A les 8.42 del matí del diumenge retrunyen entre els edificis de Benimaclet els ritmes de la rave de l'escombrera. El sinuós trajecte del so des dels bafles fins a l'oïda travessa horts i finques, nínxols del cementeri contigu i finestres obligatòriament tancades en setembre. Travessa finalment timpans. Tot molt emprenyador, però hui ho puc entendre gràcies a haver vist ahir la pel·lícula Sirât, ja que un dels personatges diu que la música rave és per a moure's, no per a escoltar. Si l'escoltem des de la llunyania, ens emprenyem amb els que estan dins del ritme.

Hui puc comprendre que els de la rave són ritmes per a ballar compulsivament tota la nit i saludar la falsedat del nou dia. No hi ha un nou dia. La convulsió dels moviments repetitius del tempo de la música de ball ens aboca a comparar-lo amb la divisió entre jornades laborals i caps de setmana festius. Ells ballen i nosaltres, els oients estàtics, treballem i, si podem, descansem. 

Tanmateix el ritme rave també revela el compàs del treball assalariat. Tots dos serveixen per a seguir movent una roda d’hàmster o altra. No són moviments que sostenen la percepció fins arribar a un clímax, sinó moviments quasi mecànics. En tot cas, el clímax seria la repetició o compulsió. Podríem adornar-ho i dir “el clímax és cada instant”, però no: seria maquillar una tragèdia i els personatges de Sirât no necessiten més maquillatge.

El mateix ritme emprenyador que encara se sent a Benimaclet a les 11.04 es pot sentir en el tren que travessa el desert magrebí de Sirât, pel·lícula premiada en el festival de Cannes i ara notícia per ser candidata als Oscar. Damunt del tren van unes cares desesperançades amb ulls inerts. Les seues galtes reboten pel sotragueig imparable dels travessers quasi ensorrats d'unes vies fèrries enmig del desert. Vies fèrries o despòtiques: el seu destí únic contrasta amb la infinitud de trajectòries possibles en el vast desert. 

Els protagonistes de Sirât –sols un d'ells és actor professional– volien triar les seues trajectòries entre les dunes i muntanyes del desert, però no podien… les vies els condueixen finalment a un destí o a una supervivència. Millor així. Els trajectes per lliure són massa perillosos i cal molta fe per a recórrer-los. 

Els trajectes per lliure són massa perillosos i cal molta fe per a recórrer-los

En un d'estos recorreguts, el director Oliver Laxe ha gravat la millor seqüència de pregària contemporània que recorde. En el 2025 continuem fent allò que hem fet majoritàriament els humans des que vam desenvolupar la capacitat de simbolitzar i pronosticar: pregar. 

I ací ho deixem per a evitar spoilers. Vegeu el batec dels bafles emmarcats en paisatges lliures, sentiu les entranyes desbotifarrades i pregueu. Jutgeu vosaltres mateixos si voleu escoltar o ballar. 

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha presentado a las principales asociaciones vecinales y entidades culturales de Benimaclet la propuesta completa y actualizada del proyecto del PAI de Benimaclet, que prevé un gran pulmón verde central de 30.000 m2 y la construcción de 1.345 viviendas de las que más de 400 serán vivienda de protección pública. “Se mantiene el 30% de viviendas protegidas para dar respuesta a la urgente necesidad de acceso a la vivienda de los habitantes del barrio y de Valencia”.

Giner ha informado a los representantes vecinales los avances de esta propuesta de regeneración del barrio presentada por la agrupación de interés urbanístico, que tendrá ahora que someterse a información pública e informes de los servicios municipales durante un plazo de 45 días y, una vez superado este trámite, deberá ser aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento. 

Además, tal y como ha detallado el concejal, la propuesta incluye también la creación de cuatro áreas de juegos infantiles repartidas por todo el ámbito, un anfiteatro natural y zonas para mascotas, incluidas en los más de 70.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevos equipamientos que dan respuesta a diversas demandas vecinales. 

El diseño presentado, ha explicado el edil de Urbanismo, “se ajusta a la directriz marcada por la actual concejalía de basarse en las premisas de los trabajos encargados por el gobierno municipal anterior al arquitecto José María Ezquiaga”. En esta línea, el proyecto mantiene la rebaja de altura de los edificios residenciales concentrando la edificabilidad en los extremos, para dar un protagonismo indiscutible al gran parque central equipado.

Al respecto, la asociación de vecinos de Benimaclet ha valorado positivamente estos encuentros entre administración y entidades sociales cara a encontrar puntos que permitan desarrollar un urbanismo menos lesivo para los intereses generales del vecindario del barrio y ha valorado también positivamente el compromiso por parte de la concejalía de seguir manteniendo las reuniones en el período próximo de exposición pública.

Sin embargo, se han mostrado “radicalmente en contra de que una de las parcelas destinadas a equipamiento público, sea destinada a viviendas sociales” ya que de llevarse a cabo sería ni más ni menos que una ampliación del porcentaje de edificabilidad de forma encubierta: “La propuesta vecinal es que en vez del reparto del 70% de renta libre y el 30% de protección pública, pase a ser el 60% de renta libre, 30% protegida y el 10% de vivienda social, siendo esta última ubicada en el porcentaje de edificabilidad ya previsto”.

También criticaron el que aún no se haya tenido en cuenta “la propuesta de las entidades de eliminar el viario perimetral del barrio consolidado entre las calles Diógenes López Mecho y Mistral”. Este viario perimetral permite “la circunvalación del barrio y se convierte en una barrera” entre el barrio y el gran parque central proyectado: “Queremos recuperar la conexión original entre el pueblo de Benimaclet y su huerta/parque. Queremos que la idiosincrasia del barrio de Benimaclet, con su envidiado Núcleo Histórico, quede conectada de forma natural y sin barreras de ningún tipo con el nuevo vecindario”, han expuesto.

En cambio, han aplaudido que se hayan tenido en cuenta las propuestas realizadas por las entidades vecinales en anteriores reuniones: “Conexiones viales a la Ronda Norte por calles Poeta Eduardo Buill y Fila Fonda, la peatonalización de la avenida de Valladolid desde calle Ingeniero Vicente Pichó hasta la Ronda Norte, la eliminación de las barreras de aparcamientos en superficie en el tramo de calles Lliri Blau y Mistral, para eliminar todo tipo de barreras entre el Núcleo Histórico de Benimaclet y el futuro parque, y el compromiso de ejecutar el equipamiento deportivo al mismo tiempo que se urbaniza, de esa manera el Sporting Club de fútbol Benimaclet y su escuela de fútbol podría ubicarse inmediatamente en los nuevos terrenos”.

Medio millar de personas han protestado este jueves ante la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia, en la plaza del Temple, por la infiltración de un agente de la Policía Nacional en colectivos vecinales y sociales del barrio de Benimaclet. La concentración ha sido convocada bajo el lema 'Espionatge sense escrúpols, solidaritat sense límits' (espionaje sin escrúpulos, solidaridad sin límites).

Los manifestantes, incluidas familias del barrio con críos pequeños, han coreado lemas como “Me cuida la vecina y no la Policía” o “No estamos todos, falta Ramón”, en referencia irónica a la identidad encubierta del agente infiltrado. La concentración ha ocupado todos los carriles situados frente a la plaza del Temple, dejando vía libre en uno de ellos al tráfico. Todo ante un fuerte cordón de seguridad, compuesto por una quincena de furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que rodeaba el edificio de la Delegación del Gobierno de Valencia.

Marta, una de las portavoces de la entidad Cuidem Benimaclet, ha reiterado la sensación de “traición” que reina entre el rico tejido asociativo del barrio. “Nos sentimos traicionados pero antes tampoco confiábamos en la Policía”, ha matizado.

