La Policía Nacional ha liberado en Zaragoza a una mujer víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha detenido a tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntas responsables de los delitos de trata y pertenencia a grupo criminal. La investigación comenzó después de que los agentes recibieran información sobre una mujer que podría estar siendo explotada sexualmente tras ser captada en su país de origen mediante una falsa oferta laboral. Según la Policía, llegó a España el pasado mes de marzo junto a su hijo menor, aunque tuvo que separarse de él al ser convencida de que no podía permanecer con ella en el lugar donde iba a residir.

Una vez trasladada a Zaragoza, la mujer descubrió que el supuesto empleo prometido no existía. En su lugar, fue obligada a ejercer la prostitución y a gestionar varios teléfonos y páginas web utilizadas para anunciar servicios sexuales. La víctima intentó rechazar esta situación, pero su vulnerabilidad económica y social, la deuda contraída con quienes facilitaron su viaje y el hecho de encontrarse sola en un país desconocido la empujaron a permanecer bajo el control de la organización.

Según la investigación, las personas detenidas se quedaban con la mitad del dinero obtenido de la explotación sexual de la mujer y aumentaban constantemente la deuda con cargos por desplazamientos, alojamiento, manutención o material. Además, estaba sometida a jornadas de hasta veinte horas diarias y debía permanecer disponible para atender a los demandantes de prostitución a cualquier hora.

La mujer logró contactar con un teléfono de ayuda especializado en la atención a víctimas de explotación sexual y trata. Pese a las amenazas recibidas, que incluían la posibilidad de ser denunciada ante las autoridades y expulsada del país, consiguió escapar aprovechando un descuido de sus captores y acudió a una entidad de apoyo, donde fue atendida y asesorada.

Tras presentar denuncia, la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades (UCRIF) inició las pesquisas que culminaron el pasado 3 de junio con la detención de las tres personas investigadas. Todos ellos quedaron en libertad tras declarar ante la autoridad judicial. La Policía recuerda que la trata con fines de explotación sexual constituye una grave vulneración de los derechos humanos y anima a las víctimas o a cualquier persona que tenga conocimiento de estos hechos a denunciarlos.

La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en 2025 a un total de 1.869 víctimas de redes de trata y de explotación sexual o laboral, entre ellas 28 menores. Este balance es el resultado de 413 operaciones, que desembocaron en la detención de 1.056 personas y la desarticulación de 112 organizaciones y grupos criminales. También se llevaron a cabo 6.775 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo. Son los datos del Resumen ejecutivo anual de trata y explotación de seres humanos 2025, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Unos datos que reflejan que en La Rioja, los delitos que vulneran derechos fundamentales han dejado de ser una realidad lejana.

De hecho, hasta hace poco la trata de seres humanos con fines de explotación laboral era un fenómeno estadísticamente invisible en la región. Durante los años 2021, 2022, 2023 y 2024 las fuerzas de seguridad del Estado mantuvieron el casillero de víctimas a cero. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en 2025 con un total de 27 víctimas de trata laboral y 18 detenidos por este motivo. En cambio, y atendiendo al número de víctimas de explotación laboral, el peor año de los analizados en La Rioja fue 2024 con 25 víctimas, frente las 5 de 2022 y ninguna en 2021, 2023 y 2025. Operaciones tras las que se detuvo a diez personas en 2024 y tres en 2022.

La explotación sexual: un riesgo silencioso que se multiplica por ocho

Por otra parte, y en el capítulo de trata de seres humanos y explotación sexual, las cifras registradas en La Rioja describen una realidad de alerta permanente. Las cifras absolutas de víctimas de trata o explotación sexual en La Rioja se mantienen mínimos de uno o dos casos por año. Sin embargo, las inspecciones administrativas han aumentado un 225 por ciento, pasando de cuatro inspecciones en 2021 a 13 en 2025. Más inspecciones que han permitido detectar más personas en situación de riesgo que se han multiplicado por ocho al pasar de 12 en 2021 a 98 en 2025.

El estudio también recoge los matrimonios forzados, mendicidad o actividades delictivas forzadas y, en el caso de La Rioja, el documento reporta cero casos e incidencias en los años analizados.

Las cifras

En cuanto a las cifras, del total de víctimas, 858 fueron captadas por redes criminales organizadas de trata de seres humanos, mediante engaño, violencia o abuso de una situación de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual, laboral, matrimonios forzados, mendicidad y comisión de actividades delictivas.

1.015 más son víctimas sometidas también a procesos de explotación sexual en entornos de prostitución, o laboral, con condiciones de restricción o violación de sus derechos, aunque en su caso no se ha podido demostrar que hubiesen llegado a esa situación por la intervención de una red organizada de trata de personas.

Según se recoge en el balance, fueron un total de 374 las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual, dos de ellas menores de edad. El perfil mayoritario es el de mujeres de entre 23 y 27 años procedentes de Colombia, Venezuela y China. En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual, sin la concurrencia de redes de trata de personas, el número se eleva a 397 (13 menores), mayoritariamente mujeres de 23 a 27 años, originarias de Colombia, Paraguay y Venezuela. 

Las 189 operaciones policiales llevadas a cabo en el ámbito de la trata y explotación sexual culminaron con la desarticulación de 87 grupos y organizaciones criminales y la detención de 656 personas, la mayoría de nacionalidad española. 

Además, en 2025 la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 1.734 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, una labor que permitió identificar a 7.830 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos, con un perfil mayoritario de mujer, de entre 33 y 37 años, de nacionalidad colombiana, española y rumana.

Trata y explotación laboral

En cuanto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas fueron 393, tres de ellas menores. El perfil mayoritario de víctima es un hombre, de 23 a 27 años, natural de Nepal, India y Marruecos.

Las víctimas rescatadas de situaciones de explotación laboral, pero sin la concurrencia de redes de trata de seres humanos, fueron 618, cuatro de ellas menores de edad, y con un perfil similar: hombre de entre 28 a 32 años, procedente de Colombia, Marruecos e India.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitió desarticular en este caso 23 organizaciones criminales en el ámbito de la trata y explotación laboral, que culminaron con la detención de 384 personas.

Durante 2024, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizaron 5.041 inspecciones administrativas en centros de trabajo, que permitieron la identificación de 17.195 trabajadores.

Trata para matrimonios forzados, criminalidad y mendicidad 

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan también para combatir la trata de seres humanos con otras finalidades distintas de la explotación laboral y sexual. A lo largo de 2025 intervinieron en un caso de trata con fines de matrimonios forzados, con una víctima menor de edad, de nacionalidad rumana. La operación terminó con la detención de cuatro personas.

También se ha actuado en seis atestados de trata dirigida a la criminalidad forzada, que han hecho posible la liberación de 92 víctimas, en su mayoría mujeres ucranianas, captadas para cometer estafas en casas de apuestas de juego online. Las operaciones culminaron con 18 detenidos.

El informe ejecutivo incluye dos operaciones contra la trata con fines de mendicidad, que permitieron la liberación de dos víctimas (una española y otra rumana) y la detención de siete personas.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La operación se ha saldado hasta el momento con la detención de once integrantes de la organización criminal y la liberación de dos víctimas, según informa la Policía en un comunicado.

La red captaba a mujeres en España, de origen latinoamericano, mediante falsas promesas y eran trasladadas entre distintos clubes para ser explotadas sexualmente. Las víctimas eran sometidas a condiciones abusivas, restricciones de libertad, amenazas y un férreo control por parte de los miembros del entramado. En los registros practicados en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1), se intervinieron documentación sobre la explotación, armas blancas, sustancias estupefacientes y cerca de 7.000 euros en efectivo.  

La investigación se inició a raíz de las declaraciones prestadas por dos víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes hechos susceptibles de constituir delito. A partir de dichas manifestaciones, así como las medidas judiciales acordadas y las diferentes gestiones policiales practicadas, los investigadores pudieron determinar la existencia de una organización criminal de origen principalmente dominicano, perfectamente estructurada y con un claro reparto de funciones entre sus integrantes.

Las pesquisas permitieron identificar una red de captadores encargada de localizar mujeres en nuestro país en situación de vulnerabilidad, especialmente con carencias económicas y cargas familiares, a quienes ofrecían falsas promesas laborales para posteriormente trasladarlas a clubes gestionados por la organización donde eran explotadas sexualmente.

Los clubes utilizados para la explotación sexual estaban ubicados en las provincias de Valladolid, Salamanca y Palencia. Las víctimas eran desplazadas continuamente entre los distintos clubes con el objetivo de dificultar la actuación policial y evitar su detección y liberación.

