El nuevo curso político ha empezado prácticamente igual que el anterior: con el anuncio de la Junta de Castilla y León de 36 medidas que rebajan los impuestos. Pero si el año pasado quien comparecía era el presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo (PP), este año se ha sumado el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales , Carlos Pollán (Vox). El nuevo gobierno de coalición, aunque formado en junio, arranca ahora.

La Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas para 2027, que incluye 36 nuevas rebajas tributarias que, junto a las ya existentes, supondrán un ahorro de 920 millones de euros en 2027 para los contribuyentes. Los destinatarios no varían respecto al pasado año: familias, jóvenes y emprendedores en el medio rural o en el urbano.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se rebaja a todos los contribuyentes. El tipo mínimo autonómico pasará del 9 % al 8,75 %, con el objetivo de que se sitúe en el 8 % al final de la legislatura. Con esta rebaja, Castilla y León consolidará su posición entre las comunidades autónomas con el tipo mínimo del IRPF “más bajo de España”.

La Junta de Castilla y León también incorporará una nueva deducción de hasta 150 euros en el IRPF por los gastos de las cuotas de gimnasios y distintas actividades deportivas. La deducción podrá incluir también los gastos correspondientes a padres e hijos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludable entre las familias.

Se extenderá progresivamente la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a hermanos, tíos y sobrinos, que se sumará a la práctica eliminación del impuesto establecido por la Junta de Castilla y León para familiares directos, con el objetivo de que no suponga un impedimento para aceptar herencias o donaciones y facilitar que estos recursos puedan destinarse a la adquisición de vivienda o al emprendimiento. A partir de 2027 se establecerá una nueva bonificación del 3 % sobre los primeros 100.000 euros por heredero.

Vivienda

Dentro del paquete de nuevas rebajas tributarias, la Junta de Castilla y León reforzará especialmente los incentivos destinados a facilitar el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, con especial atención a los jóvenes. La ‘Cuenta Ahorro Vivienda Joven’, que permitirá a los menores de 40 años aplicar una deducción de hasta 1.500 euros al año durante cinco años. De este modo, un joven podrá deducirse hasta 7.500 euros, mientras que una pareja joven podrá llegar a 15.000 euros, para poder destinar estos recursos a la compra de su vivienda.

También se impulsará el alquiler estable y asequible, mediante nuevos incentivos fiscales tanto para inquilinos como para propietarios. En concreto, se establecerá una nueva deducción de hasta 600 euros al año por cada vivienda vacía que se incorpore al mercado del alquiler, siempre que se ofrezca por una renta máxima de 750 euros mensuales en el medio urbano y de 500 euros en el medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico rebajará el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual, con un tipo reducido del 3,75 % frente al general del 8 %. Esta medida beneficiará a jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, vivienda de protección oficial y víctimas de violencia machista. El presidente no ha querido valorar el hecho de que el Ayuntamiento de Valladolid, gobernado también por PP y Vox hayan eliminado a las víctimas de violencia machista del protocolo de acceso a vivienda social. “Lo pactamos en el acuerdo -de gobierno- y así lo hemos plasmado. Yo sólo hablo de lo que hacemos en la Junta”, ha comentado.

La Junta establecerá nuevos tipos reducidos del 1,25 % en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados para las escrituras de obra nueva y división horizontal, con el objetivo de incentivar la construcción de viviendas de protección pública, tanto destinadas a la venta como al alquiler.

Estas nuevas rebajas tributarias forman parte de una estrategia fiscal orientada a apoyar a las familias, ampliar las oportunidades para los jóvenes, reforzar el medio rural y facilitar el emprendimiento, al tiempo que se favorece la actividad económica y la creación de empleo. Para ese apoyo a las familias, se incrementan los importes de la deducción autonómica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por nacimiento o adopción a 1.050 euros por el primer hijo, 1.550 euros por el segundo y 2.400 euros por el tercero y siguientes, con la previsión de alcanzar los 1.200, 1.700 y 2.500 euros, respectivamente, al final de la legislatura. Estas cuantías aplicadas se duplicarán cuando el nacido o adoptado presente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En el ámbito del apoyo a las personas con discapacidad, se elevan los importes de la deducción en el IRPF hasta los 325 euros o los 700 euros en función del grado de discapacidad y la edad del contribuyente, estableciéndose una nueva deducción específica dirigida a los descendientes del contribuyente.

Ampliación de beneficios fiscales del medio rural

Para el refuerzo de la fiscalidad en el medio rural, se amplían territorialmente los beneficios fiscales extendiéndolos a municipios de hasta 20.000 habitantes, superando el anterior límite de 10.000, lo que permite dar cobertura al 97% de los municipios de la Comunidad, incrementando el límite del valor de la vivienda habitual hasta los 200.000 euros desde 150.000 euros.

La deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural se mejora en un 40 % estableciendo deducciones de 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 euros por el segundo y 3.360 euros por el tercero y sucesivos, con un objetivo final de legislatura de 1.680, 2.380 y 3.500 euros respectivamente. Estas cantidades también serán duplicadas si el menor cuenta con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

En cuanto a deducciones en el IRPF vinculadas a la vivienda en el medio rural, la deducción por gastos de alquiler para jóvenes se incrementa del 25 % al 27 %, con la meta de situarse en el 30 % al concluir la legislatura.

Para la rehabilitación de vivienda en el medio rural destinada al alquiler asequible, la deducción aplicable sobre la inversión asciende del 15 % al 17 %, con un objetivo final de la legislatura del 20 %.

Se suprime el gravamen en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO) y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para la adquisición de la primera vivienda habitual para todos los residentes sin importar su edad, eliminando la restricción previa de 36 años; la compra de inmuebles destinados a actividad económica como sede social o centro de negocios; para la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias, incluyendo su maquinaria y elementos vinculados; en las escrituras necesarias para documentar la agregación, agrupación o segregación de fincas rústicas destinadas a estas explotaciones agrarias prioritarias; y en las de agregación, agrupación y segregación de suelo industrial o terciario.

Autónomos

Dentro de las medidas para autónomos, el programa Relevacyl incorpora reducciones para adquirir inmuebles asociados al negocio, reduciendo el tipo de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 8 % al 7 % con un objetivo final de legislatura del 4 %, y el de Actos Jurídicos Documentados, del 1,5 % al 1 %, con una meta final de situarlo en el 0,5 %.

Para favorecer la continuidad de la actividad agraria, se amplía la reducción del 99% en el impuesto de sucesiones por adquisición de explotaciones agrarias que se extiende a familiares colaterales de cuarto grado por consanguinidad, como primos, tíos, abuelos y sobrinos nietos; y a trabajadores asalariados de la propia explotación que realicen jornada completa y cuenten con al menos tres años de antigüedad contrastada.

Asimismo, para incentivar la agrupación de parcelas, se establece un tipo reducido en Transmisiones Patrimoniales Onerosas del 7 %, frente al 8 % previo, para aquellos agricultores dados de alta en la Seguridad Social que posean parcelas adyacentes, complementando así la bonificación del 100 % en el arrendamiento de fincas rústicas y los tipos reducidos en la transmisión de explotaciones agrarias prioritarias.

Castilla y León mantiene un único tributo propio que integrará los parques fotovoltaicos y las redes de comunicaciones telefónicas y telemáticas, incluyendo postes, torres y antenas, frente a comunidades con hasta 15 gravámenes distintos. Este impuesto no se establece para los parques fotovoltaicos ubicados en cubiertas de edificaciones y para aquellos que ocupen una superficie inferior a 5 hectáreas. Asimismo, estarán exentos del pago los parques dedicados al autoconsumo y las nuevas redes de comunicaciones instaladas en el medio rural. Una medida que no afectará ni a las familias ni a las instalaciones de autoconsumo.

Además, se establecen bonificaciones y exenciones para la repotenciación de instalaciones eólicas que cuenten con más de 10 años de antigüedad.

Finalmente, se posibilita una bonificación de hasta el 30 % de la cuota tributaria a los titulares de parques eólicos y fotovoltaicos por inversiones efectuadas en programas de mejora del bienestar y de lucha contra la despoblación en los municipios afectados, mediante convenios entre los promotores y las administraciones locales y autonómica.

Reducción de tasas autonómicas

Con relación al plan de reducción de tasas, se prorroga la congelación de los importes de las tasas autonómicas iniciada en 2014, con el fin de contrarrestar el impacto de la inflación sobre los contribuyentes, lo que acumula un impacto económico estimado de 31 millones de euros de ahorro hasta el ejercicio 2025. Esta congelación se acompañará del mantenimiento y ampliación de las exenciones y bonificaciones aplicadas durante toda la legislatura.