La joven ha apostado por “continuar trabajando” en las luchas vecinales contra la especulación inmobiliaria, entre otras, y ha denunciado el golpe “a nivel emocional” que ha supuesto la infiltración del agente entre el círculo más cercano de amistades que cosechó. También ha anunciado que los colectivos del barrio están realizando un acompañamiento a los espiados. Carlos Marco, también de Cuidem Benimaclet, ha indicado que la Brigada de Información de la Policía Nacional es “heredera del franquismo”.

El 'topo', bajo la identidad encubierta de Ramón Martínez Hernández, aterrizó en marzo del 2020 en Benimaclet, un barrio situado al norte de la ciudad que concentra gran parte del activismo social y estudiantil de Valencia. Durante dos años forjó amistad con activistas sociales y se introdujo en Cuidem Benimaclet o en el Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L'Horta.

El agente de Policía, cuya actividad en labores de información destapó una investigación de La Directa, también participó en manifestaciones antifascistas y en la marcha de protesta por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se saldó con fuertes disturbios en el centro de Valencia.

Los colectivos espiados estudian, de momento, emprender acciones judiciales contra el agente infiltrado. La Universitat de València, por su parte, investiga la documentación con la que el policía se matriculó en el grado de Trabajo Social durante el curso 2020-2021.

Un agente de la Policía Nacional se infiltró en los movimientos sociales valencianos durante dos años, según ha destapado La Directa. A través de su participación en el movimiento vecinal, el policía logró meterse en el movimiento antifascista e incluso participó en las movilizaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, que se saldaron con fuertes disturbios en el centro de Valencia.

El infiltrado forma parte de la misma promoción de la Escuela de Policía de Ávila que los otros dos agentes detectados en el movimiento independentista y anarquista de Barcelona. Un año después de ser nombrado funcionario de policía, bajo la identidad encubierta de Ramón Martínez Hernández, el topo aterrizó en marzo del 2020 en el barrio de Benimaclet, que concentra gran parte del activismo social y estudiantil de Valencia.

El joven se presentó como oriundo de l'Hospitalet de Llobregat y empezó a participar en Cuidem Benimaclet, que agrupa a entidades del barrio y ha protagonizado las protestas vecinales contra el proyecto urbanístico que impulsa la constructora Metrovacesa. Las asambleas y actividades de Cuidem Benimaclet son públicas y se anuncian en redes sociales.

La investigación de La Directa ha logrado acreditar la identidad real del infiltrado mediante un informe pericial fisionómico. Durante el verano del 2020, el agente infiltrado se incorpora a tres colectivos del Centro Social Okupado y Anarquista (CSOA) L'Horta, a través de los cuales mantiene amistades en el entorno del barrio, donde todos los activistas se conocen en mayor o menor medida.

Matriculado en el grado de Trabajo Social de la facultad de Ciencias Sociales de la Universitat València, el policía participa en una protesta contra el desalojo del CSOA L'Horta el 14 de diciembre del 2020, tal como acreditan las fotografías de la protesta que movilizó a centenares de vecinos del barrio.

El 15 de enero del 2021, el agente participó en la ocupación de una inmobiliaria, en el marco de la campaña “La Sareb és nostra”, impulsada por la entidad Entre Barris.

El policía, según el semanario que ha destapado su infiltración, habría participado en acciones contra las vallas que perimetran el espacio en el que Metrovacesa pretende construir un proyecto urbanístico. El 2 de junio del 2021, durante una protesta vecinal contra el proyecto, algunos activistas tiraron de nuevo las vallas. La Brigada de Información de la Policía Nacional detuvo semanas después a varios activistas acusados de los presuntos delitos de daños y desórdenes públicos.

El infiltrado, según las fotografías publicadas, participó también en las movilizaciones contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Durante la segunda manifestación celebrada en Valencia, el 18 de febrero del 2021, algunos grupos se enfrentaron con los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que cargaron con contundencia a lo largo de toda la marcha.

Su última aparición pública documentada fue el 1 de mayo del 2021, mientras participaba como miembro del cordón de seguridad de la manifestación convocada por Acció Antifeixista de València. Meses después, en septiembre del 2021, acabó su labor de infiltración. A su entorno más cercano, le explicó que regresaba a Barcelona y que había solicitado el traslado de su expediente académico.

Los espiados denuncian la criminalización de la “disidencia política”

Los colectivos espiados han denunciado en un comunicado “la vulneración de los derechos fundamentales” que supone la infiltración del agente y acusan al Ministerio del Interior de utilizar “de manera continuada” esta práctica policial “para intentar desestabilizar y criminalizar la disidencia política”.

“Esta estrategia policial tiene como objetivo principal el control político de los movimientos de calle y utiliza toda una serie de mecanismos que sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado que se dice democrático”, agrega el comunicado.

Los colectivos, organizados de manera asamblearia, defienden que su trayectoria es “pública y conocida”. “Somos espacios abiertos, que hacemos barrio y hacemos comunidad”, añade. El comunicado también denuncia la “ilegalidad” de una infiltración que “no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez”.

“De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado, no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí que habrá servido para crear una larga lista de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información de la Policía Nacional (la policía política del Estado) en la ciudad de Valencia”, reza el comunicado.

Compromís y Unides Podem piden explicaciones a Interior

La portavoz de Unides Podem en las Corts Valencianes, Pilar Lima, ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno sobre los motivos por los que se decidió infiltrar a un agente de la Policía Nacional “en el movimiento vecinal y en los movimientos sociales de ciudad”. Marisa Saavedra, diputada de Unides Podem en el Congreso de los Diputados, ha registrado preguntas parlamentarias al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Compromís ha calificado como un “hecho gravísimo” la infiltración policial. “Creemos que la situación requiere la comparecencia en el parlamento del ministro Grande-Marlaska y así la hemos solicitado para que se produzca de manera inmediata”, ha asegurado el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví.

“No podemos entender que desde el Ministerio del Interior se propicie la infiltración policial en movimientos sociales, no podemos consentir este tipo de actuaciones en una democracia”, ha añadido Baldoví.

Por su parte, la síndica de Compromís en las Corts Valencianes y vecina de Benimaclet, Papi Robles, ha calificado estas prácticas de “oscuras y antidemocráticas”. Para Robles “la policía tiene que garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas y no jugar a espías dentro de los movimientos sociales con dinero público”. “Exigimos responsabilidades al gobierno central por esta inaceptable actuación”, ha agregado.

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha registrado este lunes una batería de preguntas y peticiones de comparecencia en Senado ante el “nuevo escándalo” por la infiltración en València de un “topo policial” en movimientos vecinales y la Universitat de València.

Agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil investigan a un teniente coronel interventor de las Fuerzas Armadas asignado al cuartel del barrio de Benimaclet en València por presuntos contratos irregulares de obras en diversas dependencias y compra de material, según ha averiguado elDario.es.

Los efectivos del SAI han irrumpido este lunes en el mencionado cuartel y han realizado un registro para analizar diversa documentación relacionada con la gestión económica. También han registrado el domicilio particular del teniente coronel.

La investigación se está llevando desde el juzgado de instrucción número tres de València y fuentes oficiales de la Guardia Civil han confirmado que está declarada secreta.

Según han informado fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGV) a este diario, el investigado llevaba unos 16 años controlando prácticamente todos los gastos y adjudicaciones en la Comunitat Valenciana: “Es la persona que manejaba todo el dinero, cualquier gasto pasaba por él porque era el que tenía que dar el visto bueno, ya sea a nivel de adjudicaciones de obras o de dietas”.

La organización ha criticado que en los últimos meses se ha restringido de una forma drástica la información en relación con los gastos de la Guardia Civil en la Comunitat Valenciana.

El Servicio de Asuntos Internos tiene como misión investigar las conductas contrarias a la ética profesional del personal destinado en la Dirección General de la Guardia Civil.

