El conseller d'Hisenda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, negocia amb altres comunitats autònomes i el Ministeri d'Hisenda un repartiment de recursos davant la COVID19 amb un pes major del criteri poblacional per a fer front a la crisi. En la reunió del Govern amb les autonomies, el representant valencià va plantejar que es tingueren en compte la població potencialment afectable i les mesures de prevenció posades en marxa per les autonomies, com la compra de material sanitari en el mercat internacional.

En l'entrevista amb eldiario.es, el conseller Soler creu que una vegada se supere l'emergència sanitària, la Comunitat Valenciana han de tornar a enfocar el seu sector productiu: “Hem d'incentivar que la nova normalitat no siga reproduir el que ja hi havia. Hem vist les vulnerabilitats del nostre teixit productiu”. “La deslocalització, segurament positiva, ha demostrat que en sectors estratègics com el sanitari la dependència de l'exterior en un mercat tan llunyà com el xinés pot crear un problema important. Podíem haver tingut EPI, bates i màscares abans si les tinguérem a la porta de casa”, explica el titular d'Hisenda, que creu que caldrà canviar el model de creixement econòmic “en funció del caràcter estratègic” de sectors com el sanitari.

El titular d'Hisenda valora que el Govern central haja posat en marxa un fons extraordinari i no reembossable de recursos perquè les comunitats autònomes facen front a les despeses d'emergència sanitària. I, encara que el repartiment no és “el que li agradaria”, Soler creu que s'ha suposat un precedent en introduir criteris de població, que podrien ser útils en la negociació del sistema de finançament autonòmic: “Ja no és la fórmula que sempre ens deixa a la cua”.

El conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, negocia con otras comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda un reparto de recursos ante la COVID19 con un peso mayor del criterio poblacional para hacer frente a la crisis. En la reunión del Gobierno con las autonomías, el representante valenciano planteó que se tuvieran en cuenta la población potencialmente afectable y las medidas de prevención puestas en marcha por las autonomías, como la compra de material sanitario en el mercado internacional.

En la entrevista con eldiario.es, el conseller Soler cree que una vez se supere la emergencia sanitaria, la Comunitat Valenciana debe reenfocar su sector productivo: “Hemos de incentivar que la nueva normalidad no sea reproducir lo que ya había. Hemos visto las vulnerabilidades de nuestro tejido productivo”. “La deslocalización, seguramente positiva, ha demostrado que en sectores estratégicos como el sanitario la dependencia del exterior en un mercado tan lejano como el chino puede crear un problema importante. Podíamos haber tenido EPI, batas y mascarillas antes si las tuviéramos en la puerta de casa”, explica el titular de Hacienda, que cree que habrá que cambiar el modelo de crecimiento económico “en función del carácter estratégico” de sectores como el sanitario.

El titular de Hacienda valora que el Gobierno central haya puesto en marcha un fondo extraordinario y no reembolsable de recursos para que las comunidades autónomas hagan frente a los gastos de emergencia sanitaria. Y, aunque el reparto no es “el que le gustaría”, Soler cree que se ha sentado un precente al introducir criterios de población, que podrían ser útiles en la negociación del sistema de financiación autonómica: “Ya no es la fórmula que siempre nos deja al final”.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado que “la reforma de la financiación autonómica es inaplazable e imprescindible, y debe abordarse para mejorar el funcionamiento general del Estado del Bienestar en España, bajo criterios de equidad, solidaridad y justicia social en un estado compuesto”.

“No estamos ya ante un Estado como el de hace 40 años. España es un estado autonómico, en el que sin embargo las comunidades autónomas en general siguen teniendo una dependencia excesiva de las transferencias estatales y hay que poner solución a eso”, ha apuntado Soler.

Vicent Soler ha realizado estas declaraciones durante la clausura este martes del seminario “La financiación de las comunidades autónomas” organizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), en el que ha participado como ponente el secretario general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Diego Martínez.

Para el conseller de Hacienda y Modelo Económico, en la actualidad existe un “manifiesto desequilibrio vertical” en el reparto de recursos, siendo evidente la necesidad llevar a cabo una “reordenación de los mismos en favor de las comunidades autónomas”.

Según Soler, hay que partir de una premisa básica: “El dinero no es del Gobierno, es del contribuyente, que es quien paga los impuestos y por lo tanto, lo importante es que el dinero que sale del bolsillo del contribuyente vaya a financiar los servicios que necesita, y si esos servicios los gestiona una administración, deberán ir a esa administración, por mucha resaca de años y siglos en los que el dinero estaba siempre en el mismo sitio”.

El conseller de Hacienda ha señalado en su intervención que, durante 40 años, se ha hecho una correcta atribución de competencias entre los cuatro niveles de la Administración, dando a ayuntamientos y comunidades autónomas la gestión de los servicios que afectan a la vida cotidiana de las personas, pero, según Soler, “no se ha hecho una reflexión en paralelo sobre dónde va el dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes”.

Solo un cambio en el marco legal vigente permitirá asegurar la suficiencia en términos de población y garantizar la sostenibilidad del Estado del Bienestar a cargo de las mismas, ha indicado el conseller.

“En el caso de la Comunitat Valenciana, la situación es especialmente grave: no podemos continuar soportando las mismas obligaciones que el resto de comunidades con unos ingresos un 10,7 % inferiores a la media autonómica.

Actualmente, la Generalitat dispone de 237 euros menos por cada valenciano que la media del Estado para financiar los servicios públicos, y hasta 839 menos por habitante, que la autonomía mejor financiada“, ha expuesto Soler.

“Si la Comunitat Valenciana recibiera el mismo trato que la mejor financiada, Cantabria, dispondría de 4.000 millones más cada año, tendría un superávit de 2.500 millones y no aumentaría su deuda, que además sería muy inferior a la del resto de las comunidades autónomas”, ha indicado el conseller.

“Los datos demuestran que es imprescindible acometer un proceso de armonización hacia un sistema de financiación autonómica eficiente y justo, un nuevo modelo que permita la planificación y asegure su sostenibilidad en todos los territorios del Estado”, ha indicado.

El conseller, dirigiéndose al secretario general de Financiación Autonómica y Local del Gobierno Central, ha señalado que, “después de no haberlo hecho ni Aznar, en 2002, ni Rodríguez Zapatero en 2009, estamos ahora ante la tercera oportunidad de poner un poco de sensatez, porque los cinco millones de valencianos son españoles, como los cántabros, y tienen las mismas necesidades en sanidad, educación y atención social”.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este lunes que le gustaría que hubiera presupuestos autonómicos para 2020, aunque hay una situación de interinidad en España que genera incertidumbres. En todo caso, ha aseverado: “Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que pueda haber unos presupuestos de la Generalitat para 2020”.

Así se ha pronunciado Puig en declaraciones a los medios al ser preguntado sobre si habrá o no presupuestos para el próximo año o se optará por la prórroga de los actuales, una semana después de que el conseller de Hacienda, el también socialista Vicent Soler, afirmara que se está “dando muchas vueltas” a la posibilidad de la prórroga, ya que “te puedes arriesgar a hacer un presupuesto de ingresos pero te puedes equivocar muchísimo” y “es un riesgo muy grande”.

El 'president' ha afirmado “con total claridad” que a él le gustaría que hubiera nuevas cuentas para el año que viene y trabajará para que así sea, ya que “es lo razonable” y es lo que se intenta hacer cada año, confeccionar un presupuesto que “dé cobertura a un proyecto político de progreso y de prosperidad social para la Comunitat Valenciana”.

“Yo voy a trabajar para que sea posible. Ahora bien, hay que tener en cuenta las circunstancias que vivimos, hay algunas comunidades como Madrid que han decidido que no van a hacer presupuestos porque los parámetros generales no están claros, es cierto que vivimos en una situación de interinidad en España que determina algunas de las incertezas, pero esas incertidumbres no pueden tampoco paralizarnos”, ha indicado.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión la portavoz de Unides Podem en Les Corts, Naiara Davó, que ha reiterado que siempre han dicho que la prórroga “no es el escenario ideal” y tienen la capacidad y posibilidad de “lograr unos nuevos presupuestos, incluso con los obstáculos que llegan desde fuera”.

Davó ha incidido en que apuestan por unas nuevas cuentas, porque el Botànic siempre lo ha hecho y ahora hay nuevas consellerias que “necesitan de recursos propios y personal”.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, comparecerá el martes en Les Corts para explicar los detalles del plan de ajuste de la Generalitat, y el jueves se votará la propuesta de una comisión de investigación sobre las acciones del president de la Generalitat en un grupo editorial y la quita del IVF a ese grupo.

La actividad parlamentaria de la semana comienza el lunes con la reunión de la comisión de Peticiones, que dará cuenta y tramitará la candidatura de Ángel Luna como Síndic de Greuges, como paso previo para que pueda proponerse al pleno su elección.

El martes se reunirá la comisión de Economía, en la que el conseller Soler informará del detalle del ajuste presupuestario de 364,7 millones de euros que el Consell ha presentado al Ministerio de Hacienda, dentro del Plan Económico Financiero reclamado por el Gobierno central para poder recibir el Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario.

También el martes, en la comisión de Obras Públicas comparecerá el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martrínez Dalmau, para explicar la situación del derribo del edificio situado en la avenida José Ortiz, 167 de Almassora (Castellón).

Asimismo, se debatirá una propuesta de Compromís que pide reclamar al Gobierno central la aceleración de los trabajos y estudios del Corredor Mediterráneo referidos a la implantación del ancho estándar entre La Encina y Xàtiva y la construcción del tercer hilo ferroviario entre La Encina y el puerto de Alicante.

