Más de veinte medios terrestres y aéreos trabajan en las labores de extinción del incendio que se ha declarado en la tarde de este lunes en Brieva (Segovia), cuyo índice de gravedad potencial (IGR) se ha elevado a 2 al suponer un riesgo serio para núcleos de población y sus bienes.

Según la información facilitada por el operativo de extinción, la declaración del nivel IGR 2 responde a la existencia de una amenaza seria para núcleos de población, lo que obliga a reforzar los medios desplegados.

El incendio declarado en el término municipal de Brieva mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial al continuar existiendo afección para diversos municipios del entorno, con varios de ellos iniciando el desalojo de los vecinos.

La situación ha obligado a constituir el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), órgano encargado de coordinar la actuación de las distintas administraciones y servicios implicados en la emergencia que ha decretado el desalojo de las localidades de Tenzuela, Carrascal, La Cuesta, Aldeasaz y Santo Domingo de Pirón. Los vecinos están siendo trasladados a las localidades de Torreiglesias y Sotosalbos, según han informado a EFE fuentes municipales.

El fuego, declarado a las 15:29 horas, transcurre en paralelo a la carretera N-110, a pocos kilómetros del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y afecta inicialmente a una zona de pastos, aunque su rápida evolución y la proximidad a núcleos habitados motivaron la declaración del nivel 2, reservado para situaciones con amenaza seria a poblaciones que pueden requerir medidas de socorro o protección de bienes.

En los trabajos participan veintinueve medios, en concreto dos técnicos, cinco agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, cuatro autobombas, cinco brigadas helitransportadas ELIF, cinco medios aéreos y tres dotaciones de bomberos de la Diputación Provincial de Segovia.

El dispositivo de extinción continúa trabajando para controlar el avance de las llamas y reducir el riesgo sobre las poblaciones próximas, aunque el viento, con rachas de hasta 46 kilómetros por hora, está dificultando la tarea.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, José Alberto Díaz Pico (Vox), ha resumido en una frase su declaración de intenciones en el departamento que dirige para la legislatura recién estrenada (2026-2020): “Venimos a fijar un rumbo”, ha manifestado durante su comparecencia este lunes por la tarde en el parlamento autonómico.

“Venimos a explicar qué lugar queremos que ocupen la cultura, el patrimonio, el turismo y el deporte en el proyecto colectivo de Castilla y León, sobre todo qué lugar queremos que ocupe Castilla y León en España, en Europa y en el mundo”, ha afirmado al comienzo de su intervención. Díaz Pico ha añadido que una comunidad autónoma “no se gobierna únicamente con presupuestos y expedientes”, sino también “con una idea de sí misma, con la conciencia de lo que ha sido” y la voluntad de transmitirlo a las siguientes generaciones.

“Esa es la responsabilidad que asumimos: custodiar una herencia inmensa, convertirla en oportunidad y proyectarla con orgullo, inteligencia y audacia”, ha apostillado.

Sin tutelas ni ideologías

La devolución a los ciudadanos de la cultura, el patrimonio, turismo y deporte, “sin tutelas ni comisarios”, libre de presiones ideológicas, ha fijado como principal declaración de intenciones.

“Queremos abrir una etapa en la que ninguna corrientes ideológica pueda apropiarse de lo que pertenece a todos. Se terminó la cultura entendida como tutela, se terminó de pedir perdón por nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra identidad”, ha explicitado.

Ante de pormenorizar y de realizar anuncios, el consejero ha fijado su gestión en cinco principios: libertad de creación; mérito y excelencia “como criterio de todo apoyo público”; neutralidad institucional “porque las instituciones son de todos”; orgullo nacional; y “respeto sagrado al dinero público”.

“Venimos a retirar el sectarismo de las instituciones y a devolver la cultura a su dueño legítimo: el ciudadano libre. Venimos a ampliar, no a estrechar; a dar voz, no a imponer silencio; a financiar calidad y servicio público, no obediencia ideológica”, ha proseguido.

Ha recordado en este sentido cómo a su juicio y durante mucho tiempo “una parte de la una parte de la política española ha tratado la cultura como un instrumento para fabricar adhesiones, excluir sensibilidades y convertir la creación en una extensión del debate partidista”.

La Junta de Castilla y León ha activado este lunes por la tarde el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de Soria ante el avance del incendio forestal declarado en La Mierla (Guadalajara), que podría alcanzar territorio soriano durante esta misma tarde.

La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha presidido a las 17.15 horas una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) para analizar la evolución del incendio y coordinar las actuaciones de las distintas administraciones.

En el encuentro han participado el subdelegado del Gobierno, el presidente de la Diputación de Soria, los alcaldes de Berlanga de Duero —por la posible afección a la localidad de Lumías—, Arenillas, Barcones y Retortillo de Soria, además de responsables del Servicio Territorial de Medio Ambiente, Protección Civil, la Guardia Civil y otros organismos implicados en la emergencia.

La declaración del IGR 2 se ha adoptado a propuesta del jefe de jornada del Centro Provincial de Mando debido al riesgo para la población por el humo y a la posibilidad de que sea necesario evacuar algunas localidades si la evolución del incendio así lo requiere. En estos momentos, las poblaciones que podrían verse afectadas son Barcones, Arenillas, Retortillo de Soria y Lumías, en el municipio de Berlanga de Duero.

La delegada territorial ha convocado una nueva reunión del CECOPI a las 20.00 horas para evaluar la evolución del incendio y decidir, en función de las condiciones, las medidas que puedan ser necesarias.

Refuerzo operativo

Durante la mañana de este lunes la Junta de Castilla y León ya había anunciado el refuerzo del operativo INFOCAL destinado a este incendio de colaboración con el dispositivo de Castilla-La Mancha mediante el envío de distintos medios de extinción, incluidos recursos aéreos.

El operativo autonómico ha movilizado, además de los medios con base en la provincia de Soria, diferentes convoyes terrestres y maquinaria pesada procedentes de otras provincias de Castilla y León. Asimismo, se han posicionado dos helicópteros en las bases de Casillas (Segovia) y Garray (Soria) con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta en caso de que sea necesaria su intervención. Durante la jornada de este lunes permanecen trabajando en Guadalajara dos convoyes de medios terrestres procedentes de Soria y Segovia, integrados en las labores de extinción del incendio.

También se han desplazado hasta la zona técnicos del Centro Autonómico de Mando, de la Unidad de Apoyo al Puesto de Mando y de la Unidad de Planificación y Análisis, además de un Puesto de Mando de Protección Civil de Castilla y León para reforzar la coordinación de las actuaciones.

Además en esta jornada se ha contactado con las organizaciones profesionales agrarias para organizar y coordinar la colaboración voluntaria de agricultores mediante tractores con grada, que trabajarán en la apertura de fajas de defensa en puntos previamente establecidos por el operativo. Estas actuaciones preventivas contribuirán a dificultar el avance del fuego y servirán de apoyo a las labores de extinción en caso de que el incendio alcance la provincia de Soria.

El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez (PP), ha prometido para esta legislatura algo que, según él, ya se cumplía hace un año. En su comparecencia para explicar su programa, Vázquez ha garantizado el mantenimiento de la atención presencial en centros de salud, consultorios locales y en el domicilio y el acceso a las consultas del médico de familia en un plazo que no supere las 48 horas. En agosto de 2025, en un desayuno de la Agencia Ical, Vázquez aseguró que la demora media para conseguir cita en Atención Primaria no superaba 1,9 días, si bien reconocía “tensiones” en centros de salud urbanos.

