La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol –a quien el juez no considera como parte del entramado– le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

En otro punto del sumario se recogen las anotaciones de Leire Díez sobre cómo pensaban hacer que la joven retirase la demanda, aunque no consta que se llegase a ejecutar: darle 300.000 euros, mucho más de lo que hipotéticamente podía pedir en esa demanda civil. El ofrecimiento, según las conversaciones y la testifical de la propia joven, no se llegó a producir ni fue trasladado como tal a Grinda.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando el periodista trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez.

Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE.

Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho.

Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”.

La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

La operación lanzada este miércoles por la Audiencia Nacional otorga una nueva dimensión al caso de las maniobras presuntamente urdidas por la exmilitante socialista Leire Díez para buscar material contra fiscales y mandos policiales. El auto del juez Santiago Pedraz atribuye por primera vez a Santos Cerdán el liderazgo de ese grupo que buscaba “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE y apunta al propio partido como financiador de esas maniobras. Agentes de la Guardia Civil permanecieron durante 12 horas recabando documentación del caso en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. 

El juez Pedraz identifica el origen de estas maniobras en la reflexión de cinco días que anunció Pedro Sánchez en abril de 2024 tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, por parte del juez Juan Carlos Peinado. Fue en ese periodo de reflexión cuando el exsecretario de Organización Santos Cerdán convocó una reunión en la sede federal del partido a la que acudieron Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

La relación entre Santos Cerdán y Leire Díez se remontaba a años atrás. Según el juez, ambos formaban parte junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández de la supuesta trama de cobro de mordidas a cambio de contratos públicos que quedó al descubierto el pasado diciembre, cuando Leire Díez fue detenida. De hecho, el magistrado atribuye a Cerdán un papel “estratégico” y de “jerarquía superior” en esa presunta red cuya investigación permanece bajo secreto. Y revela que intentó sin éxito mantener su influencia en la SEPI tras la salida de Vicente Fernández por su implicación en el caso Aznalcóllar.

Cuando Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán “encargó” a Leire Díez la “coordinación y ejecución” de diferentes “actuaciones” para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE. El auto revela que, antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. 

Este apunte concuerda con las declaraciones públicas de la propia Leire Díez y del empresario Pérez Dolset, según las cuales este último montó y pagó a un grupo de una veintena de personas dedicadas a buscar pruebas sobre supuestas irregularidades en las causas judiciales que se siguieron durante el Gobierno del PP. Pérez Dolset está convencido de que él es una víctima más de la brigada política, al nivel de los líderes independentistas o Podemos.

Decenas de reuniones en Ferraz

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, el auto documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

En febrero, cuando compareció ante el juez de Madrid que investigaba a la exmilitante, Santos Cerdán dijo que se había reunido solo en dos ocasiones con Leire Díez y desvinculó sus supuestas maniobras de la cúpula del PSOE. Dijo que se había visto con ella porque ofrecía información sobre la brigada política del Partido Popular que podía ser “relevante” para el partido. En concreto, sobre unos audios en los que el comisario José Villarejo facilitaba al Gobierno de Mariano Rajoy datos sobre supuestos negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez.

A pesar de lo que dijo Cerdán, la tesis del juez es que el PSOE contribuyó directamente a financiar esas maniobras a través de varias vías. Una de ellas fue a través del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, también imputado en este caso, que prestó su sociedad como “vehículo” para los pagos. En concreto, su consultora Zaño pagó a la exmilitante un total de 16.000 euros durante cuatro meses a partir de junio de 2024. En los mensajes interceptados, Leire Díez expresó sus dudas sobre el método elegido para el dinero que le quería “pagar” Cerdán. “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar”, escribió la exmilitante.

Tras cesar los pagos a Leire Díez a través de la empresa de Zarrías, el juez sostiene que esos abonos empezaron a canalizarse a través del abogado Ismael Oliver, que defendió a Koldo García. Esa operativa se habría realizado “falseando una nota de encargo” suscrita por la gerente del partido y por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez. Tanto la gerente como Oliver están imputados.

Además, el partido pagó “una cuantía cercana a los 20.000 euros” a Crónica Libre, un medio que tuvo una “intervención preponderante” en la difusión de la información recabada por la exmilitante. En concreto, grabaciones con origen en los archivos del comisario Villarejo y otros elementos que guardaban relación con distintas causas. El PSOE también hizo pagos por valor de 125.000 euros al letrado Jacobo Teijelo a través de “un soporte documental aparente y una facturación falaz”.

Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, defiende al guardia civil Juan Sánchez Yepes, imputado en un caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. El letrado trató de anular esa causa al acusar a la Guardia Civil de un “caprichoso manejo” de varias causas judiciales, pero el juez Pedraz, también instructor de ese caso, lo rechazó. 

“Atacar” investigaciones

Según recoge el auto de Pedraz, en la ejecución de ese plan para “destruir” procedimientos se realizaron ofrecimientos de remuneraciones o favores a “funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos”. Y resalta que la premisa era “atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores”, entre las que estaban las del caso del hermano de Pedro Sánchez, la del caso de los ERE de Andalucía y el caso de la esposa de Pedro Sánchez. 

El magistrado describe algunas de las actuaciones concretas que pudo desarrollar la trama. La mayoría ya eran conocidas dado que formaban parte de la investigación judicial abierta contra Leire Díez en un juzgado de Madrid. Es el caso del plan para obtener información del fiscal anticorrupción José Grinda que pudiera afectar al fiscal jefe Alejandro Luzón.

A cambio de archivar diversas casas judiciales, la trama le llegó a prometer, por medio de un encuentro con un periodista, un puesto de trabajo en el extranjero “o, incluso, un ofrecimiento con trascendencia económica, existiendo anotaciones que aluden a la cifra de 300.000 euros”. Sin embargo, fuentes del entorno del fiscal Grinda indican a elDiario.es que a él nunca se le ofreció esa cantidad, si bien entienden que pudiera ser lo que la trama entendía que podía costarles acabar con un problema legal que preocupaba al fiscal. De hecho, la UCO localizó en el registro una anotación manuscrita que recoge literalmente “300.000 euros xra ayudar a un fiscal que tiene un problema con una menor” (sic).

Otro de los episodios tuvo lugar en marzo de 2025, cuando Leire Díez ofreció al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo colocándole en puestos de máxima responsabilidad “tras la purga que harían”. A cambio, Leire Díez le reclamó “cuanta información tuviera” del fiscal Grinda así como de mandos de la UCO. El agente redactó hasta dos notas de esos encuentros con Leire Díez y dejó constancia de que la exmilitante socialista buscaba información del teniente coronel Antonio Balas y del capitán Juan Vicente Bonilla, además de un mando policial “involucrado en la operación Cataluña”. 

