El PSOE ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor en la Audiencia Nacional del caso Leire Díez, “extremar las cautelas” para que no haya “ninguna filtración” de la información sobre sus seis cuentas bancarias que el magistrado pidió rastrear el pasado julio para buscar el rastro o las posibles conexiones entre Ferraz y la canalización de fondos hacia la exmilitante Leire Díez.

En un escrito presentado ante el juzgado, la representación del partido pide que se limite a la Fiscalía el acceso a la pieza separada que acordó crear el juez para introducir los datos recabados. La formación también reclama que se ordene el expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con “los pagos efectuados en relación con los hechos investigados”.

El juez Pedraz abrió una pieza separada para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda indagar en hasta 80 cuentas bancarias. Muchas de ellas están vinculadas a personas ya imputadas en la causa, en la que se investiga a una presunta trama que habría buscado “desestabilizar” causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero hay seis cuentas que están a nombre de la formación socialista, algo relevante porque hasta la fecha no consta como investigada en la causa.

En el escrito, el PSOE afirma que, en su momento, ya identificó aquellas cuentas desde la que se habrían realizado los pagos a los investigados y sostiene que son cantidades que “podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos (...) al margen de la organización” y que tampoco están vinculados a la actividad del partido, sus fines estatutarios o sus principios programáticos.

El expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que le devuelva su teléfono móvil después de que la Guardia Civil haya terminado el segundo clonado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Serrano ha pedido este viernes al juez Santiago Pedraz que le devuelva el teléfono depositado en sede judicial, dado que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó la operación de clonado del dispositivo, así como la copia de trabajo “para que sirva como a los propósitos de la investigación”.

Esa diligencia no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes, y por ello la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba. Sin embargo, el juez ordenó que se volviera a realizar el clonado, esta vez en presencia de Serrano y su abogado.

Serrano solicita la devolución argumentado que “consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación”.

Imputado en el caso Leire Díez

El juez ordenó dicha operación el pasado martes, tras la comparecencia de Serrano en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del caso Leire Díez antes mencionadas.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado se comenzó a realizar el pasado martes en una sala precintada del juzgado y Serrano y su abogado fueron citados este miércoles para recoger una copia del mismo. Así, el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

La exmilitante del PSOE Leire Díez se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la causa que hasta ahora dirigía un juzgado de Madrid por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emprendido una “investigación paralela” en su contra.

El juez de la Audiencia Santiago Pedraz unió esta semana esta investigación a las pesquisas que dirige en torno a una trama que buscaba presuntamente desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno o al PSOE. Lo hizo después de que el juez de Madrid Arturo Zamarriego —que fue el primero en investigar a Leire Díez— le remitiese su causa.

Ahora, la exmilitante socialista ha recurrido la providencia en la que el juez Pedraz aglutinaba toda la causa en un solo procedimiento, y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión. Desde hace meses, la defensa de Leire Díez ha presentado recursos contra diferentes decisiones del juez Pedraz, en los que ha denunciado una “investigación paralela” en su contra.

Ahora lo ha vuelto a hacer en un nuevo recurso, al que ha tenido acceso EFE, en el que reitera que ambas investigaciones no son “conexas”, sino que tienen una “identidad material de hechos y sujetos investigados” y que la Audiencia Nacional decidió abrir una investigación por unos hechos que ya estaban siendo instruidos en un juzgado de Madrid.

Subraya, además, que la resolución en la que Pedraz solicitó la causa a un juzgado de Madrid está aún recurrida, de manera que aceptar la investigación de Zamarriego supone ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal no se ha pronunciado.

El juez Zamarriego, a instancias del fiscal, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, renunciando así a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en relación con una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vuelva a realizar el clonado del teléfono de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Su defensa alegó que el primer volcado se produjo antes de que tuviera la condición de investigado en el caso y “sin autorización judicial”.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la comparecencia de Serrano de este martes en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

Esta diligencia se enmarca en la investigación sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional relativa al 'caso Leire Díez', que indaga, por un lado, en una supuesta trama de amaños de contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, por otro, en una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habrían contado con el liderazgo del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la coordinación de la exmilitante socialista Leire Díez.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del 'caso Leire Díez' antes mencionadas.

Primer clonado sin abogado

En este contexto, Serrano había sido citado hoy para verificar el clonado de su teléfono móvil llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil. Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado ha comenzado a realizarse esta mañana en una sala precintada del juzgado, un trámite que se extenderá durante unas ocho horas o nueve horas, según las fuentes. Al terminar, el contenido del mismo se trasladará a un disco duro. Serrano y su abogado han vuelto a ser citados este miércoles a partir de las 10.30 horas para verificar esa última parte del proceso.

Las fuentes han explicado que el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y que a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

El juez de Madrid Arturo Zamarriego, el primero que empezó a investigar a la exmilitante del PSOE Leire Díez en 2025, asegura en el auto en el que acepta ceder el caso a la Audiencia Nacional que en la trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales que afectan al Gobierno o al PSOE figuran personas “que podrían tener mayor nivel de jerarquía”. Y sostiene que las tres personas a las que él investigaba hasta el momento —la propia Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol— “podrían no ocupar un lugar principal en dicho entramado”.

En realidad, esa es la tesis del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye unas pesquisas por hechos similares, aunque en el marco de una causa más amplia y con más investigados, entre los que se encuentra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

En el auto en el que Zamarriego cede el caso recuerda que la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil “se constató” que Leire Díez habría ofrecido a funcionarios de la Guardia Civil y del Ministerio Fiscal remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos para “atacar” la correcta dirección de las investigaciones en las mencionadas causas judiciales. Y que, para ello, habría contado con el “impulso y soporte intelectual y/o financiero” de Santos Cerdán.

El pasado junio, el juez Pedraz reclamó a Zamarriego que le remitiera esa causa para unificar y asumir las dos causas abiertas en este momento. Según el juez de la Audiencia Nacional Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán llevaron a cabo acciones para “desestabilizar” aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.

