Las Caballerizas del Palacio de la Magdalena acogerán entre el lunes 5 y el miércoles 7 de octubre las IV jornadas sobre la trata y la explotación sexual a través de las que se pretende crear un marco de reflexión sobre este “flagrante atentado” contra los derechos humanos básicos de estas mujeres.

Así lo ha anunciado la concejala de Igualdad de Santander, Zulema Gancedo, quien ha presentado las jornadas y ha recordado que esta actividad se enmarca dentro de las políticas municipales de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en el desarrollo del IV Plan Estratégico de Igualdad, que realiza numerosas acciones e iniciativas encaminadas a la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Las jornadas se dirigen a profesionales y estudiantes, y pretenden crear un marco de reflexión sobre la trata y la explotación sexual, que ha llegado a denominarse como la esclavitud del siglo XXI.

Durante la presentación, la edil ha destacado la importancia de la actividad y la calidad de los ponentes y ha invitado a los interesados a inscribirse a través de la web www.igualdadsantander.com o del teléfono 942 200 833.

Entre los ponentes figuran la filósofa y feminista, Ana de Miguel Álvarez, y los doctores Alejandro Villena, psicólogo y sexólogo clínico, fundador y director del Proyecto de Salud Mental Piénsatelo Psicología, y Lluis Ballester, sociólogo, además de entidades como la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), la Asociación para la Prevención Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Nueva Vida y Médicos del Mundo.

Tal y como ha detallado, en la actualidad, el tráfico y la trata de mujeres y niñas es uno de los negocios ilegales más potentes a nivel mundial, representa la tercera fuente de ganancias para el crimen organizado después de las drogas y las armas, y genera miles de millones de dólares cada año, además supone un importante flujo de mujeres y niñas de los denominados países pobres a los denominados países ricos. El tráfico de personas con fines de explotación sexual se ha convertido en un gran negocio.

La demanda de servicios sexuales se identifica como una de sus principales causas y rechazo de la sociedad ante el consumo de personas es fundamental para su erradicación, ha subrayado la edil.

El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha publicado el Balance estadístico 2021-2025 sobre trata y explotación de seres humanos en España, según el cual la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores (un 4% más que en 2024).

Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo.

La trata y la explotación sexual vulneran gravemente los derechos de estas mujeres, y niñas y conlleva enormes secuelas, físicas, psicológicas y sociales.

La aceptación social de la prostitución fomenta la violencia contra todas las mujeres, porque legitima implícitamente un modelo de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, socializando a niños y niñas en valores claramente diferenciados, donde los niños, como hombres, van a poder pagar por usar el cuerpo, la atención y el tiempo de las mujeres. Y a las niñas, en que ellas, como mujeres, pueden estar al servicio de los hombres, ha indicado la concejala.

La 'Ruta Norte' es un camino amargo. Un circuito organizado por quienes dirigen redes de prostitución que trasladan a las mujeres de una ciudad a otra por todo el norte de España. Cantabria es una de las estaciones en las que las víctimas de explotación sexual están 15 o 20 días como máximo, antes de seguir la gira por Euskadi, Galicia y Asturias. En ocasiones llegan al sur de Francia o hasta Valladolid.

Médicos del Mundo ha identificado y bautizado esta ruta que mueve a las mujeres constantemente por dos razones: alimentar la continua demanda de “novedad” por parte de los consumidores de prostitución e impedir que la víctima desarrolle arraigo local, que establezca lazos o mantenga un acceso continuado a los recursos sanitarios, sociales y de protección legal de la comunidad.

La prostitución en Cantabria se ha trasladado desde los clubs -solo quedan una decena- hacia domicilios privados y plataformas digitales, lo que hace cada vez más difícil su intervención. Aumenta el negocio, pero cada vez es más difícil abrir procedimientos penales para perseguir el proxenetismo y la trata de seres humanos.

En la comunidad funcionan 45 pisos fijos que ofrecen servicios sexuales de forma continuada. Eso dicen las cifras oficiales de la Fiscalía de Cantabria. Sin embargo, el equipo técnico de la Asociación Nueva Vida ha logrado ubicar “más de 150 lugares y pisos” en los que se ejerce la prostitución.

La magnitud de este dato se encuadra en los resultados del ‘Macroestudio sobre trata, explotación sexual y prostitución de mujeres’ de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que situó a Cantabria como la cuarta comunidad autónoma con mayor tasa relativa de mujeres prostituidas. Únicamente le superan Baleares, Cataluña y Valencia.

Los lugares son los mismos, las mujeres van rotando. Los pisos están, sin llamar la atención, en edificios residenciales de zonas urbanas de Cantabria. Son el eje central de la oferta presencial.

Sin embargo, ahora se ha detectado una modalidad emergente que dificulta aún más el rastreo: el uso de pisos turísticos de alquiler de corta estancia.

En estos espacios, las redes de explotación operan durante periodos festivos o temporadas vacacionales concretas, desmantelando la infraestructura con rapidez una vez concluidas las fechas de mayor afluencia, como puede ser la Semana Grande de Santander. Fechas en las que también se incrementa el número de clientes.