De hecho, en invierno de 2024, en plena epidemia de gripe llegó a asegurar que se estaba citando con menos de 48 horas de mientras la mayoría de centros de salud colapsaron por la demanda y la espera superaba los 15 días. En su exposición este viernes en las Cortes de Castilla y León, Vázquez ha sostenido que para garantizar esa atención presencial incidirán en la capacidad resolutiva de los equipos de atención primaria, mejorando la organización asistencial y dotando a los profesionales de más recursos y herramientas que permitan ofrecer una atención ágil, cercana y de calidad en todo el territorio, informa Efe.

Para mantener un acceso a las consultas de medicina familiar y comunitaria que no supere las 48 horas, el consejero ha basado su estrategia en la organización de las agendas, la optimización de la gestión de la demanda, y el refuerzo los Puntos de Atención Continuada (PAC) y circuitos de urgencias extrahospitalarias. Así, con una cuestión de mera organización “de agenda” ha intentado minimizar la saturación de los centros de salud.

Pero también ha apuntado a una reducción de la atención presencial en favor de la consulta telefónica: “La tecnología nunca sustituirá la atención presencial, cuando esta sea necesaria, pero sí nos permitirá superar muchas de las limitaciones derivadas de la dispersión geográfica y avanzar hacia una sanidad más accesible, más cercana y más equitativa para todos los castellanos y leoneses”, ha afirmado. También ha anunciado una Estrategia de Optimización de las Emergencias Sanitarias de Castilla y León, orientada a reforzar la atención extrahospitalaria, especialmente en las zonas rurales y más alejadas.

Por otro lado, ha anunciado nuevo Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, un problema estructural lastrado por el conflicto médico por el estatuto marco, del que ha culpado a la ministra, y que ha dejado 12.500 operaciones menos en el primer semestre en la comunidad, que podrían ser 25.000 a final de año. El Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención, orientado a incrementar la eficiencia de los recursos disponibles, reducir las diferencias existentes entre las distintas áreas de salud y garantizar una respuesta más homogénea, ágil y equitativa para todos los castellanos y leoneses.

Se ha referido al conflicto generado en torno a la reforma del Estatuto Marco promovida por el Ministerio de Sanidad, que ha desembocado en movilizaciones y huelgas de ámbito nacional con un impacto directo sobre la actividad asistencial. “Un conflicto que persiste ante la incapacidad de la única responsable con competencias para resolverlo: la ministra de Sanidad del Gobierno de España” y que “está teniendo un coste inasumible para los pacientes y amenaza con comprometer seriamente la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Salud”, ha explicado.

En concreto, en el caso de Castilla y León durante el primer semestre de este año se han realizado 12.500 intervenciones quirúrgicas programadas menos que en el mismo periodo de los dos años anteriores. “De haberse mantenido el nivel habitual de actividad, más de 11.000 pacientes habrían abandonado la lista de espera quirúrgica”, ha sostenido. “No estamos simplemente ante una interrupción de la tendencia de mejora que veníamos consolidando. Las listas de espera han vuelto a crecer y seguirán haciéndolo mientras el Gobierno de España no afronte con la seriedad y la responsabilidad necesarias una situación de esta magnitud”, ha lamentado.

“Si la huelga se prolonga, estimamos que a final de año habremos dejado de realizar más de 25.000 intervenciones quirúrgicas”,

Vázquez ha explicado que pese a ello, el objetivo es “recuperar los niveles de actividad alcanzados, revertir esta situación y situar de nuevo a Castilla y León entre las comunidades con mejores resultados en accesibilidad y tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud”.

Castilla y León está en situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales los días 19,20, 21 y 22 de julio por una dana. El Bocyl publica este viernes la resolución del director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

De acuerdo con las previsiones meteorológicas para esos días se espera un “patrón sinóptico” muy desfavorable, conformado por una dana al noroeste de la península Ibérica, una dorsal anticiclónica y la afección de una continental Sahariana que afectarán de forma intensa al menos esos días. Castilla y León sufrirá un aumento de las temperaturas que será destacable a partir del domingo 19 de julio cuando se prevén temperaturas entre los 36-38 °C incluso llegando a los 39 °C en zonas del sur. Estas altas temperaturas podrán extenderse al menos hasta el miércoles 22 de julio. Se prevén además avisos Aemet por altas temperaturas o declaraciones de ola de calor en esos días. A la vez las humedades relativas serán extremadamente bajas tanto las mínimas que pueden bajar de forma generalizada a valores entre el 5-10%, como las máximas nocturnas que en las provincias del sur de la Comunidad podrán no subir durante la madrugada del 25-30%. El Índice de Peligro de incendios forestales de Aemet se situará en niveles extremos o muy altos en la Comunidad durante esos días.

Previsiblemente, las tormentas no serán generalizadas. Se esperan también rachas máximas muy destacables en la zona sureste de Castilla y León que pueden llegar a los 40-50 km/h en amplias zonas. De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia Aemet como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio implicará un incremento significativo de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del incendio, lo que incrementa el peligro. Ello hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales. El plan Infocal prevé en el capítulo III que durante la época de peligro alto de incendios se pueden producir circunstancias meteorológicas extraordinarias que incrementan notablemente la probabilidad de ocurrencia de los incendios o provocan un comportamiento especialmente virulento del fuego, que puedan requerir predefinir una serie de medidas preventivas complementarias de aplicación obligatoria para minimizar los riesgos.

La Dirección General competente en materia de incendios forestales podrá declarar mediante resolución las situaciones de alerta, alarma y alarma extrema por peligro meteorológico de incendios en parte o toda la Comunidad Autónoma, estableciéndose las medidas preventivas extraordinarias previstas en la correspondiente normativa y está facultado para establecer otras medidas preventivas complementarias que estime procedentes.

Ni barbacoas, ni cohetes, ni uso de maquinaria a menos de 400 metros del monte

Debido a esa alerta, durante los días indicados no se puede encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello. Está prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas. Se suspenden todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado, se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico y se suspenden las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.

Por último, queda prohibido el uso de maquinaria en el monte y la franja de 400 metros que lo circunda, cuyo funcionamiento habitual genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores, radiales, etc. Se exceptúa de esta prohibición el uso de maquinaria en actuaciones de emergencia e interés general, destinadas a la reparación urgente de infraestructuras públicas, servicios de energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc. siempre y cuando éstas hayan sido comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y se realicen conforme a las medidas establecidas por éstos, o aquellas otras en que expresamente haya sido autorizado su uso o que resulten necesarias para la extinción del incendio. Las empresas extremarán la precaución, contando con los medios necesarios para abordar la extinción de cualquier conato de incendio que se pudiera producir a consecuencia de su actividad. Esta resolución produce efectos desde las 0.00 horas del 19 de julio hasta las 23.59 del 22 de julio.

La Junta de Castilla y León va a estudiar la posible autorización de silenciadores o moderadores de sonido en determinadas modalidades, circunstancias y actuaciones de control poblacional, una reivindicación del sector cinegéntico. En España actualmente está prohibida la compra y venta de silenciadores para los civiles, aunque estos tengan una licencia de armas. El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha garantizado que se regulará “el libre uso” de visores nocturnos acoplables en la caza cuando se autorice el control poblacional por daños agrícolas y ganaderos.