Violencia, hostigamiento y control en jornadas de más de 13 horas

Una vez llegaban a los clubes, las víctimas comprobaban que las condiciones reales no se correspondían con las inicialmente pactadas. Según se ha acreditado durante la investigación, los clubes permanecían cerrados con llave durante el día para impedir que abandonaran el recinto, tenían prohibido pasar el día libre fuera del establecimiento y debían cumplir extensas jornadas obligatorias en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada, prolongándose incluso más tiempo si así lo requerían los clientes.

Asimismo, de los beneficios obtenidos por los servicios sexuales, las víctimas percibían menos del 50%. En algunos casos, las mujeres ni siquiera eran informadas previamente de las condiciones y eran obligadas directamente a ejercer la prostitución tras su llegada a los clubes.

Los agentes constataron un clima continuado de violencia, hostigamiento y control sobre las víctimas. Según se desprende de las actuaciones, algunas de ellas no recibían alimentación si no ejercían la prostitución.

Los investigadores comprobaron igualmente la absoluta coordinación existente entre los miembros de la organización, encargados tanto del traslado de las mujeres entre provincias como de la gestión y control de los establecimientos. Todos ellos desempeñaban funciones concretas y rotaban constantemente entre los tres clubes para dificultar la detección de la actividad delictiva.

La fase de explotación de la operación se llevo a cabo en el mes de mayo de 2026, cuando se procedió a la detención de 11 miembros de la red criminal en las provincias de Valladolid (6), Madrid (2), Palencia (2) y Salamanca (1). Además, se practicaron cuatro diligencias de entradas y registros en las provincias de Valladolid (2), Salamanca (1) y Palencia (1).

Condiciones insalubres y control total en los clubes

Durante los registros, los agentes intervinieron abundante documentación relacionada con la explotación sexual, contabilidad de beneficios y deudas de las mujeres. También se localizaron transferencias monetarias, teléfonos móviles, armas blancas y alrededor de 7.000 euros en efectivo.

Entre los efectos hallados en uno de los clubes destaca un manual en el que se recogían instrucciones precisas sobre el funcionamiento del establecimiento y el control de las mujeres, tales como la obligación de entregar las llaves de las habitaciones al bajar, la prohibición de salir con clientes fuera del local o el pago anticipado de los servicios sexuales a los encargados de los respectivos clubes.

Los agentes comprobaron además las deficientes condiciones de habitabilidad en las que residían las víctimas. Las estancias comunes presentaban un grave estado de suciedad, falta de higiene y carencias básicas de salubridad, llegando a localizarse insectos y trampas para ratas, todo ello con un entorno de explotación y sometimiento.

Durante la operación también se hallaron evidencias de un presunto delito contra la salud pública al localizar diversas sustancias, entre ellas speed y medicamentos para la difusión eréctil distribuidos sin control sanitario ni receta médica.

Fruto de las inspecciones y actuaciones policiales en los clubes desarrolladas durante la investigación, han sido localizadas e identificadas más de un centenar de mujeres ejerciendo labores de alterne y prostitución desde el año 2021, encontrándose más del 75% de ellas en situación irregular. El día de la explotación de la operación fueron identificadas 15 mujeres, ocho de las cuales se encontraban en situación irregular.

Mujeres obligadas a tener sexo durante 12 horas sin descanso. Prostíbulos camuflados entre pisos de alquiler. Amenazas religiosas, deudas inasumibles o embarazos indeseados. Todo con tal de que escapar parezca una misión imposible. El pasado mes de abril, la Policía Nacional desarticuló dos redes de trata instaladas en distintos puntos de Madrid: una en Tetuán y la otra, en Ciudad Lineal. En esta última, de hecho, era una adolescente de 15 años quien ejercía de recepcionista, llegando a atender hasta a 100 clientes diarios por llamada telefónica.

Como resultado de ambas operaciones se ha detenido a once personas acusadas de delitos de trata, blanqueo de capitales y organización criminal. Las pesquisas comenzaron en octubre del año pasado, cuando los agentes recibieron la denuncia de una de sus víctimas. La mujer explicó que había sido engatusada para viajar desde su país de origen y, luego, obligada a prostituirse o tener sexo sin protección, siempre a gusto del cliente. Para retenerlas y evitar que escaparan las coaccionaban con santería, amenazas con ritos oscuros y supuestos maleficios, provenientes de esta religión afrocaribeña.

En muchos casos, podían ser explotadas sexualmente durante 12 horas sin descanso. Aunque las dos redes desmanteladas son independientes entre sí y con distintos cabecillas, en ambos casos estaba prohibido abandonar los pisos. No fue hasta el pasado mes de abril que los agentes lograron entrar en los domicilios y liberaron a cuatro víctimas.

“Las organizaciones criminales que estamos detectando suelen alquilar viviendas, ya sea a su propietario o subarrendándolas a un tercero. Estos pueden ser o no conscientes de las actividades que se llevan a cabo en sus pisos pero, en estos casos, la ley no exige responsabilidades para el dueño”, detalla Víctor de las Heras, jefe de la Sección de Investigación de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid y una de las personas a cargo de esta operación.

Coacciones con santería y sexo sin protección

Además de la primera víctima que acudió a ellos, una segunda afectada contactó con ellos para denunciar lo que ocurría en otro prostíbulo de Madrid, con un modus operandi similar. En su caso, afirmaba que todo empezó cuando una conocida le incitó a subir contenido sexual a una página web erótica, donde compartió una foto desnuda a un hombre que le ofrecía empleo. Eso sí, como “trabajadora sexual”.

La denunciante ha llegado a trabajar en tres domicilios distintos durante doce horas sin pausa. Solo podía descansar durante la noche, y con cuidado de no despertar a los vecinos. “Si alguna víctima tenía intención de abandonar el negocio, eran coaccionadas y amenazadas con desvelar su identidad y a qué se dedicaban”, reza el comunicado policial que informa de las detenciones, difundido este lunes.

Los clientes accedían al domicilio con un código para abrir la puerta y tenían bonos con ofertas que se podían utilizar sin límite de tiempo. En este caso, los agentes efectuaron tres entradas y registros en los domicilios utilizados como prostíbulo y pudieron liberar a tres mujeres.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

Un teniente coronel de la Guardia Civil figura como investigado en una causa de la Audiencia Nacional contra la trata de seres humanos y el blanqueo de capitales que vuelve a tener el prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, entre los principales objetivos de las pesquisas. Los agentes del Servicio de Asuntos Internos (SAI) del instituto armado detuvieron la pasada semana a cuatro personas, entre ellas la pareja del teniente coronel, y el dueño de Vive Madrid, Ángel Crispín Gilaranz, pendiente de ser juzgado en otro caso por un gigantesco fraude a Hacienda mediante el cobro con tarjeta a los clientes.

El teniente coronel, que responde a las iniciales de J.L.G.M., no fue arrestado y ha prestado declaración este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, que mantiene secretas las actuaciones. Tras la declaración, el juez ha impuesto al oficial la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

La causa se instruye por los delitos de explotación sexual, blanqueo de capitales, organización criminal y delitos fiscales. Fuentes próxima al caso apuntan a que el teniente coronel no está investigado por trata ni por pertenecer a la organización criminal sino por la gestión de los beneficios de los delitos cometidos por su pareja, una mujer de nacionalidad búlgara y socia del dueño de Vive Madrid. El juez De Jorge dictó el pasado viernes prisión incondicional para los cuatro detenidos, entre ellos la pareja del teniente coronel y el dueño de Vive Madrid.

Los registros y las detenciones de la semana pasada se extendieron por Madrid, Barcelona, Gijón y Castellón. Las pesquisas abarcan a prostíbulos ubicados en las tres primeras de estas ciudades. La Audiencia Nacional es el tribunal competente para investigar el caso porque el blanqueo de capitales se habría realizado a nivel internacional, con la implicación de terceros países, caso de República Dominicana.

El teniente coronel investigado tiene su destino en la Jefatura de Fiscal y Fronteras de la Dirección General de la Guardia Civil. Su imputación provocará la apertura de una información reservada, previa al expediente. La normativa interna indica que la instrucción de ese pendiente se detendrá a la espera de una resolución judicial firme.

Los agentes de Asuntos Internos han detectado consultas en las bases de datos del Cuerpo por parte del teniente coronel acerca de posibles investigaciones a su mujer antes de que fuera detenida. La pareja mantenía un alto nivel de vida en una localidad del noroeste de Madrid. Entre los investigados no detenidos también están los padres de K. K, iniciales de la pareja del guardia civil, y un hijo de la mujer, fruto de una relación anterior. También han quedado en libertad con cargos y sin pasaporte.

Vive Madrid y la Operación Pompeya

El prostíbulo Vive Madrid, uno de los más grandes de la capital, está ubicado en el distrito de Tetuán y ya fue el epicentro de la operación Pompeya, desarrollada en 2016 y pendiente aún de juicio. La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para Crispín Gilaranz por la trama de fraude en el cobro a los clientes con tarjeta. Estos pagaban un 10% adicional y, a cambio, no facturaba el local de alterne, sino una madeja de sociedades en el extranjero con los que la sociedad que regía el prostíbulo defraudaba a Hacienda.