Estas medidas entrarán en vigor cuando se aprueben los presupuestos de 2027. Mañueco ha adelantado que estarán listos el próximo 15 de octubre, plazo máximo que marca el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

El Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León ha retirado tres preguntas a través de la Mesa de las Cortes apenas tres horas después de presentarlas. Las preguntas eran críticas y pretendían fiscalizar el trabajo de la Junta, que Vox integra junto con el Partido Popular y apuntaban a dos consejerías del PP, la de Sanidad y la de Medio Ambiente. Tal y como ha podido comprobar elDiario.es, las tres preguntas formuladas por dos procuradoras de Vox, Dolores Mateo y Laura Dorreis, apenas aguantaron tres horas en el registro del Parlamento: se presentaron a las 10 de la mañana del jueves y pasadas las 13.00 las propias parlamentarias solicitaron su retirada en registro.

Las cuestiones planteadas eran para su respuesta por escrito, ni siquiera se iban a trasladar al Pleno, si bien tanto las preguntas como las respuestas sí quedan registradas en el Boletín Oficial de las Cortes.

Denegación de visados para productos farmacéuticos de nutrición enteral

En concreto, la procuradora por Salamanca Dolores Mateo, farmacéutica de profesión planteaba una serie de preguntas a la Consejería de Sanidad, a cargo de Alejandro Vázquez, relacionadas con la denegación de visados de medicamentos para la la nutrición enteral domiciliaria así como espesantes. Se trata de una medicación que utilizan pacientes con problemas de deglución y nutrición y que son “esenciales” para mantener su calidad de vida. La “negativa sistemática”, planteaba Mateo, afecta a un colectivo vulnerable, pacientes ancianos, y “obliga a muchas familias a asumir el coste íntegro de esos productos a pesar de que muchos de esos pacientes perciben pensiones mínimas, ”lo que supone una carga económica insostenible que puede derivar en el abandono del tratamiento“. Por ello, Mateo cuestionaba con varias preguntas la denegación de visados aunque existe una normativa establecida para su autorización.

Huelga sanitaria por la reforma del Estatuto Marco

Su compañera de filas, la procuradora por León Laura Dorreis, técnica farmacéutica, también planteaba preguntas dirigidas a la Consejería de Sanidad, en concreto sobre el proceso de reforma del Estatuto Marco promovido por el Ministerio que ha generado “un importante conflicto con las organizaciones representativas de los médicos y facultativos” con las consecuentes movilizaciones. Dorreis quería conocer qué actuaciones desarrolla la Junta de Castilla y León para defender los intereses de los profesionales y trasladar al Ministerio su postura.

Seguridad en zonas de baño

Dorreis también registró una pregunta para la Consejería de Medio Ambiente sobre las medidas de prevención y seguridad en ríos embalses y zonas de baño. Las respuestas, a menos que otro partido tome el testigo, nunca se responderán. Desde Vox han comentado a elDiario.es que las preguntas se han retirado horas después de registrarlas porque consideran que las preguntas escritas al gobierno “son un instrumento más acorde con la labor de un grupo en la oposición”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Administración autonómica y a la aseguradora a abonar 28.000 euros a un paciente del Complejo Asistencial de Ávila, por los daños sufridos tras una intervención quirúrgica de vesícula.

El fallo dado a conocer este viernes por el alto tribunal, estima parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un paciente, que inicialmente solicitaba 62.240,33 euros de indemnización, tras la desestimación de la misma desde la administración, por silencio administrativo.

Con la posición contraria de la Junta y la aseguradora a la demanda del paciente, la Sala ha apreciado una infracción de la 'lex artis médica' -conjunto de reglas técnicas y criterios profesionales exigibles en cada actuación clínica-.

Y ello, según el TSJCyL, al estimar acreditado que durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, practicada el 15 de junio de 2023, se produjo “el atrapamiento y posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención”, lo que derivó en “graves complicaciones”.

No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León descarta que existiera una actuación negligente en el diagnóstico y tratamiento de la complicación, una vez que aparecieron los síntomas.

Según el tribunal, tanto las pruebas diagnósticas, como la reintervención quirúrgica -efectuada al día siguiente, el 16 de junio de 2023-, se realizaron en un plazo de tiempo “adecuado” y “conforme a la práctica médica exigible”.

Por ello, el TSJCyL declara la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tiempo que reconoce al paciente una indemnización de 28.000 euros, que deberá ser abonada solidariamente junto con la aseguradora codemandada.

Por todo ello, el daño al paciente se concreta en queda concretado en las lesiones temporales; las dos cirugías -laparotomía el 16 de junio de 2023 y traqueotomía, así como las secuelas, que se han traducido en un “perjuicio psicofísico -yeyuno ilectomía sin trastorno funcional- y ”perjuicio estético“.

La Junta de Castilla y León subvencionará con hasta 900 euros la obtención del permiso de conducir de clase B para jóvenes de entre 18 y 30 años con el objetivo de mejorar su acceso al empleo, favorecer la emancipación y contribuir a fijar población, especialmente en el medio rural, según las bases reguladoras publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La medida, impulsada por la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, prevé ayudas que cubrirán parte de los gastos derivados de la obtención del carné de conducir y que podrán alcanzar un máximo de 900 euros, en función de la renta de la unidad de convivencia de la persona solicitante.

En la orden publicada, la Junta argumenta que la movilidad constituye un elemento “estratégico” para combatir el despoblamiento y favorecer el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en una comunidad marcada por la dispersión territorial y el peso del medio rural.

El Ejecutivo autonómico destaca que disponer del permiso de conducir resulta determinante para acceder a numerosas oportunidades laborales, especialmente en sectores con relevancia en Castilla y León como los servicios, la industria agroalimentaria o la logística.

Además, recuerda que el permiso B es un requisito previo para acceder a licencias profesionales vinculadas al transporte de mercancías y viajeros, un ámbito que presenta una elevada demanda de trabajadores.

Las ayudas estarán dirigidas a jóvenes que hayan cumplido 18 años y que no superen los 30 durante el año de la convocatoria.

Entre los requisitos figura residir y estar empadronado en algún municipio de Castilla y León con una antigüedad mínima de cinco años antes de la obtención del permiso y mantener ese empadronamiento de forma ininterrumpida durante al menos tres años después de solicitar la subvención.

La cuantía máxima será de 900 euros para las unidades de convivencia con ingresos inferiores a 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

La ayuda podrá alcanzar hasta 750 euros para rentas situadas entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM; hasta 600 euros para ingresos entre 2,5 y 3,5 veces ese indicador; y hasta 450 euros para quienes superen ese umbral.

Serán subvencionables gastos como la matrícula, las clases teóricas y prácticas impartidas en autoescuelas homologadas con centros abiertos en Castilla y León, así como las tasas y derechos de examen de Tráfico. Quedarán excluidos los reconocimientos médicos y psicotécnicos y otros gastos de gestión.

Las subvenciones se concederán mediante concurrencia competitiva y las solicitudes se ordenarán principalmente según el nivel de renta de la unidad de convivencia, de menor a mayor. En caso de empate, prevalecerá el orden de presentación de la documentación completa.

La gestión de las ayudas contará con la colaboración de la empresa pública SOMACyL y las solicitudes deberán presentarse preferentemente de forma electrónica a través de la sede de la Administración autonómica

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes de Castilla y León, Carlos Martínez, ha tildado de “ilegal” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), por tratar de incumplir con la redistribución de menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este jueves en la Cámara autonómica, Martínez ha subrayado la necesidad de contar con una Junta que “vaya más allá de la empatía y la solidaridad” y que “sea sensible, tenga alma y cumpla con la legalidad”.

“Hoy el ilegal es el presidente de la Junta de Castilla y León, dando una vez más un desplante, ya que no sólo es un ejercicio de deslealtad institucional, no acudiendo a las convocatorias que ponen encima de la mesa del gobierno de España para poder plantear soluciones de forma conjunta, sino ya intentando negarse al cumplimiento de la legalidad, sino que es la redistribución de los menores”, ha asegurado.

El portavoz socialista ha extendido esta responsabilidad a Vox, socio de gobierno del PP en Castilla y León y que allí donde gestiona las competencias de infancia (Extremadura y Aragón, además de Castilla y León) rechazó acudir a la Conferencia Sectorial de Infancia de este jueves y exigió el retorno de los migrantes a sus países de origen.

A su juicio, el presidente autonómico y sus socios “dan la espalda a los problemas reales que tiene la ciudadanía” en contraposición a la llamada “prioridad nacional” y ha defendido la necesidad de atender la crisis que afecta a la Ciudad Autónoma.

