Vox, que dirige la Consejería de Cultura en Castilla y León, ha decidido vetar películas y series que “impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyen a opciones políticas concretas”, según la Orden para financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes (de ficción y documentales) y pilotos de series de animación y televisión.

La Orden no contempla qué criterios se establecen para analizar si estas producciones audiovisuales “implican un adoctrinamiento ideológico”, ni este concepto está incluido dentro de los baremos, pero sí está dentro de los requisitos que deben tener los beneficiarios: “deberán desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general”. En 2025 se concedieron subvenciones a una decena de proyectos documentales y de ficción que incluían temáticas históricas, culturales o medioambientales.

El consejero de Cultura, José Alberto Díaz Pico (Vox), lleva meses insistiendo en que la Cultura en Castilla y León –una comunidad en la que ha gobernado la derecha desde 1987– es “sectaria” y había sido “ideologizada” por la “progresía”. Díaz Pico ha sido coordinador de Servicios de Políticas Culturales entre 2013 y 2022 y ha trabajado como técnico de la Dirección General de Deportes entre 2024 y 2026. Los últimos cuatro años estuvo Gonzalo Santonja al frente de Cultura, tras ser colocado por Vox en 2022. Santonja consiguió mantenerse en el cargo tras la marcha y expulsión de los consejeros de Vox en 2024.

“No podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas”, continúa la Orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 9 de octubre.

Otro de los cambios que ha introducido Vox es la reducción del anticipo de la subvención, que en esta convocatoria solo será del 20%, y no del 25% como hasta ahora. Las subvenciones no pueden suponer más del 50% del presupuesto de la pieza audiovisual, con un límite máximo de 60.000 euros. Además, la productora debe financiar al menos el 10% de la película.

“Injerencia política” en las redes sociales

Este verano, poco después de que Díaz Pico tomara posesión, los sindicatos se quejaron porque consideraban que la Consejería de Cultura estaba ejerciendo “injerencia política” en la gestión de las redes sociales culturales. De hecho, la cuenta de X de la Biblioteca de la Junta de Castilla y León en Valladolid –que tenía mucha actividad hasta ahora– lleva sin actualizar su contenido desde junio.

Vox también ha impuesto un perfil político para su gran fundación cultura, la Fundación Siglo, al elegir a Rebeca Arroyo, quien fue presidenta de la Comisión de Industria y portavoz de Vox en Sanidad en las Cortes durante la pasada legislatura.

Castilla y León ha registrado en 2026 los niveles de contaminación por ozono troposférico más elevados desde 2010, cuando entraron en vigor los actuales límites legales para proteger la salud. El deterioro, coincidente con el verano más cálido del último siglo y medio y los incendios forestales, ha extendido el incumplimiento de los nuevos objetivos europeos para 2030 a seis de las doce zonas en las que se divide la Comunidad, donde viven 1,6 millones de personas, el 66% de la población regional.

Así lo ha recogido el informe presentado este lunes por Ecologistas en Acción, elaborado a partir de los datos de 31 estaciones de medición entre el 1 de enero y el 30 de septiembre. La organización cifra en un 120% el aumento de las superaciones del objetivo legal para la protección de la salud respecto a la media del periodo 2012-2019, anterior a la pandemia.

El ozono troposférico es un contaminante secundario que se forma en la superficie terrestre mediante reacciones químicas entre otros contaminantes, favorecidas por las altas temperaturas y la radiación solar. Entre sus precursores figuran las emisiones del tráfico, determinadas industrias y la ganadería intensiva. Los incendios forestales del verano también han contribuido al problema, según Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que apunta especialmente a los grandes fuegos registrados en julio y agosto.

Las seis zonas donde se han superado los nuevos objetivos europeos en al menos una estación son la aglomeración de Valladolid, la cuenca del Ebro, Duero Norte, Duero Sur, Montaña Sur y Soria y Demanda. El informe distingue estos nuevos límites, que deberán cumplirse antes de 2030, de los objetivos legales vigentes: estos últimos se han incumplido en tres zonas, que reúnen a cerca de 800.000 habitantes.

La organización advierte de que toda la población de Castilla y León ha estado expuesta a concentraciones superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuyos valores son más estrictos que los límites legales. Además, estima que unas 250.000 personas, el 10% de la población autonómica, han respirado durante el trienio 2024-2026 aire con niveles superiores al nuevo objetivo europeo.

Soria y Valladolid, entre las zonas más afectadas

Durante el verano se produjeron 15 superaciones del umbral de información a la población en estaciones de Valladolid y Soria, la cifra más alta en dos décadas, según Ecologistas en Acción. La mayoría se concentraron en la provincia soriana durante la segunda quincena de julio y agosto, coincidiendo con las olas de calor y los incendios de la Sierra Norte de Guadalajara.

El deterioro también ha sido destacable en Miranda de Ebro, donde la organización señala la influencia de la contaminación procedente del entorno de Bilbao. En el sur de Ávila y Segovia apunta a las emisiones del área metropolitana de Madrid, mientras que en el oeste de Salamanca y parte de Zamora puede llegar contaminación desde el entorno de Oporto.

El impacto de la contaminación no se limita a la salud humana, como ha alertado el informe. El ozono perjudica a la vegetación y puede reducir la productividad de cultivos como los cereales. En cuanto a sus efectos sanitarios, el documento cita datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente que atribuyen hasta 500 muertes al ozono en Castilla y León en 2023. También recoge una estimación del Instituto de Salud Carlos III de 340 muertes durante el verano de 2026 por el efecto combinado de las altas temperaturas y la exposición asociada a contaminantes como el ozono, una cifra que no corresponde exclusivamente a este contaminante.

Ecologistas denuncia que la Junta sigue sin aprobar los planes

La organización ecologista ha reclamado a la Junta de Castilla y León que apruebe los planes de mejora de la calidad del aire que considera obligatorios tras varias resoluciones judiciales. Según Ceballos, el Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2026 la anulación del plan autonómico aprobado en 2021 y estableció un plazo de seis meses para elaborar nuevas medidas. Ecologistas en Acción ha defendido que ese plazo ha vencido sin que los planes se hayan presentado.

La entidad ha comunicado la situación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para pedir que se fuerce el cumplimiento de las sentencias y ha solicitado una reunión con el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino.

El coordinador autonómico de la organización, Luis Oviedo, ha advertido de que, si la Junta no adopta medidas efectivas, solicitarán actuaciones coercitivas en el procedimiento judicial. Los ecologistas también han reprochado la falta de protocolos municipales frente a episodios de ozono en Burgos, León y Salamanca.

Entre las medidas que ahn propuesto se encuentra reducir el tráfico motorizado, sustituir disolventes orgánicos por alternativas menos contaminantes y actuar sobre las emisiones industriales y ganaderas. También han reclamado mejorar la información a la población vulnerable y reforzar la vigilancia de la calidad del aire, después de que nueve estaciones que medían ozono en El Bierzo y la Montaña Norte hayan dejado de funcionar en los últimos años.

CSIF ha rechazado este lunes que la Junta de Castilla y León negocie con los sindicatos nuevos decretos para reforzar el operativo contra los incendios forestales anunciado por el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP) la semana pasada ante los medios de comunicación cuando presentó el Proyecto de Presupuestos. El sindicato ha exigido a Fernández Mañueco que rectifique, puesto que no se les ha .

A través de un comunicado, la central sindical ha subrayado que no han recibido ni una sola llamada, convocatoria o propuesta para avanzar en estos decretos y ha calificado como “inadmisible” que el Ejecutivo autonómico recurra a anuncios sin que exista una negociación efectiva.

“Lo que hay que hacer es abordar, de una vez, las deficiencias estructurales del operativo, reforzar la prevención, garantizar medios suficientes y establecer una organización eficaz durante todo el año”, ha remarcado CSIF.

A juicio de la organización de los trabajadores, la actuación del gobierno castellano y leonés ha estado marcada por el incumplimiento de las leyes básicas estatales de Bomberos Forestales y de Agentes Medioambientales.

De hecho, ha destacado que se ha llegado a impedir la tramitación de la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad, una norma necesaria para adaptar la regulación autonómica a la legislación básica estatal y mejorar sus condiciones laborales.

Para CSIF, la situación de operativo “no ha cambiado absolutamente nada”, pese a que Castilla y León haya padecido este verano uno de los peores incendios de la historia de España: el de Burgohondo (Ávila), con unas 38.000 hectáreas calcinadas.

“Siguen improvisando, manteniendo un operativo que trabaja en condiciones precarias, imponiendo guardias de un día para otro y modificando calendarios de trabajo sin planificación ni previsión, a costa de la conciliación de quienes tienen que afrontar las emergencias”, ha reprochado a la Junta, a la que acusa de “autocomplacencia”.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

La Junta de Castilla y León elige a un gestor de cotos como nuevo director general de Caza –en concreto, figura como titular o arrendatario de tres cotos en la información pública– después de que el anterior fuera cesado tras tres meses en el cargo, según ha informado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

El nuevo director de Caza, Pesca y Medio Rural, que depende de Vox, es Marco Criado Nicolás, graduado en Ciencias Ambientales y doctor en Geología por la Universidad de Salamanca, donde imparte clases. También ha gestionado cotos de caza entre 2021 y 2025, según el currículum enviado por el Ejecutivo autonómico, y ha sido asesor cinegético de la Federación de Caza de Salamanca.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos, algo que ya se ha aprobado.

El gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP-Vox) también ha elegido director general de Cuidados y Humanización de la Consejería de Sanidad: Rubén Cañizares, graduado en Ciencia Política y Enfermería, cuya profesión ha ejercido en puestos de atención sanitaria en Valladolid (Atención Primaria y hospitalaria) y Salamanca, en el Hospital. Además, Cañizares es concejal del Partido Popular en el municipio salmantino de Villares desde 2023.

En 2026 ha sido elegido jefe de la Unidad de Enfermería, Calidad y Seguridad del Paciente en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuenta con formación en Liderazgo Enfermero (Universidad Católica de Ávila), Dirección, gestión y Administración Sanitaria (Universidad Católica San Antonio de Murcia) y Gestión y Planificación Sanitaria (Universidad Europea de Madrid).

Cambio en los Servicios Jurídicos

También se han producido cambios en la dirección de los Servicios Jurídicos, después del cese a petición propia de su titular, María García Fonseca. Fernández Carriedo le ha agradecido los servicios prestados y ha explicado que García Fonseca había adquirido un compromiso para terminar al final de la pasada legislatura, por lo que ahora abandona este puesto.

La nueva directora de Servicios Jurídicos será Ana Isabel González Rodríguez, licenciada en Derecho y que ha trabajado como letrada de la Dirección de los Servicios Jurídicos desde 2022 después de casi dos décadas como letrada-jefe de las consejerías de Empleo, Fomento, Medio Ambiente y Movilidad.

Castilla y León, dirigida por PP y Vox, es la única comunidad sin Ley LGTBI después de que Asturias haya aprobado su propia normativa. La ley, demandada por el colectivo LGTBI, lleva pendiente desde hace más de una década y cuatro gobiernos: la última mayoría absoluta de Juan Vicente Herrera y todos los gobiernos (en coalición con Ciudadanos y Vox o en minoría) de Alfonso Fernández Mañueco. Las asociaciones LGTBI piden al presidente autonómico que “tome nota” del Partido Popular asturiano, que ha negociado y apoyado la Ley.

La última vez que la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), abordó esta cuestión, aseguró que la protección que ofrecía la Ley estatal era suficiente. Las plataformas LGTB han denunciado en varias ocasiones las “maniobras dilatorias” del Partido Popular para no avanzar en la tramitación de la norma, incluso a pesar de haber redactado sus propios proyectos.

“No es que no tengamos ninguna Ley autonómica, es que Castilla y León, que presume muchísimo de sus Servicios Sociales, no tiene ni una sola política pública dirigida al colectivo LGTBIQ+, que somos un porcentaje importante de la población”, protesta la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, Yolanda Rodríguez, que alerta de unos discursos de odio “más cruentos” y de situaciones de violencia física en la Comunidad.

Hace ya diez años desde que redactó la primera Ley LGTB, y las asociaciones todavía no se explican por qué el PP de Extremadura apoyó una normativa que fue dejada de lado cuando fue replicada en Castilla y León. “En Asturias el PP ha votado a favor del proyecto de Ley, mientras que aquí el PP sabe que lleva más de treinta años en el poder y tiene todas las estrategias electorales para dar de lado a un sector muy grande de la población”, protesta Rodríguez.

Antes de la llegada de Mañueco al Palacio de la Asunción, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, IU y UPL acordaron un texto con las asociaciones LGTBI que incluso contó con el respaldo de una sola de los 'populares', Silvia Clemente, mientras el resto del PP se negó a negociar el texto, que acabó metido en un cajón, bloqueada durante el periodo de enmiendas. Silvia Clemente era entonces presidenta de las Cortes de Castilla y León, quien intentó ser la candidata al gobierno autonómico por Ciudadanos en 2019 y después con su propio partido político.

2019-2021, una legislatura fallida

Ahí ha estado prácticamente desde entonces, precisamente, a pesar de otros vanos intentos: en 2019 el PSOE y el Grupo Mixto (Podemos, UPL y Por Ávila) presentaron de nuevo aquel texto, del que se desmarcó Ciudadanos, ya en el poder. El entonces vicepresidente, Francisco Igea (exCiudadanos) se comprometió a tramitar la Ley Igualdad Social de la Diversidad Sexual desde el gobierno autonómico, que tenía en coalición con el Partido Popular. La Ley ni siquiera se aprobó en Consejo de Gobierno: en mayo de 2021 contó con el último trámite antes de pasar a su aprobación por los miembros del gobierno, y ahí se quedó guardado hasta que Fernández Mañueco adelantara los comicios en diciembre de 2021 con un tuit.

La Ley LGTB se quedó, por lo tanto, otra legislatura sin tramitar. En la primera coalición PP-Vox, ese texto ni siquiera se puso sobre la mesa, mientras que la nueva propuesta socialista pactada con las asociaciones solo se desbloqueó después de que el PP decidiera abstenerse y permitiera su tramitación. Entonces, el PP gobernaba en solitario tras la marcha de Vox de los gobiernos autonómicos. Eso sí, votaron en contra los diputados autonómicos de Vox y los dos expulsados del partido de extrema derecha. El PP proponía que, de tramitarse una Ley –algo que no era prioritario para ellos–, esta debía ser “sólida y hecha con rigor”. Pero, de nuevo, el debate no avanzó, y concluyó la pasada legislatura sin una Ley que refuerce los derechos de los integrantes del colectivo.

“Volvemos a las mismas”

“Tuvimos muy buenas palabras por parte de las representantes del PP que tuvieron la decencia de reunirse con las entidades, pero volvemos a las mismas”, protesta Gema Segoviano, vocal de Segoentiende, asociación LGTBH de Segovia.

La Proposición socialista incluía nuevos términos como el 'sexilio', en alusión a las personas del colectivo LGTBI que se ven obligadas a abandonar sus pueblos por su orientación sexual o identidad de género, abordaba el acceso sanitario a las personas trans y las políticas contra la LGTBIfobia y de odio en las aulas, entre otras.

Castilla y León vuelve a tener un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, así que la Ley LGTB ha vuelto a desaparecer de la escena al dejarla fuera del pacto de gobierno entre ambas fuerzas políticas. El Partido Socialista que ahora dirige Carlos Martínez aún no ha registrado una Proposición de Ley al respecto, aunque sí ha presentado dos Proposiciones No de Ley sobre las familias LGTBI y el acoso escolar a menores del colectivo. El PSOE también tiene intención de volver a presentar una Proposición de Ley para proteger de manera específica a estas personas.

Segoviano teme que el tema vuelva a paralizarse, porque no cree que el Partido Popular se vaya a oponer abiertamente a Vox con esta cuestión. “Vamos a ver cómo respiran y volveremos a presentar otro texto, a ver qué sucede esta vez”, anuncia la portavoz de Segoentiende, que muestra su intención de contactar con los partidos políticos cuando se hayan celebrado las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las asociaciones exigen que se elabore una Ley actualizada que atienda a las demandas actuales y teme que, si el PP decide negociar un texto, proponga algo “descafeinado” que sirva “para lavarse la cara”, o que se utilice a las mujeres y menores trans “como arma arrojadiza y para meter miedo”. “Si hubiera una Ley podríamos acudir a los tribunales para explicar por qué no se atienden algunas necesidades como las sanitarias y sociales”, concluye la presidenta de Fundación Triángulo Castilla y León, en referencia a la menor trans a la que Sacyl aplazó su terapia hormonal.

La Junta de Castilla y León prevé aumentar cerca del 12% las inversiones territorializadas en las nueve provincias en sus presupuestos de 2027, aunque con diferencias importantes. Segovia encabeza el crecimiento porcentual, con un 31,59% más que en la referencia de 2024, mientras Valladolid registra el menor avance con el 1,54%. En cifras absolutas, León vuelve a situarse a la cabeza, con 240,51 millones de euros, muy por delante de Valladolid (139,77 millones), Burgos (126,59 millones) y Salamanca (125,13 millones).

En el extremo contrario, Ávila concentra el menor volumen de inversión provincializada, con 86,51 millones, por detrás de Soria (97 millones) y Zamora (98,24 millones). Los datos figuran en la documentación territorializada del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, registrada este miércoles en las Cortes por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

Entre las principales partidas destacan las obras del nuevo Hospital de Aranda de Duero, que cuenta con 28,72 millones de euros, y las del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, con otros 23,02 millones. La prevención y extinción de incendios forestales suma partidas cercanas a los 123 millones de euros, mientras que la promoción de vivienda protegida para venta y alquiler cuenta con unos 61,4 millones, según el desglose presupuestario aportado.

León encabeza las inversiones con el instituto de Villaquilambre entre las principales obras

León concentra 240,51 millones de euros en inversiones provincializadas, un 4,51% más que en 2024. La provincia mantiene así la primera posición en volumen de fondos, con actuaciones que van desde la modernización de regadíos hasta las infraestructuras educativas y energéticas.

Una de las inversiones más relevantes es la construcción del nuevo instituto público de Villaquilambre, para la que se consignan 8,46 millones de euros en el presupuesto. Se trata de una de las principales actuaciones educativas previstas en la provincia y de una reivindicación que acumula años de compromisos políticos y movilización vecinal.

La primera piedra se colocó hace alrededor de un mes, después de que la Junta adjudicara las obras por 15,7 millones de euros. El contrato contempla un plazo de ejecución de 24 meses y la previsión autonómica sitúa la puesta en funcionamiento del centro en el curso 2029-2030. La infraestructura llegará así más de una década después del compromiso adquirido en 2019 por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de un acuerdo político para mantener al PP en la Alcaldía de Villaquilambre.

El instituto tendrá capacidad para 690 estudiantes, repartidos entre 480 plazas de Educación Secundaria Obligatoria y 210 de Bachillerato. El proyecto, sin embargo, no incorpora la Formación Profesional que también reclamaban desde el municipio.

La inversión educativa se completa con 3,48 millones para el polideportivo del IES Eras de Renueva, en León capital. En el ámbito agrario, destacan los 12,8 millones destinados a la modernización de los regadíos de Villadangos, distribuidos entre sus dos fases, y los 8,2 millones previstos para el regadío de Valderas. La Red de Calor de León cuenta, por su parte, con una partida de 15 millones.

También figuran 3,88 millones para el edificio Incubatech del Parque Tecnológico de León y 1,42 millones para la Unidad Satélite de Radioterapia de El Bierzo. Las actuaciones en polígonos industriales suman cerca de 11,88 millones de euros.

Valladolid apenas crece un 1,54%

Valladolid es la provincia donde menos aumenta la inversión provincializada. La Junta prevé destinar 139,77 millones de euros, un 1,54% más que en 2024. La cuantía la sitúa en segundo lugar por volumen de fondos, por detrás de León, pero el crecimiento es muy inferior al de Segovia, Palencia, Burgos, Zamora o Ávila.

Entre las principales partidas figuran 11,8 millones para equipamiento hospitalario y 2,98 millones para obras en el Hospital Clínico Universitario. También se destina 9,9 millones a la concentración parcelaria en Tordehumos, Villabrágima, Morales de Campos, Medina de Rioseco y Villanueva de San Mancio.

En el ámbito educativo y deportivo, el presupuesto incluye 4,7 millones para el convenio con el Ayuntamiento de Valladolid destinado a construir el polideportivo del colegio Miguel Delibes. La provincia suma, además, 7,54 millones para urbanización de suelo industrial, con actuaciones como el polígono Alto de San Juan, en Medina de Rioseco, y el vivero de empresas de Medina del Campo.

El hospital de Aranda concentra la principal inversión sanitaria de Burgos

Burgos recibirá 126,59 millones de euros, un 18,59% más. La construcción del nuevo Hospital de Aranda de Duero sobresale entre las partidas, con 28,72 millones, dentro de un bloque sanitario provincial que ronda los 39,39 millones.

En la capital burgalesa se destinan 6,48 millones al aulario del IES Diego de Siloé. También destacan los 4,8 millones para la variante de Salas de los Infantes y otros cuatro millones para conectar el abastecimiento de agua de la Vecindad de Burgos Norte con la capital. El Parque Tecnológico de Burgos recibirá 1,1 millones.

Salamanca: cerca de 16 millones para el equipamiento hospitalario

La inversión en Salamanca asciende a 125,13 millones, un 10,38% más. El equipamiento hospitalario absorbe 15,9 millones, a los que se suman 2,21 millones para el Plan Director del Complejo Hospitalario. En materia ambiental, la provincia contará con ocho millones para medios aéreos de lucha contra los incendios forestales y otros 6,42 millones para tratamientos selvícolas preventivos. La Red de Calor Salamanca Oeste recibe cuatro millones.

Palencia y Segovia registran los mayores incrementos

Palencia protagoniza el segundo mayor incremento provincial, con un 24,89%, hasta alcanzar los 111,53 millones. El grueso de las principales actuaciones sanitarias se concentra en la construcción y equipamiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, que dispone de 23,02 millones.

Entre las inversiones económicas destacan los 5,4 millones para la incubadora de empresas de Magaz de Pisuerga, los 4,9 millones para el polígono industrial de Villamuriel de Cerrato y otros cuatro millones para modernizar el regadío del Bajo Carrión.

Segovia es la provincia donde más crece la inversión en términos relativos, con un 31,59%, hasta los 100,72 millones. Entre las principales actuaciones figura el centro de salud de Cuéllar, con 5,77 millones, además de 4,58 millones para nuevas infraestructuras hospitalarias en la capital. El polígono industrial de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, recibirá cinco millones, mientras que otros 4,4 millones se destinan a un vial de conexión entre la CL-601 y la estación del AVE Segovia-Guiomar.

La vivienda pública también tiene un peso destacado en las cuentas segovianas: se consignan casi siete millones para promociones de alquiler y otros 3,56 millones para vivienda destinada a la venta. Entre los proyectos singulares figura, además, una partida de 525.000 euros para construir un puente tibetano con accesos y senda en San Miguel de Bernuy.

Ávila, Zamora y Soria: incendios, patrimonio y centros sanitarios

Ávila contará con 86,51 millones de euros, un 18,11% más. La actuación con mayor dotación individual es la nueva residencia de personas mayores y centro de día de la capital, con 11,5 millones. El presupuesto contempla otros 6,5 millones para urbanizar el polígono industrial de Vicolozano y 5,3 millones para construir una nave en este espacio. Los tratamientos selvícolas preventivos suman casi nueve millones.

Zamora dispondrá de 98,24 millones, un 18,53% más. Entre las partidas de mayor cuantía figuran los cinco millones para equipamiento hospitalario, los 3,5 millones para mejorar la carretera ZA-321 entre la N-122 y Moralina y los 2,3 millones para rehabilitar el Museo de Semana Santa. El Conservatorio Profesional de Música contará con otros 2,25 millones. En materia de prevención de incendios, destacan los 9,1 millones para tratamientos selvícolas y los 3,79 millones para cuadrillas helitransportadas.

Soria, por su parte, eleva la inversión un 9,13%, hasta los 97 millones. La construcción del centro de salud Soria Norte cuenta con 5,52 millones y la adquisición de equipamiento hospitalario, con otros 7,5 millones. En educación, la ampliación del CIFP La Merced recibe 4,67 millones, mientras que la modernización del Canal Inés Eza dispone de algo más de cinco millones. El polígono industrial Vega de Alcozar, en Langa de Duero, contará con 4,5 millones.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha confirmado este miércoles en Soria que el proyecto de Presupuestos de Castilla y León para el 2027 recoge una reducción de cuatro millones de euros en la aportación de esa comunidad a la cooperación al desarrollo. Pollán no ha concretado exactamente qué partidas se verán afectadas.

En declaraciones a los medios tras visitar una residencia juvenil en Soria, el vicepresidente primero de la Junta ha justificado que esos cuatro millones se destinarán a “la eficiencia del dinero público y del gasto público y a ayudar y tener prioridad para las familias castellanas y leonesas y sus necesidades”.

“Trasladaremos esos 4 millones a más ayudas sociales, a más ayudas a las familias y a conseguir intentar que el dinero de los castellanos y leoneses revierta en los castellanos y leoneses y en el bienestar de las familias”, ha anunciado Carlos Pollán, quien no ha detallado de qué manera revertirá esta cantidad en las familias.

Ha incidido en que esos recursos se destinarán a reforzar las ayudas sociales y a las familias de Castilla y León, con el objetivo de priorizar las necesidades de la población de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León, que integran PP y Vox, ha presentado este martes sus presupuestos para 2027, que prevé aprobar en el parlamento tras tres años prorrogados, después de que el partido de extrema derecha abandonara los gobiernos autonómicos de coalición con el PP en 2024, lo que había derivado en un gobierno en minoría de Alfonso Fernández Mañueco, que no pudo sacar adelante sus proyectos de Presupuesto de 2025 y 2026.

El presidente autonómico, su número 2, Carlos Pollán (Vox) y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, han presentado las cuentas del próximo ejercicio, previstas para una Castilla y León “más eficiente y menos burocrática” y que permiten seguir con el cumplimiento del pacto de gobierno, rubricado en junio de este año. “Son unos Presupuestos útiles con muchas novedades, que buscan mejorar la calidad de vida y que dan cumplimiento al acuerdo de gobierno”, ha defendido el líder del Ejecutivo autonómico.

Alfonso Fernández Mañueco ha subrayado que se trata de los Presupuestos más altos (16.472 millones de euros) y con menores impuestos, puesto que la Ley de Acompañamiento de Medidas Tributarias incluyen una rebaja fiscal estimada de 920 millones de euros. Entre estas disminuciones impositivas se encuentran la reducción del tipo mínimo del 9% al 8,75%, el impulso de la Cuenta Ahorro Vivienda Joven, la deducción por gasto en gimnasios (hasta 150 euros) o la exención impositiva en el medio rural.

Los líderes de PP y Vox se han negado a profundizar en los principales escollos y el presidente ha defendido el “trabajo intenso y codo con codo” de un gobierno “que tiene las ideas claras”. Fernández Mañueco ha sostenido que es posible este aumento de la recaudación con menos impuestos porque “la economía crece”, una idea que también ha reforzado el consejero de Economía, con buenas previsiones para los próximos ejercicios. “La fase de crecimiento económico de Castilla y León nos permite que aumenten las bases imponibles aunque bajen los tipos de gravamen”, ha explicado a los medios.

Recorte de un 33% a las partidas para sindicatos y patronal

El vicepresidente autonómico ha anunciado que está prevista una reducción de un 33% (cuatro millones de euros) en las partidas para los sindicatos y organizaciones empresariales —como en las Cortes de Castilla y León—, aunque ha garantizado que se seguirá cumpliendo con la Ley, tras un primer gobierno PP-Vox salpicado de condenas judiciales derivadas de la supresión de fondos para estas entidades.

Además, se está estudiando cómo se utiliza el dinero público que la Junta de Castilla y León entrega a las ONG. Pollán ha explicado que se valorarán los nuevos convenios a medida que concluyan los convenios en 2027.

Según el desglose proporcionado por el presidente autonómico, la Vivienda es el capítulo “que más crece” respecto a la inversión de 2024, seguida de Suelo industrial para creación de empleo y la Agricultura y Ganadería.

Prioridad nacional

Preguntado sobre la aplicación de la prioridad nacional, el líder de Vox ha explicado que en estas cuentas no se puede detallar la aplicación de este nuevo criterio, aunque ha garantizado su aplicación en el próximo año, incluso a pesar de las dudas presentadas después de las advertencias presentadas por la Comisión Europea de que el número máximo de años de empadronamiento que se pueden pedir es de cinco años, y no de diez como pretende Vox. “Lo vamos a mantener”, ha avanzado Alfonso Fernández Mañueco, respecto a los diez años que, como mínimo, se quieren pedir como empadronados para algunas ayudas.

Asaja Castilla y León ha pedido a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que flexibilice los requisitos para hacer quemas controladas de los pastos. En concreto, esta asociación pide que baste con una comunicación de los ganaderos que asegure que se cumplen “unas normas básicas” y que solo “en casos excepcionales” sean los bomberos forestales los que realicen estas quemas.

“Esta es una vieja reivindicación de la organización agraria que nunca ha tenido una respuesta satisfactoria por parte de los titulares anteriores del departamento con competencias en la materia”, ha protestado Asaja a través de un comunicado, en el que ha puesto como ejemplo el último acuerdo de la Consejería de Agricultura y Ganadería (Vox). Por eso le piden a González Corral “que tome nota”.

El titular de la cartera, Joaquín Antonio Pino —quien presidió Asaja Ávila entre 2008 y 2026 y fue vicepresidente autonómico de Asaja entre 2021 y 2025— ha autorizado la quema de rastrojos como medida para controlar el topillo campesino de manera preventiva. Desde el 9 de octubre, basta con que los agricultores comuniquen su intención de realizar una quema de rastrojos en parcelas agrícolas, una decisión que Asaja califica de “acertada y valiente”.

Los trabajos de monitorización han reflejado que el topillo tiene una incidencia “baja o muy baja”, aunque hay “focos iniciales de incremento” y “una evolución que aconseja anticipar la respuesta fitosanitaria” durante esta campaña agrícola 2026/2027. La comisión asesora consideró a finales de septiembre que concurrían “circunstancias técnicas suficientes para declarar una situación fitosanitaria excepcional de carácter preventivo” y adoptar medidas “temporales, proporcionadas y revisables” para prevenir la expansión de las poblaciones y minimizar el riesgo de daños a las explotaciones agrarias.

Una medida que “limpia el monte”

La organización profesional agraria defiende que esta quema “limpia el monte público y privado” y sirve para “preservar la superficie forestal y el arbolado y aumenta los pastizales para el ganado”.

La opa garantiza que la quema de pastos “puede incrementar la carga ganadera en muchos de nuestros montes” a largo plazo y puede “sustituir en gran medida” a los desbroces mecánicos, una práctica que esta organización considera “poco eficiente por el elevado coste económico y el impacto ambiental por el alto consumo de combustibles fósiles”.

Para Asaja, el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco “ha gastado importantes cantidades de dinero de la PAC” en los desbroces mecánicos, “que han podido favorecer mucho a las empresas de servicios, pero poco a los ganaderos”. Preguntado por esta cuestión, el presidente autonómico ha respondido a Asaja: “Tomo nota”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha acusado al PP y a Vox de “censura” tras ser cancelada en Valladolid una obra de teatro sobre Federico García Lorca, quince días antes de su puesta en escena dentro de la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD), recinto del que es titular y gestora la Junta de Castilla y León.

“El Valladolid de PP y Vox censura a Federico García Lorca. En periodo electoral no es conveniente que Lorca se escuche, no vaya a ser...”, reprocha la ministra, no sin cierta ironía crítica, a través de un mensaje difundido este viernes en su cuenta de la red social X.

El CCMD, a través de su web, ha justificado en “motivos logísticos”, sin precisar su naturaleza, la cancelación de la obra “Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva”, de la compañía Proyecto 43-2, que dirige la actriz María San Miguel. A preguntas de este medio, la artista ha asegurado que no van a hacer declaraciones.

Estaba prevista para el 24 de octubre dentro del ciclo 'Teatro en el Delibes, VI Comunidad a Escena' que alberga ese recinto gestionado por la consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

En letras amarillas y mayúsculas, la palabra 'CANCELADO' informa en la web del CCMD de esa incidencia debajo del título de la obra, de la fecha, hora, lugar de representación y ciclo escénico al que pertenece.

Reforma integral

Fuentes de la Consejería de Cultura han explicado a EFE que la cancelación se debe a la inminente ejecución, a partir del 23 de octubre, de una remodelación integral de la sala donde se iba a celebrar el espectáculo con el fin de garantizar una programación cultural de calidad “con las debidas garantías para los profesionales, participantes y público”, de seguridad, funcionalidad y para el correcto desarrollo de la actividad.

La reforma, según las mismas fuentes, no sólo afectan a los camerinos sino también al escenario y a otros espacios vinculados de forma directa al funcionamiento de la sala, lo cual exige “las oportunas previsiones organizativas para evitar que su ejecución interfiera en el normal desarrollo de las actividades programadas”.

El CCMD es un complejo cultural formado por un gran auditorio donde ensaya y actúa la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL); una sala de Música de Cámara con un aforo más reducido; y la sala de Teatro Experimental donde estaba prevista la obra cancelada dos semanas antes de su puesta en escena.

La web de este recinto cultural gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León (PP-Vox) informa del proceso de devolución de entradas pero no precisa los motivos (al parecer obras de mejora y adecuación en la sala), tampoco si la obra volverá a anunciarse, ni el periodo durante el cual la sala estará afectada por los “motivos logísticos” argüidos.

El presidente del PP de Castilla y León y presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha expresado este jueves su “máximo respecto” hacia la muerte de Maricarmen Abascal, la anciana madrileña que fue desahuciada hace dos semanas de su vivienda y que inició las últimas protestas por esta situación.

Preguntado por su fallecimiento, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, en Madrid, ha enviado “condolencias a sus seres queridos”, sin realizar más declaraciones al respecto.

Por su parte, preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha indicado que lamentan su fallecimiento y envían condolencias a sus familiares y amigos, pero sin “participar en ninguna valoración política sobre este hecho en el momento en el que estamos”, en referencia al periodo preelectoral.

Preguntado por la reacción de Vox, socio de gobierno del PP en la Junta, ante el fallecimiento de Maricarmen, Carriedo ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico no van a hacer “valoración sobre lo que digan los partidos” al respecto.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán (Vox), considera que la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre, anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será una oportunidad para que los españoles “cambien el rumbo de España”.

En un mensaje a través de la red social X, Pollán ha señalado que “frente a las políticas de Sánchez, toca recuperar la libertad, la seguridad y la prosperidad”.

Y ha defendido que con Santiago Abascal, el líder nacional de Vox y quien será candidato a la Presidencia del Gobierno, “España tiene alternativa”

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo (PP), ha interpretado la convocatoria anticipada de elecciones como un fracaso del Gobierno de España que preside Pedro Sánchez (PSOE), y añadido que los comicios “tenían que haberse convocado mucho antes”.

“Es evidente que el Gobierno ha fracasado en los principales retos que tiene España y tenían que haberse convocado las elecciones mucho antes” porque, en su opinión, “ha creado problemas donde no los había y de los que podrían existir han aumentado su importancia dentro de la población”.

Para el portavoz de la Junta de Castilla y León, “es hora de dar la oportunidad a los ciudadanos a que resuelvan estos problemas”, ha insistido en declaraciones a los periodistas este lunes minutos antes de asistir en Valladolid a la apertura de la LIV Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO).

Fernández Carriedo se ha referido a la vivienda como “el primer problema de los españoles, el Gobierno ha fracasado en este objetivo y es bueno que tengan la oportunidad quienes tengan otras ideas y propuestas para resolver el problema que se ha creado”.

 La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una propuesta de Límite de Gasto No Financiero -techo de gasto- para 2027 de 15.104,54 millones de euros, el 6,5 por ciento más respecto al último aprobado, el de 2026, aunque en ese caso finalmente no tuvo reflejo en un presupuesto autonómico aprobado.

Ha sido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado estas cantidades, que han sido pactadas en el seno del Consejo de Gobierno y que previsiblemente serán aprobadas en el próximo pleno de las Cortes de la próxima semana, al menos con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Vox.

En materia de empleo, este techo de gasto prevé que en 2027 la tasa de paro descendería al 8,1 por ciento, frente al 8,3 por ciento con el que la Junta piensa cerrar el actual ejercicio; en consonancia con la previsión de que el crecimiento económico ascienda el 2,7 por ciento al terminar 2026 -medio punto por encima de la previsión inicial- y que el crecimiento quede limitado al 2,3% en 2027.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha explicado que la Comunidad seguirá creciendo en 2027, apoyada en el crecimiento económico y que la recaudación de impuestos “está funcionando bastante bien”, “pero seguramente a un menor ritmo” que en el ejercicio actual, en un escenario macroeconómico avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

400 millones menos por fondos Next Generation

Como lastre de esa previsión de crecimiento económico y que tiene efecto en la contención del techo de gasto, Carriedo ha mencionado la finalización de los periodos de ejecución de los fondos europeos Next Generation, que fueron “muy intensos” en los últimos años, pero que harán perder unos 400 millones de euros al año.

En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda ha detallado que con los últimos datos disponibles la Junta ha ejecutado 1.873 millones de euros de esta vía de financiación en el último año, lo que equivale al 85 por ciento de lo disponible, aunque aún restan meses para justificar esas inversiones en determinadas materias como vivienda, con Castilla y León como la segunda autonomía con mayor grado de ejecución.

En la práctica, Carriedo ha comparado los 1.288 millones de euros de que dispondrá en 2027 con los 1.657 millones que fueron cuantificados en 2024, último presupuesto aprobado.

Un segundo motivo de contención del techo de gasto es la renuncia de la Junta de Castilla y León a ingresar unos 250 millones de euros por la vía impositiva, aunque Carriedo ha defendido que el hecho de que ese dinero esté en manos de empresas y ciudadanos contribuye a la dinamización de la economía y genera ingresos por otras vías.

Entregas a cuenta del Estado al alza

El principal pilar del techo de gasto y del futuro proyecto de ley de Presupuestos son los impuestos estatales sobre los que la Comunidad tiene participación -IRPF, IVA, entre otros- y las transferencias del Estado, articuladas a través del modelo de financiación autonómica, que suman 10.788 millones de euros para 2027 y que equivalen al 71% del total del techo de gasto.

Según los datos aportados por Carriedo, esas entregas del modelo de financiación han aumentado el 19,5 por ciento respecto a las últimas plasmadas en un presupuesto autonómico aprobado, el correspondiente a 2024, cuando fueron de 9.028 millones.

En total, los ingresos no financieros ascenderán a 15.011,75 millones, a los que la Junta suma los 85,01 millones de euros procedentes del límite de déficit permitido por el Estado y los 7,78 millones de euros correspondientes a ajustes de contabilidad nacional.

En el caso de la deuda pública que prevé la Junta para 2027, el consejero ha desgranado que el objetivo es reducirla hasta una cantidad equivalente al 17,3 por ciento del PIB autonómico, casi seis puntos por debajo del umbral más alto alcanzado en los peores años de la última crisis económica.

El proyecto de Presupuestos, en plazo

El portavoz ha detallado que la idea es que la próxima semana el pleno de las Cortes de Castilla y León debata y apruebe el techo de gasto y que el día 8 de octubre la Junta cuente ya con el informe del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Ley de Medidas Financieras, Administrativas y Fiscales que acompañarán a las cuentas públicas.

Con el cumplimiento de esos plazos, Carriedo ha dado por hecho que la Junta podrá cumplir con los tiempos marcados por el Estatuto para la presentación del proyecto de ley de Presupuestos, antes del 15 de octubre.

Sobre la negociación del contenido de los presupuestos entre PP y Vox como socios de gobierno, el consejero ha celebrado el “espíritu de muy buena colaboración” entre los diferentes departamentos del Ejecutivo, para tener una “visión global” que permita avanzar en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribieron.

Pese a las preguntas al respecto, Carriedo ha descartado anticipar parte del contenido presupuestario, por ejemplo en materia de vivienda y ayudas al alquiler, y ha preferido esperar a ir cumpliendo los plazos.

La Junta de Castilla y León cesa al director general de Caza y Pesca, Ignacio de la Fuente Cabria, (Vox), según ha informado este jueves el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Este cese se ha producido “por cuestiones organizativas”, según el portavoz, quien ha descartado que esta decisión esté relacionada con la Orden que permitirá el uso de visores térmicos y por la que Ecologistas en Acción Palencia había exigido el cese de De la Fuente Cabria.

“No tiene nada que ver ni ha influido”, ha defendido Fernández Carriedo. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, (Vox) ya prometió al inicio de la legislatura “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

El cese de De la Fuente Cabria se produce tres meses después de su nombramiento, el 2 de julio de este año. De momento asumirá sus funciones el actual director general de Política Ambiental, José Guirao.

El ya exdirector general de Caza había sido jefe de Servicio de Caza y Pesca durante el último gobierno del PP. Ecologistas en Acción criticaba hace unos días que De la Fuente Cabria hubiera “cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético” y le había atribuido buena parte de la actual Ley de Caza, “más permisiva” que la de 1996 y “con múltiples posicionamientos en favor del sector”, con sanciones “más asequibles y laxas”, o la eliminación de la retirada de la licencia de caza en las infracciones graves.

La Orden, que no se ha sometido a la Transparencia prevista, permite el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para determinadas modalidades de caza mayor.

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha anunciado que la Junta de Castilla y León ha presentado dos recursos contra los reales decretos de regularización y capacidad del sistema de protección de extranjeros por ser dos cuestiones que “unilateralmente” el Gobierno de España “quiere hacer cambiar a las Comunidades Autónomas”.

Se trata del Real Decreto 316/2026, una norma aprobada por el Gobierno para facilitar un proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes que ya viven en el país y el Real Decreto 556/2026 sobre la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas de las comunidades y ciudades autónomas.

Carlos Pollán (Vox) ha criticado este miércoles que estos decretos son un ejemplo de que la “nefasta y negligente política migratoria” del Gobierno de Pedro Sánchez “crea problemas a las Comunidades Autónomas”.

El Gobierno de Pedro Sánchez “corre y acelera solamente por sus intereses políticos con reales decretos de un día para otro mientras la situación de Ceuta sigue sin arreglarse”, ha dicho Pollán en referencia a los decretos de vivienda.

“Un problema que tiene que solucionar el Gobierno de España no se puede trasladar a las comunidades sin cumplir con la legislación nacional, con la legislación internacional y con el interés superior del menor que es que tiene que estar con su familia, con sus padres”, ha asegurado Pollán este miércoles en declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital San Juan de Dios de León.

Pollán ha reiterado que ese “incumplimiento” del Gobierno de España “traslada un problema a las autonomías que estas no tienen que atender”, especialmente cuando su capacidad “está superada” como es el caso de Castilla y León.

“La nefasta y negligente política migratoria de Pedro Sánchez tiene su máximo exponente en lo que está viviendo Ceuta exactamente hace dos meses, una situación absolutamente inaceptable”, ha afirmado.

El consejero ha visitado este miércoles el Hospital San Juan de Dios de León, del que ha valorado la labor que realiza tanto en España como en el resto del mundo por ocupar “todas las necesidades y todas las etapas de la vida de las personas, desde la asistencia social a la labor de la labor educativa y a la cooperación con distintas instituciones”.

El PSOE acusa a Mañueco de estar en campaña contra el Gobierno por recurrir decretos

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este miércoles al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de estar en una “permanente campaña electoral” contra el Gobierno, por los recursos de la Junta contra los reales decretos del Gobierno en materia de migración.

Martínez ha criticado que el PP de Castilla y León ha puesto el foco en las elecciones generales en lugar de resolver los problemas de la ciudadanía, durante una rueda de prensa en las Cortes autonómicas, tras mantener una reunión con colectivos feministas de Castilla y León.

En su intervención, ha reprochado que el Ejecutivo autonómico pretenda convertir la inmigración en un problema, mientras “saca pecho por el pequeñísimo incremento de población” en la Comunidad, que ha atribuido a la población extranjera.

“Es absolutamente lamentable que con los problemas que tenemos, en sanidad, en educación, en la defensa de los derechos y en vivienda, la acción del gobierno de Mañueco tras ganar las elecciones sea la misma que en los últimos 40 años”.

También ha hecho referencia a los dos decretos sobre vivienda aprobados por el Gobierno y que se debatirán este viernes en el Congreso, ya que, mientras el país “se está levantando de una forma pacífica, absolutamente legítima y digna” para defender el derecho a la vivienda, “la Junta de Castilla y León está a otra cosa”.

CCOO y UGT han convocado una huelga docente para el 4 de noviembre ante la “desidia” de la Junta de Castilla y León y tras años de reivindicaciones sin cumplir. “Siempre que la Junta de Castilla y León tiene la oportunidad, desprecia a los docentes”, ha reprochado el secretario sección Enseñanza UGT Servicios Públicos, José Antonio Sánchez.

Los sindicatos de clase muestran así su disconformidad con el último acuerdo con la Consejería de Educación, que incluía una reducción de horas lectivas para los mayores de 55 años y un complemento mensual de 20 (curso 2026/2027), 40 (curso 2026/2027) y 60 euros (curso 2027/2028).

Los representantes de UGT y CCOO han aludido a la última entrevista de la consejera de Educación, María Pardo, en Televisión Castilla y León, en la que aseguró que la comunidad estaba “a cero de reivindicaciones sindicales” y defendió que los profesores no universitarios están “en una situación absolutamente privilegiada”. Pardo sugirió entonces que se pidieran explicaciones a UGT y CCOO por ser los únicos sindicatos que no habían firmado ese preacuerdo, como sí hicieron CSIF, Satse y Stecyl.

Sánchez ha considerado que “lo ideal” sería que todos los sindicatos compartieran las necesidades de los docentes. “Hay que reconocer la función de los tutores, pero con dignidad, no con veinte euros”, ha criticado el representante de UGT, quien ha considerado “extraño” que ahora decidieran sumarse a la huelga después de haber firmado el preacuerdo con la Consejería de Educación.

El secretario general Federación Enseñanza CCOO Castilla y León, José Antonio Alegre, ha defendido que el escenario actual es “inaceptable” y reprocha que la Consejería se niegue a revisar las retribuciones docentes. Además, ha reivindicado que es necesario cumplir esos acuerdos que la Consejería firma. “La respuesta del profesorado debe darse desde la movilización y el conflicto. Es el momento de dar una respuesta y de ser escuchados, ha zanjado.

“Grietas” en el sistema

José Antonio Sánchez ha advertido de las “grietas” en el sistema educativo y en las condiciones laborales. “No podemos seguir así, sin atender las infraestructuras educativas, con aulas masificadas y sin atender la brecha salarial”, ha reprochado Sánchez, quien ha recordado que el complemento autonómico lleva congelado desde 2006 y la incompatibilidad de los sexenios y de la carrera profesional, algo exclusivo entre los trabajadores públicos.

“Entendemos que ha llegado el momento de que el profesorado se exprese con claridad y contundencia sobre sus condiciones laborales, que no son privilegiadas”, ha afirmado el secretario general Federación Enseñanza CCOO Castilla y León, José Antonio Alegre.

La secretaria provincial CCOO Enseñanza Valladolid, Marina Gómez, ha advertido de las “demandas crecientes” desde hace años. “Comparados con otras comunidades, estamos a la cola en retribuciones y en derechos”, ha criticado Gómez.

“Las organizaciones sindicales no estamos para gestionar su falta de gestión, estamos para solucionar las demandas de los docentes en el aula”, ha reivindicado José Antonio Sánchez, quien ha apelado a la “valentía” de los docentes y mostrar que hay “otro modelo posible”. “La Junta tiene que escuchar”, ha exigido.

“Queremos una negociación activa y real”, ha reivindicado secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez, quien ha dado de plazo hasta el 4 de noviembre para una “negociación de verdad”.

La Junta de Castilla y León ha autorizado finalmente el transporte, la tenencia y el empleo de visores con convertidores o amplificadores de imagen electrónica, incluidos los visores térmicos, para determinadas modalidades de caza mayor. La medida, que había sido adelantada como propuesta y había provocado el rechazo de organizaciones ecologistas, queda recogida en una orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL).

La Orden AGR/962/2026, firmada el pasado 25 de septiembre por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, permite estos dispositivos para la caza del jabalí, ciervo, corzo, gamo y muflón en las modalidades de rececho y aguardo o espera durante el periodo comprendido entre una hora antes de la salida del sol y una hora después de su puesta. En estos casos, los visores no podrán estar acoplados ni montados en el arma durante la acción de caza.

La regulación es diferente para el jabalí. En los aguardos o esperas realizados fuera de ese horario, es decir, durante la noche, la Junta permite transportar, tener y utilizar los dispositivos electrónicos para tiro nocturno, incluidos los térmicos, estén o no acoplados al arma. Es la excepción que permite expresamente el uso de estos sistemas durante la caza nocturna del jabalí.

La autorización llega un día después de que Ecologistas en Acción Palencia reclamara el cese del director general de Caza, Ignacio de la Fuente Cabria, precisamente por la propuesta para permitir estos dispositivos. La organización había cuestionado la legalidad de la medida y advertido de que la Ley de Caza de Castilla y León prohíbe los visores nocturnos salvo que se acredite su carácter selectivo y no masivo.

La propia norma argumenta que la experiencia acumulada en el uso de estos dispositivos en otras comunidades autónomas y en los supuestos excepcionales ya autorizados en Castilla y León permite considerar que sirven para identificar y localizar de forma selectiva determinadas especies cinegéticas y que no constituyen medios de captura masivos o no selectivos.

La Junta justifica además el cambio por el aumento de los accidentes de circulación y por el incremento de las solicitudes relacionadas con daños causados por determinadas especies de ungulados cinegéticos en explotaciones agrícolas y ganaderas. La orden vincula también la medida al enfoque de prevención sanitaria conocido como 'Una Salud', al considerar necesario reducir los riesgos derivados de la interacción entre fauna cinegética, ganado doméstico y población humana.

La autorización, en todo caso, tiene límites. Los dispositivos no podrán utilizarse en la caza menor, ni para la caza de cabra montés o rebeco. Tampoco estarán permitidos en modalidades como la montería, el gancho, la caza al salto o la caza en mano, con independencia de la especie.

Además, su utilización exige una autorización nominativa emitida por el titular cinegético o su representante legal. El cazador tampoco podrá disparar basándose exclusivamente en la imagen térmica o electrónica proporcionada por el dispositivo. Antes de efectuar el disparo deberá identificar la especie y comprobar que cumple las condiciones de la autorización de caza, incluida la identificación de la especie, la edad y, cuando corresponda, el sexo.

Fuera de los supuestos y horarios en los que están autorizados, estos dispositivos deberán permanecer apagados y guardados en sus correspondientes fundas. Si se transportan en un vehículo, además, tendrán que situarse fuera del alcance inmediato tanto del conductor como de los pasajeros. El incumplimiento de estas condiciones puede constituir una infracción administrativa conforme al régimen sancionador de la Ley de Caza.

La orden se produce después de que el Gobierno autonómico haya mostrado públicamente su disposición a ampliar los medios disponibles para la actividad cinegética. El nuevo consejero de Agricultura, Joaquín Antonio Pino, anunció durante su comparecencia de inicio de legislatura en julio que la Junta estudiaría cómo permitir el uso de silenciadores en determinadas modalidades y circunstancias, otra reivindicación del sector cinegético. También defendió una gestión del medio natural que, en sus palabras, debía estar “libre de ataduras ideológicas”.

La Junta busca así la flexibilización de determinados medios de caza, como es el caso de los visores. Desde el Ejecutivo autonómico se ha justificado que estos dispositivos pueden incrementar la eficacia de las actuaciones previstas en los planes cinegéticos y contribuir a una gestión que considera sostenible de determinadas especies de caza mayor, siempre bajo las condiciones establecidas y con la supervisión del titular cinegético.

La nueva regulación entrará en vigor este miércoles, un día después de su publicación en el Bocyl. Contra la orden cabe presentar recurso potestativo de reposición ante la propia Administración en el plazo de un mes o recurrir directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses.

Ecologistas en Acción Palencia ha exigido este lunes el cese del director de Caza de la Junta de Castilla y León (Vox), Ignacio de la Fuente Cabria. La semana pasada, el Consejo de Caza acordó apoyar una propuesta de Orden que autoriza el transporte, la tenencia y el empleo de “dispositivos auxiliares”, una iniciativa que, de aprobarse, la asociación estudiará recurrir. La Orden quiere permitir estos visores para la caza mayor (jabalí, ciervo, corzo, etc.) salvo para la cabra montesa (o rebeco), según ha podido confirmar elDiario.es.

El transporte, la tenencia y el uso de estos visores térmicos deberán ser autorizados y el cazador no podrá disparar basándose exclusivamente en la señal térmica o la imagen del dispositivo, cuyo uso prohíbe la Ley de Caza salvo si comprueba “su carácter selectivo y no masivo” y tras haber sido evaluado por la Comisión Científica de la Caza. Según lo previsto, los visores no estarán permitidos para las monterías y la caza menor.

Ecologistas duda de la legalidad de esta Orden —cuyo proyecto no está publicado en el portal de Transparencia— porque la ley autonómica de 2021 prohíbe los visores nocturnos y recuerda que es necesario un informe de la Comisión Científica de Caza. “Esta comprobación no se ha aportado, al igual que tampoco se ha aportado la documentación técnica y jurídica exigida por la normativa para aprobar esta autorización. Tampoco ha quedado acreditado que la propuesta ya acordada sea compatible con la legislación básica estatal”, recuerda Ecologistas en Acción Palencia a través de un comunicado.

La asociación ecologista recuerda que De la Fuente trabajaba con el PP como jefe de Servicio de Caza y Pesca y critica que el actual director general ha “cedido permanentemente a los intereses del sector cinegético” y le ha atribuido buena parte de la actual Ley de Caza, “más permisiva” que la de 1996 y “con múltiples posicionamientos en favor del sector”, con sanciones “más asequibles y laxas”, o la eliminación de la retirada de la licencia de caza en las infracciones graves.

Ecologistas en Acción reprocha que se haya eliminado la obligatoriedad del precinto digital y que ahora proponga la autorización de visores térmicos. “El director general no puede seguir más tiempo en un puesto que debe velar no solo por los intereses de los cazadores, sino también por el de las especies cinegéticas”, remata el comunicado.