El magistrado José Luis Calama abrió en junio de 2023 juicio oral contra treinta personas, entre ellas Gilaranz, por delitos fiscales que superaban los 111 millones de euros. En la operativa fraudulenta habrían participado otros cuatro dueños de prostíbulos repartidos por España. Están acusados de haber instalado un sistema de pago con tarjeta, con 136 terminales de cobro, que dirigía las ganancias a una sociedad instrumental.

En total, según el sumario de aquella operación, la trama controlaría a 2.000 mujeres que eran vigiladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que pasaban con cada cliente. Gilaranz aparece en las escuchas telefónicas hablando de los clientes VIP que frecuentaban los servicios de prostitución, en el local o a domicilio, entre los que había un torero y varios futbolistas.

Según publicó El Español en 2016, Gilaranz comenzó en el negocio de la prostitución en los años noventa y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 40 personas de dos entramados criminales, uno dedicado a la extorsión del sicario y otro a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Se han ejecutado nueve registros domiciliarios en la provincia de Valencia y Fuerteventura, incautando tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 3.600 euros. Además se ha conseguido liberar a tres mujeres. Una vez los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de siete de ellos.

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de Castellón, se inició en mayo del año 2025 a través de una denuncia de una víctima que tras solicitar servicios sexuales a través de internet recibió una llamada de una persona que se hacia pasar por jefe del club de las mujeres anunciadas. Durante la misma, el supuesto jefe le reprochó haberles hecho perder el tiempo y le exigió el abono inmediato de un importe aproximado de 5.000 euros, por las molestias y la deuda generada a través de un discurso coercitivo y amenazante. 

Núcleo operativo en Valencia

Avanzadas las pesquisas, comprobaron que había 80 denuncias con un patrón similar por todo el territorio nacional. Tras varias averiguaciones, se pudo ubicar el núcleo operativo de la organización en la zona de Valencia, desde donde gestionaban la captación, comunicación intimidatoria y canalización de los abundantes beneficios obtenidos. 

El modus operandi de esta organización consistía en publicar masivamente anuncios falsos de mujeres en páginas webs de citas y una vez que contactaban con los teléfonos asociados, iniciaban la fase extorsiva. Les hacían creer a los perjudicados que habían contraído una deuda con el prostíbulo o con las personas encargadas de seguridad por no acudir a la cita o haber faltado el respeto a las empleadas. 

Jugaban con el componente de la vergüenza y el temor a que el círculo cercano de las víctimas supieran que consumían servicios sexuales, siendo una herramienta de la red para presionarles a que abonaran cantidades relevantes de dinero.

Conexión con otra rama asentada en Fuerteventura

Este entramado estaba vinculado con una pareja asentada en Fuerteventura que explotaba sexualmente a mujeres captadas mediante falsas ofertas laborales difundidas en redes sociales y portales de contactos. 

Las víctimas eran trasladadas desde la península y otras islas, siendo sometidas a condiciones abusivas, control permanente, restricción de movimientos y dependencia total de los explotadores. Los investigadores pudieron acreditar la existencia de un sistema de explotación estructurado, con rotación constante de mujeres en situación administrativa irregular y beneficios económicos elevados.

Los investigadores descubrieron que tenían un acuerdo que consistía en suministrar información de sus clientes para su posterior extorsión. Así pudieron constatar que el grupo asentado en la isla canaria facilitaba a la otra red datos de los usuarios de los servicios sexuales a cambio de 50 euros por cada uno de ellos. 

Peleas de gallos, un método de blanqueo de dinero

En la cúspide de la organización se situaban los principales responsables que dirigían, administraban y distribuían el dinero, publicaban y renovaban los anuncios y ejecutaban las amenazas y comunicaciones extorsivas. En el siguiente nivel actuaban los captadores de las mulas, encargados de reclutarlas, dirigirlas y gestionar las comisiones que se debían enviar a las mulas por cada apertura de cuenta o línea.

Finalmente, en la base de la red, se encontraban las mulas que aportaban su documentación para la apertura de líneas telefónicas a su nombre y de cuentas bancarias, recibiendo estas los pagos de las víctimas. La organización tenía un alto nivel de desarrollo y capacidad operativa, obteniendo importantes beneficios económicos por estos hechos que blanqueaban en otras actividades criminales como el tráfico de drogas y las peleas ilegales de gallos. 

Los principales miembros adoptaban medidas de autoprotección para dificultar su identidad y localización en entornos de difícil acceso, utilizando intermediarios, rotación de líneas y múltiples cuentas de pago.

40 detenidos y tres mujeres liberadas

Durante la fase de explotación en Valencia se realizaron ocho registros domiciliarios donde se localizaron e intervinieron tres plantaciones de marihuana indoor, 11 gallos de peleas, dos armas cortas de fuego y 1.700 euros en efectivo. Finalmente, se detuvieron 38 personas, decretando la autoridad judicial que cinco ingresaran en prisión provisional. Los delitos que se les imputa a los presuntos autores son extorsión, organización criminal, blanqueo de capitales, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y maltrato animal. 

Por otro lado, se llevó a cabo un registro en un piso-prostíbulo, donde se intervinieron cuatro terminales telefónicos utilizados para la publicidad y la comunicación con clientes, 1.600 euros y documentación acreditativa de los hechos. Fueron detenidas dos personas, ingresando ambas en prisión provisional por los delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, relativos a la prostitución y favorecimiento de la inmigración irregular. Además, tres víctimas de trata de seres humanos fueron liberadas.

Hay una “gran disparidad de datos” sobre las mujeres que son víctimas de trata, tanto en el todo el país como en Castilla-La Mancha. Así lo ha denunciado la consejera de Igualdad del Gobierno regional, Sara Simón, quien ha lamentado que existan tan pocas cifras sobre la explotación sexual, una realidad a la que “nuestra sociedad todavía no ha querido afrontar o no ha querido mirar”.

Concretamente, ha afirmado que, según datos del Ministerio de Interior, en el año 2023 en Castilla-La Mancha solamente hubo 10 víctimas de trata. Por otro lado, asociaciones que han estado trabajando sobre el terreno, en concreto In Género, estiman que en el año 2024 hubo en Castilla-La Mancha 1.963 víctimas de trata, mientras que Médicos del Mundo arroja la cifra de 400.

“Esto significa que hay una gran disparidad de datos sobre la mesa y que es muy necesario que nos pongamos a colaborar para intercambiarnos la información y para poder saber cuál es esa radiografía que tenemos en la región”, ha reclamado con motivo de la reunión en Toledo de la Mesa Técnica contra la Trata con Fines de Explotación Sexual.

Los datos de los que dispone el Gobierno castellanomanchego apuntan que las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha rondan entre los 23 y los 32 años, proceden en su mayoría de países de Latinoamérica y la deuda que mantienen con las personas que las explotan tiene más que ver con su situación de “irregularidad”.

Respecto a la procedencia, ha insistido en que están llegando más mujeres procedentes de Latinoamérica y las redes que estaban traficando o que ejercían este delito en los países del Este “están dejando de funcionar”.

Las principales razones para seguir obligando a estas mujeres no tienen tanto que ver “con la deuda física que pueden contraer, sino con la situación de irregularidad en la que se encuentran”. Incluso hay mujeres que llegan con documentación, a las que se les roba el pasaporte y “la situación de indefensión que tienen es muy grande”.

También, es destacable las amenazas sobre la familia o la descendencia que tienen en los países de origen. Las redes sociales y la nueva ciberprostitución también está afectando “de una manera especial a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual y también hace más difícil, por otra parte, poder acceder o poder llegar a estas mujeres”.

Muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento

Se ha detectado “el traslado de la obligación de ejercer la prostitución en puticlubs a pisos particulares”, a los que “es muy difícil acceder” por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “El movimiento de las mujeres es muy alto y muchas veces es muy difícil poder mantener una situación de acompañamiento por demasiado tiempo”, ha precisado la consejera del ramo.

En este punto, ha señalado que cuando “los proxenetas ven que en un piso están llegando, por ejemplo, personas que pertenecen a una entidad y que están trabajando con las mujeres”, las cambian o trasladan a otros entornos.

Asimismo, ha demandado “avanzar y ahondar en poner en marcha herramientas legales” que permitan acabar con la trata con fines de explotación sexual y también acabar con la prostitución. “No todas las mujeres que son obligadas a ejercer la prostitución son víctimas de la trata, pero desde luego que sí que todas las mujeres que son víctimas de la trata con fines de explotación sexual acaban en la prostitución”, ha afirmado.