Así lo ha anunciado durante su comparecencia de inicio de legislatura este jueves, en la que ha prometido una gestión “libre de ataduras ideológicas” y en la que tanto consejero como el portavoz socialista han coincidido en llamarse personas “normales”. “El medio natural debe estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de las abstracciones ideológicas limitantes”, ha manifestado Joaquín Antonio Pino, que ha presidido Asaja Ávila desde 2008 y ha sido el vicepresidente autonómico entre 2021 y 2025.

El titular del área, elegido por Vox, ha cargado contra la Agenda 2030 y el acuerdo con Mercosur y se ha negado a que el medio rural sea “sometido a agendas globales distantes y perjudiciales”. También ha retratado a los agricultores y ganaderos como los “legítimos custodios” del ecosistema y ha rechazado que se contemple el medio rural como “un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado”.

“Tenemos las competencias importantes de Medio Ambiente”

Joaquín Antonio Pino ha apostado también por desarrollar una plataforma de precintos digitales para la caza mayor cuyo uso será “voluntario y sencillo” en lugar de obligatorio. Joaquín Antonio Pino también se ha comprometido a aprovechar la reintroducción del lince ibérico para “combatir las poblaciones de conejo de monte” en espacios que sufran daños agrícolas “crónicos”.

Pino ha destacado que su área gestionará directamente “la actividad cinegética, la ordenación de la fauna silvestre, la biodiversidad y el patrimonio natural”, aunque en realidad el patrimonio natural dependerá de Medio Ambiente, consejería del Partido Popular. “Hemos asumido prácticamente todas las competencias importantes de Medio Ambiente”, ha señalado al final de la comparecencia, que espera que también se les transfieran recursos humanos, económicos y presupuestarios en consonancia.

El PSOE ofrece un Pacto Rural

El portavoz socialista, Mario Rivas, ha ofrecido al consejero trabajar en un Pacto Rural para modernizar el sector agrario, la digitalización y el relevo generacional. El socialista también ha pedido al Ejecutivo autonómico que ejecute los fondos del Plan de Recuperación en materia agraria, puesto que tiene una ejecución del 23%, una cifra que ha desmentido el consejero.

El socialista también ha reclamado una agricultura “rentable” y ha recordado que hay “problemas estructurales”. “La ganadería necesita menos discursos ideológicos y más gestión”, ha reclamado Rivas, que ha preguntado al consejero de Vox si aplicará la 'prioridad nacional' también en el medio rural, teniendo en cuenta la importancia de los migrantes en el medio rural. “En el campo esas ofertas de empleo requieren de profesionales cualificados, y en la mayoría de los casos son esos migrantes, que llegan aportando mucho a nuestro territorio”, ha reiterado Rivas.

“No estamos en contra de la inmigración, pero de una inmigración regulada, como cuando aquí ha habido que emigrar: la gente iba con un contrato de trabajo y sabía que si la mangaba iba de vuelta para casa”, ha replicado Joaquín Antonio Pino.

El consejero ha acusado a la procuradora leonesista, Rosa María Quintanilla, de recurrir al “victimismo” después de ella pusiera el foco en la situación de la Región Leonesa. “Es sensato que reclamemos el impulso de medidas que discriminen en positivo a la Región leonesa”, ha insistido Quintanilla, que ha apostado por soluciones específicas para cada territorio.

Menos impuestos y a favor del silencio positivo

Joaquín Antonio Pino ha anunciado su intención de reducir burocracia y suprimir algunas tasas, como las de la industria alimentaria que gravan la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias radicadas en Castilla y León. Así, ha garantizado que en la próxima legilsatura se bonificarán los intereses de las líneas de préstamos preferentes avalados por la Junta para la incorporación de los jóvenes en la actividad agraria.

Además, el titular de Agricultura -con competencias en materia ambiental- quiere incorporar el silencio administrativo positivo en algunos procedimientos de evaluación ambiental. “No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa. Un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor”, ha agregado Pino, quien ha apostado por que la Administración no sea “un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”.

Joaquín Antonio Pino se ha comprometido a aplicar de forma generalizada la declaración responsable en el campo “siempre que el ordenamiento jurídico lo permita” y evitarán las duplicidades documentales y reducirán la carga burocrática en los procedimientos, convocatorias, bases reguladoras y órdenes. El consejero solo ha dado un ejemplo concreto de estas declaraciones responsables, que se aplicarán a los artesanos alimentarios.

Equipo Veterinario de Emergencias

Pino ha apostado por crear un equipo veterinario de emergencia que pueda desplazarse de manera inmediata “a cualquier punto de la Comunidad” para apoyar a los servicios ordinarios ante brotes, alertas o situaciones complejas. El consejero de Agricultura, veterinario, ha prometido una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres antes de que termine el año, con lo que se espera “reducir drásticamente las obligaciones burocráticas”. También ha informado de que la Consejería ha declarado 19 focos de la enfermedad de Newcastle, que se ha extendido a una granja de aves de Gomezserracín (Segovia) y que afecta ya a más de 1,4 millones de aves.

Concentración parcelaria y Ley Agraria

El consejero se ha comprometido a declarar 150.000 nuevas hectáreas de Utilidad Pública y a promover las concentraciones parcelarias supramunicipales, lo que permitirá recortar los plazos administrativos con un solo Estudio Técnico Previo, un Plan de Mejoras Territoriales y un Estudio de Impacto Ambiental.

También se han propuesto modificar de manera “profunda” la Ley Agraria para “simplificar radicalmente su tramitación administrativa y eliminar trabas burocráticas”. El Ejecutivo autonómico se ha propuesto sufragar algunos de los costes técnicos, tropográficos y de redacción de protectos de los promotores privados de la concentración parcelaria.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el viceconsejero de Economía y Competitividad del Gobierno de Castilla y León, Carlos Martín Tobalina, han mantenido esta tarde una reunión de trabajo con una delegación de la empresa china Gotion High-Tech para avanzar en su proyecto de construir dos plantas de baterías para vehículos eléctricos en Valladolid.

A través de su cuenta en X, el Ayuntamiento de Valladolid ha informado del encuentro, en el que la delegación de Gotion ha estado encabezada por su directora para el sur de Europa, You Lu.

Durante el encuentro se han definido bases y la coordinación que marcará las actuaciones de los próximos meses, reforzando la colaboración entre las administraciones y la compañía para avanzar en uno de los proyectos industriales más importantes para Valladolid.

El Ayuntamiento ha explicado que siguen trabajando para que la implantación de Gotion “se convierta en una realidad que impulse la innovación, la industria y el empleo de nuestra ciudad”.

Proyecto de dos gigafactorías

El pasado 1 de julio, la empresa china Gotion High-Tech, en colaboración con la eslovaca Inobat, presentó su proyecto de construcción en Valladolid de dos gigafactorías pioneras para cubrir toda la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos en Europa y en las que invertirá 940 millones de euros, lo que generará mil empleos estables.

Una delegación de la tecnológica llegada de China expuso en Valladolid, junto a los ministros de Transportes y de Industria, Óscar Puente y Jordi Hereu, respectivamente, un proyecto que ha obtenido subvenciones públicas que suman 138,21 millones de euros a cargo del PERTE VEC V de 2026.