El pleno debatirá el miércoles varias propuestas, como una del PP que pide que se retire el requisito de que haya un segundo médico en los festejos de 'bous al carrer' y a la que el PSPV ha anunciado su apoyo, ya que la legislatura pasada ambos grupos presentaron una propuesta conjunta sobre este asunto, pero no dio tiempo de debatirla.

También se debatirán iniciativas relativas al cierre este verano de playas del litoral valenciano, la implantación de la política lingüística del Consell, y la aplicación de la ley de Memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat.

La sesión plenaria del jueves comenzará con la sesión de control al president de la Generalitat, Ximo Puig, tras lo que se procederá a la elección del síndic major de Comptes, cargo para el que se propone de nuevo a Vicent Cucarella, quien desempeña estas funciones desde mediados de 2016.

A continuación se decidirá si se tramita una iniciativa del PP para modificar la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2019, con el objetivo de delimitación del número de personal eventual y altos cargos de la Generalitat.

Los populares proponen que mientras la Comunitat no cumpla el objetivo de estabilidad presupuestaría fijado por el Gobierno, el personal eventual al servicio de la administración de la Generalitat no supere el número máximo de 74 puestos, y que los altos cargos no exceda de 89.

En último lugar se votará la propuesta de Ciudadanos de crear una comisión de investigación para determinar si hay conflicto de intereses en el president de la Generalitat por la quita del IVF al grupo editorial del que Ximo Puig posee acciones y si este ha incurrido en incompatibilidades.

Ciudadanos sostiene que es “preocupante que el president tenga intereses en medios de comunicación que reciben el mayor importe de publicidad institucional y que incluso le dan rédito vía dividendos”, por lo que reclama que se aporte “luz”, mientras que el Botànic no ha adelantado el sentido de su voto.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha señalado este miércoles que “los préstamos del Gobierno están sustituyendo los recursos que deberíamos haber recibido los valencianos del sistema de financiación autonómica. Estos préstamos cubren el déficit generado por la insuficiencia de recursos, en vez de la financiación por derecho que sí reciben otros territorios”.

“Se trata de una situación totalmente injusta para la Comunitat Valenciana”, ha lamentado Vicent Soler, quien ha apuntado que “si tuviéramos la financiacion que nos corresponde y no arrastráramos esta situación desde hace tanto tiempo, es tan sencillo como que no necesitaríamos el FLA”. El conseller de Hacienda ha recordado que “la infrafinanciación sufrida por la Generalitat desde 2002 ha supuesto un endeudamiento adicional de casi 21.000 millones de euros, es decir, un 44% de la actual deuda de la Generalitat se explica por la infrafinanciación”.

Vicent Soler se pregunta “cómo es posible que el informe de Fedea pueda hacer ese ejercicio de perversión del lenguaje” y añade que “antes que señalar que la Comunitat Valenciana, Catalunya, Murcia y Andalucía son las más beneficiadas por los mecanismos de liquidez, debería hacer más bien todo lo contrario y poner el acento en que son las más perjudicadas por un injusto trato del sistema de financiación autonómico”. ¿En serio vamos a poner en valor el ahorro del coste financiero que nos proporciona el FLA?“, se pregunta Soler.

Vicent Soler ha realizado estas declaraciones tras conocer los datos del informe que ha publicado este miércoles FEDEA, que cifra en 15.898 millones de euros el coste directo total para el Estado de los mecanismos adicionales de financiación desde el año 2010. El informe señala que Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana han sido las regiones más beneficiadas por las ayudas.

“La Comunitat Valenciana se ve obligada a recurrir a los mecanismos de financiación del Estado no porque tengamos un mayor nivel de gasto, sino porque no recibimos los ingresos que nos corresponde. Esa es la única lectura que se puede hacer del informe”, ha indicado el conseller.

Actitud incomprensible

Según Soler, ante esta situación es cuanto menos “incomprensible” la actitud del grupo parlamentario popular, que esta mañana ha reclamado en Les Corts rechazar cualquier posible intento de acuerdo bilateral de las comunidades autónomas con el Gobierno que sesgue un acuerdo global para todas las comunidades autónomas.

“Me pregunto si es que el grupo parlamentario popular no quiere mejorar la situación de la Comunitat Valenciana, ya que por lo visto, pretende que dependamos siempre de los préstamos del Estado”, se lamenta Soler.

Según el conseller, “la situación de la Comunitat Valenciana es excepcional y por eso, desde el Consell, vamos a seguir utilizando todos los mecanismos a nuestro alcance, incluidas las negociaciones bilaterales con el Gobierno central, para mejorar su situación”.

“Nosotros queremos lo mejor para los valencianos y valencianas y nos dejaremos la piel en conseguir un modelo de financiación justo para los cinco millones de habitantes de nuestra Comunitat”, ha asegurado el conseller.

En este sentido, Vicent Soler ha vuelto a reclamar la “reforma del modelo de financiación y se ha mostrado esperanzado en tener pronto un gobierno estable que pueda retomar las negociaciones de cara a la reforma del sistema”.

El bloqueig del finançament autonòmic, tant de la reforma del sistema, caducat des de fa cinc anys, com de la tramesa de fons pel fet que el Govern de Pedro Sánchez està en funcions, ha portat el conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana, el socialista Vicent Soler, a plantejar retallades de 438 milions d’euros en l’Administració valenciana. Pendent d’una reunió amb la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, per a consensuar el repartiment de la tisorada, perquè els consellers de la coalició valencianista assumirien més de la meitat d’aqueixa xifra, Soler descriu la situació i es pronuncia sobre les possibles eixides a un problema que posa en dubte fins i tot la possibilitat d’elaborar els pressupostos del 2020.

El finançament de les comunitats autònomes es complica cada dia més i ha entrat en una fase dramàtica amb l’obligació de fer retallades en les despeses previstes per al 2019. Com hem arribat fins ací?

Problemes de finançament, n’hem tingut sempre, però el nou d’enguany ha sigut que hem de fer ajustos. Bàsicament perquè no s’han aprovat els pressupostos generals de l’Estat. El 2018 el Govern no estava en funcions i tenia un marge de maniobra per a alliberar les bestretes a compte que ara no té. A més, va permetre a les autonomies ampliar el dèficit gràcies a la negociació de la ministra María Jesús Montero a Brussel·les. En els nostres pressupostos del 2019 comptàvem amb uns ingressos que no es donaran, perquè no hi ha pressupostos generals, comptes que va tombar una estranya aliança entre la dreta i els independentistes. Aquesta és la singularitat.

Aquest, bàsicament, és l’argument que ha donat la ministra. És impossible, si està el Govern en funcions, desbloquejar la situació? Ni l’IVA per decret?

Soc el primer que ha insistit personalment a la ministra, el mateix president Ximo Puig també ho ha fet, perquè a través d’alguna escletxa legal es puguen desbloquejar els fons. Hem d’arribar al 31 de desembre, encara estem a l’agost. El Govern ja ens diu que des del 2016 l’Advocacia de l’Estat –després d’una consulta de Cristóbal Montoro– assegurava que un govern en funcions no podia aprovar decrets. A l’octubre d’aquell any, el secretari d’Estat d’Hisenda, Antonio Beteta, ens va enviar una carta a les autonomies amb unes previsions perquè les autonomies poguérem confeccionar els pressupostos.

I els 250 milions de l’IVA tampoc es poden desbloquejar? L’Advocacia parla de les bestretes a compte.

Ací hi ha un problema. Està la figura del reial decret llei, que es pot aprovar si el Govern no està en funcions. Els decrets són els que va aprovar Sánchez després de la moció de censura, perquè no estava en funcions. Això és el quid de la qüestió. I tot el que té a veure amb els diners són configuracions legals.

La llei exprés que ha plantejat la comunitat de les Canàries seria una solució?

Puc entendre que el que diuen les Canàries és fer una proposició de llei, una iniciativa legal que isca del mateix Congrés. Perquè del Govern no pot. Si és així, nosaltres, encantats de la vida.

Però és factible?

És una proposta feta ahir –dijous– que hem d’estudiar i que em consta que la ministra està mirant-se.

I ningú del Govern s’havia plantejat aquesta fórmula?

Ací estem molt acostumats a les proposicions de llei en la legislatura passada perquè Podem ens donava suport en el parlament valencià i teníem majoria. Ara que estem el PSPV, Compromís i Podem en el Govern valencià, no ens fa tanta falta.

Si aquesta proposta de les Canàries no tira avant i el país s’encamina a les eleccions, fins el mes vinent de febrer no hi haurà Govern, si n’hi ha. Com aprovaran les autonomies els pressupostos, el sostre de despesa...?

La urgència de què parla el PP per a un Consell de Política Fiscal i Financera per a què és? Perquè parlem? No podem aprovar res.

Sense Govern, com faran les autonomies els pressupostos del 2020?

Potser no es puguen fer i cal prorrogar els actuals. És una situació molt inèdita. Estudiarem tots els escenaris, fins i tot treballar en una carta com la que va aprovar el Govern del PP el 2016 per a tirar avant els comptes autonòmics.

Finalment, com es repartiran les retallades de 438 milions? Els seus socis de Compromís s’han molestat perquè els seus departaments assumeixen més de la meitat dels ajustos.

Estic convençut que al final hi haurà un acte de responsabilitat per part del Govern valencià. Les retencions de crèdit que farem són l’aspecte menys traumàtic, perquè es tracta de partides que no s’utilitzaran. La directora general de Pressupostos, del PSPV, i el secretari autonòmic d’Hisenda, de Compromís, són els que acaben concloent el repartiment d’aquests crèdits que no s’havien d’utilitzar fins a final d’any. Tant de bo no haguérem arribat fins ací, però no hi ha disponibilitat.