La trama también se acercó al fiscal que investigó el caso Villarejo, Ignacio Stampa, en mayo de 2025. En este caso, le ofrecieron cuestiones profesionales, como su retorno a la Fiscalía Anticorrupción, de donde fue retirado durante el mandato de Dolores Delgado. También “la intercesión en un determinado pleito que el fiscal mantenía abierto”. 

Lo más novedoso del auto en referencia a estos episodios es la reunión que Leire Díez, Pérez Dolset y el abogado Teijelo mantuvieron en diciembre de 2024 con el citado Sánchez Yepes. Este les ofreció información reservada “sobre la estructura interna de la UCO” y aportó datos sobre el teniente coronel Antonio Balas, quien se convirtió en objetivo de la trama. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar otra de las reuniones centrales que se investigaba ya en la causa abierta en Madrid, la que mantuvieron con el empresario Alejandro Hamlyn en el despacho del abogado Teijelo. 

Supuesto soborno a una empresaria

La resolución del juez Pedraz también alude a la figura de la empresaria Carmen Pano, quien sostenía que había realizado hasta dos entregas de dinero en la sede socialista de Ferraz por un montante total de 90.000 euros. Según el auto, se habría ofrecido a Pano la cantidad de 50.000 euros para modificar su testimonio. Hasta ese momento sólo habría declarado ante la UCO y se buscaba evitar que declarara en sede judicial.

Antes de esa declaración, el abogado Ismael Oliver se puso en contacto con Leire Díez, quien le indicó que “negociara” con ella. “Tras lograr la autorización de Leire, ambos comienzan a conversar acerca de los pormenores de lo que ellos denominan como negociación, evidenciándose del literal de la conversación que su intención podría pasar por llevar a cabo lo que denominan como su compra: Esta se vende. Debemos saber comprar”, recoge el auto. El juez defiende que el ofrecimiento se materializó. En la tarde del miércoles, la letrada hizo público un comunicado en el que tilda de “completamente falso e infundado” ese apunte del auto.

La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados, con las que intentan justificar aquella operación. El pasado 27 de enero, un comisario de la Policía Nacional aseguró ante el juez Santiago Pedraz que la historia de un eurodiputado de Podemos en ese momento, Miguel Urbán, trasladando a pulso 40 kilos de cocaína a un pub de Malasaña, vendiendo la droga y celebrándolo a voces mientras invitaba a desconocidos a cocaína, fue “perfectamente creíble”.

elDiario.es ha tenido acceso a la declaración del comisario jubilado Miguel Ángel Barrado, un histórico de las unidades contra el narcotráfico de la Policía que en el momento de los hechos estaba destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). De ese organismo, que no tiene funciones operativas, salieron las notas policiales que obligaron a la Fiscalía Antidroga a abrir unas diligencias de investigación secretas sobre el supuesto narcotraficante Miguel Urbán. Barrado supervisó esas notas, según declaró su entonces jefe, el comisario que las firmó, José Luis Olivera. A raíz de la declaración de Olivera, Miguel Ángel Barrado fue citado como testigo.

Durante la comparecencia del policía, el abogado de Podemos le preguntó si antes de poner una información en conocimiento de la Fiscalía no establecían algún tipo de “filtro”, habida cuenta de lo inverosímil del relato sobre Urbán. “No, pero le puedo decir que era perfectamente creíble”, contestó. Pedraz intentó que el comisario no se prodigara en su explicación, pero ante la insistencia del letrado y el ofrecimiento del testigo, el juez dejó que continuara. “Mire usted, el inspector jefe originario de esta información, el primero, que no está aquí, es un funcionario altamente cualificado en el tratamiento de fuentes y captación de las mismas. Es un funcionario que ha hecho muchísimos servicios por este procedimiento en la Comisaría General. Lo que me viniera de él era altamente creíble. Luego, el contenido de la información, pues sí, perfectamente creíble”, afirmó el comisario.

Según este experto comisario, que Urbán compatibilizara su labor de eurodiputado con el menudeo de droga por las esquinas de Malasaña, como afirmó Hugo Ch., el confidente, era verosímil porque el mando policial al que se lo había contado el soplón tenía mucha experiencia. Cuando otra abogada le vuelve a preguntar por el hecho de que Urbán traficara con droga, Barrado remata: “Mire, yo me he tirado 25 años en la Brigada Central de Estupefacientes y sé lo que hace la droga. La droga lo contamina todo”.

El juez Pedraz acaba de negarse a imputar a José Luis Olivera, el entonces director del CITCO y artífice del montaje contra Urbán y Podemos. Pedraz considera que el testimonio del confidente justifica por sí solo la investigación secreta Urbán, a la que los agentes incorporaron una “nota de inteligencia” anónima sobre blanqueo de capitales en Podemos cuya autoría apunta al comisario Villarejo.

En el mismo auto en el que rechaza la imputación de Olivera, Pedraz abre la puerta a investigar a Villarejo y ni siquiera contesta a la solicitud de imputación de Miguel Ángel Barrado y de otro miembro del CITCO que también declaró como testigo el 27 de enero. Ese otro policía es el inspector jefe Federico Millán Maricalva. Él es el redactor de las notas que el CITCO envió sobre Urbán a la Fiscalía Antidroga, supervisadas por Barrado y enviadas por Olivera.

El testimonio de Millán Maricalva consistió en asegurar que a él le llega la información del confidente por un compañero de la Comisaría General de Policía Judicial, con el que había coincidido en el pasado. Ese mando –el funcionario “altamente cualificado”, según lo describe Barrado– decidió que el CITCO era el lugar indicado para enviar el testimonio de su colaborador. No hay explicación de por qué no investigó él las confidencias de su chivato, por qué no lo remitió a una unidad antidroga o por qué no lo hicieron sus superiores de acuerdo a los procedimientos reglados.

El inspector jefe Millán Maricalva presentó un relato en la Audiencia Nacional según el cual él mismo llegó a viajar a una reunión con el confidente a Talavera de la Reina (Toledo), pero solo en funciones de “observador”. Se quedó, dijo, en una mesa distinta del bar donde se produjo la reunión entre varios miembros de la Comisaría Judicial de Policía Judicial y Hugo Ch, el chivato. Ante la incredulidad de la acusación popular, el inspector jefe reconoció que habló con él un momento. La breve conversación, añadió, versó sobre “auriculares” [vídeo de la declaración a continuación]“.

