El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, ha asegurado que el acuerdo de gobierno alcanzado entre PP y Vox en la Comunidad está “más centrado en lo que quieren que haga el Gobierno de España que en lo que pretenden hacer en Castilla y León”, con dos partidos que utilizan esa autonomía como un instrumento para su estrategia política nacional.

En rueda de prensa este viernes en Palencia, Gascón ha calificado el pacto de “negativo” para Castilla y León y ha criticado que buena parte de su contenido esté orientado a cuestiones que exceden las competencias autonómicas o que responden a debates impulsados desde el ámbito estatal.

A su juicio, el acuerdo refleja que tanto PP como Vox conciben Castilla y León “como un objetivo para llegar al fin de gobernar en España”, en lugar de plantear un proyecto propio para responder a los problemas de la Comunidad. Alfonso Fernández Mañueco será investido el 9 de junio con el apoyo de PP y Vox.

Movilización social

Gascón ha recordado que el nuevo gobierno nace de “un fracaso político”, puesto que Vox abandonó el Ejecutivo autonómico hace dos años tras romper la coalición con el PP. “Su propuesta de regeneración para Castilla y León es seguir con lo mismo que ya había”, ha analizado Gascón, quien ha recordado que muchas de las medidas recogidas en el nuevo acuerdo ya formaban parte del pacto firmado por ambas formaciones en 2022.

Además, ha cuestionado la viabilidad económica de algunas de las propuestas incluidas en el documento al entender que combinan rebajas fiscales con nuevas políticas de apoyo a la natalidad, la vivienda o el emprendimiento sin concretar la financiación necesaria para llevarlas a cabo.

Asimismo ha lamentado que el acuerdo “ponga el acento en lo accesorio como la caza o la pesca y no desarrolle lo que es relevante para la Comunidad”. Gascón también ha reprochado al PP que exija al Gobierno central la aprobación de presupuestos cuando la Junta acumula varios ejercicios con las cuentas prorrogadas y ha advertido de que el acuerdo contiene numerosas demandas dirigidas al Ejecutivo estatal mientras resulta menos exigente con las actuaciones que corresponden a la propia Administración autonómica.

En la misma línea, ha advertido de que el pacto incorpora medidas dirigidas a controlar el absentismo laboral y recortar el peso de los sindicatos de clase, mientras apenas contempla propuestas para mejorar las condiciones de los trabajadores, que representan más del 80 por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad. Por ello, ha defendido el papel de las organizaciones sindicales en conflictos como los de Siro o Renault y ha acusado a PP y Vox de querer debilitar a quienes tienen capacidad para defender los intereses de los trabajadores frente a las políticas del nuevo Ejecutivo autonómico.

Amnistía Internacional alerta de que se cuestionen los derecho shumanos

Amnistía Internacional Castilla y León ha alertado este viernes del “grave retroceso” que en derechos humanos va a suponer el acuerdo de Gobierno entre el PP y Vox en esa comunidad, en cuanto que “cuestiona que los derechos humanos sean para todas las personas”.

En la misma línea que los “retrocesos ya acordados en Extremadura y Aragón” por ambas formaciones, Amnistía Internacional se ha referido este viernes en un comunicado a cuestiones que incluye ese acuerdo como el principio de prioridad nacional en las ayudas, el rechazo a acoger menores migrantes, planes de repatriación o la supresión de subvenciones a las ONG y la vinculación de la delincuencia con la inmigración.

También incluye el acuerdo firmado entre PP y Vox en la comunidad la prohibición del burka y el nicab, el endurecimiento de los centros de menores, la reforma restrictiva del padrón, la exclusión de personas en situación irregular de prestaciones esenciales y la ausencia de medidas contra la violencia de género.

Amnistía Internacional ha incidido en que son políticas que “vulneran obligaciones internacionales protección de la infancia, libertad religiosa y derecho a la vivienda”. La ONG ha incidido en que “ningún acuerdo político puede justificar retrocesos en derechos humanos y que Castilla y León debe garantizar una plena y efectiva de todas las personas, sin excepciones”.

El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha anunciado este viernes que la semana que viene su grupo parlamentario registrará en las Cortes una proposición de ley de reforma de la actual normativa de atención a las víctimas de violencia de género, para retomar esos trabajos y “desenmascarar” a PP y Vox.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, Martínez ha subrayado que será “la primera piedra de toque” para el nuevo gobierno de coalición formado por PP y Vox, que ve como una “confluencia de intereses personales y partidistas” y dirigido por dos “funambulistas” que hacen “equilibrios”.

Sobre este texto, el socialista ha detallado que sí incorpora muchos de los acuerdos alcanzados con el PP en la ponencia de esta ley en la pasada legislatura, además de contar con el respaldo de asociaciones feministas y plataformas de la sociedad civil, por lo que es un “documento ya trabajado” y sobre el que partir.

Justo al final de la anterior legislatura la Junta de Castilla y León, con el PP gobernando en solitario, fue retirado in extremis el proyecto de ley de modificación de esta norma autonómica contra la violencia de género, para el que PP y PSOE rozaron el acuerdo en la ponencia.

Al margen de esta reforma legal, el también líder de los socialistas en la Comunidad ha aprovechado para criticar algunas medidas incluidas en el pacto PP-Vox, como las referidas a la lucha contra la despoblación.

En esta materia ha dicho: “¿Todavía estamos anclados en que hay que dar viagras para poder resolver el problema de la despoblación? ¿Incentivos a la natalidad, no se han enterado de nada en estos últimos 40 años? Hay que ser un poco más serios”.

PP y Vox muestran sus diferencias

Por su parte, PP y Vox han evidenciado sus diferencias sobre una posible reforma de la ley de violencia de género de Castilla y León, después de que el nuevo acuerdo de gobierno entre ambas formaciones haya dejado fuera esta cuestión, aunque sin cerrarle definitivamente la puerta, como ayer expresó el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

La portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Leticia García, ha defendido que el PP seguirá trabajando para buscar el máximo consenso en una materia que ha calificado de especialmente sensible.

“El Partido Popular es el partido que siempre más ha defendido a la mujer en la lucha contra la violencia de género”, ha afirmado García, quien ha insistido en que la formación mantiene su voluntad de avanzar desde la “unanimidad” y el acuerdo entre los grupos parlamentarios.

La dirigente popular ha evitado profundizar en una eventual reforma de la norma, no ha descartado que pueda incluso estar impulsada por la Junta y ha cargado contra el portavoz socialista, al que ha acusado de intentar generar polémica con un “truco efectista al estilo de (Juan) Tamariz”.

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha marcado distancias con una eventual modificación legal impulsada desde el PP y ha recordado que esta cuestión no forma parte del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones.

“No hemos hablado de ello en el acuerdo”, ha señalado Pollán, quien ha subrayado que PP y Vox son “dos partidos distintos y con distintos planteamientos”.

“Sí que garantizo que nosotros no apoyamos ninguna ley de ese tipo”, ha apostillado Pollán, quien ha aclarado que cualquier decisión sobre una eventual reforma corresponderá al PP y no al Gobierno de coalición.

Alfonso Fernández Mañueco será investido presidente de la Junta de Castilla y León el martes 9 de junio, según ha aprobado este jueves la Mesa de las Cortes. El pleno comenzará a las 12.00 horas con la intervención del candidato del Partido Popular presentando su programa de gobierno. Esta primera exposición no tendrá límite de tiempo. Es la tercera vez que Mañueco saldrá elegido líder del Ejecutivo autonómico, en todas las ocasiones ha necesitado de un pacto para garantizar su Presidencia y en las dos anteriores el acuerdo de gobierno se rompió.

Mañueco cuenta con el apoyo de su partido y el de Vox que, tras el acuerdo firmado y presentando este miércoles, sumará sus 14 procuradores a los 33 del PP; en total 14, para superar la mayoría absoluta que para esta legislatura es de 42.

Frente a la mayoría del nuevo pacto de PP-Vox, el PSOE, UPL y Soria Ya han mostrado su rechazo y votarán en contra. La posición de Por Ávila todavía se desconoce, su único procurador adelantó un posible apoyo si el PP se sentaba a negociar proyectos para su provincia.

Tras la intervención del candidato, la sesión de investidura se retomará con la respuesta de los grupos parlamentarios a Fernández Mañueco. En este caso, cada portavoz tendrá un tiempo de 30 minutos y un segundo turno de dúplica para responder al candidato. Para Mañueco en su respuesta no hay tiempo y podrá elegir entre responder de forma conjunta o individual. El orden fijado de intervención será PSOE y luego se repartirá entre las tres formaciones que componen el Grupo Mixto. El reparto para estas formaciones será de 18 minutos UPL, 6 Soria Ya y 6 Por Ávila minutos. Mientras que para la duplica será de 6, 2 y 2 respectivamente.

La Mesa de las Cortes ha optado para mantener el tradicional reparto de turnos al igual que en otras investiduras. En la Junta de Portavoces, Vox ha propuesto que las respuestas a Mañueco las iniciarán el Grupo Mixto, luego el PSOE y acabar con Vox y PP. El siguiente paso para que Mañueco pase de estar en funciones, como desde el 15 de marzo, es el acto de poesión que todavía no está fijado y será los días siguientes a que salga investido por las Cortes.