El complejo, que comenzará a construirse en 2027, ocupará una superficie de 700.000 metros cuadrados y se desarrollará en dos fases: una primera destinada al reciclaje de hasta 200.000 toneladas anuales de baterías y una segunda para fabricar otras 200.000 toneladas de cátodos, el componente que concentra alrededor del 60 % del valor de una batería.

La empresa prevé crear unos 2.500 empleos durante la construcción de las instalaciones y un millar de puestos de trabajo estables en la primera fase de explotación, con el objetivo de levantar una planta “con cero emisiones” y convertir Valladolid en un referente europeo de la movilidad eléctrica.

María González Corral se estrenaba este miércoles como consejera de Medio Ambiente y Energía, tras una legislatura en el área dividida entre Movilidad y Agricultura. La gestión de los incendios ha copado buena parte de la comparecencia celebrada esta tarde en las Cortes de Castilla y León, en la que la consejera ha acusado a la oposición de hacer “populismo y demagogia”, por ejemplo, al recurrir a “frases recortadas” y “sacadas de contexto” del nuevo director general de Prevención y Extinción de Incendios. La Comunidad de Castilla y León revisará el marco normativo autonómico con incidencia directa en los incendios forestales, con el objetivo de reforzar la prevención, facilitar el control temprano de los incendios y disponer de zonas más seguras para las personas.

El Ejecutivo autonómico ha anunciado que revisará el marco normativo de la gestión de incendios forestales para “mejorar los instrumentos de planificación preventiva, la gestión del combustible forestal, las infraestructuras de defensa, la protección de la interfaz urbano-forestal y la regulación de las actividades susceptibles de generar riesgo”.

El año pasado, Mañueco quiso aprobar un decreto de ordenación forestal y otro que pretendía incrementar la participación pública, que tumbó la oposición en bloque porque no habían sido negociadas con los sindicatos. Aun así la Junta se comprometió a ir reduciendo el número de empresas contratadas a medida que se extinguieran los contratos, y a integrar a los trabajadores a empresas públicas como Tragsa o Somacyl. Sin embargo, en abril adjudicó y licitó algunos contratos con otras empresas.

González Corral se ha comprometido también a recuperar las masas arboladas afectadas por los incendios del año pasado con actuaciones de emergencia para proteger suelos y captaciones de agua.

El procurador socialista Miguel Ángel Luengo ha alertado de “déficits estructurales” y ha reivindicado una política “transversal” que incluya en el debate la vertebración y ordenación del territorio, la agricultura, la gestión forestal, el turismo, etc.. “Castilla y León necesita una política forestal moderna, prevención todo el año y entender que no es un gasto, sino una inversión”, ha exigido durante el receso de la comparecencia.

Luengo ha insistido en que el modelo “debe priorizar la prevención” e integrar al operativo anti incendios como 100% público, con más estabilización, la categoría adecuada y una dirección plenamente coordinada, entre otros.

La “dejadez y apatía” del anterior consejero

La titular de Medio Ambiente ha destacado que el operativo Infocal “destina los recursos donde se necesitan”, independientemente de la provincia cuando los miembros de la oposición han preguntado por los helicópteros prometidos a cada provincia. Ceña ha protestado por la “debilidad” del operativo anti incendios, mientras que Luengo se ha preguntado si González Corral será “consecuente y coherente o seguirá la estela de dejadez y apatía” del exconsejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ahora responsable de Industria, Universidades y Empleo, especialmente criticado por su gestión de los incendios.

El procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha lamentado las “pocas soluciones” que ha aportado González Corral en cualquiera de sus tres carteras y ha afeado que su comparecencia haya incluido “muchas generalidades y pocas concreciones”.

Plan Forestal

González Corral ha comprometido un nuevo Plan Forestal Integral que favorezca unos “montes mejor cuidados y preparados frente a los retos del futuro” y que permita “conservar los ecosistemas y crear riqueza natural, social y económica”. Además, la consejera se ha comprometido a que todos los montes gestionados por el Ejecutivo autonómico tengan su propio plan de gestión.

El portavoz socialista ha rechazado el “modelo de colonizadores y colonizados” de la Junta de Castilla y León, cuyas iniciativas han estado marcadas por “el fracaso absoluto y unas inercias que han demostrado sus limitaciones”.

La consejera de Medio Ambiente y Energía también ha avanzado que exigirá al Gobierno de España que apruebe la planificación eléctrica 2025-2030 y que refuerce la red de transporte y que los proyectos de interés regional puedan ser reconocidos como 'proyectos estratégicos de inversión' para acelerar la electrificación industrial y reforzar la autonomía estratégica.

Ley de Vías Pecuarias

La Junta de Castilla y León tiene previsto impulsar una Ley de Vías Pecuarias para “ordenar los usos ganaderos, ambientales, recreativos y preventivos de las vías pecuarias, la conectividad ecológica y la infraestructura verde”. Cabe señalar que la pesca es competencia de la Consejería de Agricultura, en manos de Vox, algo que ha afeado Miguel Ángel Luengo.

La consejera también ha anunciado su intención de aprobar un Plan Integral de Residuos, una Estrategia de Economía Circular “para impulsar la transición hacia un modelo de producción y consumo responsable” y una Estrategia Autonómica de Eficiencia Energética para reducir los umbrales de energía y emisiones.

Durante su exposición, González Corral ha incluido como objetivo mejorar la industria forestal y potenciar la construcción en madera a través de la Fundación Cesefor.

El sindicato CCOO de Castilla y León ha reclamado a la Junta que concrete su compromiso con el Diálogo Social tras la comparecencia en las Cortes del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al considerar que es necesario aclarar cómo se dará continuidad a los trece acuerdos actualmente vigentes.

La secretaria general del sindicato en la Comunidad, Ana Fernández de los Muros, ha valorado en una nota de prensa como los principales anuncios del consejero el respaldo al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), la continuidad del Diálogo Social y la elaboración de un estudio sobre el absentismo laboral.

Respecto al Serla, Fernández ha reclamado una financiación propia para este organismo y ha recordado que durante la anterior legislatura, con el Gobierno de coalición PP-Vox, “estuvo en peligro de cierre” al no figurar inicialmente en los presupuestos autonómicos.

Sobre el Diálogo Social, la dirigente sindical ha considerado positivo que el consejero apueste por mantener este instrumento, aunque ha pedido una reunión para concretar “los criterios de continuidad y las nuevas rúbricas” que plantea el Ejecutivo autonómico.

En relación con el anuncio de un estudio sobre el absentismo laboral, CCOO ha rechazado que se utilice ese término para referirse a las bajas médicas y ha sostenido que “hay que dejar de hablar de absentismo para referirse a las bajas laborales”.

Fernández ha defendido que no es necesario elaborar un informe para conocer las causas del aumento de las incapacidades temporales y ha atribuido su duración al “colapso de la sanidad pública” en Castilla y León y a la sobrecarga derivada de las horas extraordinarias no remuneradas.

La secretaria general de CCOO también ha advertido de que la anunciada bajada de impuestos por parte de la Junta puede dificultar la financiación de la futura reforma de la ley de discapacidad y del sistema de dependencia, al recordar que las comunidades autónomas deberán asumir el 50% del coste junto al Estado.

En este sentido, ha defendido que los fondos estatales sirvan también para mejorar las ratios, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector.