Desde que arrancó la causa de la guerra sucia a Podemos se han sucedido en el juzgado de Pedraz continuas contradicciones entre los distintos policías que han sido llamados a declarar. El pasado 27 de enero se produjo una más. El tercer testigo fue un mando de la Policía antidroga, jefe del agente que está imputado por rastrear a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al “círculo más próximo” de Miguel Urbán, investigado por tráfico de drogas.

Este inspector jefe negó que diera instrucciones a su subordinado de rastrear a Iglesias y justificó que lo hiciera dentro de la praxis policial. El inspector jefe aseguró que el CITCO, el órgano desde el que salió hacia la Fiscalía el montaje contra Urbán, no trabaja con “fuentes”. La afirmación choca frontalmente con la que realizó el que fuera su director, José Luis Olivera, por el momento testigo en la causa de la guerra sucia a Podemos y que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Olivera intentó justificar su actuación asegurando que el CITCO contaba con “multitud de fuentes”. La Fiscalía Antidroga terminó por archivar la investigación porque no había un solo indicio de delito, antes de que los policías lograran su objetivo de dar el salto de sus pesquisas hasta Podemos, por entonces aspirante a integrar el Gobierno de la Nación.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.

La acusación particular que ejerce Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que impute a José Manuel Villarejo en la causa que se sigue por las maniobras policiales contra el partido político durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La formación relaciona al comisario con el intento por atribuirle falsamente una financiación ilegal a través del invento del tráfico de cocaína de uno de sus fundadores, Miguel Urbán. Podemos también pide que sean citados como investigados el principal artífice del montaje, el comisario José Luis Olivera, dos de sus subordinados entonces y el que era jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán. 

Pedraz aceptó investigar la guerra sucia al partido a partir de las evidencias recogidas en los mensajes incautados al ex número dos de Interior con el Partido Popular Francisco Martínez, aportados en una querella presentada por Podemos en la Audiencia Nacional. Con posterioridad, en mayo de 2025, elDiario.es reveló uno de los mayores secretos de la brigada política, la falsa acusación contra Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. Las acusaciones enmarcaron la maniobra en la guerra sucia al partido y pidieron investigarla en el marco de la causa abierta en el juzgado de Pedraz.

La Policía utilizó una nota anónima para vincular la falsa venta de droga con la financiación de Podemos. El partido considera que el autor de ese informe es Villarejo. En uno de los dispositivos incautados en su domicilio en 2017 figura un pantallazo con las transferencias bancarias de Miguel Urbán que supuestamente probaban la práctica del “pitufeo” (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) y que habían sido incluidas en una “nota de inteligencia” anónima incorporada al montaje.

El documento con los pantallazos fue creado el 16 de febrero de 2016, un día antes de que el comisario José Luis Olivera remitiera un oficio a la Fiscalía Antidroga que incluía la “nota de pitufeo”. Una semana antes, el 9 de febrero, Villarejo había escrito en su agenda personal: “Oli [comisario Olivera] propone dar datos de POD [Podemos] a los Cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo contiene errores”. 

La pasada semana, Santiago Pedraz volvió a negar la personación como perjudicado de Urbán en la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez da por buena la tesis que expuso el comisario Olivera como testigo, según la cual estaba obligado a informar a la Fiscalía Antidroga del testimonio de un confidente acerca de la supuesta venta de la droga por el europarlamentario de Podemos, pese a lo disparatado de la narración. Pedraz concluye que esta circunstancia descarta que se tratara de “un montaje policial”.

Podemos pide en la ampliación de su querella que Olivera pase de testigo a investigado, una condición que ya reclamó la acusación popular, ejercida por el PSOE, antes de la comparecencia del policía jubilado. Pedraz rechazó entonces imputarle porque no había sido informado de la solicitud de los socialistas, según informó de viva voz el magistrado en la misma sala de declaraciones. Olivera y Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por otra de las grandes maniobras de la brigada política, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Olivera firma las notas informativas que abrieron y acrecentaron la investigación contra Urbán a partir del disparatado testimonio de un confidente. El relato que utilizó el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) incluía cómo Urbán llevó, no se sabe si arrastrando, una bolsa con 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña, subió al piso de arriba, se lo vendió a un miembro de los Ángeles del Infierno y bajó al local a celebrarlo a gritos, volcando una bolsa de cocaína en la barra e invitando a esnifar a todos los presentes. 

Ahora, Podemos alega: “A pesar de la evidente ausencia de credibilidad intrínseca de la historia, amén de la ausencia de indicios, el querellado señor Olivera, omitiendo cualquier tipo de comprobación a través de unidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía, opta por remitir ala misma a la Fiscalía Antidroga, quien en fecha de 25 de enero de 2016, incoará diligencias de investigación, encomendando las pesquisas a la Udyco (unidad antidroga)”. Después, continúa la ampliación de querella, Olivera “monopoliza” las pesquisas enviando un segundo escrito con la nota informativa que presuntamente escribió su amigo Villarejo. 

García Catalán, guerra sucia en Nueva York y Malasaña

El comisario recién jubilado José Manuel García Catalán era en esa época jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF que utilizó la brigada política para blanquear sus trabajos. García Catalán declaró en la causa por la guerra sucia a Podemos como testigo por haber participado en el viaje a Nueva York para obtener información contra dirigentes de Podemos de un ex ministro de Hugo Chávez. Ahora, el partido pide su imputación por su participación en la maniobra contra Urbán. García Catalán firma los informes de la UDEF incorporados a las pesquisas contra el político.

La lista de solicitudes de imputación se completa con el comisario y el inspector jefe del CITCO, a las órdenes de Olivera, que ofrecieron un confuso testimonio esta misma semana en la Audiencia Nacional después de que su antiguo jefe les señalara. La imputación de los cinco policías evitaría que se cumpla el plazo de prescripción de unos hechos ocurridos hace casi diez años. 

En la causa por la guerra sucia a Podemos está imputado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el entonces director operativo de la Policía, Eugenio Pino, y varios mandos integrantes de la brigada política. También figura como investigado un policía que rastreó a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas con la excusa de que formaba parte del círculo personal de Miguel Urbán, encartado por narcotráfico. Pedraz intentó exculparle, pero la Sala de lo Penal le ordenó que volviera a imputarlo.

El magistrado Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar que Miguel Urbán pase a ostentar la condición de perjudicado en la causa que se sigue en su juzgado por las maniobras policiales contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.