Solo un nuevo caso de trata

A pesar de la red de locales y domicilios contabilizada, la Fiscalía de Cantabria llama la atención sobre la “escasa incidencia” formal de causas judiciales relacionadas con los delitos de prostitución y de trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las estadísticas del propio órgano judicial revelan que únicamente se incoó un procedimiento judicial por el delito de trata de seres humanos en toda la comunidad y en materia de delitos de prostitución, solo se registró una nueva causa por posibles ilícitos de prostitución lucrativa, trata y favorecimiento de la inmigración ilegal.

El ejercicio cerró con cero sentencias condenatorias dictadas por delito de trata de seres humanos en la comunidad.

Esta profunda brecha entre la realidad del mercado prostitucional en las calles y su escaso traslado a las salas de justicia responde a tres factores, según argumenta el propio ministerio público.

En primer lugar, destaca la reticencia de las víctimas a acudir a las autoridades o poner denuncias, debido al estigma social, el estrecho control al que son sometidas y el temor a sufrir represalias directas de los explotadores y las redes criminales.

A esta barrera se suma que es un mercado que opera en el entorno digital, donde se hacen los contactos y se ponen los anuncios. Un escenario donde la intermediación de terceras personas queda oculta tras plataformas web y redes sociales, lo que complica que se puedan obtener pruebas directas.

Por último, al ser una actividad ejercida “a puerta cerrada” en pisos privados impide la entrada de las fuerzas de seguridad, salvo que exista un consentimiento explícito de las moradoras o lo autorice un juez.

La pornografía, puerta de entrada a la prostitución

La memoria de la Fiscalía de Cantabria pone el foco en el complejo escenario de invisibilización de este tipo de delitos. Los continuos desplazamientos de mujeres incrementan su aislamiento y añaden opacidad al oscuro negocio. También complica que intervengan las entidades sociales que luchan contra la prostitución.

En Cantabria, son principalmente tres. APLEC Inclusión Mas Igualdad es una de ellas. Frente a las complejas definiciones legales que separan la trata, la explotación sexual y la prostitución, Silvia Cifrián, abogada de APLEC en Cantabria explica que “estas realidades no son compartimentos estancos, sino manifestaciones de una misma forma de violencia machista en la que no existe espacio para el consentimiento”.

Ellos acuden acude periódicamente a los clubes y pisos donde se ejerce la prostitución. Tienen un equipo de trabajadoras sociales, psicólogas y más de veinte voluntarias que ofrecen “un espacio seguro de escucha sin juzgar ni coaccionar a las mujeres” porque “ya bastante coacción están sufriendo”, como apuntan las trabajadoras sociales Nadia y Elsa. Sucede especialmente con “mujeres procedentes de contextos muy vulnerables” donde la explotación sexual campa a sus anchas, apuntan.

Su tarea es construir una relación de confianza con las mujeres para proporcionarlas asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación laboral y apoyo social y administrativo. Intentan hacerles ver que existen alternativas viables para cuando decidan o puedan cambiar de vida.

Para ayudar en ese proceso, APLEC tiene dos pisos de acogida, cada uno con cuatro plazas para alojar a mujeres e incluso a menores de hasta 14 años a su cargo. Estas viviendas proporcionan a las mujeres tiempo y seguridad para “reflexionar y reorientar su proyecto vital lejos de la coacción de las redes”.  Además, como la organización funciona también en otras comunidades autónomas se pueden hacer traslados cuando la integridad o seguridad de una mujer se ve amenazada aquí en Cantabria.

En el plano legislativo y social, APLEC reivindica la aprobación urgente de una ley integral para la abolición de la prostitución -la LOASP todavía a la espera de tramitación parlamentaria- que garantice “respuestas coordinadas en materia sanitaria, social y de seguridad, al tiempo que penalice el consumo de sexo de pago y persiga cualquier forma de lucro a costa del cuerpo de las mujeres”.

El equipo que trabaja en Cantabria considera que es urgente “desnormalizar el consumo prostitucional y educar a la juventud en un concepto sano de sexualidad y consentimiento”.

Las profesionales alertan de que la pornografía actúa como la principal puerta de entrada al mercado del sexo de pago entre los adolescentes y recuerdan que “comprar sexo no forma parte de una buena educación sexual”, por lo que instan a la ciudadanía a involucrarse activamente en la erradicación de esta forma de explotación.

La Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de agentes de Asturias y Bilbao, ha detenido a más de una decena de personas en la comunidad tras una operación contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de las cuales cinco han ingresado en prisión.

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo -compuesto por más de un centenar de agentes- realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los registros se efectuaron en domicilios y en dos antiguos locales de alterne. Además, los agentes incautaron 200 plantas de marihuana ya preparada en cogollos.

“¿Aceptarías estas condiciones?”. Es la pregunta que Médicos del Mundo Castilla-La Mancha ha lanzado a algunos de los hombres que pasaban en la tarde de este martes por la toledana plaza de Zocodover.

Se trata de una acción que la ONG ha llevado a cabo con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este miércoles 23 de septiembre.

Así, diversas trabajadoras y voluntarias de la entidad han repartido sobres en cuyo exterior se recogían varias condiciones que los hombres aceptan de forma tácita cuando recurren a la prostitución. Entre ellas, ignorar las desigualdades que hacen posible la trata con fines de explotación sexual, normalizar que el ocio de unos se construya sobre la vulnerabilidad de otras o mirar hacia otro lado ante la violencia que sostiene el sistema prostitucional. “¿Aceptarías estas condiciones?”, es la reveladora pregunta que Médicos del Mundo planteaba.