El procurador de Vox, Carlos Menéndez, ha reprochado al consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que en su comparecencia haya un “escaso reflejo” de los compromisos adquiridos en el pacto de gobierno, y en concreto a uno que debe tener cierta inmediatez para reflejarlo en los presupuestos de 2027: la reducción de las subvenciones a los sindicatos en un 50%. Vuelve así uno de los caballos de batalla de Vox que ya crearon problemas en la anterior legislatura, cuando se rompió el diálogo social, se retiraron subvenciones nominativas y se insultó reiteradamente a las organizaciones sindicales por parte de Vox sin que el PP pusiese pie en pared.

Suárez Quiñones, por su parte se ha excusado en que su nueva consejería tiene cinco ámbitos de actuación y en que es difícil hablar de todo. Así, ha dicho del Diálogo Social que se desarrollará en los “parámetros pactados” con la extrema derecha y que se cumplirá de forma “rigurosa” con el acuerdo.

“Procuraremos ejecutar todos los compromisos y si no, demanden lo que sea”, ha pedido. El consejero ha sostenido que el Diálogo Social ha movilizado más de 2.000 millones de euros en favor de los derechos de los trabajadores, aunque ha precisado que debe mantenerse “dentro de su utilidad pública y nada más”. Además, ha avanzado que desde mañana jueves iniciará una ronda de contactos con las organizaciones sindicales, informa EFE.

Absentismo

Lo que no ha olvidado Suárez Quiñones es el “absentismo laboral” al que se refirió el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. El consejero se ha referido a un estudio de la situación mientras que la procuradora de UPL, María Rosa Quintanilla le ha indicado que antes compruebe lo que está ocurriendo en la sanidad pública y las listas de espera. En el mismo sentido se ha pronunciado el procurador socialista Iván Zazo, que le ha recordado que no se puede criminalizar a los trabajadores de baja y que esta la otorga un médico.

Tanto la procuradora de UPL como el del PSOE han cuestionado que Suárez Quiñones siga siendo consejero a pesar de su criticada gestión de los incendios cuando era consejero de Medio Ambiente.

El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha prometido seguir bajando impuestos a las familias, con especial atención al medio rural: 'impuestos cero' para la primera vivienda habitual, explotaciones agrarias prioritarias y comercios, así como para las fincas rústicas. “Reduciremos el primer tramo del IRPF a todos los contribuyentes, un 0,25% al año, para terminar la legislatura con una reducción del IRPF del 1%”, ha afirmado.

También se ofrecerán incentivos fiscales para el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes (deducción de hasta 1.500 euros al año para la primera vivienda) y para el alquiler, así como la congelación de tasas y una Ley de asistencia al contribuyente.

Financiación autonómica

También ha reprochado el planteamiento del Gobierno de España para la financiación autonómica y ha instado a negociarla “entre todos” y “desde cero”. “El Gobierno de España ha demostrado que tiene mucha prisa en satisfacer los intereses de sus socios separatistas, pero poco interés en atender las necesidades del conjunto de los españoles”, ha protestado el consejero y portavoz del Ejecutivo.

Fernández Carriedo ha pedido que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del 29 de julio y ha pedido a la cámara un acuerdo unánime para presentar la propuesta en la próxima cita y poder “defender los intereses de Castilla y León” como se hizo en 2022. El procurador de Vox y vicepresidente primero de las Cortes, Carlos Menéndez, ha defendido que el modelo de financiación planteado “responde al pago de peajes políticos de Esquerra”. “Por eso lo repudiamos”, ha manifestado.

“Brechas” en la economía

La portavoz socialista en la Comisión, María Isabel Fernández, ha lamentado que en Castilla y León la economía crezca por debajo de la media española y ha criticado que la comunidad haya perdido puestos de trabajo en Industria y perdido 4.000 autónomos. “Creemos que los ciudadanos merecen un diagnóstico honesto y no un triunfalismo permanente”, ha manifestado la procuradora.

Fernández ha criticado que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco (PP), esté “desaparecido desde hace más de cien días” y le ha reprochado que haya dejado sin invertir 3.000 millones de euros en la Comunidad.

La procuradora de UPL, Rosa María Quintanilla, ha criticado el “desmantelamiento económico” de las provincias de la llamada Región Leonesa, que, en su opinión, “se está desangrando de norte a sur” y ha exigido una “reparación histórica” a estos territorios. “Exigimos un plan exclusivo para León, Zamora y Salamanca y una discriminación fiscal positiva”, ha reclamado.

Por segunda vez, la Junta de Castilla y León intentará poner en marcha una Ley de Concordia que derogue el decreto de Memoria Histórica. El consejero de Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, cree que podrá estar lista en el primer año de esta legislatura. Se trata de una exigencia de Vox al PP. En la legislatura pasada, los de Abascal vieron como Mañueco esquivaba todos los compromisos del pacto. La Ley de Concordia se presentó y se empezó a tramitar, pero quedó en nada cuando Vox salió del gobierno. El de ahora será el segundo intento de legislar hiriendo sensibilidades. En el texto normativo que se quedó en intención, se llegaba a equiparar a las víctimas de la república con las de la dictadura. Lo mismo que pasará ahora.

“Hemos acordado los dos grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que supere y actualice el marco normativo vigente, y garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León”, ha expuesto Gago cuando comparecía este martes para explicar el programa de su consejería, informa EFE.

“Protegeremos los derechos de las víctimas del terrorismo a través del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, apoyando a las víctimas, a sus familias, así como a las asociaciones y a las fundaciones cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad”, ha concretado.

En los próximos meses, se iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales, ha especificado.

También ha adelantado que se aprobará un Plan de medidas de apoyo y protección a las víctimas del terrorismo, cuatrienal y de carácter transversal a todas las políticas públicas de las diferentes Consejerías de la Administración Autonómica, donde se contemplen las acciones concretas que se abordarán y desarrollarán en ese periodo.

El consejero ha mencionado la celebración del Día de la Comunidad, el 23 de abril, y ha sostenido que se continuarán convocando resolviendo y entregando, los Premios de Castilla y León.

Continuará el apoyo desde la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, tanto económicamente como con la infraestructura y medios que se precisa, la celebración del Día de la Comunidad en la fiesta en Villalar de los Comuneros, ha señalado.

También se seguirá extendiendo la celebración, mediante la organización de conciertos y carreras y marchas familiares, en los municipios más importantes de la Comunidad, ha dicho.

Desde la misma Fundación se seguirán organizando actividades que conmemoran el 800 Aniversario de la unión de los Reinos de León y de Castilla, acontecida en 1230 bajo el reinado de Fernando III, y que culminarán en el año 2030.

Se pondrá en marcha una muestra itinerante que recorra los municipios de Castilla y León poniendo de relieve la figura de la reina Doña Berenguela, madre de Fernando III, y se impulsará un proyecto de investigación sobre la itinerancia regia del rey Fernando III el Santo.

La vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha apelado a elaborar una Ley de lucha contra la violencia machista “desde el consenso y no desde la imposición”: “Tiene que ser una ley de consenso que proteja a las mujeres, no que surja de la imposición o que genere el enfrentamiento”, ha manifestado la vicepresidenta segunda en la comparecencia celebrada este lunes para exponer sus principales líneas de trabajo en la próxima legislatura, marcada por el acuerdo PP-Vox.