Urbán fue investigado en 2016 durante meses, mientras era eurodiputado, a partir del disparatado relato de un confidente. El colaborador policial aseguraba haberle visto intercambiar los 40 kilos de cocaína, que cargaba a pulso en una bolsa, por billetes para financiar a Podemos. El relato incluía que Urbán celebró a gritos la transacción mientras reconocía que era cocaína de Venezuela para financiar al partido y volcaba una bolsa encima de la barra del bar para que todos los clientes esnifaran. 

De un modo que aún se investiga, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en ese momento, José Luis Olivera, obtuvo el testimonio del confidente, supuestamente espontáneo, y comenzó a enviar escritos a la Fiscalía Antidroga para que esta abriera una investigación. Urbán era en ese momento miembro del Parlamento europeo y el confidente aseguraba que le veía trapichear por las esquinas de Malasaña. 

Con la excusa de la investigación a Urbán, la Policía empezó a apuntar a la supuesta financiación ilegal de Podemos en sus informes a la Fiscalía, tal y como reveló elDiario.es. En la investigación se implicaron las unidades antidroga y anticorrupción del Cuerpo y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. Las pesquisas se realizaron en secreto en medio de una cascada de informaciones policiales sobre Podemos que se han demostrado falsas y que publicaban medios afines al Partido Popular. 

Los hechos ocurrieron durante el semestre entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, cuando Podemos apuntaba a gobernar en coalición con el PSOE. Antes de que la brigada política, a la que pertenecía Olivera, pudiera dar el salto de Urbán a Podemos, el fiscal jefe Antidroga decidió cerrar el caso. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribió José Ramón Noreña en el decreto de archivo.

En el auto por el que rechaza considerar perjudicado a Miguel Urbán, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Pedraz afirma que “no hay base alguna para concluir un montaje policial”. “La Fiscalía Antidroga inicia, por obvio, la investigación en base a recibir la noticia criminis en la que aparece implicado el señor Urbán”, asegura el juez en referencia al testimonio del confidente. 

Pedraz continúa: “Tras la práctica de diligencias concluye que no se acredita el delito y archiva al considerar que no existen indicios suficientes. Con ello, no puede decirse que la investigación policial se hiciera sin marco, pues estaba amparada por la Fiscalía; sin que además se aporte indicio alguno de que la misma fuera engañada”.

Santiago Pedraz se opone a considerar a Urbán, siquiera indiciariamente, víctima de “un montaje policial”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión por segunda vez. En las dos ocasiones lo ha hecho en contra de la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aprecia intereses espurios en la maniobra policial. 

El fiscal informa a favor de considerar víctima a Urbán

El fiscal del caso, Vicente González Mota, considera que en el caso de Urbán y la Operación Cardenal se produjo “una investigación policial de personas aforadas sin marco para realizarla”, tal y como ocurrió con otras dos operaciones que sí son objeto de la investigación de Pedraz, denominadas Venus y Bolívar y que afectaron, entre otros, a Pablo Iglesias. 

Pedraz firmó el auto en el que rechaza considerar “perjudicado” a Urbán el pasado 23 de enero, dos días después de escuchar en declaración el testimonio del fundador de Podemos. Este martes, pese a haber decidido que no hay ‘caso Urbán’, Pedraz cumplió con el trámite de tomar declaración como testigos a dos mandos policiales a los que José Luis Olivera implicó en la investigación al entonces eurodiputado. 

La postura del juez supone dar por válidas las explicaciones del propio Olivera, quien intentó defender en el juzgado que nunca valora las informaciones que recibe, por muy disparatadas que fueran. El comisario, ya jubilado, tampoco convenció a las acusaciones de que un órgano como el CITCO, de inteligencia y coordinación entre cuerpos y sin competencias operativas, se encargara de gestionar la confesión de un confidente. Sus subordinados contribuyeron este martes a aumentar el cúmulo de confusas explicaciones recabadas hasta ahora por el juez. 

La Sala de lo Penal ya obligó a Pedraz a volver a imputar a otro policía que consultó las bases de datos para rastrear a Pablo Iglesias con la excusa de que pertenecía al círculo de un investigado por narcotráfico, Miguel Urbán. En aquel auto, la instancia superior a Pedraz obligó al magistrado a dar un impulso a la investigación acordando una batería de diligencias solicitadas por los abogados de Podemos. 

Pedraz admitió a trámite en febrero de 2024 una querella de Podemos contra la cúpula de Interior de Rajoy y varios mandos policiales por las maniobras contra la formación política. Desde ese momento, el juez ha delimitado la investigación a las tretas contra políticos aforados del partido. 

Los testimonios recabados en sede judicial y la documentación obtenida por Asuntos Internos ha permitido ir desgranando la estrategia político-policial contra el partido de Pablo Iglesias, pero el juez ha rechazado imputaciones y solicitudes de investigación de forma recurrente. A partir de una información de elDiario.es, la acusación particular y el propio Urbán han intentado sin éxito que el invento contra el fundador del partido sea una pieza más de la investigación de la guerra sucia contra Podemos. 

El fundador de Podemos y militante de Anticapitalistas Miguel Urbán ha declarado este miércoles como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policialles contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Urbán ha negado todas las acusaciones que orquestó la cúpula de la Policía de la época sobre su supuesta implicación en una venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. “Nunca he estado en el Nueva Visión”, ha dicho sobre el pub donde se organizó la transacción, según el testimonio de un confidente que fue utilizado para investigar a Urbán durante meses.

Uno de los principales mandos de la Policía con el PP, José Luis Olivera, remitió el delirante relato del confidente a la Fiscalía Antidroga en 2016 para que esta abriera unas diligencias previas y secretas que albergaran una investigación a todos los niveles a Urbán, con la intención después de dar el salto a Podemos. El montaje de la cocaína arrancó en enero, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015, y en los comicios de junio de 2016 aspiraban a alcanzar el Gobierno.

El invento contra Urbán y Podemos hablaba del fundador del partido cargando 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, vendiéndola en el piso del dueño del Nueva Visión, situado en el piso superior, en Malasaña, y celebrando la transacción a gritos, volcando cocaína en la barra. Todo mientras Urbán era eurodiputado de Podemos. Ante el juez Santiago Pedraz, el fundador del partido ha negado haber entrado en el Nueva Visión, conocer al dueño del bar ni al confidente que le señaló.