El dimarts 3 de setembre tindrà una reunió amb Mónica Oltra per a acordar les retallades i el seu repartiment.

Això són temes interns de Govern.

Però vosté està obert a canviar el repartiment?

Estic a favor d’un acord de coresponsabilitat del Govern valencià. Estem en una fase molt difícil! Podem precisar les xifres, però aquestes xifres no ixen d’una decisió unilateral de la Conselleria. És una proposta que hem parlat amb les conselleries i l’hem contrastada. Espere que hi haja un acord. És una xifra treballada tècnicament.

Entenem que, si pretenen modificar el repartiment, hauran d’aportar una proposta.

Clar, i el com i el quan. Però cal fer les retencions de crèdit.

I d’ací a final d’any podrien ampliar-se les retallades en els comptes del 2019?

Podrien ser-ne més. O podríem arribar a acords de no disponibilitat. És una mesura instrumental.

Poden, els comptes de la Generalitat, arribar més exhaustos a final d’any?

Aquesta és una mesura instrumental, no un objectiu en si mateix. És una previsió que pot ser que siga el menys dolent possible. Fins al 31 de desembre. Tant de bo amb això siga prou.

Està molt en sintonia amb la ministra Montero. Se li pot demanar alguna cosa?

Si li ensenyara el meu mòbil veuria les telefonades i els missatges que li envie. Estem tots els dies estrenyent. Tots els dies. Perquè els valencians som els més afectats per l’infrafinançament.

Sí, però Catalunya anirà als tribunals i el Govern valencià no ha volgut secundar la mesura.

Clar, perquè ja ho vam fer el 2016 i no va servir de res. És un camí que ja hem gastat nosaltres. Vam enviar els papers al Tribunal Constitucional i ens els va retornar al cap de quinze dies. Si la mateixa ministra ho diu. Ella ha sigut consellera, el que passa és que no pot fer una cosa il·legal. Estem atrapats.

Hi ha una situació kafkiana. En l’Administració central no es governa perquè no es pot i, on sí que es pot, que és en les autonomies, tampoc els deixen, perquè bloquegen els diners.

Està molt ben explicat. Ací hi ha un problema de definició de l’Estat. La Constitució del 1978 consagra un Estat compost a tres nivells. Però vivim en un moment de recentralització molt perillós. Per a tindre Fons de Liquiditat Autonòmica tinc 43 condicionants. Això no és un Estat compost. Hem de tindre una vocació federalitzant perquè no hi haja un germà major i els altres menuts.

Però el Govern de Sánchez tampoc el preocupa molt aprofundir en aquest Estat compost. I no llevarà a les autonomies més ben finançades per a donar-los a les que estan pitjor. Hi hauria una rebel·lió.

Com que el finançament és una operació de suma zero, ningú gosa a tocar l’statu quo. Quina és la novetat? Previ a la reflexió sobre el repartiment horitzontal entre autonomies, cal parlar del repartiment vertical. Ací tenim administracions que tenen més obligacions que diners i altres que tenen més diners que obligacions. Els experts van quantificar el 2015 aquest desfasament en detriment de les autonomies en 16.000 milions. Aquests diners són del contribuent i hauria d’anar als serveis que donen les autonomies. El contribuent no vol llistes d’espera, vol ajudes a la dependència, no vol barracons en els col·legis… Tres dels quatre puntals bàsics de l’Estat de Benestar els gestionen les autonomies. Això és l’Estat compost. S’han distribuït bé les competències entre administracions, però no s’ha fet igual de bé amb el repartiment dels recursos.

La Conselleria de Hacienda asegura que informó durante toda la mañana de este miércoles, antes de la votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de la negociación “in extremis” con el Gobierno central que fructificó en el “acuerdo histórico” por el que el Estado asumirá medidas transitorias por importe adicional de 850 millones de euros para la Comunitat Valenciana.

Fuentes del departamento que dirige Vicent Soler sostienen a Europa Press que el conseller estuvo “desde primera hora de la mañana” en contacto con dirigentes de la coalición a nivel estatal, como el portavoz en el Congreso, Joan Baldoví, y autonómico: la vicepresidenta del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, y la secretaria autonómica Clara Ferrando.

Desde Hacienda rechazan así las críticas de Oltra, que este jueves ha calificado el acuerdo de “mejorable” y ha defendido que “un maltrato singular necesita una reparación singular”. En la misma línea, el portavoz adjunto de Compromís en Les Corts, Juan Ponce, ha admitido la existencia de “malestar” en la coalición porque el 'sí' del Consell en el CPFF “no estaba pactado” en el Botànic.

La negociación se produjo “a contrarreloj y in extremis” hasta la hora de la votación. “En todo momento, el conseller convino con ellos (Compromís) que, si el Gobierno no ponía una mejora tangible para la Comunitat encima de la mesa, se mantendría la abstención”, recalcan desde Conselleria.

Las mismas fuentes explican que los miembros de la coalición insistían en que la mejora fuera tangible, a lo que Soler les respondió que estaban en ello, en negociación con el Ministerio. Más tarde se incorporó el 'president', Ximo Puig, a la última conversación con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se ratificó la oferta para la Comunitat, relatan.

Como finalmente se produjo “un cambio de circunstancias”, los representantes del Gobierno valenciano entendieron que “había condiciones de cambiar el voto a positivo”. En definitiva, desde Hacienda sostienen que el Consell votó “en coherencia con lo que había acordado” con Compromís.

“Si el Gobierno no pone nada, aquí no se regala nada”, ilustran las mismas fuentes, para reiterar en que los 850 millones de medidas transitorias es “una mejora tangible innegable”. Ponen como ejemplo los 350 millones para la deuda del Consorcio Valencia 2007 de La Marina, algo que “se ha puesto sobre la mesa tras diez años en los que mirábamos con envidia en los procesos de negociación nacional”.

Por todo ello, desde la Conselleria insisten en que “el conseller era el negociador” y “no hay dos gobiernos; solo uno”, ya que ven el acuerdo Generalitat-Gobierno como “un éxito de todo el Consell”.

“Eso es falso”

“Eso es falso”, así se pronunciaba el jefe de gabinete de Mónica Oltra, Miquel Real, en un tuit desacreditando las explicaciones dadas desde las filas socialistas.

Desde la coalición admiten los términos de la conversación mantenida con el conseller Vicent Soler explicada por los socialistas, pero señalan que esta se produjo por la mañana del miércoles, mientras que la negociación definitiva la realizó el president Ximo Puig posteriormente el mismo día.

Desde el entorno de Mónica Oltra entienden que hubo un cambio del que no fueron informados del sentido de voto, y que este fue premeditado o “improvisado” el mismo día.

El pleno del Consell ha acordado este viernes nombrar a la hasta ahora secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, como nueva subsecretaria de la Conselleria de Hacienda, según han indicado fuentes del Gobierno valenciano. De este modo, Vicent Soler ficha a la número dos de Manuel Alcaraz y refuerza su núcleo duro en Hacienda y Modelo Económico.

Esa subsecretaría estaba vacante desde el pasado 23 de marzo, cuando el pleno del Consell aprobó varios ceses y nombramientos en tres Consellerias, entre ellas la de Hacienda, donde la hasta entonces subsecretaria, Eva Martínez, fue nombrada directora general de Presupuestos, y no se designó a nadie en su puesto.

Zulima Pérez es licenciada en Derecho por la Universitat de València y ha sido profesora de Derecho Constitucional en esta misma universidad y concejal en el Ayuntamiento de Alcoi.

Según la Generalitat, cuenta con una amplia formación académica en el ámbito de derechos y libertades públicas y ha participado en numerosos proyectos de investigación, además de haber impartido cursos y haber colaborado en varias publicaciones.

Desde la Subsecretaría de Hacienda asumirá también las competencias relativas a la Junta Superior de Contratación Administrativa y las funciones relativas a la Central de Compras de la Generalitat.

La Generalitat Valenciana ha reducido a la mitad el desfase entre ingresos y gastos en un solo año, una reducción de 775 millones de euros, que supone reducir el déficit a menos de la mitad en términos absolutos. Así con un recorte del 0,77 el déficit de 2017 ha quedado en el 0,73% (un desfase de 796 millones), lo que supone todavía quedarse a 13 centésimas del objetivo del 0,60% marcado por el Ministerio de Hacienda.

Con estas cifras la Comunitat Valenciana es la autonomía, junto con Extremadura, que más ha reducido los números rojos respecto a 2016, cuando se situó con -1.571 millones y el 1,50% del PIB.

Desde el Consell se destaca que durante esta legislatura se ha rebajado el déficit en casi 1.000 millones y un punto de PIB en 2016 respecto a 2015. En dos años completos de gestión, los números rojos se han rebajado en 1.768 millones y 1,81 puntos de PIB. El déficit es ahora menos de un tercio (796 millones) del que se registró en 2015 (2.564 millones).

Después de que el ministerio dirigido por Cristóbal Montor ofreciera las cifras de déficit, el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha subrayado que “es un hecho constatable que la Comunitat Valenciana habría cumplido con creces el objetivo de déficit si el presidente del Gobierno hubiera respetado la promesa por escrito que hizo en enero del año pasado a los presidentes autonómicos de que en 2017 habría un nuevo sistema de financiación justo que pusiera fin al actual, caducado desde enero de 2014”.

“El único incumplidor ha sido el Gobierno central, que se ha mostrado incapaz de hacer valer el compromiso del presidente Rajoy, condenando a los valencianos a seguir un año más con una financiación discriminatoria y que supone que tengan menos derechos que el resto de ciudadanos españoles”, ha señalado el conseller. “El resultado de este marco financiero injusto es que una parte de nuestros ingresos nos llega, no como al resto mediante transferencias, sino en forma de préstamos del FLA muchos meses después, cuando el Ejecutivo central tiene a bien, dañando las posibilidades de nuestras empresas y ciudadanos”, ha añadido.