El juez de Madrid Arturo Zamarriego, el primero que empezó a investigar a la exmilitante del PSOE Leire Díez en 2025, ha aceptado que el caso se unifique en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Santiago Pedraz instruye unas pesquisas por hechos similares, aunque en el marco de una causa más amplia y con más investigados. Así consta en una resolución fechada este 11 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Díez estaba siendo investigada tanto en este juzgado de Madrid como en la Audiencia Nacional por su supuesta participación en una trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales y que buscó extender su influencia a la Guardia Civil, cuyos mandos están detrás de algunas de las causas que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Tras esta decisión, el juez Zamarriego suspende el volcado y análisis del soporte de grabación del fiscal Ignacio Stampa y su conversación con Leire Díez. Esa diligencia estaba programada para que fuera realizada por agentes de la Unidad de Acústica de la Brigada Provincial de Policía Científica el próximo 20 de agosto.

El pasado junio, el juez Pedraz reclamó a Zamarriego que le remitiera esa causa para unificar y asumir las dos causas abiertas en este momento. Según el juez de la Audiencia Nacional Leire Díez y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán llevaron a cabo acciones para “desestabilizar” aquellas investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno o al PSOE.

Zamarriego, por su parte, ve indicios de que Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset buscaban, a través de esa “información comprometida”, la posibilidad de “anular o malbaratar” investigaciones judiciales en “casos relevantes” que podrían afectar a políticos y empresarios, tras dos denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda, con quienes Díez se habría reunido para pedir información.

La causa de Zamarriego partió de una denuncia presentada por la organización ultracatólica HazteOír por una reunión en la que Leire Díez habría ofrecido favores al empresario Alejandro Hamlyn, investigado por fraude de hidrocarburos, a cambio de información.

Hay imágenes que no necesitan interpretación. Las fotografías publicadas por distintos medios no son una anécdota: son una bomba jurídica. En ellas aparecen el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y el abogado Javier Gómez Bermúdez compartiendo vinos y cañas en una terraza del centro de Madrid. No se trata de un encuentro casual. Según los reportajes, ambos se reúnen prácticamente a diario, durante tres o cuatro horas, acompañados en ocasiones por la pareja del juez. Y lo hacen mientras Pedraz instruye la causa en la que la clienta de Gómez Bermúdez está imputada: la trama de hidrocarburos, un fraude millonario del IVA con ramificaciones políticas de primer nivel.

La escena, repetida día tras día, constituye, en términos estrictamente jurídicos, un evidente conflicto de intereses. La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: la amistad íntima entre un juez y un abogado que interviene en su procedimiento es causa de abstención y, si no se produce, la de recusación. No es una cuestión estética. Es una cuestión de neutralidad judicial y de confianza pública.

La incompatibilidad es evidente: el juez Pedraz instruye el caso donde está imputada Carmen Pano; su abogado es Gómez Bermúdez; y ambos mantienen una relación social estrecha, documentada en prensa: reuniones diarias, sobremesas, vinos y cañas. Esto no es una imprudencia. Es una contaminación directa del procedimiento.

Con lo que estamos viendo, nadie puede sorprenderse si la neutralidad judicial parece negociarse entre vinos. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y aquí no lo parece. Ni remotamente.

La justicia no puede ser amiga de nadie. Mucho menos del abogado de una imputada. Y muchísimo menos cuando esa imputada ha confesado, aunque no acreditado, haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE para financiar campañas electorales. La apariencia de imparcialidad no está dañada: está arrasada.

Su declaración forma parte de una trama que ya ha provocado que el PP solicite elevar la causa al Tribunal Supremo por la implicación del exministro José Luis Ábalos. Estamos ante un procedimiento con impacto político directo y consecuencias penales potencialmente devastadoras. En ese contexto, la imagen de juez y abogado compartiendo ocio de forma habitual no solo erosiona la apariencia de imparcialidad: la pulveriza.

La jurisprudencia es inequívoca: la apariencia importa tanto como la realidad. El Tribunal Supremo ha reiterado que la imparcialidad judicial no se mide únicamente por la ausencia de influencia real, sino por la apariencia objetiva de independencia. La pregunta no es si Pedraz y Gómez Bermúdez son amigos. La pregunta es si un ciudadano razonable puede pensar que lo son. Y la respuesta, a la vista de los hechos, es evidente.

Existe además un riesgo real de nulidad y de intervención de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, hoy en día con dudosa credibilidad. Si algunas de las partes presentan una recusación, y sería plenamente justificable, la Sala deberá decidir si la relación entre ambos compromete la imparcialidad del juez. Si lo estima, Pedraz será apartado de la causa. Si no lo estima, la sombra de duda seguirá proyectándose sobre todo el procedimiento. Y la existencia de esta relación podría afectar incluso a la validez de diligencias ya practicadas. En casos de alta sensibilidad institucional, la nulidad no es un escenario remoto: es una posibilidad real.

Otra causa que aparece es la instrumentalización de la UCO y la UDEF y que agrava el problema. En este caso, la UCO y la UDEF están siendo utilizadas como instrumentos por jueces enfrentados entre sí. Entre los policías les llaman “servir a jueces díscolos”. Yo lo digo más claro: cuando las unidades policiales de élite dejan de responder al interés general y pasan a responder a la estrategia de un magistrado, la justicia pierde su neutralidad y el Estado de Derecho se resiente.

El conflicto entre la UCO, que trabaja para Pedraz en el caso Leire Díez, y la UDEF, que trabaja para Moreno en el caso Koldo, no es técnico. Es estructural. Dos jueces investigan materia idéntica: movimientos económicos del PSOE. Dos unidades policiales ejecutan diligencias que se solapan. Y todo ello ocurre sin coordinación institucional, sin control y sin una resolución clara de competencia.

Cuando la justicia se convierte en un tablero donde cada juez mueve “su” unidad policial como si fuera una pieza propia, la ciudadanía pierde confianza. Y sin confianza, no hay justicia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe intervenir. El CGPJ debe actuar. La situación actual ha llevado al descrédito de las unidades policiales, hoy convertidas en vectores del descrédito judicial.