“Vamos a abandonar los gestos y las manifestaciones impostadas para intentar sacar un rédito a parte de todas estas crisis, vamos a resolver la crisis y para ello necesitamos del cumplimiento de la legalidad”, ha planteado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Leticia García, ha reprochado a Martínez su falta de “decoro” por estas afirmaciones por insultar a Mañueco en un asunto tan grave y ha acusado al líder socialista de actuar al igual que su partido a nivel nacional, al estar, en su opinión, instalado en “una crítica sistemática, vacía y sin trabajo alguno”.

La Junta insiste en recurrir el reparto de menores

La Junta de Castilla y León reclama al Gobierno que “analice bien la situación” y actúe dentro de sus competencias ante la crisis migratoria de Ceuta, “un fracaso de gestión”, y defiende su opción al recurso en el reparto de menores migrantes, que deben retornar a Marruecos con sus familias.

El portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en que tras varias semanas de crisis el Gobierno no ha sido capaz ni siquiera de “dar una visión general de lo que quiere hacer”.

“Esperamos que analice bien la situación y tome las decisiones en función de sus competencias en control de fronteras”, ha insistido en relación con la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia de este jueves, a la que asiste Castilla y León, y que abordará la atención a los menores que siguen en Ceuta.

Fernández Carriedo ha reiterado que lo sucedido en Ceuta es “un fracaso de gestión del Gobierno”, en su capacidad de controlar las fronteras, y ha lamentado que se siga semanas después sin datos precisos, sin resolver el problema y con diferentes interpretaciones en el Gobierno en función de los ministros.

Por ese motivo, la Junta exige al Ejecutivo central que actúe en el marco de sus competencias, aplique la normativa y envíe de vuelta a Marruecos a los migrantes, y en el caso de los menores, abra el correspondiente expediente individual para que vuelvan con sus familias, “que es el primer objetivo”, ha insistido.

El portavoz autonómico también ha defendido la opción de la Junta de recurrir cualquier expediente de menores que llegue incompleto, que no esté suficientemente elaborado o que no garantice el retorno con sus familias, que ya se ha anunciado por parte del vicepresidente primero, Carlos Pollán (Vox).

Castilla y León, junto a las otras tres comunidades autónomas con un gobierno de coalición PP-Vox, Aragón y Extremadura, han rechazado asistir a la reunión de este jueves con el Ministerio de Juventud e Infancia, y este miércoles anunciaron que impugnarán judicialmente los posibles traslados de menores desde Ceuta.E

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha acusado este jueves al ministro Óscar Puente de convertir la puesta en servicio de los nuevos tramos en un “acto de un partido político”. Para el consejero, la ausencia de representantes, tanto de la Junta como de la Diputación, y la presencia de cargos del PSOE responden a las aspiraciones de “suceder a Pedro Sánchez” del ministro de Transportes.

Carriedo ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado por el acto celebrado el pasado lunes con motivo de la apertura de los nuevos tramos de la A-11 en Valladolid. El portavoz autonómico ha señalado que, a su juicio, la inauguración estuvo más relacionada con el PSOE, como “un acto de partido” que con un acto institucional.

“Seguramente, está asociado a que la persona -Puente- que organizó ese acto, está ya más centrada sus intereses como candidato a suceder a Pedro Sánchez, que en pensar en los intereses generales de nuestra comunidad autónoma”, ha defendido Carriedo.

A pesar del dardo al ministro, el portavoz de la Junta ha indicado que el Ejecutivo autonómico está “otra dinámica: que es el interés general de los ciudadanos”. Según Carriedo, la Comunidad ha informado a los ciudadanos sobre qué carreteras autonómicas se pueden utilizar ser para que se haga con la máxima seguridad posible. Asimismo, desde la Junta se habría trasladado la información a los alcaldes que “no habían sido informados”, algo que tendría que haber hecho “el gobierno de España”.

El portavoz ha recordado además que el propio Puente ha reconocido que fue él quien decidió no invitar a representantes de la Junta, la Diputación de Valladolid ni a los alcaldes de los municipios afectados. “Es un dato a analizar”, ha apuntado Carriedo, que se ha preguntado si el ministro habría adoptado la misma decisión en una inauguración celebrada en otra comunidad autónoma.

La Junta defiende su papel en la apertura

Carriedo ha defendido que la Junta y la Diputación de Valladolid han tenido un papel activo para hacer posible la apertura parcial de la autovía. Según ha explicado, ambas administraciones han puesto a disposición del Gobierno sus carreteras para permitir la circulación mientras continúan las obras de los tramos que todavía no han podido ponerse en servicio.

“Se ha puesto a disposición estas carreteras”, ha señalado el portavoz, que ha insistido en que la colaboración ha sido necesaria porque parte del tráfico que hasta ahora circulaba por la N-122 se está desviando hacia vías de titularidad autonómica y provincial.

El aumento de circulación y el riesgo de la N-122, que cuenta con numerosos siniestros y fallecidos por su volumen de tráfico y peligrosidad, es uno de los argumentos utilizados por la Junta para reclamar cautela. Carriedo ha explicado que estas carreteras tienen un diseño local y comarcal y que la intensidad media diaria puede pasar de unos 2.200 vehículos a alrededor de 5.000.

Cambios en el tráfico del Valle del Cuco

La delegada territorial de la Junta en Valladolid, Raquel Alonso, se ha reunido este jueves con alcaldes del Valle del Cuco para analizar las afecciones provocadas por la apertura parcial de la A-11. En el encuentro han participado también representantes de la Diputación y técnicos de ambas administraciones.

La Junta ha trasladado a los municipios la necesidad de adaptar la regulación del tráfico ante el aumento de vehículos previsto. Entre las medidas figura la modificación de la regulación de los giros en la intersección de la carretera autonómica VA-101 con la provincial VP-3017, por donde se espera que pase buena parte del tráfico que anteriormente utilizaba la N-122.

Según la información difundida por la Junta, la apertura de los nuevos tramos se ha producido sin que esté terminado el viaducto sobre el río Duero, lo que ha obligado a reorganizar la circulación y está generando afecciones en las carreteras del entorno. La intensidad del tráfico está siendo monitorizada diariamente.

Los alcaldes han trasladado durante la reunión su malestar por los inconvenientes derivados de estos cambios y por la falta de información que, según la Junta, habría acompañado a la puesta en servicio. También han advertido de que las modificaciones coinciden con el inicio de la vendimia y con un periodo de mayor actividad agrícola.

Puente y la Junta: “palos en las ruedas” contra “colaboración”

La polémica surge tras las palabras y mensajes en redes de Puente tras de la inauguración. El ministro acusó a la Junta y a la Diputación de Valladolid de haber puesto “palos en las ruedas” a la apertura completa de la autovía y defendió que fueron las administraciones gobernadas por el PP las que impidieron abrir el tramo entero en ambas direcciones por razones de seguridad.

“Todo esto se lo agradecéis a la Junta de Castilla y León y a la Diputación Provincial de Valladolid, es decir al PP, que son quienes han impedido que abramos el tramo entero en ambas direcciones, por supuestas razones de seguridad, como era nuestra intención y nuestro deseo. Las explicaciones que las den ellos, que son los perpetradores de este dislate”, apuntaba el ministro de Transportes en una publicación en la red social X.

Puente también respondió en redes sociales a las críticas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre la ausencia de las instituciones autonómicas en el acto. El ministro calificó de “sectarismo” la posición del Gobierno autonómico y de la Diputación y sostuvo que estas administraciones habían dificultado la puesta en servicio de la infraestructura.

La versión de la Junta es distinta. Carriedo sostiene que precisamente la cesión y puesta a disposición de las carreteras autonómicas y provinciales ha permitido que el Gobierno pueda abrir parcialmente la A-11 antes de que estén terminadas todas las obras.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, lamentó este miércoles también no haber sido invitada al acto. “El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados”, afirmó, y aseguró que le habría gustado aprovechar la ocasión para reunirse con Puente y abordar las necesidades de Castilla y León.

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha señalado que le hubiera “encantado” participar este lunes en la inauguración de dos nuevos tramos de la Autovía A-11 junto al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y ha lamentado que ningún representante de la Junta de Castilla y León fuera invitado al evento.

“El único motivo de nuestra ausencia es que no fuimos invitados. Es triste decirlo”, ha señalado Sanchidrián durante una visita a las obras de un tramo experimental de la A-601 en la provincia de Segovia.

“Es una lástima porque no conozco además al ministro y me hubiese encantado estar con él y poder hablar de distintas necesidades que tiene nuestra comunidad, ha añadido Sanchidrián, quien ha concluido: ”Lo digo con pena, me da lástima que no fuéramos invitados“.

La titular de Movilidad ha hecho estas declaraciones durante su visita a las obras que la Junta desarrolla, en colaboración con la sociedad concesionaria Autovía del Eresma S.A., en un tramo de un kilómetro de la A-601, entre los puntos kilométricos 81 y 82 de la calzada en sentido Segovia.

La actuación tiene carácter experimental y permitirá probar una mezcla bituminosa que incorpora un 30 % de material procedente del fresado del propio firme de la autovía, junto con un aditivo rejuvenecedor destinado a recuperar las propiedades del material reciclado.

El objetivo es analizar la trabajabilidad de la mezcla y estudiar sus prestaciones y evolución a lo largo del tiempo, para comparar su comportamiento con otras soluciones, entre ellas las mezclas convencionales y aquellas que incorporan porcentajes de material reciclado dentro de los límites recomendados actualmente por la normativa.

Sanchidrián ha destacado que el tramo registra una intensidad de tráfico superior a los 10.000 vehículos al año y ha defendido que la apuesta por la reutilización de materiales no supone reducir las condiciones de seguridad de la vía.

La actuación se enmarca en el programa de renovación de firmes que la concesionaria desarrolla desde 2023 en el tramo segoviano de la A-601, entre Cuéllar y Valseca.

La experiencia da continuidad a otro tramo de prueba ejecutado durante el verano de 2024, en el que se utilizó un 15 % de material procedente del fresado, porcentaje máximo recomendado actualmente por la normativa para capas de rodadura de características similares a las existentes en la A-601.

La Junta pretende utilizar el seguimiento de ambas experiencias para comparar soluciones con distintos porcentajes de material reciclado y determinar su posible extensión a futuras actuaciones de conservación y rehabilitación de firmes.

La SG-500, pendiente del estudio ambiental

Durante su visita, la consejera también se ha referido al estado de la licitación de las obras de la SG-500 en El Espinar, una actuación que la Junta considera necesaria al tratarse de una vía alternativa a la autopista de peaje.

Sanchidrián ha explicado que la licitación se encuentra a la espera de un informe que debe elaborar una asociación ecologista impulsada desde la Delegación Territorial.

La previsión de la Junta es recibir este estudio “a principios de octubre”. A partir de sus conclusiones se actualizará el proyecto existente, principalmente para adaptar los precios, un proceso que podría prolongarse otros dos meses.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), ha comunicado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno autonómico impugnará judicialmente todos los expedientes individuales de menores extranjeros no acompañados de Ceuta que no concluyan con su retorno a Marruecos.

Pollán ha trasladado esta posición en una carta remitida este miércoles a la ministra, un día antes de la celebración de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, convocada para este jueves 27 de agosto. Castilla y León tampoco acudirá a la reunión y ha pedido que conste en el acta su voto negativo al acuerdo de distribución territorial de menores desde Ceuta a otras comunidades.

La Conferencia Sectorial tiene previsto abordar, entre otros asuntos, la distribución a Ceuta de 25 millones de euros destinados en 2026 a financiar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. La Junta anticipa su rechazo a cualquier acuerdo que implique el traslado de estos menores a otros territorios.

Pollán reclama al Ministerio que concluya antes los expedientes individualizados de cada menor y determine si procede la reunificación familiar o el retorno al país de origen. La Junta sostiene que cualquier traslado a otra comunidad debería producirse después de resolver esta situación y con una valoración individualizada del interés superior del menor.

En su escrito, el vicepresidente de la Junta habla de una “infiltración masiva de decenas de miles de extranjeros” que, según su versión, habría forzado las fronteras españolas, y califica lo sucedido como un “acto de guerra híbrida”. También se refiere a los menores como personas que habrían entrado “ilegalmente” en España y denuncia lo que considera un “reparto caprichoso, aleatorio y arbitrario” por parte del Gobierno.

Piden el expediente completo de cada menor

El vicepresidente primero ha reclamado además que el Ministerio remita a Castilla y León el expediente completo de cada menor cuyo traslado se pretenda, incluida la documentación relativa a la localización de sus familiares, la determinación de su edad, la valoración de su interés superior y la resolución adoptada sobre su traslado.

La Junta ha defendido su posición en la necesidad de priorizar, según su interpretación de la legislación española y de los compromisos internacionales asumidos por España, la reunificación familiar y el retorno al país de origen cuando corresponda. Pollán ha afirmado que trasladar a los menores a otros puntos de España durante la tramitación de estos procedimientos podría dificultar la localización de sus familias y retrasar su resolución.

En el caso de los menores marroquíes, la carta ha explicado al acuerdo suscrito entre España y Marruecos en 2007, que contempla el retorno asistido de los menores a sus familias o a instituciones de tutela del país de origen. La Junta ha recordado que este marco debe ser tenido en cuenta antes de cualquier eventual traslado a otra comunidad autónoma.

Una oposición que ya había comunicado la Junta

La carta mandada por el vicepresidente de Vox ratifica la posición que anunció el pasado jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo (PP), quien adelantó que los Servicios Jurídicos estudiaban ir a los tribunales si el Gobierno central trasladaba a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El consejero también acusó el gobierno de Pedro Sánchez de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria

Pollán, por su parte, ha recordado en su misiva que la Comunidad ya había comunicado el pasado 8 de agosto su rechazo a la propuesta y que, según ha indicado, los argumentos planteados entonces no han recibido respuesta por parte del Ministerio.

El vicepresidente primero ha apuntado que Castilla y León no puede aceptar el traslado de menores procedentes de Ceuta, incluidos los llegados a territorio español los días 30 y 31 de julio, porque la Comunidad se encuentra, según afirma, en una situación de saturación. La carta reclama al Gobierno central que se abstenga de preparar o ejecutar nuevos traslados mientras no hayan concluido los expedientes individualizados previstos en la legislación.

El vicepresidente se ha reiterado así en sus palabras de este lunes en la visita al Centro de Menores Zambrana, de Valladolid, cuando dijo que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, aseguró a los periodistas.

Pollán pide medidas por las agresiones denunciadas en Ceuta

El escrito incluye varias peticiones relacionadas con la situación de seguridad en Ceuta. Pollán reclama al Ministerio que adopte medidas para evitar nuevas agresiones sexuales contra niñas y adolescentes, tanto españolas como extranjeras, y que se identifique a los autores de los delitos denunciados para que sean juzgados y, en su caso, condenados.

Asimismo, pide que se agilicen los procedimientos de reunificación familiar y retorno de las menores extranjeras que hayan sido víctimas de agresiones sexuales en Ceuta, una cuestión que vincula en su carta con la necesidad de que estas menores puedan regresar cuanto antes a su entorno familiar.

En un comunicado difundido por Vox sitúa esta posición dentro de una estrategia común de los gobiernos autonómicos en los que el partido participa. Los vicepresidentes de Castilla y León, Extremadura y Aragón han anunciado que no acudirán a la Conferencia Sectorial y que se opondrán al reparto de menores procedentes de Ceuta.

El comunicado de Vox señala además que los tres vicepresidentes anuncian recursos judiciales contra los expedientes que no concluyan con el retorno de los menores a Marruecos.

Puente: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha?”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la postura de la Junta para recurrir y no acoger menores. En un mensaje en la red social X, el socialista vallisoletano ha cuestionado las políticas de fomento de natalidad que ha hecho “la derecha” en Castilla y León en 40 años de gobierno y ha hecho que pierda “165.000 habitantes”.

En su publicación el ministro ha interpelado a “ todos los fascistas y energúmenos”, que según él “es sinónimo”, que defienden “mejor políticas de fomento de natalidad en Castilla y León” que acoger a menores para preguntarles por estas políticas

“¿Qué políticas de natalidad puedes hacer en una tierra con una población de casi 50 años de media? Vuestras políticas han convertido Castilla y León en un geriátrico a cielo abierto. Así que menos patalear, que la culpa es enteramente vuestra”, ha remachado el ministro.

Puente, sobre la oposición de la Junta acoger menores de Ceuta: “¿Y qué políticas de fomento de la natalidad ha hecho la derecha en Castilla y León, que lleva 40 años gobernando ininterrumpidamente para perder 165.000 habitantes?

El PP en Castilla y León mantiene las ayudas para proyectos de promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la lucha contra la violencia de género pese al habitual rechazo de Vox a este tipo de políticas. Se ha reservado un millón de euros para este 2026, una cantidad similar a la del año pasado.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, cuyo fin es “avanzar en la eliminación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres”, según recoge el texto del extracto de la resolución de la Consejería de la Presidencia.