Soler recuerda que la Generalitat reivindica 1.325 millones para situarse en la media de las comunidades y, ante el incumplimiento del Gobierno central de que en 2017 habría un nuevo sistema de financiación, exigió una aportación transitoria y extraordinaria, pero afirman que “el Ejecutivo central no respondió”.

Según el conseller la Comunitat Valenciana, “sin necesidad de imponer recortes a los valencianos y a pesar de no contar con una financiación justa ante la inacción del Gobierno”, resalta el conseller, “está comprometida también en la senda de reducción del déficit”. En ese sentido, la brecha respecto al objetivo de déficit se ha reducido considerablemente: En 2017 es de solo 13 centésimas, frente a las 8 décimas de desfase en 2016.

“Pese al sistema injusto y discriminatorio que sufren los valencianos y la pasividad del Gobierno central, hemos reducido el déficit si necesidad de llevar a cabo recortes porque hemos implantado una gestión honesta y eficaz, donde los excesos y derroches son cosa del pasado. Somos plenamente conscientes de que gestionamos el dinero de todos los valencianos”, ha resaltado el conseller.

Un 69% menos de déficit que en 2014

En 2014, último año completo de gestión anterior Consell, la brecha respecto al objetivo de déficit fue de 1,60 puntos; es decir, 12 veces mayor que la registrada en 2017 (0,13). Los números rojos han disminuido drásticamente en comparación con 2014 y, sobre todo, en relación a 2011, cuando alcanzó cotas muy elevadas. En concreto, el déficit se ha minorado un 84% respecto a 2011, cuando el desfase entre ingresos y gastos sumó 4.981 millones (-4,95% de PIB), sin tener en cuenta la liquidación negativa de 2011.

El descenso de los números rojos es del 69% en relación a 2014, cuando el déficit fue de 2.564 millones (-2,60% del PIB). En 2011, incluyendo la liquidación negativa de 2009, el desfase sumó la cifra récord de 6.696 millones y el 6,7% del PIB, números que se han reducido hasta los citados -796 millones y -0,73%.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico y presidente de Forinvest 2018, Vicent Soler, ha afirmado en Feria Valencia que la celebración de una nueva edición de este certamen “convierte hoy a València y al conjunto de la Comunitat en capital financiera de España”.

“Forinvest ha conseguido no solo mejorar cualitativa y cuantitativamente, sino también integrar sectores concatenados con el tema de las finanzas, de forma que este encuentro hace evidente que las finanzas son el aceite que hace falta para el engranaje de la economía, un aceite que debe ser el adecuado para cada tipo de maquinaria y cada ocasión, como pueden ser las nuevas tecnologías o el capital humano, y todo ello es una parte esencial para hacer posible el cambio del modelo”, ha afirmado el conseller.

El conseller de Hacienda ha realizado estas declaraciones durante su visita a la zona expositiva de Forinvest, en la que ha estado acompañado por miembros del Comité organizador de este certamen y representantes de las instituciones y agentes económicos valencianos.

En este sentido, Vicent Soler ha destacado que “hemos conseguido una cifra récord de expositores, 122, y una afluencia de público enorme, la mayor de toda la historia del certamen, pero, lo que es si cabe más importante, debemos poner en valor el alto nivel de los ponentes que hemos conseguido traer, los participantes de las conferencias y las mesas redondas que se celebran en el marco de Forinvest”.

“Estamos muy satisfechos porque Forinvest cada año atrae más participantes, más ponentes, más empresas y más público interesado, y todo ello contribuye a hacer de este certamen un foro de referencia en el panorama económico y financiero nacional”, ha manifestado.

Ponentes de primer nivel

Durante la jornada, el conseller de Hacienda ha sido el encargado de presentar la ponencia inaugural en la que han intervenido el presidente de CaixaBanc, Jordi Gual; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella; y el presidente del ICO, Pablo Zalba. El propio Soler y la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, han sido los encargados de presentar a los distintos conferenciantes, de los que han elogiado su amplia y variada trayectoria profesional. “El rigor de los ponentes que nos acompañan hoy deja patente que Forinvest es un foro de encuentro de primer nivel”, ha afirmado Soler.

El primero en intervenir ha sido Sebastián Albella, presidente de la CNMV, quien ha hecho hincapié en la importancia de la cultura financiera, la que ha señalado como una de las “líneas estratégicas de la CNMV”. “ Hay que mejorar la educación financiera de las empresas a través de un mayor protagonismo de los mercados de valores”, ha dicho. Además ha afirmado que “la tecnología está produciendo cambios importantes al acercar los mercados de capitales a las empresas y a los inversores”.

Por su parte, el presidente de CaixaBanc, Jordi Gual, ha centrado su intervención en las que ha denominado “tendencias clave de la banca” como son un entorno muy exigente, un marco regulatorio que ha aumentado de manera sustancial, la reputación del sector que se encuentra muy dañada y la revolución digital“.

“Caixabanc es una entidad volcada en dar servicio a la sociedad, por eso nos duele que la crisis y el estallido de la burbuja inmobiliaria haya dañado al sector debido a factores como la venta incorrecta de productos o la percepción de que los fondos públicos son utilizados para rescatar a las entidades cuando en realidad era para rescatar a los depositantes. Por eso, nuestro objetivo es reestablecer la confianza y reforzar la transparencia de las entidades”, ha manifestado.

El presidente del ICO, Pablo Zalba, ha hecho hincapié en que “el ICO no compite con la banca comercial, el ICO complementa y colabora con la banca comercial. Ésta es la clave del éxito de la banca pública”.

“El sistema de Rajoy ha supuesto que la deuda de la Comunitat Valenciana se haya doblado en los últimos años, coincidiendo con la etapa del anterior Consell, a través de unos préstamos que los valencianos tendrán que devolver y con intereses”. De esta forma ha criticado el conseller de Hacienda el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que advierte que ha provocado unos intereses que “le costarán a los valencianos 3.223 millones que se detraerán de inversiones y servicios básicos”.

Ante esta situación Soler ha reclamado de nuevo al Gobierno la reforma urgente del sistema de financiación autonómico, caducado desde el 1 de enero de 2014, con el fin de que los valencianos “reciban de una vez por todas la financiación justa que se merecen y que debería alcanzar al menos la media por habitante del conjunto de las comunidades”.

“No podemos seguir más así, tratados como ciudadanos españoles de segunda, condenados desde hace décadas a recibir menos recursos que la media”, ha señalado Soler, quien ha censurado que el Gobierno de Mariano Rajoy “otorga a la Comunitat Valenciana préstamos que cubren el déficit generado por la insuficiencia de recursos en vez de la financiación por derecho que sí transfiere a otros territorios”.

De los 3.223 millones que se tendrán que pagar en intereses el conseller detalla que “1.633 millones ya se han desembolsado desde 2012 a costa del presupuesto de la Generalitat y otros 1.272 millones se tendrán que abonar en los próximos diez años”. Añade también que “para colmo, a otros territorios que han podido cumplir con el techo de déficit porque disponen de más recursos que nosotros, el Gobierno les han mantenido el FLA al 0% de interés, algo que es una vergüenza”, ha recalcado.

“Todos los estudios científicos, incluidos los del propio Ministerio de Hacienda, revelan la gravísima infrafinanciación sufrida por la Comunitat Valenciana desde hace décadas que, según los cálculos se acercan o superan los 1.000 millones anuales pero que se mueve en torno a esta cifra. El último trabajo, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, se ha hecho público precisamente hoy [por domingo] y vuelve a certificar que la astronómica losa obedece a la insuficiencia financiera sufrida, que se mantiene actualmente después de que el presidente Mariano Rajoy haya incumplido su promesa de que habría nuevo modelo de financiación antes de finalizar 2017”, ha explicado Soler, para agregar que el IVIE “certifica la inviabilidad del modelo FLA e insta a reformar el sistema previa compensación por la infrafinanciación padecida”.

A la vista de todo ello, “¿a qué viene tanto alborozo por que le den a la Comunitat préstamos y no financiación por derecho? ¿Es que nos toman por tontos a los valencianos? Es una falta de respeto a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, que han dado muestras sobras de lealtad y que no quieren ser más que nadie pero tampoco menos. No lo podemos tolerar”, ha añadido el conseller.

“Los hooligan del FLA”

Por este motivo, Soler lamenta “que haya representantes institucionales valencianos que hayan optado por las siglas del partido en lugar de la defensa de los intereses de todos los valencianos y hayan optado por bajar los brazos”. “Solo así se entienden que aplaudan los préstamos que sustituyen a la financiación”, apunta. Vicent Soler ha recordado que el anterior conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, “pedía, aunque sin hacer mucho ruido para no molestar, financiación y no préstamos” pero ahora, como delegado del Gobierno en la Comunitat, “se ha convertido en un 'hooligan' del FLA y ya no habla de recibir los recursos que se merecen los valencianos por derecho”.

Para Soler, es “triste” que el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana “rinda pleitesía” al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, “al asumir el discurso de que los préstamos que han dado a los valencianos en lugar de la financiación que se merecen son un chollo”. “Que un representante valenciano se arrodille de esta forma ante el discurso básicamente injusto de Feijóo da mucha tristeza”, afirma Soler.