Tierra “de paso” y “de destino” para las redes de trata

En lo que también hay que trabajar, según Simón, “es en que no haya demanda de prostitución, porque solamente cuando no haya demanda no va a haber oferta”. “No va a haber personas que se sientan con el deseo ilícito de ofrecer a mujeres como si fuesen mercancía para obtener un beneficio económico”, ha aseverado.

Castilla-La Mancha es “una tierra de paso y una tierra de destino para las redes de trata con fines de explotación sexual”, un corredor de tránsito, especialmente en la zona que va desde Toledo a Ciudad Real y también, por supuesto, en la carretera de Levante.

Hay establecimientos en los que se ejerce la prostitución que no se cierran porque “no hay una herramienta legal para que así se pueda hacer”. Todos estos establecimientos están dados de alta de manera legal, con licencias de hoteles o de locales de ocio, ha remarcado Simón.

La Policía Nacional ha detenido, en el barrio zaragozano de Delicias, a dos personas --un hombre y una mujer-- como supuestos responsables de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, detención ilegal, coacciones y contra la integridad moral, en una operación que ha logrado liberar a cuatro mujeres extranjeras víctimas de trata. La investigación, desarrollada por agentes especializados en la lucha contra la trata, se inició en enero tras la detección de dos mujeres extranjeras que presentaban claros indicadores de explotación, ha informado la Policía Nacional.

Tras una entrevista especializada y bajo la protección de identidad reservada, ambas relataron haber sido captadas en su país de origen en una situación de extrema vulnerabilidad económica, donde se les ofreció un supuesto empleo y una oportunidad de comenzar una nueva vida en España.

La organización se encargaba de gestionar el viaje, facilitando billetes de avión y dinero para el desplazamiento. Sin embargo, una vez en España, eran trasladadas a un piso en el barrio de Delicias de Zaragoza, donde les retiraban la documentación y les comunicaban que habían contraído una deuda de 7.000 euros por los gastos del viaje, que debían saldar ejerciendo la prostitución.

La denominada 'madame' les obligaba a realizar sesiones fotográficas con ropa íntima y a anunciarse en páginas web de contenido sexual. Las víctimas permanecían vigiladas de forma permanente mediante cámaras de seguridad, sin libertad para abandonar la vivienda o tomar decisiones.

Estas mujeres eran sancionadas económicamente por cualquier queja, lo que incrementaba la deuda, y en ocasiones eran incluso forzadas a consumir sustancias estupefacientes con los demandantes de prostitución y las amenazaban con represalias hacia sus familias y con su supuesta deportación, generando un clima constante de miedo y sometimiento.

Finalmente, lograron recuperar sus pasaportes y abandonar la vivienda sin dinero ni apenas efectos personales. En una situación de absoluta desprotección, acudieron a una entidad social especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, donde recibieron acogida y asesoramiento y fueron acompañadas a una comisaría para denunciar los hechos.

Además, la investigación permitió detectar la inminente llegada de otras dos mujeres en idénticas circunstancias, estableciendo un dispositivo de vigilancia que culminó con la localización del piso y la liberación de estas nuevas víctimas.

En este mismo operativo, el pasado 3 de febrero, los agentes detuvieron la mujer que ejercía el control directo sobre ellas y, posteriormente, del segundo implicado en las inmediaciones.

La Policía Nacional ha recordado que la trata de seres humanos es un delito grave que atenta contra la dignidad y la libertad de las personas, castigado con penas de prisión elevadas. Este tipo de organizaciones se aprovechan de situaciones de necesidad y vulnerabilidad, utilizando el engaño, la deuda y la intimidación como mecanismos de control. Asimismo, ha reiterado que cualquier información relacionada con posibles situaciones de trata o explotación puede comunicarse de forma totalmente confidencial a través del correo electrónico 'trata@policia.es', habilitado específicamente para la colaboración ciudadana en este ámbito.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

La Guàrdia Civil ha desarticulat a Mallorca una organització criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en situació administrativa irregular, la majoria joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. L'entramat captava les víctimes mitjançant falses ofertes de feina a Espanya i, un cop al país, les sotmetia a prostitució forçada sota un règim d'amenaces, coaccions i control permanent.

En el marc de l'operació, els agents de l'Institut Armat han alliberat dotze dones que feia anys que eren explotades sexualment i han detingut cinc persones –quatre homes i una dona–, tots residents a Mallorca, per la seva presumpta implicació en delictes de tràfic d'éssers humans, tràfic de drogues i blanqueig de capitals.

La investigació apunta que l'organització podria haver explotat al voltant de mig centenar de dones. Les víctimes eren obligades no només a exercir la prostitució, sinó també a transportar i consumir substàncies estupefaents per poder treballar, en molts casos per exigència directa dels clients.

Les dones vivien en un clima de por constant, sotmeses a amenaces, intimidacions i vigilància contínua per part dels membres de la xarxa. La seva situació administrativa irregular les impedia acudir als serveis sanitaris, policials o assistencials, cosa que reforçava el seu aïllament i vulnerabilitat.

El control sobre les víctimes era absolut: havien de romandre disponibles en tot moment per a la prestació de serveis sexuals. L'organització obtenia beneficis tant del cobrament directe d'aquests serveis com de la venda de potenciadors sexuals i drogues, consumides habitualment pels clients.

Un cop identificats els responsables i esclarit el funcionament de l'entramat delictiu, la Guàrdia Civil va dur a terme tres entrades i registres en diferents domicilis de Mallorca, cosa que va permetre la desarticulació definitiva de l'organització, que operava en diversos municipis de l'illa.

Durant els registres, els agents van intervenir diners en efectiu, dosis de substàncies estupefaents preparades per a la venda i diverses armes de foc, entre elles escopetes i rifles.

Falses ofertes de feina com a mètode de captació

La investigació ha revelat que les dones eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes laborals, en les quals se'ls prometia feina al sector de l'hostaleria a Espanya. No obstant això, a la seva arribada eren obligades a exercir la prostitució.

Després de les detencions, es va activar el protocol de protecció a les víctimes. Les dones van ser traslladades a dependències segures, on se'ls va informar dels seus drets i es va iniciar un procés d'assistència integral.

La Guàrdia Civil no descarta que noves declaracions permetin esclarir altres mètodes de captació i trasllat, així com la possible implicació de més persones en l'organització. L'operació ha estat desenvolupada per l'Àrea de Delictes contra les Persones de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil a les Balears, amb la participació del Grup de Reserva i Seguretat (GRS), la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància (USECIC) i la Unitat Tècnica de Policia Judicial (UTPJ), amb seu a Madrid.

La Guardia Civil ha desarticulado en Mallorca una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación administrativa irregular, la mayoría jóvenes procedentes de Sudamérica, principalmente de Colombia. El entramado captaba a las víctimas mediante falsas ofertas de trabajo en España y, una vez en el país, las sometía a prostitución forzada bajo un régimen de amenazas, coacciones y control permanente.

En el marco de la operación, los agentes del Instituto Armado han liberado a doce mujeres que llevaban años explotadas sexualmente y han detenido a cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, todos ellos residentes en Mallorca, por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la organización podría haber explotado a alrededor de medio centenar de mujeres. Las víctimas eran obligadas no solo a ejercer la prostitución, sino también a transportar y consumir sustancias estupefacientes para poder trabajar, en muchos casos por exigencia directa de los clientes.

Las mujeres vivían en un clima de miedo constante, sometidas a amenazas, intimidaciones y vigilancia continua por parte de los miembros de la red. Su situación administrativa irregular las impedía acudir a los servicios sanitarios, policiales o asistenciales, lo que reforzaba su aislamiento y vulnerabilidad.

El control sobre las víctimas era absoluto: debían permanecer disponibles en todo momento para la prestación de servicios sexuales. La organización obtenía beneficios tanto del cobro directo de dichos servicios como de la venta de potenciadores sexuales y drogas, consumidas habitualmente por los clientes.

Una vez identificados los responsables y esclarecido el funcionamiento del entramado delictivo, la Guardia Civil llevó a cabo tres entradas y registros en distintos domicilios de Mallorca, lo que permitió la desarticulación definitiva de la organización, que operaba en varios municipios de la isla.

Durante los registros, los agentes intervinieron dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes preparadas para su venta y varias armas de fuego, entre ellas escopetas y rifles.

Falsas ofertas de trabajo como método de captación

La investigación ha revelado que las mujeres eran captadas en sus países de origen mediante falsas ofertas laborales, en las que se les prometía empleo en el sector de la hostelería en España. Sin embargo, a su llegada eran obligadas a ejercer la prostitución.

Tras las detenciones, se activó el protocolo de protección a las víctimas. Las mujeres fueron trasladadas a dependencias seguras, donde se les informó de sus derechos y se inició un proceso de asistencia integral.

La Guardia Civil no descarta que nuevas declaraciones permitan esclarecer otros métodos de captación y traslado, así como la posible implicación de más personas en la organización. La operación ha sido desarrollada por el Área de Delitos contra las Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en Balears, con la participación del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y la Unidad Técnica de Policía Judicial (UTPJ), con sede en Madrid.

