Los veterinarios denuncian que la Consejería de Agricultura de Vox pone en riesgo “la salud de personas y animales” por “decisiones populistas”

El Sindicato de Veterinarios de Castilla y León (SIVECAL-USCAL) ha llamado la atención a la Consejería de Agricultura y Ganadería, de Vox, por lo que entienden como una “laxitud y flexibilidad” a la hora de imponer un saneamiento ganadero en algunas provincias de Castilla y León que haría “retroceder los buenos resultados obtenidos” antes de la llegada de esta gestión y pondría en riesgo “la mejora de la salud de las personas y de los animales” en aquellos lugares donde “el censo y los movimientos comerciales son más importantes”.

Según han relatado en un comunicado, la resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 10 de mayo por la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera que recogía determinados aspectos de los programas nacionales de enfermedades de los rumiantes en de Castilla y León recoge varios puntos que “son contrarios a los programas nacionales de control, vigilancia y erradicación de enfermedades de los rumiantes”.

Asimismo, también “se ignora otros aspectos contemplados en dichos programas”. Esto lo habrían denunciado “los nueve Jefes de Sección -máximos responsables del saneamiento ganadero-, a la sazón directores provinciales de las campañas de saneamiento ganadero”.

El sindicato veterinario ha criticado que la toma decisiones del área que lidera Gerardo Dueñas se ha hecho “sin el debido asesoramiento jurídico y técnico-veterinario, guiado por políticas populistas contrarias al ordenamiento sanitario”.

Estas medidas, han defendido, ponen “en grave riesgo y en entredicho” los niveles de sanidad animal encomiables que se habían obtenido hasta esa fecha en Castilla y León y hacen peligrar los esfuerzos económicos y personales de los ganaderos.

Es por eso que Sivecal-Uscal han instado a la Consejería a modificar ese texto bajo lo que defienden sus propios funcionarios. En caso de que se haga caso omiso han amenazado con dar parte a la Inspección General de Servicios, el Ministerio de Sanidad y de Agricultura y la Comisión Europea por tratarse de “irregularidades y erráticas prácticas sin precedentes en materia de Salud Pública, de la que forman parte indivisible la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud medioambiental”.