Isabel Blanco ha considerado adecuado aplazar la aprobación de un autonómica para esperar a que las Cortes Generales aprueben la transposición de la última directiva europea al respecto, puesto que incluye “modificaciones importantes” como la definición de una mujer víctima de violencia de género, las formas de violencia y la difusión de imágenes y vídeos de carácter íntimo.

La viceportavoz socialistas en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez Urbán, ha afeado que Fernández Mañueco haya “despojado” las competencias a la Vicepresidencia al haber “troceado las competencias” y asignado “funciones”, pero no haberle otorgado una Consejería propia. “Es una vicepresidenta sin competencias”, ha criticado la socialista. Gómez Urbán ha considerado que la vivienda, los servicios públicos esenciales la política de Mujer y violencia de género sin algunas de las “prioridades” de los castellanos y leoneses que “dan igual” al presidente autonómico, que “se ha comido la prioridad nacional racista de Vox”. Esta decisión, para la vicepresidenta segunda, supone “elevar el rango de políticas y darle un carácter transversal” que no tendrían si estuvieran estructuradas en una consejería.

Blanco ha calificado la igualdad de oportunidades como un “principio irrenunciable” del gobierno autonómico y ha garantizado que se apoyará la contratación de mujeres jóvenes y de mayores de 50 años cuyas trayectorias profesionales se pudieran haber visto interrumpidas por los cuidados, además de a las víctimas de “violencia machista”.

La socialista Gómez Urbán ha recordado a la vicepresidenta segunda que esta norma no había sido negociada con las organizaciones feministas. Mañueco retiró la norma a finales de 2025 pocas horas antes de votarse porque preveía que el PSOE fuera a rechazarlo a pesar de que los socialistas pensaban que se podría aprobar alguna de sus enmiendas. Ya en esta legislatura, el Grupo Socialista ha vuelto a presentar su propuesta, pactada con asociaciones y sindicatos.

La procuradora de la Unión del Pueblo Leonés, Rosa María Quintanilla, ha preguntado a Isabel Blanco por cuándo tiene previsto la Junta volver a presentar un proyecto, puesto que la Ley de 2010 está “obsoleta” y hasta ahora “se han rechazado los puentes” que han intentado tender.

La prioridad nacional y el arraigo

A pesar de que la consejera no se ha referido a la “prioridad nacional”, el nuevo concepto que Vox quiere introducir en los gobiernos autonómicos, el portavoz adjunto segundo de Vox, José Antonio Palomo, ha querido debatir sobre esta cuestión. “No hablamos de establecer diferencias, sino de reconocer el esfuerzo de quienes llevan años viviendo en nuestra tierra y tienen un vínculo real, verdadero y verificable”, ha afirmado Palomo, que quiere “premiar el arraigo y compromiso” de quienes han hecho “su hogar” de Castilla y León.

Este nuevo requisito, ha señalado el procurador de Vox, favorecerá el retorno de “miles de castellanos y leoneses” que se marcharon “por falta de oportunidades”. En otro momento de su intervención, Palomo ha defendido “que ninguna persona vea limitado su futuro por dónde ha nacido o ha decidido vivir”.

Isabel Blanco sí que ha defendido -ya en su último turno de palabra- “vincular las ayudas al arraigo real y efectivo” y ampliar el número de líneas de apoyo en las que se pide un empadronamiento de un mínimo de años en algunas líneas como las ayudas al alquiler. Ante la demanda de que un ciudadano lleve diez años viviendo en Castilla y León y en España, Gómez Urbán ha ironizado con que el senador 'popular' por designación Javier Maroto, solo lleve siete años residiendo en la Comunidad, después de que se empadronara poco antes de ser elegido por las Cortes.

Patricia Gómez Urbán ha criticado que la Junta envíe un mensaje “contradictorio” sobre la financiación autonómica, al pedir más fondos pero a la vez haber suprimido a efectos prácticos el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Mandan el mensaje de que van sobrados de impuestos”, ha afirmado la socialista.

5.000 nuevas viviendas protegidas

La Junta de Castilla y León se ha comprometido a impulsar la construcción de un mínimo de 5.000 viviendas protegidas en toda la legislatura: está prevista la construcción de 1.180 viviendas; 126 viviendas nuevas y otras 808 en Fuensaldaña, Villamuriel de Cerrato y Valladolid; 845 para alquiler; 1.141 viviendas unifamiliares para venta (con foco en los jóvenes), la rehabilitación de 264 viviendas a través del programa Rehabitare, entre otras medidas.

La Vicepresidencia Segunda se ha propuesto también extender el programa Rehabitare en el ámbito privado para incentivar al propietario de una vivienda vacía y que reciba apoyo económico público en su rehabilitación a cambio de que ponga la vivienda en el mercado con un alquiler social.

Sin embargo, Blanco ha reprochado que el Plan Estatal de Vivienda llegue “tarde” y haya sido aprobado “sin consenso suficiente”, a pesar de lo cual ha garantizado que Castilla y León hará su parte. “Su financiación es claramente insuficiente para reales en materia de vivienda. Sin una financiación adecuada será imposible dar una respuesta eficaz al acceso a la vivienda”, ha defendido en su intervención.

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha presentado este lunes el programa de su consejería y ha arrancado con la política xenófoba de Vox contra los migrantes, su intención es repatriar y retornar a los menores no acompañados, por lo que se dará “prioridad” en la cooperación internacional a aquellos países que colaboren con Castilla y León.

Pollán ha revelado además que la Junta ya ha “abierto” 26 procedimientos de verificación de edad y ha defendido extender este trámite a todos los menores extranjeros tutelados, en la Comunidad, 190, para evitar “fraudes y colapso de los servicios”. Así, el gobierno autonómico, que no tiene competencias en extranjería y por lo tanto no puede decidir esa verificación, se ha dirigido a la Fiscalía para que lo haga. La tentativa, sin embargo, puede que no pase de ahí. Ya hay un precedente en Zaragoza, con gobierno PP-Vox, y donde el fiscal de menores se ha negado a verificar la edad de los menores a petición del gobierno aragonés, según advierten fuentes de la Fiscalía. “Es el fiscal de menores el que determina la edad y el que puede ordenar hacer pruebas, no un gobierno autonómico”, insisten. “Una vez determinada la minoría y sólo si aparecen nuevas pruebas concluyentes como documentación, por ejemplo, se puede revisar el primer decreto que determinó la minoría”, explican.

Pollán sobre los menores: “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”

Muchos de los menores que llegan a España vienen con la edad determinada por documentación, pero en el caso de que no lo esté y siempre que existan dudas, ya que en algunos casos la minoría de edad es evidente físicamente, se hace la prueba pero “solo si es el único medio posible”. En Castilla y León hasta hace poco, se hacían pocas verificaciones, ahora han subido algo por el reparto que se hace para evitar que otras CCAA asuman la mayoría de la migración, pero el fiscal de menores actúa “siempre en interés del menor” y “se trata de inmiscuirse lo mínimo posible en su privacidad”.

Aunque la oposición ha afeado a Pollán su intención de que se verifique a todos los menores, no ha rebajado el discurso. “No entiendo cuál es el problema de que sepamos la edad de esa gente”, ha llegado a decir. “Tienen entre 14 y 17 años, no son niños y niñas sino adolescentes”, ha insistido mientras se refería a los menores como “menas” y “esa gente”. Además ha intentado disfrazar con cifras la necesidad de hacer las pruebas de edad porque “en Aragón casi el 80% de las pruebas que se han hecho han determiado que no eran menores”. Carlos Pollán ha olvidado precisar que esas pruebas no se han hecho a todos los menores sino a aquellos sobre los que había una duda razonable.