El PSOE acusa a PP y Vox de “engañar” a toda la ciudadanía

El secretario general del PSOE, Carlos Martínez, ha acusado a Vox y PP de tratar de “ocultar” el engaño “masivo al que quieren someter a toda la ciudadanía y del que ni ellos mismos están absolutamente convencidos”. A juicio del portavoz del PSOE en las Cortes, el partido de Carlos Pollán es el “único animal que tropieza dos veces en la misma piedra”.

Para Martínez ni PP ni Vox “son de fiar” y el pacto firmando se encuentra “lleno de ambigüedades. Asimismo, ha considerado que el documento recoge un modelo de gobierno que se encuentra al margen del Estatuto de Autonomía, de la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y entra en conflicto con la Constitución Española y la Carta de Derechos Humanos.

A pesar de que el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, apuntara este jueves que cualquier medida que tomará el futuro gobierno iba a estar avalada por un informe jurídico, Martínez ha apuntado que este futuro Ejecutivo dejará a Castilla y León al “margen” del Diálogo Social al “criminaliza” a sindicatos y a empresarios.

Ausencia de medidas en materia de despoblación

Los representantes de Soria Ya y de Unión de Pueblo Leonés han criticado que en ese pacto de PP y Vox apenas haya una medida de las 324 que trate la despoblación. En concreto, la omisión de referencias a Soria y Zamora como las dos provincias más castigadas por esta situación.

Para el también portavoz de Vox y futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, de Vox, el acuerdo recoge temas cruciales como la vivienda, el empleo, los servicios públicos y el mundo rural, cuestiones que serán “unas de las principales prioridades”

Por parte del PP, la portavoz Leticia García ha definido el pacto como “profuso, completo y amplio” al abordar cuestiones a “fundamentales” en el día a día. Para la procuradora 'popular', las críticas de la oposición vienen “por exigencias del guión” y mienten, algo que ha achacado al portavoz socialista. “La verdad es que sonroja, produce vergüenza ajena escucharles hablar”, ha apostillado.

La Comisión de Ética de Castilla y León ha decidido archivar las investigaciones al consejero de Medio Ambiente en funciones, Vivienda y Ordenación del Territorio , Juan Carlos Suárez-Quiñones, y a uno de sus directores generales, José Manuel Jiménez Blázquez, que lleva Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, según el acta de su última reunión, celebrada el 12 de mayo y publicada recientemente.

En dicha cita se debatieron tres investigaciones que afectaban a Suárez-Quiñones, consejero desde el año 2015, y a Jiménez Blázquez, alto cargo del Ejecutivo de manera intermitente desde 2003: la autorización de un macrovertedero de residuos a una empresa que había dado trabajo al hijo del consejero de Medio Ambiente —como desvelaron iLeón.com y elDiario.es—, un asunto sobre el que Fiscalía abrió una investigación, que finalmente se archivó. Además, el consejero en funciones también firmó en 2024 la legalización en el parque natural de Babia-Luna de una vivienda del mismo empresario, algo que había rechazado el Ayuntamiento y tenía un informe autonómico en contra.

El 30 de julio del año pasado, diez días antes de la oleada de incendios de León, Juan Carlos Suárez-Quiñones firmó la autorización de un polémico macrovertedero de residuos peligrosos y no peligrosos en la provincia de León a un conglomerado empresarial en el que figuraba como directivo su hijo. Una semana después, firmó la autorización del macrovertedero con la figura de Proyecto Regional. El consejero participó en la firma de las autorizaciones del procedimiento al grupo societario vinculado a Macario Fernández, en cuya empresa principal figuraba como responsable jurídico el hijo menor de Suárez-Quiñones. Su relación contractual duró hasta hace dos años o dos años y medio desde el 2021.

Antes de este archivo, en septiembre de 2025 se presentó un escrito para ver si este comportamiento se ajustaba al Código Ético de Altos Cargos. La Comisión de Ética solicitó información a Fiscalía poco después, aunque esta no respondió hasta abril, cuando se informó de que las diligencias preprocesales se habían archivado —de lo que los medios se hicieron eco ya en enero de 2026—. Esta institución, que no es judicial, justifica su decisión de archivar el cuestionamiento ético por la inexistencia de un delito: “Dada la identidad de sujeto, hecho y fundamento, se acuerda por unanimidad no continuar con la realización de más actuaciones y acordar el archivo de la denuncia”, zanja el acta. La Consejería de Medio Ambiente se ha negado a hacer comentarios.

Una comisión integrada por miembros de la Junta y profesores de Derecho

La Comisión está presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, e integrada por el secretario general de la Consejería y dos profesores de Derecho Penal y Administrativo de las universidades de León y Salamanca.

La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno recibió un escrito en noviembre de 2025 que denunciaba la posible incompatibilidad del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, el conflicto de intereses y un posible incumplimiento en la declaración de bienes, derechos patrimoniales y obligaciones. Dos meses después, elDiario.es se hizo eco de la situación Jiménez Blázquez: administró una empresa durante cinco años pese a su total incompatibilidad.

El director general defendió entonces que se trataba de “una sociedad sin actividad” en la que participaba por “herencia” de su padre. Sin embargo, dicha compañía tuvo 326.000 euros de beneficios entre 2020 y 2022. La Comisión de Ética pidió documentación al Registro Mercantil en tres ocasiones: una vez fue inadmitida “por la forma de presentación”, en otra ocasión se ofreció una información “insuficiente”, que se amplió en una tercera petición. Todas ellas en enero de 2026. La Consejería de la Presidencia recibió a finales de abril la información sobre Jiménez Blázquez, que también es consejero delegado de la empresa pública más importante de Castilla y León (Somacyl).

La Comisión de Ética alude a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que descarta la incompatibilidad si el cargo ejerce como administrador único de la empresa y esta se dedica al arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a la empresa. El Tribunal Supremo admite también en varias ocasiones la compatibilidad cuando el cargo público mantiene recursos “ya integrados en el patrimonio”.

Además, la Inspección General de Servicios entregó la información relativa a los bienes y actividades de los altos cargos. “Dado el carácter de administración patrimonial, no se puede considerar incluido dentro del régimen sancionador”, concluye el acta, que recoge el archivo de la denuncia.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha recordado este jueves a la Junta que la Justicia ya obligó a revertir la supresión de las subvenciones a los sindicatos, una medida que se repite en el acuerdo para gobernar esta Comunidad alcanzado el miércoles entre PP y Vox. 

Lobo ha afirmado que la intención de reducir a la mitad las ayudas a organizaciones sindicales vulnera el Estatuto de Autonomía, en la rueda de prensa desarrollada durante el Consejo Autonómico convocado por UGT para analizar dicho acuerdo. 

“Si están dispuestos, nos volveremos a ver en los tribunales, no sé si quieren volver a perder este partido”, ha alertado Lobo. 

El representante también ha señalado la ausencia de referencias a los derechos laborales en el acuerdo y ha denunciado que se pretenda sembrar “la sospecha y la culpa” sobre personas en situación de baja laboral y desempleo. 

UGT ha analizado que, pese a que la consejería de Industria, Comercio y Empleo no recaiga en Vox en el nuevo acuerdo, no cambiará el “talante” de quien la encabece. 

Lobo ha denunciado que en la formación de Vox están “más envalentonados” y respaldados por una “ola reaccionaria global”, mientras que el PP ha tenido que “tragar más sapos” que en el acuerdo alcanzado por ambas formaciones para gobernar la Comunidad en 2022. 

El representante ha señalado la paradoja de que el PP dependa “aún más” de la “extrema derecha” y ha afirmado que la decisión se ha alcanzado fuera de Castilla y León. 

“Los seguidores de Trump y los fanáticos de la motosierra van a formar parte del gobierno de Castilla y León y eso va a afectar a los proyectos personales y de vida de la mayoría de esta comunidad autónoma”, ha denunciado Lobo. 

UGT ha señalado que hay medidas impuestas desde el exterior que perjudican a la Comunidad como los aranceles, las políticas que reducen la acción de las ONG y los sindicatos o los ataques al diálogo social. “No vamos a quedarnos quietos, vamos a dialogar pero a responder”, ha defendido Lobo.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha cargado contra el “recorte de derechos y libertades” pactado por PP y Vox y anunciado este miércoles. Martínez ha criticado que no se haya entregado el acuerdo de la coalición a los medios de comunicación antes de la rueda de prensa, una decisión que ha atribuido a tener “intención de ocultar las verdaderas intenciones” del presidente del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y del líder de Vox, Carlos Pollán. Aquí puedes consultar el pacto íntegro.

El líder de los socialistas ha afeado que el acuerdo haya sido “elaborado desde Madrid” y recoja “idénticos planteamientos xenófobos y racistas” a los que se acordaron en Aragón y Extremadura, cuyo objetivo es “el desmantelamiento del estado del bienestar”. “[Fernández Mañueco] no se ha leído el pacto, ha pactado su sillón para los próximos cuatro años”, ha reprochado este miércoles ante los medios.

