igual modo, los petroestados del Golfo están reconsiderando a marchas forzadas desviar su flujo petrolífero a través de oleoductos transversales con destino al Mar Rojo. El llamado Este-Oeste de Arabia Saudí se considera un adelantado a los tiempos para paliar los cuellos de botella de Ormuz. Bajo gestión de Aramco, sufrió uno de los primeros ataques con drones iraníes en la falsa tregua, si bien su propietaria, la petrolera saudí, se mostró optimista de poder reparar los daños ocasionados en varios puntos de sus 1.200 kilómetros de recorrido. Los emiratos barajan ahora varias tuberías con destino al Mar Rojo que fueron rechazadas por sus autoridades por su elevado coste y los riesgos de ataques de hutíes yemeníes y piratas somalíes. 

Pero donde la estanflación parece haberse instalado con más comodidad es en Europa. “Energía cara implica importación de inflación”, recordaba estos días Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE para quien la ruptura de las cadenas energéticas y daños en infraestructuras provocan que “la normalización de los precios sea lenta” y efectos “potencialmente duraderos” de estancamiento económico con espiral inflacionista en la zona del euro. Un pesimismo que se traslada al ámbito político. El comisario de Energía, Dan Jørgensen, advierte de un shock “de largo recorrido” con precios elevados durante bastante tiempo que propician la aprobación de medidas excepcionales como el uso de reservas estratégicas o el racionamiento de combustibles en tiempos de “cautela presupuestaria” que podrían derivar en “consecuencias fiscales graves”.

La economía española aceleró a finales del año pasado y sentó los cimientos para otro año de crecimiento diferencial. Hasta tal punto, que ya se veía como un objetivo al alcance de la mano el liderar a las grandes economías avanzadas por tercer año consecutivo. Pero un mes de guerra en Oriente Medio, desatada por los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, ha sido suficiente para disipar los vientos de cola y prometer menos crecimiento y más inflación.

El INE dio este viernes el primer dato de inflación de la eurozona, por lo que todos los ojos estaban puestos en la evolución del IPC tras un mes de precios del petróleo disparados y su traslación a las gasolineras. Del 2,3% interanual que registró en febrero, al 3,3% en marzo. Un punto más explicado solamente por la guerra contra Irán.

“Aunque estaba previsto un acusado incremento debido a la subida de los precios del petróleo, esta cifra se sitúa por debajo del consenso, del 3,6%. Este es un desarrollo positivo en el escenario actual, particularmente el que la inflación núcleo permaneciera estable en el 2,7% interanual, ya que cualquier efecto de segunda ronda de los precios de la energía más altos sobre las presiones inflacionarias subyacentes tardarán tiempo en materializarse”, valoraban en una nota desde la consultora Oxford Economics.

La semana que ha estado en vigor el Plan anticrisis del Gobierno, con rebajas fiscales en los precios de los combustibles como medida estrella, ha sido suficiente para amortiguar unas décimas el mordisco al bolsillo que supone el encarecimiento del crudo. Y aunque las bajadas aún están lejos de los 30 céntimos que anticipó el Gobierno, desde el Ministerio de Economía lo achacan a “presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”.

El IPC adelantado este viernes –no conoceremos el definitivo hasta mediados de abril, por lo que todavía podrían bailar algunas décimas– es el primer dato oficial que mide el impacto de la guerra en la economía. Al menos, el primer dato macroeconómico, más allá de las cifras de los surtidores. 

Del FMI al Banco de España: menos avance del PIB y un IPC más elevado

El resto, son solo previsiones. Y como tal, están sujetas a la incertidumbre. Hasta finales del mes próximo no tendremos un primer avance de cómo ha afectado al producto interior bruto (PIB) del primer trimestre el conflicto. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI), como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Banco de España han publicado una primera tanda de proyecciones que ya recogen el impacto de la guerra.

El FMI, tras las consultas para el informe que elabora sobre la economía española, rebajó al 2,1% su previsión de avance del PIB para 2026 y al 1,8% en 2027. Los precios cerrarán 2026 con una subida media del 3% este año, que se ralentizará al 2,2% para el próximo.