La asociación de vecinos de Benimaclet ha presentado un proyecto alternativo al Plan de Actuación Integrado (PAI) de Benimaclet que promueve Metrovacesa.

La entidad vecinal ha asegurado que se trata de un proyecto alternativo y viable, desarrollado con la participación vecinal y equipos de arquitectura: “Es un proyecto valiente que apuesta por una verdadera transición huerta-ciudad; esperamos también valentía por parte de nuestro gobierno municipal”.

Tal y como informó eldiario.es, la promotora presentó a principios de año al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo.

Su proyecto implica la construcción la construcción de 1.345 viviendas, un 30% protegidas y un 10% sociales, además de zonas verdes y equipamientos.

Sin embargo, la entidad vecinal ha presentado un plan totalmente renovado cuya principal novedad supone la conexión de la huerta con el barrio mediante un corredor verde que implicaría el soterramiento de parte de la ronda norte.

En concreto, plantea un tramo subterráneo entre los caminos de Farinós y de las Fuentes: “Esta operación tiene un coste estimado de 15 millones de euros que podría ser compartido por las tres administraciones públicas (local, autonómica y central) como medida correctora del impacto ambiental, puesto que la ronda tiene carácter de infraestructura metropolitana y fue hecha por el Ministerio de Fomento”, reza el proyecto vecinal.

De esta forma, en superficie se propone “la reconstrucción de los terrenos sobre el paso inferior de la ronda recuperando la cota de huerta así como el parcelario y la red de acequias de alimentación y drenaje originales; un bosque perimetral en la ciudad como filtro visual y protección ambiental frente a los tramos de la ronda que restan en superficie”.

Además, supondría “la recuperación del trazado histórico de los caminos de las Fuentes y de Farinós, a través de los cuales ciudad y huerta vuelven a conectarse”.

Con el proyecto vecinal, “la edificación, reducida a un tercio de la fijada en el Plan General, se concentra en los extremos, las equipaciones se situarían también a los extremos, para liberar el espacio central, que vuelve a ser huerta”.

El documento apuesta por la desclasificación total de los terrenos para que sea el Ayuntamiento el que ejerza la gestión directa de la urbanización, lo que consideran que tendría un coste de 11,5 de euros, tal y como documentó un estudio de la Universitat de València. En caso contrario, exigen que la edificabilidad actual se reduzca entre un 25% y un 40%.

Según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.

Las dos entidades vecinales más representativas del barrio valenciano de Benimaclet se han plantado contra la residencia de estudiantes que pretende construir la promotora Momentum Real Estate entre el cementerio de Benimaclet y la actual autovía V-21, en el espacio que ocupa una antigua fábrica de leche, ahora en estado de ruina, rodeado de huerta protegida.

La residencia tendría unas 600 plazas e implicaría la construcción de ocho edificios de planta baja más cuatro alturas con una superficie de 19.000 metros cuadrados en la mencionada parcela que actualmente está calificada como suelo industrial.

Tanto la asociación de vecinos de Benimaclet como la plataforma Cuidem Benimaclet han remitido de forma conjunta un escrito de alegaciones mostrando su rechazo al proyecto tanto al Ayuntamiento de València como a la Conselleria de Emergencia Climática.

La propuesta de los promotores requiere de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para asignarle unos nuevos usos al suelo, actualmente industrial y que pasaría a calificarse como residencial comunitario, dotacional educativo y dotacional sociocultural.

Actualmente, esta modificación se encuentra en fase de inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, en plazo de consulta a las administraciones públicas afectadas y público interesado por parte de la Conselleria de Emergencia Climática.

Pese a que en estos momentos no hay abierto ningún plazo de exposición pública, al menos a nivel municipal, desde las entidades vecinales han explicado que han querido dejar constancia de su rechazo al proyecto: “El expediente presentado por la promotora sugería que no se abriera plazo de alegaciones, por lo que hemos querido dejar por escrito nuestra postura en ambas administraciones”, han explicado.

Con todo, fuentes municipales han explicado que por la parte del Ayuntamiento habrá una fase de exposición pública en el momento en el momento en el que se proceda a realizar la modificación del PGOU, “como se hace con todas los cambios del plan general que se tramitan”.

Precisamente, la calificación que otorga ese PGOU al suelo en el que se pretende ubicar la residencia es uno de los principales argumentos de oposición vecinal.

Según detallan en su escrito, “la parcela objeto de cambio de uso está clasificada al PGOU como suelo urbano de uso industrial, pero atendiendo a aquello dispuesto a la ya citada Ley del Suelo, los terrenos no han adquirido en ningún momento la condición jurídica de solar y se encuentran en situación básica de suelo rural; visto que su urbanización no se ha producido 30 años después de la aprobación del PGOU y que los accesos a la parcela y sus frentes se encuentran sin urbanizar y conectados con los caminos de su enclave rural, resulta razonable cuestionar si la clasificación de suelo urbano es la más idónea para la parcela o si en cambio, como en el presente texto se propone, se evidencia la necesidad de cambiar la clasificación del suelo a no urbanizable y mantener el carácter rural que presenta a día de hoy”.

Además, destacan que “la parcela está rodeada de suelo no urbanizable protegido, calificado por el Plan de Acción Territorial de l'Horta de València, aprobado por Decreto 219/2018 de 30 de noviembre del Consell, como Huerta de Protección Especial Grado 1”.

Por estos motivos, exigen que no se apruebe la modificación puntual del PGOU que pretende cambiar el uso de la parcela mencionada de urbana para uso industrial a urbana para uso residencial comunitario y que se abra un periodo de reflexión e intercambio de propuestas con las entidades vecinales para establecer todos juntos (Administración y ciudadanía) qué sería la afectación más oportuna.

Tal y como informó eldiario.es, el alacalde de València, Joan Ribó, condicionó el proyecto a una rebaja de las alturas de los edificios y a que existiera el mayor consenso posible con las entidades vecinales.

Ribó informó a los promotores recientemente de la Estrategia Integral Participativa de Benimaclet, aprobada en pleno en abril de 2018, en la que una de las líneas de actuación plantea recuperar como mínimo dos tercios de huerta de esta parcela.

El alcalde puso también como condición para la modificación del PGOU en el entorno de la Alquería Serra (antigua lechera El Prado) que se aumente el espacio reservado para huerta.

Una nueva residencia de estudiantes de unas 600 plazas que implicará la construcción de ocho edificios en plena huerta de Vera, entre el cementerio de Benimaclet y la actual autovía V-21, en el espacio que ocupa una antigua fábrica de leche, ahora en estado de ruina.

Este es el proyecto al que se opone la Asociación Vecinal de Benimaclet, tras tener constancia que el Ayuntamiento de València ha remitido a la Generalitat Valenciana el expediente de modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbano (PGOU) que tiene por objeto el cambio de uso dominante del suelo para que pase de industrial a residencial comunitario.

Al respecto, fuentes de la Concejalía de Desarrollo Urbano han explicado que la delegación tan solo se limita a trasladar a las consellerias competentes de la Generalitat el trámite del cambio de uso del suelo.

Además, han recordado que se trata de un suelo industrial que no se catalogó como protegido dentro del Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta y que es de propiedad privada, por lo que cualquier reversión pasaría por una indemnización a la propiedad.

En concreto se trata del solar situado en la calle Alquería de Serra, 131, y según la entidad vecinal está a expensas de que la Conselleria de Emergència Climática le dé el visto bueno si el cambio de uso y el proyecto cumplen la normativa ambiental.

“Esta modificación es el primer paso de un proceso que, si no se pone remedio, acabará autorizando la construcción de una residencia de estudiantes con una edificabilidad de 19.000 metros cuadrados”, explican desde la organización vecinal.