PP y Vox conformarán un gobierno con dos vicepresidencias y las siguientes consejerías: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Cultura, Turismo y Deporte (Vox); Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía, Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social y Educación. La Vicepresidencia Primera, de Vox, asumirá una de las áreas acordadas, mientras que la Vicepresidencia Segunda (PP) tendrá algunas competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.

Desaparición de áreas

Carlos Martínez ha afeado la desaparición de varias áreas dentro del organigrama: la Ordenación del Territorio —y la despoblación—, la Vivienda y la Igualdad de Oportunidades, que se han quedado desgajadas en la Vicepresidencia del PP. Las tres formaban parte del título de sus respectivas consejerías y tenían un director general específico, algo que aún se desconoce.

El secretario autonómico socialista ha criticado que “la única receta transversal” al reto de la despoblación sea “la bajada de impuestos”, algo que el PP lleva aplicando 40 años y que “no ha resuelto el problema”, que se atribuye a la falta de oportunidades y no a una cuestión demográfica o de natalidad. “Se asume la agenda de la extrema derecha sobre las políticas de Igualdad. Esto es solo lo primero que el PP ha tenido que tragarse. Volvemos a hablar de lo que quiere Vox que hablemos, de la inmigración”, ha protestado.

Un “pacto del miedo”

La secretaria general de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Alicia Gallego, ha calificado el acuerdo de coalición de “pacto gris y del miedo”, cuyos representantes autonómicos han sido “títeres de sus líderes nacionales”. “Mañueco y Pollán no dejan de ser sucursales de Madrid” y por eso suscriben un acuerdo “igual que el de Extremadura y Aragón” y que “seguramente sea muy parecido, sino igual, al que se firme en Andalucía” cuando las prioridades en esta autonomía “son claramente distintas”, ha agregado Gallego en declaraciones a EFE.

Entre esas prioridades, Gallego ha hablado de los presupuestos, que este pacto “relega a 2027”, y ha lamentado que las más de trescientas medidas que incluye “tengan como máxima una prioridad nacional que no han sabido ni explicar”. “No se habla de inversiones, ni concreciones. Es un copia y pega amparado en apoyar a líderes nacionales y en manejar sillones y repartir puestos que es donde el PP más cómodo se siente”, ha zanjado.

Por Ávila y Soria Ya

El procurador de Por Ávila en las Cortes de Castilla y León, Pedro Pascual, ha lamentado los casi tres meses de parálisis y ha exigido el desarrollo de proyectos en provincias con déficit de inversiones, como es el caso de Ávila.

Pedro Pascual ha criticado que el Pleno de investidura y la posterior formación del nuevo Ejecutivo se estén demorado tantas semanas cuando “todo apuntaba a que el acuerdo estaba prácticamente cerrado desde el principio”, y que lo que se ha hecho es apurar todos los plazos, lo que ha supuesto prolongar una situación de interinidad que lo único que está haciendo es perjudicar a los ciudadanos.

“La provincia no puede seguir esperando”, ha subrayado Pascual, antes de reclamar que “desde ya” se dé respuesta a las demandas “que llevan demasiado tiempo encima de la mesa”, ha protestado en un comunicado remitido a los medios.

UGT lamenta la “fotocopia” del pacto “sufrido hace cuatro años”

UGT Castilla y León ha sostenido que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox alcanzado este miércoles para gobernar esa comunidad es “una fotocopia del fracaso sufrido hace cuatro años”, con un ejecutivo con los mismos socios, y mañana el sindicato celebrará Consejo Autonómico para analizar su “tremendo impacto negativo”. En un comunicado, UGT ha incidido en que el acuerdo es “un spoiler que arruina las expectativas de una película porque ya sabemos que será un fracaso”, un “regreso al pasado, un regreso a la etapa más negra de la historia de esta comunidad”.

Asaja Castilla y León ha destacado que el acuerdo entre PP y Vox incluya la creación de una 'macroconsejería' de asuntos agrarios. En un comunicado, Asaja ha valorado que a las competencias habituales de Agricultura y Ganadería se vayan a sumar las de política ambiental, en aspectos como las autorizaciones ambientales de las distintas actividades económicas, y la gestión de la caza.

Ha insistido en que el interés agrario tiene que ver con los daños que ocasiona la fauna salvaje: daños en cultivos, ataques a animales de abasto y transmisión de enfermedades, por lo que ven como una buena noticia que estos asuntos radiquen en esta consejería.

La organización agraria ha reclamado que la Consejería tenga los recursos humanos y económicos “precisos” y ha confiado en que se acertará con el perfil de la persona que asuma el área durante los próximos cuatro años. Asaja también ha criticado que algunas de las medidas acordadas sean “meras declaraciones de intenciones” o no se refieran a las competencias autonómicas, lo que podría enfrentar a la Junta de Castilla y León con otras administraciones públicas.

El director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta, José Ángel Arranz, se encuentra reunido con los representantes de la patronal de empresas de extinción de incendios, Asemfo. La Junta de Castilla y León ha accedido a escuchar las peticiones de la asociación tras el anuncio la semana de pasada de que dejarían de prestar servicio sus 950 trabajadores al no atender sus peticiones.

Las compañías tomaron la decisión de no mandar a sus trabajadores a los incendios a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, por la “inseguridad jurídica” en las que se encuentran tras tener que lidiar con sanciones continuas de Inspección de Trabajo por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

Según apuntaban, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales. Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

Asemfo lleva pidiendo una solución desde marzo de 2025

La patronal afirmó que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta es “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Además, también criticaban que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según explicaron, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

Por su parte, la Junta de Castilla y León señaló que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, a quien señaló como responsable.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, afirmó el portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo la semana pasada. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

La Junta también recordó a las empresas que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo no se pronunció sobre posibles expedientes o sanciones.

El PSOE de Castilla y León calificó de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”,como expresó el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez. El sindicato CCOO ha anunciado movilizaciones en las nueve provincias de Castilla y León ante lo que considera una situación de “caos absoluto” en el operativo.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado que la Comunidad no acudirá a la reunión bilateral con el Gobierno central sobre financiación autonómica. “Lo que es de todos se negocia entre todos. Castilla y León no irá a una reunión bilateral con el Gobierno de Sánchez sobre financiación autonómica”, ha apuntado el líder del Ejecutivo autonómico.

Mañueco ha indicado que su gobierno no va a aceptar una propuesta que asigna a nuestra Comunidad “el 1,29% de los fondos”, cuando Castilla y León representa “casi el 20% del territorio y el 5% de la población de España”. “Exigimos una financiación justa que garantice los servicios públicos en todo el territorio”, ha apuntado en un mensaje publicado en X. Mañueco planta así al Ejecutivo de Sánchez en el intento de reformar la financiación autonómica, al igual que las comunidades gobernadas por el PP

Este lunes, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha enviado una carta a los consejeros de Hacienda de las comunidades para convocarles a reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma del sistema de financiación autonómica, con el objetivo de que el nuevo modelo entre en vigor el 1 de enero de 2027.

Estas reuniones con cada uno de los Gobiernos regionales son el paso previo a que la reforma del sistema de financiación autonómica se presente ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano multilateral que reúne a Hacienda con los consejeros autonómicos del ramo, y después se apruebe en el Consejo de Ministros para arrancar la tramitación parlamentaria.

Las conversaciones técnicas para abordar la reforma del sistema quedaron paralizadas ante el relevo en el Ministerio de Hacienda y la sucesión de convocatorias electorales desde principios de año. Ahora, toda vez que las elecciones en Andalucía han quedado atrás y no se esperan nuevas citas en el horizonte, el Gobierno ha retomado uno de los asuntos más espinosos que les quedaba en cartera.

20.975 millones de euros más de financiación

El Gobierno, según ha remitido en una nota de prensa, se ha puesto el objetivo de que el nuevo sistema de reparto, que aportaría 20.975 millones de euros extra a los recursos de las autonomías, quede aprobado en el Congreso antes de final de año y entre en vigor a 1 de enero de 2027. La inyección dispara el total de la financiación de la que dispondrán las comunidades autónomas hasta los 224.057 millones.

Estas cuantías salen de una mayor cesión de los principales impuestos: el IRPF (del 50 al 55% de la recaudación) y el IVA (del 50 al 56,5%), así como de una aportación adicional del Estado que Hacienda ha cifrado en 19.000 millones de cara al año que viene.

Para el reparto de los recursos, el Gobierno ha diseñado una metodología que calcula la población ajustada. Es decir, la población residente en un territorio, ponderada por una serie de variables (como el envejecimiento o los universitarios procedentes de otras comunidades, por ejemplo) que deberían acercar esta cifra a las verdaderas necesidades de una región para cubrir sus servicios públicos.

Hacienda ha proyectado también un fondo climático de 1.000 millones de euros, del que dos terceras partes irá destinado a las comunidades mediterráneas; y otro ajuste adicional por valor de 400 millones para que ninguna autonomía obtenga menos recursos de los que recibiría con el sistema en vigor actualmente. Además, abre la puerta a que los territorios que lo pidan reciban una parte de la recaudación del IVA de las pymes que se genera en su territorio. 

Con este sistema, según los cálculos del Ejecutivo, la diferencia entre las comunidades mejor y peor financiadas se reduciría de los 1.500 euros por habitante ajustado en la actualidad hasta el entorno de los 700 euros, menos de la mitad.

El PSOE critica a Mañueco por la falta de respeto institucional

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha afeado a la Junta de Castilla y León falta de responsabilidad y respeto institucional. El líder socialista ha mostrado su “sorpresa por la negativa del Ejecutivo autonómico, que como ”interlocutor formal“ no tiene ”la deferencia ni la responsabilidad institucional“ de acudir a la reunión para plantear una propuesta, una alternativa al modelo de financiación del Gobierno central.

“No lo quiero, no me gusta y no voy”, ha insistido el socialista, y ha reconocido que “lo cómodo” para la Junta de Castilla y León y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, es no acudir al encuentro, porque “están de vacaciones” a la espera del “pacto de la vergüenza con Vox.

Daniel de la Rosa ha recordado que el PSOE ya reconoció en su momento que la propuesta del Gobierno les parecía “insuficiente”, en cuanto a la planteada para Castilla y León en comparación con otras comunidades, de ahí que pidieran una modificación más acorde a las necesidades de la autonomía.

Por ese motivo, el socialista cree que la Junta ganaría credibilidad si se sentara a hablar con el Ministerio de Hacienda con una propuesta alternativa que mejore las condiciones de financiación autonómica y ha insistido en criticar la respuesta del “no voy” del presidente Mañueco.

El PSOE ha alertado este viernes del “colapso” del operativo de extinción de incendios forestales de la Junta de Castilla y León al contar con cerca de mil efectivos menos procedentes de las empresas privadas que no se han sumado a las labores de extinción.

Los procuradores socialistas por Zamora en las Cortes de Castilla y León han mostrado, en un comunicado, su preocupación por el hecho de que 950 bomberos forestales de empresas privadas forestales no se hayan incorporado, entre ellos entre 100 y 120 en Zamora, que es una de las provincias que ha sufrido “consecuencias devastadoras” por los fuegos de las últimas campañas.

El PSOE ha calificado de “inadmisible” que Castilla y León afronte un verano más la temporada de peligro alto de incendios “sin soluciones estructurales” y con un dispositivo que llega “tarde, mientras aumenta el riesgo de incendios”, ha declarado el procurador socialista por Zamora Iñaki Gómez.

Se ha preguntado además qué tiene que pasar para dejar de vivir la misma situación “año tras año” y ha recordado que en los incendios de la Sierra de la Culebra de Zamora fallecieron cuatro personas en 2022 y en los del pasado año se perdieron otras tres vidas en la Comunidad.

Ha agregado que aunque estos días se sufre en la Comunidad una ola de calor que dispara el riesgo de incendios, el operativo no está preparado y la Junta de Castilla y León sigue “en pausa” pese a la amenaza que eso supone para los pueblos.

Los procuradores socialistas por Zamora han considerado “especialmente grave” que, después de las tragedias vividas en los últimos años, “no se hayan producido cambios profundos en la gestión política” del operativo.

Han exigido al Gobierno autonómico que actúe “con urgencia” para garantizar “la estabilidad del operativo” y deje de afrontar cada campaña de incendios “desde la improvisación”.

Martínez exige explicaciones a Quiñones por la gestión de la campaña de incendios

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha criticado este viernes la gestión de la Junta en materia de incendios forestales a las puertas de una nueva campaña de verano y ha exigido explicaciones por ello al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Martínez ha acusado, en declaraciones a los medios, al consejero de “presumir” de gestión mientras comienzan a aparecer dificultades derivadas, según ha señalado, de la privatización de determinados servicios vinculados a la prevención y extinción de incendios.

El dirigente socialista ha advertido de que algunos trabajadores no podrán incorporarse a sus puestos por problemas burocráticos que, a su juicio, la Administración autonómica “ha tenido tiempo suficiente para resolver”.

“Alguien tendrá que rendir cuentas. No pueden tener en vilo a una comunidad autónoma”, ha afirmado Martínez, quien ha mostrado su preocupación por la situación del operativo forestal ante el inicio de los meses de mayor riesgo de incendios.

El líder autonómico del PSOE ha insistido en la necesidad de garantizar una planificación adecuada y estabilidad para los profesionales encargados de la lucha contra el fuego, especialmente en una comunidad como Castilla y León, marcada en los últimos años por graves incendios forestales.

UGT critica este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta

El secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez, ha criticado este viernes la pasividad “absoluta” de la Junta de Castilla y León en materia de incendios forestales pese a que se están dando “todos los condicionantes” para que se repita la situación del año pasado, ha recordado que “el fuego no se detiene porque no haya gobierno” y ha pedido medidas “urgentes”.

La autonomía, ha asegurado, está “a merced de la suerte o de un milagro” porque “quien tiene que vigilar la seguridad de los ciudadanos y de la masa forestal de Castilla y León es un gobierno que no está, porque sigue en funciones” y que, cuando estaba, “no hizo nada” ni para limpiar los montes, ni para formar a los agentes forestales ni para ampliar las plantillas.

“No sabemos quién va a ser el consejero de Medio Ambiente, por lo que no tenemos ni siquiera un interlocutor a quien trasladarle las reivindicaciones, ni de quien obtener información sobre cuáles son los planes para este verano”, ha insistido Pérez este viernes en una rueda de prensa en León.

El gobierno de Castilla y León ha mostrado durante todo el año, a juicio del sindicato, una “apatía” y un “desinterés” que contrasta con las condiciones meteorológicas que se han dado: una primavera muy lluviosa y mucho calor para esta época.

“Han pasado doce meses y no se ha desbrozado ni limpiado, es el combustible perfecto” para que se reproduzcan las condiciones del año pasado, cuando ardieron 220.000 hectáreas en Castilla y León, 150.000 de ellas en la provincia leonesa, ha dicho.

Ha insistido en que las condiciones climáticas “no dependen de nosotros, pero todo lo demás sí” y ha alertado de que los expertos ya han indicado que los incendios ya no son como en el pasado, sino que se han convertido en fuegos de sexta o séptima generación. “Hay que evitarlos, porque extinguirlos es muy difícil”.

El Gobierno autonómico comprometió que en un periodo de cuatro años gran parte del operativo privado pasaría a ser público, pero no ha sido así, ha denunciado Pérez.

A esta situación se suma que “los más de mil trabajadores que dependen de empresas privadas es posible que no acudan a apagar incendios, porque las empresas ya han dicho que no pueden asumir los costes para cumplir con la prevención de riesgo, por lo que harán un cierre patronal”, ha asegurado.

En cuanto a los medios materiales, ha criticado que dos torres de vigilancia de las dieciocho existentes están cerradas por deficiencias y que, de una flota de dieciséis camiones autobomba, el fin de semana pasado sólo estaban trabajando tres.

En relación con los helicópteros, ha asegurado que “ha quedado desierta” la licitación relativa a los dos de refuerzo que se iban a incluir en el operativo. 

El programa de 'Continuadores', el servicio gratuito de conciliación impulsado por la Junta de Castilla y León para atender a los escolares entre el final de las clases y las 14.00 horas, arranca este lunes 1 de junio con dudas sobre si lo hará con normalidad. Asociaciones de madres y padres de alumnos han denunciado que la empresa adjudicataria continúa buscando personal de forma urgente a través de correos enviados a colegios y AMPAs cuando apenas faltan dos días lectivos para el inicio del servicio.

Desde el Ejecutivo autonómico, el portavoz en funciones Carlos Fernández Carriedo ha evitado garantizar que todos los puestos estén ocupados cuando arranque el programa. Preguntado expresamente sobre si la Junta podía asegurar que el servicio comenzará con profesionales titulados, ha respondido que el Ejecutivo autonómico ha puesto “todos los medios a disposición” para lograrlo, pero ha admitido que no puede garantizar que todas las vacantes lleguen a cubrirse.

“No podemos garantizar que todos los puestos de oferta y necesidades en materia de conciliación se puedan cubrir”, ha indicado el portavoz.

En los mensajes remitidos a los centros educativos, el coordinador del programa en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid solicita colaboración para localizar monitores, incluyendo personas del entorno de los colegios, familiares de alumnos o trabajadores que hayan participado anteriormente en actividades similares. El correo adjunta a una oferta de empleo publicada en un portal especializado en la que no se exige experiencia previa ni estudios mínimos para optar al puesto.

Algunas AMPAs cuestionan que la búsqueda de personal continúe faltando tan pocos días para comenzar junio y dudan que el servicio pueda arrancar sin todas las plazas cubiertas. También han criticado que la adjudicataria tenga su sede fuera de Castilla y León, aunque este punto es legal en base a la normativa de poder concurrir a concursos públicos, y recuerdan que problemas similares ya se produjeron en convocatorias anteriores de programas de conciliación.

Preguntado este miércoles por la situación, Carriedo, ha reconocido que existen dificultades para encontrar trabajadores en este ámbito, algo generalizado que afecta a otros sectores económicos.

“No siempre es fácil para las empresas encontrar profesionales”, ha señalado para apuntar que los programas de conciliación tampoco son ajenos a esta situación. Según Carriedo, la búsqueda de trabajadores mediante correos electrónicos, anuncios o llamamientos públicos responde a la dificultad de la empresa para encontrar profesionales y no a una circunstancia excepcional.

Carriedo ha defendido que Castilla y León cuenta con una de las ofertas de conciliación “más ambiciosas” del país, con iniciativas como Madrugadores, Tardes en el Cole, Conciliamos o la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, y ha expresado su confianza en que las plazas pendientes puedan cubrirse antes del inicio del servicio.

“No podemos garantizar que todos los puestos de trabajo de la hostelería, la construcción o el transporte se cubran, ni tampoco que todos los puestos de oferta y necesidades en materia de conciliación se puedan cubrir”, ha afirmado.

La Junta ha defendido el proceso de adjudicación del contrato y ha recordado que la legislación estatal de contratación pública impide valorar la ubicación de la sede social de una empresa como criterio para acceder a una licitación.

El portavoz ha asegurado que una vez finalice el proceso de contratación la Consejería de Educación ofrecerá información detallada sobre el grado de cobertura alcanzado y la implantación definitiva del programa en los centros educativos.

El curso próximo curso escolar comenzará en Castilla y León el 9 de septiembre, pero UGTy CCOO han avisado este jueves a la Consejería de Educación de que no será “con normalidad” si la administración autonómica no cumple con los acuerdos firmados para la mejora de condiciones del profesorado.

“Si a 1 de septiembre no está el acuerdo cumplido en sus condiciones, no comenzará el curso con normalidad”, ha anunciado el secretario del sector Enseñanza de UGT en Castilla y León, José Antonio Sánchez, durante una comparecencia conjunta con su homólogo en CC.OO, José Antonio Alegre.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que ya se han cumplido algunos de los acuerdos principales firmados, como la compatibilidad de los sexenios y la carrera profesional o el reconocimiento de la figura del tutor, mientras que se ha comprometido a seguir negociando el cumplimiento del resto.Ambos sindicatos han pedido al resto de las organizaciones sindicales representada en la Mesa Sectorial de Educación (ANPE, STECyL-i y CSI-CSIF) que abandonen lo que Sánchez ha definido como un actitud de “pasividad y servidumbre”, con el fin de “trabajar todos juntos para reconocer y dignificar la labor docente”, ha apuntado.

“No se puede iniciar el próximo curso si no se cumple lo firmado”, ha añadido en referencia al reconocimiento de la función tutorial, a la reducción de la jornada laboral para los docentes mayores de 55 años y a la dotación de recursos “para el profesorado”, y todo ello para mejorar la calidad del sistema educativo, ha apostillado.

Falta de voluntad

Si los centros educativos no han cesado en su actividad, pese al cambio de gobierno autonómico en marcha a raíz de las pasadas elecciones en Castilla y León, “no entendemos por qué la Consejería de Educación no se pone a trabajar”, ha insistido en sus críticas.

En la misma línea, el representante de CCOO ha apuntado que un acuerdo “no caduca cuando cambia un gobierno” y que nada justifica ampara el incumplimiento de lo pactado“, lo que en su opinión demuestra la ”falta de voluntad“ por parte de la Consejería de Educación.

“El profesorado de Castilla y León va a estar enfrente para dar la respuesta que se merece esta falta de respeto, un desprecio”, ha proseguido antes e recordar cómo la Consejería de Educación acudió a las comisiones de seguimiento del acuerdo “sin ninguna propuesta concreta para una avance real”.

Eso ocurrió en las comisiones convocadas durante el primer y segundo trimestres, obligadas por el acuerdo firmado en septiembre de 2025, pero es que en el tercer trimestre ya no se celebró ninguna como, lo que para el representante de CC.OO significa una “falta absoluta de voluntad para el desarrollo del acuerdo”.

“Cada semana de bloqueo es un tiempo perdido para poder hacer las cosas bien”, ha concluido.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en la extinción de fuegos a partir de este jueves. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea de la patronal ASEMFO celebrada el pasado 22 de mayo, afecta a cerca de 950 bomberos forestales y se justifica por lo que la patronal considera una situación de “absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”. Las compañías toman esta decisión a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, e inmerso el operativo en el proceso de reversión al sector público de forma parcial.

En el comunicado, han señalado que “la negligencia” de las administraciones públicas “pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte”.

La decisión, que la organización califica de “límite e insostenible”, deriva de más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Según ha apuntado, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales.

ASEMFO ha asegurado asegura que las empresas han quedado “atrapadas entre dos criterios incompatibles” que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales.

Inseguridad jurídica

Esta contradicción, como han señalado las empresas, ha derivado en una inseguridad jurídica “absoluta”, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

La patronal ha afirmado que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta ha sido “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Para ASEMFO la falta de medidas ha desembocado en un escenario “límite e insostenible” que impide seguir prestando el servicio con garantías legales.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

ASEMFO insiste en que la decisión de retirarse del operativo no pretende ejercer presión sobre la Administración. “La retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica”, señala la organización, que reclama una respuesta “urgente, concreta y verificable” por parte de las administraciones implicadas.

La sustitución por Tragsa no mejora el Operativo

Asimismo, ASEMFO ha afirmado que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según han explicado, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

La patronal también critica el proceso de sustitución de empresas privadas por Tragsa en algunas bases del operativo. Según ASEMFO, el cambio está generando perjuicios laborales para parte de los trabajadores al no reconocerse, a su juicio, derechos previstos en la legislación estatal de bomberos forestales, como la subrogación o el mantenimiento de determinadas condiciones laborales.

Pese a ello, la organización ha asegurado que no cuestiona que la gestión pueda ser pública o privada y defiende que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios. Lo que ha reclamado, añade, es un marco legal y operativo que permita desarrollar el trabajo sin la incertidumbre actual.

Para la patronal, la prioridad debe ser “un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada”.

“Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. La asociación exige una respuesta urgente, concreta y verificable”, han concluido.

La Junta atribuye el problema con las empresas de incendios a un Decreto del Gobierno central

La Junta de Castilla y León ha asegurado que trabajará para encontrar una solución que permita mantener el servicio. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, que endurece las exigencias en materia de seguridad y salud laboral para las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, ha afirmado Carriedo tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha defendido que la nueva normativa incorpora “nuevos requisitos y nuevos costes” que preocupan a las adjudicatarias del operativo y ha asegurado que la Junta está dispuesta a colaborar para facilitar su adaptación. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

Lo que no ha concretado el portavoz en funciones es qué va a pasar si hay un incendio que necesite de los 950 empleados de las empresadas privada. La Junta ha recordado en que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo ha eludido pronunciarse sobre posibles expedientes o sanciones y ha agregado que el objetivo del Gobierno autonómico es “buscar una solución” y mantener la colaboración con las empresas mientras duren las adjudicaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia un operativo íntegramente público conforme vayan venciendo los contratos actuales. “La idea es que en tres años el operativo sea completamente público”, ha apostillado.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

Más de dos meses después de las elecciones autonómicas del 15 de marzo, el PSOE de Castilla y León ha decidido mover ficha ante la falta fecha para el pleno de investidura. El secretario general de los socialistas y portavoz parlamentario, Carlos Martínez, ha anunciado este miércoles el registro de una petición formal para que las Cortes convoquen “de manera inmediata” la sesión que investirá al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, como presidente de la Junta.

“El señor Mañueco no gobierna ni deja gobernar”, ha señalado Martínez en una rueda de prensa celebrada en la sede del parlamento autonómico, donde ha lamentado la situación de “bloqueo” y “parálisis institucional” que, a su juicio, atraviesa la Comunidad. Todo ello, sin que PP y Vox anuncien que han cerrado el acuerdo entre ambos partidos.

Según ha explicado Martínez, su propuesta se apoya en el artículo 52.1 del Reglamento de las Cortes, que permite solicitar la convocatoria de un pleno con el respaldo de una quinta parte de los procuradores. El Grupo Socialista cuenta con 30 de los 82 escaños de la Cámara, por encima de los 17 necesarios para activar ese mecanismo. La última palabra, no obstante, seguirá estando en manos del presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, por lo que los socialistas no confían en que se fije la fecha del pleno.

Martínez ha defendido que Castilla y León “no puede perder ni un solo minuto más” en la configuración del nuevo Ejecutivo y ha reclamado que se active ya la legislatura ordinaria. “Tenemos más de 140 iniciativas registradas y ninguna respuesta porque seguimos con un Gobierno en funciones y unas Cortes prácticamente apagadas”, ha criticado.

El dirigente socialista ha recordado que Castilla y León es actualmente la única comunidad autónoma sin un gobierno plenamente operativo -aunque Andalucía también está a la falta de un gobierno autonómico- y ha reprochado a Mañueco estar más centrado en “sus tiempos” y en la negociación con Vox que en afrontar problemas como la situación industrial, la sanidad o la despoblación.

Martínez también ha reprochado que la falta de un gobierno autonómico haya hecho que la Junta no haya medida en el reciente conflicto entre Renault y sus trabajadores, siendo el ministro de Industria, Jordi Hereu, el encargado de la mediación. “Mientras otras comunidades aprovechan oportunidades y defienden sus intereses, aquí seguimos atrapados en una espera interminable”, ha apuntado.

Reforma del reglamento de las Cortes

Martínez ha criticado la ausencia de plazos concretos en el reglamento de las Cortes para convocar el debate de investidura una vez designado el candidato. El presidente de las Cortes propuso formalmente a Mañueco el pasado 7 de mayo, agotando el límite de quince días desde la constitución de la Cámara que fija el Reglamento, pero desde entonces no se ha producido ningún movimiento más.

El artículo 135 del Reglamento de las Cortes regula el procedimiento de investidura, aunque no establece una fecha límite para celebrar el debate. La cuenta atrás legal únicamente comienza una vez arrancada una primera sesión fallida. Desde ese momento, existe un plazo de dos meses para lograr una investidura antes de que las Cortes queden disueltas automáticamente y se convoquen nuevas elecciones.

El vacío legal en Castilla y León, como ha comentado el líder socialista, permite que el Gobierno autonómico permanezca en funciones sin límite temporal mientras continúan las negociaciones políticas.

El PSOE ha reclamado una reforma reglamentaria para impedir que vuelva a repetirse una situación similar. “Esta no puede ser la dinámica normal de funcionamiento de un parlamento democrático”, ha explicado Martínez, que ha alertado de un “parón eterno” si la situación se prolonga durante los meses de verano.

El líder socialista ha asegurado que Mañueco “prefiere irse de senderismo con su 'hermana' Ayuso” antes que formar un nuevo Gobierno.

El PP asegura que el escrito “tiene una eficacia cero y una relevancia cero”

Al conocerse las intenciones del PSOE, el Partido Popular ha señalado que este escrito para convocar el pleno de investidura “tiene una eficacia cero y una relevancia cero; es una cortina de humo en el peor día posible para el PSOE”, ha asegurado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, Leticia García.

García ha afeado a Martínez que utilizase el mismo día en que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO)“ ha entrado en la sede nacional del PSOE en Ferraz” para reclamar este pleno. “Menudo patinazo el del señor Martínez. Le ha pillado con el pie cambiado: hoy se ha marcado el día con la entrada de la UCO en Ferraz mientras Sánchez estaba con el Papa y Carlos Martínez, el líder del Partido Socialista que no pisa las Cortes, justo tenía hoy convocada una rueda de prensa”, ha afirmado la representante 'popular'.

“Su escrito no es necesario, es inútil y solo sirve como cortina de humo”. La portavoz popular ha restado toda relevancia al escrito del PSOE amparado en el artículo 135.1 del Reglamento de las Cortes para exigir la convocatoria del pleno. “Al Partido Socialista le digo: tranquilos, que se centren en su casa, que bastantes problemas tienen. El pleno de investidura evidentemente se va a celebrar, con o sin su escrito, que tiene una eficacia cero y una relevancia cero”, ha afirmado García.

La portavoz ha subrayado que la iniciativa socialista no es más que una maniobra de distracción ante la gravedad de lo ocurrido hoy con su partido a nivel nacional: “Los nervios ante lo que tiene encima el Partido Socialista les hace buscar cortinas de humo, y la cortina de humo del día es esta petición de celebración de un pleno. Es una desfachatez que el señor Martínez se atreva a hacer acusaciones contra el PP. Las únicas siglas implicadas son las del PSOE, asediadas por la corrupción. Tanto en Castilla y León como en España, la única verdad es la que dictan las urnas”.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta en Palencia ha impuesto una sanción de 16.000 euros a dos cazadores de Toledo que mataron de manera furtiva dos corzos en el coto privado de Hornillos de Cerrato (Palencia) en 2023.

El 27 de mayo de 2023 agentes del Seprona de la patrulla de Palencia, con la colaboración de agentes del puesto de Quintana del Puente (Palencia), interceptaron un vehículo con tres ocupantes, dos vecinos de Toledo y una vecina de Sevilla, tras haber sido sorprendidos disparando sobre un ejemplar macho de corzo, según informa este miércoles Ecologistas en Acción.

Preguntados por la actividad de caza que estaban realizando, manifestaron haber disparado y matado otro corzo, y que no tenían la autorización preceptiva del coto de Hornillos de Cerrato donde estaban cazando de manera furtiva. Tras las primeras actuaciones les fueron decomisados dos rifles.

Multas de 16.000 euros

La tramitación del expediente se ha resuelto tres años después con la imposición de dos multas por infracciones a la Ley 4/2021 de Caza de Castilla y León. En concreto, se ha impuesto una sanción de 2.000 euros para uno de los cazadores denunciados por la comisión de una falta grave, que ha reconocido los hechos y se ha beneficiado del pago voluntario.

También se ha impuesto una multa de 4.000 euros y la retirada de la licencia de caza por un año para el otro cazador por dos faltas graves y una leve. Además, la resolución determina una indemnización de 10.000 euros a favor del titular cinegético donde se produjeron los hechos, por el valor de los dos corzos matados.

Más contundencia y eficacia

Ecologistas en Acción ha recordado que solicitó al Servicio Territorial de Medio Ambiente en junio de 2023 ser parte interesada en el expediente sancionador que se incoara sobre el caso, y que, ante la falta de respuesta, se reiteró la solicitud en varias ocasiones más, hasta el punto de tener que recurrir a la presentación de una queja ante el Comisionado de la Transparencia.

En mayo de 2025, el Servicio de Medio Ambiente indicó que el expediente no había iniciado su tramitación porque estaba judicializado, pero Ecologistas en Acción asegura que realmente el Juzgado que instruía el caso lo había archivado en febrero de 2024, hacía más de un año.

Finalmente se inició el expediente sancionador en junio de 2025, pero no fue hasta febrero de 2026 cuando se hizo la propuesta de resolución y en el mes de abril se dictó la Resolución definitiva.

“Todo ello con la insistencia de los ecologistas para que se resolviera este caso después de tres años desde la comisión del acto de furtivismo”, ha indicado la organización Por ello, Ecologistas en Acción considera necesario que la labor de los agentes que intervienen en el medio “sea respaldada desde los despachos tramitando de manera eficaz y contundente las denuncias”.

En este sentido la asociación reclama que desde la jefatura del Servicio Territorial de Medio Ambiente se tomen las medidas oportunas para lograr conseguir respaldar el trabajo de los Agentes Medioambientales y del Seprona.

“Se espera que aumenten considerablemente el número de incendios y su superficie”, advierte el jefe de servicio de Incendios Forestales de Castilla y León. La Junta de Castilla y León ha asumido que el índice de peligro de incendios podrá ser de moderado a extremo entre el 22 y el 29 de mayo y ha decidido tomar “medidas extraordinarias”, pero no adelanta la Época de Peligro Alto, que supone la contratación de más personal para abordar estos fuegos.

En un escrito respaldado por el director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, se reconoce que la DANA del oeste de la península traerá “vientos desecantes y capacidades convectivas” y temperaturas de hasta 33 grados, con una humedad relativa baja (de menos del 30% o incluso, del 15%). Además, se esperan tormentas en todas las provincias y rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora en algunas zonas.

Los sindicatos UGT y CCOO han reprochado que estas medidas sean insuficientes para abordar la situación. Comisiones Obreras teme que el verano de 2026 sea peor “que el terrible 2025”, cuando se quemaron 143.880 hectáreas —más de seis veces que la media de la última década—. “No hay más medios movilizados, no hay más recursos, no hay situación legal de alerta, no hay adelanto de campaña y no se habilitan más guardias para tener más gente en el monte”, enumera el responsable de Medio Ambiente de CCOO CyL, José Ramón Jiménez.

El vicesecretario general autonómico de UGT Servicios Públicos, Carlos Arenas, ha reprochado que el gobierno de Mañueco no comprenda “la gravedad de la situación forestal ni meteorológica”, mientras que Jiménez lamenta que el operativo de prevención sea “el caos más absoluto” por la falta de medios, personal y organización.

La declaración de Peligro Alto de Incendios supondría un incremento de las guardias, cubrir todos los puestos vacantes, aumentar la plantilla y prohibir algunos trabajos silvícolas. Para el agente medioambiental y delegado de UGT en Salamanca, Francisco Comuñas, la decisión actual de la Junta es “incomprensible”.

Cuadrillas aún sin constituir y dotaciones incompletas

UGT ha criticado que la Junta solo vaya a “aumentar la vigilancia, primar la celeridad y la contundencia en el primer ataque, acelerar el despacho de medios aéreos y cuadrillas helitransportadas, gestionar adecuadamente los medios aéreos en los incendios o extremar la vigilancia en zonas cercanas al monte”. “Con estas actuaciones es imposible paliar la virulencia de los incendios que podrían llegar a producirse ante esta situación climática”, ha afeado Carlos Arenas.

Comisiones Obreras alerta de que aún no se han constituido todas las cuadrillas de tierra, hay personal sin experiencias, dotaciones de bomberos forestales incompletas, camiones sin conductor plazas de agentes medioambientales sin cubrir y calendarios incompletos, entre otros. “En el mejor de los casos hay dos o tres agentes de guardia según la provincia para la dirección de extinción de un eventual incendio, no hay personal de vigilancia o hay puestos de vigilancia inoperativos”, zanja Jiménez.

Castilla y León inicia la campaña de incendios “sin mejoras significativas”, según ha denunciado la Asociación de Profesionales de Agentes Medioambientales de la Comunidad (Apamcyl), que ha alertado de que el operativo arrancará con un 25% de las plazas vacantes a pesar de las numerosas reuniones con la Junta.

El presidente de este sindicato de agentes medioambientales, Esaú Escolar, ha advertido este martes en una rueda de prensa del bajo índice de cobertura de los puestos de trabajo en la dirección de la extinción de los incendios forestales, lo que compromete, según la asociación, la planificación de las guardias y los servicios de vigilancia.

Escolar ha lamentado que, a escasas semanas del inicio de la época de peligro alto de incendios forestales, que comienza el 12 de junio, aún se desconoce el número de retenes que estarán operativos este verano: “Está todo manga por hombro”, ha criticado.

A la espera de la publicación de resultados de las últimas 149 plazas de oposición convocadas por la Junta para suplir puestos laborales el cuerpo de agentes medioambientales, Apamcyl ha denunciado que existen 237 plazas vacantes de las 965 existentes en la Comunidad.

Es esta una realidad que se agrava, como han expuesto, en algunas provincias, entre las que destacan Soria, con un 38 por ciento de vacantes, y Valladolid, con un 32 por ciento.

La asociación ha afirmado que también ha presentado un escrito al secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ángel María Marinero Peral, para obtener una mayor regulación en la organización de las jornadas laborales, los tiempos de descanso y la cobertura de turnos de agentes medioambientales durante las campañas de incendios forestales.

Entre las cuestiones más relevantes exigidas a la Junta, el sindicato ha destacado un límite de horas por guardia, un protocolo de especial gravedad, un descanso mínimo obligatorio y una seguridad garantizada en el retorno de los convoyes.

“Reclamamos que el nuevo gobierno se ponga las pilas, que salga pronto, porque tiene que realizar un esfuerzo presupuestario y de gestión de personal para que no haya estas carencias”, ha afirmado Escolar.

Mayor fiscalización de la caza

Escolar también ha señalado la falta de transparencia de la Junta en el acceso a datos a tiempo real de la caza, un servicio que, según Apamcyl, está gestionado por la fundación privada, CESEFOR.

La asociación ha denunciado un endurecimiento en las limitaciones de acceso a estos datos, ya que actualmente los agentes solo pueden acceder a información asociada a un DNI y por un periodo limitado de 24 horas.

Escolar ha afirmado que esto imposibilita conocer datos como los precintos activos en un coto que, según la asociación, resultan “esenciales para combatir el furtivismo”, ha apostillado.

El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este viernes que la tauromaquia “goza de muy buena salud” en la comunidad, donde cada año se celebran más de 2.300 festejos taurinos populares y existe, a su juicio, un creciente interés de los jóvenes por el mundo del toro.

Mañueco ha asegurado así el apoyo de la Junta a la tauromaquia durante la presentación en Valladolid de la denominada 'corrida de la oportunidad', un festejo impulsado por Tauroemoción con apoyo de la Junta que reunirá este domingo a cuatro jóvenes toreros de Castilla y León y cuyo triunfador obtendrá un puesto en la próxima Feria de La Virgen de San Lorenzo, en septiembre.

Durante el acto, el presidente autonómico ha defendido que la tauromaquia forma parte de “la esencia, el sentimiento y el patrimonio cultural” de Castilla y León y ha sostenido que el “toro bravo es el alma de España”.

Además, ha vinculado el mundo taurino con el sector primario y ha aprovechado la festividad de San Isidro para felicitar a agricultores y ganaderos, a quienes definió como responsables de que Castilla y León sea “la despensa de España”.

En este contexto, ha destacado especialmente el peso del toro bravo dentro de la comunidad y el papel de las ganaderías de la tierra, como la salmantina de El Pilar, cuyos toros protagonizarán el festejo del domingo.

Mañueco ha defendido también la necesidad de “proteger, cuidar, mimar y difundir” la tauromaquia y trasladarla a las nuevas generaciones, al tiempo que ha reivindicado iniciativas como el circuito de novilladas o el apoyo a las escuelas taurinas.

El empresario taurino Alberto García ha explicado por su parte que la corrida nace de la preocupación compartida por la falta de oportunidades para los jóvenes toreros de Castilla y León, pese a considerar que la comunidad atraviesa “la mejor hornada del siglo”.

García ha destacado además que el modelo del festejo es novedoso, que ha despertado una “importante respuesta” entre los aficionados y que permitirá a los jóvenes matadores “mostrarse al mundo entero”.

Uno de los toreros, Manuel Diosleguarde, ha asegurado que es “un honor” que se apueste por toreros de Castilla y León y ha defendido la importancia de ofrecer oportunidades a los jóvenes para que el escalafón taurino “se siga renovando”.

En términos similares se expresó Roberto Martín 'Jarocho', quien ha destacado que el cartel reúna a “cuatro toreros jóvenes” de la comunidad y ha mostrado su deseo de que esta iniciativa pueda consolidarse en el tiempo, algo que también ha expresado el presidente de la Junta.

La corrida reunirá a Diosleguarde, Jarocho, Mario Navas y Sergio Rodríguez con toros de la ganadería salmantina de El Pilar y desde la organización han señalado además que esperan llenar cerca de tres cuartos de la plaza de toros de Valladolid para este festejo, que no cuenta con aportación económica de la Junta.

La Federación de Enseñanza de CCOO ha interpuesto este jueves un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Educación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por su aprobación, en centros de primer ciclo de Educación Infantil, de las denominadas “unidades mixtas”, aulas que agrupan alumnado de diferentes tramos de edad.

CCOO ha denunciado en nota de prensa que la medida contraviene la normativa vigente, donde se indica que las unidades mixtas solamente pueden establecerse en los “centros incompletos”, situados en localidades de menos de 3.000 habitantes o en zonas con características sociodemográficas excepcionales.

“Meter más niños y niñas en aulas, mezclando edades en centros que no están previstos para ello, no es ampliar el servicio, es degradarlo”, ha afirmado el responsable de enseñanza privada y servicios socioeducativos de CCOO, Iván Pastrián.

La medida, autorizada por la Consejería de Educación en noviembre de 2025, fue denunciada previamente por el sindicato en enero a través de un recurso de alzada, en el que se argumentaba que la Consejería estaba “excediendo sus competencias” al modificar por la vía de una resolución administrativa una norma que, según CCOO, solo puede alterarse mediante decreto.

El recurso fue inadmitido el 30 de marzo por la consejera de Educación, Rocío Lucas Nava, quien alegaba que CCOO carecía de “legitimidad activa” para impugnar el acto, según el sindicato.

La resolución impugnada autoriza esta fórmula en centros ubicados en municipios como Burgos, Valladolid, Salamanca, León, Palencia, Aranda de Duero o Arroyo de la Encomienda, donde, según el sindicato, no concurren las circunstancias excepcionales exigidas por la normativa.

“Si la Junta quiere dar respuesta a la demanda de plazas, el camino es crear las unidades necesarias con las condiciones adecuadas, no retorcer la normativa para esconder recortes bajo una apariencia de flexibilidad”, ha añadido Pastrián.

El sindicato ha alertado de que la medida afecta a las condiciones de trabajo de los profesionales del sector, que se enfrentan a niños con ritmos distintos y sobrecarga laboral.

CCOO solicita así nuevamente la nulidad de las autorizaciones de las unidades mixtas en centros completos y pide que la distribución de unidades escolares se ajuste a la legalidad.

Las organizaciones Ecologistas Zamora y Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo ibérico (ASCEL) han reclamado a la Junta de Castilla y León que asuma responsabilidades tras la aparición de un lobo muerto con impactos de bala en la provincia de Zamora. El ejemplar ha sido encontrado en el río Esla junto al Puente Quintos del río Esla, entre las comarcas de Tábara y Tierra de Campos.

Ambos colectivos han culpado al Ejecutivo autonómico de que la falta de vigilancia en actividades cinegéticas y las últimas modificaciones normativas han generado un contexto “propicio” para el furtivismo. A su juicio, la Junta de Castilla y León no está contribuyendo a la recuperación de los lobos ni en Zamora ni en el resto de Castilla y León y hay cientos de cotos de caza en los que los cazadores “campan a sus anchas” portando rifles, visores térmicos y reclamos por los recechos de corzo y controles de jabalí. 

