Villalar de los Comuneros se prepara para vivir este 23 de abril el Día de Castilla y León. La localidad vallisoletana conmemorará el 50 aniversario de la primera celebración autonómica con una programación que reunirá a más de 200 artistas sobre el escenario, nuevos espacios para actividades culturales y varios actos simbólicos pensados para convertir esta jornada en una de las más destacadas de las últimas décadas.

El municipio será de nuevo el epicentro de la fiesta autonómica con una agenda reforzada que combinará música folk, danza tradicional, arte en directo y homenajes conmemorativos. Entre las principales novedades destacan el estreno del escenario ‘Danza’, la creación en vivo de un mural hiperrealista y la instalación de una escultura de bronce permanente para recordar las cinco décadas de celebración en la campa.

El acto central tendrá lugar el jueves hacia las 14.30 horas, cuando más de 200 personas participarán en una gran puesta en escena que reunirá a diez grupos de danza y 22 formaciones musicales, en uno de los momentos más simbólicos del aniversario.

Un nuevo escenario con danza tradicional y arte en vivo

Una de las grandes novedades de este año será la incorporación del escenario ‘Danza’, ubicado en el camino de las Eras, entre la campa y el casco urbano. Allí actuarán diez agrupaciones de distintas provincias de Castilla y León y, además, los asistentes podrán presenciar la elaboración en directo de un mural hiperrealista de la artista zamorana Gela Ramos.

Este nuevo espacio se convertirá en el sexto punto de actividad dentro de la programación organizada para la jornada, reforzando la dimensión cultural y participativa del evento. Se suma así a otros puntos clave como la Casa de Cultura, donde actuarán El Naán Trío, Rubén Ruiz y El Archiperrero, además de acoger la entrega de premios.

Junto a ello, Villalar estrenará también una escultura conmemorativa de bronce, instalada de forma permanente junto a la entrada de la campa, como homenaje a las cinco décadas transcurridas desde aquella primera celebración de 1976.

La música tradicional, principal protagonista

La actividad comenzará ya el día previo, el 22 de abril, con conciertos desde las 19.00 horas en el escenario principal. Por él pasarán Andrea Garcy, Maref, Grama Agropunk, El Meister y Los Mejías, antes de cerrar la jornada con una fiesta ochentera a cargo de DJ Fernandisco y Jorge Sánchez.

El día grande arrancará a las 9.30 horas con la entrega de los Premios de la Música Folk y Tradicional de Castilla y León, que se celebran por primera vez y reconocerán a Luis Antonio Pedraza, el Grupo Tahona y la asociación El Pandero de Peñaparda. La entrega tendrá lugar en la Casa de Cultura, espacio recuperado para esta edición y que también acogerá actuaciones musicales durante toda la jornada.

Programación continua en la campa durante el 23 de abril

Desde las 11.00 horas, el escenario principal acogerá una sucesión de conciertos que se prolongará hasta la noche. Abrirán la jornada Pepe Colas y los Punkifolkis, seguidos de Atraque Barraque, Divertimento Folk y Carlos Soto.

A las 13.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto, antes de continuar con Free Folk y el Nuevo Mester de Juglaría, en un momento simbólico en el que artistas y público entonarán el tradicional Canto de Esperanza.

Tras la pausa para la comida, la programación continuará por la tarde con nombres como Guille Jové, Ronda Segoviana, Andaraje, El Nido, Delameseta, Dulzaro y Luis Antonio Pedraza, hasta cerrar con Castora Herz y la Cuadrilla y la clausura prevista a las 21.30 horas.

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha calificado el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura anunciado ayer jueves como una “agresión” y ha advertido de que puede ser la antesala de lo que ocurra en Castilla y León en las próximas semanas.

En declaraciones a los medios de información, Martínez ha asegurado este viernes que este pacto “va a ser un modelo para Castilla y León” si no hay una rectificación por parte del presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, al que ha acusado de haber iniciado ya ese camino tras las elecciones.

El dirigente socialista ha sostenido que el documento firmado en Extremadura, de 23 páginas, supone una “agresión” a distintos colectivos y ámbitos, entre ellos las mujeres, los trabajadores, los migrantes y el medio rural. En concreto, ha criticado que el acuerdo “compra el discurso” de Vox en materia migratoria, al presentar la inmigración como un problema, algo que ha rechazado al considerar que “no lo es ni para Castilla y León ni para la España interior”.

El portavoz socialista también ha advertido de que el pacto incluye medidas que, a su juicio, suponen un retroceso en derechos, como la revisión de políticas de igualdad, la crítica a la labor de los sindicatos o el cuestionamiento de políticas vinculadas al cambio climático. Martínez ha vinculado este escenario con la situación política en Castilla y León y ha alertado de que existe el riesgo de que se replique un acuerdo similar, al considerar que el PP ya ha mostrado una “entrega” a Vox.

“El riesgo está ahí”, ha advertido Martínez, que ha alertado también de que los pactos sucesivos entre PP y Vox puedan recoger aún más reivindicaciones de la “extrema derecha”.

Castilla y León se prepara para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto y ha aprobado una estrategia, con una red de puntos de observación recomendados, unos 200, con tres categorías: los especializados, ubicados en municipios con experiencia previa en iniciativas vinculadas a la astronomía; los provinciales y los de municipios de más de 20.000 habitantes.

La Consejería de la Presidencia ha comunicado este jueves al Consejo de Gobierno de la Junta esa estrategia de coordinación, según ha explicado el portavoz en funciones del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha recordado que se espera que lleguen a España unos dos millones de personas para ver el eclipse, y cientos de miles en Castilla y León.

Por ello, ese fenómeno requiere una planificación especifica para garantizar una observación ordenada y segura en todo el territorio, por lo que los municipios podrán participar de forma voluntaria y solicitarlo, y se analizarán las zonas con más y menos riesgo en cuanto a acceso de los medios sanitarios, protección civil, incendios, acceso a fuentes de agua y abastecimiento.

No se descarta limitar accesos a algunos puntos

El portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha sostenido, a preguntas de los periodistas, que “no descartan limitar el acceso” si hay algún tipo de riesgo para la seguridad de las personas.

Carriedo ha explicado que se examinarán las facilidades de acceso para que lleguen medios sanitarios o de protección civil en el caso d que se requieran, pero también incluso si tienen aparcamientos suficiente para la llegada de las personas que quieran observar el eclipse.

También se tendrá en cuenta el riesgo de incendio en cada zona, y si cuenta con servicios de alojamientos e información o sanitarios, con el fin de que el riesgo sea el menor posible.

Uso de elementos de protección homologados

Carriedo ha hecho además un llamamiento a la responsabilidad individual en cuanto que se observe el eclipse con medios de protección homologados, “para evitar riesgos oculares que pueden ser serios e irreversibles”.

La estrategia autonómica recoge, por un lado, esos puntos de observación especializados, ubicados en municipios con experiencia previa en iniciativas vinculadas a la astronomía.

Por otro, los puntos de observación provinciales, correspondientes a municipios que soliciten participar y que serán seleccionados en función de su ubicación, servicios públicos disponibles y accesibilidad.

Y finalmente, se incluyen puntos de observación en municipios de más de 20.000 habitantes y en localidades de sus alfoces que deseen sumarse a la iniciativa.

En todos los casos, la participación de los municipios tendrá carácter voluntario y requerirá la correspondiente solicitud.

Selección por criterios de ubicación, accesos y servicios

A partir de estas, se llevará a cabo un proceso de selección atendiendo a criterios como la ubicación, los servicios públicos disponibles, las infraestructuras, las vías de comunicación y las zonas de exclusión.

Para garantizar la adecuada coordinación de todos los dispositivos, se prevé la activación de los planes de Protección Civil que resulten necesarios, constituyéndose los correspondientes CECOPIS provinciales, en los que estará presente la Administración del Estado a través de la correspondiente subdelegación del Gobierno.

En este marco, las Delegaciones Territoriales, en colaboración con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, llevarán a cabo la preselección de los municipios.

El conjunto de estos emplazamientos configurará una red que, previsiblemente, contará con alrededor de 200 puntos de observación en toda la Comunidad, con el objetivo de canalizar la afluencia de personas, evitar concentraciones incontroladas y compatibilizar la seguridad con la protección del entorno natural.E

La Junta de Castilla y León ha anunciado que va a recurrir “en los próximos días” el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno central. Según ha explicado el portavoz en funciones, Carlos Fernández Carriedo, desde el Ejecutivo autonómico consideran que genera “inseguridad” en su aplicación y se ha impulsado sin coordinación con las comunidades y entidades locales. Para el gobierno autonómico la orden puede tener un “impacto grave” en el conjunto del sistema al, a su juicio, no estar los servicios públicos preparados para asimilar tantas personas.

La decisión se ha adoptado este jueves en el Consejo de Gobierno, tras el análisis de la norma por parte de los servicios jurídicos, que trabajan ya en la redacción del recurso y en la elección del cauce, o bien Tribunal Constitucional o Tribunal Supremo, más adecuado para su presentación.

El principal reproche de la Junta de Castilla y León se centra en el procedimiento diseñado por el Ejecutivo central para su redacción y aprobación. “Los mecanismos previstos no garantizan para nada” el cumplimiento de los requisitos exigidos a los solicitantes, ha afeado Carriedo, quien ha señalado que algunos de los documentos contemplados para acreditar la residencia no permiten verificar de forma fehaciente las condiciones exigidas. Esta situación, ha añadido, introduce “inseguridad en el procedimiento”.