Las mismas fuentes aseguran que el expediente entró en la Generalitat el pasado mas de noviembre: “El proyecto lo promueve Momentum Real Estate, que representa los intereses de HMC-Europa Real Estate, un fondo de capital riesgo norteamericano”, explican.

Además, denuncian que la compañía pretende conseguir la aprobación del expediente “obviando la consulta pública”.

La entidad vecinal considera este hecho “gravísimo”, puesto que “ignora la propuesta al respecto del proceso participativo 'Benimaclet es Futuro'; un documento fruto de un proceso promovido por el mismo Ayuntamiento y aprobado sin ningún voto en contra en el pleno municipal celebrado el 26 de abril del 2018, en el cual se propone que la parcela en cuestión pase a ser catalogada como suelo no urbanizable protegido”.

Incluso, en el mismo documento 'Benimaclet es Futuro' aseguran que se sugiere una alternativa: acogerse a la filosofía del Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta cuando habla de las zonas de recuperación de huerta.

“Se trata de terrenos en suelo no urbanizable, con construcciones en situación de ruina, donde se permitirá la consolidación de las edificaciones si al menos 2/3 de los terrenos se recuperan para su uso agrícola. Esta solución permitiría establecer un uso diferente del industrial, como es el dotacional, en un tercio de la superficie de los terrenos”, afirma la asociación.

Además, aseguran que tiene la ventaja de que también permitiría recuperar los restos actuales, puesto que tienen cierto valor para ser un buen ejemplo de arquitectura industrial moderna.

En todo caso, consideran que la catalogación de la parcela (entonces ocupada por la central lechera El Prado) como urbana de uso industrial en el PGOU de 1988 fue un “grave error”.

Dado que es una isla en medio de terrenos clasificados como suelo no urbanizable protegido y junto a la Alquería de Serra y el cementerio (ambos Bienes de Relevancia Local), “la opción más lógica habría sido dejarla fuera de ordenación; así volvería a ser agrícola una vez cesada la actividad. Esta opción era la única compatible con la protección del paisaje de l'Horta Nord puesto que cualquier construcción en esa zona provoca un importantísimo impacto visual”.

La organización vecinal lamenta que además, “lo más irritante del nuevo proyecto es que, como coartada, se incluye la rehabilitación de la Alquería de Serra, que albergaría oficinas de la residencia de estudiantes y centro de exposiciones y de interpretación de l'Horta: interpretación de un entorno de incalculable valor que se está destruyendo inexorablemente año tras año, palmo a palmo”.

La asociación recuerda que en el último medio siglo l'Horta metropolitana de València se ha visto reducida en un 40%.

Una residència d’estudiants nova d’unes 600 places que implicarà la construcció de huit edificis en plena horta de Vera, entre el cementeri de Benimaclet i l’actual autovia V-21, en l’espai que ocupa una antiga fàbrica de llet, ara en estat de ruïna.

Aquest és el projecte a què s’oposa l’Associació Veïnal de Benimaclet, després de tindre constància que l’Ajuntament de València ha remés a la Generalitat Valenciana l’expedient de modificació puntual del pla general d’ordenació urbana (PGOU) que té per objecte el canvi d’ús dominant del sòl perquè passe d’industrial a residencial comunitari.

Sobre aquest tema, fonts de la Regidoria de Desenvolupament Urbà han explicat que la delegació tan sols es limita a traslladar a les conselleries competents de la Generalitat el tràmit del canvi d’ús del sòl.

A més, han recordat que es tracta d’un sòl industrial que no es va catalogar com a protegit dins del Pla d’Acció Territorial (PAT) de l’Horta i que és de propietat privada, per la qual cosa qualsevol reversió passaria per una indemnització a la propietat.

En concret es tracta del solar situat al carrer de l’Alqueria de Serra, 131, i segons l’entitat veïnal està pendent que la Conselleria d’Emergència Climàtica hi done el vistiplau si el canvi d’ús i el projecte compleixen la normativa ambiental.

“Aquesta modificació és el primer pas d’un procés que, si no s’hi posa remei, acabarà autoritzant la construcció d’una residència d’estudiants amb una edificabilitat de 19.000 metres quadrats”, expliquen des de l’organització veïnal.

Les mateixes fonts asseguren que l’expedient va entrar en la Generalitat el mes de novembre passat: “El projecte el promou Momentum Real State, que representa els interessos d’HMC-Europa Real State, un fons de capital de risc nord-americà”, expliquen.

A més, denuncien que la companyia pretén aconseguir l’aprovació de l’expedient “obviant la consulta pública”.

L’entitat veïnal considera aquest fet “gravíssim”, ja que “ignora la proposta pel que fa al procés participatiu ‘Benimaclet és Futur’; un document fruit d’un procés promogut per l’Ajuntament mateix i aprovat sense cap vot en contra en el ple municipal celebrat el 26 d’abril de 2018, en què es proposa que la parcel·la en qüestió passe a ser catalogada com a sòl no urbanitzable protegit”.

Fins i tot, en el mateix document ‘Benimaclet és Futur’ asseguren que se suggereix una alternativa: acollir-se a la filosofia del Pla d’Acció Territorial (PAT) de l’Horta quan parla de les zones de recuperació d’horta.

“Es tracta de terrenys en sòl no urbanitzable, amb construccions en situació de ruïna, on es permetrà la consolidació de les edificacions si almenys 2/3 dels terrenys es recuperen per a l’ús agrícola. Aquesta solució permetria establir un ús diferent de l’industrial, com és el dotacional, en un terç de la superfície dels terrenys”, afirma l’associació.

A més, asseguren que té l’avantatge que també permetria recuperar les restes actuals, ja que tenen cert valor per a ser un bon exemple d’arquitectura industrial moderna.

En tot cas, consideren que la catalogació de la parcel·la (llavors ocupada per la central lletera El Prado) com a urbana d’ús industrial en el PGOU del 1988 va ser un “error greu”.

Com que és una illa enmig de terrenys classificats com a sòl no urbanitzable protegit i al costat de l’alqueria de Serra i el cementeri (tots dos Béns de Rellevància Local), “l’opció més lògica hauria sigut deixar-la fora d’ordenació; així tornaria a ser agrícola una vegada cessada l’activitat. Aquesta opció era l’única compatible amb la protecció del paisatge de l’Horta Nord, ja que qualsevol construcció en aqueixa zona provoca un impacte visual importantíssim”.

L’organització veïnal lamenta que, a més, “la cosa més irritant del nou projecte és que, com a coartada, s’hi inclou la rehabilitació de l’alqueria de Serra, que acolliria oficines de la residència d’estudiants i centre d’exposicions i d’interpretació de l’horta: interpretació d’un entorn de valor incalculable que està destruint-se inexorablement any rere any, pam a pam”.

L’associació recorda que en l’últim mig segle l’horta metropolitana de València s’ha reduït en un 40%.

El suelo destinado al Plan de Actuación Integral (PAI) del barrio de Benimaclet no se desclasificará para evitar la construcción de las 1.354 viviendas previstas en el sector, un 30% protegidas y un 10% sociales.

Entidades vecinales y sociales de Benimaclet y de otros barrios como Orriols o la Malvarrosa, además de la Federación de Vecinos de València, salieron a la calle a finales de enero para exigir la paralización y revisión del PAI proyectado por Metrovacesa, promotora que ya ha presentado al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo y que prevé el inicio de las obras sin reducir la edificabilidad en 2021.

Sin embargo, el alcalde de València, Joan Ribó, ha recordado en primer lugar que en 2018 se aprobó la Ley de Protección de Huerta y que el ámbito del plan urbanístico no está incluido en ella.

En segundo lugar ha afirmado que lo que no pueden hacer es “dedicar todos los recursos del Ayuntamiento o una parte importante de ellos a un barrio dterminado” puesto que la desclasificación de los terrenos implicaría “unos costes importantes”.

Ribó ha añadido que, pese a todo, van a hablar con Metrovacesa y estudiar “cómo mejorar el proyecto”.

La promotora cuenta con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad aprobado en su momento por el anterior Gobierno municipal del PP, por lo que cualquier reducción en este sentido puede tener consecuencias económicas para las arcas públicas.

Tal y como informó eldiario.es, según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.

Sin embargo, otro estudio elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de la asociación de vecinos de Benimaclet y de Cuidem Benimaclet cifra el coste de desclasificación del suelo en 11,5 millones de euros.

Entidades vecinales y sociales de Benimaclet y de otros barrios como Orriols o la Malvarrosa, además de la Federación de Vecinos de València, salieron a la calle este domingo para exigir la paralización y revisión del Plan de Actuación Integrado (PAI) proyectado por Metrovacesa, el cual prevé la construcción de 1.345 viviendas, un 30% protegidas y un 10% sociales.

Un día después de la protesta, el alcalde de València, Joan Ribó, acompañado de la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, afirmó que el Ayuntamiento está en “fase de estudio” del PAI de Benimaclet y que se verá cómo se puede reducir y “acoplar a la situación actual”. Ribó consideró que el proyecto inicial “es muy fuerte, demasiado elevado”, en referencia al número de viviendas proyectado.

Sin embargo, la promotora cuenta con unos derechos adquiridos en forma de metros cuadrados de edificabilidad aprobado en su momento por el anterior Gobierno municipal del PP, por lo que cualquier reducción en este sentido puede tener consecuencias económicas para las arcas públicas.

El responsable municipal ha comentado que el objetivo de su ejecutivo es, “de alguna manera, ver las consecuencias tanto urbanísticas como económicas de todas las posibilidades” que se plantean respecto a esta intervención urbanística.

Y es que, tal y como informó eldiario.es, según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.

Sin embargo, otro estudio elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de la asociación de vecinos de Benimaclet y de Cuidem Benimaclet cifra el coste de desclasificación del suelo en 11,5 millones de euros.

En este sentido, Ribó ha comentado que analizarán ambos estudios para ver dónde están las diferencias, puesto que las cifras económicas de ambos documentos son muy diferentes.

Por su parte, Metrovacesa, promotora del proyecto, ya ha presentado al Ayuntamiento la documentación para constituirse en agrupación de interés urbanístico al poseer más del 50% de la propiedad del suelo.

Una vez revisada y comprobada su validez, se dará de alta en el registro municipal de agrupaciones de interés urbanístico, momento en el que podrán presentar una alternativa técnica del PAI con un planeamiento que deberá someterse al correspondiente proceso de evaluación ambiental.

Reclasificar el suelo del barrio valenciano de Benimaclet donde está proyectado el PAI Benimaclet Este para así “poner el contador a cero” y que no se edifiquen viviendas tendría un coste para el Ayuntamiento de València de 11'5 millones de euros, según un informe de la Universidad.

La otra posibilidad sería, si se optara por urbanizar la zona, que se edificara solo un tercio o un cuarto (entre el 25 y el 40 %) de lo previsto inicialmente, lo que implicaría pasar de las 1.345 viviendas que proyecta Metrovacesa a unas 350 viviendas, pues con estas ya habría un “generoso beneficio empresarial para los promotores”.

El estudio, que se ha presentado este jueves, ha sido elaborado por tres profesores del Departamento de Derecho Administrativo de la Universitat de València y un profesor de la Universitat Politècnica de València a petición de dos colectivos del barrio, la asociación vecinal y Cuidem Benimaclet.

El profesor de la UV Andrés Boix ha señalado que jurídicamente no hay “ningún problema” para cambiar la clasificación de esos terrenos, lo que conllevaría a las arcas públicas un coste de 11'5 millones (resultante de restar a los 14'3 millones de las expropiaciones de la Ronda Norte 2'8 millones de beneficios de operaciones urbanísticas en este sector).

En ese cantidad no figuraría una indemnización a Metrovacesa, o una “muy reducida”, pues lo único que han hecho hasta ahora ha sido el proyecto que han presentado al Ayuntamiento, según los autores del estudio, que han precisado que, para reducir la edificabilidad, habría que revisar el PGOU de València.

Estas cifras contrastan con las que maneja un informe del Ayuntamiento de València según el cual, la no ejecución del plan urbanístico arrojaría un coste económico para la administración cercano a los 20 millones de euros.

Boix ha señalado que se tiene la oportunidad de “hacer las cosas bien”, como se hizo con el viejo cauce del Turia o con la Fachada marítima de València, y “salvar” en Benimaclet la conexión de la huerta con la ciudad, y ha animado “repensar” el modelo de ciudad que se quiere para el futuro.

Además, ha abogado por recuperar el protagonismo público sobre los procesos de urbanización, con una gestión directa y una recuperación efectiva por parte de los poderes públicos de cómo se diseña la ciudad y dónde y cómo se construye, algo que en las últimas tres décadas se ha dejado en manos privadas.

También ha hecho hincapié en que no existe necesidad de tantas viviendas, pues cuando se hizo el PGOU de València de 1989 se estimó que la ciudad contaría en 30 o 40 años con 300.000 habitantes más, pero en tres décadas ha crecido en 10.000 personas y la mayoría de bolsas de suelo no se han desarrollado.

La Asociación vecinal de Benimaclet defiende que se haga el PAI de Benimaclet pero con una edificabilidad menor y con una gestión directa de la Administración, y Cuidem Benimaclet aboga por la desclasificación y que no se construyan viviendas, si bien ambas van de la mano en la defensa del barrio.

Han explicado que ayer se reunieron con el vicealcalde Sergi Campillo, quien ha pedido tiempo para estudiar los documentos que le entregaron y se ha comprometido a hablar con el equipo de gobierno local, y han señalado que están a la espera de que les “abran la puerta” del departamento de Urbanismo.

“El conjunto de los aprovechamientos subjetivos reservados a favor de propietarios en el Sector Benimaclet ascendería a aproximadamente 40.740,80 metros cuadrados, para cuya valoración económica debería multiplicarse por el valor de repercusión del suelo sin urbanizar -dado que la urbanización se encuentran pendiente de ejecutar-, lo que a valores actuales de mercado en la ciudad de València arrojaría un coste económico para la administración cercano a los 20 millones de euros”.

Así reza el informe redactado el pasado mes de enero por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València al que ha tenido acceso eldiario.es, sobre la posibilidad de dejar sin efecto el Plan de Actuación Integrada (PAI) de Benimaclet.

El proyecto prevé la construcción de 1.345 viviendas de las que un 30% (403) serán de Protección Pública y un 10% (134) destinada a vivienda social para colectivos con más problemas de acceso, como personas mayores, jóvenes o familias con rentas bajas.

El plan generó rechazo entre los colectivos vecinales, pero también en el seno del equipo de Gobierno municipal. Así, Compromís abogaba por reducir las alturas de las torres y estudiar un descenso de la edificabilidad, mientras València en Comú pide que se contemple la reversión total del proyecto, algo a lo que se oponía el PSPV al considerar que supondría indemnizaciones de coste incalculable.

Por su parte, la asociación de vecinos de Benimaclet, consciente de la dificultad de dejar sin efecto los derechos urbanísticos de los propietarios del suelo y de que todo este proceso retrasaría años la ejecución de las dotaciones que incluye el PAI, solicita una reducción de la edificabilidad, con un tope de unas 1.000 viviendas.

En definitiva, piden el cumplimiento del proyecto 'Benimaclet és Futur' que entre otras cosas prevé incrementar las zonas verdes de 17.000 a 80.000 metros cuadrados y mantener los huertos urbanos.

Por su parte, la asociación Cuidem Benimaclet apoya la teoría de València en Comú, plataforma vinculada a Podemos, y exige la desclasificación del PAI y la eliminación de toda la edificabilidad para redactar un nuevo plan más sostenible.

Sin embargo, según el informe, existen dos conceptos respecto de los cuales se considera “muy alto el riesgo de ser estimada la obligación de indemnizar por responsabilidad patrimonial de la administración”.

El primero de ellos, responde a “los gastos derivados de la formulación de todo tipo de instrumentos urbanísticos -de programación, planeamiento y gestión- que hubieran resultado útiles para el desarrollo del sector, y que devengan inútiles como consecuencia de su desclasificación”.

El segundo se refiere “al aprovechamiento subjetivo que fue objeto de reserva a favor de sus propietarios, con motivo de la cesión gratuita a la administración de los correspondientes suelos dotacionales públicos para permitir su ejecución anticipada, como sucedió en el caso de los terrenos dotacionales cedidos para la ejecución de los huertos urbanos y de la Ronda Norte, que en su conjunto ascienden a más de 40.000 metros cudrados”.

Por este motivo, el Ayuntamiento decidirá próximamente si inicia negociaciones con los propietarios de los terrenos para tratar de reducir la edificabilidad

Nuevo choque entre los socios del Govern de la Nau. Tras los desecuentros protagonizados a cuenta del PAI del Grao y de la solución para el bloque de Portuarios del Cabanyal, se ha producido una nueva fractura por el proyecto urbanístico presentado recientemente por Metrovacesa para Benimaclet.

El Plan de Actuación Integrado (PAI) fue objeto de críticas por parte de la asociación de vecinos de Benimaclet, entidad que participó activamente en el diseño de la zona y que se sintió engañada al considerar que no se había contemplado la reducción de la edificabilidad que solicitaban.

El PAI prevé la construcción de 1.345 viviendas de las que un 30% (403) serán de Protección Pública y un 10% (134) destinada a vivienda social para colectivos con

más problemas de acceso, como personas mayores, jóvenes o familias con

rentas bajas.

Sin embargo, los vecinos siempre habían puesto el tope en 1.000 viviendas, una cifra que consideran suficiente para hacer viable el proyecto y que evitaría una saturación.

Compromís, por boca del alcalde de València, Joan Ribó, se sumó a esta reivindicación y solicitó también una revisión de las alturas de las dos torres previstas de hasta 30 pisos, mientras València en Comú habló incluso de estudiar la reversión del PAI “por completo o en parte”.

Sin embargo, la portavoz del grupo municipal socialista y candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha asegurado este jueves que “no es defendible desde la izquierda la pérdida de viviendas sociales y públicas” y ha advertido que el acceso a la vivienda es “uno de los principales problemas que preocupan a las familias trabajadoras”.

En estos términos se ha pronunciado sobre la petición de reducir la edificabilidad del PAI de Benimaclet. Una medida que, ha afirmado, “no sería gratis” y supondría “la pérdida de casi 135 viviendas sociales y públicas”.

Gómez ha recordado que el proyecto actual recoge las peticiones de los vecinos que recogió el Ayuntamiento a través de un proceso participativo que fue ratificado por el Pleno Municipal.

“La reducción a un máximo de 1.000 viviendas supondría la pérdida de 103 VPP y de 34 viviendas sociales”, ha puntualizado.

“La permeabilidad del barrio con la huerta está asegurada con el gran jardín central y los huertos urbanos, con la disposición de los edificios, de entre 8 y 12 alturas acorde con los edificios existentes, perpendiculares a la ronda para no frenar la brisa y no constituir una barrera”, ha descrito.

Respecto a los edificios de los extremos, ha indicado que el plan recoge que “pueden tener entre 10 y 30 alturas por lo que no tienen no tienen que ser necesariamente de 30”.

En cuanto a la reducción de costes de urbanización, Gómez ha explicado que la avenida Valladolid no se prolonga como estaba prevista, pero sí de manera peatonal.

Además, los viales que no se ejecutan no suponen un ahorro, ya que ese mismo terreno será otra cosa, como jardines. Y los costes de urbanización de un jardín por metro cuadrado son superiores a los de un vial.

Asimismo, tal y como sucede en Malilla, ha explicado que los huertos urbanos requieren acequias, balsas, caminos, casas de aperos, vestuario y se preparan las parcelas con material drenante y tierra adecuada. “Por lo que también conlleva

costes de urbanización“, ha apostillado.

La candidata socialista ha señalado que “no se puede prever a cuánto ascendería una posible indemnización por eliminar ese 25% de la edificabilidad, ya que eso lo determinaría un juez”.

“Podemos afirmar que nadie ha expuesto cuál es la ventaja de este cambio”, ha aseverado y ha afirmado que “no hay nada que favorezca menos a la izquierda y a las familias trabajadoras que las empresa se lleven una indemnización por no hacer nada”.

Crecimiento sostenible

“La mejor fórmula para que vuelva la derecha es generar miedo, polarización, tensión y que esta ciudad quede paralizada”, ha advertido y ha contrapuesto la posición de los socialistas que defienden que València “crezca de manera sostenible”.

“El progreso sostenible es bueno para todos los vecinos y vecinas porque creamos más vivienda de protección pública y social y más dotaciones públicas”, ha argumentado y ha recordado que una de las primeras acciones de la Concejalía de Urbanismo que dirige el socialista Vicent Sarrià fue impulsar en la revisión del Plan General de Ordenación con la protección de cerca de 800 hectáreas de huerta y completar la ciudad consolidada.

En este sentido, ha recordado que los terrenos del PAI de Benimaclet están considerados como urbanizables en el PGOU.

Así, ha apostado por “dejar de ofrecer una continua imagen de parálisis e inestabilidad” porque de lo contrario “nadie querrá venir a invertir”.

“Si continuamente trasladamos la imagen de que en València es difícil invertir y que cualquier iniciativa privada es mal vista, o que hay una predisposición negativa la situación se polarizará y nadie ganará”, ha expuesto.

Gómez ha llamado la atención sobre que la proximidad de la cita electoral está alentando “a algún grupo” a “marcar posturas contrarias a cualquier iniciativa del equipo de gobierno” ante lo que ha advertido que es “más progresista trabajar que criticar”.

En esta línea, ha vuelto a hacer un llamamiento para que “quien discrepa del trabajo realizado por el grupo socialista tiene la obligación de abrir los debates dentro del gobierno, no siempre en la prensa”.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha alineado con los vecinos de Benimaclet y ha reclamado modificaciones en el PAI, que prevé 1.345 viviendas y torres de 30 alturas. La asociación vecinal, que lleva décadas de lucha, ya había advertido que no está dispuesta a aceptar una edificabilidad superior a las 1.000 viviendas, ni edificios más altos de los que existen actualmente, con quince pisos de altura. Los vecinos lamentan también la reducción de 64.000 a 27.000 metros cuadrados de viales y defienden un proyecto “más sostenible”.

El opinión de Ribó, el proyecto de Juan Añón tiene una parte positiva: “Inicialmente respeta partes importantes del debate abierto que se realizó en las asociaciones de Benimaclet en el que participé yo junto a la Universidad Politécnica y la Universitat de València”, aunque reconoce que también tiene un elemento que se debe “cambiar, revisar, estudiar, analizar...”, como es la edificabilidad. “Este es el punto débil” del proyecto de Metrovacesa, que necesita “un retoque y una mejora sustancial”, ha afirmado el alcalde de Valencia, quien no obstante reconoce que hay otras partes que considera “estupendas”.

En total, el sector que debe desarrollar Metrovacesa cuenta con 269.775 metros cuadrados de superficie, de los cuales se destinan a usos públicos el 82% (equivalente a 220.217 metros cuadrados) y el 18% restante (49.478 metros cuadrados) se destinarán a uso terciario y residencial. De estos últimos, el 10% se cederá al Ayuntamiento de Valencia. Las 1.345 viviendas planteadas equivalen a 75 por hectárea, sin alcanzar las 100 permitidas por la legislación urbanística.

Por su parte, la portavoz del grupo municipal València en Comú, María Oliver, ha reiterado la coincidencia con las asociaciones vecinales en la postura de València en Comú respecto al PAI de Benimaclet.

“Esta edificabilidad concentrada en los extremos acaba construyendo una barrera entre el barrio y el entorno natural de la ciudad”, ha expuesto María Oliver.

La portavoz del grupo municipal socialista y candidata a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, ha defendido “la València que avanza y garantiza dotaciones públicas frente a la que bloquea y paraliza sus barrios”.

En este sentido, ha señalado que en lo que “se debe centrar el Ayuntamiento es en garantizar que se ejecutan todas las dotaciones previstas” en el PAI del Benimaclet y “no en generar confusión”.

Gómez considera una “incoherencia” que tanto València en Comú como Compromís “vayan ahora contra un proyecto que ellos mismos apoyaron”.

“Vamos a pedir al Ayuntamiento que reduzca la edificabilidad, después de 30 años luchando por tener un espacio útil y sostenible para todos no podemos aceptar un plan que no ha reducido la edificabilidad original”.

Así se han pronunciado Antonio Pérez, portavoz de la asociación de vecinos de Benimaclet, tras conocer el proyecto urbanístico que ha presentado Metrovacesa al Consistorio para desarrollar el Plan de Actuación Integrada (PAI) de la zona que conectará el barrio con la ronda norte.

Pese a que el proyecto ha salido de un proceso participativo en el que ha participado activamente la entidad vecinal, el resultado final no ha sido el deseado: “muchos detalles del proyecto como las zonas verdes o los huertos urbanos son aportaciones vecinales; por ejemplo, los metros cuadrados de viales se han reducido de 64.000 a 27.000 metros cuadrados, pero esta y otras cuestiones como el uso de las acequias existentes que suponen un abaratamiento de costes no se han traducido en una menor edificabilidad”, ha lamentado.

Pérez ha comentado que “es legítimo que los promotores quieran tener beneficios, pero no de forma abusiva a costa de los vecinos con esa barbaridad de viviendas que no son necesarias”.

El portavoz vecinal ha asegurado que no aceptarán una edificabilidad superior a los 1.000 pisos, de los que un 30% deben ser protegidos y un 10% sociales, y tampoco tampoco torres más altas que las ya existentes de 15 alturas: “como dijimos en el proceso participativo las dos torres más altas no deben pasar de 15 alturas y deben ir ubicadas en los extremos; el resto deben ser de pocas alturas para que no interrumpa la brisa marina”.

En resumen, Pérez ha defendido un proyecto más sostenible “que sea beneficioso para todos” y ha reconocido que para que se puedan ejecutar equipamientos como escuelas infantiles o centros de día deben construirse viviendas, puesto que el Ayuntamiento no tiene recursos para construirlos, pero se debe hacer “de una forma racional”.

También la plataforma Cuidem Benimaclet mostró este martes su desacuerdo con el plan con protestas durante la presentación del mismo.

280 millones de inversión

Metrovacesa, propietaria mayoritaria en el sector 'SUP T-4 Benimaclet' de Valencia desde Julio de 2017 con un 40% de los terrenos, presentó este martes al Ayuntamiento de València su proyecto integral participativo para impulsar un nuevo barrio en el sector. La delegación de Urbanismo deberá analizarlo antes de darle el visto bueno.

El plan se proyecta sobre los terrenos situados a las afueras del distrito de Benimaclet, al noroeste de la ciudad.

El espacio se encuentra delimitado por la ronda norte y el borde del barrio histórico, un ámbito actualmente degradado y con predominio de usos en precario del suelo como aparcamiento, escombrera o espacio publicitario, en el que la propuesta de Metrovacesa integra elementos de la estructura agrícola primaria más significativos, (acequias, caminos, alquerías, etc.), así como los enclaves de huertos surgidos de forma más reciente.

En total, el sector cuenta con 269.775 metros cuadrados de superficie, de los cuales se destinan a usos públicos el 82% (equivalente a 220.217 metros cuadrados) y el 18% restante (49.478 metros cuadrados) se destinarán a uso terciario y residencial. De estos últimos, el 10% se cederá al Ayuntamiento de Valencia.

La propuesta resultante, permite la materialización de un máximo de 161.455 m2 de techo edificable.

Desde la promotora explicaron que el plan propone el desarrollo del sector con menor edificabilidad de la ciudad de València y mantiene el número de viviendas del planeamiento vigente, 1.345 unidades, equivalente a 75 viviendas/hectárea, sin alcanzar las 100 viviendas/hectárea permitidas por la legislación urbanística.

De este número, el 30% (equivalente a 404 viviendas) contará con el carácter de Vivienda de Protección Pública.

La propuesta presentada por Metrovacesa toma el espacio público como el elemento estructurador de la ordenación capaz de integrar el nuevo crecimiento con la ciudad existente, reequipándola y garantizando una adecuada transición con la huerta.

De este modo, la solución pone en primer plano la accesibilidad y movilidad alternativa, el diseño sostenible, la seguridad de las personas y los equipamientos colectivos, para dar respuesta a las nuevas formas de crecimiento de la ciudad.

El nuevo barrio, busca potenciar una movilidad alternativa y sostenible, a través de amplios itinerarios peatonales, combinados con dotaciones de estacionamiento habilitadas y velocidad variable, con el fin de favorecer la creación de un barrio slow con prioridad peatonal y ciclista.

En términos de paisaje, el proyecto destaca porque mantiene la topografía original del lugar y los elementos naturales.

Además, contará con huertos urbanos integrados, espacios verdes con sistemas de drenaje sostenible y amplios parques y jardines, sirviendo como espacio de transición entre la huerta y el borde urbano existente.

Por último, concluyen la oferta de equipamientos los diferentes usos múltiples de carácter deportivo (carril bici, campo de fútbol, pistas integradas, carril corredor, etc.), educativo (guarderías, colegios y centros de formación), cultural y asistencial que presenta Metrovacesa.

Concurso de ideas

En el proceso para la redacción del Plan, la compañía convocó un concurso de ideas invitando a cinco equipos de arquitectos de reconocida trayectoria urbanística, Estudio Herreros (Juan Herreros), PAU Urbanismo (Gerardo Roger y Luis Casado), Tomás Llavador Arquitectos (José María Tomás), Corell, Monfort, Palacio y Magraner S.L.P y AIC EQUIP.

Tras un análisis de las alternativasse optó por el equipo liderado por Juan Añón, AIC EQUIP, por su propuesta de un modelo de ciudad alternativo que articula la transición entre la huerta y la ciudad utilizando el paisaje, los espacios libres, los equipamientos y los usos residenciales para dar singularidad a la vez que resolver las demandas de Benimaclet.

El Ministerio de Interior ha confirmado que retirará el escudo franquista del cuartel de la Guardia Civil del barrio de Benimaclet en València, pero no ha concretado cuándo se llevarán a cabo los trabajos.

Así se lo ha hecho saber al diputado de EUPV al Congreso, Ricardo Sixto, en respuesta a una pregunta planteada: “lamentamos la escasa valentía del Gobierno socialista dirigido por Pedro Sánchez de retirar todos los escudos y símbolos franquistas en los edificios adscritos a la Administración General del Estado”, ha comentado Sixto tras conocer la respuesta a su pregunta.