Un policía de la unidad antidroga, implicada en las investigaciones a Urbán, declaró que introdujo el nombre de Pablo Iglesias en las bases de datos restringidas con el argumento de que el anterior estaba investigado por narcotráfico y siempre se indaga en su entorno. La abogada del policía, que está imputado, ha preguntado este miércoles a Urbán si ejercía de portavoz de Podemos y de Pablo Iglesias. El militante de Anticapitalistas ha respondido que de Podemos sí pero que nunca hablaba por voz de Pablo Iglesias. Ha añadido que, en ocasiones, lo hacía “en contra” del entonces líder del partido. Con los años, Anticapitalistas abandonaría Podemos por la decisión del partido de integrar el Gobierno de coalición con el PSOE.

De otro lado, Urbán ha tenido que explicar que nunca ha estado en Venezuela o que trate con los Ángeles del Infierno, una organización criminal conocida por su relación con las motos. Según el confidente, el comprador de la droga pertenecía a ese grupo. Cuando la abogada del policía antidroga le ha preguntado si conocía a los Ángeles del Infierno, Urbán ha respondido que por la prensa y que sabe que son “de ultraderecha”. La letrada ha dicho que en las diligencias previas se le relacionó con ellos. El militante de Anticapitalistas ha respondido, incrédulo, con otra pregunta: “¿Porque me habían amenazado?”.

El comisario jubilado José Luis Olivera declaró como testigo el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016. Durante su comparecencia, Olivera intentó justificar que el órgano de coordinación que él dirigía, sin competencias operativas, recibiera de no sabe quién una información sobre un político aforado y decidiera trasladarlo a la Fiscalía Antidroga, sin valorar que la historia revestía todos los ingredientes de una patraña. También dijo que no sabía que la persona a quien acusaba un supuesto confidente de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña era cofundador de Podemos y eurodiputado. “Tuve que entrar en fuentes públicas, en Wikipedia, para saber quién era”, afirmó ante el juez.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Olivera, que se prolonga durante más de una hora. Las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, evidencian las dificultades del representante Ministerio Público para creer la versión del comisario, que intenta enmarcar en todo momento su actuación, y la de sus subordinados, en casi un trámite rutinario.

Olivera repitió que a él, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le vino todo dado. Su historia se resume en que un policía sin identificar decide saltarse los cauces de relación entre unidades y le da a un amigo suyo, que trabaja en el CITCO, una información sobre la supuesta venta de droga por un destacado responsable de Podemos. Los subordinados de Olivera redactan una nota informativa, que no firman, acompañada del testimonio de un confidente. Según la versión del exdirector del CITCO, él se habría limitado a firmar los escritos que envió a la Fiscalía Antidroga. “¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo tiro a la papelera? ¿Me llega el papel y no se lo doy a la Fiscalía?”, intentó justificarse ante el juez Santiago Pedraz. 

Un semestre de furia en las cloacas

El montaje de la cocaína arrancó en enero de 2016, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015. Hasta junio, Podemos soñó con superar al PSOE y alcanzar triunfante la Moncloa. Los resultados de los comicios de invierno de 2015 y algunas proyecciones demoscópicas espoleaban esa aspiración. Fueron en esos meses cuando los resortes del Ministerio del Interior controlado por el PP se emplearon a fondo para evitarlo. 

José Luis Olivera es un personaje relevante en la historia reciente de la cloaca policial, la que fue heredada del franquismo o creció en la transición. De gran proyección durante la etapa del PSOE –fue el primer jefe de la UDEF y responsable de casos como Malaya o Gürtel–, el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy apenas hicieron mella en su carrera. Pegado a la cúpula del Ministerio, Olivera participó en las tres grandes maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el Gobierno de Rajoy: protagonizó el primer episodio conocido de la operación Cataluña, se sentará en el banquillo por la operación Kitchen y su rastro reaparece en las maniobras contra Podemos, incluido el montaje de la cocaína contra Urbán. 

El extracto que reproduce a continuación elDiario.es permite escuchar en boca de su principal protagonista la maniobra para sostener una investigación a Miguel Urbán y extenderla a Podemos y una supuesta financiación irregular. El comisario se presenta como un mero vehículo, accidental por el puesto que ocupaba, para investigar la historia supuestamente inventada por un confidente. 

Urbán fue investigado durante meses por unidades especializadas anticorrupción, contra el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía Antidroga y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El órgano que abrió diligencias, la Fiscalía Antidroga tuvo que cerrar sus diligencias ante la inexistencia del más mínimo indicio de delito. Los policías no llegaron donde pretendían y, a diferencia de otras maniobras contra Podemos, el Ministerio del Interior no filtró el montaje a la prensa afín.

José Luis Olivera acudió a la Audiencia Nacional como testigo a petición de Podemos, que ejerce la acusación particular junto a Pablo Iglesias. El PSOE actúa como acusación popular y había pedido que se imputara al policía, pero Pedraz no se enteró de la solicitud y ordenó continuar la declaración de Olivera en calidad de testigo. El comisario jubilado no podía negarse a responder. Hay episodios de la maniobra que dijo no recordar, pero de otros habló con detalle. Por ejemplo, dio el nombre del pub de Malasaña donde se habría producido la transacción de droga –Nueva Visión, cerrado desde la pandemia– o el nombre y el apodo de su dueño –Felipe, Johnny en el barrio–. 

Nuevos señalados y la sombra de Villarejo

Entre los datos que Olivera llevaba preparados figuran los números de carnet profesional de los dos subordinados que asegura que manejaron la información sobre el falso tráfico de drogas. Un inspector jefe, al que otro policía le habría regalado el soplo, y el comisario que tenía por encima y que estaba a las órdenes directas de Olivera. Ambos declararán como testigos el 22 de enero. El día antes lo hará la principal víctima del montaje, Miguel Urbán.  

El testimonio de Olivera salpica a otros habituales de la guerra sucia que investiga el juzgado de Pedraz. El comisario explicó que su jefe directo era el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, imputado en la causa de las maniobras contra Podemos, y que no recordaba bien, pero que lo lógico es que le hubiera comentado la investigación contra Urbán. 

Por otra parte, en la agenda incautada al comisario Villarejo aparecían alusiones a la confección por su parte de notas informativas sobre el “pitufeo” de Podemos. Una nota sin firmar que acusa al partido de utilizar ese método para blanquear a través de pequeñas cantidades fue remitida por Olivera a la Fiscalía Antidroga como un intento de extender la investigación desde Urbán al partido. “Con el señor Villarejo probablemente comentaría algo porque tenía fuentes, muchas fuentes, pero muchísimas fuentes en muchos sitios y de muchos temas”, afirmó en el juzgado Olivera a preguntas del abogado de Podemos.