Carriedo ha puesto en duda de que la forma para acceder a la regularización se pueda hacer con un billete de metro o ticket de un transporte público, como el sistema Buscyl existente en la Comunidad.

A esa crítica técnica se suma otra: la ausencia de diálogo con las comunidades autónomas. Según el portavoz en funciones, el Gobierno ha actuado “sin ningún tipo de participación ni coordinación” con las administraciones territoriales, a pesar de que la medida afecta directamente a sus competencias.

Sin datos del número de personas que podrían acogerse a la regularización

La Junta ha cuestionado que no se haya facilitado información básica, como el número de personas que podrían acogerse a la regularización o las condiciones concretas de aplicación. Preguntado por las personas que podrían acogerse a esta medida en Castilla y León, Carriedo ha afirmado que desde el Ejecutivo desconocen el dato, aunque desde CCOO, en base al servicio que prestan, hablan de unas 25.000 personas.

El futuro recurso se apoyará igualmente en dudas sobre el encaje del decreto en la normativa europea. Carriedo ha avisado de que la medida podría ser “contraria” a las reglas comunitarias en materia de control de fronteras y libre circulación, y ha alertado de que el volumen potencial de beneficiarios podría suponer un “riesgo” para la coordinación entre Estados miembros. En este punto, ha recordado que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre el posible impacto de este tipo de decisiones en el conjunto de la Unión.

A pesar de oponerse la regulación de migrantes planteada por el Gobierno central, Carriedo ha abogado por una “integración ordenada” basada en el empleo con contrato legal, estar dado de alta en la seguridad social y el pago de impuestos. Castilla y León, según ha recordado el portavoz en funciones, ha superado los 101.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social —“una cifra récord para un mes de marzo”—, con un crecimiento superior a la media nacional.

“Todo el mundo es bienvenido” si llega para “trabajar, cotizar y contribuir a la sociedad”, ha apostillado Carriedo, quien ha criticado el proceso de regularización del Gobierno central al que ha calificado como “no ordenado” y potencialmente generador de disfunciones en el sistema.

Carriedo critica la falta de trámite parlamentario

La decisión de recurrir, ha añadido, responde a una posición sostenida por la Junta en anteriores legislaturas en materia migratoria y se adopta “sin ninguna consideración externa”, en referencia a las negociaciones políticas abiertas en la comunidad.

Este movimiento del Ejecutivo autonómico se produce después de que el Gobierno confirmara la aprobación de la regularización extraordinaria mediante una modificación del reglamento de extranjería, una vía que ha permitido su tramitación sin necesidad de respaldo parlamentario. El Consejo de Estado ha avalado la esencia de la norma y su tramitación urgente, aunque ha recomendado introducir ajustes técnicos.

Entre ellos, figuran precisiones sobre la forma de acreditar requisitos como la ausencia de antecedentes penales o la definición de “situación de vulnerabilidad”, un concepto que el Ejecutivo prevé concretar en el texto definitivo. Según el diseño inicial, podrán acogerse a la medida las personas extranjeras que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acrediten al menos cinco meses de residencia continuada, así como determinados solicitantes de asilo.

El permiso que se conceda será temporal, con una duración de un año, e incluirá autorización para trabajar en todo el territorio nacional. La norma permite acreditar la estancia en el país mediante distintos tipos de documentos, más allá del empadronamiento, un aspecto que ha generado debate técnico y que está en el centro de las crítica Castilla y León.

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.

La Junta de Castilla y León ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que paralice de manera inmediata las obras que impliquen la eliminación de vegetación y tala de arbolado en el Canal de Castilla, como medida para minimizar los riesgos en la época de reproducción de la avifauna protegida.

Esta petición se produce después de analizar las actuaciones en curso y comprobar la existencia de posibles afecciones en la época más sensible para las especies animales que es su época de reproducción, y en la vegetación existente y un día después de que grupos ecologistas pusieran el foco en esta cuestión.

La Delegación Territorial de Palencia recuerda a través de un comunicado que en octubre de 2024, el Ministerio formuló un Informe de Impacto Ambiental en el que se concluía que no se preveían efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, condicionado al cumplimiento estricto de las prescripciones recogidas tanto en el documento ambiental como en la propia resolución.

El Ejecutivo autonómico considera “imprescindible” garantizar el cumplimiento de dichas condiciones ambientales, por lo que ha instado a las administraciones competentes “a paralizar cualquier actuación que suponga la eliminación de vegetación hasta que se verifique la ausencia de afección y a lo dispuesto en el Informe de Impacto Ambiental”.

Este miércoles, la Asociación de Naturalistas Palentinos y Ecologistas en Acción han solicitado a la CHD la paralización temporal e inmediata de la tala de arbolado que está ejecutando en el Canal de Castilla, en las provincias de Palencia y Valladolid. Se trata de miles de pies de árboles, y los ecologistas han defendido que muchos de ellos están “en perfecto estado” y tienen “un gran valor ecológico”. Las organizaciones ecologistas habían pedido al Servicio de Medio Ambiente de Palencia que instara a la CHD a parar las talas y también que la Consejería valorase la afección de esta actuación a la Red Natura 2000.

Las asociaciones han criticado que los trabajos de la CHD estén suponiendo “un grave deterioro ambiental y paisajístico en Tierra de Campos, una comarca necesitada de enclaves biodiversos como el Canal”. Estas obras se están acometiendo dentro del proyecto de la CHD de Consolidación del Canal de Castilla como corredor ecológico y cultural (Palencia, Burgos y Valladolid), en el ramal Campos, con el objetivo de impulsar la conservación y puesta en valor del canal de Castilla como Patrimonio Histórico.

Sin embargo, los conservacionistas aseguran que la ejecución excesiva y desproporcionada de estos trabajos está suponiendo que muchos tramos del Canal de Castilla, hasta hace poco jalonados por cientos de árboles, presenten en la actualidad un aspecto “desolador” al haber sido eliminada la totalidad de la superficie arbolada que conformaba el bosque de ribera.

El Canal de Castilla forma parte de la Red Natura 2000 y la vegetación de ribera es uno de los elementos más importantes a conservar. Una de las acciones del programa permitió la ejecución de trabajos para la creación de franjas arbustivas que protegiesen las márgenes de los humedales y del propio Canal, realizando para ello la plantación de 84.400 árboles y arbustos.

Las asociaciones subrayan que se produzca “una contradicción que puede estar incurriendo en un grave atentado a la Red Natura 2000, ya que muchos de estos árboles están siendo ahora mismo talados por la propia Confederación Hidrográfica del Duero”. Por ello piden la paralización inmediata de estos trabajos y animan a actuar al resto de instituciones públicas afectadas por estas “cortas desmesuradas”, ayuntamientos, diputación y Junta de Castilla y León.

La CHD niega una “tala masiva”

La CHD ha negado que se esté produciendo una “tala masiva” en el Canal de Castilla (los apeos afectan al 10% de los árboles) y defiende las actuaciones desarrolladas en las riberas para mejorar la vegetación, dentro de la obra de consolidación del Canal como corredor ecológico y cultural, y concretamente en el ramal Campos. La Confederación ha suscrito a través de un comunicado que el propósito de la obra es “conservar y mejorar” el entorno del ramal “como instrumento conector y vertebrador del extraordinario patrimonio cultural de los pueblos de Tierra de Campos” a través de una inversión de 6,4 millones de euros. Por eso es necesario intervenir sobre el paisaje a través de la vegetación y sobre los caminos de sirga a efectos de senderismo y cicloturismo, además de la construcción de varias áreas recreativas y otras actuaciones complementarias.

Una de las líneas de actuación de esta obra es la eliminación de vegetación autóctona en mal estado fitosanitario, puntiseco o con inclinación superior a quince grados. No obstante, y una vez saneada la masa, también se prevé la plantación de 30.000 árboles y arbustos de diferentes especies.

La Confederación asegura que las zonas más próximas a cauces naturales tenían “un grado mayor de naturalización” que las zonas más alejadas, donde la vegetación era “escasa”. “Los chopos proceden en su mayoría de brotes de producción, desarrollan maderas menos densas y más frágiles que no consiguen anclarse firmemente, lo que los hace proclives a inclinarse y desplomarse por rachas de viento. Además, las caídas de estos árboles representan un peligro serio para barcos, usuarios y la propia infraestructura del Canal”, expone la CHD, que también ha señalado que casi todos los olmos están infectados de grafiosis.

“Aunque la cantidad de madera apeada puede resultar alarmante, es preciso aclarar que, como consecuencia de estos tres problemas mencionados, la no intervención sobre la vegetación desencadenaría en una disminución y deterioro progresivo de la misma”, ha insistido la CHD a través de un comunicado.

Además técnicos de la CHD se han reunido con varios alcaldes de la zona “para lanzar un mensaje de tranquilidad y dar cuenta de las actuaciones realizadas dentro del proyecto”. “Fruto de la comunicación permanente con los ayuntamientos, se están realizando visitas de campo con los alcaldes que así lo están considerando. En estas visitas se comprueba cómo los árboles marcados tienen problemas de seguridad debido a la inclinación, la edad avanzada o la presencia de infecciones y pudriciones importantes e irreversibles”, ha rematado.

Los resultados de las elecciones de Castilla y León no fueron positivos para la izquierda confederal, donde ni Podemos, ni IU ni Sumar consiguieron un solo escaño en el parlamento autonómico. Marina Echebarría (1963, Donostia), activista, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid y la primera catedrática trans de España, se presentó como número 2 por Sumar (en En Común, la coalición liderada por IU), y no oculta su decepción por el desenlace del 15-M. Echebarría atiende a elDiario.es en su despacho en la Universidad, pocos días después de la agresión de múltiples atacantes a una mujer trans en la Bañeza.

Esta semana una mujer trans ha sido víctima de una paliza por parte de un grupo de personas. ¿A qué atribuye ese incremento de la violencia?

Es una campaña orquestada. Es decir, esto es una guerra cultural, lo tienen muy claro. Determinados factores aglutinan gente que luego termina adoptando posiciones sociales y políticas. Y, por ejemplo, la población migrante es una bandera que se utiliza para que mucha gente se aglutine en un voto de ultraderecha o en una actitud de rechazo hacia las minorías. Pasa lo mismo con las personas trans. Mucha gente no nos entiende. No entiende nuestras vidas y, en consecuencia, este es un banderín de enganche para gente que tiene sus recelos o que cree que la vida está cambiando y que no entiende los cambios que se producen.

En definitiva, hay una instrumentalización para volver a intentar imponer unos modelos de vida del pasado, un modelo de familia del pasado, un modelo de relaciones que ya ha sido superado por la sociedad en esa política de retorno al orden natural, entre comillas. Y, claro, nos han puesto en la primera línea de frente.

Esta agresividad ha aumentado a medida que el colectivo trans, en este caso, ha ido ganando derechos. Hay una relación directa en ese sentido.

Obviamente. En la medida en que estábamos en la esquina de la sociedad, escondidas en tugurios, paseando de noche por las rotondas, no molestábamos tanto a mucha gente. Le resultábamos funcional a la hipocresía social. Y en la medida en que hemos querido hacer vida normal u ocupar espacios en la esfera pública, se produce esta reacción. Porque somos la visibilización de lo que ellos detestan.

Ahí, ¿cuál es la responsabilidad política que se debería tener para frenar este tipo de situaciones?

Tendría que haber un compromiso, un auténtico pacto de Estado contra los discursos de odio. Y también tendría que haber un compromiso político de las fuerzas democráticas en que las cuestiones de derechos humanos no deberían politizarse en una lucha partidista. Pero, por desgracia, parece que esto es mucho pedir en la situación actual. Primero, porque tenemos algún partido que no entra dentro de esa categoría de defensa de las políticas democráticas. O sea, su modelo social no tiene nada que ver con una vida sobre principios democráticos. Y, en segundo lugar, porque hay también algún partido que entiende que, al final, esto es una tendencia que puede asumir parcialmente —o que va a tener que entenderse— con esa parte de derecha antidemocrática y izquierda ultra muy antidemocrática y, en consecuencia, puede pactar con ellos. Y esto nos coloca en una situación muy mala a las minorías.

Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor o linchamientos digitales

Durante la campaña usted ha denunciado haber sido víctima de acoso digital...

Yo no lo he denunciado, pero evidentemente el acoso digital se ha producido. Y no es la primera vez que ocurre. Este tipo de campañas, por desgracia, ya se han convertido en algo habitual y periódico. Cada vez que una persona trans aparece en un escenario público, normalmente sufre algún tipo de ataque a su imagen, a su honor, políticas de menosprecio o linchamientos digitales. Y claro, esto no es una casualidad. Esto es una política verdaderamente estructurada en redes.

Si tú coges ahora, por ejemplo, la última noticia que estaba leyendo hace cinco minutos sobre que están en busca y captura dos mujeres que han agredido a una chica trans en unos baños en Madrid, miras los comentarios de la noticia y la mayoría son a favor de las agresoras. Pero muchos de esos perfiles son bots o son elementos que están constantemente promoviendo ideas de ese estilo. Las cosas no son por casualidad. Hay una política mediática de estigmatización de las minorías y hay grupos que están muy directamente señalados, como la población migrante, los menores no acompañados, el colectivo LGBTI y, muy significativamente, las personas trans.

¿Y cómo ha gestionado, o cómo gestiona este tipo de situaciones?

Una tiene que asumir que evidentemente esto le va a pasar, que por desgracia es el precio que pagas por atreverte a defender una serie de principios. Viviría más tranquila haciendo una vida discreta, pero no defendería las ideas en las que creo. Así que pues lo asumes y ya está. Pero es muy triste porque estás diciendo que por defender tu identidad, tus derechos o una posición política hay una serie de señores que quieren hacerte pagar un precio vital y una violencia. Porque hay muchas formas de violencia. La violencia simbólica, la violencia en el tratamiento de la persona verbal, la violencia en redes, también es una forma de violencia. Y por desgracia estamos viendo que luego esto se concreta en violencias físicas.

Tenemos un incremento espectacular del nivel de agresiones homofóbicas o LGBT fóbicas en Castilla y León. Es que nos hemos convertido, en proporción a la población, de repente, en la comunidad que más casos tiene. Y hemos tenido algunos casos que podrían haber terminado muy mal. Hace meses un chico de Palencia no murió por los pelos porque llegó a tiempo a la unidad de cuidados intensivos de Valladolid. Pero estuvo a punto. Hemos tenido esta semana una agresión muy grave en la Bañeza. Ahora estaban operando de la mandíbula a la chica que había sido agredida. Casi pierde un ojo. Es decir, las violencias simbólicas y las violencias en redes normalmente preceden a algo peor, que es la ruptura de la convivencia.

El Partido Popular siempre deja la Ley LGBT en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más

Castilla y León es la única comunidad autónoma que no tiene ley LGBT, salvo Asturias que lo está tramitando y que parece que va a salir adelante. No sé si cree que una ley podría cambiar las cosas.

Las leyes no son una panacea. No lo resuelven todo, obviamente, porque luego hay que cumplirlas. Pero son un instrumento, una herramienta de la que la gente puede valerse para reivindicar sus derechos. Aclaran situaciones de potencial conflicto que ya tienen un itinerario y una solución dada y, en consecuencia, facilitan la vida de la gente. Claro que nos hace falta esa ley por varias cosas.

Primero, porque efectivamente esta comunidad está convirtiéndose en una comunidad muy dura para los colectivos LGBTI. Segundo, porque tiene que cumplir la normativa estatal y hay que desarrollarla, implementarla. Este es un mandato que deriva de leyes estatales que tienen que cumplirse en este territorio también. Pero llevamos tres legislaturas negociando una ley LGBTI. El Partido Popular siempre la deja en el cajón. Desde que está Vox en escena, mucho más. No tiene ninguna intención de tramitar esto. Y corremos el riesgo, incluso, porque ya lo ha anunciado Feijóo tres veces, de que se apunten a una oleada de propuestas restrictivas de derechos. O sea, de intentar vaciar de contenido o contradecir las leyes estatales de Igualdad, como se ha intentado en Madrid, donde tuvieron que dar marcha atrás, o en Valencia, donde se ha presentado un proyecto que va a ir directamente al Tribunal Constitucional.

¿Y por qué cree que en Castilla y León todavía no se ha aprobado? Porque llevamos ya tres legislaturas. No solo con Mañueco, sino que deriva de gobiernos anteriores.

Nosotros negociamos durante dos años y medio, con el gobierno de Juan Vicente Herrera (PP) y llegamos a un consenso con todos los actores profesionales, sociales y con la administración en el plano técnico, pero el sector más conservador del Partido Popular bloqueó aquel proyecto. Y desde entonces la situación no ha mejorado, ha empeorado. El gobierno de Mañueco ha sido mucho menos receptivo y desde que Vox está en escena, pues esta es una situación que no quieren ni tocar.

La izquierda confederal se ha quedado fuera del parlamento autonómico en de las elecciones del 15 de marzo. ¿Qué balance hace del resultado?

Ha sido objetivamente malo. No hemos logrado las expectativas que teníamos y no hemos mantenido el nivel de voto que tuvimos en 2022 o en 2023. Hay que asumir la realidad. Es decir, el electorado de Castilla y León es eminentemente conservador, esto ya lo sabíamos. Pero el efecto de vaciamiento a la comunidad lo está acentuando porque ha habido un incremento de la participación y, sin embargo, el volumen global de votos es menor. Esta comunidad ya ha perdido 150.000 jóvenes y sigue perdiendo gente joven bien formada que probablemente tendrían otro perfil sociológico. La gente mayor tiene un perfil mayormente conservador en el ámbito rural y en algunas zonas urbanas. Y la ultraderecha está subiendo. No es que sea una mayoría determinante, pero están ahí. Nosotros hemos estado muy invisibilizados en la campaña porque no tuvimos minutaje en televisión y tuvimos algún problema para poder hacer... comunicación de nuestras propuestas. El conjunto da el resultado que tenemos.

¿Por qué cree que Sumar no consigue asentarse en los territorios? Aquí en Castilla y León, por ejemplo, tiene muy poca base.

Estamos subiendo nuestra base discretamente, estamos aumentando nuestra militancia. El problema de Sumar fue que durante un tiempo éramos una marca paraguas y no nos constituíamos como partido. Cuando los partidos que integraban Sumar decidieron que tenía que ser una mesa de partidos se nos obligó a constituirnos como partido y se nos obligó a hacer una constitución territorial. Hemos estado en ese proceso durante un tiempo. Ahora ya tenemos una estructura que no será igual tan establecida como la que pueda tener Izquierda Unida, pero sí que hemos demostrado en esta campaña que tenemos voluntarios, que tenemos cosas que hemos integrado, que hemos aportado a la campaña, que han sido verdaderamente útiles. Hemos cumplido nuestros compromisos económicos y entendemos que tenemos muchas cosas que aportar.

Finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno

Probablemente volvamos a tener un gobierno de PP y Vox. ¿Qué cree que puede suponer una nueva legislatura con ambos partidos en el gobierno?

Ya tuvimos un adelanto de lo que puede ser un gobierno con la ultraderecha con el gobierno de 2022. Y vimos que era un gobierno muy poco operativo, en el que las consejerías de Vox hicieron realmente muy poco, pero bloquearon también a otras consejerías que no dirigía Vox. No dirigían directamente porque al final para el sostenimiento del pacto de gobierno era condición no agraviar o no molestar a la parte minoritaria del gobierno. Y ahora podemos temer una situación aún peor porque, probablemente, y ya lo ha anunciado así Abascal, cualquier disposición que se quiera aprobar necesitará el consentimiento previo o la aquiescencia de Vox. Y esto nos va a decir que finalmente va a ser probablemente la ultraderecha la que marque las líneas de acción del gobierno.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León

¿También en cuestiones LGBT?

Y no solamente, ese es el problema. Lla gente no se da cuenta de que esto afecta a todas las acciones del gobierno. ¿Qué política cultural ha habido en esta última legislatura? Arreglo de patrimonio histórico, fundamentalmente iglesias, subvención de toros y poco más. La cultura viva, la cultura más ciudadana, ha estado muerta. ¿Qué política industrial ha habido? Ninguna. Cuando ha habido grandes conflictos con las galleteras o con otras industrias tradicionales, a la Consejería de Industria no se la esperaba. Y no llegó. Tuvieron que desembarcar directamente los ministerios del Estado central para poder actuar. ¿Qué política va a haber en Sanidad? Pues probablemente, como estamos ante una comunidad que se está vaciando, y con una población envejecida... mantenimiento y tratamiento paliativo. Pero no prevemos un incremento de los servicios sanitarios.

En transporte... la comunicación con otras comunidades autónomas gozará de buena salud. Pero dentro de la comunidad probablemente seguirá abandonado. Las políticas de promoción del empleo rural. Se acaban en el 2028 las subvenciones europeas. Y la comunidad de Castilla y León nunca ha suplido o aumentado esas políticas europeas. ¿Va a instaurar ahora un plan propio? ¿O va a seguir con esa idea que es tan propia de la derecha y ultraderecha de que la mejor política industrial, la mejor política estructural, es la que no se hace? Que sea el mercado el que provea donde las cosas prosperan y donde no.

Estamos ante un cambio de ciclo en lo que es la economía y la vida social de Castilla y León. Que previsiblemente, vamos a dejar de ser una comunidad centrada en lo agrario para convertirnos en una comunidad de carácter industrial en la producción de energía para las comunidades que nos rodean. Seguiremos viendo como nuestros jóvenes probablemente emigren a las grandes urbes que nos rodean. Y que probablemente continuará el deterioro de los servicios públicos fuera de los cascos urbanos. Es decir, a corto plazo, muchos pequeños municipios creo que se les está condenando a desaparecer.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha rechazado el recurso de reposición interpuesto por Podemos contra la declaración como prioritario del proyecto industrial de Indra para la Comunidad, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con una empresa emiratí, y ratifica la continuidad de la tramitación por interés público.

Según ha informado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo del Gobierno, se ha desestimado la solicitud de Podemos que pedía la nulidad y suspensión del acuerdo, y alegaba posibles efectos irreversibles sobre la seguridad y los derechos humanos.

La decisión se ha tomado sobre la base de un informe técnico que señala que la solicitud de Podemos no se fundamenta en ninguna de las causas de nulidad previstas en la Ley, ni tampoco concreta los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación.

Por ese motivo, la Junta de Castilla y León “ha optado por proteger el interés público y mantener la celeridad en la tramitación del plan industrial, denegando la solicitud planteada”, ha indicado el Gobierno autonómico.

Con un acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad el pasado 9 de marzo, la Junta declaraba como proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid.

La iniciativa, que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa emiratí EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi, contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

La Junta de Castilla y León colaborará en lo que le pida la investigación judicial abierta por un supuesto caso de prevaricación administrativa continuada en la sanidad de Soria, con su gerente y el responsable de gestión detenidos y que han presentado su dimisión, ya que desconocen las causas, detalles y motivos del procedimiento, que esperan conocer para valorar el caso.

Así lo ha analizado el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“Una vez que ya está abierta una investigación en sede judicial”, la posición de la Junta es “respetar este procedimiento y colaborar en lo que se nos pueda demandar para que lógicamente se avance la investigación judicial, que es donde está ahora depositada y es a quien le corresponde”.

“Cuando se pueda permitir por parte de la investigación conocer los detalles, podrá haber una valoración, un análisis más precisión”, ha trasladado Carriedo.

El portavoz en funciones ha incidido en que como no conocen las causas ni los motivos del caso no pueden definir qué expedientes se trata ni cuantificar el importe de los mismos.

Carriedo ha garantizado la continuidad asistencial y administrativa en la sanidad soriana, con todos los proyectos previstos que siguen adelante, y hasta que se cubran las dos vacantes, será la directora médica la que asuma las responsabilidades.

En el plazo de unos días se sabrán los nuevos nombramientos en esas responsabilidades.

El Boletín Oficial de Castilla y León, el Bocyl, ha recogido este jueves el cese a petición propia del gerente de asistencia sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, que el pasado martes fue detenido junto al director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, en el marco de una investigación por un caso de prevaricación administrativa continuada, y que ayer presentaron su dimisión.

En una orden de la Consejería de Sanidad con fecha de ayer que publica el BocyL se recoge el cese de José Luis Vicente Cano “en el puesto de Gerente de Asistencia Especializada de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria, agradeciéndole los servicios prestados”.

La Consejería de Sanidad comunicó ayer esas dimisiones ante la situación procesal de estos dos altos cargos que, tras declarar durante varias horas ante la jueza del Tribunal de Instancia 4 de Soria, en funciones de guardia, fueron puestos en libertad con cargos con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias judiciales.

La Junta de Castilla y León asegura que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad, a cargo de la dirección médica, como es habitual en los casos de ausencia del titular de la Gerencia.

La Gerencia Regional de Salud ha manifestado su respeto a la presunción de inocencia de todos sus profesionales y su colaboración con la justicia para ofrecer toda la información que le sea requerida en el transcurso de la investigación, con absoluta transparencia.

La prevaricación administrativa es un delito que, en términos generales, consiste en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo.

Según la Subdelegación del Gobierno en Soria, la actuación de la Guardia Civil sitúa el foco sobre decisiones de gestión económica adoptadas en el ámbito de la asistencia sanitaria pública de toda la provincia de Soria.

No se trata de delitos por mala atención o praxis médica sino por la gestión administrativa, relacionados, al parecer, con el fraccionamiento de contratos de obras sanitarias en la provincia de Soria, según precisaron a EFE fuentes del caso.

Soria Ya pide explicaciones a Mañueco

El portavoz de Soria Ya, Ángel Ceña, ha pedido este jueves explicaciones al presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP), sobre los hechos que derivaron en la detención de dos altos cargos de Sanidad en Soria, por supuesta prevaricación adminitrativa, al parecer por el fraccionamiento de contratos.

En la reunión que han mantenido representantes del PP con Soria Ya, dentro de la ronda de contactos postelectorales convocada por Mañueco, Ceña ha explicado que el presidente en funciones le ha transmitido que se enteró por la prensa y que estudiarán y delimitarán responsabilidades al respecto, después de que ayer dimitieran por la tarde ambos representantes institucionales.

Ceña ha lamentado que ningún responsable del Ejecutivo autonómico en funciones haya dado explicaciones sobre el fondo de la cuestión, ya que “tienen que responder” ante hechos de esta gravedad, cuyo seguimiento y control tendría que haber correspondido a la Consejería de Sanidad.

“Un fraccionamiento de contratos es algo grave”, ha planteado Ceña, quien ha planteado una revisión de los procesos de nombramientos de este tipo de cargos, ya que entiende que las libres designaciones por la fórmula de la comisión de servicios lleva a que esos empleados públicos están expuestos a que quien les nombra “le puede exigir las cosas porque le pueden cesar en menos de un día”.

En este sentido, ha alertado de la abundancia de puestos en los que se nombra a personal en comisión de servicio, sin que medie un procedimiento ordinario de convocatoria de plazas y asignación tras comprobar los méritos.

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STECyL denuncian la “asfixia laboral” del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Burgos (UBU) por el bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León del convenio colectivo, que supone mantener la brecha salarial y la precariedad laboral de la plantilla.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han recordado que las negociaciones del convenio colectivo se iniciaron en 2023, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo por lo que sigue aplicándose un convenio que tiene más de diez años de antigüedad, “en clara desventaja regional”.

El personal docente investigador de la Universidad de Burgos percibe, como mínimo, 4.000 euros al año menos que en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria o La Rioja, aseguran, al tiempo que denuncian la falta de estabilidad laboral, la precariedad y el “abuso” de la figura del profesor asociado.

CCOO, CSIF, UGT y STECyL insisten en que la de Burgos es la universidad peor financiada de Castilla y León, pues de los 467,8 millones de euros destinados a las universidades públicas, la UBU recibe el 11%, 52 millones, frente a los 169 millones de las universidades de Salamanca y Valladolid y a los 76 de la León.

Los sindicatos calculan que el coste de la mejora salarial para toda la Comunidad sería de unos 15 millones de euros, de los cuales repercutirían 2,5 millones en la UBU, lo que representa menos del 0,5% del presupuesto total de la Consejería de Educación.

Además, insisten en que la falta de inversión es un error estratégico dado el retorno que genera la UBU, con datos como que los estudiantes de fuera de la provincia (un 29,5 % en grados y un 45 % en máster) generan más de 25 millones de euros anuales en el sector servicios.

La Universidad de Burgos mantiene 3.100 empleos entre directos e indirectos, y por cada euro invertido se multiplica por 4,67 su impacto social y económico; además, la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados supera el 78 %..

Por todo ello, los sindicatos reclaman una reestructuración salarial que elimine las brechas actuales entre las distintas figuras contractuales, con una equiparación efectiva de los docentes permanentes con los cuerpos de titulares, y condiciones dignas para el profesorado asociado, sustituto y el personal investigador.

Los sindicatos anuncian que realizarán asambleas en todas las facultades de la Universidad de Burgos, así como concentraciones de protesta ante la Junta de Castilla y León.

La exposición 'Esperanza' del ciclo expositivo de arte sacro de Las Edades del Hombre que se celebra en Zamora desde el pasado mes de octubre se prorrogará un mes más respecto a lo previsto inicialmente y permanecerá abierta hasta el próximo 3 de mayo.

La prórroga en la apertura del montaje expositivo de la vigésimo octava edición de Las Edades del Hombre, que se puede contemplar en la iglesia románica de san Cipriano y la Catedral de Zamora, la han anunciado este lunes el presidente de la Fundación Las Edades del Hombre y prelado de Segovia, Jesús Vidal, y el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.

La exposición de arte sacro reúne 85 obras de pintores y escultores consagrados como El Greco, Picasso, Velázquez, Zurbarán, Juan de Juni, Berruguete, Diego de Siloé o Gregorio Fernández, junto a autores del siglo XX y contemporáneos como Pablo Gargallo, Baltasar Lobo o Venancio Blanco.

Jesús Vidal ha incidido en el atractivo de la exposición, que en las últimas semanas ha recibido 12.000 visitantes y desde su inauguración, el pasado 16 de octubre, suma ya más de 130.000.

Ha admitido que han sido muchas las voces que han pedido retrasar el cierre fijado en un primer momento para el Domingo de Resurrección día 5 de abril y por ello, aunque ha sido “realmente complejo”, se ha acordado la ampliación.

Ha agradecido el apoyo y respaldo a la prórroga de la Junta de Castilla y León y los propietarios de las obras expuestas y ha detallado que cuatro de los grupos escultóricos de 'Esperanza', que desfilan en la Semana Santa de Murcia, Valladolid y Zamora, se retiran en los próximos días y regresan a la exposición tras las procesiones.

Esas cuatro obras que dejarán de exponerse en Las Edades del Hombre en Semana Santa son un Yacente de Gregorio Fernández que procesiona en Valladolid; el Cristo de las Injurias, que sale en dos desfiles en Zamora; y la Dolorosa y el Cristo de la Humildad de la Semana Santa de Murcia.

Fernández Mañueco ha resaltado la generación de actividad económica y empleo que suponen Las Edades del Hombre, motivo por el que el Gobierno autonómico ha respaldado esa “buena noticia” que supone la ampliación del plazo expositivo.

Ha recordado que los visitantes no solo pueden contemplar el montaje de arte religioso, sino que además pueden disfrutar también de la hospitalidad, la gastronomía y la oferta cultural y de ocio de Zamora, por lo que la Junta está encantada de colaborar “de forma generosa” en un proyecto como el de Las Edades del Hombre que resulta “vital” y constituye “una de las señas de identidad” de Castilla y León.

Vidal y Fernández Mañueco han realizado una visita institucional a la exposición acompañados de, entre otras autoridades, los consejeros autonómicos en funciones de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja; y de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; y el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez. 

La justicia ha vuelto a tumbar por segunda vez el reparto de frecuencias de radio en Castilla y León. El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado este lunes 23 de marzo una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que declara “nula de pleno derecho” la orden aprobada por la Junta en diciembre de 2022 para adjudicar licencias de radio en la Comunidad.

El fallo, con fecha el 16 de marzo de 2026, responde a un recurso contencioso-administrativo contra la orden con la que la Consejería de Movilidad y Transformación Digital resolvió el concurso público convocado el 29 de octubre de 2020 para repartir un total de 138 licencias de radio en frecuencia modulada. La resolución judicial no solo invalida ese reparto, sino que obliga a la Administración autonómica a dictar una nueva adjudicación conforme los criterios establecidos por el tribunal.

Se trata de la segunda sentencia que anula este mismo proceso y en la práctica, la orden deja sin efecto, como si nunca hubiera existido, lo que deja en el aire la situación de las licencias concedidas y obliga a la Consejería a rehacer el procedimiento.

El concurso afectaba a 138 frecuencias repartidas en 44 municipios de las nueve provincias de Castilla y León. De ellas, 124 llegaron a adjudicarse, mientras que 14 quedaron desiertas. Sin embargo, el proceso ha estado marcado desde el principio por los recursos judiciales, lo que ha impedido su desarrollo normal. De hecho, varias de las emisoras que obtuvieron licencia a finales de 2022 ni siquiera han llegado a iniciar sus emisiones.

En este segundo fallo judicial, el denunciante es Radioestudio SA, un grupo con sede en la Comunidad de Madrid y presencia en Cáceres o Badajoz, se presenta contra la propia Consejería y Radio Popular, S.A.; COPE; Libertad Digital, S.A.; Mediatel Multimedia, S.A.U., Grupo de Comunicación Promercal, S.L.U.; Diario de Ávila, S.A.U.; y Noticias Independientes de Soria, S.A.U.

La sentencia publicada ahora vuelve a dar la razón a uno de los recurrentes y obliga a la Junta a rehacer la resolución completa del concurso. Además, impone las costas a la Administración autonómica, aunque con un límite fijado en la propia resolución judicial. El fallo no es firme, por lo que cabe recurso en el plazo correspondiente.

Desde el Ejecutivo autonómico han venido defendiendo en anteriores ocasiones la legalidad del procedimiento y han señalado que modelos similares se aplican en otras comunidades autónomas.

Desde la Consejería de Movilidad han asegurado, a preguntas de elDiario.es, que la sentencia obliga a valorar de nuevo las ofertas presentadas por las diferentes emisoras. “Estamos iniciando los trámites al respecto, así como evaluando situación de las radios que han formalizado las licencias”, han zanjado sobre el tema.

Segunda anulación tras el fallo de mayo de 2025

A esta segunda sentencia se le suma una primera resolución judicial dictada en mayo de 2025 por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ya anuló de pleno derecho la orden de adjudicación del concurso.

En aquel caso, el tribunal estimó un recurso que cuestionaba el encaje de algunas de las licencias concedidas, especialmente a emisoras de carácter religioso que operan sin publicidad comercial y se financian mayoritariamente mediante donativos. El fallo consideró que la adjudicación no se ajustaba plenamente a las bases del concurso, que exigían la prestación de servicios radiofónicos comerciales. Eso sí, aunque la jurisprudencia sí permite que a este tipo de entidades que concurran concursos, la sentencia puso en duda la viabilidad económica de algunos proyectos y su adecuación a los requisitos exigidos.

El reparto aprobado por la Junta otorgaba un volumen significativo de frecuencias a este tipo de emisoras. Dos de ellas concentraban cerca de un tercio de las licencias adjudicadas.

Aquella sentencia de mayo de 2025 ya obligaba a la Junta a rehacer la adjudicación de las 124 licencias concedidas —las otras 14 habían quedado desiertas—, al entender que el procedimiento incurría en irregularidades sustanciales. Además, abría la puerta a revisar aspectos como la viabilidad económica de los proyectos o el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases. La resolución obligaba igualmente a la Administración autonómica a rehacer todo el proceso.

En el año 2020, la Junta convocó este concurso con 138 licencias en juego, que ya fueron ofertadas con este procedimiento en 2011, un proceso que fue suspendido en 2013 por la presentación de un recurso contencioso-administrativo. En el 2023, un recurso de Castilla y León Radio SA, cuya administradora es Adriana Ulibarri, hija del constructor y empresario de medios de comunicación condenado en Gürtel, José Luis Ulibarri, paralizó la adjudicación definitiva de las 124 licencias - las otras 14 quedaron desiertas al no presentarse ninguna solicitud - de radio en Castilla y León.

La Sociedad Española de Radiodifusión impugnó esta orden y alegó irregularidades sustanciales. Su denuncia se centra en que se otorgaron licencias a entidades como Radio María y La Undécima Hora, que ofrecen programación religiosa, sin publicidad comercial, y están financiadas por donativos. Esto, según el recurso, violaría los requisitos del concurso, que exigía prestar servicios radiofónicos comerciales.

La economía de Castilla y León creció un 3,3% en 2025, que son dos décimas menos que en 2024, empujada principalmente por la industria (+3,8 %), la agricultura (4,6 %) y servicios (3,4 %), que experimentaron un crecimiento “uniforme”, aunque ya se vislumbra una “retracción” en la economía debido a la guerra de Irán y sus consecuencias.

Así lo ha asegurado el consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de la contabilidad regional de cierre de año y los del último trimestre de 2025, donde Castilla y León creció un 0,7 por ciento, un 1,1 por ciento menos que el trimestre precendente.

Como ha explicado el también portavoz de la Junta, este dato de crecimiento en 2025 es mayor al esperado cuando comenzó el año y superior también a la revisión que hizo el Ejecutivo autonómico en octubre, lo que demuestra la “buena evolución” que ha experimentado la economía de la Comunidad en el cierre del pasado año.

“El crecimiento se sigue manteniendo en niveles muy altos, especialmente en sectores como la industria y en la agricultura, que han superado las expectativas”, ha expresado Carriedo, que ha destacado cómo el sector primario ha incrementado su crecimiento a pesar de venir de un año “muy bueno” como fue 2024, cuando ya creció un 11,2 por ciento.

Asimismo, el consejero ha indicado que este crecimiento hubiera sido mayor de no ser por un contexto internacional “desfavorable”, marcado por la imposición de los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump, que ha tenido un impacto en el comercio exterior, especialmente en comunidades exportadoras como Castilla y León, ha detallado.

“Si no fuera por ese factor, el saldo exterior hubiera crecido”, ha argumentado Carriedo, que ha explicado que tanto las exportaciones como las importaciones descendieron en 2025, concretamente, un -0,3 y un -0,2 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la construcción, esta creció en 2025 una décima menos que en el año anterior, un 2,1 por ciento y un 2,2 por ciento, respectivamente.

Sobre el consumo final, este creció un 2,6 por ciento en 2025 (3,1 % en 2024) con un mayor aumento del gasto en hogares (3,1 % en 2025 y 2,8 % en 2024) y menor incremento de las administraciones públicas (1,7 % y 2,4 %, respectivamente).

En cuanto al cuarto trimestre de 2025, la disminución en el crecimiento del consumo de los hogares y de las administraciones públicas afectó a su evolución, con un descenso en comparación al trimestre previo del 0,3 y el 1,4 por ciento, respectivamente.

El impacto de la guerra de Irán

En cuanto a las perspectivas económicas de este año, el portavoz de la Junta ha recordado que el escenario de crecimiento previsto es del 2,2 por ciento, lo que ya supone un crecimiento menor que en 2025, aunque “los últimos trimestres animan a pensar en una retracción” de la economía ha expresado Carriedo.

“Todo dependerá de la profundidad de esta situación (guerra de Irán) y de su duración, pero puede restar algunas décimas en una Comunidad claramente exportadora”, ha afirmado.

Sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar esta situación, el consejero ha cifrado en 191 millones de euros lo que dejará de ingresar la Comunidad por la rebaja tributaria de los impuestos de hidrocarburos, generación eléctrica y la disminución del IVA.

De ellos 117,2 millones serán los que deje de aportar la Junta de Castilla y León y 73,8 el Estado, ha concretado Carriedo, que ha indicado que la Junta está valorando estas medidas, que tendrán un efecto de 35 millones de euros al mes, por si tuviera que implementar alguna ayuda propia a nivel autonómico.

Vox ha confirmado que acudirá a la reunión del próximo miércoles con el PP de Alfonso Fernández Mañueco para comenzar a negociar el Ejecutivo autonómico. El candidato Carlos Pollán, ha respondido a la carta que el líder 'popular' envío este jueves a los partidos dejando claro que los resultados del 15M dejaron “claro” que el Partido Popular tiene la “necesidad” de lograr “una mayoría parlamentaria de 42 escaños al haber quedado lejos de ella”.

Solo con los 14 votos de Vox Fernández Mañueco —más los 33 del PP— sumaría la mayoría parlamentaria de 42 procuradores para conseguir ser embestido presidente de la Junta de Castilla y León por tercer mandato consecutivo.

El dirigente de Vox ha aprovechado la carta para mostrar su satisfacción por los resultados obtenidos por su partido, que ha pasado de 13 en 2022 a 14 procuradores 2026, logrando su mejor registro histórico en Castilla y León, aunque lejos del techo del 20% de votos y los 18 procuradores que las encuestas marcaban y desde el partido tenían como objetivo interno.

Según ha escrito Pollán, la mejora de resultados, con un procurador más que logró en la provincia de Soria por primera vez en su historia, consolida a Vox como una fuerza con mayor representación institucional y con un respaldo creciente entre los votantes de la comunidad.

En su carta, el líder de Vox ha considerado una “pésima noticia” que el socialismo mantenga su base de apoyo en Castilla y León, pero sostiene que, al mismo tiempo, las urnas reflejan un cambio de tendencia con más ciudadanos dispuestos a “desterrar” determinadas políticas. Entre ellas, menciona las que, a su juicio, “penalizan las libertades”, “hipotecan el futuro de los jóvenes”, “castigan al campo” o “llenan de inseguridad” calles y barrios.

La cita con Vox será el primer paso de la ronda de contactos anunciada por Mañueco tras su victoria electoral. El candidato del PP ha defendido en los últimos días que tiene la “obligación” de poner en marcha la legislatura cuanto antes, abriendo un proceso de diálogo con todas las fuerzas con representación en las Cortes, aunque con límites claros.

Mañueco asegura que no aceptará “amenazas” ni “espantadas”

Durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Castilla y León de este viernes, Mañueco ha insistido en que el futuro acuerdo debe garantizar estabilidad y evitar escenarios de bloqueo. En este sentido, ha advertido de que no aceptará “amenazas”, “espantadas” ni situaciones que puedan derivar en mociones de censura, en referencia implícita a la ruptura del anterior gobierno de coalición con Vox.

El líder 'popular' ha indicado que su partido ha ganado las elecciones “con holgura” y que ha mejorado sus resultados respecto a 2022, por lo que considera que el proyecto del PP debe ser la base sobre la que se construya cualquier acuerdo de gobierno. “Se mire por donde se mire”, ha afirmado, corresponde a su formación liderar esta nueva etapa.

Mañueco ha apelado a la “discreción”, la “tranquilidad” y el “sentido común” para encauzar las negociaciones y ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto con “pilares firmes” y vocación de durar toda la legislatura. Su objetivo, ha reiterado, es conformar un “gobierno de todos y para todos”, aunque ha vuelto a cerrar la puerta a cualquier entendimiento con el PSOE, como lleva haciendo desde la campaña.

En paralelo, el presidente de la Junta en funciones ha dado a conocer el equipo que le acompañará en estas conversaciones, formado por tres de sus colaboradores más cercanos: la vicepresidenta en funciones Isabel Blanco, el secretario general del PP en la comunidad, Francisco Vázquez, y el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Martínez pide a Mañueco “seriedad” para que las reuniones no se conviertan en “un mero trámite”

Tras el encuentro con Vox del miércoles, Mañueco continuará el jueves la ronda de reuniones con el resto de formaciones: Soria Ya, Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y, finalmente, el PSOE. El secretario general de los socialistas en Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado “rigor” y “seriedad” en este proceso para evitar que las reuniones se conviertan en “un mero trámite”. El PSOE ha solicitado formalmente conocer el orden del día de su encuentro con el PP, así como los interlocutores que participarán en la cita.

Martínez ha enmarcado esta ronda de contactos como una rectificación por parte de Mañueco, que durante la campaña y tras la noche electoral había descartado cualquier acercamiento a los socialistas. Aun así, ha asegurado que su partido acudirá “por responsabilidad” y con la intención de aportar soluciones a los problemas de la comunidad.

El dirigente socialista ha señalado que las conversaciones entre PP y Vox serán las que determina el futuro gobierno autonómico. A su juicio, el desenlace no dependerá únicamente de los líderes de Castilla y León, sino que estará condicionado por las direcciones nacionales de ambos partidos.

La Consejería de Cultura de Castilla y León destina 295.000 euros a la organización del circuito de novilladas 2026, según ha aprobado este jueves el Consejo de Gobierno.

El Circuito de Novilladas que se celebra en Castilla y León se concibe tanto como una medida de promoción y difusión de la tauromaquia como patrimonio cultural de los castellanos y leoneses, como de impulso a la continuidad de la fiesta mediante el apoyo a los jóvenes aspirantes a profesionales taurinos, especialmente a aquellos oriundos de la Comunidad. Con esta subvención se financiarán los gastos subvencionables que se realicen entre el 1 de marzo y el 15 de noviembre, según ha informado la Junta de Castilla y León a través de un comunicado.

La Fundación del Toro de Lidia, que llevará a cabo la organización del certamen, es la única entidad con experiencia en la organización de este tipo de actividades, y desde el año 2021 organiza la Liga Nacional de Novilladas, compuesta en la actualidad por cinco circuitos de novilladas con picadores, en los que participan diferentes comunidades autónomas: además de Castilla y León, Madrid, Andalucía, Extremadura y Comunidad Valenciana.

El Circuito de Novilladas de Castilla y León tiene previsto un calendario de celebración en 2026, entre el 13 de junio al 8 de agosto, y constará de seis novilladas con picadores, que se celebrarán en plazas de toros de Castilla y León, donde intervendrán novilleros punteros de la Comunidad. El objetivo de este certamen taurino es dar visibilidad a aspirantes con demostradas condiciones para esta profesión y que pueden no evolucionar por falta de oportunidades. En el certamen intervendrán un total de seis novilleros, cinco de ellos oriundos de Castilla y León y un novillero de otra comunidad autónoma, que participará mediante un sistema de intercambio, basado en los principios de reciprocidad e igualdad de trato, que propicia la interacción entre los distintos certámenes de novilladas que componen la Liga Nacional de Novilladas.