Desactivada una organización criminal que se dedicaba a traer mujeres desde distintos países de América del Sur, entre ellos Venezuela y Colombia, a la localidad de Roquetas de Mar, en Almería, para su explotación sexual. En el operativo han sido liberadas seis víctimas y ha habido ocho detenidos, a los que se les atribuye los delitos de trata de seres humanos, explotación sexual y pertenencia a organización criminal.

En el marco de la operación Alaragua, la Guardia Civil inició la investigación en octubre del 2024 gracias a la colaboración ciudadana que puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una posible organización criminal de este tipo en el sur andaluz. Cuatro de los detenidos se encuentran en prisión provisional.

'Modus operandi' del grupo criminal

Trasladaban a mujeres desde Venezuela y Colombia hasta España, y una vez en territorio nacional las dirigían hasta el municipio almeriense. Desde ese punto eran transportadas a diferentes ciudades, ejerciendo un control constante sobre ellas.

En algunas ocasiones las acompañaban y en otras, a través de teléfonos móviles, les indicaban las instrucciones sobre los lugares a los que ir, sus hospedajes y los servicios que tenían que prestar. De esta forma, mantenían la organización, el control y la gestión del dinero recaudado por sus servicios.

Tras descubrir estos hechos se organizó un dispositivo en el que los agentes llevaron a cabo registros en los domicilios de los presuntos autores, localizando pruebas e indicios importantes relacionados con la actividad criminal que llevaban a cabo.

Esta operación, en la que ha colaborado el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Guardia Civil de Almería, está tutelada por los Juzgados de Roquetas de Mar y la Fiscalía Delegada de Extranjería. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Hace mucho tiempo que lo que ocurre entre las paredes del número 127 del Paseo de las Delicias, el portal que nunca se cierra, dejó de ser un secreto. Ni bien guardado ni a voces, la actividad del bloque es sencillamente una realidad que conocen la inmensa mayoría de vecinos en esta zona del barrio de Legazpi, en el corazón del distrito de Arganzuela. Las primeras quejas vecinales e informaciones en medios de comunicación se remontan a principios de los noventa. Desde entonces, aparecen periódicamente noticas sobre denuncias de residentes o intervenciones policiales. La última, el pasado octubre, dejó seis clientes detenidos por la Policía Nacional. Pero nada erradica el negocio de explotación sexual en el edificio.

Al menos, ninguna de las actuaciones desarrolladas hasta ahora por las autoridades. Porque la actividad ha vuelto a pleno rendimiento solo un mes después de que los agentes identificaran a 140 personas. El jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Madrid, Víctor de las Heras, relató en declaraciones recogidas por Europa Press que al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución. Las inspecciones en las viviendas comprobaron que en algunas se instalaron temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

Es lo que encontraron en un importante dispositivo con agentes de la Brigada de Extranjería, la Unidad de Intervención Policial, la de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social. Además de los seis antes citados, hubo diez arrestos más por infringir la Ley de Extranjería. Una dinámica policial enfocada en el componente migratorio que no ha servido para frenar el problema en un edificio que las mafias han hecho suyo y que ha vivido repetidas redadas en las últimas décadas, la mayor en 2018.

Un problema enquistado por el garantismo de la legislación y la connivencia de la propiedad

La falta de una legislación que castigue el consumo de prostitución y la necesidad de que sean las víctimas de trata (o su representante legal si son menores) quienes denuncien, como recoge el artículo 191 del Código Penal, dificultan el desarrollo de los procedimientos judiciales. El Consejo de Seguridad de la Junta Municipal de Arganzuela ha abordado igualmente la cuestión en repetidas ocasiones, sin dar con un modo de atajarlo. Burdeles similares han ido retrocediendo en la zona, como el del portal 10 de la calle Enrique Trompeta. Pero en los bloques colindantes al Paseo de las Delicias, 127 (con 16 pisos dedicados en su totalidad a la explotación sexual), la indignación vecinal ha pasado a convertirse en un hartazgo resignado. Ahora, una palabra de siniestras implicaciones para la mayoría de barrios se presenta aquí como una última bala después del escaso éxito de las administraciones: un fondo de inversión.

Es la comidilla del entorno: un comprador mexicano estaría interesado en adquirir el inmueble y rehabilitarlo, en una zona en expansión revitalizada gracias a la renaturalización de la M-30 y el empuje cultural de Matadero Madrid. El reverso negativo ha sido el imparable aumento del precio del alquiler en Arganzuela: un 50% en cinco años y un 4,4% estos últimos doce meses (hasta un 6% en el barrio de Legazpi), según recoge el portal inmboliario Idealista.

La cuestión es clave, ya que la connivencia e incluso el amparo de la propiedad de la familia propietaria del bloque con la actividad que en él se desarrolla ha sido clave para mantenerla. “A mí personalmente no me molesta”, llegó a declarar un dueño en palabras recogidas por la prensa. El bloque pertenece a tres hermanos, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejerce la prostitución en cada habitación de los 16 apartamentos. Según una vecina, “uno de los hermanos ha estado siempre muy implicado y lleva años enfrentado a los otros dos”.

Rumores y quejas: “Sigue el trasiego de gente”

Durante los 45 minutos que Somos Arganzuela permanece en el portal, acceden al bloque unos ocho hombres y lo abandonan cinco. Lo hacen a plena tarde y, la mayoría de ellos, con botellas o latas de cerveza en la mano. Se les puede ver entrar y salir con total naturalidad, incluso comenzar a subir la escalera. Al fondo del portal, una pintada recoge el mensaje “toca el timbre”. Casi nadie lo hace.

En un momento dado, un hombre cambia los cubos de residuos. Preguntado acerca de si trabaja en el lugar, lo niega: “Solamente me dedico a esto [sacar la basura], barro y hago compra. Me gano la vida”. Acepta la definición de “una especie de conserje”. Antes de ser inquerido sobre el futuro del negocio ilegal, saca el tema de la venta del edificio a la palestra: “Esto de aquí a mañana ya se cierra”, asegura. Un “mañana” que fija después en “enero o febrero”, una vez completada la cesión. “Esto lo heredaron varios hermanos y ahora hay unos mexicanos que están locos por el edificio. Desde la pandemia ha empezado a valer mucho más”, cuenta.

“Ya no hay problemas”, asegura este individuo en declaraciones a este periódico. Indica que desde la última intervención policial “las chicas trabajan con la puerta cerrada, antes la tenían abierta”. Sostiene que “ahora viene menos gente” y “ya no se meten los pillos que había antes”, aunque ello suponga que “las chicas ganan menos”. Cifra el número de mujeres en “quince o veinte”.

Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días

Los vecinos del Paseo de las Delicias son menos optimistas. Algunos también han oído “rumores” sobre la posible venta, pero después de tantos años no se hacen grandes esperanzas. Tampoco comparten esa supuesta normalización de la situación: “Siguen los ruidos, sigue la suciedad, siguen las redadas cada dos por tres, sigue el trasiego continuo de gente y sigue lo de tener que aguantar una cosa así al lado de tu casa todos los días”, lamenta un inquilino de una de las viviendas colindantes.

Otra residente es aún más dura: “A los cinco minutos de la última redada estábamos en las mismas. Yo no sufro los ruidos porque mi piso da al otro lado, pero la mierda en la entrada es una vergüenza. Aquí hay tráfico de personas, de drogas, se vende alchohol ilegalmente y en negro...”. En la visita de este medio, un camión comienza a descargar varias cajas de cerveza y unas jóvenes salen a recogerlas.

La vecina cree que hay “una mano negra” que evita el fin de la explotación sexual. Recuerda el caso de un edificio muy cercano, el número 133 de la misma vía, donde un negocio ilegal similar finalizó después de dos años y el bloque llegó a quedar sellado. “¿Por qué aquí no han conseguido lo mismo?”, se pregunta.

Pese a estas declaraciones vecinales, otras personas consultadas prefieren guardar silencio. En un negocio colindante, dedicado al sector inmobiliario, optan por no pronunciarse al respecto. Pertenecen a la marca más conocida en este campo. Todo un símbolo de otra lacra que corre por tantas zonas de Madrid y que aquí se presenta como la única solución a un problema enquistado que las administraciones no han resuelto. Como si a Legazpi, un barrio repleto de vida sociocultural, solo le quedara elegir susto o muerte entre la especulación y el estigma.

 Agentes de la Policía Nacional han liberado a siete mujeres explotadas sexualmente en Logroño en una operación contra una red dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las víctimas eran mujeres jóvenes procedentes de Brasil en situación de especial vulnerabilidad que tras ser captadas mediante el engaño eran forzadas a prostituirse en pisos prostíbulo.