“Sabemos que tiene un peso aproximado de 1.400 kg y que se encuentra a 10 metros de altura pero esto no justifica que no se haya quitado todavía y se continúe incumpliendo la Ley de la Memoria Histórica que obliga a quitar todos estos escudos y otras imágenes que enaltecen el franquismo y que es incompresible que sigan en edificios públicos”, ha afirmado Ricardo Sixto.

El diputado valenciano presentó el pasado mes de febrero una pregunta al gobierno Central al respeto y “la contestación que nos dan ahora es que el Ministerio del Interior todavía está estudiando la forma de retirarlo”.

“¿Cómo es posible que todo un organismo como este no haya encontrado la solución para su retirada?”, se ha preguntado Sixto, quien ha añadido que EUPV es consciente de la fuerte apuesta que el PSOE está haciendo con este tema, sobre todo, después de la aprobación de la salida de Franco de ‘Valle de los Caídos’, “pero no podemos olvidar que a lo largo de nuestra geografía también existen otros vestigios que es necesario eliminar”.

El representante de la formación de izquierdas en la Cámara Baja ha recordado que en julio de 2009 ya se informó en la Zona de la Guardia Civil de Valencia de la creación de una Comisión Técnica de Expertos de la Ley de Memoria Histórica y que sus miembros serían los encargados de analizar los vestigios de la época franquista existentes en los edificios adscritos al Estado.

“La conclusión de dicha Comisión recogía la retirada de este escudo pero, y volvemos a repetir, aunque sea dificultosa su supresión, imaginamos que no es imposible porque no es la primera vez que se quita un elemento de este tipo”, ha dicho.

Por eso, -ha continuado Sixto- “desde EUPV vamos a insistir al gobierno para que cumpla y desaparezcan de nuestros municipios todos estos restos franquistas deuna vez por todas”.

Colaboración del Ayuntamiento

Por su parte, la coordinadora de la formación de izquierdas en Valencia, Rosa Albert, ha incidido en la importancia de que el gobierno Local presione para cumplir con la Ley de Memoria Histórica en la ciudad.

“Desde el Ayuntamiento de Valencia debe ofrecerse la máxima colaboración para llevar a cabo las obras que sean necesarias para eliminar definitivamente los símbolos fascistas en la ciudad, algo en lo que EUPV trabajó mucho durante la pasada legislatura, así como garantizar desde su posición el cumplimiento de esta ley en Valencia”, ha dicho Albert.

“Es posible que Benimaclet se reconcilie con sus orígenes que no son otros que la huerta”.

Así se ha pronunciado este lunes Arturo Sanz, uno de los autores del proyecto 'Benimaclet, la integración ciudad-huerta' que se ha presentado en el Ayuntamiento de València.

La propuesta es el resultado de un proceso participativo promovido por la asociación de vecinos del barrio a principios del año 2015 y en el que han colaborado la Universitat de València y la Politécnica.

De este proceso surgieron 43 trabajos con el objetivo de reenfocar el PAI de Benimaclet Este (junto a la Ronda Norte), una operación urbanística del año 1994 en la que estaban previstos 1.345 viviendas en una superficie de 264.000 metros cuadrados.

“Se han seleccionado las ideas más interesantes de todas estas propuestas que han dado lugar a este proyecto definitivo”, ha comentado Atonio Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, quien ha participado en un acto en el que también han intervenido los rectores de las dos universidades públicas, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià (PSPV) y el de participación, Jordi Peris (València en Comú).

El dirigente vecinal ha celebrado que el Ayuntamiento haya asumido esta propuesta: “Es un espacio que está actualmente totalmente degradado y es peligroso para las personas tal y como está, salvo la parte de los huertos urbanos”.

Pérez ha solicitado que se cree una mesa de trabajo entre los propietarios del suelo (entidades bancarias y promotoras), entre las universidades y entre la asociación de vecinos con el objetivo de conseguir que el proyecto pudiera ejecutarse con cargo a los presupuestos municipales de 2019.

“Es un proceso muy trabajado de acercar la huerta a la ciudad, de abrir un nuevo urbanismo que ayude a la ciudadanía a tener una mejor calidad de vida”, ha explicado Pérez.

En cuanto a la propuesta, pasa por reducir el número de viviendas nuevas a entre 300 y 400 con edificios de baja altura en la zona más cercana al centro del barrio y con más alturas en los extremos “para no impedir que la brisa del mar llegue al barrio”.

Además, se crearía un parque de 80.000 metros cuadrados (el plan inicial de 1994 contemplaba uno de solo 17.000 metros) con un espacio público en el entorno y con la huerta que se acercaría desde la Ronda Norte a Benimaclet.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y el concejal de movilidad, Giuseppe Grezzi, no han inaugurado -lo prohibe el código ético de Compromís- pero si han asistido este sábado a la fiesta convocada por Valencia en Bici para celebrar la apertura del anillo ciclista, el carril bici de 4,7 kilómetros que rodea la ronda interior y que está abierto desde las 7.00 horas del viernes.

La entidad, que durante los últimos 23 años ha reclamado con numerosas bicifestaciones la ejecución de este proyecto, ha preparado un acto de inauguración este sábado 4 de marzo en la calle de Xàtiva, a la altura de la Estació del Nord.

El acto ha en un simbólico corte de cinta, para después hacer el recorrido por grupos. Durante el paseo los miembros de la entidad han dado algunas recomendaciones de buenas prácticas de circulación sobre el anillo ciclista.

El anillo ciclista es seguramente, una de las obras más emblemáticas del gobierno de Ribó, no tanto por su envergadura e inversión realizada (683.680 euros), sino por el cambio de prioridades en la movilidad de la ciudad que simboliza.

El anillo ciclista ya tiene fecha de apertura y su puesta en servicio llegará acompañado en los próximos días de un nuevo tramo que conectará con Benimaclet.

Así lo ha anunciado este jueves el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, quien ha explicado que los 4,7 kilómetros del nuevo carril bici que rodea la ronda interior estarán habilitados para su uso desde este viernes a las 7.00 horas.

Además, antes de los días grandes de Fallas estará disponible también su conexión con Benimaclet, que discurre desde la plaza Porta de la Mar, por la calle Justicia, puente de Calatrava, calle Armando Palacio Valdés, Doctor Moliner y Doctor Gómez Ferrer.

Sobre las quejas del colectivo motero al considerar que la pintura roja utilizada en las intersecciones del anillo ciclista puede generar problemas por considerarla resbaladiza, Grezzi ha asegurado que todas las pruebas que se han hecho cuando se ha puesto el material y después cuando se ha utilizado han confirmado que no es resbaladiza: “está en los porcentajes que tiene que tener para que no haya ningún problema”.

En cuanto a la polémica surgida por las multas a los padres que aparcan momentáneamente en doble fila o en carril bus para dejar a sus hijos en los colegios, el responsable de Movilidad ha recordado que “el bono infantil de la EMT permite viajes ilimitados para niños de hasta 11 años por 5 euros al año”.

Además, ha comentado que están desarrollando un plan de caminos escolares seguras para facilitar el acceso peatonal.

Grezzi ha explicado que el modelo de distrito único implantado por el PP fomentaba mucho el uso del coche como medio de transporte escolar y que el cambio de modelo que se aplicará racionalizará el uso del vehículo privado.

“No se pueden cometer infracciones aparcando en un carril bus, la ordenanza lo dice claramente, em ocasiones se aparca en triple fila y es una práctica que afecta gravemente al transporte público”, ha destacado.

Por otra parte, Grezzi ha confirmado que tanto él como el alcalde de Valencia, Joan Ribó, asistirán este sábado al acto organizado por Valencia en Bici para inaugurar el anillo ciclista: “El Ayuntamiento como tal no hará inauguraciones tal y como establece el código ético de Compromís, pero sí que acudiremos a este acto a título personal”.