Estas acciones suponen una innovación en la industria del toro, un modelo con una serie de señas de identidad. Además, el circuito contará con unas normas claras de acceso y participación basadas únicamente en los méritos de sus participantes. Todos ellos estarán sujetos a la normativa taurina vigente.

El calendario de celebración previsto tendrá una primera fase de novilladas, que se celebrarán el 13, 20 y 27 de junio. Seguirán dos semifinales el 11 y 25 de julio, para concluir el Circuito con la final, el 8 de agosto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tiene entre sus objetivos dirigidos a promover e impulsar la tauromaquia como bien de interés cultural de carácter inmaterial, la promoción, protección, ilustración, estudio y difusión de la tauromaquia, como manifestación cultural secular. A lograra este objetivo de promoción de la tauromaquia se une el hecho de que la Liga Nacional de Novilladas fomenta e impulsa las carreras de los jóvenes profesionales de la Comunidad, permitiéndoles no solo participar en las novilladas a celebrar en el propio territorio, sino también fuera de la Comunidad en el resto de los circuitos que conforman la Liga Nacional.

El portavoz de la Junta de Castilla y León y procurador electo del PP, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido este jueves que un gobierno en solitario, aún estando en minoría parlamentaria, como el que ha funcionado en la Comunidad desde julio de 2024 es “más eficaz” y responde “mejor” a los problemas de los ciudadanos que cuando era de coalición con Vox.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, preguntado por su recuerdo de lo que fue es gobierno de coalición con Vox y por lo ocurrido tras su salida del Ejecutivo autonómico, Carriedo ha reconocido, no obstante, que las elecciones del pasado domingo plantean que los ciudadanos quieren “un gobierno presidido por Mañueco”, pero también “diálogo”.

Preguntado precisamente por los contactos que pueda convocar el PP en los próximos días, Carriedo ha preferido no ser él quien anuncie esos encuentros, al tratarse de un ámbito del partido y no del Ejecutivo.

Sin embargo, se ha extendido más en su percepción de que, tal y como ha expresado el presidente en funciones y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, prefiere gobernar en solitario y llegar a acuerdos en el ámbito parlamentario en las Cortes de Castilla y León, donde carecen de mayoría, por lo que necesitará del apoyo de otros grupos.

Pese a esa visión sobre la bondad de que sea un único partido el que integre el gobierno, Carriedo ha añadido que “los ciudadanos son los que deciden con su voto” y “nunca se equivocan”, por lo que ha asumido que ahora corresponde a los partidos “gestionar este resultado”: 33 procuradores para el PP, 30 para el PSOE, 14 para Vox, 3 para UPL, 1 para Por Ávila y 1 para Soria Ya.

Sobre el acuerdo que articuló en 2022 y hasta julio de 2024 el pacto de la coalición PP-Vox, Carriedo ha defendido que fue “una base transparente” con “información precisa” de lo que se proponían hacer ambos partidos desde el gobierno y que “vino funcionando algo más de dos años al servicio de la gente”.

Sin entrar a analizar lo que puedan acordar o no los partidos, el portavoz de la Junta ha confiado en que el periodo en funciones del Ejecutivo sea “lo más breve posible”, aunque para conseguir eso se ha propuesto “dejar trabajar a los partidos” y que escuchen “lo que dicen las urnas”.

En su opinión, los ciudadanos han lanzado “dos mensajes”: “un modelo de gobierno y de gestión, hay un partido que ha ganado las elecciones, el PP ha subido en votos y escaños, por lo que debe asumir la acción fundamental del gobierno, desde el acuerdo y el entendimiento. Ambas cuestiones son compatibles”, ha resumido. “Espero la buena voluntad de todos”, ha apostillado Carriedo.

La Fiscalía Provincial de Burgos ha remitido al juzgado la investigación por la muerte el pasado diciembre de dos pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que por un error en la preparación del fármaco recibieron una dosis seis veces mayor que la pautada.

El fallecimiento de los dos pacientes derivó de un fallo en la disolución de un fármaco, que hizo que tanto los dos fallecidos como otros tres afectados recibieran un medicamento con exceso de concentración, unos hechos que reconoció el hospital en enero pese a haber ocurrido a finales de diciembre.

Según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía, esta ha decidido presentar denuncia ante el juzgado para que investigue el caso, después de que tanto el Defensor del Paciente como dos afectados denunciaran una supuesta negligencia, lo que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación preprocesales.

Ahora, en un escrito del 11 de marzo, la Fiscalía informa al Defensor del Paciente de que ha pedido al juzgado la apertura de diligencias, a fin de continuar con la investigación de este caso, lo que para la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, es “una buena noticia”.

Ha indicado a EFE que supone que la Fiscalía ve “indicios de delito” y ha insistido en que sea un “error humano”, como lo ha defendido el propio hospital, que asumió la responsabilidad, “es gravísimo” y que ha ocasionado la muerte de dos pacientes, que fueron a curarse y recibieron una dosis seis veces superior.

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) reconoció, el 13 de enero, que dos pacientes oncológicos habían fallecido y otros tres estaban afectados tras recibir un medicamento con exceso de concentración; los hechos habían ocurrido el 18 de diciembre, pero la noticia no se conoció hasta ese mismo 13 de enero.

La Junta de Castilla y León, que ha respaldado en todo momento a la gerencia del hospital, anunció que se haría cargo de las indemnizaciones a los afectados y sus familias, y descartó tomar medidas disciplinarias insistiendo en que se trataba de un “error humano”.

El Defensor del Paciente ha insistido en que se trata de una negligencia médica, por lo que ve necesario que se juzgue lo ocurrido para determinar si ha habido delito y quién o quiénes son los responsables; también para evitar que vuelva a suceder.

El PSOE llevará a las Cortes de Castilla y León el próximo mes de abril una iniciativa legislativa en materia de prevención y extinción de incendios forestales. Así lo ha asegurado, el secretario general autonómicos, Carlos Martínez, quien ha explicado que con esta medida se pretende responder a la “inacción” por parte de la Junta tras los grandes fuegos. La propuesta se registrará una vez quede constituido el nuevo Parlamento autonómico, previsto para el 14 de abril y según las cuentas del líder socialista será “el 15 o el 16 de abril” que se aborde el tema.

Martínez ha defendido el carácter “urgente” de esta iniciativa, que buscará adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal mediante la elaboración de dos marcos legales: uno para los bomberos forestales y otro para los agentes medioambientales. Según ha precisado, el objetivo es construir “una ley de toda Castilla y León”, aunque ha dejado claro que el proceso se impulsará al margen del Ejecutivo autonómico.

El líder socialista ha señalado la necesidad de corregir lo que ha calificado como carencias estructurales del actual operativo, en unos años en el que los incendios forestales han ganado intensidad y extensión. A su juicio, la Comunidad sigue expuesta a episodios similares a los vividos el pasado verano, cuando el fuego arrasó más de 140.000 hectáreas, sin que se hayan producido cambios de fondo en la organización ni en los recursos.

En la reunión con represantes sindicales de los trabajadores del operativo se ha puesto en marcha una Mesa de Trabajo sobre Incendios Forestales , en la además de sindicatos tendrán presencia los propietarios de los terrenos, ya sean privados o públicos. Este espacio, según ha señalado el líder socialista, servirá para recoger propuestas y trasladarlas a un borrador legislativo que será remitido también a ayuntamientos, propietarios forestales y otros colectivos implicados.

“Haremos lo que no hace la Junta”, ha resumido Martínez, quien ha acusado al Gobierno autonómico de limitarse a introducir ajustes parciales, como la ampliación de los contratos en la parte pública del operativo —que representa en torno a un 20 o 30% del total— mientras, ha dicho, el resto de trabajadores continúa en condiciones de precariedad. En este sentido, ha cuestionado que estas medidas supongan una mejora real del sistema y ha denunciado una falta de planificación ante incendios de nueva generación.

Entre los aspectos que el PSOE considera prioritarios figura la reforma del decreto de guardias, un texto que no se actualiza desde 2004 y que, según coinciden tanto el partido como los sindicatos, resulta insuficiente para afrontar la realidad actual. Martínez ha criticado que se mantenga un modelo organizativo “de hace más de dos décadas” para hacer frente a incendios cada vez más complejos.

También ha puesto el foco en la formación y las condiciones laborales del personal del operativo. En este punto, ha cuestionado que trabajadores con contratos fijos discontinuos y una formación limitada puedan ser enviados a primera línea de fuego, en ocasiones con escasa experiencia, lo que incrementa los riesgos. “Luego llegan las tragedias y nadie asume responsabilidades”, ha advertido.

Alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales insuficientes

Las críticas a la situación del operativo han sido compartidas por los representantes sindicales presentes en la reunión, que han coincidido en señalar que apenas ha habido cambios desde el pasado verano. Desde CSIF, CCOO y la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCyL) han apuntado que el operativo sigue con graves deficiencias estructurales, con alta temporalidad, externalización de servicios y condiciones laborales precarias.