“Con estos objetos queremos invitar a la reflexión y que las personas con las que vamos a entablar esa interacción tengan un poquito más de conocimiento de que es lo que pasa en esas situaciones en las que están esas mujeres”, explica Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo.

La explotación sexual se alimenta “del silencio y la indiferencia”

Una realidad que tiene rostro de “mujer, de niña, de persona en situación de vulnerabilidad y de desigualdad”. Y una realidad “que se alimenta del silencio, de la indiferencia y de quienes siguen considerando que los cuerpos pueden comprarse”, según proclamaba el manifiesto leído durante la concentración, a la que han asistido una treintena de personas, especialmente mujeres.

La explotación sexual de mujeres es una realidad que Nieto asegura que “no nos es ajena, que conocemos”, porque los prostíbulos o las mujeres prostituidas en la calle están a la vista, pero asegura que “no llegamos a conocer la profundidad de la vulneración de derechos a las que se someten estas mujeres”.

Según el Informe Global de Trata de Personas 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual continúa siendo uno de los principales fines de la trata, suponiendo el 36 % de los casos identificados. Además, el 61 % de las más de 202.478 víctimas detectadas a nivel global son mujeres y niñas, quienes, a su vez, constituyen el 92 % de las víctimas de explotación sexual. En España, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, en 2025, el 98,54 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual eran mujeres y niñas.

Médicos del Mundo ha atendido en Castilla-La Mancha a más de 600 víctimas de trata en lo que va de año

Médicos del Mundo CLM no dispone de datos de mujeres que sufren la trata en la región, pero Nieto asegura que sus delegaciones en Toledo. Albacete y Ciudad Real han atendido a más de 600 mujeres en lo que va de año.

El perfil de una mujer prostituida, aseguran desde la ONG, es claro: es una mujer que está en una situación de “extrema vulnerabilidad”, ya que proceden de situaciones de abusos y muchas de ellas son migrantes. “Son mujeres que están viviendo en la pobreza, que vienen de mucha precariedad, de mucha desigualdad económica y social”, explica la portavoz de la ONG, quien además incide en que “todo lo que sustenta la prostitución” es la desigualdad de género. “Es la base de que esto se dé y de que sea una realidad tan invisible y con tan pocos recursos”, asevera.

La reinserción de las víctimas, darles una oportunidad que les permita salir del escenario en el que están viviendo “es muy difícil”. “Como están en una situación de mucha vulnerabilidad, es muy difícil que se sientan con fuerzas o con la determinación para querer salir de ahí”.

Añade, además, que antes que la reinserción hay que dar unos pasos previos, como tener “una ley integral que haga detección, protección y que también haga recuperación y reparación”, asegura Lourdes Nieto, portavoz de Médicos del Mundo. Dicha norma permitiría que, una vez que las víctimas tomen la decisión de salir, puedan contar con los recursos necesarios y alternativas “reales” para dar el paso.

“Al final los recursos son muy limitados y si no hay un marco legislativo que lo ampare, pues claro, es todavía más difícil”.

Un protocolo para abordar “esta violencia”

En la concentración también ha estado presente Nuria Cogolludo, delegada provincial de la Consejería de Igualdad en Toledo, que ha destacado los dos principales objetivos que se han marcado desde la Mesa regional Contra la Trata, puesta en marcha el año pasado. “Los profesionales y la administración regional que estamos presentes queremos realizar una estrategia para abordar esta forma de violencia y, sobre todo, también queremos desarrollar un protocolo, que ya está esa mesa en marcha y es fundamentalmente lo que va a trabajar durante todo este tiempo”.

Médicos del Mundo continuará desarrollando actividades de formación y sensibilización a lo largo del año, incluyendo talleres con jóvenes en Albacete y Toledo, y jornadas especializadas como las próximas XIII Jornadas sobre Prostitución y Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual, que se celebrarán en formato online los días 6, 13 y 20 de octubre en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y contarán con expertas nacionales e internacionales en la materia.

Por su parte, El Consejo de Ministras y Ministros ha emitido una declaración institucional en la que habla de “la necesidad de reforzar los mecanismos de detección precoz y protección integral, particularmente en contextos donde concurren múltiples discriminaciones, como el racismo, la migración forzada o la discapacidad”. “De ahí que se incida en la necesidad de que los estados cuenten con las herramientas necesarias para posibilitar una acción rápida, eficaz y coordinada en beneficio de aquellas personas que ya se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad y que podrían llegar a ser víctimas de la trata de seres humanos y de la explotación sexual”.

La declaración recoge, asimismo, que la situación de Ceuta exige una atención prioritaria, ya que “las mujeres y niñas que llegan hasta la ciudad están en condiciones de extrema precariedad y desprotección”, unas circunstancias que “pueden ser aprovechadas por redes mafiosas y agresores para someterlas a trata y explotación sexual”. Por ello, el Gobierno de España subraya la importancia de reforzar las medidas de prevención, protección y asistencia integral, garantizando una respuesta pública firme, coordinada y centrada en sus derechos.