Entre las preguntas del fiscal y las de las acusaciones van surgiendo las contradicciones en el testimonio de Olivera. En primer lugar, el comisario jubilado retuerce el Real Decreto de creación del CITCO para justificar la actuación con Urbán en el marco de sus competencias. Sin embargo, el CITCO es la evolución de un órgano que se creó a raíz del 11-M para evitar las duplicidades de investigaciones entre cuerpos policiales y que si dos servicios de Información están siguiendo un mismo objetivo salte una alarma y dirimir en su seno de quién es la competencia. 

Cuando el Real Decreto dice que debe “recibir, integrar y analizar informaciones” no se refiere a chivatazos disparatados de tráfico de drogas por parte de políticos en activo sino a aquellos que “sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva” en relación con el terrorismo y el crimen organizado. 

Como reconoce el propio Olivera, el CITCO no tiene policías o guardias civiles en la calle trabajando con fuentes y pagando confidentes, ni un policía le debe decir a un amigo que tiene allí que se ha enterado de que Miguel Urbán trafica con drogas. El procedimiento de incorporación por las unidades operativas de la información que tienen a las bases de datos del CITCO está perfectamente tasado.

Olivera respondió al fiscal que no sabía quién era Miguel Urbán cuando recibió la primera información sobre su supuesta información en el tráfico de drogas. Pero llegado el turno del abogado de Iglesias, este le recordó que para cuando había dicho que miró en Wikipedia una nota en su poder, de fecha anterior, ya indicaba que era europarlamentario. Fue entonces cuando Olivera modificó su versión y dijo que lo que hizo fue confirmar en Internet la identidad del político.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional están imputados, por ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad Martínez y un grupo de mandos que integraron la brigada política del PP, en este caso contra Podemos, así como el inspector jefe Antidroga que rastreó a Pablo Iglesias con la justificación de que integraba el “círculo más cercano” del investigado por narcotráfico Miguel Urbán. Un exsenador de Podemos que militó en ETA durante el franquismo también fue rastreado con la misma excusa. 

Los testimonios y documentos recabados durante la instrucción, que arrancó en febrero de 2024, anticipan nuevas imputaciones en el ecosistema político y policial de la cloaca del Partido Popular. 

La investigación de las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un giro. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que devuelva la condición de imputado a un policía antidroga que buscó a Pablo Iglesias en bases de datos reservadas con la excusa de que un compañero de la dirección de Podemos, Miguel Urbán, estaba supuestamente inmerso en unas pesquisas por presunto tráfico de cocaína. 

La diligencias de Antidroga contra Urbán había sido abierta a partir del disparatado testimonio de un confidente, colaborador de un comisario de la brigada política del PP. El policía imputado intentó argumentar en su declaración judicial que rastreó a Pablo Iglesias porque siempre se hace con el entorno de los investigados, en este caso Urbán. El fiscal le planteó si hubiera actuado igual de tratarse de Mariano Rajoy, pero Pedraz consideró improcedente la pregunta y la cortó. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el policía. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior a Pedraz consideran “de indudable relevancia” que se esclarezca si el policía, además de a Pablo Iglesias, indagó en otras personas de su entorno “carentes de vinculación política, como las pertenecientes a su familia o a su círculo de amistades”. Los magistrados tratan de determinar si el argumento del policía antidroga de que siempre se rastrea el entorno de los investigados es auténtico o una excusa para perseguir al entonces líder de Podemos y diputado del Congreso.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal incluye otro relevante impulso a la investigación. Los jueces de la instancia superior ordenan a Pedraz que incorpore a su causa por la guerra sucia a Podemos todo el expediente de la Fiscalía Antidroga sobre la investigación a Urbán. En él aparece incluido el relato del confidente y cómo este llegó a la Fiscalía de la mano de José Luis Olivera, comisario procesado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y uno de los policías más importantes de la época. 

El confidente, un camarero del pub Nueva Visión –en el barrio madrileño de Malasaña–, afirmó ante la Policía y el fiscal que Urbán vendió ante él 40 kilos de cocaína a un tercero, que dijo allí mismo que la droga procedía de Venezuela, que lo hacía para financiar a Podemos y que, antes de marcharse con más de un millón de euros en el bolsillo, invitó a droga y a bebida a todos los presentes. El confidente, que aparece identificado en los documentos que ahora se incorporan a la causa judicial, también aseguró que había visto en varias ocasiones a Urbán trapichear con droga en las esquinas de Malasaña mientras era eurodiputado. 

A partir de ese relato, el comisario Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir una investigación a Urbán, en realidad un pretexto para acceder a las cuentas de Podemos. En los trabajos se implicó la unidad especializada en Delitos Económicos, UDEF, y la que lleva asuntos de droga a gran escala, Udyco. Incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) examinó al detalle las cuentas de Urbán.  

A los tres meses, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio y archivó las actuaciones. En Podemos creen que las pesquisas no se filtraron, como ocurrió con otras investigaciones parapoliciales al partido, porque no alcanzaron el objetivo de alcanzar las cuentas de Podemos. Las maniobras tuvieron lugar entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, mientras existía la expectativa de que Podemos sobrepasara al PSOE y que se diera un acuerdo de Gobierno progresista.  

La causa de la guerra sucia a Podemos

A partir de las revelaciones del montaje policial por elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa de Pedraz por la guerra sucia a Podemos, pero el juez lo rechazó alegando que se trataba de hechos distintos. El Juzgado de Pedraz indaga en las maniobras ilegales de la Policía contra los diputados de Podemos en tiempos de Mariano Rajoy a partir de una querella presentada por los abogados de la formación. 

Urbán optó por explorar una segunda vía. El fundador de Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional, pero tampoco prosperó. La jueza María Tardón rechazó recientemente su admisión con argumentos como que la denuncia se centraba en “noticias de prensa”. 

En la información de elDiario.es aparece el número de diligencias secretas abiertas por la Fiscalía Antidroga a partir del montaje policial, del que se aportan numerosos detalles, pero ni el fiscal ni la jueza pensaron que podían reclamarse para una eventual investigación. 

Los abogados de Podemos e Iglesias también habían intentado que el falso relato del confidente y las investigaciones policiales a Urbán a partir de él fueran incorporados a la causa de la guerra sucia. Pedraz se negó. Pero ahora su causa por la guerra sucia a Podemos contará con los documentos del montaje policial de la cocaína. 

Hace diez años un mensaje en Twitter revolucionó el mundo judicial. Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, usaba su cuenta en esta red social para difundir un auto de alto voltaje político: el que archivó la causa contra el entonces concejal madrileño Guillermo Zapata y sus tuits de humor negro. Fue el prólogo a un desembarco de decenas de jueces y fiscales que usan la red social a veces con sus nombres y apellidos y otras de forma anónima, que se ha encontrado esta semana con la apertura de un expediente disciplinario a un magistrado por llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y acusar a Pedro Sánchez de “golpista”.