El entramado las forzaba a mantener relaciones sexuales con menores, a consumir sustancias estupefacientes y a no rechazar ningún servicio aunque estuvieran con la menstruación. La operación ha terminado con la detención de los dos cabecillas de la red desmantelada.

La investigación se inició en el mes de junio de 2024 en Logroño, tras la interposición de una denuncia sobre un posible caso de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, poniendo de manifiesto la existencia de una posible red organizada. De forma prácticamente simultánea, se recibieron en Bilbao otras dos denuncias que presentaban un patrón delictivo coincidente con el caso de Logroño. 

La información obtenida a partir de las denuncias, sumado a las gestiones posteriores de los agentes, permitió detectar una organización criminal estructurada y jerarquizada con un reparto específico de funciones, dedicada a la captación, traslado, control y explotación sexual de mujeres.

El proceso de captación se iniciaba en Brasil, donde miembros del entramado seleccionaban a mujeres jóvenes que atravesaban situaciones de vulnerabilidad, necesidad y precariedad económica. Esta circunstancia aumentaba la probabilidad de aceptación de las falsas ofertas laborales que la organización ofrecía en España.

Una vez captadas, las víctimas eran puestas en contacto telefónico con la principal cabecilla de la red, residente en la ciudad de Logroño. Ella informaba a las mujeres sobre supuestos trabajos en nuestro país y les ofrecía cubrir los costes de viaje en caso de que no dispusieran de recursos económicos suficientes. Estos gastos se convertían posteriormente en una deuda que las víctimas debían saldar mediante el ejercicio forzado de la prostitución.

Control y normas estrictas

Ya en territorio español, las víctimas eran recogidas y trasladadas a un domicilio de la capital riojana utilizado para que las víctimas pernoctasen. Como medida de control, a su llegada al piso-prostíbulo se les retiraba el pasaporte, que quedaba bajo custodia de la líder de la organización y solo se les devolvía una vez cancelada la deuda adquirida. Desde allí debían trasladarse diariamente a otro inmueble cercano utilizado como piso-prostíbulo, donde se llevaba a cabo la explotación sexual.

Las víctimas estaban sometidas a normas estrictas y abusivas. La organización criminal, que se quedaba el 50% de los beneficios que generaban, las obligaba a estar disponibles en una jornada ininterrumpida de 10:00 a 23:00 horas, sin posibilidad de abandonar el piso salvo para servicios externos. Tenían prohibido cocinar, por lo que se veían obligadas a solicitar comida a domicilio, que además debía ser baja en calorías para no ganar peso y resultar así más atractivas a los puteros.

La explotación sexual era impuestos por el entramado sin posibilidad de que las mujeres pudieran rechazar ninguno de los abusos, incluso aquellos que solicitaban los clientes sin preservativo o durante los periodos de menstruación.

Relaciones sexuales con menores

En ocasiones, las víctimas fueron obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de edad, a sabiendas de la condición de estos. Además, en el interior del piso se traficaba con sustancias estupefacientes, que eran proporcionadas a petición de los clientes. La organización incluso incitaba al consumo por parte de las propias víctimas para mejorar su comportamiento ante la clientela.

Como parte del proceso de explotación, las mujeres eran obligadas a acudir a un fotógrafo designado por la red para la realización de fotografías en ropa sensual. Dichas imágenes eran utilizadas para la publicación de anuncios en plataformas de contenido sexual en Internet, controladas también por la organización.

Una vez finalizada la fase de investigación se puso en marcha un operativo en la ciudad de Logroño que permitió la detención de dos personas, la principal investigada y su pareja sentimental, identificados como integrantes de la cúspide de la organización y principales beneficiarios económicos de la explotación. Durante el operativo se intervino diversa documentación relacionada con la actividad ilícita y 3.400 euros en efectivo, además de localizarse y liberarse a cuatro víctimas que en ese momento estaban siendo explotadas sexualmente. A lo largo de la investigación se han detectado y liberado siete víctimas en total. 

“Con la trata no hay trato”

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.

A lo largo de este 25N han sido muchos los actos que se han organizado para poner el foco en la Violencia contra la Mujer. El Parlamento de La Rioja ha sido uno de ellos. Acto en el que se ha podido escuchar el testimonio de Paula (nombre ficticio). Una mujer que consiguió recuperar su vida con la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta. Y es que este año, la campaña se ha centrado en la trata con fines de explotación sexual. Paula se ha presentado en el Parlamento regional como una “superviviente de explotación sexual, pero sobre todo como una mujer que ha logrado reconstruirse gracias al acompañamiento de otras”.

“Pensé que ese era mi destino”

“Yo llegué a este país como muchas personas, buscando una oportunidad, una vida mejor, un futuro distinto para mí y para mi familia, pero ese sueño muy pronto se convirtió en pesadilla, ya que caí en una red de explotación sexual, que me arrebató todo, mi libertad, mi salud, mi vida y mi confianza”. Y en su relato, ha recordado que durante mucho tiempo pensó que no existía salida. “Pensé que ese era mi destino, pero un día algo cambió”, cuando se cruzó la Unidad Móvil de APRAMP -en la que ahora colabora-, y “me dieron una mirada que yo no recibía, me miraban como persona, no como mujer, no como un producto”. Ellas, “se acercaron a mí sin juzgarme, sin presionarme, sin hacerme sentir culpable y me ofrecieron información, apoyo, escucha y sobre todo una puerta abierta”, por lo que a partir de ahí “empecé a reconstruirme, a recuperar mi salud, mi autonomía, mi capacidad de decidir”.

Rocío Mora es la directora ejecutiva de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) y antes de la intervención de Paula ha aseverado que “una de las realidades más duras y persistentes en nuestra sociedad, como es la trata de seres humanos, que tiene rostro de mujer”. Una situación que genera “violencia extrema y organizada que destruye identidades, que destruye vidas y que destruye sueños”. Y la Asociación, ha dicho, “lleva más de tres décadas trabajando para centrar todas las actividades en la protección de los derechos de estas víctimas de explotación sexual y de otras formas de explotación, ofreciéndoles un apoyo, una asistencia integral a través de varios programas que son específicos y que están adaptados a sus necesidades”. Los protocolos logrados, muchos de ellos con el trabajo unido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y con otras administraciones han sido destacados por Mora, que les ha permitido “ser eficaces”. “Si es difícil que cualquier mujer salga de la violencia en el ámbito de la pareja, muchísimo más difícil es salir del ámbito de la esclavitud, de la trata de seres humanos”, ha apostillado.

Y en este sentido, ha valorado que “en lo que va de año, hemos conseguido abrir 1.235 lugares, que son los nichos en los que se esclaviza los cuerpos de las mujeres, y donde nos hemos encontrado a entre 15 y 20 mujeres. A ello, ha unido que ”hemos recibido 987 llamadas de emergencia“. No obstante, para Mora ”si queremos avanzar en la lucha contra la trata necesitamos una Ley integral; una ley que garantice la especialización, que prevea la prevención, que garantice la reparación del daño, pero sobre todo que den mayores instrumentos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.

También han intervenido en el acto el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán y la presidenta del Parlamento regional, Marta Fernández Cornago, que han estado acompañados por otros responsables políticos como el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín.

Fernández Cornago, que ha abierto el acto, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva e individual “porque juntos podemos construir una comunidad capaz de garantizar la libertad y la dignidad de las víctimas”. Se ha referido al tema que ha centrado la campaña de este año: la trata con fines de explotación sexual y ha advertido de que es “una afrenta para la dignidad humana y un grave problema para todo Estado, todo pueblo y toda comunidad”. “Una lacra que requiere un abordaje integral situando a la víctima en el centro, porque hablamos de violencia contra mujeres y niñas, de vulnerabilidad de las víctimas y de violencia de los derechos humanos”, ha asegurado.

Asimismo, ha recordado que una de las principales conclusiones del III Congreso Internacional sobre Trata de Seres Humanos celebrado el pasado mes de octubre en Madrid fue “clara y contundente” y es que “la trata de seres humanos es una forma de esclavitud contemporánea que exige respuestas inmediatas, coordinadas y globales”.

Además, ha expresado, para concluir, su deseo de que “este acto sea un recordatorio de que las víctimas no están solas, pero también un reconocimiento de la enorme dificultad que enfrentan”. “El camino hacia la recuperación y la libertad no es fácil. Es un proceso largo, doloroso y lleno de obstáculos”, ha añadido. En este sentido, ha asegurado que “este mensaje no es una promesa vacía, ni una respuesta rápida; es un compromiso real, respaldado por el trabajo incansable de todos los profesionales y agentes involucrados, que día a día luchan para que las víctimas encuentren un camino hacia una vida diferente, hacia la libertad y hacia la dignidad”.