La representante de CSIF, Sara Mateos, ha asegurado que, a escasos meses del verano, “la triste realidad es que no ha cambiado nada absolutamente”. A su juicio, el operativo mantiene una estructura “decadente”, con deficiencias acumuladas y condiciones laborales precarias.

Mateos ha criticado la temporalidad y la situación en la que se encuentran de los trabajadores externalizados, que en muchos casos solo son contratados durante unos meses al año con “salarios en torno a los 1.200 euros”. Además, ha advertido de que el contexto climático y territorial hace prever que incendios como los registrados en los últimos veranos “se van a volver a repetir”, por lo que considera “lamentable” que no se hayan adoptado medidas para adaptarse a esta nueva realidad mientras aumenta la exposición al riesgo de las plantillas.

Por su parte, Jorge Nieto, de CCOO, ha señalado que la reforma del decreto de guardias es la “piedra angular” para revertir esta situación. Según ha denunciado, la Junta “incumple de forma reiterada” la normativa vigente, con prácticas como la asignación de equipos de protección inadecuados o la prolongación de las jornadas laborales más allá de los límites legales.

Nieto ha detallado que, aunque el máximo establecido es de 12 horas, hay trabajadores que encadenan turnos de “entre 16 y 20 horas”, lo que incrementa la fatiga y el riesgo en intervenciones ya de por sí complejas. En este contexto, ha reclamado retomar las negociaciones del decreto, que acumula más de un año y medio sin avances, para adaptarlo a las exigencias actuales del operativo.

Desde ATIFCyL, Sergio Fidalgo ha incidido en la falta de reconocimiento profesional como uno de los principales déficits del sistema. Según ha explicado, la no aplicación de la ley estatal de bomberos forestales impide que estos trabajadores sean reconocidos como tales, lo que tiene consecuencias directas en sus condiciones laborales y que no sean reconocidos sus enfemedades laborales.

Fidalgo ha alertado de situaciones como la presencia de trabajadores de edad avanzada en primera línea de fuego, al no aplicarse coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación. También ha criticado la elevada dependencia de empresas privadas en el operativo, a las que ha acusado de priorizar criterios económicos, lo que repercute en la calidad del servicio y en la estabilidad de las plantillas.

La Junta de Castilla y León no sancionará ni a la Escuela Taurina de Salamanca ni al Ayuntamiento de Ledesma o a la Diputación (Salamanca) que permitieron torear a un menor de 15 años en el Bolsín Taurino de marzo de 2024. El menor tenía 14 años en el momento del certamen, y el propio Ayuntamiento reconoció este “error administrativo” en agosto de 2024 en un escrito oficial. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no activó el proceso sancionador. En enero de 2026, el Procurador del Común —el Defensor del pueblo autonómico, que también ostenta la responsabilidad sobre la Transparencia con los mismos recursos económicos y humanos— pidió incoar un procedimiento sancionador “para depurar las presuntas responsabilidades”. Pero no se ha hecho al final.

La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha aceptado el escrito del Procurador del Común y ha valorado la posibilidad de incoar el procedimiento sancionador por dos infracciones graves al contravenir las bases del certamen taurino: una persona no habilitada para la lidia intervino en el espectáculo y se incumplieron las condiciones establecidas en la normativa municipal, que en el caso de Ledesma se limitó a mayores de 15 años. Sin embargo, el departamento de Suárez-Quiñones no ve factible iniciar el proceso sancionador porque, como el bolsín taurino se celebró en 2024, las infracciones habrían prescrito. El Procurador del Común, por lo tanto, ha dado por finalizada su intervención y ha archivado el expediente.

Así, quedará impune que, en una serie de “errores” de la Escuela Taurina, el Ayuntamiento de Ledesma o la Diputación de Salamanca, un chico de 14 años participara en un evento taurino a pesar de que no estaba permitido hacerlo hasta no haber cumplido los 15 años, un hecho que se consideró probado e “irregular”, puesto que las normas eran muy claras al respecto. El Ayuntamiento “debía haber excluido, descalificado o denegado la participación del joven seleccionado por la Escuela Taurina por incumplir tal requisito. Este acto hubiera garantizado la legalidad del evento y la seguridad del menor admitido”, zanjó el Procurador del Común hace unos meses. Además, el Ayuntamiento de Ledesma ya subió la edad mínima desde el año pasado hasta los 16 años, según su normativa.

Una documentación que no se sabe quién revisó

Este alumno, que entonces tenía 14 años, estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. Esta Escuela proponía a los alumnos para que participaran en los diferentes bolsines. Las normas del espectáculo taurino obligaban a que los más pequeños tuvieran como mínimo 15 años cumplidos el último día de la inscripción y las candidaturas de los novilleros debían ir acompañadas de su “currículum taurino” con fotocopia del DNI o pasaporte, copia del carnet de novillero del Ministerio de Cultura y el documento de afiliación a la Seguridad Social. Los menores de edad también debían presentar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento (PP) han derivado las responsabilidades a la Diputación de Salamanca (PP) a pesar de que  las bases del concurso establecían que el DNI, el “currículum taurino” y la autorización del tutor responsable del menos debían enviarse al correo electrónico del Ayuntamiento. Sin embargo, el alcalde defendió que esos datos no los tramitaban ellos. Al no tramitarse ningún expediente sancionador, no se ha hecho público qué institución o entidad era la responsable de vigilar que todos los participantes cumplieran con los requisitos necesarios.

“Sus responsables debían conocer la edad del menor, al estar obligados a disponer del libro de alumnos con sus datos de identificación registrados”, señalaba el Procurador del Común. A pesar de que las resoluciones no son de obligado cumplimiento, es habitual que las Administraciones públicas acaten las recomendaciones e instancias del Procurador del Común.

La Diputación entrega anualmente una subvención de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”. El área de Cultura de la Diputación de Salamanca entrega 21.900 euros anuales en subvenciones directas (para los bolsines de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Parada de Rubiales y el Museo Taurino de Salamanca) y otros 190.000 euros en concurrencia competitiva para que los Ayuntamientos organicen novilladas con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia. Cada uno de esos bolsines tiene una normativa determinada y limita la edad de participación, que en Castilla y León es como mínimo de 14 años. Igual que en Ledesma era de 15 años la edad, mínima, en otros municipios como Candeleda (Ávila), Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo (Salamanca), la edad mínima de participación es de 16 años.

Por un error en la revisión del artículo, se tituló 'Castilla y León deja sin sanción al Ayuntamiento de Salamanca por dejar torear a un menor de 15 años al expirar los plazos'. El Ayuntamiento de Salamanca no tiene nada que ver con esta situación.

El cantaor José Mercé, Leire Martínez, Marta Sánchez, Omar Montes o el grupo de heavy metal Mägo de Oz son algunos de los doce artistas y grupos que sonarán el próximo 22 de abril en Castilla y León, víspera del Día de la Comunidad, en las nueve capitales de provincia, en la de la comarca del Bierzo, Ponferrada, y en los municipios burgaleses de Aranda de Duero y Miranda de Ebro.

En un comunicado, la Junta ha detallado este martes que en todos los casos, salvo en Aranda, los grupos tendrán como teloneros a una banda o artista local.

En concreto, José Mercé tocará en Ávila, mientras que en Burgos tocará Lia Kali (en la capital), la Orquesta Panorama (Aranda de Duero) y el grupo de rock andaluz Medina Azahara; mientras que en León se subirán al escenario Omar Montes y en la capital berciana, la banda de folk-metal Mägo de Oz.

Marta Sánchez tocará en Palencia, mientras que en Salamanca lo hará el cantautor Beret; en Segovia, el intérprete de reguetón y trap Lucho RK; en Soria, tocarán los malagueños Chambao; en Valladolid, lo hará Antonio José, mientras que en Zamora tocará Leire Martínez, la hasta hace poco cantante de La Oreja de Van Gogh.

Otras actividades

En la antesala del 23 de abril, el Centro Cultural Miguel Delibes también acogerá la entrega los Premios Castilla y León 2025, que reconocen a figuras destacadas de la Comunidad en materias como Artes; Ciencias Sociales y Humanidades; Deporte; Investigación Científica y Técnica e Innovación; Letras; Tauromaquia; y Valores Humanos y Sociales.

La justificación de que estos conciertos se celebren en la víspera de Villalar responde, según las mismas fuentes, “al respeto institucional hacia los actos que se celebran el 23 de abril en Villalar de los Comuneros” (Valladolid), una fiesta criticada por partidos políticos de derecha y que también rechazan el leonesismo, que en ha criticado el despilfarro de estos conciertos.

El consejero de la Presidencia y presidente de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha incidido en que la música “es una de las mejores maneras” de celebrar la Comunidad y ha valorado que la “fiesta llegue a todos los rincones de Castilla y León, con artistas muy reconocidos y con estilos diferentes”.

Actividades y premios folk

El 23 de abril, las celebraciones se completan con actividades deportivas gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía en las doce localidades que acogerán los conciertos, con marchas solidarias y gratuitas a favor de la federación Plena Inclusión, que agrupa a 40 asociaciones y fundaciones que trabajan por las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Asimismo, ese día se entregarán en Villalar de los Comuneros (Valladolid) los primeros Premios de Música Folk y Tradicional de Castilla y León, al que se han presentado cerca de 50 candidaturas en las categorías Premio Individual; Premio al Mejor Grupo o Agrupación de Música o Danza Tradicional, y Premio a la Mejor Iniciativa de Recuperación, Investigación o Divulgación del Folclore.