Pedraz fue uno de los primeros jueces en entrar a Twitter con nombre y apellidos y también uno de los primeros en marcharse después de que sus declaraciones se convirtieran en polémica. “¿Sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando?”, preguntó a Iñaki Oyarzábal, dirigente del PP alavés, que entonces criticaba su decisión de no prohibir un acto en Durango con antiguos presos de ETA.

El caso de este magistrado, histórico de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, abrió muchas puertas de un debate que sigue sin tener las reglas claras. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrir una investigación disciplinaria al juez por difundir el auto de Zapata y archivó el caso sin sanción. Era una práctica poco habitual, reconoció el órgano de gobierno de los jueces, pero Pedraz solo difundió el auto cuando ya había sido notificado a las partes y también a la opinión pública a través del gabinete de prensa del tribunal. Pedraz terminó abandonando la red social.

A día de hoy hay más de un centenar de jueces y fiscales que, de una u otra manera, se identifican como juristas en esta red social. Algunos como la fiscal Escarlata Gutiérrez más centrados en la divulgación, otros como Fernando Portillo o María Jesús del Barco como portavoces de asociaciones y otros muchos de forma anónima o difíciles de identificar como jueces y fiscales más allá de una balanza o un emoticono en su biografía. También los hay que, con nombre y apellidos y perfectamente identificados como jueces, opinan abiertamente sobre política.

La libertad de expresión de los jueces, cuando hablan como tales, es más limitada que la del resto de ciudadanos. La Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe formar parte de partidos políticos o sindicatos, pero también dirigirse a otros poderes del Estado con “felicitaciones o censuras”, ir a actos “que no tengan carácter judicial” sin autorización de su órgano de gobierno o presentarse a unas elecciones.

Las posibilidades son mucho mayores con los portavoces de asociaciones, que como en el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acuden a coloquios organizados por el PP para criticar al Ejecutivo, pero los contornos de esa prohibición de lanzar “felicitaciones o censuras” a otros poderes del Estado se difuminan en las redes sociales.

“La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones –con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan–, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy”. El argumento fue expuesto hace dos años por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ cuando llegó a sus manos el caso que expuso la debilidad normativa de esa regulación: rechazó multar al juez Manuel Piñar, el que encarceló a Juana Rivas, por sus comentarios machistas en Facebook. El motivo: no se presentó como magistrado al hablar, por ejemplo, de “feminazis”. La Comisión Permanente añadió que el legislador debía considerar un cambio legal para poder proceder contra jueces en estas circunstancias.

“¿Son una falta de respeto a los ciudadanos?”

Rafael Rebollo es catedrático de la Universidad de Barcelona y reconoce que, efectivamente, esos artículos de la Ley del Poder Judicial tienen 40 años y, por tanto, “no hay previsión expresa” a las opiniones en redes. Pero eso no significa que esa práctica no pueda llegar a ser sancionable: “Son perfectamente reconducibles a las previsiones como faltas graves y el artículo donde se prevé la falta de consideración a los ciudadanos. La gran pregunta es: ¿Ese tipo de manifestaciones son una falta de respeto a los ciudadanos? Creo que sería perfectamente subsumible sin perjuicio de que, probablemente, sería más idóneo que hubiera una previsión específica”.

Los ejemplos de magistrados expedientados –algunos exonerados– por declaraciones controvertidas se amontonan en los archivos del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional y otrora al frente de macrocausas como Púnica o Lezo, aprovechó una conferencia sobre 'compliance' para cargar contra la exministra de Igualdad: “Nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. El promotor quería cerrar el expediente y la Permanente le obligó a seguir investigando.

Subraya Rebollo que la libertad de expresión es “un derecho fundamental”, aunque no es “ilimitado”. “No me parece de recibo que se profieran determinadas manifestaciones y si no me identifico como juez queden en el limbo. Mire, es una persona perfectamente identificada e identificable, su condición como miembro del Poder Judicial está fuera de cualquier duda y no puede hacer que se difumine su condición de juez”.

Uno de los casos con más recorrido salido de la facción judicial de Twitter es la de Manuel Ruiz de Lara. Este magistrado de lo mercantil, que llegó a tener en sus manos el 'caso Superliga' de fútbol, llegó a escribir una novela donde un juez “Martín Zaragoza” investigaba si un exjuez “Grande Marlanda” tenía algo que ver con el asesinato del presidente del Gobierno “Sánchez Castellón” con un político “Ruiz Gilardón” buscando el poder. Y en la red social X, con sus idas y venidas, con y sin candado, ha sido expedientado dos veces. La primera vez con resultado positivo y la segunda, todavía bajo investigación.

La primera vez fue porque, entre otras cosas, llamó “psicópata” a Pedro Sánchez. Y quedó sin sanción porque había borrado su cuenta y eso, según el promotor de la acción disciplinaria, hacía imposible descubrir si los había escrito él o si se había identificado como juez. Recientemente, la Comisión Permanente ha corregido al promotor y le ha obligado a seguir investigando a este mismo juez, esta vez por acusar a Pedro Sánchez de ejercer el “golpismo” o por llamar “Barbigoña” a Begoña Gómez.

Algunos jueces con miles de seguidores en sus perfiles han abandonado esta red social y retornado tiempo después. Luis Sanz, magistrado de una de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid identificado como “Magistrathor” en X, participó recientemente en la ceremonia de inauguración de la plataforma 'think tank' Atenea del exlíder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, identificado como juez y pidiendo “osadía” contra reformas legales del Gobierno.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que un acto como este no podía ser considerado como “político” y, por tanto, no necesitaba permiso del CGPJ para acudir y participar. Sobre este concepto, se pregunta Rafael Rebollo: “¿No es entrar en política cuando el propio Consejo se manifiesta contra la amnistía cuando ni siquiera era pública? ¿Cuando jueces y fiscales se manifiestan con sus togas y puñetas? El legislativo no puede legislar en atención a las demandas de los jueces, creo que estamos de alguna manera superponiendo papeles y asumiendo facetas que no les corresponden”.

La Comisión de Ética Judicial, que no forma parte como tal del CGPJ y cuyos dictámenes no son vinculantes ni su incumplimiento motivo de sanción, se pronunció allá por 2019 con una advertencia de doble filo: “La expresión de opiniones, comentarios y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.