Las de la OCDE son similares. En su caso, la actualización intermedia de sus proyecciones económicas incluye un escenario de desaceleración mundial y advierte de que el conflicto en Oriente Medio “pondrá a prueba la resiliencia de la economía global”. En cuanto a la proyección específica de España, recortan al 2,1% el avance del PIB en 2026 y al 1,7% en 2027. La inflación media será del 3% y el 2,2%, respectivamente.

Pero estos organismos internacionales carecen del músculo suficiente para un análisis de la economía española como el que elabora el Banco de España. En su caso, elevan la previsión de crecimiento al 2,3% para este año, una décima más de lo que anticiparon en diciembre, pero con varios fenómenos contrapuestos. Por un lado, el mayor vigor de la economía española en los últimos meses explicaba por sí misma una revisión al alza, pero la guerra y la subida de los precios recortaban el crecimiento. El efecto del Real Decreto-Ley anticrisis aprobado este jueves en el Congreso ha sido clave para compensar, al menos en parte, los efectos negativos del conflicto. Para el año que viene, estiman un avance del PIB del 1,7%. La inflación será del 3% este año y del 2,5% el que viene.

El Banco de España va más allá y diseña dos escenarios adicionales en función de la gravedad de la guerra en Oriente Medio. En el caso de ir al peor, con los precios de petróleo disparados y una disrupción de los mercados de materias primas, el crecimiento se frenaría al 1,9% este año y la inflación se dispararía al 5,9%. El próximo año, el PIB solo avanzaría un 1,1% y los precios subirían un 3,2%.

Antes del estallido de la guerra, en noviembre, el Gobierno elaboró el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado con la estimación de que la economía española crecería un 2,2% este año y un 2,1% el que viene. María Jesús Montero, hasta esta semana vicepresidenta y ministra de Hacienda, dejó las cuentas públicas ya preparadas para Arcadi España, su nuevo titular. Pero el nuevo vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, va a tener que rehacer los números detrás del Presupuesto, como confirmaron este viernes fuentes del Gobierno. El impacto de las medidas anticrisis y los posibles efectos económicos a futuro todavía están sin medir.

El Banco de España prevé que el peor escenario de la guerra en Oriente Medio suponga un frenazo en el crecimiento económico de España y una inflación disparada, por el efecto de la subida de los precios del petróleo y de las disrupciones en el comercio internacional en el caso de que el conflicto se estanque.

La entidad ha publicado este viernes sus proyecciones económicas de primavera que, en su escenario central –el que los técnicos creen más probable–, mejora las previsiones de diciembre en cuanto a la evolución del producto interior bruto (PIB). Así, la estimación oficial revisa al 2,3%, una décima más, el crecimiento para 2026 gracias a que el vigor de la actividad y el Plan anticrisis aprobado por el Gobierno compensarán los efectos más negativos de la guerra en Oriente Medio. La inflación, eso sí, se disparará al 3%, 0,9 puntos más de los previstos con anterioridad.

Esta estimación llega solo unos días después de que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico hayan rebajado las proyecciones de crecimiento para este año y el que viene. 

El Banco de España calculaba que la economía española avanzaría un 2,4% antes de desatarse el conflicto en Oriente Medio, gracias a su “dinamismo elevado y superior a lo previsto”, con un vigoroso comportamiento del consumo privado y de la inversión. Esto eran dos décimas más que en el escenario de diciembre, cuando apuntaron a un avance del 2,2%.

Pero la guerra y la subida de los precios energéticos ha trastocado la previsión. Según los cálculos de la dirección general de Economía, la guerra le costará 0,4 puntos al crecimiento del PIB. Un efecto que verá compensado, en parte (0,3 puntos), por el Real Decreto-Ley anticrisis que el Congreso avaló este jueves. 

El balance resulta positivo y arroja una revisión al alza, al citado 2,3%. Pero el Banco adelanta que el escenario está “sujeto a un grado de incertidumbre especialmente elevado como consecuencia del desarrollo del conflicto en Oriente Próximo”. Así, dibujan dos escenarios más: uno adverso, en el que las disrupciones se plantean como transitorias; y otro severo, con un conflicto más duradero y una interrupción de los flujos de materias primas energéticas hasta finales de año.

En el primero de ellos, los economistas apuntan a un recorte de una décima adicional, hasta el 2,2%. Pero en el peor de los casos podría ralentizarse el crecimiento hasta el 1,9%.