El próximo 23 de septiembre, vuelve la tercera edición del 'Los especímenes más antiguos del mundo', una concentración y performance que tendrá lugar a las 19.30 horas en la plaza de Santo Domingo de Guadalajara. Una actividad en marco del Día Internacional contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, un día que según Elisa San Miguel, presidenta de la Asociación Mujeres Siemprevivas de Guadalajara, “debería estar marcado también en la agenda feminista como el 8 de marzo o el 25 de noviembre”.

Esta concentración con enfoque performativo donde de nuevo van a sacar a la calle el que coloquialmente llaman el 'Museo de los Puteros', una exhibición con diez figuras pintadas de color metalizado, representativas de arquetipo putero: “El putero profesor, el papá de familia, el cocinero... representan que el perfil de putero puede ser cualquier persona”, apunta Elisa San Miguel a elDiario.es Castilla-La Mancha.

Además, para seguir con esta estética tipo museo también van a exponer paneles informativos con datos sobre la prostitución en España, también sobre cómo los puteros se relacionan entre ellos donde existen “capturas de pantalla que hemos hecho en foros de puteros, donde intercambian reseñas y las ubicaciones de distintos puntos de prostitución. Mostramos cuál es su lenguaje”, señala.

Matiza, que el nombre de 'Los especímenes más antiguos del mundo' -los puteros- hace referencia a “que la gente se refiere a la prostitución como el oficio más antiguo del mundo, pero nunca ha sido un oficio, es una de las formas más antiguas de violencia contra las mujeres y las niñas. Debemos preguntarnos cómo es posible que los que hayan sobrevivido sean los hombres que se sienten legitimados para explotar a las mujeres después de generaciones”.

Esta concentración está organizada por la Asociación Mujeres Siemprevivas Guadalajara, Comisiones Obreras, Izquierda Unida Guadalajara, AIKE Guadalajara, Partido Comunista Español y PSOE Guadalajara.

“Redirigir el foco a los puteros”

Asegura que España es “el tercer país mundial en consumo de prostitución, solo por detrás de Tailandia y Puerto Rico, el primero de la Unión Europea” y que “el foco tiene que estar en los verdaderos responsables de que se mantengan estas redes de trata, que son los puteros a los que mal llaman clientes”.

San Miguel explica que cada 23 de septiembre “se llenan las televisiones de especiales en los que se habla de cuántas bandas de proxenetas se han desarticulado, pero sigue quedando invisibilizado el debate público de los consumidores”, donde la sociedad “no tiene que preguntarse si las mujeres están en esos contextos de prostitución porque quieren o no, si tienen libertad de decisión”, sino “¿cómo es posible que un hombre se sienta sexualmente excitado en acostarse con una mujer que no le desea?”, apunta.

La presidenta de la Asociación Siemprevivas critica que “hayamos normalizado saber dónde están los puntos de prostitución en cada ciudad, en cada carretera, que cualquier hombre del mundo pueda saberlo aunque no conozca la zona y en media hora poder acceder al cuerpo de una mujer o una niña a cambio de dinero, sabiendo que ellas no le desean y no desean estar con él”.

La educación como barrera contra la prostitución

Elisa San Miguel señala que desde la perspectiva abolicionista de la prostitución proponen que “se trabajen proyectos educativos profundos, que se ha demostrado en otros países cómo se puede ir desnormalizando la idea de que eso está bien”. Ejemplifica, a través de la autora Beatriz Jimeno, cómo en el pasado en España la sociedad “rechazó la idea de tener personas con discapacidad en los circos, porque se dieron cuenta de que ridiculizarlas estaba mal. Hubo gente que pensó que vaya tontería, pero gracias a la educación se ha logrado integrar a esas personas y son ciudadanos de pleno derecho”.

Explica que “hay que educar a las nuevas generaciones para que les repudie el hecho de que alguien de su entorno consuma prostitución, que a los que la consumen les dé vergüenza reconocerlo”. Matiza que en el pasado “ocurría igual con el tabaco, donde se fumaba hasta en los hospitales, pero el marco legislativo que se hizo para acabar con el consumo en los espacios públicos se hizo desde la educación, sensibilizado a la gente. Hubo personas que se opusieron y decían que se iba a hundir el país, pero ya se ha visto que no ha sido así. Creemos que a través de un marco legislativo fuerte y de planes educativos también potentes sí que se puede reeducar a la sociedad, no es imposible”.

Para San Miguel la pornografía sigue siendo un problema que llevan “un montón de tiempo alertando” sobre cómo “los jóvenes se están educando y socializando sexualmente”: “Los hombres más jóvenes acuden a la prostitución para poder cumplir en el sexo las fantasías que aprenden de la pornografía porque las mujeres prostituidas son las únicas que no pueden decirles que no. Hay que educarles, dar educación sexoafectiva de calidad para que aprendan que lo bonito de las relaciones sexuales es sentir deseo recíproco”.

Enmiendas a la ordenanza municipal

Durante la presentación de la concentración se han anunciado enmiendas por parte de la asociación a la modificación de la Ordenanza Municipal de Convivencia del Ayuntamiento de Guadalajara, actualmente en tramitación.

Desde la Mujeres Siemprevivas consideran insuficiente el texto y reclaman, entre otras cuestiones, mayores herramientas jurídicas para actuar ante posibles actividades de prostitución en pisos y establecimientos que, según denuncian, estarían funcionando al margen de las licencias concedidas.

San Miguel ha cuestionado además que la prostitución se aborde dentro de una ordenanza de convivencia. “Se sigue también un poco como tratando de mandar a la ciudadanía el mensaje de que la prostitución hay que sacarla de la calle porque molesta”, ha señalado, frente a la consideración de la prostitución como una vulneración de derechos humanos de las mujeres y las niñas que defiende la asociación.

En este sentido, ha reclamado que “esta ordenanza blinde jurídicamente” a las personas que se encargan de ver qué es lo que está pasando en esta ciudad para que puedan tener más herramientas para poder perseguir lo que está pasando en los pisos y lo que está pasando en los locales.

Otro de los motivos de crítica al Ayuntamiento es la convocatoria de la Mesa de la Trata, prevista para este jueves, 24 de septiembre. San Miguel ha asegurado que la última reunión se celebró en febrero de 2025 y que las organizaciones llevaban alrededor de un año y medio reclamando una nueva convocatoria.

La presidenta de Siempre Vivas ha cuestionado que la convocatoria se produzca ahora y ha negado que la nueva ordenanza haya sido elaborada en colaboración con la Mesa de la Trata, pese a que el Ayuntamiento ha defendido públicamente que la reforma ha contado con el trabajo de este órgano.

“Todo para las feministas, pero sin las feministas”, ha resumido San Miguel, quien ha lamentado que las organizaciones no hayan participado, a su juicio, en la elaboración de una norma que ahora les obliga a presentar enmiendas.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas y ha dado por desarticulada una red en la isla de Gran Canaria dedicada a la captación de menores extranjeras no acompañadas alojadas en centros de acogida para su explotación sexual en la península o en Francia.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado este martes, la investigación se inició tras tener conocimiento de la situación de una menor tutelada que logró regresar a España desde Francia y relató que había sido captada mediante la promesa de un supuesto trabajo.

A partir de ese momento, los investigadores detectaron la existencia de otros casos similares de menores que abandonaban los centros sin su documentación personal y que, pocas horas después, aparecían vinculadas a vuelos con destino a distintos puntos de la península.

La Guardia Civil detectó un patrón común de actuación por parte de la organización, que aprovechaba la especial vulnerabilidad de las menores, muchas de ellas sin arraigo familiar en España, con barreras idiomáticas y con la intención de abandonar Canarias para trabajar o llegar a otros países europeos.

Simulaban intentar ayudarlas para salir de los centros, les facilitaban documentos de identidad o de viaje no coincidentes con su verdadera identidad y organizaban sus desplazamientos por vía aérea y terrestre.

Los investigadores han constatado la existencia de un reparto de funciones dentro del grupo muy diferenciadas. Algunos integrantes se encargaban de contactar con las menores o facilitar el contacto desde el interior de los centros; otros gestionaban la documentación, la distribución de efectos o la compra de billetes y otros acompañaban a las víctimas hasta el aeropuerto para asegurar que accedieran a la zona de embarque y su posterior traslado a sus destinos finales.

Fue clave detectar varios desplazamientos de menores desde el aeropuerto de Gran Canaria utilizando identidades falsas. En algunos casos, los investigados acompañaban a las menores hasta los filtros de seguridad y controlaban el acceso a la zona restringida, lo que permitió a los agentes confirmar que las salidas no respondían a fugas aisladas, sino a un plan organizado y repetido en el tiempo.

Gracias a esta operación, que culminó el pasado 29 de julio, la Guardia Civil ha conseguido liberar a dos víctimas y evitar la fuga de otras cuatro menores de edad, impidiendo que abandonaran las islas siguiendo el mismo procedimiento utilizado en casos anteriores.

Los integrantes del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) con sede en Canarias de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas practicaron cinco entradas y registros en distintos puntos de Gran Canaria y detuvieron a cinco personas, una de ellas menor de edad.

En los registros intervinieron abundante documentación de interés y efectos relacionados con los hechos investigados, así como terminales móviles, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

La investigación ha sido dirigida por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria Plaza número 3 y continúa abierta.

El Ayuntamiento de Cuenca ha abierto un periodo de consulta pública de cara a dotarse de una ordenanza municipal contra la prostitución y la explotación sexual con perspectiva abolicionista.

Según el aviso publicado por el Consistorio conquense en el tablón de anuncios, firmado por la concejala de Servicios Sociales, Estela Soliva, esta ordenanza pretende, por un lado, “erradicar” la prostitución y otras formas de trata y explotación sexual en el municipio de Cuenca y, por otro, proteger los derechos de las mujeres víctimas de esta situación.

Noy hay regulación municipal sobre esta materia y el ayuntamiento plantea que, “teniendo en cuenta el contexto de explotación y violencia en el que viven las mujeres en situación de prostitución”, se considera “procedente” establecer medidas encaminadas a su defensa y protección.

Consulta pública a la ciudadanía

Esta consulta está dirigida a toda la ciudadanía conquense y a las organizaciones que puedan verse afectadas por la norma, que tendría como objetivo reforzar la prevención, la atención a las mujeres en situación de explotación, la coordinación entre servicios municipales y cuerpos de seguridad, y la actuación frente a prácticas vinculadas al proxenetismo.

Las aportaciones deberán presentarse por escrito, en el plazo máximo de 20 días hábiles, en sede electrónica o en los registros municipales del Ayuntamiento, el Centro de Recepción de Turistas y la Oficina de Recaudación.

Agentes de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife han detenido de tres hombres como presuntos autores de un delito de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores, en el marco de una investigación que ha permitido liberar a una menor de edad víctima de explotación sexual.

Las investigación se inició en mayo de 2026 cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una menor de edad habría sido víctima de delitos relacionados con la prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores entre los años 2022 y 2024 en dos locales situados en la zona sur de la isla de Tenerife.

Las pesquisas permitieron constatar que los establecimientos investigados aparentaban desarrollar una actividad lícita, si bien en su interior realmente se sometía a las mujeres a explotación sexual coactiva, y se constató, a través de las declaraciones y manifestaciones de las víctimas y trabajadoras, cómo las mujeres, algunas de ellas en situación de vulnerabilidad, eran sometidas a control permanente.

Entre las normas impuestas figuraban un estricto horario laboral y un régimen disciplinario interno con numerosas obligaciones, cuyo incumplimiento conllevaba la imposición de sanciones, muchas veces de tipo económico, reforzando así el control ejercido sobre las víctimas.

Por todo ello, y tras obtener la perceptiva autorización judicial, los agentes practicaron dos entradas y registros en los locales investigados, actuaciones que culminaron con con la detención de tres hombres como presuntos autores de un delito de explotación sexual, prostitución y corrupción de menores.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la investigación continúa abierta para la localización de nuevas víctimas y la identificación de otros posibles implicados.

Colaboración ciudadana

La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades relacionadas con la trata de personas, así como las víctimas pueden ponerse en contacto a través del teléfono 900 10 50 90 o en el correo trata@policía.es y donde la información será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntas responsables de los delitos de trata y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre una mujer que podría estar siendo explotada sexualmente tras ser captada en su país de origen mediante una falsa oferta laboral. Según la Policía, llegó a España el pasado mes de marzo junto a su hijo menor, aunque tuvo que separarse de él al ser convencida de que no podía permanecer con ella en el lugar donde iba a residir.

Una vez trasladada a Zaragoza, la mujer descubrió que el supuesto empleo prometido no existía. En su lugar, fue obligada a ejercer la prostitución y a gestionar varios teléfonos y páginas web utilizadas para anunciar servicios sexuales. La víctima intentó rechazar esta situación, pero su vulnerabilidad económica y social, la deuda contraída con quienes facilitaron su viaje y el hecho de encontrarse sola en un país desconocido la empujaron a permanecer bajo el control de la organización.

Según la investigación, las personas detenidas se quedaban con la mitad del dinero obtenido de la explotación sexual de la mujer y aumentaban constantemente la deuda con cargos por desplazamientos, alojamiento, manutención o material. Además, estaba sometida a jornadas de hasta veinte horas diarias y debía permanecer disponible para atender a los demandantes de prostitución a cualquier hora.

La mujer logró contactar con un teléfono de ayuda especializado en la atención a víctimas de explotación sexual y trata. Pese a las amenazas recibidas, que incluían la posibilidad de ser denunciada ante las autoridades y expulsada del país, consiguió escapar aprovechando un descuido de sus captores y acudió a una entidad de apoyo, donde fue atendida y asesorada.

Tras presentar denuncia, la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) inició las pesquisas que culminaron el pasado 3 de junio con la detención de las tres personas investigadas. Todos ellos quedaron en libertad tras declarar ante la autoridad judicial. La Policía recuerda que la trata con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y anima a las víctimas o a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos a denunciarlos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Son los datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Unos datos que reflejan que en La Rioja, los delitos que vulneran derechos fundamentales han dejado de ser una realidad lejana.

De hecho, hasta hace poco la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era un fenómeno estadísticamente invisible en la región. Durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el casillero de víctimas a cero. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2025 con un total de 27 víctimas de trata laboral y 18 detenidos por este motivo. En cambio, y atendiendo al número de víctimas de explotación laboral, el peor año de los analizados en La Rioja fue 2024 con 25 víctimas, frente las 5 de 2022 y ninguna en 2021, 2023 y 2025. Operaciones tras las que se detuvo a diez personas en 2024 y tres en 2022.

La explotación sexual: un riesgo silencioso que se multiplica por ocho

Por otra parte, y en el capítulo de trata de seres humanos y explotación sexual, las cifras registradas en La Rioja describen una realidad de alerta permanente. Las cifras absolutas de víctimas de trata o explotación sexual en La Rioja se mantienen mínimos de uno o dos casos por año. Sin embargo, las inspecciones administrativas han aumentado un 225 por ciento, pasando de cuatro inspecciones en 2021 a 13 en 2025. Más inspecciones que han permitido detectar más personas en situación de riesgo que se han multiplicado por ocho al pasar de 12 en 2021 a 98 en 2025.

El estudio también recoge los matrimonios forzados, mendicidad o actividades delictivas forzadas y, en el caso de La Rioja, el documento reporta cero casos e incidencias en los años analizados.

Las cifras

En cuanto a las cifras, del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. 

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. 