En su auto de procesamiento, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Grabaciones de reuniones “confidenciales” y para “los amigos de EEUU”

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

Un inspector jefe de la Unidad contra la Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía ha reconocido este jueves ante el juez Santiago Pedraz que decidió consultar en las bases de datos del Cuerpo información sobre Pablo Iglesias a raíz de investigación abierta al también fundador de Podemos Miguel Urbán, unas pesquisas que se han revelado como un montaje que atribuía al militante de Anticapitalistas la venta de 40 kilos de cocaína para finanaciar al partido.

El mando policial ha declarado como investigado en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular. El fiscal Vicente González Mota solicitó su imputación al aparecer el carnet profesional del policía en un informe que recogía las consultas realizadas a diputados del partido que entonces lideraba Iglesias.

El agente ha afirmado esta mañana en el juzgado que a las semanas de llegar destinado a la Udyco, en 2016, fue informado de la existencia de una operación denominada Cardenal donde se investigaba a un tal Miguel Urbán por tráfico de drogas y que en la operativa podría darse un delito de financiación irregular de Podemos. El investigado ha dicho que, una vez averigüó quien era Urbán, al que no conocía, decidió consultar en las bases de datos a Pablo Iglesias por ser el líder del partido al que pertenecía el anterior.

Según fuentes presentes en la declaración, el mando de la Udyco ha defendido que se trata de una práctica habitual de los investigadores hacer comprobaciones sobre el “entorno” del investigado. También ha dicho que no recuerda haber realizado consultas sobre otro dirigente de Podemos que no fuera Pablo Iglesias.

El fiscal González Mota le ha intentado preguntar si hubiera hecho lo mismo en el caso de que, por ejemplo, el investigado fuera el Partido Popular. Es decir, si en ese caso hubiera introducido el nombre de Mariano Rajoy en una base de datos. El juez Santiago Pedraz, a instancias de la defensa del policía, ha interrupido al fiscal y ha considerado que la pregunta no era pertinente.

El policía imputado critica el montaje

La abogada del policía le ha preguntado si, una vez ha conocido que la Operación Cardenal se basaba en el testimonio de un confidente y de un relato tan increíble como el que hacía de la venta de droga por Miguel Urbán, él habría enviado ese testimonio del colaborador a la Fiscalía Antidroga, como hizo el comisario José Luis Olivera. El imputado ha dicho que, según su criterio, esa investigación no debía haberse producido de acuerdo a ese testimonio de un confidente.

La investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016. En el marco de la causa que instruye Pedraz, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Había aparecido una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. Esa fue la primera pista para dar con el montaje sobre Miguel Urbán y la cocaína.

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2016, el comisario José Luis Olivera, utilizó el supuesto relato de un confidente para informar a Antidroga de que Urbán habría vendido 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucradas las unidades centrales de la Policía contra el crimen organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso seis meses después al no encontrar ningún indicio de delito en la información que le facilitaba la Policía.

El inspector jefe jubilado Bonifacio Díaz Sevillano ha declarado esta mañana como investigado en la causa por la guerra sucia contra Podemos. Ante el juez Pedraz, Díaz Sevillano se ha limitado a negar cualquier “ilegalidad” en su actuación y, a preguntas de su abogada, ha dicho que los viajes que realizó en busca de información contra la formación liderada entonces por Pablo Iglesias respondieron a “órdenes” de sus jefes, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Bonifacio Díaz Sevillano, 'Boni', fue un activo miembro de la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2016 y su rastro aparece también en las otras dos grandes maniobras parapoliciales de la época, la operación Cataluña y el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.

Para la imputación de Díaz Sevillano ha resultado clave el testimonio de dos altos cargo del chavismo, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos residentes en España y con procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Villalobos describió varias reuniones con Bonifacio Díaz Sevillano en las que el policía español le solicitó información contra Podemos, tanto en una cita en Nueva York como después, cuando se estableció en España.

La declaración de Díaz Sevillano apenas ha durado unos minutos, los que ha tardado en responder a tres preguntas de su letrada. En las respuestas ha negado haber realizado acto alguno contra la “inmunidad parlamentaria” de algún diputado, en referencia a los de Podemos, tampoco haber realizado “investigaciones prospectivas o ilegales” contra parlamentarios.

Díaz Sevillano llegó a entregar unas “fichas policiales” de miembros de Podemos a Nervis Villalobos para que tuviera presente de quién debía recabar información y entregársela. Las “fichas policiales” de las que habló Villalobos en su declaración como testigo ante Pedraz eran en realidad una impresión de fotos y biografías obtenidas por la Policía en Internet. Sin embargo, cuando Díaz Sevillano compareció como testigo aseguró que nunca se refirió a Podemos en sus reuniones con Nervis Villalobos.

Otro antiguo jerarca venezolano, Javier Alvarado Ochoa, fue quien entregó el supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS en 2008, utilizada por la brigada política y los medios afines para intentar acreditar una financiación irregular de Podemos, partido creado en 2014. Alvarado Ochoa ha reconocido haber entregado una fotocopia al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a uno de sus colaboradores, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.

Díaz Sevillano fue uno de los policías que se reunió con otro venezolano, Carlos Alberto Arias, para recabar documentación que “certificaría la existencia” de una cuenta en un banco del paraíso fiscal de Granadinas en la que Pablo Iglesias habría recibido más de 270.000 euros del Gobierno de Caracas. La cuenta nunca existió y, por tanto, tampoco el pago. Tanto la elaboración del bulo como su difusión es una de las líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Pedraz.

La causa judicial de la guerra sucia

En la instrucción de la causa por la guerra sucia contra Podemos está acreditado que antes de que los jerarcas venezolanos buscaran refugio en España, los policías españoles viajaron al extranjero a mantener encuentros con ellos para hacerles ofertas de residencia en el país a cambio de información contra Podemos.

Hasta ahora, detentan la condición de investigados en la causa de la guerra sucia a Podemos el ya citado Francisco Martínez, los mandos policiales Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo, y desde el pasado 12 de mayo, la fecha en la que dictó la providencia Pedraz, se suma Bonifacio Díaz Sevillano.

Solo los destinos de Díaz Sevillano explican cómo pudo estar implicado en la guerra sucia. Fue el agregado de Interior en Andorra durante la Operación Cataluña y después estuvo destinado en el gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Como recompensa luego fue destinado a México, con un sueldo neto mensual superior a los 11.000 euros. Díaz Sevillano fue juzgado por el caso de los pendrive de los Pujol, pero resultó absuelto. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por revelación de secretos a su antiguo jefe, el comisario Pino.