En cualquier caso, ha avanzado que la Junta de Castilla y León “rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, políticos y jurídicos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. Así, ha afirmado que no participará “en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Castilla y León”.

“A menos de un mes de la formación del nuevo Ejecutivo, ya estamos cumpliendo con la palabra dada de oponernos frontalmente a la política de inmigración del Gobierno de Sánchez”, ha presumido. Ha recordado que el pasado 1 de julio el Gobierno central convocó una reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia y que él “como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales” se negó a asistir. Lo mismo hicieron sus homólogos en Extremadura y Aragón. “Fue nuestra manera de denunciar la nueva imposición de Sánchez en materia de reparto de menores extranjeros no acompañados”, ha comentado. Entre los asuntos incluidos en el orden del día de la reunión, figuraba la propuesta de distribución territorial de 35 millones de euros para la atención de menores extranjeros no acompañados durante 2026.

No queda ahí. La Junta de Castilla y León va a recurrir el Real Decreto 556/2026 de 30 de junio por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas y que asigna a Castilla y León una capacidad de 833 menores. “Una vez más, Sánchez actúa de forma unilateral, sin el acuerdo unánime de todas las comunidades, sin respetar las competencias que corresponden a cada una en materia de protección de menores y disfrazando de humanitarismo lo que no es más que puro cálculo político”, ha dicho. Para Pollán, el incremento que se ha asignado a Castilla y León “carece de una justificación objetiva” porque la población ha crecido un 0,72 % entre agosto de 2025 y mayo de 2026, pero el número de menores asignados aumenta un 6,38 %, pasando de 783 a 833. Para Pollán existe desproporción en los criterios aplicados.

Respecto al pacto de gobierno que firmaron PP y Vox en Castilla y León el pasado 3 de junio, ha insistido en que se trabajará “por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen”. La fórmula pasa por promover acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres. Según el consejero, les ampara el artículo 35.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Suprimir subvenciones a oenegés y no aumentar plazas de acogida

También pasa ese objetivo de retornar a menores por suprimir “todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con oenegés u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. Según él, subvencionar oenegés es “fomentar el efecto llamada”. Y para controlar las subvenciones, Pollán ha anunciado una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal” para “reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente”.

Durante la legislatura, ha avanzado, la Junta no habilitará nuevos centros de acogida de “inmigrantes ilegales” ni se ampliarán plazas en los existentes. “Reforzaremos los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores, así como de la seguridad de los trabajadores”, ha manifestado en un evidente intento de criminalizar a los menores extranjeros. “Exigiremos al Gobierno de España la adaptación, de forma inmediata, del nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo en marzo de este año, orientado a endurecer la política migratoria”, ha añadido.

Castilla y León ha comenzado este sábado con la estabilización del incendio forestal de Canseco, en la provincia de Lón, que ha pasado a un índice de gravedad potencial (IGR) 0, aunque se mantienen en nivel 1 de riesgo los de Caboalles de Arriba (León) y El Barraco (Ávila).

Así lo ha comunicado la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta a través de sus redes sociales y de la página del plan Infocal, que señala que en el fuego de Canseco, en la comarca de La Robla, trabajan en este momento trece medios materiales y humanos.

Desde que se declarara el pasado 8 de julio han participado en las labores de extinción un total de 41 medios, de un fuego probablemente provocado por rayos.

Por su parte, el incendio de El Barraco (Ávila) mejora después de que ayer alcanzara un nivel de riesgo 2 al cortar primero la N-403 y después la AV-902, pero aún se encuentra en IGR 1 con un total de 26 medios activos a primera hora del sábado.

En el caso de Caboalles de Arriba, declarado el 7 de julio, se mantiene el IGR 1 al continuar la previsión de los equipos de extinción de necesitar más de doce horas para estabilizar las llamas.

En este momento, diez medios (cinco cuadrillas, dos autobombas, un buldózer y un técnico y un agente medioambiental) trabajan para sofocar las llamas.

Además de estos fuegos, se encuentran activos los de Ribota de Sajambre (León) y los de Ricobayo del Alba y Abelón, ambos en Zamora, los tres con un nivel de riesgo 0

UGT ha afeado a través de un comunicado el “machismo” de Vox al no encontrar a mujeres para ocupar cargos de libre designación en la Junta de Castilla y León: ninguna de sus consejerías está ocupada por una mujer y solo tres de los otros 15 altos cargos nombrados son mujeres, y que además se concentran en áreas que ocupan cargos considerados tradicionalmente como “competencia de las mujeres según su ideario”: la directora general de Familia, la directora general de Ayudas Sociales y Comisionada para las Adicciones y la directora de Industria y Cadena Agroalimentaria. Además, la Vicepresidencia primera no cuenta con ninguna mujer entre sus altos cargos.

UGT denuncia “un claro retroceso en la equiparación de derechos” y protesta precisamente porque la plantilla de la Junta de Castilla y León es “mayoritariamente femenina”. “Se nos hace difícil pensar que no sea posible encontrar mujeres altamente preparadas y cualificadas en todos los ámbitos en una sociedad donde la mujer es la mitad de la población y ocupa, por derecho propio, aprobando unas oposiciones, la mayor parte de los puestos de responsabilidad dentro de la administración pública”, ha señalado el sindicato a través de un comunicado.

El sindicato interpreta que subyace una “decisión política machista” que quiere “hacer retroceder a la sociedad” en lugar de “impulsar la modernización y el desarrollo de todas las personas”. Por otro lado, destaca que el PP sí mantiene una distribución “más o menos igualitaria”, con 37 hombres y 28 mujeres y mantienen paridad en sus consejeros.

Este jueves se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las bases reguladoras de las subvenciones para que la primera matrícula de universidad sea gratuita para los residentes en Castilla y León.

A continuación, recogemos algunas preguntas y respuestas para conocer esta ayuda, si se cumplen los requisitos para recibirla y cómo solicitarla.

¿Quién la puede pedir?

Esta nueva subvención es para aquellas personas que estén empadronadas en Castilla y León que vayan a matricularse en primer curso y por primera vez en una carrera universitaria (grado o doble grado) en una universidad pública de Castilla y León. El empadronamiento deberá cumplirse antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Además, deben cumplir con los requisitos generales para toda subvención como estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y no estar incurso en situaciones que impidan acceder a la condición de beneficiario.

La bases señalan que las solicitudes que cumplan los requisitos serán ordenadas en función de la calificación de acceso al grado universitario, aunque el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que se trata de una formalidad y que nadie que cumpla los requisitos se quedará fuera de estas ayudas.

¿Cuándo se abrirá el plazo?

Aún no se sabe exactamente, aunque la previsión es que el plazo se abra a principios de setiembre y se pueda pedir también durante de octubre. Se ha establecido un plazo máximo de resolución de seis meses y las ayudas se abonarán mediante transferencia bancaria.

¿Cómo hago la matrícula?

Con normalidad. Se deberá abonar la matrícula tal y como establezca cada universidad. En un trámite distinto (a través de la sede electrónica o de manera presencial) se debe solicitar la ayuda de la Junta de Castilla y León.

¿Cuánta gente va a recibirla?