Se pide a gritos la necesidad de una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para impedir que cada juez actúe como “centro autónomo” sin control institucional. Las unidades policiales deben volver a ser lo que siempre debieron ser: instrumentos del Estado, no de los jueces.

La Audiencia Nacional no puede permitirse que uno de sus magistrados aparezca cada tarde en una terraza con el abogado de una persona imputada en su propio juzgado. No puede permitirse que esa relación sea pública, reiterada y fotografiada. No puede permitirse que la ciudadanía piense que la justicia se negocia entre vinos y cañas. La independencia judicial es un pilar del Estado de Derecho. Las imágenes publicadas lo resquebrajan.

Este es un caso que exige una respuesta institucional inmediata. La relación entre Pedraz y Gómez Bermúdez no es un detalle pintoresco. Es un problema estructural que afecta a la credibilidad de la instrucción, a la confianza en la Audiencia Nacional de la que no anda sobrada y a la integridad del proceso penal.

Lo dicho, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debe actuar. Las partes deben valorar la recusación. Y el Consejo General del Poder Judicial no puede mirar hacia otro lado.

La justicia no admite amigos. Y menos aún entre un juez y el abogado de una imputada.

Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire Díez, que anule la incautación y el clonado de su teléfono móvil y le devuelva el terminal. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Serrano alega que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervinieron su móvil sin “autorización judicial” antes de que tuviera la condición de investigado y exige la destrucción de los datos extraídos.

Su defensa presentó el escrito después de que el juez le citara para el próximo 18 de agosto para que “verifique” el clonado que la Guardia Civil hizo de su móvil. El exdirigente cuestiona que los agentes incautaran su teléfono el pasado 27 de mayo, cuando todavía no tenía la condición de investigado —que sí tiene del pasado julio—. Y denuncia, además, que la UCO clonó el móvil sin cumplir el mandato del juez Pedraz para que se hiciera en su presencia y acompañado de su abogado.

Así, la defensa de Serrano considera que la intervención del móvil no tiene cobertura legal al haberse producido fuera de los límites formulados por el auto judicial y que eso equivale a “una restricción del secreto de las comunicaciones no amparada por autorización judicial válida”, lo que debe derivar en la nulidad y la “inutilización probatoria de las grabaciones, transcripciones o hallazgos obtenidos al margen de la autorización”. Además, califica de “chocante” que Pedraz no ordenara la inmediata devolución del móvil después de que la UCO lo interviniera el pasado mayo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, imputó a Serrano el pasado julio. Tras recibir un atestado de la UCO, el juez tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En su resolución, el juez detallaba las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”.

Pedraz explicaba que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Vuelve el agente 81.067, inspector jefe Manuel Morocho. El policía que investigó los casos Gürtel y caja B de PP, y que ha denunciado en el Congreso, en un juzgado de instrucción y ante dos tribunales de la Audiencia Nacional la campaña de acoso que vivió por parte de los mandos policiales para entorpecer sus pesquisas va a prestar declaración sobre las maniobras que presenció contra Podemos durante su paso, obligado, por el nido de la brigada política que se organizó en la Dirección de la Policía durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

La última declaración pública de Morocho, ante el tribunal de Kitchen el 29 de abril pasado, dejó una pista que Podemos ha seguido como acusación popular en esa causa. El inspector jefe aludió al intento de sus superiores de que participara en 2016 en el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA) durante su relato. Los abogados de la formación política pidieron al juez Santiago Pedraz, que instruye otra de las patas de la guerra sucia del PP, dirigida contra Podemos, que Morocho declare en el marco de la misma todo lo que sabe de las maniobras contra el partido.

Como pidió Podemos, Morocho no declarará ante el juez, sino que será la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, que ha investigado toda la causa Villarejo, quien le tomará declaración. Una providencia de Pedraz a la que ha tenido acceso elDiario.es dice que se trata de “esclarecer la autoría del informe PISA, fecha de creación, modo de obtención de la documentación personal empleada en su elaboración (singularmente de la factura del señor Iglesias obrante en página 3, al menos en algunas de las versiones del documento)...”.

Tras las presiones para que no incluya el nombre de Rajoy en el cuerpo del informe de la Caja B y continuos retrasos en la supervisión de sus informes antes de enviarlos al juzgado, la Dirección de la Policía emprende otra estrategia con Morocho. El policía ha rechazado los destinos 'dorados' que le han ofrecido en el extranjero y el número dos del Cuerpo, Eugenio Pino, decide cargarle de otros trabajos para que no pueda avanzar en los que afectan al PP. Y así le destina en atribución temporal de funciones a la Dirección Adjunta Operativa, el nido de la brigada política. Tendrá que combinar su trabajo allí con la investigación de la caja B a las órdenes directas del juez Ruz.

En el juicio de Kitchen, durante el turno de preguntas a Morocho, el abogado de Podemos le preguntó por su destino en la Dirección Adjunta Operativa. “A ver... A mí me dicen que voy como experto financiero, puesto que ha salido la cuenta de Trías y ha sido un error, y que le ha costado un disgusto al ministro”, explicaba Morocho en alusión a la falsa cuenta del entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, en Suiza.

Morocho continuó: “Entonces, ahí enmarcan mi entrada allí. Yo... pues bueno, me dan alguna cosa, una cosa ahí de la familia Pujol en inglés, un documento de garantía societaria. Pero en fin, ahí no aguanto mucho, un día o dos, y me llevan a lo que era la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) que habían creado, que está fuera, en otro sitio”. La Policía del PP se sirvió de la opacidad a la que está obligada la Unidad de Asuntos Internos para crear en su seno una brigada que escarbaría en casos que afectaban al PSOE, como el 11-M o el Faisán, con la excusa de resolver errores pasados y a pesar de que se trataba de causas cerradas, con sentencia firme.