El ejemplar, un macho adulto, fue localizado en el río Esla, en la zona de Puente Quintos, con dos heridas de arma de fuego en el costado derecho. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Zamora por un posible delito contra la fauna.

Las asociaciones ha manifestado que este episodio vuelve a evidenciar “un problema estructural” relacionado con la caza ilegal del lobo ibérico en Castilla y León.

En su comunicado, han alertado de que el furtivismo continúa teniendo un impacto “significativo” sobre la evolución de la especie y han indicado que está dificultando tanto la consolidación de nuevas manadas como la supervivencia de algunos grupos reproductores.

Según han recordado, un estudio sobre mortalidad de lobos, realizado en Valladolid y zonas limítrofes de Zamora, León y Palencia, recogía que el 73% de las muertes registradas —746 animales— se produjeron de forma ilegal. En total, este trabajo contabilizó 1.023 ejemplares muertos entre 1972 y 2011.

Ecologistas Zamora y ASCEL han apuntado que la situación del lobo ibérico sigue siendo “especialmente delicada” debido al furtivismo y a los atropellos. Es por eso que han recordado que la población peninsular permanece aislada del resto de núcleos europeos desde hace décadas y que la reducción histórica de ejemplares por la persecución humana ha provocado una pérdida de diversidad genética y elevados niveles de endogamia. Según han defendido, el lobo ocupa ahora una cuarta parte de su área de distribución histórica.

Instan a un cambio de normativa

Las organizaciones conservacionistas han afirmado que la Junta no está impulsando medidas suficientes para garantizar la recuperación de la especie y critican especialmente algunos cambios recientes en la normativa cinegética. Entre ellos la Orden MAV/1434/2025, que amplía las posibilidades de caza nocturna del jabalí mediante el uso de fuentes luminosas y dispositivos térmicos.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL, ese tipo de autorizaciones, unidas a la “escasa vigilancia” en recechos de corzo y controles poblacionales de jabalí, incrementan el riesgo de actuaciones furtivas. “Son cientos los cotos en los que se realizan actividades cinegéticas con rifles y visores térmicos sin apenas supervisión”, han aseverado.

A las críticas también se le añade el rechazo a la modificación del sistema de control de capturas de corzo aprobada el pasado marzo. A su juicio, la nueva regulación dificulta la labor inspectora de agentes medioambientales y del Seprona y podría favorecer la legalización de ejemplares abatidos de manera irregular.

A esta “delicada situación”, como han reprochado ambas asociaciones también se le suma la falta del personal encargado de tramitar expedientes sancionadores en materia de Medio Ambiente en muchas provincias de la Comunidad. “Ya ni siquiera estaríamos hablando de un asunto de 'dejación de funciones' de una Administración pública, sino de un presunto delito de prevaricación por omisión por parte de los responsables de dicha Administración”, han lamentado.

Para Ecologistas Zamora y ASCEL la caza ilegal del lobo ibérico está contribuyendo de manera significativa al estancamiento poblacional en Castilla y León, provocando el exterminio de varios grupos reproductores. Esta situación, como han alertado, no permitiría el asentamiento de grupos nuevos en algunas zonas menguando su potencial sostenibilidad.

La Junta de Castilla y León ha dado este miércoles carpetazo a uno de sus propios proyectos mineros, muy polémico por situarse en plena Sierra de la Culebra de Zamora, en la comarca de Sanabria, y a escasa distancia de Portugal, un país donde se había generado un amplio rechazo por afectar a zonas protegidas. La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la denegación de la autorización ambiental de la mina a cielo abierto de estaño y wolframio denominada Valtreixal, solicitada en el año 2009 por la sociedad Valtreixal Resources Spain, filial del grupo de origen canadiense Almonty Industries.

La explotación pretendía ocupar 246 hectáreas en los términos municipales de Pedralba de la Pradería y Cobreros, proyectaba una mina a cielo abierto con una vida útil de 17 años. Su localización concreta se situaba en plena Red Natura 2000, en el Lugar de Interés Comunitario 'Sierra de la Culebra', a 4 kilómetros aguas arriba del Parque Natural del Montesinho, en Portugal, y en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, hogar del lobo ibérico.

La Junta de Castilla y León ha concluido con una negativa la solicitud de autorización ambiental presentada en el año 2019 “por entender que el proyecto podría suponer afecciones e impactos severos a los valores naturales con los que coincide en un amplio territorio transfronterizo, resultando ambientalmente inviable, tal y como se ha puesto de manifiesto en el análisis técnico efectuado y, en especial, en la valoración realizada desde la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal en su informe relativo a las afecciones al medio natural, así como en el resultado de las consultas transfronterizas realizadas al Estado de la República de Portugal”.

La resolución, firmada por el consejero en funciones Juan Carlos Suárez-Quiñones, califica el proyecto como “ambientalmente inviable”. Los informes técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal advirtieron que la mina causaría perjuicios irreparables a la integridad de espacios de la Red Natura 2000, específicamente a las Zonas de Especial Conservación (ZEC) 'Riberas del Río Tera y afluentes' y 'Sierra de la Culebra'.

El proyecto contemplaba una capacidad de procesado de 500.000 toneladas anuales de mineral durante 17 años. De este volumen, se estimaba una producción anual de entre 770 y 1.300 toneladas de concentrados de wolframio y entre 500 y 620 toneladas de concentrados de estaño.

Un proyecto impulsado por la propia Junta de Castilla y León

La controvertida mina a cielo abierto era, en realidad, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León a través de la sociedad mixta Siemcalsa, que se hizo con los derechos mineros en el año 2006 de una explotación concedida en 1978 pero que nunca se llevó a cabo. Los orígenes mineros de la zona se datan a finales del S. XIX y en 1932 hubo una explotación de wolframio denominada Alto Calabor.

En el año 2013 la multinacional Almonty Industries firma un acuerdo de opción de compra con SIEMCALSA para adquirir el 51% del proyecto, del que se hizo con la totalidad en el año 2017. El 1 de abril del 2019 se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León la solicitud de declaración de impacto ambiental del llamado proyecto minero Valtreixal.

En el 2020 la Junta de Castilla y León presumía en una nota de prensa del impulso del proyecto mediante la aprobación de las Normas Urbanísticas de Pedralba de la Pradería. Aseguraba el gobierno autonómico entonces que “Este proyecto empresarial supondrá un revulsivo importante para la zona con la creación de 200 puestos de trabajo directos y casi 400 indirectos”. Las nuevas normas contemplaban autorizar el uso del suelo solicitado para el proyecto, que contemplaba una inversión de 42.357.000 dólares “en una zona y una provincia que necesita de empresarios y empresas que crean en los recursos que genera nuestra tierra”, recalcaba la Delegada Territorial Clara San Damián.

Oposición social y portuguesa

La Confederación Hidrográfica del Duero elaboró hasta tres informes sobre el proyecto minero. Sus técnicos se centraron en la vulnerabilidad de la red fluvial que atraviesa el área de explotación, considerando que las actuaciones supondrían un impacto muy significativo sobre el dominio público hidráulico y los arroyos que atravesaban la zona de explotación, concluyendo que vulnerarían la Ley de Aguas.

Además la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal identificó una lista de especies cuya supervivencia o hábitat se vería seriamente comprometido como del desmán ibérico, el lobo ibérico, diversas especies de murciélagos, el milano real y negro, el buitre negro, el buitre leonado, el águila real, la culebrera europea y el aguilucho pálido, entre otras.

Durante el periodo de información pública, una decena de asociaciones (como Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y diversas plataformas ciudadanas) presentaron miles de alegaciones en contra de la mina a cielo abierto denunciando falta de rigor en los informes técnicos, riesgos no evaluados por el uso de explosivos, afección a especies protegidas y amenazas a la economía y patrimonio local.

Desde el otro lado de la frontera la postura ante el proyecto minero Valtreixal fue de una firme y generalizada oposición, manifestada tanto por su gobierno como por diversas instituciones y colectivos ciudadanos,. Esta resistencia se fundamentó en la preocupación por los impactos ambientales y sociales que la mina tendría sobre el territorio luso, dada su extrema cercanía a la frontera (a apenas 5 kilómetros) y en la Reserva de la Biosfera compartida.

En el periodo de consultas el Gobierno de Portugal consideró que la documentación y los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa promotora eran insuficientes para garantizar la seguridad ambiental en la zona, alertando de que la explotación afectaría gravemente al Parque Natural de Montesinho y a la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Meseta Ibérica, advirtiendo que el sello de la UNESCO para esta reserva estaba en riesgo por culpa de la mina.

Portugal denunció que el proyecto podría contaminar la cuenca hidrográfica del Duero a través del río Sabor e identificó que las aldeas de Rio de Onor, Aveleda y Varge serían las más directamente perjudicadas por el ruido de las voladuras y el polvo generado por la actividad minera.