También conseguir la integración social y la mejora de la autonomía personal de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, particularmente de víctimas de violencia de género. Las subvenciones estarán destinadas a entidades del Tercer Sector de Acción Social y cubrirán el 100 % del presupuesto aceptado del proyecto que presenten, atendiendo a la puntuación obtenida por los criterios de valoración recogidos en la convocatoria.

La Junta ha reservado 1.065.249 euros para diez líneas programáticas diferenciadas, y el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, este miércoles. Esta convocatoria se ha retrasado respecto a ejercicios anteriores: en 2025, por ejemplo, estas ayudas se convocaron en marzo.

El PSOE carga contra el “cinismo” de Mañueco

El PSOE de Castilla y León ha acusado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP) de tener “cinismo político” por publicar estas ayudas mientras se “rinde al negacionismo machista de Vox”. La vicesecretaria general autonómico del PSOE, Nuria Rubio, considera que con la publicación de estas ayudas pretenden “tapar su rendición a Vox” y utilizar la igualdad para hacer un “lavado de cara”, después de gobernar con quienes niegan la violencia de género, ha indicado en una nota de prensa.

“Hay que tener mucho cinismo político para presumir hoy de luchar contra la violencia machista mientras se gobierna con quienes la niegan y se asumen sus postulados para mantenerse en el poder”, ha remarcado, y ha afirmado que las mujeres no necesitan “ni propaganda, ni migajas”, sino un gobierno que defienda la igualdad.

Ha insistido en que “la violencia machista no se maquilla: se combate. Y los derechos de las mujeres no se negocian con Vox”, ha reiterado, para recordar que el PSOE ha registrado en las Cortes de Castilla y León una proposición no de ley para reforzar la prevención, atención y protección frente a las violencias machistas y el PP “tendrá que retratarse, con votos y no con propaganda”-

Nuria Rubio ha lamentado que “Mañueco siempre ha elegido a Vox”, y se ha referido a la pasada legislatura cuando el PP retiró su proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género porque “cuando tuvieron que elegir entre proteger a las mujeres o proteger su acuerdo político con Vox, retiraron la ley”, ha concluido la socialista.

Las organizaciones agrarias de Castilla y León han hecho un llamamiento a los 60.000 agricultores de cereal de la comunidad para que acudan a la concentración convocada ante la sede del gobierno autonómico el próximo día 27 de agosto, en la que reclamarán ayudas directas para el sector, ante una caída de la producción del 40 %, con subida de los costes.

En rueda de prensa, los representantes de las diferentes organizaciones agrarias -UPA, COAG, ASAJA y UCCL-, han explicado los detalles de esta manifestación ante la Junta de Castilla y León, en la que esperan concitar a miles de agricultores de cereal, ante una nueva mala cosecha, con más gastos que beneficios.

Según ha apuntado el presidente de ASAJA CyL, Donaciano Dujo, “este año la cosecha de cereales ha sido mala, con un 20 % menos de superficie sembrada, ya que se ha pasado de 1.820.000 hectáreas a 1.575.000, fruto de los altos costes de producción y los bajos precios del cereal”.

“Este año la cosecha se ha quedado en 4,9 millones de toneladas -una media de 3.100 kilos por hectárea-, un 40 % menos que la cosecha de 2025, y tiene un valor de 980 millones de euros, pero los costes de producción ascienden a 1.300 millones, por lo que hemos perdido, trabajando, más de 300 millones de euros”, ha detallado.

Todo ello viene dado por “la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que las masivas exportaciones hunden el precio de los cereales de España; la subida del precio de los fertilizantes por los aranceles de la UE, y la guerra de Irán, que ha encarecido los fertilizantes y el gasoil”.

Los fertilizantes han subido hasta 600 euros por tonelada de cereal, y el gasoil está a euro y medio el litro, y “con estas condiciones no se puede sembrar”, de ahí que, a las ayudas prometidas por el Gobierno central, de 150 millones para Castilla y León, se deberían añadir las mismas, por parte de la Junta de Castilla y León.

150 millones en ayudas directas a mayores

De ahí que todas las organizaciones se hayan unido para solicitar al gobierno autonómico otros 150 millones en ayudas directas, que permitan paliar la deficitaria cosecha a los agricultores, ya que, en el debate de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, mostró un “apoyo al campo, sin fisuras”, que “ahora debe demostrar”.

En la misma línea se ha pronunciado el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León, Juan Manuel González Palacín, quien ha asegurado que “el sector cerealista vive la peor crisis de su historia, con pésimas cosechas, costes de producción sin precedentes y precios que no repuntan”.

De ahí que haya agregado, a esa necesidad de ayudas directas de los gobiernos central y autonómico, “medidas estructurales para los seguros agrarios, que la PAC se dirija a los agricultores a título principal, la revisión de los acuerdos internacionales y el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria”.

También el coordinador de UPA CyL, Aurelio González, ha reclamado que la Junta “impulse el modelo de explotación familiar agraria, porque es lo que da vida al medio rural”, y que se controlen “las manipulaciones en los costes de producción y las especulaciones”.

“Todas las organizaciones nos hemos unido para movilizarnos y no hay excusa para quedarse en casa y no acudir a la concentración, porque está en juego el futuro del sector y del medio rural”, ha matizado.

Por último, el coordinador regional de COAG, Lorenzo Rivera, ha insistido en “dejar esa política de hipocresía respecto a las exportaciones de cereal, porque los que se están enriqueciendo son los grandes terratenientes y oligarcas de Ucrania, Latinoamérica, Canadá o Norte América y han convertido a España, y en este caso, a Castilla y León, en pagafantas”.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta, Carlos Pollán (Vox), ha asegurado este martes que es “imposible” que Castilla y León acoja a los menores migrantes tras la crisis migratoria de Ceuta porque el sistema de acogida de la comunidad ha superado el límite.

“La capacidad ahora mismo está al límite y está superada. Si hablamos de esos ochocientos y pico que el Gobierno de España piensa que pueden acogerse aquí, es absolutamente imposible”, ha respondido a los periodistas tras una reunión de trabajo en el Centro de Menores Zambrana, de Valladolid.

Pollán ha insistido en que el Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Extranjería y devolver a estos niños a sus familias o la institución titular marroquí correspondiente.

“Lo que no pueden es estar preparando el reparto de todos esos inmigrantes ilegales cuando ellos no cumplen previamente con el proceso que tienen que realizar en función de esa ley”, ha criticado.

Asimismo, ha reiterado que no acudirá a la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para este jueves, a la que tampoco acudirán otras dos autonomías en las que estas competencias las dirigen consejeros de Vox, como es el caso de Aragón y Extremadura.

Críticas a la gestión sanitaria en Ceuta

El vicepresidente primero de la Junta también ha criticado que el Gobierno no haya sabido gestionar la crisis migratoria pese a que la competencia de Sanidad no está transferida a la Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

“Óscar Puente dijo que este era otro problema que había solucionado Pedro Sánchez. Marlaska, Albares. Todos tenían solucionado el tema y no han sido capaces ni de solucionar la sanidad, que es competencia suya”, ha afirmado.

El incendio forestal declarado este mediodía en Villalcampo (Zamora), en el entorno del parque natural Arribes del Duero, se ha estabilizado al pasar de un índice de gravedad potencial (IGR) 2 a 1 y que ha permitido reabrir la carretera nacional 122 y finalizar el confinamiento de la población de Ricobayo de Alba.

Según han informado fuentes del operativo y de la Dirección General de Tráfico, el incendio se elevó a IGR 2, el máximo en la escala de Castilla y León, en torno a las 13.00 horas e hizo que un cuarto de hora después se cortaran vías de comunicación.

Además, el riesgo para la población por el humo y las llamas obligó a confinar Ricobayo de Alba, una localidad de menos de 150 habitantes.

La carretera N-122, que comunica Zamora con la frontera y la autovía portuguesa A-4, se encuentra ya reabierta al tráfico aunque sigue cortada, según la DGT, la carretera ZA-324, que comunica Villalcampo y Ricobayo de Alba, en sus tres primeros kilómetros.

Desde que comenzara el incendio, se han movilizado un total de 47 medios, de los que diez han sido aéreos, de los que en este momento tres operan en la zona.

También actúan para sofocar las llamas dos técnicos, cinco agentes medioambientales, seis cuadrillas, diez brigadas forestales, cinco autobombas, tres retenes de maquinaria y tres dotaciones de los bomberos.