Hasta que llegó un momento en que la declaración de Morocho dio un salto a otro caso que se instruye todavía en la Audiencia Nacional. “Él me da, me da eso. Luego me da este famoso informe PISA y...”. El letrado de Podemos reaccionó y reorientó el interrogatorio rápidamente. Preguntó por el informe PISA y el inspector jefe aseguró que se lo entregó otro de los juzgados en Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, también investigado por la guerra sucia a Podemos. Fuentes Gago, según Morocho, le pidió que analizase el contenido del dosier.

Investigación a la 'pata' mediática de la guerra sucia

A Morocho le dio tiempo a contar que otro de los acusados en Kitchen, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano, le llevó a ver a un periodista, cuyo nombre no desveló, para “contarle el resultado de la indagación sobre el informe PISA”. La frase resume por sí sola la actuación de la brigada política en dos de sus pasos más importantes: la fabricación de dosieres sobre el adversario político y su estrategia de publicarlos en medios afines con independencia de que los despreciaran los tribunales. “Él [Bonifacio] estaba allí. Fue él quien me introdujo al periodista”, añadió.

Ahora, el juez Pedraz quiere que Asuntos Internos pida a Morocho la “identificación de los periodistas y/o medios a los que resultó filtrado [el informe PISA]; para lo que habrá que darse traslado a la referida Unidad de Asuntos Internos de la querella y auto de admisión, documentación aportada por UDEF sobre la denominada operación Venus, así como la declaración prestada en sede judicial por la testigo N. C. P. [antigua trabajadora del canal donde tenía un programa Iglesias]”.

De este modo, al menos parcialmente, Podemos logra que Pedraz encargue la investigación policial a una unidad especializada, lo que en otros casos que instruye este y otros jueces hace que la instrucción cuente con propuestas de los investigadores que, en muchas ocasiones, la Fiscalía y el juez utilizan como guía para las pesquisas.

Cabe recordar que la causa de la guerra sucia a Podemos sufre continuos varapalos por las negativas de Pedraz a expandir la investigación o imputar a determinados policías y que solo las propuestas de Podemos, muchas veces acordadas por la Sala de lo Penal, han impulsado el caso, ante la pasividad de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Pedraz vuelve a dejar fuera a Urbán

En este sentido, en un auto del pasado martes, Pedraz vuelve a desestimar la petición de Miguel Urbán de ser parte personada en la causa de la guerra sucia en relación con el montaje que sufrió acerca de una falsa venta de droga por su parte de 40 kilos de cocaína. En el escrito, Pedraz insiste en desvincular la operación Cardenal de la guerra sucia contra Podemos pese a que se produjo en el primer semestre de 2016, cuando arreciaban las maniobras contra la formación por si llegaba al Gobierno de la mano de una coalición progresista.

“La Fiscalía archivó, previa práctica diligencias, sin que conste dato alguno más. Es más, la propia Sala en auto de 8 de mayo ha desestimado la ampliación de la querella por la denominada operación Cardenal”, alega el juez en su auto. De este modo el fundador de Podemos, y eurodiputado en el momento del montaje, no podrá acusar por la falsa acusación policial. De paso, el comisario que impulsó el montaje, José Luis Olivera, se vuelve a salvar de la imputación, una vez más, por una decisión de Pedraz. El juez adopta la decisión de acuerdo con el fiscal Vicente González Mota.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha señalado este viernes en el Senado que cuando transmitió a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no debían ser proactivos en sus investigaciones lo hizo, como en otras ocasiones, porque está “cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional” y no los guardias civiles adscritos a la investigación judicial. Ha lamentado el “exceso de protagonismo” acompañado de cierta “vanidad” de algunos investigadores -sin citar expresamente al teniente coronel Antonio Balas- y ha añadido que en ocasiones se asumen papeles y roles que no les corresponden a los agentes.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero ha incidido en que existe cierta “proactividad tóxica o supletoria” de quien tiene la responsabilidad real de investigar, que es el juez instructor. Y ha enfatizado que este problema lo ha planteado en multitud de foros infinidad de veces, y “no solo en una conversación particular que se recuerda cuando interesa dos años después” de haberse producido, ha explicado en referencia a lo mantenido en sede judicial por el general Rafael Yuste y el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo sobre un encuentro mantenido en el verano de 2024.

Llamas fue imputado por el juez Santiago Pedraz por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia al entender que pudo participar de alguna manera en obstaculizar las investigaciones de la UCO que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, en la causa se fundamenta esa imputación por haber promovido informaciones reservadas, investigaciones internas, que se acordaron abrir por las filtraciones a la prensa de determinados detalles de casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Una de las primeras preguntas a las que se ha enfrentado en la comisión es la de si se plantea dimitir. Llamas ha sido tajante: “En absoluto”. Ha indicado que no considera cuestionado su honor por estar investigado y ha añadido que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le ha trasladado su apoyo tras la imputación y le habría indicado que su situación procesal es “injusta”. Además, ha indicado que aunque llegue a ser procesado en el caso Leire Díez no se plantea su dimisión. “Hasta que no se formalice y conste yo como acusado en primera instancia o sentenciado como culpable”, ha añadido, para insistir en que cuando entienda que su honor “ha quedado cuestionado de manera razonable” tomará una decisión.

Llamas fue llamado a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Senado por voluntad del PP con el pretexto de indagar en el caso Mascarillas. Finalmente, ese órgano parlamentario se ha convertido en un cajón de sastre para que desfilen por él responsables políticos e institucionales relacionados directa o indirectamente con causas judiciales abiertas.

A lo largo de su declaración, donde ha hecho mención a su carrera profesional de 48 años en el Instituto Armado, ha negado conocer a la exmilitante socialista Leire Díez pero ha advertido de que, de lo que ha podido leer en medios, parece que “fabula con bastante facilidad”.

Cuestionado por la llamada del ministro que desembocó en que él acordara una investigación interna para analizar una filtración de datos sensibles en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha explicado que, si bien previamente en una conversación con la directora general de la Guardia Civil ya se le había advertido de “ese desliz por parte de los investigadores”, Marlaska le dimensionó el problema. Le indicó que la filtración de las direcciones de correo electrónico del entorno del presidente provocó que fueran “bombardeados con todo tipo de material injurioso, pronográfico e insultante”, de manera que se tuvieron que bloquear las cuentas.