En un principio se han consignado 12 millones de euros, con los que pretenden atender las peticiones de 15.500 estudiantes, aunque Fernández Carriedo ha garantizado que todos aquellos que cumplan las condiciones establecidas recibirán la ayuda, y que se ampliará el presupuesto si es necesario.

¿Por qué no se han modificado las tasas universitarias?

Ese cambio requeriría de un trámite parlamentario que no podría tener efecto en el curso 2026/2027 y este método se rige por el régimen de concurrencia. De esta manera, la Junta pretende dar cumplimiento a una de las promesas electorales de Alfonso Fernández Mañueco. El Ejecutivo ha asegurado que “buscará el cauce” de colaboración con las universidades para que el trámite sea “lo más fácil posible”.

La Junta de Castilla y León ha rescatado como delegado del Corredor Atlántico al exsenador, exalcalde de Ávila y exprocurador 'popular', Miguel Ángel García Nieto, que se había quedado fuera de las listas en las elecciones de marzo de 2026. El actual responsable del Corredor Atlántico, el expresidente del parlamento autonómico por Ciudadanos, Luis Fuentes, será cesado en los próximos días, según ha informado este jueves el consejero y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo. García Nieto, graduado en Relaciones Laborales, ha estado la pasada legislatura como portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León.

Además de este nombramiento, la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, se han nombrado otros directores generales: Carreteras e Infraestructuras (Belén González González, exjefa de Servicio de Carreteras), Transportes y Logística (Ana María Álvarez Barrera, secretaria técnica del Servicio Territorial de Movilidad de Ávila), Susana Morán Fernández (coordinadora de Servicios de la Dirección de Telecomunicaciones y Administración Digital y exsubdirectora general de Planificación Sociosanitaria en la Comunidad de Madrid) y Administración Digital e Inteligencia Artificial (Antonio Ibáñez, director general de Telecomunicaciones y Administración Digital).

La Consejería de Educación también ha anunciado su último nombramiento, el de la Dirección General de Bienestar Educativo, Diego del Pozo, que era el director provincial de Educación en Segovia desde 2019. Del Pozo se saltó hace hace unos meses al Consejo Escolar de un instituto para imponer una visita del obispo.

Todavía quedan veinte altos cargos por nombrar, entre ellos diez de las once viceconsejerías, las diez secretarías generales, la estructura de Asistencia Sanitaria y tres direcciones generales: Juventud, Atención a la Dependencia y Políticas Culturales.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este martes que la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, sobre el papel, “la letra de la canción tiene sentido, pero la música no” y ha reclamando que este incluya criterios como despoblación, dispersión territorial o envejecimiento.

Preguntado en una rueda de prensa por esta propuesta del Gobierno, De la Rosa ha recordado que el debate sobre el modelo no se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, sino que deberá abordarse en una futura reunión en una contraposición que no debe ser entre comunidades, sino entre Gobierno y autonomías, ha argumentado.

De la Rosa ha defendido que el sistema de financiación debe atender las singularidades de las comunidades autónomas y ha sostenido que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre territorios como, en su opinión, está intentando hacer el PP. En este sentido, el dirigente socialista ha criticado la postura de los gobiernos autonómicos del PP, a los que ha acusado de instalarse en el rechazo al nuevo modelo sin plantear una alternativa.

Así, De la Rosa ha destacado el incremento de los recursos transferidos por el Estado a Castilla y León a través de las entregas a cuenta, que, según ha señalado, superan en un 6% las del ejercicio anterior y suponen 3.443 millones de euros más que los recibidos en 2018, durante el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Encuentro bilateral con el PSC

De la Rosa ha anunciado además que una delegación del PSOE de Castilla y León mantendrá el jueves y el viernes de esta semana un encuentro de trabajo con el PSC para conocer de primera mano políticas públicas desarrolladas en Catalunya que, a su juicio, podrían adaptarse a la Comunidad.

Las reuniones abordarán materias como vivienda, educación, empleo, industria, sanidad, igualdad o servicios sociales, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre cuestiones como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las políticas de vivienda pública, la captación de talento o la atención a la salud mental. La cita culminará con un encuentro entre el secretario general del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El PP acusa al PSOE de “funambulismo político”

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha instado al PSOE a reclamar al Gobierno la retirada de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica acordada con ERC y le ha advertido que “o se está con Junqueras o se está con Castilla y León”.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha acusado a Martínez de practicar un “funambulismo político” al defender una financiación justa para Castilla y León sin, a su juicio, enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García ha recordado que el PSOE reivindica unos criterios de financiación similares a los que el PP lleva años reivindicando, por lo que ha pedido al PSOE que exija la retirada del actual modelo y que defienda un nuevo sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, el Grupo Popular ha reclamado al PSOE de Castilla y León que rechace la condonación de deuda autonómica y que se oponga a que el Estado impute gastos a las comunidades “de forma unilateral”.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares como parte de su plan para “comabtir la inmigración ilegal”. Así lo ha expuesto ante los medios después de reunirse con Cáritas, entidad dependiente de la Iglesia Católica cuya labor “pegada al territorio y a las personas vulnerables” ha puesto en valor. En concreto, Carlos Pollán se ha centrado en el trabajo de Cáritas en “adicciones, infancia y mayores”, obviando la labor de Cáritas en la integración de los migrantes y su defensa de procesos como la regularización extraordinaria.

Pollán ha avanzado que los nuevos directores generales —de Desregulación y Familia, que eran diputados autonómicos de Vox— están 'avanzando' en “el conocimiento de su actividad” de cara a los presupuestos de la Comunidad de 2027. El vicepresidente autonómico ha garantizado que se mantendrán las subvenciones previstas para 2026, pero ha adelantado que habrá cambios en las próximas cuentas. “A partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y subvenciones que se están repartiendo a través de las asociaciones. En Cáritas pueden estar tranquilos porque realizan una labor muy importante en infancia, adicciones y mayores y esa labor van a seguir haciéndola”, ha apostillado.

Carlos Pollán ha asegurado que, una vez incorporados los nuevos directores generales, Castilla y León continuará con la misma línea de política migratoria que en Aragón o Extremadura, donde los educadores sociales han protestado por vincular a los menores no acompañados con la delincuencia. Carlos Pollán ha prometido que se “auditará el gasto en inmigración ilegal” y que ni se habilitarán ni rehabilitarán espacios para menores. También se endurecerá el régimen interno en dichos centros.

Recurso de la asignación de menores a proteger

La Junta de Castilla y León anunció este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026 que ha aprobado la capacidad del sistema de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, que ha asignado a Castilla y León una capacidad de 833 personas, superior a los 783 consignados en 2025 (que también está impugnado). El Ejecutivo autonómico tiene dos meses para presentar el recurso, según ha informado el vicepresidente.

Carlos Pollán ha defendido que es “inasumible” atender a este número de menores, aunque no por recursos humanos o materiales: “No es una cuestión de financiación ni de recursos ni de plazas, sino que nos oponemos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, por principios y por responsabilidad política”, ha defendido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha cargado contra la “estafa migratoria” de Sánchez.

Además, ha avanzado que se realizarán pruebas para determinar la edad de los menores —a través de Fiscalía— y se intentará repatriar a aquellos que no las superen, atendiendo al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite establecer acuerdos con los países de origen para que la “atención e integración social” se realice “en su entorno de procedencia”, siempre que se asegure “la protección del interés de los menores” y se realice un seguimiento por parte de las autonomías.