“Luchar sin fisuras”

Gonzalo Capellán ha cerrado el acto institucional quien ha recordado que la campaña institucional “se centra en la trata de mujeres y la explotación sexual, que es la esclavitud del siglo XXI”, ante lo que hay que “luchar sin fisuras”. Ha asegurado que “no es un problema de personas de regiones, de países de España, es un problema global de conjunto de la sociedad en todo el mundo ya que según ha indicado la ONU más de 840 millones de mujeres en todo el mundo sufren algún tipo de violencia sexual o lo han sufrido”.

Para concluir, Capellán ha indicado que esta “esclavitud” de la trata de seres humanos “es la cosificación del ser humano, reducirla a un objeto”. De ahí, que en este día, “todas las personas, en todos los ámbitos de la sociedad y en todas las manifestaciones tenemos que redoblar ese compromiso para seguir luchando, para estar juntos y para dar fuerza a todas las personas, tanto las que lo habéis sufrido como todas las potenciales mujeres en cualquier momento la pueden sufrir”. El acto ha estado amenizado por el Coro Joven de la Escuela Piccolo y Saxo.

El número 127 del Paseo de las Delicias vuelve a protagonizar una operación contra la trata. La Policía Nacional ha iniciado este viernes un segundo operativo por explotación sexual en este bloque de pisos, situado en el distrito madrileño de Arganzuela y que hace siete años ya fue inspeccionado por los agentes por esta misma razón. Esta ocasión se ha saldado con 16 detenidos, seis acusados de ser clientes de un negocio ilícito y el resto, por infringir la Ley de Extranjería. Hasta 140 personas han sido identificadas.

La operación se llevó a cabo a finales del mes de octubre gracias a la colaboración ciudadana, que permitió situar el foco sobre una persona que podía ser víctima de trata de blancas. En 2018 y en el mismo edificio del Paseo de las Delicias se liberó a una veintena de mujeres por ser víctimas de lo que ya entonces se investigó como una trama de explotación sexual.

Con esta última denuncia se inició la vigilancia del edificio en una investigación que aún sigue en curso. Según ha relatado el jefe de la Sección de Investigación de Trata de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid, el inspector jefe Víctor de las Heras, al edificio acudían numerosas personas que buscaban beneficiarse de la prostitución que se ejercía en los 16 apartamentos del bloque.

El bloque de edificio es propiedad de tres personas diferentes, que cuentan con todos los papeles en regla y contratos de arrendamiento por vivienda, en las que posteriormente se ejercía la prostitución en cada habitación.

Las inspecciones en las viviendas han permitido comprobar que en algunas había instalados temporizadores en las puertas para que los proxenetas controlaran la duración de los servicios de las mujeres. Además, había instaladas cámaras de seguridad para seguir sus movimientos.

En el dispositivo han participado agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, de la Unidad de Intervención Policial, de la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y trabajadores de inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha enviado una carta al rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, ante la “sorpresa y preocupación” que le ha generado la existencia de lo que asegura que es “un ‘taller’ en dicho centro universitario que podría interpretarse como una guía para identificar mecanismos que permitan eludir la prohibición legal vigente en España” de los vientres de alquiler. Se trata de un curso dirigido al alumnado que desee adquirir “las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español” a bebés nacidos de vientres de alquiler en el extranjero. Así figuraba en la descripción original —ahora eliminada— de su página web a la que tuvo acceso elDiario.es esta misma semana a raíz de una denuncia de CCOO.

En respuesta a las preguntas de este diario, el centro defendió la existencia de este curso argumentando que “la universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión”. “Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”, argumentan. Además, esta tesis fue avalada por la Unidad de Igualdad de la Universidad y por una de las docentes que impartirá la formación. 

Ante esta justificación, el Ministerio responde que la libertad de cátedra “no puede tener como objetivo el otorgar herramientas para el incumplimiento del ordenamiento jurídico, y menos aún para el incumplimiento de normas que se encargan de evitar el abuso de situaciones de necesidad y la mercantilización de las mujeres y los menores”. En su carta, Bolaños hace un repaso de la normativa española y recuerda que “tanto la legislación como la jurisprudencia” se basan en dos consideraciones esenciales sobre la gestación subrogada: “Que implica una explotación de la mujer contraria a su dignidad y un daño a los intereses superiores del menor”. Por ello, el ministro reclama que el rector “actúe para impedir que su institución pueda amparar este tipo de prácticas”. 

La formación lleva por título “Microcredencial Universitaria Grandes Novedades en la Validez de la Gestación Subrogada en España”. Está prevista para el próximo diciembre y la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Una de las docentes que lo imparte es la catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, que publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la presentadora, que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

La Universidad Carlos III de Madrid ofrece una formación dirigida a alumnos que quieran aprender a asistir legalmente a personas que recurren a la gestación subrogada, una práctica prohibida en España. Según figuraba en la versión original –ahora retirada– de la descripción del curso en la página web del centro, a la que ha tenido acceso elDiario.es tras la denuncia de CCOO, en él “se adquirirán las competencias profesionales necesarias para ayudar a los padres o madres que quieren inscribir en el Registro Civil español la filiación determinada en el extranjero por gestación subrogada”. Según han trasladado a este periódico, ni la universidad ni su departamento de Igualdad ven problema en la existencia de este curso.

Tras la reciente eliminación de la frase que figuraba en la descripción original del curso, esta ha sido reemplazada por otra que, en el fondo, expresa lo mismo, aunque de forma más indirecta y con un lenguaje más técnico: “Se desarrollarán competencias orientadas a la asesoría jurídica en relación con la gestación subrogada y los problemas legales que plantea en el ámbito del Derecho Internacional Privado, español y comparado”.

Esta formación, prevista para el próximo diciembre, la impartirán la directora del Departamento de Derecho Social e Internacional Privado, Esperanza Castellanos Ruiz, y la Vicedecana de Orientación, María José Castellanos Ruiz. La matrícula cuesta 300 euros y consta de 16 horas de clase que se dan de manera no presencial, según figura en la página web. No se requiere de titulación universitaria para ser admitido y ofrece dos créditos a quienes la completen.

La abogada y activista feminista por los derechos de las mujeres y de los niños, Nuria González, se pregunta “qué utilidad tiene este curso”, ya que sostiene que “en realidad, no se explica la legalidad, porque esta es muy fácil en España, está prohibido”. Según expone González, la gestación subrogada no sólo es ilegal, sino que está penada con hasta cinco años de cárcel por el y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad durante hasta diez años. Esta misma pena también está contemplada “aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero”, según el Código Penal. Esa ilegalidad del contrato prevalece ante la posibilidad de que el padre biológico pueda reclamar al hijo como propio y adoptarlo. 

“Antes –continúa– se podía inscribir a los niños que nacidos por vientres de alquiler en los consulados de España de los países donde era legal”, pero “desde que se anuló la Instrucción del 5 de octubre del 2010 y se cambió por la del 1 de mayo de 2025, teóricamente ya no se puede hacer”. 

La Universidad avala el curso y argumenta “libertad de cátedra”

La Universidad Carlos III ha evitado responder a las preguntas remitidas por este periódico y se ha limitado a responder lo siguiente: “La universidad pública es y debe ser un espacio de respeto de los derechos y libertades protegidos constitucionalmente: libertad académica o de cátedra, de investigación y de estudio, así como la libertad de expresión. Tal respeto incluye la investigación y el estudio de todas las disciplinas jurídicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra Universidad, y en concreto, respecto de esta formación, la impartida desde el área de conocimiento del Derecho Internacional Privado”. Esa ha sido la respuesta remitida desde el Vicerrectorado de Comunicación, Cultura y Transparencia.

Asimismo, la Unidad de Igualdad tampoco ha respondido a las preguntas de este medio sobre cómo valoran esta formación en tanto que institución encargada de la defensa de los derechos de las mujeres en las aulas, o si consideran aceptable la banalización de la explotación reproductiva en la universidad pública. De hecho, María Carmen Pérez González, vicerrectora de Igualdad, se remite a la respuesta dada por la universidad, según ha comunicado a este medio.

La catedrática Esperanza Castellanos Ruiz, publicó en 2024 el trabajo titulado 'Novedades en torno a los efectos legales de la gestación subrogada según el derecho internacional privado español: El caso de Ana García Obregón'. En él, se analizan los conflictos normativos y los mecanismos del derecho internacional privado aplicables a esta materia, tomando como ejemplo un “supuesto extraordinario”: el caso de la conocida presentadora que decidió ser madre mediante gestación subrogada en Florida, a los 68 años, utilizando material genético de su hijo fallecido tres años antes.

Si bien la autora recurre a este caso “extraordinario” para ilustrar su análisis, no limita su estudio únicamente a él. El artículo aborda también la gestación subrogada en general, como práctica social. En las conclusiones, la catedrática señala: “Cerrar los ojos a la realidad y declarar nulos en España los contratos de gestación subrogada válidamente celebrados en el extranjero, sin más, puede suponer una solución desfasada con la realidad social, y debemos entenderla superada”.