Al hilo, ha resaltado que no abrió una información reservada por la llamada del ministro porque lo habría hecho de todas maneras al conocer la dimensión del problema y ha negado tajantemente que Marlaska le llamara para preguntarle por la investigación del hermano de Sánchez sino para darle “esa dimensión del impacto de esos datos”: “No me conmina a hacer ninguna investigación”.

Por otro lado, ha confirmado que mantuvo un encuentro el 5 de mayo de 2025 con la directora general, Mercedes González, para comunicarle que existía una nota de despacho en la que se hablaba de la supuesta campaña de desprestigio que orquestaba Leire Díez para desprestigiar a la UCO. Ha añadido que González le participó que sí conocía a la presunta 'fontanera' del PSOE porque trataron un conflicto laboral en Correos cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y que recientemente la había visto.

Por su parte, el senador popular José Antonio Monago ha explicado que la Fiscalía mantiene que bloqueó la nota de despacho clave sobre la campaña contra la UCO. Él ha explicado que trasladó la misma a su superior, la directora general, tras el puente de mayo de 2025 -la recibió el 29 de abril- y que tras un viaje es cuando se le da cuenta de una segunda nota de despacho, que coincidía con la nota previa de Información.

En cuanto una de las informaciones reservadas que se abrió para a raíz de una información de El Mundo en el que se le calificaba de “peón de Marlaska”, ha explicado que él solicitó que fuera la directora general quien tomara la iniciativa de abrir la misma porque dado que él era protagonista de esa noticia no veía conveniente ser él quien acordara la apertura. De hecho, ha explicado que si hubiera sido llamado a declarar en el marco de esa investigación interna lo habría hecho.

Las fiscales del caso indicaron en un recietne informe que esa apertura de una investigación interna partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó, dice el Miniserio Público, en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Durante la comisión, tanto el PP como UPN y Vox le han solicitado encarecidamente que dimita para preservar el honor de la Guardia Civil. “Esto es un sinsentido y usted tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”, ha llegado a decir Monago. Mientras, la senadora socialista María del Río Martín ha lamentado que se use la comisión para que el PP dicté sentencia sobre los comparecientes. “La presunción de inocencia es una entelequia que salta por los aires en esta comisión (...), los comparecientes saben que la condena mediática y política es dictada por el PP con el consiguiente daño reputacional personal e institucional. El Senado no puede ser un tribunal paralelo”, ha enfatizado.

La declaración ante el juez

Este pasado jueves, el DAO de la Guardia Civil declaró ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son una herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informaron a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas declaró durante casi tres horas en calidad de investigado en el 'caso Leire Díez' por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas explicó este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, dijo.

El teniente general de la Guardia Civil defendió el trabajo de la UCO y negó haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido negó que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque admitió que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica surgió el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue al tratar la apertura de una información reservada por la publicación en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas respondió que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya negaron en el juzgado en sus declaraciones como testigos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

Antonio Rodríguez Estepa es un empresario con intereses en el sector de los hidrocarburos. También es una persona investigada por la Audiencia Nacional por un fraude del IVA en ese sector concreto. Y, también, es testigo en el caso Leire Díez: los investigadores sospechan que la trama pudo acercarse a él para obtener información que fuera perjudicial para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este jueves ha comparecido ante el juez Santiago Pedraz para negar que nadie le pidiera información “falsa” del Instituto Armado y que solo aportó a la abogada Leticia de la Hoz dos denuncias que él mismo había interpuesto en 2023 contra la Benemérita.

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que estaban presentes en su declaración, han explicado que ante el juez ha recalcado que ni le presentaron ni conocía a la exmilitante socialista Leire Díez. Sí mantuvo un par de reuniones con Leticia de la Hoz, abogada imputada en la causa y que llevó la defensa de Koldo García en el caso Mascarillas. Ha confesado que con ella sí hubo 'feeling' porque notaba que controlaba las causas de hidrocarburos, no como Jacobo Teijelo -también investigado- con el que no congenió. Sobre la figura de Leticia de la Hoz, de hecho, ha versado el interrogatorio porque la fiscal del caso quería saber si le pidió trapos sucios de la UCO. “No”, ha indicado.

Sí ha explicado que en una de las reuniones Leticia de la Hoz le transmitió que debía reunirse con Leire Díez en caso de que buscara llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Algunas fuentes indican que Rodríguez Estepa ha aseverado que ese encuentro para un acuerdo sería, literalmente, con “un jefazo” de la Fiscalía. No le concretaron con quién pero ha matizado que, en todo caso, debía ser a través de su abogado.

El abogado del PP, Alberto Durán, ha querido saber si ese ofrecimiento de colaboración con la Fiscalía iba unido a algo que debiera hacer o contar a cambio, pero ha destacado que lo único que tenía que hacer era contar lo que ya había puesto en sus denuncias. El abogado de Leticia de la Hoz, Carlos Bautista, ha querido presentar ante el juzgado una de ellas, la primera, y el juez le ha conminado a que la presente con un escrito por la vía ordinaria.