Por su parte, la directora técnica de extinción del incendio forestal de Molezuela (Zamora), Mar Lejárraga, ha explicado en declaraciones remitidas a los periodistas que el incendió se originó este mediodía debido a una tormenta, con vientos erráticos que han complicado su extinción.

Lejarraga ha señalado que el mayor riesgo de este fuego ha sido la presencia de muchas líneas de alta y media tensión, que imposibilitan el uso de medios aéreos, en una zona con mucha piedra y pocos accesos que dificulta las labores de los medios terrestres.

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han registrado ya, cuando se cumple el último plazo establecido, sus propuestas de candidatos para convertirse en miembros del Consejo de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT), donde abundarán perfiles políticos y jefes de prensa de los distintos partidos que los proponen.

Serán 17 los integrantes de esta Comisión formada en las Cortes de Castilla y León a raíz de la última reforma de la Ley de Publicidad Institucional, para fijar en este órgano los objetivos y necesidades de interés público que debe cumplir el servicio de TDT en el ámbito autonómico, ahora cubierto por RTVCyL, pero sobre todo de dirimir sus condiciones de financiación.

La designación de integrantes de esta comisión tiene una correlación con la proporción de cada grupo parlamentario en las Cortes, con siete representantes para el PP, seis para el PSOE, tres para Vox y uno para el Grupo Mixto (UPL-Por Ávila y Soria Ya).

El reglamento de esta comisión, tal y como estableció la modificación legislativa respaldada por PSOE, Vox y Unidas Podemos en la última parte de la anterior legislatura, prevé que los candidatos deberán ser “personas de relevantes méritos profesionales, relacionados con la gestión y administración del sector público o con el sector audiovisual y los medios de comunicación”.

En un comunicado, el PP ha defendido que sus siete candidatos reúnen esos principios porque su propuesta de nombres “combina dos perfiles complementarios”, en referencia a exconsejeros y parlamentarios en ejercicio, como la actual dirección del Grupo Popular integrada por Leticia García, José Luis Sanz y Mercedes Cófreces, y otro grupo de profesionales de medios de comunicación que forman parte de gabinetes de prensa del PP o instituciones gestionadas por el PP.

En concreto, del ámbito de la comunicación el PP propone a su actual jefe de prensa del Grupo Parlamentario, Alberto Palacios; al jefe de prensa del PP-CyL, Pelayo Fernández; el director de comunicación de la Diputación de Ávila, Enrique García Tejerizo; y el responsable de prensa del PP de Burgos, José Manuel Pérez Prieto.

El PP cree que sus trayectorias son “contrastadas e intachables” y “reúnen sobradamente los méritos que exige la ley” para un órgano que “debe ser riguroso, imparcial y que no puede convertirse en ningún momento en un instrumento político”, plantean los populares en su comunicado.

En el caso del PSOE, la propuesta incluye a periodistas que también ejercen como responsables de prensa del partido o alguna institución gestionada por los socialistas, como el jefe de prensa del PSOE de Castilla y León, Manuel Iglesias, y Sandra Boutefeu, actual responsable de comunicación del Ayuntamiento de Soria, junto a otros nombres como Marta Cuervo, Francisco Tejedor, Natalia Villamil y Luis Germán Vivas.

En cuanto a los perfiles elegidos por el Grupo Parlamentario de Vox, con tres designados, figuran el actual jefe de prensa del Grupo, Víctor Linares, junto a Javier Pérez y David Herrero del Campo.

Por último, el Grupo Mixto, a propuesta de la UPL, ha planteado como candidata a la periodista Carmen de Celis, responsable de comunicación de este partido en el Ayuntamiento de León.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cuestionado el cambio introducido por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) de Valladolid, por el que sustituye la referencia específica a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica entre los criterios de acceso al alquiler social.

Martínez, entrevistado en el programa ‘Mañaneros 360’ de La 1, ha acusado al PP de acercarse a los postulados de Vox y ha situado la modificación dentro de una estrategia más amplia de la formación popular para disputar a la extrema derecha su espacio electoral.

“Eso es una estrategia planificada por parte del señor Feijóo”, ha afirmado el dirigente socialista, que ha acusado al presidente del PP de haber asumido postulados de la extrema derecha. Martínez ha señalado el cambio de terminología aplicado en Valladolid y ha cuestionado que se deje de utilizar la referencia a la violencia machista.

Martínez alerta de que se quedarán fuera mujeres que sufran violencia y no convivan

El secretario general del PSOE autonómico ha criticado que la sustitución de un concepto por otro no supone ampliar automáticamente la protección y puede dejar fuera situaciones en las que existe violencia contra una mujer por parte de su pareja sin que exista convivencia.

“Si lo que hubieran querido ampliar hubieran puesto una conjunción copulativa: violencia doméstica y violencia de género”, ha señalado durante la entrevista.

Martínez ha puesto como ejemplo el caso de una pareja de adolescentes que sufra violencia machista sin convivir en el mismo domicilio. Según su explicación, este supuesto podría quedar fuera si el criterio se limita a la violencia doméstica.

El dirigente socialista ha contrapuesto la puntuación de los anteriores criterios de baremación con los nuevos. Según ha indicado, en las convocatorias anteriores la violencia de género podía alcanzar una puntuación superior, mientras que el nuevo protocolo contempla la violencia doméstica con una valoración menor.

“Hoy lo que se hace es cargarse de un plumazo el concepto violencia machista”, ha afirmado Martínez, que ha defendido que la violencia de género “existe y es real” y ha reclamado que no se diluya su reconocimiento.

El Ayuntamiento sostiene que la protección se amplía

El Consistorio vallisoletano aseguró este jueves que ninguna mujer víctima de violencia de género quedará excluida de la protección por el hecho de que el término no aparezca literalmente en el protocolo de VIVA. El equipo de Gobierno recordó que la violencia de género continúa regulada por la Ley Orgánica 1/2004 y defendió que su aplicación sigue siendo obligatoria.

El Ayuntamiento también justificó el empleo del concepto de violencia doméstica precisamente como una forma de ampliar los supuestos de atención, al incluir situaciones de violencia que pueden producirse entre familiares o convivientes con independencia del género de la víctima o del agresor.

El Consistorio apuntó que el protocolo recoge expresamente la protección de las víctimas de violencias sexuales y que el Consejo de Administración de VIVA podrá adoptar las medidas necesarias para facilitar su acceso prioritario al parque público de vivienda, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/2022.

La portavoz del equipo de Gobierno, Blanca Jiménez, acusó al PSOE de utilizar a las mujeres y a las víctimas como elemento de confrontación política y defiende que el Ayuntamiento mantiene su compromiso con la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La antigüedad en el empadronamiento

Martínez también ha criticado que se haya incluido un criterio de antigüedad en el empadronamiento para acceder a determinados programas de vivienda. Según ha explicado, el nuevo sistema establece el requisito de tres años de empadronamiento y permite incrementar la puntuación en función de la antigüedad, hasta un máximo de diez años.

Para Martínez, este criterio puede tener un impacto especialmente relevante en una comunidad como Castilla y León, donde muchos jóvenes abandonan sus municipios o provincias para estudiar o trabajar y posteriormente pueden intentar regresar.

“Uno de cada tres castellanos y leoneses tiene que salir de nuestra comunidad para poder desarrollar un proyecto vital”, ha argumentado. A su juicio, establecer el empadronamiento como un elemento de peso puede dificultar el retorno de quienes tuvieron que marcharse.

El Ayuntamiento, por su parte, ha defendido que la antigüedad en el padrón se prima a partir de tres años precisamente en coherencia con el nuevo requisito de acceso al programa y dentro de una reforma cuyo objetivo, según el Consistorio, es reducir la burocracia y acelerar la adjudicación de viviendas.

El Gobierno municipal sostiene que uno de los principales objetivos de la reforma es reducir los tiempos de tramitación. Según su explicación, el sistema anterior exigía una cantidad elevada de documentación y podía llevar hasta un año aprobar las listas definitivas.

Martínez califica a Castilla y León como “laboratorio” de los pactos PP-Vox

El soriano ha calificado a Castilla y León como un territorio “pionero” en la incorporación de Vox a un Gobierno autonómico y ha acusado a la derecha de utilizar la Comunidad como un “laboratorio” para poner en práctica medidas que posteriormente pueden trasladarse a otros territorios. “Volvemos a ser una vez más el laboratorio de puesta en práctica de políticas de extrema derecha”, ha asegurado.

El dirigente socialista ha acusado al PP de abandonar posiciones moderadas en su intento de competir electoralmente con Vox también en otros temas como la política migratoria, el cambio climático o las políticas contra la violencia machista.

La Junta ya evitó posicionarse sobre el cambio

Desde la Junta de Castilla y León, el portavoz, Carlos Fernández Carriedo, evitó pronunciarse sobre si el Ejecutivo autonómico aplicará un cambio similar en futuras convocatorias de vivienda.

Carriedo defendió el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como el marco que debe guiar las decisiones de la Junta y aseguró que se trata de un documento “muy detallado, concreto y preciso”. Sin embargo, el pacto autonómico no recoge expresamente una sustitución del concepto de violencia de género por el de violencia doméstica en las políticas de vivienda.

El acuerdo sí menciona a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos que podrán beneficiarse de determinadas medidas relacionadas con la vivienda, mientras que en su apartado específico sobre vivienda recoge otros perfiles prioritarios, pero no establece de forma expresa ese cambio terminológico.

La Junta de Castilla y de Castilla y León ha rebajado a 37.800 hectáreas la superfice afectada por el incendio de Burgohondo, en Ávila. Según ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, la estimación se ha conseguido a través de la las imágenes obtenidas con el satélite SENTINEL de la Unión Europea. El fuego que se declaró en Burgohondo el 22 de julio debido a una máquina de picar piedra que estaba trabajando pese a la prohibición de utilizar maquinaria que podía generar chispas debido al riesgo extremo de incendios. Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo al operario y hay otro investigado.

Para saber la extensión exacta, según señalan, deberá calcularse también con la información que arrojen los trabajos de campo una vez se dé por extinguido, una vez se haya dado por controlado el 15 de agosto. En un primer momento, las primeras cifras hablaban de entre cerca de 47.000 a 50.000 hectáreas afectadas. En los peores momentos, el fuego obligó al desalojo de unas 40.000 personas y otras 10.000 fueron confinadas en sus domicilios.

De esas 37.800 hectáreas, según el propio satélite, que es capaz de distinguir las zonas verdes de las quemadas parcial y totalmente, 33.900 hectáreas son de naturaleza forestal, teniendo en cuenta solamente los daños registrados en la provincia abulense.

La información técnica, estructurada según los criterios establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) para sus estadísticas, identifica un número de hectáreas inferior a la valoración indicada en los primeros momentos tras dar por controlado el incendio y cifra en 27.600 hectáreas la superficie arbolada afectada en esta provincia.

Plan de recuperación

En el comunicado, la Consejería apunta que la información facilitada por el Ministerio da una idea aproximada de la situación de la superficie tras el incendio y permite que la Junta trabaje en las acciones que, integradas en el plan de recuperación aprobado por el Consejo de Gobierno del pasado 30 de julio, va a llevar a cabo de forma inmediata para favorecer la regeneración de la zona.

Las actuaciones están dirigidas a la reducción de arrastres y fenómenos erosivos en las laderas fuera de cauces (en ellos la competencia es de la Confederación Hidrográfica del Tajo -CHT-); estabilización de terrenos; recuperación de la funcionalidad de infraestructuras; control de plagas y eliminación de riesgos de accidentes (caída de árboles o piedras).

Para ello, se prevén herramientas concretas como el ‘mulching’ con paja que sirve de amortiguación de los efectos erosivos de las lluvias; la instalación de fajinas y albarradas para evitar la pérdida de suelo; la reparación de pistas, cortafuegos, cerramientos, puntos de agua y señalética; la preparación de semillados, plantaciones de especies autóctonas y otras ayudas a la regeneración natural; o cortas y extracciones de madera quemada, algunas de las cuáles ya se están ejecutando.

La Junta de Castilla y León está estudiando ir a los tribunales si el Gobierno central decide trasladar a la Comunidad a alguna de las 500 menores migrantes procedentes de Ceuta si la medida acaba “perjudicando” los “intereses” autonómicos. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha avanzado este jueves que los Servicios Jurídicos valoran las posibilidades de recurrir una decisión de este tipo y ha acusado al Ejecutivo central de haber “fracasado” en el control de las fronteras.

Para Carriedo, el reparto de menores y su posterior tutela corresponden a las competencias de las comunidades. A su juicio, se trata de un problema de “seguridad nacional” y de “control de fronteras” que afecta directamente a la seguridad del país.

El portavoz de la Junta ha acusado al Gobierno de España de protagonizar “un fracaso más” en la gestión de las fronteras tras la crisis migratoria registrada en Ceuta y ha reclamado que se garantice el retorno de las personas que hayan entrado de manera irregular en España a sus lugares de origen.

El portavoz autonómico ha advertido la “oposición radical” del Ejecutivo de Castilla y León contra cualquier intento de trasladar el problema a las comunidades autónomas. “El Gobierno no puede diluir un problema de seguridad nacional en el conjunto de España”, ha defendido, antes de insistir en que, a su juicio, la prioridad debe ser garantizar el control de las fronteras.

La Junta estudia recurrir el reparto de menores

En caso de que se confirme el traslado de estas menores, Carriedo ha indicado que los Servicios Jurídicos de la Junta “explorarán” si existe alguna vía para recurrir una situación en la que estos se encuentren físicamente en un territorio cuya tutela corresponda a otra administración.

La Junta se opondrá, ha señalado el portavoz, a cualquier medida que considere contraria a los intereses de Castilla y León o que se adopte sin tener en cuenta la posición del Ejecutivo autonómico y vulnere las competencias de la Comunidad. “Presentaremos los recursos correspondientes”, ha afirmado.

La posición, ha defendido, no supone un cambio respecto a la anterior legislatura. El portavoz ha recordado que la Junta ya acudió entonces a los tribunales frente a determinadas decisiones del Ejecutivo central en materia migratoria cuando consideró que afectaban a los intereses de Castilla y León.

PP y Vox comparten postura

Según ha explicado Carriedo, tanto su partido, el PP, como su socio, Vox, comparten postura sobre qué hacer con un posible reparto de menores. El portavoz ha indicado que su posición es postura “común” y “coherente” con el acuerdo de legislatura firmado por ambas formaciones.

Además, el portavoz ha recordado que la oposición de la Junta a las políticas migratorias del Gobierno central es continuista respecto al anterior mandato junto a Vox y también cuando el PP gobernaba en solitario en Castilla y León.

Carriedo pide seguir la línea marcada por la UE

El portavoz autonómico ha reclamado además al Gobierno de España que tenga en cuenta las directrices de la Unión Europea a la hora de abordar la crisis migratoria. Según Carriedo, las instituciones comunitarias han establecido una vía “muy precisa” sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones, por lo que ha pedido al Ejecutivo central que escuche la posición de Europa.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.

El sindicato CCOO de Castilla y León ha denunciado este miércoles que la falta de organización por parte de la Junta de Castilla y León ha llevado este año a tener a todos los medios del operativo “bailando” de una provincia a otra mediante “convoyes”, algo que “evidencia un fracaso del modelo y de que el operativo está completamente sobrepasado y desbordado”.

“Lo que se está haciendo es vestir un santo para desvestir a otro. Enviando medios y recursos de una provincia, donde ya son escasos, a otra donde también hay pocos lo que se consigue es asegurarse de que todo el operativo esté sobrepasado en todas las provincias, con acumulaciones de horas de trabajo y horas extraordinarias que no vamos a tener año para compensar”, ha denunciado el sindicato este miércoles en un comunicado.

Como ejemplo, han hablado del incendio de Fermoselle en Zamora, donde tuvieron que recuperar medios de esa provincia que se habían enviado a los incendios de Ávila.

“La Junta de Castilla y León sigue maltratando al personal que trabaja en la extinción de los incendios forestales. Esta negligente política se mantiene a pesar de tener una querella criminal por vulnerar los tiempos de trabajo y otros derechos laborales de los trabajadores de este operativo y un conflicto colectivo por vulnerar el convenio colectivo de los bomberos forestales, denuncias varias en la inspección de trabajo”, han agregado.

El PSOE de Castilla y León ha acusado a la Junta de Castilla y León de no haber ejecutado los más de 127 millones de euros destinados a programas de prevención de incendios, según los datos que los socialistas han extraído del Portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo autonómico a fecha de 1 de agosto.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Pedro González Reglero, ha asegurado que en 2025 la Junta también habría dejado sin ejecutar más de 28 millones de euros en estas partidas.

González ha considerado “de auténtica vergüenza” que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, continúe afirmando que existe preocupación por el territorio y los incendios forestales mientras, a su juicio, permanecen pendientes de ejecución unas cantidades tan importantes en esta materia.

Según ha trasladado el dirigente socialista, varios trabajadores del dispositivo se han quejado ante su partido de problemas de organización, falta de personal para cubrir bajas y vacaciones y jornadas superiores a las 12 horas.

A estas críticas, González ha añadido las dificultades en las comunicaciones entre los profesionales, hasta el punto de que, según ha indicado, algunos trabajadores han tenido que recurrir a sus propios teléfonos móviles durante las intervenciones.

González ha apuntado además a la coordinación de los medios desplegados durante los incendios y ha puesto como ejemplo el episodio ocurrido el pasado 27 de julio, cuando, según su versión, un operativo que inicialmente se dirigía a Ávila fue movilizado hacia León. Para el socialista, este tipo de situaciones evidenciarían una falta de dirección política y técnica.

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista ha cuestionado también el mantenimiento de las labores de prevención en torno a determinadas instalaciones fotovoltaicas. Según ha explicado, su grupo ha registrado preguntas parlamentarias para conocer si algunos incendios se han originado en estos entornos y si las empresas concesionarias están cumpliendo con la obligación de mantener limpios sus perímetros.

Anuncio para encontrar a un jefe técnico

González ha calificado como “la gota que colma el vaso” que, después del gran incendio declarado en Burgohondo (Ávila), la Junta se encuentre buscando un jefe técnico para el Servicio de Incendios Forestales. El puesto quedó vacante tras el nombramiento del anterior responsable, Ángel Sánchez, como director general, según ha explicado el dirigente socialista y no fue hasta este lunes 17 de agosto que la Junta no publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León el anuncio para cubrir el puesto.

El PSOE considera que la Administración autonómica conocía esta circunstancia desde el mes de junio y entiende que no existe justificación para que la plaza continúe pendiente de cubrir.

Ante esta situación, los socialistas han registrado en las Cortes una solicitud de comparecencia de la consejera de Medio Ambiente, María González Corral, para que explique la gestión del operativo durante este verano y dé cuenta de las cuestiones planteadas por la formación.

Los socialistas también van a plantear a la consejera si la Junta tiene previsto personarse como acusación particular en los procedimientos judiciales relacionados con los incendios que, según la investigación, pudieran haber sido provocados, como adelantó en el incendio de Burgohondo el propio Mañueco.

El PSOE cuestiona el concierto de Aguilar

El PSOE también ha cargado contra la segunda edición del festival 'Música en la Montaña Palentina', celebrado el pasado 8 de agosto en la playa de la Virgen del Llano de Aguilar de Campoo, con un escenario flotante instalado en el embalse.

El procurador socialista por Palencia y coordinador de Agricultura, Miguel Ángel Blanco, ha defendido que la combinación de cultura y naturaleza puede servir para promocionar los espacios naturales de la provincia, pero ha cuestionado la forma en la que la Junta y el Ayuntamiento de Aguilar han planteado el evento.

Según Blanco, el concierto no habría generado el retorno económico esperado en la Montaña Palentina y tampoco, a su juicio, en el propio municipio de Aguilar, pese a la celebración del evento.

Los socialistas han criticado que se haya vuelto a utilizar el entorno del embalse después de que la Confederación Hidrográfica del Duero sancionara a la Administración autonómica en 2025 por la instalación de la plataforma, según ha señalado el partido.

Blanco ha planteado que el festival podría haberse trasladado a otros puntos de la Montaña Palentina, como Cervera de Pisuerga, La Pernía o Velilla del Río Carrión, y ha cuestionado que se haya optado nuevamente por Aguilar de Campoo.

El PSOE ha cifrado en 300.000 euros el coste del evento y considera que esos recursos podrían haberse destinado a reforzar el dispositivo de prevención de incendios. En concreto, Blanco ha apuntado a las dos brigadas que, según ha apuntado, han desarrollado labores de prevención durante el invierno en el Parque Natural de la Montaña Palentina.

Los socialistas han registrado además una batería de preguntas en las Cortes para conocer la documentación administrativa relacionada con el festival, entre ella las autorizaciones y los informes necesarios para la celebración del evento.

La secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, ha reclamado este lunes al PP y a Vox una política de vivienda “útil” y con planificación y ha acusado a ambas formaciones de introducir criterios ideológicos, algo que, a su juicio, debería de alejarse del debate público y limitarse a garantizar el acceso a este derecho a la ciudadanía.

Con el ejemplo del Ayuntamiento de Valladolid, con PP y Vox gobernando desde 2023, Casado ha dudado de los criterios establecidos para acceder al parque municipal de viviendas en alquiler, que entre otros, pide la exigencia de contar con un empadronamiento de al menos tres años en la ciudad.

Según ha señalado, este requisito puede dejar fuera a vallisoletanos que tuvieron que marcharse de la ciudad por motivos laborales o residenciales y que ahora pretenden regresar. Casado se ha referido a ellos irónicamente como “superespañoles” y ha cuestionado que no puedan optar a una vivienda pública por no alcanzar el periodo de empadronamiento exigido.

La responsable socialista también ha cuestionado la antigüedad del empadronamiento como criterio de valoración para colectivos considerados especialmente vulnerables. “Cuanto más años llevamos empadronados en Valladolid, más vulnerables somos”, ha ironizado Casado, que ha cuestionado qué relación existe entre llevar más tiempo empadronado en una ciudad y tener una mayor necesidad de vivienda.

Críticas por el término ‘violencia doméstica’

Otro de los aspectos que el PSOE considera especialmente preocupantes es que entre los criterios de acceso figure la condición de víctima de violencia doméstica. Casado ha remarcado que este concepto no es equivalente, desde el punto de vista jurídico, al de víctima de violencia de género.

“No son categorías jurídicas intercambiables, no significan lo mismo y no tienen los mismos efectos legales”, ha señalado la secretaria de Vivienda del PSOE de Castilla y León. A su juicio, el cambio terminológico puede generar inseguridad jurídica y dificultar la identificación de los derechos reconocidos a las víctimas por la legislación estatal y autonómica.

Casado ha vinculado estas decisiones con los planteamientos de Vox asumidos, según su interpretación, por el Partido Popular. En este sentido, se ha preguntado si la Junta de Castilla y León podría adoptar criterios similares tras el acuerdo de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“¿Tenemos que esperar ahora situaciones singulares en la Junta de Castilla y León?”, ha planteado.

El PSOE reclama un parque público de vivienda

Más allá de las críticas al modelo de Valladolid, Casado ha apuntado que Castilla y León carece un parque público de alquiler suficiente, sufre de la falta de planificación y de la escasez de recursos propios para garantizar el acceso a la vivienda.

La responsable del PSOE ha cuestionado además que el Ejecutivo autonómico haya basado buena parte de su actuación en la gestión de ayudas procedentes del Estado y de los fondos europeos. A su juicio, las subvenciones pueden contribuir a paliar el problema, pero no sustituyen la creación de un parque público estable.

“Un parque público de vivienda no se improvisa cuando aparece una crisis como la actual, se construye durante años”, ha defendido Casado.

Casado ha reclamado a la Junta que concrete qué política mantendrá cuando desaparezca la financiación extraordinaria vinculada a los fondos europeos. Entre otras cuestiones, ha planteado cuántas viviendas públicas se construirán cada año, con qué recursos propios, en qué municipios y qué objetivo de parque público se marca la Comunidad para los próximos cinco años.

Críticas a la falta de planificación

La procuradora en las Cortes de Castilla y León ha acusado a la Junta de no haber desarrollado una planificación estratégica suficiente en materia de vivienda. Según ha defendido, la normativa autonómica contempla la necesidad de contar con un instrumento de planificación que establezca previsiones, objetivos, actuaciones y presupuesto.

La secretaria de Vivienda del PSOE ha reclamado por ello la presentación pública de un plan con presupuesto propio y medidas de protección permanente para el alquiler asequible.

En cuanto a la construcción de vivienda pública, ha recordado que las 1.102 viviendas colaborativas y de protección pública, desarrolladas en distintos municipios de Castilla y León a través de Somacyl, han sido desarrolladas en buena parte gracias s los fondos europeos Next Generation.

Para el PSOE, el problema no se limita a la situación actual del mercado, sino a la capacidad de la Comunidad para mantener y ampliar su oferta pública cuando finalice esa financiación extraordinaria.

Casado ha asegurado que el PSOE ha presentado más de 20 iniciativas parlamentarias en materia de vivienda durante la actual legislatura y ha reclamado que sean debatidas en las Cortes para buscar soluciones mediante el consenso.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, proponiendo y exigiendo a la Junta que esté a la altura de la ciudadanía”, ha afirmado.

La dirigente socialista ha pedido finalmente a PP y Vox que centren sus esfuerzos en desarrollar políticas de vivienda que permitan afrontar uno de los principales problemas para los ciudadanos de Castilla y León, especialmente para los jóvenes.