Por su parte, María José Castellanos Ruiz ha escrito varios artículos académicos abordando la misma temática. En uno de ellos, habla de la posibilidad de adopción para los españoles que recurren a vientres de alquiler. Analiza la sentencia del Tribunal Supremo español del 31 de marzo de 2022 en relación con un caso de gestación por sustitución realizada en México. En ese fallo, el Supremo rechaza reconocer una filiación natural para una mujer española que había contratado un vientre de alquiler en el extranjero, dado que no existía conexión genética entre ella y el menor, pero concede la filiación mediante adopción. Es relevante señalar que este texto es anterior a la Instrucción del 1 de mayo de 2025.

“Cualquier hombre puede llegar a cualquier ciudad de España, colocarse en una parada de un taxi y preguntar dónde están las chicas. Seguramente, el taxista o la taxista, aunque le mire con un poco de estupefacción al principio, en 10 minutos le deja en un sitio de prostitución”.

Este ejemplo, que pone Elisa San Miguel, muestra hasta qué punto está normalizada la prostitución en España. “Que España sea el primer país en consumo de prostitución en la Unión Europea muestra hasta qué punto esto es un problema”. Ella es secretaria de Mujeres Siemprevivas, una asociación feminista que trabaja en Guadalajara para acabar con la prostitución. Precisamente, este 23 de septiembre, Día contra la Trata con Fines de Explotación Sexual, este colectivo ha realizado una concentración para poner el foco sobre los consumidores de prostitución, los “puteros”, como responsables de esta lacra, ya que, como afirman desde la asociación, “sin demanda no hay prostitución. Sin prostitución no hay trata”.

Y es que los datos muestran que ser consumidor de prostitución es algo muy extendido en España. “Las encuestas señalan que cuatro de cada 10 hombres reconocen haber consumido o consumir prostitución en este país. Nosotras siempre sospechamos que de los otros seis, pues tal vez haya alguno más que no se atreve a reconocerlo en una encuesta”, afirma San Miguel.

De hecho, está tan extendido que no se atreve a dar un perfil del putero en España: “Es muy difícil identificarlo. Al final caemos en el estereotipo de hombre desaliñado, mayor y solitario, cuando esto no es así. Hay chavales jóvenes de 25 años que acaban en pisos de prostitución sus noches de fiesta o empresarios que acaban sus negocios en prostíbulos para cerrar grandes acuerdos económicos. Es decir, no hay un perfil exacto y esto nos pone en peligro como sociedad, a todos y a todas”.

Y es ahí donde ponen el foco desde Mujeres Siemprevivas. Su visión abolicionista se enfoca desde la prevención y la educación, para que ser consumidor de prostitución, ser putero, esté mal visto socialmente en todos los ámbitos: “Que ningún hombre pueda fardar entre su grupo de amigos de haber ido a un club la noche anterior sin ser señalado socialmente”, resume.

Además, muestra una preocupación: no ve un cambio de tendencia en las generaciones más jóvenes. A través de las intervenciones que su asociación hace, se han dado cuenta de que las nuevas generaciones también tienen normalizado el consumo de prostitución.

Algo que asocia sobre todo a dos factores. Por una parte, la pornografía supone la principal fuente de ‘aprendizaje’ afectivo-sexual para muchos jóvenes españoles. Por otra, ha surgido una contra reacción a la cultura del consentimiento sexual: hay hombres que encuentran en la prostitución el lugar donde tener esos comportamientos sexuales que en una relación sin dinero de por medio no podrían realizar.

“Cuando hablas con las mujeres prostituidas lo que cuentan precisamente es que muchas veces sienten miedo cuando ven llegar a jóvenes, porque son chavales que vienen a hacer en los cuerpos de las mujeres prostituidas lo que no pueden hacer con las mujeres fuera”, cuenta San Miguel. “Los chavales están aprendiendo qué es el sexo a través del porno, cuando lo único que hay ahí es violencia sexual. Pues luego lo reproducen en las relaciones con sus iguales y también con las mujeres prostituidas”.

Por eso, para Mujeres Siemprevivas, lo primero que hay que hacer para atajar la prostitución es invertir en educación sexoafectiva en el ámbito educativo. “Para mí es muy injusto criminalizar a la adolescencia. Los hemos dejado a su suerte navegando por un mundo virtual que les violenta. A todas las preguntas que ellos se han hecho sobre el sexo, han buscado respuestas en la pornografía, porque no tienen espacios en los que poder preguntar, hablar o plantear sus dudas”, concluye San Miguel.

En Ciudad Real, desde la Asociación de Mujeres Opañel también ponen el foco en los hombres que consumen prostitución. Dentro del proyecto ‘Se trata de igualdad’, difunden a través de las redes sociales mensajes contra la normalización que existe en España. “No soy putero, pero normalizo que en las despedidas de soltero se contraten mujeres” o “no soy putero, pero comparto memes que tratan a las chicas como objetos”, son mensajes de una campaña que denuncia ciertos comportamientos que fomentan la aceptación social de estas “violencias enmascaradas de servicios”.

También trabajan para prevenir que las mujeres y las niñas caigan en las redes de prostitución. “Todo forma parte de un mismo círculo. Si la sociedad ha normalizado la pornografía o determinadas plataformas tipo Onlyfans, porque hay una dulcificación en medios, en Internet o en televisión, pues como muchas niñas y jóvenes también van a normalizar o a ser más vulnerables a caer en estas redes de prostitución y trata”, explica Ana Hinchado, coordinadora de Proyectos de la Asociación de Mujeres Opañel.

“Tratamos de dar información fiable, de hablar de lo que es realmente la trata, de los distintos sistemas y métodos de captación que hay hoy en día muy asociados a las redes sociales para captar sobre todo a mujeres e incluso niñas”.

Según datos difundidos por la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, en España hay 114.576 mujeres en situación de prostitución y 92.496 en riesgo de trata. Para Hinchado, a pesar de que hay factores que pueden incrementar el riesgo de caer en estas redes (vulnerabilidad económica, víctimas de violencia de género o de violencia sexual…), ninguna mujer está exenta. “Las mujeres que tienen algunos factores de vulnerabilidad son más sensibles a poder caer, pero cualquiera somos susceptible. Hay muchas chicas jóvenes que no están en contextos de vulnerabilidad y que aun así también al final han caído en determinadas prácticas de explotación sexual.”, asegura.

La trata, “impedimento para lograr la igualdad”

Para tratar de prevenir, sensibilizar y actuar frente a la trata con fines de explotación sexual, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció este verano la creación de la Mesa Regional contra la Trata. Esta mesa se constituirá este viernes y tiene entre sus fines y funciones las de sensibilizar, educar, detectar posibles casos de trata y actuar de forma coordinada.

Está formada por representantes de numerosas instituciones y entidades, públicas y privadas, sin ánimo de lucro. Entre las personas que componen esta mesa, se encuentra la presidenta de Médicos del Mundo Castilla-La Mancha, Lourdes Nieto.

Nieto valora “muy positivamente” la creación de esta mesa y cuenta a este diario que, para ayudar a una mujer a salir de una situación de explotación sexual, hay que darles opciones reales.

“Por ejemplo, con planes de integración económica, sociolaboral y planes que trabajen en la recuperación psicosocial de estas mujeres. También pedimos la modificación de la ley de extranjería, porque la mayoría de estas mujeres son mujeres migrantes que están en situación irregular, con lo cual esto es una cuestión clave para que ellas puedan acceder a determinados recursos como víctimas de violencia que son”.

La presidenta regional de Médicos del Mundo también recalca la importancia de las políticas educativas, “que estén fundamentadas en valores de solidaridad, igualdad y justicia social”, para prevenir el consumo de prostitución. “Y luego también tienen que haber sanciones para puteros y proxenetas. Consumir prostitución es algo que no debería estar aceptado ni normalizado en la sociedad”, señala.

Desde AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos) Castilla-La Mancha, Angélica Matías se suma a las peticiones para ofrecer una alternativa a las mujeres que sufren la explotación sexual: “Apoyo a las víctimas, oportunidades de reinserción y un acompañamiento sociolaboral sin estigmas, porque en el caso de la trata son las víctimas las que son estigmatizadas, ya que esta forma de violencia prácticamente es normalizada en nuestra sociedad”, sintetiza.

Matías pide también “criminalizar a los proxenetas y a los demandantes de explotación sexual” y afirma que la trata es un impedimento para lograr la igualdad. “En Castilla-La Mancha tenemos la ley por una sociedad libre de violencia, pero nunca podremos conseguir esa sociedad mientras exista una mujer vulnerada de cualquier manera en nuestra sociedad. Y mucho más con el tema de la explotación sexual”.