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Trata y explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados, criminalidad y mendicidad 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos.

El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de once integrantes de la organización criminal y la liberación de dos víctimas, según informa la Policía en un comunicado.

La red captaba a mujeres en España, de origen latinoamericano, mediante falsas promesas y eran trasladadas entre distintos clubes para ser explotadas sexualmente. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado. En los registros practicados en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se intervinieron documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.  

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes hechos susceptibles de constituir delito. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes.

Las pesquisas permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres en nuestro país en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente.

Los clubes utilizados para la explotación sexual estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Violencia, hostigamiento y control en jornadas de más de 13 horas

Una vez llegaban a los clubes, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según se ha acreditado durante la investigación, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos del 50%. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes.

Los agentes constataron un clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas. Según se desprende de las actuaciones, algunas de ellas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Los investigadores comprobaron igualmente la absoluta coordinación existente entre los miembros de la organización, encargados tanto del traslado de las mujeres entre provincias como de la gestión y control de los establecimientos. Todos ellos desempeñaban funciones concretas y rotaban constantemente entre los tres clubes para dificultar la detección de la actividad delictiva.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo en el mes de mayo de 2026, cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1). Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Condiciones insalubres y control total en los clubes

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las deficientes condiciones de habitabilidad en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la difusión eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.

Mujeres obligadas a tener sexo durante 12 horas sin descanso. Prostíbulos camuflados entre pisos de alquiler. Amenazas religiosas, deudas inasumibles o embarazos indeseados. Todo con tal de que escapar parezca una misión imposible. El pasado mes de abril, la Policía Nacional desarticuló dos redes de trata instaladas en distintos puntos de Madrid: una en Tetuán y la otra, en Ciudad Lineal. En esta última, de hecho, era una adolescente de 15 años quien ejercía de recepcionista, llegando a atender hasta a 100 clientes diarios por llamada telefónica.

Como resultado de ambas operaciones se ha detenido a once personas acusadas de delitos de trata, blanqueo de capitales y organización criminal. Las pesquisas comenzaron en octubre del año pasado, cuando los agentes recibieron la denuncia de una de sus víctimas. La mujer explicó que había sido engatusada para viajar desde su país de origen y, luego, obligada a prostituirse o tener sexo sin protección, siempre a gusto del cliente. Para retenerlas y evitar que escaparan las coaccionaban con santería, amenazas con ritos oscuros y supuestos maleficios, provenientes de esta religión afrocaribeña.

En muchos casos, podían ser explotadas sexualmente durante 12 horas sin descanso. Aunque las dos redes desmanteladas son independientes entre sí y con distintos cabecillas, en ambos casos estaba prohibido abandonar los pisos. No fue hasta el pasado mes de abril que los agentes lograron entrar en los domicilios y liberaron a cuatro víctimas.

“Las organizaciones criminales que estamos detectando suelen alquilar viviendas, ya sea a su propietario o subarrendándolas a un tercero. Estos pueden ser o no conscientes de las actividades que se llevan a cabo en sus pisos pero, en estos casos, la ley no exige responsabilidades para el dueño”, detalla Víctor de las Heras, jefe de la Sección de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y una de las personas a cargo de esta operación.

Coacciones con santería y sexo sin protección

Además de la primera víctima que acudió a ellos, una segunda afectada contactó con ellos para denunciar lo que ocurría en otro prostíbulo de Madrid, con un modus operandi similar. En su caso, afirmaba que todo empezó cuando una conocida le incitó a subir contenido sexual a una página web erótica, donde compartió una foto desnuda a un hombre que le ofrecía empleo. Eso sí, como “trabajadora sexual”.

La denunciante ha llegado a trabajar en tres domicilios distintos durante doce horas sin pausa. Solo podía descansar durante la noche, y con cuidado de no despertar a los vecinos. “Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y a qué se dedicaban”, reza el comunicado policial que informa de las detenciones, difundido este lunes.

Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. En este caso, los agentes efectuaron tres entradas y registros en los domicilios utilizados como prostíbulo y pudieron liberar a tres mujeres.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

Un teniente coronel de la Guardia Civil figura como investigado en una causa de la Audiencia Nacional contra la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales que vuelve a tener el prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, entre los principales objetivos de las pesquisas. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron la pasada semana a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel, y el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.

El teniente coronel, que responde a las iniciales de J.L.G.M., no fue arrestado y ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que mantiene secretas las actuaciones. Tras la declaración, el juez ha impuesto al oficial la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La causa se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próxima al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja, una mujer de nacionalidad búlgara y socia del dueño de Vive Madrid. El juez De Jorge dictó el pasado viernes prisión incondicional para los cuatro detenidos, entre ellos la pareja del teniente coronel y el dueño de Vive Madrid.

Los registros y las detenciones de la semana pasada se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

El teniente coronel investigado tiene su destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Su imputación provocará la apertura de una información reservada, previa al expediente. La normativa interna indica que la instrucción de ese pendiente se detendrá a la espera de una resolución judicial firme.

Los agentes de Asuntos Internos han detectado consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También han quedado en libertad con cargos y sin pasaporte.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne, sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 40 personas de dos entramados criminales, uno dedicado a la extorsión del sicario y otro a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se han ejecutado nueve registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura, incautando tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Además se ha conseguido liberar a tres mujeres. Una vez los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició en mayo del año 2025 a través de una denuncia de una víctima que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacia pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante. 

Núcleo operativo en Valencia

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos. 

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la fase extorsiva. Les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas. 

Jugaban con el componente de la vergüenza y el temor a que el círculo cercano de las víctimas supieran que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran cantidades relevantes de dinero.

Conexión con otra rama asentada en Fuerteventura

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. 

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. Los investigadores pudieron acreditar la existencia de un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Los investigadores descubrieron que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Así pudieron constatar que el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos. 

Peleas de gallos, un método de blanqueo de dinero

En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las mulas, encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar a las mulas por cada apertura de cuenta o línea.

Finalmente, en la base de la red, se encontraban las mulas que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. 

Los principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identidad y localización en entornos de difícil acceso, utilizando intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.

40 detenidos y tres mujeres liberadas

Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Finalmente, se detuvieron 38 personas, decretando la autoridad judicial que cinco ingresaran en prisión provisional. Los delitos que se les imputa a los presuntos autores son extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. 

Por otro lado, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, ingresando ambas en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

La Policía Nacional ha detenido, en el barrio zaragozano de Delicias, a dos personas --un hombre y una mujer-- como supuestos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral, en una operación que ha logrado liberar a cuatro mujeres extranjeras víctimas de trata. La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició en enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación, ha informado la Policía Nacional.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada 'madame' les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda o tomar decisiones.

Estas mujeres eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones eran incluso forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los demandantes de prostitución y las amenazaban con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento y fueron acompañadas a una comisaría para denunciar los hechos.

Además, la investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional ha recordado que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control. Asimismo, ha reiterado que cualquier información relacionada con posibles situaciones de trata o explotación puede comunicarse de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico 'trata@policia.es', habilitado específicamente para la colaboración ciudadana en este ámbito.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Mallorca una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. L'entramat captava les víctimes mitjançant falses ofertes de feina a Espanya i, un cop al país, les sotmetia a prostitució forçada sota un règim d'amenaces, coaccions i control permanent.

En el marc de l'operació, els agents de l'Institut Armat han alliberat dotze dones que feia anys que eren explotades sexualment i han detingut cinc persones –quatre homes i una dona–, tots residents a Mallorca, per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

La investigació apunta que l'organització podria haver explotat al voltant de mig centenar de dones. Les víctimes eren obligades no només a exercir la prostitució, sinó també a transportar i consumir substàncies estupefaents per poder treballar, en molts casos per exigència directa dels clients.

Les dones vivien en un clima de por constant, sotmeses a amenaces, intimidacions i vigilància contínua per part dels membres de la xarxa. La seva situació administrativa irregular les impedia acudir als serveis sanitaris, policials o assistencials, cosa que reforçava el seu aïllament i vulnerabilitat.

El control sobre les víctimes era absolut: havien de romandre disponibles en tot moment per a la prestació de serveis sexuals. L'organització obtenia beneficis tant del cobrament directe d'aquests serveis com de la venda de potenciadors sexuals i drogues, consumides habitualment pels clients.

Un cop identificats els responsables i esclarit el funcionament de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va dur a terme tres entrades i registres en diferents domicilis de Mallorca, cosa que va permetre la desarticulació definitiva de l'organització, que operava en diversos municipis de l'illa.

Durant els registres, els agents van intervenir diners en efectiu, dosis de substàncies estupefaents preparades per a la venda i diverses armes de foc, entre elles escopetes i rifles.

Falses ofertes de feina com a mètode de captació

La investigació ha revelat que les dones eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals, en les quals se'ls prometia feina al sector de l'hostaleria a Espanya. No obstant això, a la seva arribada eren obligades a exercir la prostitució.

Després de les detencions, es va activar el protocol de protecció a les víctimes. Les dones van ser traslladades a dependències segures, on se'ls va informar dels seus drets i es va iniciar un procés d'assistència integral.

La Guàrdia Civil no descarta que noves declaracions permetin esclarir altres mètodes de captació i trasllat, així com la possible implicació de més persones en l'organització. L'operació ha estat desenvolupada per l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears, amb la participació del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ), amb seu a Madrid.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. El entramado captaba a las víctimas mediante falsas ofertas de trabajo en España y, una vez en el país, las sometía a prostitución forzada bajo un régimen de amenazas, coacciones y control permanente.

En el marco de la operación, los agentes del Instituto Armado han liberado a doce mujeres que llevaban años explotadas sexualmente y han detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, todos ellos residentes en Mallorca, por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres. Las víctimas eran obligadas no solo a ejercer la prostitución, sino también a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder trabajar, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Las mujeres vivían en un clima de miedo constante, sometidas a amenazas, intimidaciones y vigilancia continua por parte de los miembros de la red. Su situación administrativa irregular las impedía acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que reforzaba su aislamiento y vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era absoluto: debían permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y drogas, consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Falsas ofertas de trabajo como método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, en las que se les prometía empleo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, a su llegada eran obligadas a ejercer la prostitución.

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral.

La Guardia Civil no descarta que nuevas declaraciones permitan esclarecer otros métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más personas en la organización. La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Balears, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.