Pese a ello, el titular de Hacienda emplaza a todos los responsables públicos valencianos, “sin distinción de siglas, a hacer piña para exigir el cambio urgente del modelo y que se restituyan los derechos de los cinco millones de valencianos”. “Necesitamos la unidad de todas las fuerzas políticas, porque la social ya la tenemos. La gente está harta de que se ningunee a los valencianos y lo últimos que necesitamos es que haya quien palidezca en este momento que es crucial”, ha aseverado.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha asegurado este miércoles que los valencianos han tenido que pagar desde 2012 casi 2.000 millones de euros en intereses, 395 euros por cada ciudadano, por unos préstamos otorgados por el Gobierno a las comunidades autónomas “en lugar de la financiación justa que les corresponde”.

Soler ha reclamado al Gobierno central “hechos concretos y no palabras vacías como hasta ahora” para acometer de una vez por todas la reforma del sistema de financiación autonómico “caducado desde el 1 de enero de 2014 y que condena a los valencianos a ser los peor financiados de España”, según un comunicado de la Generalitat.

“Es indignante y muy difícil de encajar que venga alguien a levantar otra cortina de humo para quedar bien y a decir a los valencianos que nos aguantemos, cuando acaban de incumplir una promesa del presidente Rajoy, quien aseguró que antes de acabar 2017 habría una nueva financiación acordada”, ha lamentado Soler, en referencia a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Fórum Europa.

A su juicio, la “inacción del Gobierno” le cuesta cada día a los valencianos 3,6 millones de euros en infrafinanciación respecto a la media de las autonomías, “que es lo que vale edificar un colegio y un dinero con el que los valencianos podrían disfrutar de mejores servicios y más oportunidades”.

Ha recordado cómo el Gobierno “dilató varios meses la puesta en marcha de la Comisión Técnica para la reforma del modelo y ahora se está reuniendo pero sin avances ni concreciones”.

Tambien ha criticado el “insulto a la inteligencia de los valencianos” que pretende hacer el Gobierno “cuando presenta como una financiación adicional los supuestos ahorros en intereses de unos préstamos estatales que el Gobierno otorga a las comunidades y, particularmente, a la valenciana, en lugar de la financiación justa que le corresponde, porque no resuelve el problema de fondo”.

“No tiene sentido que el Gobierno nos dé la financiación como préstamos que tendremos que devolver, y encima con intereses, mientras a otras comunidades les da un dinero que no tienen que devolver y sin pagar intereses, ya que el Ejecutivo central, a las mal llamadas cumplidoras del techo de déficit, que lo son porque tienen más recursos, le da el FLA a interés cero”, ha criticado Soler.

Ha advertido que la Generalitat ha desembolsado a la Administración central 106 millones de euros en concepto de intereses por los préstamos estatales que recibe para cubrir la infrafinanciación, concretamente el FLA 2015 y 2016 y el Fondo Social.

En conjunto, y desde 2012, los préstamos otorgados por el Gobierno en sustitución de la financiación que sí reciben otras comunidades ha comportado que los valencianos “hayan tenido que pagar desde 2012 un total de 1.951,1 millones en concepto de intereses, teniendo en cuenta, además, que son préstamos que habrá que devolver”.

Del total, 1.633,3 millones de intereses corresponden a los mecanismos de liquidez -FLA, Plan de Pago a Proveedores y Fondo Social- y otros 317,8 son por las líneas ICO-CC AA en 2012.

Además, hasta el fin del periodo de estos préstamos del Estado, la Comunitat tendrá que abonar un total de 3.223,2 millones de euros, “que es, por ejemplo, tres veces el presupuesto de Igualdad y Políticas Inclusivas”.

“La situación de la Comunitat Valenciana es de una triple estafa. No solo no hay condonación, sino que nos están dando préstamos en vez de financiación; unos créditos que tendremos que devolver cuando otras comunidades reciben ese dinero por derecho y no lo deberán retornar; y para colmo, hemos de pagar intereses, con un tipo del 0,83 %, que es lo que le cuesta al Tesoro”, ha denunciado.

Según Soler, “no habría que abonar ni principal ni intereses si dispusiéramos de los mismos recursos que la media. El Gobierno no resuelve el problema de fondo, la infrafinanciación de todas las autonomías, que lleva a que algunas, como la valenciana, estemos viviendo de préstamos, y encima nos cuestan intereses”.

Los casi 2.000 millones en costes financieros abonados hasta la fecha suponen que cada valenciano haya tenido que “pagar” 395 euros, de forma que a cada familia media de cuatro miembros le ha supuesto 1.580 euros.

Ha recordado que el informe de los expertos a nivel nacional hecho público en el mes de julio pasado cifra en 16.000 millones de euros la insuficiencia de recursos que sufrieron las comunidades en el último año liquidado, que fue 2015.

“Hablar de condonación a la Comunitat por unos créditos que no tendría que existir es absolutamente falso y demagógico”, ha apuntado Soler.

Reforma “en el plazo más breve posible”

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha apostado “sin ningún tipo de duda” por reformar el sistema de financiación autonómica “en el plazo más breve que sea posible”, ha ratificado el compromiso del Gobierno con ese objetivo y ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios.

Montoro ha comparecido ante la Comisión de Hacienda del Congreso para dar cuenta de cómo está la reforma de la financiación y ha confiado en que su presencia sirva para dar un impulso al diálogo entre los partidos, como hace un año la Conferencia de Presidentes aceleró las negociaciones con las comunidades.

El Gobierno, ha dicho, asume la responsabilidad que le corresponde, y pide a la oposición que asuma igualmente la suya, convencido de que “no es momento de disputas”.

Así las cosas, ha insistido en transmitir “toda la voluntad” por parte del Ejecutivo en conseguir una reforma que dote a las comunidades de un modelo estable, fundamentado en la solidaridad, la suficiencia, la equidad, la transparencia, la corresponsabilidad fiscal y la garantía de acceso a los servicios públicos en función del coste efectivo de ellos.

El Gobierno valenciano realizará todas las actuaciones “que en la relación entre dos gobiernos se puedan” dar para reclamar al Ministerio de Hacienda el ingreso “inmediato” en las cuentas autonómicas de los 1.567 millones de euros de la liquidación de 2016. “Todas las que puedan ser, menos lo que dijo Fabra de bajarse los pantalones, que no se lo vamos a exigir al conseller porque es feo, todo lo demás lo va a hacer para conseguir el dinero”, ha dicho la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha asegurado: “Tienen que pagarnos y punto”.

Así se ha pronunciado la también portavoz del Consell en la rueda de prensa posterior al pleno, que ha aprobado este viernes el acuerdo para reclamar esta cantidad de dinero que el Estado tiene “retenido” durante dos años, un tiempo en el que “han estado jugando con los intereses”.

Preguntada sobre qué actuaciones concretas se contempla poner en marcha, Oltra ha indicado que “todas”, precisando que “normalmente” comienzan por el intercambio epistolar y acaban con “reuniones, llamadas telefónicas o presiones”. “Cualquier gestión encaminada a que nos paguen esos 1.500 millones de euros que son nuestros ya”, ha reiterado.

Ha subrayado que se trata de un dinero que corresponde a los valencianos una vez liquidado el ejercicio 2016 y la justificación del importe a recibir “ya está hecha”. “No se espere a julio, páguenos ya”, ha reiterado.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que el recorte en la financiación en términos de caja de la Comunitat Valenciana para este ejercicio, “decidido por el Ministerio de Hacienda de forma unilateral hasta que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, así como el incumplimiento de la promesa un nuevo sistema de financiación, no perjudiquen a los proveedores valencianos, además de asegurar la cobertura en la prestación de los servicios básicos de Sanidad, Educación y protección social de los valencianos y en el resto de funciones encomendadas”, señala la Generalitat.

Reducir las entregas del ministerio

El ministerio trasladó el pasado 2 de enero a la Generalitat su decisión de reducir en 353 millones las entregas a cuenta de la financiación de 2018 comunicadas en julio y que sirvieron para elaborar los presupuestos autonómicos de este año, alegando la situación de prórroga presupuestaria, una medida que supondrá una “minoración por el citado importe para hacer frente al pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del presupuesto de gastos” de la Generalitat.

El texto recuerda que, en la comunicación del 2 de enero en la que la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública trasladó el nuevo importe de las entregas a cuenta del ejercicio 2018, con una minoración de 353 millones, se hace constar que el importe de la liquidación del modelo de financiación correspondiente a 2016 “no sufre variación respecto a la comunicación recibida en el mes de julio de 2017” que los fijó en los citados 1.568 millones.

“Resulta prioritario para la Generalitat Valenciana -señala el acuerdo- que dicho importe pueda adelantarse atendida a la urgente necesidad y como medida paliativa, sin que haya ningún impedimento ni justificación para que el Ministerio retenga hasta el próximo mes de julio dicho importe”.

La Generalitat ha reclamado insistentemente en el pasado, tanto públicamente como en diversas reuniones, que la liquidación del modelo de financiación de dos años antes, en lugar de desembolsarse en julio de una vez, se calendarice durante el primer semestre de cada ejercicio, al menos en un porcentaje importante, con el fin de garantizar una gestión ordenada y planificada de la tesorería, máxime cuando en paralelo existe el compromiso de reducción de los plazos de pago a los proveedores.

Arbitrariedad del Gobierno

Mónica Oltra ha puesto como ejemplo de la “arbitrariedad” del Gobierno en la entrega de liquidaciones de ejercicios anteriores y de desembolso del FLA que en 2015 --“año electoral”, ha recordado-- llegaron a la Comunitat 2.646 millones en el primer semestre (2.146 por el FLA extraordinario y 500 por la liquidación), en 2016 llegaron en ese mismo periodo 1.363 millones por el FLA extraordinario y 581 de liquidación, lo que supone un total de 1.944 millones, y en 2017 “494 millones solo por la liquidación”.

Atendiendo a esa evolución, ha agregado, y “si atendemos a la amenaza de Montoro, las previsiones serían de 0 euros antes de julio, eso son datos objetivos, no una opinión o juicio de valor”, ha concluido.

El Consell ha aprobado este viernes un decreto ley mediante el cual se subroga la deuda financiera de Feria Valencia y de la Institución Ferial Alicantina (IFA) (más de 526 millones de euros en total) dentro del plan para refundar las entidades y relanzarlas en los mercados internacionales, de forma que recuperen su papel dinamizador y de captación de actividad e inversiones en la Comunitat Valenciana. “Se trata de sanear ambas instituciones después de la quiebra económica y moral en la que quedaron sumidas con los anteriores gobiernos autonómicos”, explicaba el conseller de Hacienda, Vicent Soler, quien ha apuntado que éstos son dos ejemplos más de la “herencia recibida” por la “irresponsabilidad” el PP.

La operación constituye el primer paso para acometer el proceso de saneamiento de Feria Valencia e IFA diseñado por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para transformar su modelo de gestión. El objetivo es que estas instituciones vuelvan a ser viables y útiles a la sociedad.

La subrogación supondrá la asunción de deuda financiera procedente de Feria Valencia por valor de 480,81 millones de euros y de deuda financiera proveniente de IFA por importe de 45,59 millones.

Esta asunción no computará como incremento del endeudamiento en las estadísticas de deuda que publica el Banco de España, ya que ambas instituciones feriales ya estaban clasificadas en términos de contabilidad nacional como unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana.

Desglose de la subrogación

Atendiendo al contenido del decreto ley aprobado hoy, en el caso de Feria Valencia, la Generalitat se subrogará en la deuda financiera contraída por la entidad para financiar las infraestructuras del “Plan de Modernización” suscrito en 2001, que asciende a 296,13 millones, y de la “Ampliación del Plan de Modernización” suscrito en 2004, por importe de 180,16 millones.

Finalmente, la Generalitat también se subrogara en la deuda financiera vinculada a la actividad ordinaria de Feria Valencia que asciende a 4,52 millones.

En el caso de IFA, la Generalitat asumirá deuda destinada a financiar el proyecto de ampliación de infraestructuras avalada por el IVF en 2005 por importe de 45,59 millones.

La Generalitat hubiera tenido que hacerse cargo igualmente de estas deudas en virtud de las obligaciones asumidas en el pasado por el anterior Consell, tanto directa como indirectamente, al comprometerse a pagar o avalar directamente los préstamos solicitados por Feria Valencia e IFA.

Un nuevo modelo de gestión

El decreto ley permite iniciar un proceso, cuya hoja de ruta ha sido “minuciosamente planificado” por el IVF, que contempla que la actividad de IFA y Feria Valencia sea gestionada por una o varias Sociedades Mixtas, en función de las ofertas que se presenten, que, dado el carácter de interés público de la actividad ferial, seguirían también las directrices de la Generalitat.

Esta sociedad en ningún caso estará clasificada como unidad integrante del Sector Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana, y en consecuencia, su eventual deuda y posible déficit no computarán en el balance de la Generalitat.

La reestructuración de IFA y Feria Valencia permitirá que ambas entidades mejoren sus perspectivas de generar recursos y sean autosuficientes en el ejercicio de actividad, de forma que sus posibles déficits no tendrán que ser cubiertos por la Generalitat.

Además, con el nuevo modelo de gestión, la Generalitat podrá obtener un mayor rendimiento de unas infraestructuras financiadas con fondos públicos que actualmente están infrautilizadas, así como recuperar el mayor volumen posible de fondos públicos invertidos ellas.

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha lamentat que el president del Govern, Mariano Rajoy, “un any més, ha transformat els 1.325 milions reivindicatius inclosos en el Pressupost de la Generalitat en ficticis”, en certificar-se aquest dijous oficialment “l'incompliment de la promesa que va fer a tots els presidents autonòmics al gener passat que abans que finalitzara 2017 hi hauria un acord per a engegar un nou model de finançament”.

Soler ha fet aquestes declaracions després de tenir coneixement del desenvolupament de la tercera reunió del Comitè Tècnic Permanent d'Avaluació del sistema de finançament autonòmic, celebrada a Madrid, en la qual s'ha constatat l'escassa voluntat del Govern central de “respondre a la paraula donada pel president”.

“Els valencians no som menys que ningú i no tenim per què tolerar que el Govern central ens tracte com a espanyols de segona, de manera que pretenga condemnar-nos a tenir uns serveis públics de pitjor qualitat que en la resta d'Espanya”, ha recalcat el responsable d'Hisenda.

El titular d'Hisenda ha explicat que, des de 2016, la Generalitat ha inclòs en els seus pressupostos una partida reivindicativa de 1.325 milions en considerar absolutament raonable i previsible que, per a llavors, transcorreguts dos anys des que l'actual sistema de finançament havia caducat, l'1 de gener de 2014, s'haguera engegat un nou model que corregira les deficiències de l'actual i posara fi a la discriminació que pateixen els valencians. Tal com està acreditat científicament i reitera l'últim Informe dels Experts, la Comunitat Valenciana pateix el pitjor finançament de totes les comunitats.

“Per a decepció dels valencians, el sistema de finançament no es va modificar en 2016 i, de nou, tampoc en 2017, la qual cosa suposa una penalització inadmissible cap als valencians al no poder comptar amb aqueixos 1.325 milions que ens permetrien rebre almenys els mateixos recursos que la mitjana de les autonomies”, ha constatat Soler.

Per si no fos prou, en el cas de l'exercici de 2017, existia el compromís del president del Govern en la Conferència de Presidents Autonòmics celebrada al gener que hi hauria un nou finançament. “Confiàvem en la paraula del president del Govern i en què, per fi, es corregiria la discriminació. No obstant açò, novament hem vist que no ha sigut capaç de fer realitat el seu compromís, sense que valguen de res les excuses polítiques. S'ha demostrat que sí hi ha diners per a altres qüestions”.

“Que Rajoy incomplisca la seua promesa als valencians que enguany hi hauria un nou finançament és el que convertirà els 1.325 milions en ficticis”, ha lamentat el conseller.

En aquest sentit, el conseller ha avançat que, davant aquestes circumstàncies, remetrà un escrit al Govern per a reclamar que, a la vista de l'incompliment de la promesa del president, s'habilite almenys un Fons Extraordinari de 1.325 milions per a la Comunitat Valenciana amb la finalitat de compensar i pal·liar la inexistència de nou model. La petició no seria exclusiva per a la Comunitat Valenciana i podria ser extensible a altres comunitats.

Unanimitat per a exigir que complisca el compromís

El responsable d'Hisenda ha mostrat la seua confiança en què tots els grups parlamentaris, especialment el PP, “exigisquen al cap de l'Executiu central una rectificació immediata i que realitze almenys aqueixa aportació extraordinària a favor de la Comunitat Valenciana”, així com que “treballen perquè el president del Govern no torne a incomplir el seu compromís i se li demanen comptes. La responsabilitat del succeït és de qui ha incomplit i tots sense excepció han que demanar-li comptes al president”.

“La Comunitat Valenciana és la pitjor finançada d'Espanya i, en general, les comunitats autònomes tenen greus problemes de sostenibilitat del deute. Açò, no és que ho diga la Generalitat, és que ho diuen tots els informes elaborats pels tècnics, inclosos els de el Ministeri d'Hisenda i organismes independents. Què més necessita el president del Govern per a afrontar el problema del finançament de les comunitats, que no és sinó el finançament de l'Estat de Benestar dels espanyols, la seua sanitat, educació i protecció social?”, ha manifestat Soler.

El conseller ha recordat que en els últims mesos el Govern ha demorat l'inici dels treballs de la Comissió Tècnica Permanent apel·lant a diferents pretextos, “mentre sí s'han anunciat acords que incrementen la bretxa del finançament entre unes comunitats i unes altres, la qual cosa significa que és fals que no hi haja diners per a solucionar aquest problema”.

“El que hi ha és una negativa a escometre aquestes reformes necessàries i, en el fons, una voluntat recentralitzadora que serà molt negativa per als ciutadans, ja que la major època de creixement i de redistribució de la riquesa generada en tot el territori ha vingut amb l'Espanya de les Autonomies”, ha explicat.

“Si el president del Govern té voluntat, encara és a temps perquè l'aportació extraordinària està plenament justificada amb els informes tècnics del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i amb l'Informe dels Experts presentat de juliol passat.

“Finançament per dret, no préstecs”

“Els valencians volem que el Govern ens done un finançament per dret, que no hàgem de retornar, com fa amb la resta de comunitats, i no préstecs que cal retornar amb interessos i que generen que el Pressupost de la Generalitat siga cada vegada més insostenible i ho distorsionen”, ha subratllat el titular d'Hisenda.

Soler ha revelat que la inclusió de la partida reivindicativa en els Pressupostos de la Generalitat “ha permès portar a la taula de les negociacions amb el Ministeri d'Hisenda la situació d'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, de manera que els representants ministerials han assumit la injustícia que pateixen els valencians, si bé, com a alternativa, no plantejaven una altra cosa més que l'exigència de retallades, al que ens hem negat des del primer moment”.

“El que no estem disposats a fer és el que succeïa abans, que l'equilibri pressupostari s'aconseguia unflant els ingressos de les partides previstes en el sistema i ocultant en el pressupost despeses reals, mentre s'aplicaven copagaments i retallades a les persones més vulnerables”, ha asseverat el conseller d'Hisenda.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “un año más, ha transformado los 1.325 millones reivindicativos incluidos en el Presupuesto de la Generalitat en ficticios”, al certificarse este jueves oficialmente “el incumplimiento de la promesa que hizo a todos los presidentes autonómicos en enero pasado de que antes de que finalizara 2017 habría un acuerdo para poner en marcha un nuevo modelo de financiación”.