Así, la declaración del empresario choca con lo que habría declarado ante la UCO el 28 de mayo. A los agentes, según el acta que levantaron del interrogatorio, les confirmó que suma ya dos condenas por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo, que está siendo investigado por una tercera, y que Leticia de la Hoz le habría trasladado que gente que conocía su causa -por Leire Díez- le proponían beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO, el teniente coronel Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Este jueves también ha declarado el empresario Claudio Rivas -socio de Víctor de Aldama e imputado en el caso Villafuel- que ha negado conocer a Leire Díez y que ha sostenido que de Leticia de la Hoz sabe por estar personada en causas de hidrocarburos y porque mantuvo una reunión con ella en su despacho. Pero nunca le pidió que denunciara a la UCO. Un tercer testigo, José Luis Caramés, ha rechazado declarar dado que está inmerso en una causa ante ese mismo juzgado.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado este martes, en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la exmilitante socialista le ofreció ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO). El comandante, que permanece imputado en el caso Koldo por facilitar teléfonos seguros a la trama del empresario Víctor de Aldama, del asesor Koldo García y del exministro José Luis Ábalos, ha ratificado, en líneas generales lo que ya declaró ante la UCO y ante la Audiencia Nacional en esa otra causa: dos encuentros con la presunta 'fontanera' del PSOE en marzo de 2025 de los que levantó acta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que Villalba ha destacado, una vez más, que Leire Díez le ofreció no solo ese destino cerca de la dirección del Instituto Armado sino otros ampliamente remunerados como una embajada en el extranjero. Además, ha confirmado que le propuso pagarle la defensa legal en el caso Koldo -quien le lleva en la actualidad es el mismo despacho que lleva la dfensa de Víctor de Aldama- y le indicó que ella estaba allí de parte “de los de arriba”, del 'One', del Gobierno y del PSOE porque quería obtener información que perjudicara a la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. A cambio tendría que darle información de guardias civiles como el ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, el ahora a sueldo de la Comunidad de Madrid Juan Vicente Bonilla o el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Tras esa primera reunión en un restaurante de Leganés, hubo una segunda. Él tomó notas y hasta organizó grabaciones del encuentro. Según ha explicado ante Pedraz, esa vez ya sí iban con intención de 'pillarla'. En realidad, ha señalado que nunca tuvo en mente colaborar con la 'fontanera' y sí de destaparla. De hecho, ha explicado que pidió consejo a su abogado sobre si ir o no a esas reuniones, y este le dijo que no perdía nada. En esas actas que levantó Villalba acabaron en el caso Koldo, y ahora en el caso Leire Díez. En ellas daba cuenta de esos ofrecimientos. El más importante era el de recuperar su trayectoria profesional y colocarle “en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”.

Villalba ha explicado que la segunda reunión tuvo como objetivo, por su parte, tender una trampa a Leire Díez y dejar grabados sus ofrecimientos. Sobre este aspecto ha declarado también Alberto Ortega, que se ha presentado como un profesional de la seguridad privada que conoce a Villalba y a Koldo García desde sus tiempos de escolta en el País Vasco.

Ortega ha relatado, por ejemplo, cómo él recibió instrucciones de llevar a Leire hasta donde le llevara un coche al que debía seguir. Se encontró con que el punto de reunión era el mismo que la primera vez, una marisquería de Leganés. Ortega ha dicho que no sabía si las personas que había allí realizando una especie de control de seguridad eran guardias civiles: “No eran guardias civiles. La verdad es que no se qué eran, aunque esto pueda resultar contradictorio”.

Este testigo también ha dicho que hace tiempo que no habla con Leire Díez porque ella le llamaba continuamente para reprocharle que le había tendido una trampa. Ortega ha dicho que cuando Díez presumía de sus contactos lo hacía siempre de forma “muy genérica”.

La tercera testigo, una periodista que trabajó con Leire Díez en Crónica Libre, ha contado que el mismo equipo trabajó para las europeas de 2024 y cobraron 18.000 euros, IVA incluido. También se ha desvinculado de cualquier función del periódico que no fuera informar y ha añadido que fue un proyecto periodístico caracterizado por estar creado por mujeres.

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha lanzado un órdago al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: quiere que se anule toda la causa porque entiende en su detención en diciembre de 2025 se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la medida fue “completamente desproporcionada, injustificada, y no contó con la autorización judicial habilitante”.

En el incidente de nulidad que ha presentado explica que esa detención tiene origen en lo que se encontró en los registros realizados por la UCO de la Guardia Civil al empresario vasco Antxon Alonso en el marco de otra causa distinta: el caso Mascarillas que instruía el Tribunal Supremo. Explica que, a su juicio, la fuerza actuante instructora era la UCO y que se la detuvo “sin tener el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigada ni que iban a procesarla”.

Explica, además, que los hechos por los que fue detenida “son puramente genéricos y no se acompañaron de relato fáctico concreto” que permitiera concluir con precisión y objetividad una intervención delictiva por parte de Leire Díez. “Su detención únicamente se sostiene, genéricamente, con la supuesta participación en un grupo con otras dos personas por el que habrían influenciado a ciertas personas con cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros, percibiendo a cambio comisiones canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL”, explica, para subrayar que, por tanto, fue “ilegítima y nula de pleno derecho”.

Además, recalca que tampoco se explicó entonces por qué fue precisa la detención de la presunta 'fontanera' del PSOE y no bastó con una mera citación en sede policial o judicial de manera voluntaria. Máxime “cuando la causa de la que se extraen los supuestos indicios contra ella llevaba abierta un año y nunca antes había sido precisa su detención, produciéndose esta en plena vía pública al medio día sin observarse actuación delictiva flagrante”.

La defensa de Leire Díez denuncia también que se vulneraron sus derechos al intervenir sus dispositivos móviles y otras pertenencias en los cuatro diferentes registros realizados sin una motivación fundada y sin auto judicial que habilitara. Explica que, partiendo de que la detención es nula, “todo lo derivado de la misma también es nulo”. Así, tanto la incautación de dispostivos como cualquier diligencia o resolución judicial derivada también lo es.

Fuentes del entorno de la exmilitante socialista señalan a este periódico que, por el momento, no se prevé ningún cambio en la defensa legal de sus intereses. Díez consta como investigada junto al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por amañar contratos públicos. También se le investiga por, presuntamente, tratar de desestabilizar procedimientos judiciales abiertos contra personas vinculadas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

Dos empleadas del PSOE imputadas en la causa de la Audiencia Nacional conocida como caso Leire han recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de anular una diligencia clave del pasado mes de mayo: la incautación de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. Su defensa entiende que esta medida, adoptada en el domicilio de ambas, se tomó con una “clara vulneración” de hasta cuatro derechos fundamentales, “sin asistencia letrada” y “sin mandato judicial”. Las dos están imputadas en la rama de la investigación que analiza si el partido sufragó gastos y viajes a Leire Díez mientras, supuestamente, se dedicaba a dinamitar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La defensa de ambas trabajadoras explica que el mandamiento del juez incluía la incautación de dispositivos electrónicos en la sede del PSOE pero que los agentes de la UCO se presentaron en su casa con un mandamiento de investigadas no detenidas y se apoderaron de sus terminales, el personal y el del trabajo, que especificaran su PIN y las cuentas de correo asociados a uno y otro.