Anticipa una desaceleración en 2027

La entidad que dirige José Luis Escrivá sí anticipa un frenazo económico hacia delante, ya que rebaja al 1,7% la proyección de crecimiento de 2027, que caería al 1,1% en el peor de los casos. 

Donde se notará más el impacto del conflicto en Oriente Medio será en los precios, fruto del encarecimiento del petróleo y el gas. En concreto, el Banco de España calcula que la inflación será del 3% de media en 2026, 0,9 puntos más, de lo que estimaron en diciembre. En el escenario más grave, el dato general podría situarse en el 5,9%, cifras no vistas desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En cuanto a la tasa subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos frescos por ser más volátiles, se situaría en el 2,7% en el escenario central, dos décimas más.

“Este mayor crecimiento de los precios previsto para 2026 refleja, fundamentalmente, la trayectoria reciente de la inflación, junto con el incremento de los precios energéticos a escala global, efectos que se verían compensados, parcialmente, por la reducción de la fiscalidad energética aprobada en marzo”, destaca la entidad.

En 2027, la tasa general y la subyacente se situarían en el 2,5% y el 2,7%, respectivamente, seis décimas por encima de lo previsto hace seis meses. Si la guerra se recrudece, la subida de los precios sería, de media, del 3,2%.

Por lo que respecta al mercado laboral, el Banco de España prevé que la creación de empleo siga siendo sólida en los próximos dos años, del 2,2% y del 1,3% en cuanto al número de ocupados, y del 2,2% y el 1,2% en lo referente a las horas trabajadas. De esta manera, el paro cerrará este año, de media, en el 9,9%, que será el 9,6% el ejercicio que viene.

De las cuentas públicas, el Banco de España empeora ligeramente las cifras de déficit para este año hasta el 2,3% (dos décimas más), por las medidas fiscales aprobadas para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Con todo, el endeudamiento se situará en el 99,2% a final del 2026, por primera vez desde 2019 por debajo del umbral del 100% del PIB.

Primer efecto directo de la guerra en Oriente Medio en nuestros bolsillos. El Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha disparado al 3,3% interanual en marzo, un punto más que en febrero, debido al encarecimiento de los carburantes, impulsados por el encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales y el bloqueo del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, por donde pasa el 20% de los productos energéticos que se consumen en el mundo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha avanzado este viernes el dato preliminar de la subida de precios en marzo, un mes en el que la evolución de la inflación ha estado completamente influida por los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, el pasado 28 de febrero, y por la escalada en un conflicto sin un horizonte de cierre cercano.

Los expertos ya avanzaban una subida importante del dato del IPC antes de que estallara la guerra, debido al 'efecto escalón' al comparar este mes con el mismo del año pasado, en el que la energía se abarató muchísimo. De hecho, como destaca Estadística, los precios de la luz han bajado, sí, pero menos de lo que bajaron el año pasado, y esto es relevante a la hora de calcular la inflación. También ha subido el coste del gasóleo de calefacción, que el año pasado bajó.

El efecto de los precios energéticos sobre esta subida queda claro al revisar el dato de la inflación subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos. Esta cifra, que los expertos consideran 'núcleo' del tejido productivo, se situó en marzo en el 2,7%, exactamente la misma tasa que en febrero.

Según ha destacado el Ministerio de Economía en una valoración remitida a los medios de comunicación, los precios de la electricidad están actuando de amortiguador de la inflación, gracias al despliegue de las energías verdes. “La apuesta de España por las renovables —que hoy fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— está actuando como escudo frente al shock energético por la guerra en Irán”, señalan desde la cartera del recién nombrado vicepresidente Carlos Cuerpo.

El Congreso dio luz verde este jueves al Plan de respuesta al conflicto en Oriente Medio, con 80 medidas que movilizarán 5.000 millones de euros —fundamentalmente, rebajas fiscales— para paliar los efectos económicos de la guerra. “De hecho, esta última semana, los carburantes bajan por la aplicación de las medidas fiscales, aunque siguen experimentando presiones por las cotizaciones internacionales, especialmente en el caso del diésel, debido a los mayores precios del petróleo (se mantiene cerca de los 100 dólares), los fletes y los márgenes de refino”, destacan en la Vicepresidencia primera.

Según los datos del INE, en términos intermensuales (precios de marzo sobre los de febrero) el IPC ha avanzado un 1%, la mayor subida registrada en un solo mes desde junio de 2022.

El dato del IPC Armonizado, el que se emplea para comparar con el resto de países europeos al utilizar una cesta de la compra común, se elevó al 3,3%, desde el 2,8% que marcó en febrero.

Canarias ha tenido, desde el año 2021, un Índice de Precios de Consumo (IPC) anual más bondadoso que el promedio nacional. Esto ha sido así en los años 2021, 2022, 2024 y 2025, con la salvedad de 2023, cuando en las islas se dio un valor porcentual de incremento general de los precios del 4,6% por el 3,5% registrado a escala país.

Ese año, el de 2023, ha sido el único del citado quinquenio en que Canarias ha tenido un IPC general peor, más alto, que el índice general de España, con el 4,6% anual canario por el 3,5% nacional, siempre según estadísticas oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Hasta aquí bien, pero lo mismo no se puede decir del comportamiento mantenido por los precios de la llamada cesta de la compra alimentaria, cuya evolución se mide a través de lo ocurrido con los precios medios de transacción de los productos incluidos en uno de los 12 grupos de productos y servicios que forman parte del cálculo del IPC. Nos referimos al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El IPC general canario, en efecto, ha tenido aquella evolución en el quinquenio 2021-25, pero esa curva descendente poco tiene que ver con la que se dibuja si el estudio solo se centra en el comportamiento de los precios en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, la cesta de la compra. 

Para este segmento, uno de los 12 del IPC general y que hasta 2023 ponderaba el 22,5% en el IPC general, aunque ahora supone el 18,5%, no se puede decir lo mismo, sobre todo porque la comúnmente llamada cesta de la compra se ha encarecido en las islas de manera notable desde finales de 2021, nada menos que el 34%. Esto quiere decir que lo que en septiembre de 2021 se adquiría a 10 euros como valor promedio de transacción final, menos de cinco años después, ya implicaba un desembolso de 13,4 euros.

Esa evolución alcista, consecuencia, entre otros factores, del impacto de la covid y de la invasión de Rusia en Ucrania en 2023 (primera potencia suministradora de cereales a Europa), se ha detectado en el comportamiento de los precios para el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas, que, por poner dos ejemplos muy nítidos, han tenido una evolución de puro desenfreno respecto al IPC general en Canarias.

En 2023, la cesta de la compra isleña se encareció el 13,6%, por el 11,7% de registro nacional para el mismo ejercicio anual. Luego, en 2024, ocurrió algo similar, con el 4% anual más en Canarias para el grupo de alimentos por el 3,6 cifrado en España. Solo en 2025, el último año cerrado, Canarias tuvo un comportamiento algo mejor que la media país, con el 1,6% de aumento para el mismo segmento de control por el 2,4% nacional y en ambos casos umbrales relativos menores al IPC general de Canarias y España ese año, con el 2,7% y el 2,1%.

Evolución del grupo alimentos y bebidas no alcohólicas del IPC en media anual

Esa tendencia alcista en los precios del grupo de alimentos y bebidas no alcohólica ha quedado oculta o escondida dentro del comportamiento del IPC general, que, en el periodo 2021-25, ha sido más ventajoso en Canarias en relación con el comportamiento general del país. 

Así se ha producido en esos años, con la excepción de 2023. La secuencia Canarias-España fue la que sigue: 2021, 2,2%-3,1%; 2022, 7,5%-8,4%; 2023, 4,6%-3,5%; 2024, 2,8%-2,8%, y 2025, 2,1%-2,7%.

El porqué de la alimentación más cara

La crisis de la covid, iniciada en marzo de 2020 y que produjo la ruptura de la cadena internacional de suministros, y la invasión de Rusia en Ucrania y el consecuente incremento en muy poco tiempo del precio de materias primas esenciales, los cereales y otros insumos alimentarios, produjeron un rápido aumento del precio de los alimentos que llevó a una variación anual de dos dígitos (por encima del 10%) en este grupo de productos del IPC, tanto en el conjunto de España como en Canarias, pero más en las islas en los ejercicios de 2023 y 2024.

Durante todo 2023 y los ocho primeros meses de 2024, se mantuvo el índice de precios de los alimentos y bebidas en Canarias por encima de la media española. Solo a partir de septiembre de 2024, se invierte esa tendencia, aunque se debe destacar que la media de la variación anual del grupo de alimentos en 2024 aún era mayor en Canarias que en España.

Ahora bien, durante todos los meses transcurridos en 2025, la variación anual del grupo de alimentos en las islas se encuentra de forma persistente por debajo de la media española, con una variación, en media anual, para este grupo del 1,6% en Canarias, por el 2,4% como registro de España.

El alquiler se ha convertido en una losa, cada vez más pesada, para el ahorro. Los inquilinos tienen más complicado llegar a fin de mes que la población propietaria, incluso que aquellos que están pagando una hipoteca, según un informe elaborado por Oxfam Intermón, a partir de una encuesta encargada a la consultora 40dB. “En España está empezando a ser más importante el tipo de vivienda que el empleo. Puede parecer algo obvio, pero ahora lo vemos con un modelo estadístico y la diferencia es mayor de la que esperábamos”, explica el responsable de políticas de protección social y empleo de la entidad y coordinador del trabajo, Alejandro García-Gil.

El informe arroja luz sobre las dos caras de una misma moneda. Una es la tasa de esfuerzo, el porcentaje de los ingresos que se destinan a pagar la vivienda. La otra, la capacidad de ahorro. Son, en realidad, dos vasos comunicantes, porque “el pago de la hipoteca o del alquiler suele representar el principal gasto de los hogares, por lo que la tasa de esfuerzo condiciona la capacidad de ahorro”, señala.

Como muestra el siguiente gráfico, tan solo el 15% de los inquilinos dedican menos del 30% a pagar el alquiler, frente al 38,1% de las personas que tienen una vivienda en propiedad. Esa barrera del 30% es a partir de la que el Banco de España considera que se realiza un “sobreesfuerzo”.

En cualquier caso, es un lastre del que no se libra buena parte de la población. “Se encontrarían en esta situación el 62% de las personas hipotecadas y el 85% de las inquilinas, lo que deja a los hogares en una situación comprometida económicamente tras pagar la vivienda, teniendo que destinar muy pocos recursos a otros gastos como la alimentación, ropa, suministros u ocio”, indica Oxfam Intermón, que califica este hecho de “grave”.

Pero la diferencia es notable, según los resultados del modelo estadístico. Aunque en la capacidad de ahorro influyen tanto los salarios como el régimen de tenencia de la vivienda, este último factor es el que más brecha genera. “No importa tanto que suban las pensiones, el salario mínimo interprofesional o mediante la negociación de los convenios, si el alquiler consume esos ingresos como un agujero negro”, apunta García-Gil, que reclama que el IPC refleje la evolución del precio de la vivienda y que esta se introduzca en la negociación colectiva.

Un informe de CGT, publicado hace unas semanas, indicaba que, en 2025, “la inflación media que sufrieron los hogares inquilinos fue del 4,7%, frente al 2,7% de inflación media que alcanzó el IPC oficial”. Desde enero de 2019, si se tiene en cuenta esta variable, los precios habrían aumentado un 31% para quienes viven de alquiler, frente al 25% del resto. El sindicato reclamaba como “urgente impulsar medidas políticas contundentes para contener el precio de la vivienda, así como lograr incrementos salariales que tengan en cuenta esta realidad”, que afecta a unos 3,3 millones de hogares, en los que viven 8,4 millones de personas.

La siguiente tabla muestra la probabilidad de ahorrar en función de los ingresos, según el régimen de tenencia del hogar. Tienen más probabilidad una persona que ingrese el salario mínimo, aunque tenga que pagar hipoteca, que un inquilino con un sueldo de 1.500 euros al mes. O un propietario sin hipoteca con ese salario, que un arrendatario que ingrese 2.500 euros. Hay múltiples combinaciones, pero todas dejan quienes viven de alquiler en una posición rezagada.

Como se puede apreciar, solo puede ahorrar una de cada tres personas que cobra el salario mínimo, el más habitual en España en este momento. El investigador atribuye ese 32,4%, que puede parecer abultado dado el coste de los alquileres, a rentas antiguas, a precios asequibles o a circunstancias concretas de esas familias. Incluso con ese sueldo mínimo, pueden ahorrar el 42,4% de las personas que afrontan mes a mes una cuota hipotecaria, y casi el 60% de quienes ya tienen la casa pagada.

García-Gil señala un factor difícil de ponderar a tener en cuenta en el análisis de los resultados relativos a las hipotecas. “Ahí se incluyen las del primer año, que pueden tener unos tipos relativamente elevados, o las del último, que están pagando poco. Sin embargo, las realidades de quienes viven de alquiler son más homogéneas, porque los contratos duran cinco o siete años”, aclara.

Esto dibuja una escalera en la capacidad de ahorro, donde cada escalón representa unos siete puntos. Menos del 40% de la población que vive de alquiler consigue ahorrar; son el 46% en el caso de las personas no emancipadas; el 53% de los hipotecados; y el 60% de quienes disfrutan de una vivienda completamente pagada. La encuesta hace referencia a la capacidad de ahorro, no a la cantidad que se ahorra.

La balanza entre alquiler y ahorro acaba mostrando, indica el autor del informe, la “trampa del alquiler”. “Las cuotas hipotecarias son más baratas que el alquiler; pero quien vive de alquiler no puede ahorrar; entonces no puede acceder a una hipoteca; así que sigue viviendo de alquiler”, describe García-Gil.

Un estudio publicado por Idealista la semana pasada indicaba que la cuota hipotecaria es, de media, un 36% más baja que el alquiler. Para un piso de dos habitaciones, la hipoteca supone un esfuerzo de 698 euros al mes, frente a los 1088 del alquiler. “Aun así, el principal obstáculo para la compra se sitúa en los elevados niveles de ahorro necesarios para poder optar a la financiación”, señala la plataforma, que estima que esta aportación inicial rondaría los 65.000 euros, con picos de hasta 100.000 en ciudades como Palma, Donostia, Madrid y Barcelona.

En este contexto, el apoyo familiar y las herencias se convierten en un empujón clave para acceder a la propiedad. En 2025, el número de donaciones de padres a hijos ascendió a 225.000 operaciones, según el Consejo General del Notariado, un 13% más que en 2024. El incremento es constante desde 2014. Ya en octubre, la portavoz del Consejo, María Teresa Barea, explicaba que se trata de “un reflejo socioeconómico y una imagen del mercado inmobiliario en cuanto a la coyuntura en la que los jóvenes tienen muchas dificultades para acceder a la vivienda”.

El salvavidas de las herencias es cada vez menos frecuente. Según un estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, publicado a finales de 2024, ya alertaba de que 7 de cada 10 inquilinos de Madrid y Barcelona no espera heredar una vivienda que le permita acceder a una casa en propiedad y, de los que sí lo hacen, el 80% tendrá que compartirla.

El propio Banco de España indicaba en una reciente estadística que los hogares más acaudalados concentran cada vez más su riqueza en vivienda, mientras la crisis se ceba con la mitad más humilde. El regulador muestra así como la vivienda se está convirtiendo, cada vez más, en una fuente de desigualdad.

Oxfam Intermón señala como la dificultad de acceder a una vivienda asequible supone renuncias concretas. “En el último año, más de tres millones de personas se han tenido que mudar [por no poder hacer frente a las subidas de los alquileres], lo que tiene consecuencias que van más allá del sitio donde duermes: afectan a la distancia al trabajo o al centro de estudios, dejas atrás amigos y familiares o ya no puedes vivir en tu barrio o en tu pueblo”, explica García-Gil, que ha cuantificado que casi la mitad de las mudanzas se producen en zonas diferentes a las que se vivía. “En lugar de ir a la ciudad de 15 minutos, vamos a la vivienda a una hora”, lamenta.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) se situó en Extremadura en el 2,5% en febrero, tres décimas por encima de la media nacional, con lo que la comunidad autónoma es la tercera con una tasa de inflación más alta en el conjunto del país.

En Extremadura, en lo que va de año, el IPC no ha variado respecto al mismo periodo de 2025 y ha subido un 0,5% en comparación al pasado enero.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en febrero. Madrid presentó la tasa más elevada (2,9%) y Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja las más bajas (2,0% todas).

Por provincias, en tasa interanual, los precios se incrementaron un 2,8% en Badajoz y un 2,0% en Cáceres, mientras que con respecto al mes anterior aumentaron un 0,5% en ambas.

Por sectores, los precios en la región se encarecieron en tasa anual en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,4%; en Restaurantes y alojamientos, un 5,1%; en Seguros y servicios financieros, un 4,0%; en Vivienda, un 3,5%; y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, un 3,4%.

También se incrementaron en Servicios de Educación y en Cuidado personal y otros, un 3,2% en ambos sectores; en Sanidad, un 2,2%; en Vestido y calzado, un 0,6%; y en Muebles y artículos del hogar, un 0,3%.

Los precios bajaron en Transporte e Información y comunicaciones, un 0,6% y en Actividades recreativas, deporte y cultura, un 0,2%.

En comparativa mensual, el IPC repuntó en Restaurantes y alojamientos y en Bebidas alcohólicas y tabaco, un 1,1%; en Transporte, (0,9%), en Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,7%), en Información y comunicaciones (0,5%) y en Muebles y artículos del hogar (0,1%).

No sufrió variación en Seguros y servicios financieros, Servicios de educación, Actividades recreativas, deporte y cultura, y Sanidad. Los precios descendieron en Vivienda, un 0,8%; y en Vestido y calzado, un 0,1%.

A la espera de las consecuencias de la guerra

En España, la inflación se mantuvo en el 2,3% en febrero, la misma tasa que el mes anterior, debido a que el abaratamiento de la electricidad durante ese mes compensó los incrementos de precios en restauración y alimentación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado este viernes los datos adelantados hace dos semanas, que reflejan la estabilidad respecto a enero de la tasa de inflación interanual, a la espera de que el dato de marzo ya recoja el impacto en precios de la guerra de Irán.

La inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- se situó en el 2,7% en el conjunto nacional, una décima superior a la del mes anterior y la más elevada en el último año y medio.

Canarias volvió a reducir su índice general de precios, el conocido como IPC, en febrero pasado, mes en el que transitó hacia un umbral menor en 0,2 puntos porcentuales respecto al registro anual de enero de 2026.

Este registro, el más reciente por ahora, aún no se ha visto influido por las consecuencias de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Los efectos de este nuevo conflicto bélico en Oriente Medio ya son visibles en el comportamiento del precio del petróleo y seguro se traladarán al IPC a partir de marzo.

En febrero de 2026, la subida general de precios en las islas, la medida para los 12 últimos meses (marzo de 2025 a febrero de 2026), alcanzó el 2,1%, por el 2,3% calculado para enero del mismo año.

De esta manera, el archipiélago mantiene su inflación anual por debajo del promedio país, en el 2,3%, y consigue que su nivel de escalada de precios sea, de forma general, el segundo más bajo de España por comunidades autónomas, con el 2,1% ya señalado. En mejor posición que las islas hay cuatro regiones, todas ellas con el 2% anual.

La caída general del IPC anual en febrero se explica principalmente por el comportamiento en grupos como vestido y calzado, muebles y artículos del hogar, transporte y actividades recreativas, a lo que se unió la moderación en la subida de otros componentes.

Los índice de inflación anuales más elevados por grupos corresponden de nuevo a la cesta de la compra, con el 2,7% más; a bebidas no alcohólicas y tabaco, con el 3,4%, y a servicios de restauración y alojamiento, el que más, con el 6,1%. Esta vez se detecta una moderación en el grupo de vivienda, con el 0,8% de encarecimiento anual.

A escala nacional, la tasa de variación anual del IPC en el mes de febrero se situó en el 2,3%, la misma que la registrada en enero pasado para todo el país, con un índice de inflación subyacente, la que no incluye los productos frescos y energéticos, que subió una décima, hasta el 2,7%. La variación mensual (de enero a febrero de este año) del índice general fue del 0,4% en España.

El grupo que más destacó por su influencia negativa en la tasa anual (la suma de 12 meses) fue el de vivienda, que situó su variación anual en el 1,9%, ocho puntos por debajo de la del mes anterior. Este comportamiento se debió a la bajada de los precios de la electricidad, que, pese a ello, se elevaron en febrero de 2025.

Entre los grupos con influencia positiva en tasa anual y para el país destacaron los siguientes: restaurantes y servicios de alojamiento, con aumentó de tres décimas, hasta el 4,8%, y alimentación y bebidas no alcohólicas, con una tasa del 3,2%, dos décimas superior a la del mes anterior.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2% en Castilla-La Mancha en febrero en tasa interanual, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata de una cifra que no se ha visto afectada por el incremento del precio de los carburantes debido al conflicto en Irán, iniciado el 28 de febrero.

Este dato es el segundo más bajo entre las comunidades autónomas y se sitúa tres décimas por debajo del dato nacional, situado en el 2,3%. No obstante, si se compara con la tasa interanual registrada en enero -1,9%-, la cifra supone un incremento de una décima. En lo que va de año los precios se mantiene en un 0%.

Suben todos los precios

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías, siendo los más altos bebidas alcohólicas y tabaco, un 5% más que en febrero de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,6% (+0,3 puntos); seguros y servicios financieros, un 4,1% (-1 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,4% (+0,5 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 0,1% (-1,1 puntos) ; transporte, un 0,3% (+0,6 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,4% (-0,2 puntos) y vestido y calzado, un 0,5% (+0,8 puntos).

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en febrero en el 2,3% debido a la bajada de los precios de la electricidad, que compensó el encarecimiento de los restaurantes, los servicios de alojamiento y de los alimentos, cuyos precios subieron un 3,2% en comparación con febrero de 2025.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró febrero en el 2,3%, la misma tasa interanual que en el mes de enero, gracias a que la bajada de la electricidad compensó las subidas experimentadas por la restauración y los alimentos frescos. Los datos que confirma el INE este viernes aún no sienten la influencia del conflicto en Oriente Medio, con la subida de los carburantes y del gas, en los bolsillos de los consumidores.

Estadística confirma que la tendencia bajista del IPC se frenó en febrero tras tres meses de descensos (llegó a situarse en un pico del 3,1% en octubre). Antes del conflicto, los expertos ya apuntaban a que la tasa repuntaría a partir del mes de marzo, debido a un 'efecto escalón' en los precios de la energía, que el año pasado cayeron mucho al arranque de la primavera. Ahora, con las subidas en los surtidores y en los precios del gas, que impacta de lleno en las facturas de la luz, este escalón se espera que sea todavía más acusado.

Si bien el dato del IPC general se mantuvo cerca del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), que es el 2%, la inflación subyacente, que se calcula excluyendo los precios más volátiles de la energía y los alimentos frescos, escaló al 2,7%. Es una décima más que en enero. Este dato es el que los economistas refieren como inflación 'núcleo' del tejido productivo y marca máximos desde agosto de 2024. Una subida de precios que era 'pegajosa' antes de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y que, previsiblemente, lo será aún más en los próximos meses, aunque haya una desescalada rápida.

Los alimentos suben un 3,2%

Yendo al detalle de los datos publicados este viernes, la inflación de los alimentos aceleró hasta el 3,2%, dos décimas más que en enero y casi un punto porcentual más que el índice general. Un fenómeno que, según Estadística, se debe a que los precios de los aceites y del pescado se mantuvieron estables, frente a las bajadas que registraron hace un año. Algunas rúbricas están disparadas: los huevos son un 30,1% más caros que hace un año y la carne de vacuno, un 15%.

De los trece grupos de bienes y servicios que registra el INE, solo en dos bajaron los precios en relación con febrero del año pasado: en el de Vestido y Calzado (-1,3%), debido a las campañas de rebajas; y en el de Información y comunicaciones (-0,3%).

En términos intermensuales (los precios de febrero sobre los enero), la inflación avanzó un 0,4% influida, particularmente, por las subidas de los precios en restaurantes y servicios de alojamiento, en los carburantes y en las frutas y verduras frescas.

Por comunidades autónomas, seis registraron tasas de inflación por encima de la media nacional, lideradas por la Comunidad de Madrid (2,9%); y doce se situaron por debajo, con Asturias a la cola en el 2%. La tasa de Andalucía (2,3%) coincidió con el promedio nacional.

El IPC Armonizado, que utiliza una cesta de productos común con el resto de la Unión Europea para hacer comparaciones, se situó en el 2,5%, una décima más que en enero, frente al 1,9% de la zona euro. Estas seis décimas más en España que en la economía de nuestros socios es una mala noticia para la competitividad de los bienes y servicios que se producen en nuestro país, en tanto que se encarecen a un ritmo mayor que en nuestros principales socios, restando atractivo comparado.