Soler ha hecho estas declaraciones tras tener conocimiento del desarrollo de la tercera reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación autonómico, celebrada en Madrid, en la que se ha constatado la escasa voluntad del Gobierno central de “responder a la palabra dada por el presidente”.

“Los valencianos no somos menos que nadie y no tenemos por qué tolerar que el Gobierno central nos trate como españoles de segunda, de forma que pretenda condenarnos a tener unos servicios públicos de peor calidad que en el resto de España”, ha recalcado el responsable de Hacienda.

El titular de Hacienda ha explicado que, desde 2016, la Generalitat ha incluido en sus presupuestos una partida reivindicativa de 1.325 millones al considerar absolutamente razonable y previsible que, para entonces, transcurridos dos años desde que el actual sistema de financiación había caducado, el 1 de enero de 2014, se hubiera puesto en marcha un nuevo modelo que corrigiera las deficiencias del actual y pusiera fin a la discriminación que sufren los valencianos. Tal como está acreditado científicamente y reitera el último Informe de los Expertos, la Comunitat Valenciana sufre la peor financiación de todas las comunidades.

“Para decepción de los valencianos, el sistema de financiación no se modificó en 2016 y, de nuevo, tampoco en 2017, lo que supone una penalización inadmisible hacia los valencianos al no poder contar con esos 1.325 millones que nos permitirían recibir al menos los mismos recursos que la media de las autonomías”, ha constatado Soler.

A mayor abundamiento, en el caso del ejercicio de 2017, existía el compromiso del presidente del Gobierno en la Conferencia de Presidentes Autonómicos celebrada en enero de que habría una nueva financiación. “Confiábamos en la palabra del presidente del Gobierno y en que, por fin, se corregiría la discriminación. Sin embargo, nuevamente hemos visto que no ha sido capaz de hacer realidad su compromiso, sin que valgan de nada las excusas políticas. Se ha demostrado que sí hay dinero para otras cuestiones”.

“Que Rajoy incumpla su promesa a los valencianos de que este año habría una nueva financiación es lo que convertirá los 1.325 millones en ficticios”, ha lamentado el conseller.

En este sentido, el conseller ha avanzado que, ante estas circunstancias, remitirá un escrito al Gobierno para reclamar que, a la vista del incumplimiento de la promesa del presidente, se habilite al menos un Fondo Extraordinario de 1.325 millones para la Comunitat Valenciana con el fin de compensar y paliar la inexistencia de nuevo modelo. La petición no sería exclusiva para la Comunitat Valenciana y podría ser extensible a otras comunidades.

Unanimidad para exigir que cumpla el compromiso

El responsable de Hacienda ha mostrado su confianza en que todos los grupos parlamentarios, especialmente el que comparte siglas con el presidente del Gobierno, “exijan al jefe del Ejecutivo central una rectificación inmediata y que realice al menos esa aportación extrardinaria a favor de la Comunitat Valenciana”, así como que “trabajen para que el presidente del Gobierno no vuelva a incumplir su compromiso y se le pidan cuentas. La responsabilidad de lo sucedido es de quien ha incumplido y todos sin excepción han que pedirle cuentas al presidente”.

“La Comunitat Valenciana es la peor financiada de España y, en general, las comunidades autónomas tienen graves problemas de sostenibilidad de la deuda. Eso, no es que lo diga la Generalitat, es que lo dicen todos los informes elaborados por los técnicos, incluidos los del Ministerio de Hacienda y organismos independientes. ¿Qué más necesita el presidente del Gobierno para afrontar el problema de la financiación de las comunidades, que no es sino la financiación del Estado de Bienestar de los españoles, su sanidad, educación y protección social?”, ha manifestado Soler.

El conseller ha recordado que en los últimos meses el Gobierno ha demorado el inicio de los trabajos de la Comisión Técnica Permanente apelando a diferentes pretextos, “mientras sí se han anunciado acuerdos que incrementan la brecha de la financiación entre unas comunidades y otras, lo que significa que es falso que no haya dinero para solucionar este problema”.

“Lo que hay es una negativa a acometer estas reformas necesarias y, en el fondo, una voluntad recentralizadora que será muy negativa para los ciudadanos, ya que la mayor época de crecimiento y de redistribución de la riqueza generada en todo el territorio ha venido con la España de las Autonomías”, ha explicado.

“Si el presidente del Gobierno tiene voluntad, aún está a tiempo porque la aportación extraordinaria está plenamente justificada con los informes técnicos del Ministerio de Hacienda y Función Pública y con el Informe de los Expertos presentado de julio pasado.

“Financiación por derecho, no préstamos”

“Los valencianos queremos que el Gobierno nos dé una financiación por derecho, que no tengamos que devolver, como hace con el resto de comunidades, y no préstamos que hay que retornar con intereses y que generan que el Presupuesto de la Generalitat sea cada vez más insostenible y lo distorsionen”, ha subrayado el titular de Hacienda.

Soler ha revelado que la inclusión de la partida reivindicativa en los Presupuestos de la Generalitat “ha permitido llevar a la mesa de las negociaciones con el Ministerio de Hacienda la situación de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, de forma que los representantes ministeriales han asumido la injusticia que padecen los valencianos, si bien, como alternativa, no planteaban otra cosa más que la exigencia de recortes, a lo que nos hemos negado desde el primero momento”.

“Lo que no estamos dispuestos a hacer es lo que sucedía antes, que el equilibrio presupuestario se conseguía hinchando los ingresos de las partidas previstas en el sistema y ocultando en el presupuesto gastos reales, mientras se aplicaban copagos y recortes a las personas más vulnerables”, ha aseverado el conseller de Hacienda.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha respost l'exigència del Ministeri d'Hisenda que adopte mesurades abans del tancament del present exercici per l'eventual risc de desviació de la regla de despesa informant-li que ja ha acordat el tancament del Pressupost de la Generalitat de 2017 amb efectes des del 15 de desembre passat, de manera que qualsevol mesura en relació als ingressos o les despeses de l'exercici mancaria d'efectes, al mateix temps que li emplaça a aprovar amb urgència un nou model de finançament autonòmic, ja que el president del Govern es va comprometre en la Conferència de Presidents al fet que estaria abans de finalitzar enguany.

L'escrit de la Conselleria és resposta al rebut fa dies des de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en el qual s'indicava que ha apreciat una evolució que podria posar en risc el compliment de la regla de despesa de l'exercici 2017. En concret, s'atribueix a la Comunitat Valenciana una previsió d'augment de la despesa computable en l'exercici del 3,2%, enfront del sostre fixat pel ministeri per a totes les comunitats del 2,1%. Per açò, plantejava l'adopció de mesures “per a la seua correcció abans del tancament del present exercici”.

En l'escrit, s'informa el ministeri que, amb data d'1 de desembre passat, es va publicar l'ordre 16/2017, de 29 de novembre, del conseller d'Hisenda i Model Econòmic, mitjançant la qual s'ha decidit el tancament de l'exercici de 2017 amb data de 15 de desembre passat. Per açò, la conselleria entén que ja ha adoptat mesures i que qualsevol altra no tindria efecte algun, donada la data de comunicació i l'avançat de l'exercici, ja que solament suposaria deixar pendent d'aplicar a pressupost despesa ja realitzat en l'exercici. Tot seguit, afig: “L'única mesura efectiva per al compliment de les regles fiscals és l'aprovació d'un nou model de finançament, tal com es va determinar en la Conferència de Presidents celebrada al gener de 2017”.

La Conselleria insisteix en “la impossibilitat material” d`“adoptar en el moment actual mesures efectives” sobre aquest tema, al mateix temps que subratlla que “l'única mesura efectiva passa per l'aprovació amb caràcter d'urgència del nou model de finançament autonòmic”. En la missiva, el Consell veu “sorprenent” que el ministeri es dirigisca en aqueixos termes a la Comunitat Valenciana, “quan és coneguda la situació d'infrafinançament crònic de la Comunitat Valenciana, que ha suposat que, malgrat tenir una despesa mitjana inferior a la mitjana de les comunitats autònomes de règim comú (per no citar al finançament que disposa el País Basc i Navarra), haja generat engruixats dèficits, dèficits, que malgrat l'infrafinançament citat, s'han anat contenint en els últims exercicis”.

Engrandir la bretxa

El document recorda l'incompliment de la promesa del president del Govern perquè abans que acabe 2017 hi haja un acord de nou sistema de finançament, “quan si que s'han anunciat mesures de finançament que van a suposar un augment de la bretxa de finançament mitjana entre la Comunitat Valenciana i el conjunt de les comunitats autònomes”.

El Consell adverteix que, de l'ofici rebut “es dedueix que el Ministeri d'Hisenda considera adequat el nivell de prestació dels serveis competència de la Generalitat Valenciana malgrat gastar menys que la mitjana”. “Aquesta deducció no és compartida per la Comunitat Valenciana”, que tampoc comparteix que “l'aplicació de la regla de despesa relegue als ciutadans espanyols residents a la Comunitat Valenciana a gaudir d'uns serveis inferiors a la resta de ciutadans espanyols”. Una situació que “ha sigut àmpliament contrastada en els informes elaborats pels experts en matèria de finançament i àmpliament difosa els mitjans de comunicació”, segons sosté.

Amb tot, s'emfatitza que açò no vol dir que la Generalitat “no estiga compromesa amb el compliment dels objectius fiscals establits en la llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera”. “Així ho ha demostrat en els dos últims exercicis, però açò no pot condemnar la població de la Comunitat valenciana a mantenir una infradotació dels serveis als quals té dret”, s'afig.

En aquest sentit, des de la Conselleria s'adverteix que tant la regla de despesa com els límits de dèficit per a l'exercici s'imposen pel Ministeri de manera uniforme per a totes les comunitats autònomes sense tenir en compte la situació de partida de cadascuna. En el cas de la regla de despesa, s'aplica un topall com si totes les autonomies partiren del mateix nivell de despesa, quan, en el cas valencià, la Comunitat gasta menys de la mitjana i encara així genera dèficit, com a conseqüència de la insuficiència d'ingressos del model de finançament caducat des de l'1 de gener de 2014.

Un esforç superior

Per açò, en el cas de la Comunitat, en estar per sota de la mitjana, encara que eventualment el percentatge d'increment siga major que la mitjana, en termes reals no significa que el creixement de la despesa computable siga superior a la mitjana. En el cas del límit de dèficit succeeix el mateix, de manera que l'exigència del mateix nivell de dèficit per a uns ingressos inferiors a la mitjana suposa que s'està exigint a la Comunitat Valenciana un esforç superior a la resta. Qualsevol norma uniforme és més injusta i discriminatòria per a les comunitats autònomes que estan en pitjor situació, tant en finançament com en nivell de despesa.

Per açò, la Conselleria entén que s'està actuant de forma discriminatòria i penalitzant als valencians, atès que són els que compten amb els menors recursos per habitant, tal com han acreditat tots els experts consultats.

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha respondido a la exigencia del Ministerio de Hacienda de que adopte medidas antes del cierre del presente ejercicio por el eventual riesgo de desviación de la regla de gasto informándole de que ya ha acordado el cierre del Presupuesto de la Generalitat de 2017 con efectos desde el 15 de diciembre pasado, de forma que cualquier medida en relación a los ingresos o los gastos del ejercicio carecería de efectos, al tiempo que le emplaza a aprobar con urgencia un nuevo modelo de financiación autonómica, ya que el presidente del Gobierno se comprometió en la Conferencia de Presidentes a que estaría antes de finalizar este año.

El escrito de la Conselleria es respuesta al recibido hace días desde la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en el que se indicaba que ha apreciado una evolución que podría poner en riesgo el cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2017. En concreto, se atribuye a la Comunitat Valenciana una previsión de aumento del gasto computable en el ejercicio del 3,2%, frente al techo fijado por el ministerio para todas las comunidades del 2,1%. Por ello, planteaba la adopción de medidas “para su corrección antes del cierre del presente ejercicio”.

En el escrito, se informa al ministerio de que, con fecha de 1 de diciembre pasado, se publicó la orden 16/2017, de 29 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, mediante la que se ha decidido el cierre del ejercicio de 2017 con fecha de 15 de diciembre pasado. Por ello, la conselleria entiende que ya ha adoptado medidas y que cualquier otra no tendría efecto alguno, dada la fecha de comunicación y lo avanzado del ejercicio, ya que solo supondría dejar pendiente de aplicar a presupuesto gasto ya realizado en el ejercicio. Acto seguido, añade: “La única medida efectiva para el cumplimiento de las reglas fiscales es la aprobación de un nuevo modelo de financiación, tal como se determinó en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017”.

La Conselleria insiste en “la imposibilidad material” de “adoptar en el momento actual medidas efectivas” al respecto, al tiempo que subraya que “la única medida efectiva pasa por la aprobación con carácter de urgencia del nuevo modelo de financiación autonómica”. En la misiva, el Consell ve “asombroso” que el ministerio se dirija en esos términos a la Comunitat Valenciana, “cuando es conocida la situación de infrafinanciación crónica de la Comunitat Valenciana, que ha supuesto que, a pesar de tener un gasto promedio inferior a la media de las comunidades autónomas de régimen común (por no citar a la financiación que dispone el País Vasco y Navarra), haya generado abultados déficits, déficits, que a pesar de la infrafinanciación citada, se han ido conteniendo en los últimos ejercicios”.

Agrandar la brecha

El documento recuerda el incumplimiento de la promesa del presidente del Gobierno para que antes de que acabe 2017 haya un acuerdo de nuevo sistema de financiación, “cuando sí que se han anunciado medidas de financiación que van a suponer un aumento de la brecha de financiación promedio entre la Comunitat Valenciana y el conjunto de las comunidades autónomas”.

El Consell advierte de que, del oficio recibido “se deduce que el Ministerio de Hacienda considera adecuado el nivel de prestación de los servicios competencia de la Generalitat Valenciana a pesar de gastar menos que la media”. “Esta deducción no es compartida por la Comunitat Valenciana”, que tampoco comparte que “la aplicación de la regla de gasto relegue a los ciudadanos españoles residentes en la Comunitat Valenciana a disfrutar de unos servicios inferiores al resto de ciudadanos españoles”. Una situación que “ha sido ampliamente contrastada en los informes elaborados por los expertos en materia de financiación y ampliamente difundida los medios de comunicación”, según sostiene.

Con todo, se enfatiza que esto no quiere decir que la Generalitat “no esté comprometida con el cumplimiento de los objetivos fiscales establecidos en la ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. “Así lo ha demostrado en los dos últimos ejercicios, pero ello no puede condenar a la población de la Comunitat valenciana a mantener una infradotación de los servicios a los que tiene derecho”, se añade.

En este sentido, desde la Conselleria se advierte que tanto la regla de gasto como los límites de déficit para el ejercicio se imponen por el Ministerio de manera uniforme para todas las comunidades autónomas sin tener en cuenta la situación de partida de cada una. En el caso de la regla de gasto, se aplica un tope como si todas las autonomías partieran del mismo nivel de gasto, cuando, en el caso valenciano, la Comunitat gasta menos de la media y aún así genera déficit, como consecuencia de la insuficiencia de ingresos del modelo de financiación caducado desde el 1 de enero de 2014.

Un esfuerzo superior

Por ello, en el caso de la Comunitat, al estar por debajo de la media, aunque eventualmente el porcentaje de incremento sea mayor que la media, en términos reales no significa que el crecimiento del gasto computable sea superior a la media. En el caso del límite de déficit sucede lo mismo, de forma que la exigencia del mismo nivel de déficit para unos ingresos inferiores a la media supone que se está exigiendo a la Comunitat Valenciana un esfuerzo superior al resto. Cualquier norma uniforme es más injusta y discriminatoria para las comunidades autónomas que están en peor situación, tanto en financiación como en nivel de gasto.

Por ello, la Conselleria entiende que se está actuando de forma discriminatoria y penalizando a los valencianos, toda vez que son los que cuentan con los menores recursos por habitante, tal como han acreditado todos los expertos consultados.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha anunciado este miércoles que los servicios jurídicos de la Generalitat estudiarán fórmulas para que la multa del Tribunal de la Unión Europea de 19 millones de euros por el déficit de la Comunitat la paguen sus “responsables”, los gestores del PP en la Generalitat, y no los valencianos.

Soler ha señalado en los pasillos de las Corts que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya descontó “unilateralmente” en noviembre de 2016, de las entregas a cuenta por la financiación, el importe de esa multa, motivada por la “manipulación” de estadísticas del déficit entre 2008 y 2011, cuya sentencia ha sido ratificada y contra la que no cabe recurso.

El conseller ha recordado que el Gobierno valenciano de 2012 fue el que comunicó la existencia de un déficit no declarado de 1.900 millones de euros, por lo que esos gestores son “los responsables de este hecho inédito en la historia europea”, pues solo ha existido en Grecia otra sanción de estas características.

A su juicio, esto es “un paradigma” de la forma de actuar del PP, y por ello la Generalitat va a trabajar “a fondo” la sentencia, porque no quiere que los valencianos paguen ese importe, sino que haya “responsables concretos” de este “agujero negro”, que es “uno más de los muchos que dejó el PP” en una “ruina en diferido”.

El conseller no ha precisado cómo se articulará esa reclamación de responsabilidades, pero ha insistido en que el objetivo es evitar que sea el contribuyente valenciano el que pague ese importe, pues es “mucho dinero” y se debe a la “la mala gestión del PP”.

Práctica que arranca con Joan Lerma como president

El diputado autonómico del PP Rubén Ibáñez ha asegurado este miércoles que la práctica que ha sido multada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) arrancó en 1988, con el Gobierno del socialista Joan Lerma, siendo jefe de gabinete el president de la Generalitat Ximo Puig.

“Esto es una práctica que se venía realizando”, ha dicho Ibáñez, quien ha señalado que se trata de una práctica “absolutamente técnica” que hace la Intervención de la Generalitat y que “está ajena a cualquier intencionalidad política”.

También está ajena, según el parlamentario popular, “de cualquier mala fe” y ha destacado que el Gobierno de Alberto Fabra (PP) “puso fin a esto cuando tuvo conocimiento con el registro de facturas y las cuentas 409 y 411”, en las que hoy la Conselleria de Sanidad “tiene más de 1.100 millones en facturas pendientes de pagar”.

“Es algo que viene de hace muchísimos años, del gobierno socialista de Lerma”, ha insistido Ibáñez, quien ha señalado que también se culpa al Gobierno de que no informara al Euroestat de estas facturas.

El diputado del PP ha dicho que ahora no se puede hacer otra cosa que “acatar la resolución” del tribunal europeo, y sobre quién debe pagar la multa ha señalado que es algo que deben dirimir el Gobierno central y valenciano, aunque ha indicado que Soler dijo en sede parlamentaria que la Generalitat ya había adelantado el dinero.