Por tanto, dice la defensa, la UCO actuó “sin mandato judicial, obviando que la no adopción de esa incautación no la puede arbitraria ni ilícitamente acordar la fuerza actuante al no darse los requisitos de urgencia y flagrancia requeridos para acometer una invasión tan determinante del derecho fundamental a la intimidad”.

Esta forma de actuar de la UCO se enmarca, según la defensa de las trabajadoras en una “persistente y prolongada acción en el tiempo, desarrollada por la fuerza policial actuante, que acumula información extraordinariamente sensible de centenares de personas, obtenida de las entrañas de sus teléfonos móviles, bastando cruzar datos entre ellos para poder construir relatos incriminatorios contra determinadas personas, adornándolas de preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladándolos a la opinión pública tienen un efecto devastador para los mencionados”.

La segunda parte de esta actuación de la UCO consistiría “en que si los hallazgos poco tienen que ver con lo investigado se suele aludir a 'nuevas líneas de investigación' que indiciariamente implican a nuevas personas”, añade el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las acusaciones populares del caso Leire Díez, dirigidas por el PP, han solicitado en un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que acuerde citar en calidad de investigados tanto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como a su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, y a su antecesor en el cargo de la Dirección General Leonardo Marcos.

En el escrito, adelantando por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que el magistrado investiga en la presente causa la existencia de una presunta trama dirigida a desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al PSOE y a miembros del Gobierno. La trama, presuntamente supervisada por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez habría tenido por objetivo “neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”, recuerda el PP, que añade que en particular se centraron en la figura del teniente coronel Antonio Balas.

Los 'populares' sostienen apoyándose en informes de la UCO, que entre González y Leire Díez “existió una relación personal y reiterada (...) que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024”. Y destaca que existieron al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea. Apunta, además, que Díez utilizaba conscientemente su relación con González “para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO”.

Para el PP, “resulta especialmente relevante la secuencia cronológica (...) que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE”. En concreto, habla de cuatro hitos. El primero habría ocurrido el 9 de mayo de 2025 cuando la abogada de Koldo García -asesor de Ábalos- remitió a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente indicándole que se lo hiciese llegar Mercedes Gónzalez “a ver qué opina”. La presunta 'fontanera' del PSOE le respondió: “Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”.

El segundo hito que recoge el PP es de 10 de mayo de 2025, cuando El Mundo publica unos mensajes de WhatsApp entre el Ábalos y el presidente del Gobierno; el tercero sería de 11 de mayo de 2025, cuando la UCO documenta dos interacciones de WhatsApp entre la directora general de la Benemérita y Leire Díez, “compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas”.

Y el cuarto episodio que refleja la acusación popular es de 11 de mayo de 2025, “cuando el DAO se reúne con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), General Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración”.

A esto, el PP suma que, de las declaraciones de estos últimos días de varios mandos de la Guardia Civil, quedaría acreditado que “entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 la cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el 'DIECAN' de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno”.

Según recoge el PP de esas declaraciones, los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo habrían declarado ante Pedraz que en ninguna de sus respectivas trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad“. Apunta que las calificaron de ”excepcionales“, ”no habituales“ y constitutivas de un ”intento de intimidación“. Ambos mandos, según la acusación popular, habrían ratificado también el anterior director general Leonardo Marcos y el actual DAO les conminaron a ”ponerse de perfil“ y a ”no ser proactivos“ en aquellas causas con ”afectación política“, en particular en la causa relativa al hermano del Presidente del Gobierno.

El PP pone el foco también en un “elemento de especial gravedad probatoria”: la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

Para los 'populares' esto demostraría que el DAO “ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO”.

Tras esta exposición de hechos, el PP indica que la directora general de la Guardia Civil habría incurrido en “contradicciones” durante sus comparecencias públicas: “a través del Ministerio del Interior negó toda reunión con Díez; tras el atestado de la UCO ”reconoció dos reuniones en cafeterías“; después admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre ”cuestiones personales y familiares“; y, finalmente ”reconoció que en uno de los encuentros Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba, que por entonces había sido detenido en el marco del caso Koldo.

Para el PP, los hechos descritos podrían constituir delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos, y pertenencia o cooperación con organización o grupo criminal.

El pasado 16 de junio Mercedes González negó en el Senado haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, dijo.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama de corrupción en contratación pública para favorecer a determinadas empresas incluye en la causa el cuestionamiento de la limpieza del proceso de licitación del contrato de derribo de las viejas baterías de coque, en Avilés, a la empresa Erri Berri S.L.

El procedimiento de contratación pública de la obra avilesina se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), sociedad dependiente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

Los trabajos fueron adjudicados en 2,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.

Apenas unas horas después de que trascendiera que el juez Pedraz había imputado a 25 personas en el caso Leire, entre las que figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, las reacciones en Avilés han sido inmediatas.

Las explicaciones de la alcaldesa

Los grupos municipales de la oposición en la Villa del Adelantado han exigido explicaciones públicas y transparencia sobre el conocimiento del equipo de gobierno municipal sobre esta operativa mientras la alcaldesa de la ciudad, la socialista Mariví Monteserín, apela a la confianza en que todo se aclare y que las irregularidades que ahora se investigan “tengan explicaciones lógicas”.

“Seguramente que, al cocer, encogerá mucho; ahora parece muy espectacular, pero muchas cosas tendrán explicaciones lógicas y otras no”, ha asegurado la alcaldesa.

La “apuesta clara”

Mariví Monteserín ha admitido que “siempre es preocupante que ocurran este tipo de cosas”, si bien ha incidido en la “apuesta clara” que hay por los terrenos de las baterías.

Los asuntos que no tengan lógica, ha añadido, “serán penalizados como no puede ser de otra manera”, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe, pero ha insistido en que la ciudad va a pelear por su interés, que es que las baterías “tengan lo antes posible vida, industria y un desarrollo económico para la ciudad, para la comarca y para Asturias”.

Una oferta “anormalmente baja”

No tiene la misma paciencia la oposición por esperar a que todo se aclare en sede judicial. Así, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional Esther Llamazares recordó que su partido ya denunció la poca claridad de los negocios de Erri Berri en la ciudad “cuando saltó justo el tema de Baterías que presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal”.

Por su parte, el presidente de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha instado a la alcaldesa a dar explicaciones para que la ciudadanía conozca “qué relación mantuvo el PSOE local con una empresa hasta entonces desconocida en Asturias como Erri Berri y qué controles ejerció el Ayuntamiento a lo largo de todo el procedimiento”.

Los mecanismos de control

Foro Avilés quiere que aclare todos los contratos, adjudicaciones, reuniones y cualquier otra relación administrativa mantenida con Erri Berri, así como los mecanismos de control y supervisión que se aplicaron durante la tramitación de los distintos expedientes.

“No basta con escudarse en que existe una investigación judicial. Precisamente porque la hay, el Ayuntamiento debe extremar la transparencia, facilitar toda la información que legalmente pueda hacerse pública y colaborar activamente para despejar cualquier sombra de duda”.

La advertencia

De la misma opinión son el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y la portavoz del partido ultraderechista en el consistorio avilesino Arancha Martínez. Ambos han extendido su solicitud de explicaciones al gobierno municipal de Avilés, a la Autoridad Portuaria y a SEPIDES por la operación planteada sobre los terrenos de las antiguas baterías de coque que afecta a la adjudicación del contrato de demolición de esas instalaciones.

Centeno ha recordado que Vox fue la primera formación en denunciar públicamente, el pasado mes de mayo, las sospechas sobre la adjudicación del derribo de las baterías y ha señalado que la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, basada en los informes de la UCO, “está sacando a la luz lo que ya advertimos hace semanas”.

“Es un cambio de manos”

En este sentido, ha advertido de que la evolución de los acontecimientos hace temer que la operación urbanística pueda dar un giro para trasladar ahora la responsabilidad al Puerto de Avilés.

“Mucho nos tememos que se pretende resolver esta operación quitándosela a SEPIDES para trasladársela al Puerto de Avilés. Lo que vemos es un cambio de manos que genera todavía más dudas sobre el futuro de estos terrenos”, ha afirmado.

El parlamentario ha cuestionado además la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para afrontar una operación de estas dimensiones, recordando que, además del precio de adquisición, habría que asumir los costes de descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos.

“¿Quién va a pagar esa factura?”

“¿De dónde va a sacar el dinero el Puerto de Avilés para afrontar una operación que supera ampliamente su capacidad económica? Los avilesinos tienen derecho a saber quién va a pagar esta factura”, ha ratificado.

Por su parte, Arancha Martínez ha denunciado el “silencio cómplice” del Gobierno municipal socialista, al que reprocha no haber pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial.

“Si el Gobierno municipal está tan escandalizado con los presuntos casos de corrupción, debería empezar exigiendo responsabilidades dentro de su propia formación política”, ha remarcado.

Las conexiones

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el contrato de demolición de las baterías de coque apunta a que la exmilitante y supuesta “fontanera” socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez y a quien se relaciona como socio del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán, podrían haber tenido intervención en el proceso de adjudicación.

La intervención vendría, según la UCO, a través del presidente de la Mesa de Contratación, Fernando Albert Aragón, a cambio de una supuesta mordida de 400.000 euros. Los tres, según esta unidad especializada de la Guardia Civil, compartían un grupo de WhatsApp denominado 'Hirurok', que traducido del euskera significa “nosotros tres”.

La Fiscalía Anticorrupción ha descrito hasta cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL (PEPA) -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

El supuesto amaño

El supuesto amaño por la que ahora están siendo investigados directivos de la compañía Erri Berri, el presidente de la Mesa de Contratación que adjudicó la obra, Fernando Albert Aragón, que a su vez ostentaba el cargo de secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides, y la entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ortiz Fuerte, que falló una reclamación, habría consistido en beneficiar a la compañía navarra validando y eligiendo su oferta pese a su precio extremadamente bajo e inadmitiendo luego el recurso de una competidora. 

El supuesto amaño se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto, según ha publicado La Nueva España, aparece el nombre de María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. La UCO subraya que ésta había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández. 

Una “mordida” de 400.000 euros

Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Para canalizar ese dinero, según la UCO, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían usado sus contactos en el entorno de SEPIDES, adscrita a la SEPI, para favorecer a la empresa navarra Erri Berri en el desmantelamiento de las baterías de coque en Avilés.

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas. Entre ellos están Fernando Samper –fundador y propietario de Forestalia–, los hermanos Pérez Águeda –supuestos conseguidores del empresario aragonés– y Carmelo Aznárez –exadministrador de la firma Mediaciones Martínez, con la que presuntamente se canalizaron comisiones–, en la pieza del caso Leire Díez sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar “indicios de criminalidad”, tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, entre otros.

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández –ya imputado– compartió en el grupo Hirurok un archivo en el que “consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos” sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, “haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria”.

Además, señala que también constaba “el compromiso” de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

700.000 euros en comisiones

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha, con la empresa Mediaciones Martínez como vehículo de estas operaciones. La firma tenía como administrador a Carmelo Aznárez, aunque el auténtico propietario era Alonso.

Según el instructor, Cerdán y Díez aprovecharían “sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico”.

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado Hirurok con Díez, Fernández y Alonso, “actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior”.

Fernando Samper ya fue detenido el pasado mes de marzo dentro de la Operación Perserte de la Guardia Civil, en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal