La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no es imparcial en su investigación del caso Leire. Esta es la denuncia que ha presentado ante el juez Santiago Pedraz la defensa de Leticia de la Hoz, investigada en la causa que se sigue por las presuntas maniobras de una trama para abortar las investigaciones de corrupción que afectaban al PSOE.

En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Carlos Bautista denuncia la participación de los agentes de la UCO en la introducción de una supuesta prueba contra su defendida sin comprobar la verosimilitud de la misma. El letrado concluye que los investigadores no actúan con “imparcialidad” en un caso en el que se investiga si su coronel, Antonio Balas, y la propia Unidad, fueron el objetivo de Leire Díez y otros investigados.

Álvaro Gallego es el individuo que habría acercado a Carmen Pano a las inmediaciones de la sede del PSOE para que esta entregara allí 90.000 euros en metálico, siempre según la versión de ambos. En su declaración ante el juez, Gallego dijo guardar unos mensajes con Leticia de la Hoz alusivos al supuesto intento de compra por parte de la letrada para que Pano no ratificara ante el juez la versión que había dado en los medios de comunicación.

La queja de la defensa de De la Hoz radica en que los supuestos mensajes no fueron aportados por Gallego, sino por Carmen Pano mucho después de que fueran publicados y con el mismo “recorte” que habían sido dados a conocer por algunos medios de comunicación. Pese a la manipulación, los investigadores de la UCO lo incorporaron a la investigación sin la más mínima apreciación sobre la manipulación.

“La Unidad no ha cumplido adecuadamente con el deber de imparcialidad, pues conocía el carácter fragmentario y sesgado de las imágenes que incorpora a su atestado de 1 de octubre de 2026, y pese a ello, omitió deliberadamente contrastarlas con la cadena de mensajes que obra en su poder desde el 2 de junio de 2026”, reza el escrito de la defensa de Leticia de la Hoz.

Perjudicados e investigadores

El escrito está dirigido a solicitar la imputación por falso testimonio de Gallego pero también a poner el foco sobre el papel de la UCO. “Mención aparte merece la actitud de la unidad investigadora, probablemente influida por su doble condición de presunta víctima y de órgano policial actuante en este asunto, dado que el peso de la indagación recae en agentes integrados en la unidad contra la que, según la hipótesis acusatoria, se dirigía la conducta investigada”, recoge en referencia al caso Leire.

El abogado de Leticia de la Hoz alude a los mensajes recortados cuando muestra su preocupación porque los informes de la UCO en el caso Leire son “el filtro por el que el material de la causa llega al instructor”. En este sentido trae a colación una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que este apreció vulneración porque un tribunal islandés había resuelto a partir del dictamen de unos peritos empleados por el hospital cuya negligencia se enjuiciaba. “Lo mismo cabe predicar en este procedimiento, en el que quienes figuran como perjudicados investigan su propio caso”.

El hoy coronel Balas fue el primer objetivo conocido de Leire Díez, anterior incluso a que se abriera la causa en la Audiencia Nacional. Ocurrió cuando El Confidencial publicó un vídeo de una reunión en la que la exmilitante socialista pedía colaboración a un huido de un caso de hidrocarburos para cobrarse la cabeza de Balas y apartarlo de las investigaciones contra el PSOE. Siete meses después UCO detuvo después a Leire Díez por su presunta participación en un caso de corrupción en adjudicaciones y se hizo con su teléfono y agendas, lo que permitió abrir la investigación por la presunta trama para ayudar al PSOE.

La actuación de Balas ya quedó en entredicho cuando acudió a la Dirección General de la Guardia Civil para requerir documentación sobre los expedientes abiertos contra él y su cadena de mando por la supuesta filtración de información. Balas acudió en persona con un auto del juez que le autorizaba a llevarse la documentación, pero sin autorización judicial, aunque dentro de la legalidad, organizó una rueda de interrogatorios que permitirían imputar con posterioridad a la directora de la Guardia Civil.

Neutralidad e imparcialidad

La defensa de Leticia de la Hoz, abogada a su vez de Koldo García, alude al artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y a la obligación que tiene la UCO y cualquier implicado en el procedimiento penal de “apreciar” tanto las “circunstancias adversas como favorables al presunto reo”. Eso afecta, según añade, tanto a recabar las supuestas pruebas contra él como el juicio que emite sobre ellas.

“La unidad actuante está obligada a poner de manifiesto los indicios de descargo con el rigor con que expone los de cargo, exigencia que comprende la búsqueda, el contraste de fuentes, el grado de detalle en el cuerpo del informe y el lugar que unos y otros ocupan en sus conclusiones”, expone el abogado Bautista. Y añade al respecto: “Un informe que recoge lo que incrimina y omite lo que, constando en el material intervenido, desmiente o matiza la hipótesis de cargo, infringe el artículo 2 aunque cada uno de los datos consignados sea exacto. Y lo infringe también el que menciona el dato favorable, pero lo trata con un rigor menor que el que dedica al adverso”.

El escrito también menciona la “absoluta neutralidad” y la “imparcialidad” a la que obliga la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el Código de Conducta de la Guardia Civil, de 2022, que exige actuar “con absoluta imparcialidad y neutralidad, carentes de prejuicio alguno”.

Antonio Balas ascendió a coronel de la Guardia Civil a principios del pasado mes de septiembre. Su nueva graduación le obligaba a dejar el puesto de jefe de Departamento en la UCO y que se le asignara un nuevo puesto acorde a su categoría. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción solicitó que continuara, en comisión de servicio, al frente de las investigaciones que lleva en la actualidad y que afectan al PSOE, a lo que los jueces Ismael Moreno y Santiago Pedraz accedieron.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha denunciado ante la Policía de la capital pacense que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez, la siguió en su coche el mismo día que ella prestó declaración en la Audiencia Nacional como víctima de las maniobras de la exmilitante socialista y el autor de la presunta persecución. El exjuez, en conversación con elDiario.es indica que es “rotundamente falso” y asegura que ese día estaba a 400 kilómetros de Badajoz en compañía de su familia.

“En el trayecto del aeropueto de Talavera la Real a su domicilio en Badajoz, sobre las 19:15 y estando circulando en su vehículo particular en compañía de sus dos hijas menores de edad, la mayor de sus hijas le avisa que un coche de color blanco, sin poder aportar la placa de matrícula, que se ha puesto en paralelo a la declarante iba ocupado por el señor Sáenz de Tejada”, recoge el atestado poicial, a partir del testimonio de la denunciante.

Biedma añadió a los policias que “desconoce cómo esa persona ha podido tener conocimiento que la declarante iba a realizar ese trayecto en ese omento, temiendo que pudieran haber colocado algún tipo de localizador o dispositivo GPS en su vehículo”.

Sáenz de Tejada mantiene un contencioso con lo que él denomina el “lodazal” que son los cuatro juzgados de instrucción de Badajoz. A Biedma, como parte de ese grupo, le ha presentado medio centenar de denuncias, según asegura él mismo. La magistrada fue una de las encargadas de instruir el caso de violencia de género por el que fue condenado Sáenz de Tejada, pero este logró recusarla y apartarla de la causa por su relación con su ex mujer, jueza igualmente en Badajoz.

El exjuez había aludido a Biedma en sus vídeos de Youtube antes de que Leire Díez le contactara para ayudarla en su plan para apartar a la jueza del caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Ahora, Biedma denuncia que Sáenz de Tejada sigue mencionándola en la citada red social, “donde manifiesta que no retira ningúna de las expresiones realizdas en sus vídeos anteriores y también existen publicaciones sobre este tema en el Club de Debates Urbanos de Badajoz”, una página de Facebook dedicada igualmente a denunciar la supuesta corrupción judicial en la ciudad.

En su denuncia, Biedma alude a esta página, a los vídeos de Yotube y a unas supuestas “visitas al colegido donde estudian sus hijos”. Unido al presunto seguimiento en coche, Biedma dice que desconoce “el alcance que puedan derivar todo este tipo de acciones” y que “teme por su integridad física, así como por la de sus hijas y que dichas amenazas puedan consumarse”.

La denuncia de Biedma ante la Policía ha sido incoporada a la causa que sigue Pedraz en la Audiencia Nacional. El juez ha rechazado ampliar la investigación al contencioso que Sáenz de Tejada mantenía con Biedma antes de que entrara Leire Díez en la ecuación y ha rechazado tomar declaración, por ahora, a la jefa de un clan de Badajoz que asegura que el juez le propuso atentar contra la magistrada.

La investigación de la guerra sucia contra Podemos que desplegó el último Gobierno del Partido Popular acaba de sufrir un revés imprevisible. Este jueves estaba prevista la declaración de un testigo clave, el exministro venezolano Rafael Isea, por videoconferencia desde Nueva York. Pero a 48 horas de que se produjera la comparecencia, las autoridades de Estados Unidos han informado a la Audiencia Nacional de que Isea declina asistir a la toma de declaración. Isea podía refrendar la grabación en la que un destacado miembro de la brigada política del Partido Popular le traslada, en mayo de 2016, que ha acudido a entrevistarse con él para evitar que Podemos alcance el Gobierno de España. El viaje respondía, según afirma en el audio el mando policial, a un “mandato” personal del presidente, Mariano Rajoy.

“Hace un momento supimos que el señor Isea ha declinado participar en la entrevista prevista para finales de esta semana”, reza en un correo electrónico recibido en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional este martes, según consta en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Isea había explicado con detalle en dos entrevistas a medios españoles el engaño que sufrió por parte de policías españoles para que ratificara una fotocopia de un documento de un pago a fundadores de Podemos con origen dudoso y varios errores.

Todo lo que ocurrió en el Consulado de España el 12 de abril de 2016 consta, además, reflejado en una grabación que adelantó moncloa.com en 2019 y que ha sido incorporada en su totalidad, más de una hora, a la causa que instruye Santiago Pedraz. Las partes habían sido informadas hace pocos días de que la declaración por videoconferencia seguía adelante y que tendría lugar a las 17:30 horas de este jueves, una hora poco habitual en los juzgados españoles y que respondía a la diferencia horaria con Estados Unidos. Hasta la recepción del citado correo.

El cambio radical de Isea se produce después de que las defensas de los miembros de la brigada política del PP solicitaran al juez que un informe pericial acredite la autenticidad de la grabación y la ausencia de manipulaciones. Pedraz acordó esa diligencia y suspendió por ahora la declaración como investigados de dos de los tres policías que intentaron manipular a Isea. Se trata del entonces jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, ya jubilado, y de una subordinada de este, inspectora jefe de la UDEF. El tercero de ellos, José Ángel Fuentes Gago, es quien pronuncia la frase sobre el “mandato” que habían recibido de Rajoy y del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y ya declaró como investigado.

Los hechos tuvieron en la primavera de 2016, dentro del semestre en el que toda la cloaca del Ministerio del Interior orientó su actividad a desprestigiar a Podemos para evitar que alcanzara un Gobierno de coalición tras las elecciones de junio. En ese periodo se filtró el informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. También se fabricó el bulo de la cuenta falsa de Iglesias en un banco de Granadinas, a la que el régimen de Chávez ingresaría fondos con idéntica finalidad. O la falsa operación de venta de 40 kilos de droga por Miguel Urbán en un bar de Malasaña.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. Para cuando se produjo el encuentro, el diario ABC ya había publicado un presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS, una fundación por la que pasaron varios de los fundadores de Podemos y que, efectivamente, trabajó para el Ejecutivo venezolano entre los años 2008 y 2010. La orden de pago era de 7,1 millones de euros, cuatro años antes de que se fundara Podemos. CEPS, que nunca llegó a tener vinculación el partido, ha reconocido los trabajos en Venezuela y ha desmentido la cifra.

Los policías acudieron a Nueva York a que Isea rubricara la autenticidad del documento, una fotocopia que había facilitado un colaborador de la Policía española con antecedentes por estafa. El propio Isea reconoce en el audio que ese individuo, el abogado José Aliste, le “genera vértigo, por decirlo ameno”.

Durante el encuentro con la Policía, Rafael Isea y su abogado muestran su preocupación por las consecuencias de su colaboración y por el hecho de que el documento se haya filtrado. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

El comisario García Catalán y su subordinada elaboraron un atestado a partir de la entrevista con Isea. Su contenido fue reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia. Isea acude este jueves como testigo a la Audiencia Nacional después de que haya reconocido los hechos en sendas entrevistas a El País y La Sexta.

Los policías españoles aparecen tratando de convencer al ministro venezolano de que libraban una batalla contra la corrupción. Los agentes reconocen que no pueden imputar financiación ilegal a Podemos porque ni siquiera existía el partido cuando se produjeron los hechos, pero quieren demostrar que sus líderes son unos defraudadores fiscales que no declararon los pagos del Gobierno chavista. 

Durante la reunión se pronunció una de las frases más célebres que constan grabadas a un miembro de la brigada política. Fuentes Gago está intentando convencer al confidente de que España es un Estado de Derecho y que eso hace que la investigación que se inicie a partir de su testimonio no dependerá de quién gobierne el país. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, según consta en la grabación, incorporada ya a la causa y sobre la que Pedraz ha ordenado que se verifique su autenticidad.

En la ampliación de su querella, Podemos asegura que Isea “señaló numerosas irregularidades, tanto formales (formato del documento, uso de nombres incorrectos), como materiales (imposibilidad de comprometer gasto público en las fechas señaladas, falta de presencia del propio supuesto firmante)” durante el encuentro con los policías, tal y como demuestra la grabación. El exministro de Finanzas venezolano insistía, recuerdan los abogados del partido, en que no quería incriminarse reconociendo un documento cuya veracidad no podía asegurar“.

La representación de Podemos describe así el delito de falsedad documental cometido presuntamente por los policías: “A pesar de estas advertencias directas y de la evidente falta de viabilidad del documento, los querellados, en un claro concierto de voluntades y con el fin de crear un documento mendaz que sirviera a sus intereses espurios, redactaron un acta oficial que omitió deliberadamente todas y cada una de las objeciones y dudas manifestadas por Isea. De este modo confeccionaron un documento público, que no reflejaba la realidad de lo acaecido, presentando como una ratificación lo que en verdad fue una declaración plagada de cautelas y desconfianza por parte del testigo”.

La declaración del entonces jefe de la UDEF y su subordinada como imputados se ha visto postergada al análisis de la grabación que han solicitado las defensas y que podía resultar estéril si Isea hubiese confirmado el jueves lo que muestra el audio cuando se reproduzca en el juzgado. Pedraz lleva instruyendo la causa por la guerra sucia a Podemos dos años y siete meses. La instrucción avanza lentamente, sobre todo si se compara con otras que se sigue en el mismo juzgado, y recoge fuertes reticencias de Pedraz, la más llamativa negarse a investigar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Urbán.

El magistrado accedió en julio a que la Unidad de Asuntos Internos recabe el testimonio de Manuel Morocho, el inspector jefe que relató en el juicio de Kitchen cómo presenció las maniobras contra Podemos dentro del destierro forzado que sufrió por sus investigaciones al Partido Popular. En la causa está imputado el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos de la brigada política del PP durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El juez Santiago Pedraz ha rechazado practicar la mayoría de las diligencias que había solicitado la magistrada Beatriz Biedma dentro del caso que se sigue contra la presunta organización de Leire Díez, incluida la declaración de Cintia Rocho, presunta jefa de un clan de la droga en Badajoz, de la que dice ya ha declarado ante la UCO.

El instructor del caso alega que ya ha citado a declarar como investigado al exjuez Luis Sáenz de Tejada, al que habría reclutado Leire Díez para intentar apartar a Biedma del caso de David Sánchez, y que el resto de peticiones de la magistrada de Badajoz aluden a denuncias y supuestas conspiraciones del investigado anteriores a que entrara en contacto con la antigua militante socialista y acordaran unir fuerzas.

En una providencia de este mismo miércoles, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz asegura que los expedientes que reclama incorporar Biedma a la Audiencia Nacional o las denuncias que interpuso en el pasado contra ella Sáenz de Tejada “serían pertinentes si se acredita indiciariamente” que se produjeron en concierto con Leire Díez y su grupo, “mas ninguna de ellas (salvo la declaración de aquel en su caso) sirve para constatarlo, al estar todas dirigidas respecto a la conducta de Sáenz y no en relación a la organización”.

Pedraz alude en todo momento al escrito de las fiscales del caso en la Audiencia Nacional en el que se oponen a investigar cualquier presunta ilegalidad que hayan cometido los investigados y que no tengan que ver con la finalidad del grupo de Leire Díez, esto es, en el marco de sabotear supuestamente las causas judiciales que afectan al PSOE. Por eso, viene a decir el juez, si Sáenz de Tejada actuó contra Biedma en el pasado por otros motivos, eso no es parte, por el momento, de la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional.

De hecho, la propia Biedma declaró ante Pedraz que Sáenz de Tejada había presentado medio centenar de denuncias contra ella. El exjuez denuncia una suerte de mafia judicial en Badajoz sostenida por los lazos familiares y sentimentales de la práctica totalidad de los magistrados destinados en la capital pacense. Como un grupo habrían actuado para, según el juez, hacer fracasar la denuncia que él puso contra su exmujer por beneficiar a su actual marido en la concesión de administraciones concursales.

Sáenz de Tejada alega que su condena por amenazas y violencia psíquica contra su mujer es el resultado de una denuncia de su ex pareja, también jueza en Badajoz, para contrarrestar la denuncia por corrupción contra ella que había puesto previamente. Una de las juezas del caso de violencia doméstica fue Beatriz Biedma, a quien Sáenz de Tejada logró recusar por sus lazos con la magistrada denunciante.

La actuación de esa supuesta mafia judicial en Badajoz es el objeto de un chat de Facebook, ya desaparecido, y de otro que se menciona en las actuaciones de la UCO, que frecuentarían personas interesadas presuntamente en destapar la actuación de Biedma y otros magistrados, como el presidente de la Audiencia Provincial y primo del abogado que ganaba las administraciones concursales, Emilio García-Cancho.

La investigación debe determinar si las supuestas fotos de seguimientos a Biedma y su familia, de las que se habla pero no han sido publicadas en ninguna parte, tenían por objeto un plan para atentar contra la jueza o alimentar esos chats de denuncia ciudadana contra los jueces.

Biedma también había pedido a Pedraz que citara a declarar un recluso llamado Ángel Martín Carrillo, alias 'El Gitano' –nombrado así en las agendas de Leire Díez–, su abogado Juan José Collado, y Joaquín Parra, empresario condenado por estafa que tenía un grupo de whatsapp con Leire Díez y Javier Pérez Dolset.

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma ha solicitado a la Audiencia Nacional que impute al exjuez Luis Sáenz de Tejada al entender que, tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que apuntaba a que éste llevó a cabo contactos dirigidos contra la jueza, se debe esclarecer su rol en la presunta trama coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez y la finalidad de las actuaciones que llevó a cabo en su contra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la letrada de la jueza -su propia hermana- indica que desde que ella se hizo con la instrucción del caso abierto contra el hermano de Pedro Sánchez la actuación de Sáenz de Tejada se centró “de manera directa y sostenida en la magistrada instructora, reproduciendo exactamente los objetivos fijados por el grupo”. “La gravedad de las proposiciones para que se cometieran actos de violencia física, incluyendo la afirmación de que 'había que eliminarla', exige su declaración inmediata como investigado, por evidenciar una voluntad de daño que transciende cualquier actuación procesal y se integra plenamente en la operativa delictiva descrita por la UCO”, reza.

Además de esta imputación, interesa al juez Santiago Pedraz la declaración testifical de Cintia Rocho, 'La Celsa', que en su declaración policial indicó que Sáenz de Tejada le transmitió por teléfono que Biedma era “un grano en el culo” y que “a palos aprende el burro”. También solicita la testifical de otras tres personas que aparecen en el informe policial vinculados con el exjuez: Ángel Martín, Juan José Collado y Joaquín Parra.

En su declaración de la semana pasada, en relación a esas posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama, la magistrada indicó que un abogado le confió que el exjuez había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes -Cintia Rocho- y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma sotuvo ante Pedraz que por este y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma contestó tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La representación legal de Biedma se fija además en que tras las diversas reuniones de la trama con Sáenz de Tejada se creó el grupo de 'wasap' Vacaciones y Viajes que fue usado presuntamente para coordinar actuaciones posteriores contra ella. Y que el exjuez utilizó su canal de YouTube “como herramienta de presión y desprestigio, en perfecta coherencia con las anotaciones manuscritas intervenidas” en la causa.

Añade, por otro lado, que de las declaraciones de los testigos ante la UCO se confirman “reuniones, comunicaciones, seguimientos, perfiles falsos y estrategias dirigidas a apartar a la magistrada del procedimiento, así como la coordinación del grupo y la finalidad de sus actuaciones”. Por eso, quiere disponer además de todas las denuncias, quejas o escritos promovidos por Saénz de Tejada contra Biedma en diferentes organismos

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha remitido un escrito al juez del caso Leire en el que desmiente las afirmaciones realizadas ante la Guardia Civil por una mujer, miembro del 'Clan de los Rochos', que centran las sospechas sobre un supuesto plan para atacar a Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Sáenz de Tejada asegura que nunca ha hablado por ninguna vía con Cintia Rocho, en contra de lo que ella declaró en televisión y luego reiteró ante la UCO.

“Nunca, a través de ningún medio, contacté, ni hablé, con la señora Cintia Rocho”, escribe Sáenz de Tejada en el escrito ante el juzgado del juez Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso elDiario.es. La mujer asegura que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella después de que escribiera un comentario en una página de Facebook que denuncia la falta de independencia judicial en Badajoz.

“No tengo nada que ver con la página de Facebook ”¿Independencia judicial en Badajoz“, alega Sáenz de Tejada, quien específica que los ”responsables, creadores y administradores de la página están identificados“ en unas diligencias que se siguieron en un juzgado de Almendralejo (Badajoz), las 341/2024.

Sáenz de Tejada se queja de que los agentes de la UCO hayan asumido en su atestado, según él, la tesis de Rocho y hayan omitido comprobaciones básicas como quién se encuentra detrás de la identidad de José García Fernández, implicado en los contactos con Rocho e igualmente identificado en las diligencias citadas.

El exjuez, expulsado de la carrera por una condena de maltrato a su mujer, denuncia en su escrito los delitos de falsedad en documento público, que atribuye a los autores del atestado de la UCO y a Cintia Rocho.

Nervis Villalobos es un exviceministro de energía venezolano que fue captado por la policía patriótica del PP en 2016 para conseguir información contra Podemos y contra dirigentes independentistas catalanes. Era un soldado más para la guerra sucia que desde el Ministerio del Interior se inició contra los adversarios políticos del Gobierno del PP. Los policías prometían la nacionalidad española al venezolano y a su familia a cambio de una determinada colaboración. Pero Villalobos no entregó el material que le pedían para desacreditar a dirigentes independentistas catalanes o a Podemos, formación política que entonces amenazaba con sus votos la continuidad del PP en el Gobierno. La policía, con ayuda de la Fiscalía, tomó represalias contra él y terminó preso. Toda esta aventura se la contó Villalobos a los diputados del Congreso cuando acudió a declarar en la comisión de investigación sobre la denominada Operación Cataluña.

Aquella guerra sucia ejecutada por una mafia policial a las órdenes del Gobierno del PP sigue impune en los tribunales.

El exviceministro venezolano acabó en la cárcel en octubre de 2018 acusado de blanqueo de capitales por el supuesto saqueo de fondos de la petrolera pública venezolana y por supuestos sobornos en el caso de la empresa Duro Felguera. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que ha llevado a juicio a la mujer del presidente del Gobierno— decretó prisión preventiva para Villalobos. La Audiencia Provincial de Madrid le dejó en libertad unos meses después al considerar que las pruebas y los indicios aportados por el fiscal del caso y el juez instructor eran insuficientes para adoptar una medida tan extrema. El Tribunal Constitucional estimó un recurso de amparo que presentó el abogado de Villalobos y consideró que el auto de prisión que firmó el juez Peinado había vulnerado los derechos del exviceministro venezolano.

Cuatro años después de aquellos hechos, el exdirigente venezolano se cruzó en su camino con Leire Díez, exmilitante socialista imputada como cabecilla de una supuesta trama delictiva a la que el PSOE pagó, según la investigación, para “desestabilizar” procedimientos judiciales que afectaban a sus dirigentes (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) o a los familiares de su líder (esposa y hermano del presidente Pedro Sánchez). Leire Díez presionó supuestamente a fiscales, jueces o guardias civiles para intentar que hablaran contra sus jefes o forzaran el archivo de las causas abiertas.

La exmilitante socialista utilizó a Villalobos para contactar con una menor que había denunciado al fiscal José Grinda por pedofilia, y para sonsacar al ex viceministro venezolano información sobre los manejos de la policía patriótica del PP en la denominada Operación Cataluña.

La Fiscalía y la UCO investigan ahora si se favoreció a Villalobos desde el Ministerio de Justicia facilitándole en 2025 la nacionalidad que el exviceministro venezolano llevaba solicitando desde 2017. La misma nacionalidad que le prometieron los policías al mando de las cloacas del PP.

El juez Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha imputado a Villalobos tal y como le ha pedido la Fiscalía Anticorrupción, y reclama al venezolano que aporte la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de la Ley de Memoria Histórica (certificados de nacimiento y pasaporte de su abuela paterna de nacionalidad española).

La UCO interrogó hace varias semanas por su cuenta a dos funcionarios del Ministerio de Justicia a los que ahora el juez Pedraz cita como testigos. Son José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil desde marzo de 2025, y María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de Nacionalidad y Estado Civil hasta marzo de 2025. El atestado que la UCO de la Guardia Civil envió al juez con estos interrogatorios se fijó en un hecho ocurrido en 2020 sin aparente relación con lo ahora investigado. Fue cuando Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública en 2020 y ahora secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, se interesó por el expediente de Villalobos, quien había solicitado la nacionalidad por residencia (llevaba más de dos años viviendo en España).

Cuando a Puente le contaron los antecedentes policiales de Villalobos, la directora general ordenó el 17 de julio de 2020 que se denegase la solicitud. El trato de favor que investigan el juez y la Fiscalía en relación con el caso Leire Díez no pudo ocurrir entonces. Pese a ello, el magistrado Pedraz ha citado como testigo a la subdirectora adjunta de Justicia que estaba en aquel momento y que es quien puede contar si antes de la entrada del Gobierno socialista, su departamento recibió algún tipo de presión por parte de dirigentes del Ejecutivo del PP para conceder la nacionalidad de Nervis Villalobos.

La supuesta trama delictiva de Leire Díez comenzó sus actividades en marzo de 2024. Es imposible que cuatro años antes, cuando no existía la supuesta red corrupta ni en la mente de sus creadores, influyeran en Justicia para favorecer a Villalobos.

El ciudadano venezolano siguió insistiendo en el ministerio para conseguir la nacionalidad. Una vez que el Gobierno socialista se la denegó por residencia, optó por acogerse a la Ley de Memoria Histórica (la llamada ley de nietos) y presentó de nuevo su solicitud el 1 de diciembre de 2023 como nieto de una española, María de Regla Montesquint Arcos, nacida en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 1 de noviembre de 1894. Entre los documentos presentados ante el Registro Civil Central figuraba la fotocopia del pasaporte español de la abuela paterna de Villalobos adverada por un notario que daba fe pública de que ese documento coincidía con el original que se le mostró. El Registro Civil denegó el 7 de mayo de 2024 la solicitud al entender, con una interpretación muy restrictiva de la instrucción sobre la aplicación de la Ley de Nietos, que la abuela paterna de Villalobos no abandonó España entre 1936 y 1955 sino mucho antes y por tanto no se podía acoger a lo establecido en la norma. El exviceministro de Energía de Venezuela recurrió esa decisión y el 21 de abril de 2025 logró finalmente los papeles tras una resolución estimatoria a su recurso interpretando de manera textual lo que figuraba en la instrucción: “Tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo”.

La UCO de la Guardia Civil conoce todos estos detalles porque el pasado junio se presentó en la sede del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para recabar la documentación sobre el proceso de nacionalización de Nervis Villalobos.

La Fiscalía buscaría en este procedimiento, a juzgar por las diligencias que ha pedido, demostrar que Nervis Villalobos entregó una documentación falsa para lograr la nacionalidad y que el funcionario hizo la vista gorda. Esa tesis sería insostenible porque Justicia le denegó la solicitud con una interpretación muy restrictiva de la Ley de Memoria Histórica, independientemente de que los documentos mostrados fueran verdaderos o falsos.

El juez Pedraz interrogará a Villalobos el próximo 28 de octubre a las 10 de la mañana. Acudirá a la cita como investigado y con abogado; sospechoso de haber presentado documentación falsa para conseguir la nacionalidad. Si el ciudadano venezolano repite lo que ya contó en el Congreso de los Diputados y en la Audiencia Nacional, el magistrado que investiga una trama corrupta vinculada al PSOE deberá decidir si imputa a miembros de la policía política del PP y al fiscal José Grinda. Villalobos les acusa de ofrecerle todo tipo de prebendas —mejoras en su situación judicial o permisos de residencia para él y su familia— a cambio de airear trapos sucios contra los adversarios políticos del Gobierno del PP: independentistas catalanes y dirigentes de Podemos.

Un antiguo juez expulsado de la carrera por una condena firme de maltrato se vuelve a poner la toga para dirigirse a su público en YouTube. Se llama Luis Sáenz de Tejada. En decenas de vídeos denuncia que los juzgados de Badajoz están controlados por una trama corrupta de magistrados a la que pertenece su exmujer. Su condena, asegura, es la represalia del grupo por haber denunciado los encargos ilegales de su antigua pareja al abogado por el que ella lo abandonó, primo a su vez de otros dos jueces presuntos integrantes de la trama togada pacense. En un plano secundario de esa conjura el denunciante sitúa a alguien que a la postre se convertiría en el personaje más famoso de toda la supuesta trama, Beatriz Biedma, jueza del caso de David Sánchez.

¿Quién podría reparar en el perfil de este exjuez y youtuber, asiduo de otros conspiranoicos de la extrema derecha, como la persona idónea para conseguir apartar a la jueza Biedma de la instrucción del caso del hermano del presidente? La respuesta está en el sumario del ‘caso Leire’: efectivamente, la exmilitante del PSOE y su aliado en aquella cruzada anticorrupción, el empresario Javier Pérez Dolset. El plan no surtió efecto. David Sánchez ha sido condenado en primera instancia y el PSOE tiene un problema por los indicios de que su entonces secretario de Organización ordenó financiar en parte los planes de Leire Díez para destapar tramas policiales y judiciales organizadas contra los socialistas.  

Como ocurriera cuando se fijó como objetivo al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, Leire Díez provocó enemistades que ahora tiene difícil gestionar. Aunque una presunta víctima no parezca el más adecuado para dirigir la investigación contra su agresor, el jefe Anticorrupción de la UCO sigue al frente del caso Leire Díez. Ahora, la jueza Biedma se ha personado como víctima en la Audiencia Nacional, convencida de que las maniobras de Sáenz de Tejada y el ‘Grupo Leire’ contra ella no se quedan en unas presuntas calumnias. Un coronel de la Guardia Civil y una magistrada. Allí donde aparecía el esqueje de un futuro héroe para la derecha y la extrema derecha vertía Leire Díez su fertilizante.

Sáenz de Tejada, conexión Badajoz 

Las confabulaciones de Leire Díez han alcanzado un nivel superior al entrar en contacto con el particular ecosistema judicial y criminal de Badajoz. El reactivo definitivo del embrollo ha resultado ser el exjuez Luis Sáenz de Tejada. Algunos medios y el Partido Popular han llegado a la conclusión de que el colaborador ocasional de Leire Díez propuso a un clan de narcotraficantes local lo nunca visto en el crimen organizado español: atentar contra un magistrado. 

Resulta conveniente, por tanto, comenzar por Sáenz de Tejada. 

La vida del exmagistrado dio un vuelco hace más de una década cuando se rompió su matrimonio y su esposa, jueza en Badajoz, comenzó una relación con un letrado de la ciudad, según explica un abogado que pisa a diario los juzgados locales. 

Sáenz de Tejada denunció que su esposa adjudicaba los procedimientos de administración concursal a su nueva pareja de forma ilegal y que la práctica, muy lucrativa, era conocida y fue encubierta por sus compañeros. El exjuez asegura que la denuncia que acabó en condena por violencia hacia su exmujer fue una represalia de ella y su pareja, amparada y perpetrada por sus compañeros en la “organización criminal” que denuncia en los juzgados de Badajoz. 

La magistrada Ester Sara Vila, antigua esposa de Sáenz de Tejada, llegó a estar imputada por prevaricación y otros delitos en relación con esos procesos concursales, pero el caso acabó en archivo. Por contra, sí prosperó la denuncia que su exmujer presentó contra él, que acabó expulsado de la carrera judicial tras ser condenado en firme por delitos de amenazas y violencia psíquica habitual. 

La actividad en internet de Sáenz de Tejada –“Magistrado Anticorrupción”, como se hace llamar–, le ha hecho estar en contacto con conocidos conspiranoicos de la toga, como el también exjuez Fernando Presencia, o con los ultraderechistas de la familia Royuela. El propio Sáenz de Tejada respalda en sus vídeos la tesis de una red de poderosos pederastas en Donostia ocultos tras el caso Kote Cabezudo, un bulo que alcanzó cierta dimensión la pasada década. Y en estas andaba cuando le contactó Leire Díez en 2024 como experto de la supuesta corrupción de los juzgados de Badajoz.

'Vacaciones y Viajes': por fin alguien hace caso al exjuez

El abogado, incesante en YouTube, dedicó su primer vídeo a Beatriz Biedma por el caso de David Sánchez el 2 de junio de 2024, en cuanto la jueza abrió diligencias contra el hermano del presidente. Desde su casa, vestido con la toga, volvió a encender la cámara de su ordenador para advertir a David Sánchez de lo que le esperaba en el “lodazal” judicial al que pertenecía Biedma. 

En algún momento entre ese 16 de junio y el 9 de agosto de 2024, el grupo de Leire Díez contactó con él. La exmilitante socialista y el empresario Pérez Dolset se entrevistan en la casa que tiene este último en Tarifa con Joaquín Parra, antiguo presidente del CD Badajoz que acaba de ser condenado a 10 años de cárcel por un gran fraude de hidrocarburos y que aporta el contacto de Sáenz de Tejada. Los cuatro acaban participando en un chat abierto por Leire Díez que esta bautiza “Vacaciones y Viajes”

Notas incautadas a Pérez Dolset y Leire Díez por esas fechas hablan de “destruir el procedimiento” contra David Sánchez. El empresario escribe en su iPhone: “Jueza del hermano, choriza sin igual. Luis Sáenz de Tejada tiene la info”. Por fin, alguien hace caso al exjuez. 

A partir de ese momento Sáenz de Tejada empieza a contactar con abogados y presuntos delincuentes indignados, como él, con la instrucción de los casos que les afectan. Algunos ni siquiera tienen que ver con Beatriz Biedma, como es el caso del abogado Juan José Collado, quien se reunió tres veces con Sáenz de Tejada por mediación de la mujer de uno de sus clientes, Ángel Martín, ‘El Gitano’, en prisión. Hablaron de presentar querellas y organizar una manifestación, según ha declarado el letrado a la UCO. El caso afectaba a una magistrada distinta a Biedma. 

El 12 de diciembre de 2024, Sáenz de Tejada aparece en YouTube y afirma: “Ahora están recogiendo otras personas lo que se sembró en aquel momento”. En ese momento, el exjuez ya se ha dirigido en dos ocasiones a la Fiscalía General del Estado, una vía que no abrió hasta que conoció a Leire Díez. La primera denuncia fue archivada de plano. La segunda fue remitida a la Fiscalía de Extremadura, donde también se acordó su archivo. Al parecer, Leire Díez había vuelto a vender su supuesta influencia en el Ministerio Público a cambio de recibir ayuda contra sus enemigos.

Cuatro días antes de ese vídeo se produjo un acontecimiento que ha derivado en titulares de prensa que unen al PSOE con un intento de asesinato de la jueza del caso de David Sánchez y un clan de narcotraficantes. El secretario general del PP ha llegado a llamar “sicario” al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ese 8 de diciembre, Cintia Rocho escribe un comentario en un vídeo de Sáenz de Tejada dedicado a Beatriz Biedma. El juez responde solícito.

¿Para qué busca alguien al clan de 'Los Rochos'?

Llega el momento de detenerse en Cintia Rocho, alias ‘La Celsa’. Su padre, Jesús Rocho Sosa, estaba considerado el patriarca de 'Los Rochos', al que distintas informaciones vinculan con el tráfico de drogas. El padre y el marido de Cintia fueron asesinados a tiros en 2024, con una diferencia de menos de diez meses.

El exjuez Sáenz de Tejada se aproximó a Cintia tras el primer contacto por redes. En una conversación telefónica, Sáenz de Tejada le dice que hay que “eliminar” a Biedma, según contó Cintia en una entrevista en Telecinco el pasado septiembre. Ella entendió que Sáenz de Tejada se refería a causarle un “daño físico”. “Si nos estás poniendo a nosotros como lo peor de lo peor y nos pides que hagamos algo se supone que no es nada bueno”, dijo a la cadena privada.

Pero hay otra versión posible.

Un acontecimiento del pasado derivó en una victoria legal de 'Los Rochos' sobre la jueza Biedma. Un hermano de Cintia fue detenido en una operación dirigida por la magistrada en 2019. Su abogado planteó un ‘habeas corpus’ por detención ilegal y la magistrada no atendió el requerimiento. 'Los Rochos' llegaron hasta el Constitucional, que les dio la razón y anularon la causa. Sáenz de Tejada manejaba esta información, de hecho la había mencionado en sus vídeos de YouTube. Pudo dirigirse a Cintia Rocho para utilizarla contra la jueza del caso del hermano de Sánchez. 

¿Y qué tiene que ver todo esto con Leire Díez? El pasado julio, el diario ‘Artículo 14’ se hizo eco de una anotación en la agenda incautada por la UCO a la exmilitante socialista anotada el 25 de marzo de 2025. “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”.

En la citada entrevista, Cintia Rocho dijo que tenía claro que se habían dirigido a ella para atentar contra la jueza. Contó que recibió vídeos de la jueza, direcciones… Sin embargo, ante la UCO solo ha contado que Sáenz de Tejada le había trasladado que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. Cualquiera que fuera la naturaleza del ofrecimiento, Cintia Rocho lo declinó.

En su declaración ante el juez Pedraz del jueves, la magistrada Biedma relató que había sentido “angustia” y “temor” por las noticias que le habían llegado de que había sufrido seguimientos y que alguien había estado en el colegio de sus hijas preguntando por ella. Uno de los miembros del chat 'Viajes y Vacaciones', Joaquín Parra, ha contado a la UCO que en los encuentros con Leire Díez y Pérez Dolset nunca se habló de “una agresión física” a Biedma, pero que oyó algo similar de “un tercero” y que también lo había leído en la prensa.

Según contó el expresidente del CD Badajoz, ese informante suyo le dijo que Sáenz de Tejada defendía gratuitamente a individuos investigados en el juzgado de Biedma a cambio supuestamente de que realizaran esos seguimientos. El objetivo sería publicar información en un chat de Facebook llamado 'Club de Debates Urbanos de Badajoz'. “En este grupo se publicaban diversos comentarios, informaciones, rumores y fotografías sobre diversas personalidades públicas del ámbito pacense”, recoge el informe de la UCO. Parra ofreció tres nombres que participarían en el chat con nombres falsos.

La UCO concluye que “se ha podido determinar” que Sáenz de Tejada contactó al menos con “dos personas cuyos procedimientos judiciales, propios o relacionados con sus familiares, se instruían o se habrían instruido en los juzgados de Badajoz”. Los “primeros contactos habrían estado orientados a promover actuaciones de carácter judicial o administrativo frente a la magistrada que los instruía, Marta Hernández”, pero que luego, el objeto de esa actuación judicial fue redirigida contra Biedma.

El juez fan de Abascal y la endogamia en los juzgados

Las obsesiones de Sáenz de Tejada sirven para adentrarse en la endogamia existente en los juzgados de la ciudad y en algún que otro episodio llamativo de sus integrantes. El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad –solo hay cuatro– era Emilio García-Cancho, decano en ese momento de los magistrados. García Cancho fue objeto de una polémica en 2023 por aparecer en un vídeo pidiendo un ‘selfie’ a Santiago Abascal y deseándole “suerte”. En 2025 fue elegido por el actual Consejo General del Poder Judicial presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz.

La esposa de García-Cancho se llama Samantha Reynolds y también es jueza en la capital pacense. El abogado con el que se marchó la mujer de Sáenz de Tejada, Juan Antonio Díaz-Ambrona Cancho, es primo del presidente de la Audiencia Provincial. En esta madeja endogámica, la jueza del caso del hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, aparecía como “amiga” del resto y miembro de la “organización criminal”, según Sáenz de Tejada. 

El propio Sáenz de Tejada hace afirmaciones en sus vídeos que describen la relación entre los jueces de la ciudad, pero que también le pueden acarrear problemas. El ahora abogado recuerda que la jueza del caso de David Sánchez y el entonces decano de Badajoz, García-Cancho, participaron, junto a la mujer de este, en las concentraciones de magistrados contra el proyecto de ley de amnistía del Gobierno, una imagen inédita de togas intentando condicionar la actividad del legislador. Pero Sáenz de Tejada también alude a que el matrimonio de los jueces García-Cancho y Samantha Reynolds coincide a menudo en el “colegio de los niños” con Beatriz Biedma, lo que es interpretado por la magistrada como una amenaza. 

Biedma y Balas: el de David Sánchez no era un caso cualquiera

Aquellas manifestaciones de jueces con toga retrataron el ambiente de hostilidad al Gobierno en una parte relevante de la carrera judicial. La manifestante Biedma admitió en 2024 una denuncia de Manos Limpias contra el hermano de Pedro Sánchez y otras basadas en informaciones de medios de comunicación, alguna de ellas con relevantes falsedades. 

Una de las primeras decisiones de Biedma fue llamar a Madrid y solicitar la implicación de su unidad anticorrupción en el caso: la supuesta contratación irregular de un reputado concertista por parte de la Diputación de Badajoz a razón unos 40.000 euros anuales. Para algo así no parecía necesario movilizar a la unidad de élite del instituto armado. 

Sin embargo, su máximo responsable, el entonces teniente coronel Antonio Balas, no dudó en encabezar la pequeña delegación que se desplazó a Badajoz de inmediato para entrevistarse con Biedma. El caso no era cualquiera. Pero no por el delito, sino por el investigado: el reputado concertista es hermano del presidente del Gobierno. 

Pronto, los guardias civiles propusieron a la jueza intervenir más de 60.000 correos electrónicos. Según contó Biedma este jueves en el juzgado, la UCO le contaba que sufría presiones por ese caso como nunca había recibido antes. Por su parte, la Fiscalía no veía caso y la jueza se apoyaba en Manos Limpias y las organizaciones ultras de la acción popular. 

David Sánchez fue condenado el pasado julio a nueve años de inhabilitación. El juicio dejó una de las intervenciones más controvertidas del coronel Balas, que reconoció estar centrado en el hermano de Sánchez y en el expresidente de la Diputación y desconocer quiénes eran el resto de los acusados. Como ocurrió en el juicio al exfiscal general, Balas trufó su testimonio con deducciones. A la misma hora que el pasado jueves prestaba Biedma declaración se conoció el recurso de la defensa de David Sánchez ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.  

En la Audiencia Nacional, sin que nadie la requiriera por ello, Biedma defendió su decisión de implicar a la UCO en el caso del hermano del presidente. Explicó que podía haber filtraciones si se lo encomendaba a la Policía o la Guardia Civil de la zona. También mencionó una de las noticias recogidas por Manos Limpias para presentar su querella en la que se decía, como si eso fuera un indicio de algo, que en la misma localidad portuguesa donde residía David Sánchez tenían su sede sociedades de un caso de hidrocarburos que ya investigaba la UCO. 

El coronel Balas tuvo a tiempo un informe sobre las declaraciones que tomó en Badajoz una vez se percató de la anotación de la agenda de Leire Díez leyendo los medios y vio a Cintia Rocho en televisión. Hasta ese momento, el juez y las fiscales del caso solo veían indicios de un delito de calumnias de Sáenz de Tejada. Ahora Pedraz debe decidir si el atestado de la UCO y la declaración de Biedma elevan la investigación a un posible plan para atentar contra la jueza que investigó al hermano de Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado “en este momento” la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire Díez. El magistrado toma esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción al entender que por el momento “no se acredita un principio de prueba” para atribuirle la condición de investigado al partido político. Y esto a pesar de que los hechos “pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE”.

En la resolución, el magistrado recuerda que en esta causa se investiga a una presunta trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez que llevaron a cabo acciones presuntamente delictivas con el objetivo de “proteger los intereses del PSOE, tratando de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del partido o del Gobierno”.

Con esta premisa, el PP consideró necesario que la persona jurídica PSOE constara ya como investigada, pero Pedraz recuerda que “no basta con que directivos o empleados hayan cometido delitos” porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige que se acredite “un defecto estructural de organización, control y supervisión dentro de la entidad” y que se dé “un beneficio directo o indirecto para la organización”.

Así, para valorar la eventual atribución de responsabilidad criminal de la formación por los delitos presuntamente cometidos tanto por Cerdán como por la gerente Ana Fuentes, el juez primero quiere concretar qué poderes reales tenía el ex secretario de Organización dentro de la estructura del partido, quién autorizó y ejecutó los pagos investigados, qué controles internos existían, si hubo fallos relevantes en los mecanismos de supervisión y si el partido obtuvo algún beneficio de las conductas investigadas.

Este jueves, las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideraron prematura la citación del partido como investigado y defendieron que, aunque existen indicios, antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes. Entre esas diligencias incluían la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

Y Pedraz está de acuerdo con esto. Quiere esperar tanto al análisis de determinadas diligencias ya acordadas (como la documentación requerida al partido o la extraída de la entrada y registro del domicilio de Cerdán), y a la declaración en calidad de investigado del exdirigente socialista. Añade que se debe investigar también si se puede establecer una conexión objetiva entre los pagos ordenados por Cerdán para encargos ilegales a la trama y la estructura patrimonial del partido.

Quiere conocer, además, quién “ordenó materialmente esos pagos investigados, quién estaba autorizado para disponer de las cuentas del partido, cómo fue contabilizado, qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad, si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago, quién autorizó o validó internamente el gasto, si intervino el departamento financiero o contable, si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones, si los órganos de administración conocieron los pagos, si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas, y si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna”.

El juez considera, en su auto, que es mejor despejar todas estas incógnitas antes de citar a Cerdán porque así el investigado “contará con los elementos esenciales para prestar su declaración”.

Cabe recordar que los investigadores sospechan que se realizaron determinados pagos a despachos de abogados como el del letrado Ismael Oliver y a consultoras como la del exdirigente socialista Gaspar Zarrías con el objetivo de enmascarar el destino final de esos fondos, la trama presuntamente coordinada por Leire Díez.

La jueza Beatriz Biedma ha declarado este jueves en relación a las posibles amenazas que pudo sufrir por parte de la trama liderada por la exmilitante del PSOE Leire Díez. La magistrada, que instruyó el caso contra David Sánchez, ha contado al juez que un abogado le confió que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, quien acumulaba rencillas contra ella, había contactado con una destacada miembro de un clan de narcotraficantes y que le había pedido, en primer lugar, querellarse contra la jueza por un asunto pasado y, después, le había dicho que había que quitarla “de enmedio”.

Biedma ha dicho que por este, y otros episodios que no pudo vincular con la trama de Leire Díez, sintió “temor” por ella y por sus hijas. A la pregunta de uno de los letrados por si eso le había condicionado en las decisiones que tomó respecto al hermano del presidente del Gobierno, Biedma ha contestado tajantemente que no, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la declaración.

La magistrada ha dicho que tuvo conocimiento por un abogado de que existían vídeos grabados sin su consentimiento en los que aparecía ella en compañía de sus hijas y que en varias ocasiones hubo alguien que se personó en el colegio de sus hijas presentándose como su secretario o como su hermano. Con todo, ante el juez de la Audiencia Nacional, Biedma ha explicado que nunca supo que la presunta 'fontanera' del PSOE estuviera detrás de esas presiones.

La jueza Biedma ha confirmado que el coronel Balas fue a reunirse con ella en persona en cuanto abrió la causa contra el hermano de Sánchez a partir de una denuncia de Manos Limpias. Balas decidió que un comandante fuera el instructor de las diligencias pero, según Biedma, acabó él desempeñando esa tarea porque “recibían presiones”, según le habrían trasladado los propios guardias civiles a la magistrada. “Nosotros hemos actuado contra todos los partidos políticos en diferentes comunidades autónomas y las presiones que estamos recibiendo ahora a nivel investigador nunca las hemos sufrido”, asegura Biedma que le dijo el coronel Balas.

Sin que nadie le preguntara, Beatriz Biedma ha aprovechado para dar una explicación sobre el hecho de que implicara a la UCO, unidad especializada en Anticorrupción, en un caso en el que se investigaba la contratación de un concertista de reputación internacional a razón de poco más de 40.000 euros anuales. Biedma ha contado que temía que en un lugar pequeño como Badajoz pudiera haber filtraciones si hacía el encargo de la investigación a la Policía Nacional de la ciudad o a la Guardia Civil local.

En este sentido, también ha aludido a que la denuncia de Manos Limpias recogía una información acerca de que la misma localidad de Portugal donde residía David Sánchez había domiciliadas sociedades vinculadas a un caso de fraude de hidrocarburos que ya instruía la UCO.

La UCO acaba de presentar a Pedraz el resultado preliminar de una investigación que Balas ordenó abrir a partir de informaciones en prensa sobre la agenda de Leire Díez a las que la unidad no había conferido relevancia hasta ahora. Uno de los testimonios recabados por los guardias pertenece a Cintia Rocho, quien lideraría a un clan vinculado con el narcotráfico en Badajoz y que es conocida con el apodo de 'La Celsa'. Rocho explicó que, en una conversación telefónica que mantuvo con el exjuez Luis Sáenz de Tejada, éste le indicó que a la jueza que instruía el caso, Beatriz Biedma, había que “eliminarla”. Sáenz de Tejada, quien llevaba más de una década en una cruzada contra un grupo de jueces de Badajoz y mantiene contactos con sectores conspiranoicos de la extrema derecha, figura entre los colaboradores de la exmilitante en su plan para inquietar el trabajo de Biedma. 

Otro de los interrogados por la UCO es el empresario Joaquín Parra, quien formó parte de un chat de WhatsApp llamado 'Vacaciones y Viajes' en el que participaban tanto Leire Díez como Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset. Este testigo declaró que aunque él no tenía constancia de la posibilidad de una agresión física, si tuvo conocimiento de que se produjeron seguimientos a la jueza por parte de terceros vinculados con el exjuez y que conformaban un canal de Facebook denominado 'Club de debates urbanos de Badajoz'.

La Fiscalía Anticorrupción rechaza por prematura la pretensión del PP de imputar al PSOE en el caso Leire, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen consideran que existen indicios contra el partido, pero sostienen que antes de acordarse su imputación deben practicarse las diligencias pendientes.

Entre ellas, la declaración del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a quien los investigadores sitúan en un “nivel superior” en la trama que supuestamente trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del partido y del Gobierno.

La formación de Alberto Núñez Feijóo, que ejerce la acusación popular en la causa, solicitó este martes al juez la citación del PSOE como investigado al entender que esa trama “dispuso de los medios operativos, logísticos y financieros” de esa formación “para sufragar los gastos derivados de su ilícita actividad”. 

Tras recibir el informe del Ministerio Público, el instructor del caso, Santiago Pedraz, tendrá que decidir si acepta o no la pretensión del PP. Los conservadores presentaron su escrito cuando habían transcurrido apenas 24 horas desde que Pedro Sánchez anunciara un adelanto electoral.

La causa por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del PP sigue avanzando con lentitud. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de avalar la decisión más relevante del juez Santiago Pedraz en los últimos meses, la imputación del jefe de la UDEF en 2016 por el viaje a Nueva York para arrancar a un exministro de Hugo Chávez un testimonio contra el partido de Pablo Iglesias. 

Los magistrados rechazan los recursos de las defensas contra la decisión de Pedraz de incorporar a la causa los hechos denunciados por Podemos en una ampliación de su querella inicial. “Existe base suficiente” para que el comisario José Manuel García Catalán y una de sus subordinadas entonces “se expliquen, si lo consideran oportuno” sobre los hechos que se les imputan cuando acudan a declarar, recoge el auto de la Sección Tercera al que ha tenido acceso elDiario.es.

En el primer semestre de 2016, cuando la Policía del PP desató una cascada de informes falsos en la prensa para desacreditar a Podemos, el entonces jefe interino de la UDEF se desplazó a Nueva York con una subordinada y uno de los puntales de la brigada política, para entrevistarse con Rafael Isea, antiguo ministro de Energía de Venezuela que colaboraba con la DEA. 

De aquella reunión consta una grabación en la que el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago presiona a Isea asegurándole que se reúne con él por “mandato” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Los policías convencen al exministro para que acredite con su firma una fotocopia sobre supuestos pagos de Caracas a una fundación en la que habían trabajado los fundadores de Podemos años antes del nacimiento del partido. 

Durante la reunión en el Consulado de España, Rafael Isea expresó sus dudas sobre el origen del documento y quien se lo facilitó la primera vez a él fue un abogado español con antecedentes por estafa y habitual colaborador de la Policía. Podemos considera que la grabación del encuentro acredita que Isea no afirmó lo que recoge el atestado de la reunión firmado por García Catalán y su subordinada, filtrado a los pocos días al diario Abc. 

Próxima declaración del ministro venezolano

La declaración como investigado de García Catalán no tiene fecha a la espera de que la Policía emita un informe sobre la autenticidad de la grabación, que ya ha sido incorporada a la causa. Entretanto, el exministro de Energia venezolano declarará el próximo 15 de octubre por videoconferencia en la causa que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz. 

Rafael Isea ya ha cuestionado en entrevistas la actuación de los policías y ha dicho que lo hizo movido por la necesidad de que él y su familia pudieran residir en España ante el acoso que sus allegados estaban sufriendo por el régimen de Chávez desde que él huyó del país. 

Los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que reflejar en un documento oficial de la Policía unos hechos tergiversados, como pudieran ser el caso, supondría la participación de los agentes en un delito de falsedad documental.

García Catalán ya declaró como testigo en diciembre de 2024 en la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. Enmarcó dentro de una investigación por fraude fiscal a los fundadores de Podemos su viaje a Nueva York y aseguró que si no había oído la afirmación de Fuentes Gago de que acudía a la reunión por orden de Rajoy y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue porque había ido “al servicio” en ese momento.

Los magistrados rechazan igualmente la prescripción del delito que alegan los querellados y que amenaza toda la causa. Los jueces consideran que el de falsedad está castigado con penas de prisión y de inhabilitación de hasta seis años y que su prescripción se alarga hasta los diez. Para los jueces, la fecha para empezar a contar es la de la redacción del acta presuntamente falsificada, el 12 de abril de 2016. Los abogados de Podemos se apresuraron a presentar la ampliación de la querella el 16 de febrero de 2026, antes de que se cumplieran los diez años. 

El magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha citado el 8 de octubre como perjudicada a Beatriz Biedma, la jueza de Extremadura que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que denunció haberse visto “afectada” por una supuesta campaña perpetrada por la presunta trama para “desacreditarla pública y profesionalmente”.

Según ha avanzado 'La Razón' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el juez Pedraz ha citado como perjudicada a Biedma en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

En un escrito dirigido al juez, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, Biedma pidió personarse como perjudicada en el caso. La magistrada incidió en su “condición de perjudicada” en la causa “en el plano personal” por haber sido objeto, según los indicios, “de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias y quejas contra ella, recabar información sobre su entorno y apartarla de procedimientos judiciales concretos”.

La jueza extendió esta condición al plano institucional, “por cuanto dichas actuaciones aparecen directamente conectadas con su condición” de instructora de la causa seguida contra el hermano del presidente del Gobierno, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

En este sentido, señaló que los indicios apuntan que la finalidad de la presunta trama era “neutralizar, perturbar o incluso destruir el procedimiento judicial cuya instrucción tenía encomendada”.

Biedma subrayó que “resultó directamente afectada” por las supuestas actuaciones que se investigan y recoge las palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de sus informes: “Otra de las líneas de actuación desarrolladas por la organización tenía como objetivo a la magistrada Beatriz Biedma”.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, en el centro de la trama de hidrocarburos por la que está siendo investigado en la Audiencia Nacional el condenado por corrupción Víctor de Aldama.

Los investigadores señalan que de esos más de 78 millones de euros, un total de 8,8 millones fueron a parar a tres empresas del comisionista Aldama. En el mismo atestado, la UCO solicita al juez Santiago Pedraz que ordene bloquear las cuentas bancarias implicadas en la trama.

La Guardia Civil explica en su atestado, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, que Villafuel SL [la empresa de Claudio Rivas], valiéndose de su condición de operador al por mayor de productos petrolíferos, suscribió un contrato de servicios logístico con Exolum Corporation, que actualmente como depósito fiscal, y empezo a adquirir a otros operadores productos petrolíferos, “simulando su transmisión a siete empresas que actuaron bajo su control y de manera interpuesta entre los verdaderos intermediarios y estaciones de servicio.

La red articuló dos vías para el fraude. Por una parte, “perfeccionando” el fraude a la Hacienda Pública y, por otra, habilitando un sistema para el blanqueo de capitales, esto es, el desvío del dinero procedente del delito anterior. De esta forma, la Guardia Civil llegó hasta las sociedades en Portugal. La investigación sitúa el fraude de los hidrocarburos a Hacienda, a través de la madeja de empresas, en más de 180 millones de euros.

En el atestado, la UCO solicita al juez nuevas diligencias “para determinar el destino dado a fondos retornados a España, ordenes europeas de investigación a las autoridades de Portual para que aporten información complementaria y comisiones rogatorias internacionales orientadas a la investigacion de fondos transformados en criptomonedas”.

Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, condenado a 19 años y 8 meses de cárcel por corrupción durante su etapa como asesor del exministro José Luis Ábalos, ha preguntado al juez que investiga las supuestas cloacas del PSOE si permite levantar el velo sobre un dato secreto que puede arrojar luz en el proceso judicial: “¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?”. Es un interrogante cargado de misterio para una causa que acumula más de una decena de imputados, entre ellos la exmilitante socialista, Leire Díez; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y la gerente del PSOE, Ana Fuentes.

El magistrado Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional desde hace varios meses el denominado caso Leire Díez, una supuesta trama delictiva que pretendía desestabilizar causas judiciales abiertas contra dirigentes del PSOE o sus familiares. La investigación ha descubierto que determinados abogados cobraban de la dirección socialista por servicios ficticios para, supuestamente, derivar ese dinero hacia Leire Díez. El juez instructor, a propuesta de la fiscalía Anticorrupción, ha pedido los movimientos bancarios de todas las cuentas de esos abogados para descubrir cuánto dinero les pagó el PSOE y por qué servicios. Pero en esa petición de información hay una excepción, la letrada Leticia de la Hoz, defensa de Koldo García, quien no deberá entregar al juzgado los movimientos de sus cuentas. La abogada está imputada en el caso Leire Díez por el supuesto intento de soborno a Carmen Pano, la mujer que aseguró en el juzgado que llevó dinero en bolsas de plástico a la sede del PSOE de la calle Ferraz.

Leticia de la Hoz ya ha declarado como imputada en la causa, ha rechazado esta acusación de Pano y, además, ha negado que el PSOE le haya pagado por sus servicios. Pero ni la fiscal ni el juez han querido conocer quién abonó en realidad la defensa de Koldo García, un dato que puede ser relevante para la investigación abierta en el caso Leire Díez.

En un escrito remitido al juzgado, De la Hoz rechaza los argumentos de la fiscalía anticorrupción para situarla en el grupo de abogados que colaboró con el PSOE en sus maniobras para desestabilizar determinadas causas judiciales. “Recibida declaración Leticia de la Hoz, esta, en una mecánica semejante a la del resto de los letrados, que reciben honorarios de quienes no son sus clientes en las causas en las que estaban implicados los antiguos miembros del PSOE cuando ejercían cargos de responsabilidad en el gobierno o en el partido, no llega a determinar quién abonó sus honorarios como letrada de Koldo García Izaguirre (…) Leticia de la Hoz, en su declaración, señaló que no le pagó su cliente, tampoco el PSOE, y se acogió al secreto profesional para no facilitar los datos de quien abonó sus servicios como abogada de aquel”.

La abogada aclara que su respuesta fue que ese dato quedaba dentro del secreto profesional y recalca que en su testimonio tan solo excluyó al PSOE del abono de los servicios que prestó a Koldo García. «No me corresponde a mí. Yo no puedo decir quién ha pagado la defensa, de ninguna de las maneras (…) Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta»

De la Hoz sostiene que su negativa a identificar a la persona o empresa que pagó a su despacho de abogados por la defensa de Koldo García ante el Supremo “se presenta como ocultación de ese tercero, que es lo que permite a la Fiscalía Anticorrupción hablar de una mecánica semejante a la de los demás letrados”. La letrada de Koldo García Leticia reclamó durante su declaración, sin éxito, la autorización del instructor para revelar el dato: “Dicho pronunciamiento judicial, pedido en el acto, no llegó a dictarse”, señala en su nuevo escrito.

“Sobre el punto concreto de los honorarios, mi representada ofreció al Tribunal la vía que la ley pone a su disposición”, señala el letrado que defiende a De la Hoz. “Expuso que, consultado el Colegio de Abogados, el camino era que el instructor declarase que el dato guardaba relación con los hechos por los que se la investiga, y que entonces podría contestar. Formuló la cuestión de manera directa: ”¿Quién me paga la defensa guarda relación con los hechos que se investigan?“.

Koldo García, cliente de Leticia de la Hoz, nunca pareció interesado a proteger al PSOE y a sus dirigentes antes de su juicio en el Supremo. De hecho, dio una entrevista a OKDiario en vísperas de su ingreso en prisión donde la mayor parte de sus respuestas suponían ataques al PSOE -puso en duda la financiación de las primarias- y a sus principales dirigentes: Pedro Sánchez; su mujer, Begoña Gómez; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Leticia de la Hoz recuerda en su escrito al juez que durante la declaración aseguró que si el juez lo ordenaba, ella facilitaría con prontitud las facturas cobradas por los servicios prestados a Koldo García. La abogada, dice su defensa, “sigue a la espera de ese mandato, y lo cumplirá el mismo día en que se dicte”.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del PSOE y del Gobierno sigue buscando el rastro del dinero con el que supuestamente el partido financió estas maniobras. Para ello, ha interrogado este miércoles a la gerente de la formación socialista, Ana Fuentes, a la que la Guardia Civil señala como quien contribuyó a dar cobertura a los pagos opacos del partido hacia la exmilitante Leire Díez, artífice de esos movimientos para desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías.

Ante el juez, Fuentes, también imputada, ha descargado toda la responsabilidad sobre esos abonos en el que fuera secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. La gerente ha asegurado que entre sus tareas no está controlar en qué se gasta el dinero, sino que su cometido es cerciorarse con la dirección del departamento que hace los encargos que esos servicios se han prestado para proceder a su abono.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como gerente del partido, “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional”: una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, que también ha declarado este miércoles; y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

“Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados”, explicó la UCO. Ante el juez, la gerente sí ha admitido que la contratación de ambos letrados se hizo “verbalmente” antes de que se realizaran esas hojas de encargo.

Fuentes ha explicado que la dirección del departamento correspondiente hace la contratación, la asesoria juridica del partido la revisa y, si está correcto, se procede al pago. Los abonos que superan los 5.000 euros, como es el caso de estas contrataciones bajo sospecha, requieren la autorización de la gerencia.

La alto cargo, quien ha dicho que no conoce a Leire Díez, ha explicado también que no le extrañaron esas contrataciones dado que es frecuente que el partido recurra a abogados externos porque la asesoría jurídica está desbordada por todos los pleitos que tiene el partido. Y ha detallado que se trata de gastos ordinarios que no son competencia ni de la Comisión Ejecutiva Federal ni de la Secretaría General que dirige Pedro Sánchez.

Exabogado de Koldo García

Respecto a Oliver, la tesis de los investigadores es que se “falseó una nota de encargo” por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Y que, para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez.

Ante el juez, el que fuera abogado de Koldo García ha explicado que el PSOE le contrató por orden de Santos Cerdán para que analizara la trascendencia jurídica de la Operación Catalunya, las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo.

Y ha desvinculado lo cobrado por ese supuesto trabajo con las cantidades que después él abonó a Leire Díez a través de una de sus sociedades a pesar de que ambas cantidades coinciden. Así, ha explicado que Leire Díez ofreció hacer un trabajo para uno de sus clientes, el exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos, salpicado en causas de corrupción. Ese trabajo, según su relato, consistiría en borrar el rastro en internet del exjerarca venezolano, quien tenía sus cuentas bloqueadas, lo que que explica que el abono se realizara a través de una de sus sociedades.

Respecto a la coincidencia entre ambas cantidades —la que el PSOE pagó a Oliver y la que Oliver pagó a Leire Díez—, el abogado ha explicado que la exmilitante reclamó cobrar una cantidad superior, pero finalmente acordaron que no debía percibir más dinero que el que él había recibido del PSOE.

El PSOE ha solicitado al juez Santiago Pedraz, instructor en la Audiencia Nacional del caso Leire Díez, “extremar las cautelas” para que no haya “ninguna filtración” de la información sobre sus seis cuentas bancarias que el magistrado pidió rastrear el pasado julio para buscar el rastro o las posibles conexiones entre Ferraz y la canalización de fondos hacia la exmilitante Leire Díez.

En un escrito presentado ante el juzgado, la representación del partido pide que se limite a la Fiscalía el acceso a la pieza separada que acordó crear el juez para introducir los datos recabados. La formación también reclama que se ordene el expurgo de los datos que se obtengan y no se correspondan con “los pagos efectuados en relación con los hechos investigados”.

El juez Pedraz abrió una pieza separada para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda indagar en hasta 80 cuentas bancarias. Muchas de ellas están vinculadas a personas ya imputadas en la causa, en la que se investiga a una presunta trama que habría buscado “desestabilizar” causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero hay seis cuentas que están a nombre de la formación socialista, algo relevante porque hasta la fecha no consta como investigada en la causa.

En el escrito, el PSOE afirma que, en su momento, ya identificó aquellas cuentas desde la que se habrían realizado los pagos a los investigados y sostiene que son cantidades que “podrían haber sido utilizadas de manera ilegítima para hacer pagos o cubrir gastos (...) al margen de la organización” y que tampoco están vinculados a la actividad del partido, sus fines estatutarios o sus principios programáticos.

El expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que le devuelva su teléfono móvil después de que la Guardia Civil haya terminado el segundo clonado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Serrano ha pedido este viernes al juez Santiago Pedraz que le devuelva el teléfono depositado en sede judicial, dado que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó la operación de clonado del dispositivo, así como la copia de trabajo “para que sirva como a los propósitos de la investigación”.

Esa diligencia no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes, y por ello la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba. Sin embargo, el juez ordenó que se volviera a realizar el clonado, esta vez en presencia de Serrano y su abogado.

Serrano solicita la devolución argumentado que “consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación”.

Imputado en el caso Leire Díez

El juez ordenó dicha operación el pasado martes, tras la comparecencia de Serrano en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del caso Leire Díez antes mencionadas.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado se comenzó a realizar el pasado martes en una sala precintada del juzgado y Serrano y su abogado fueron citados este miércoles para recoger una copia del mismo. Así, el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

La exmilitante del PSOE Leire Díez se ha opuesto a que la Audiencia Nacional asuma la causa que hasta ahora dirigía un juzgado de Madrid por presuntas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil, y ha denunciado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha emprendido una “investigación paralela” en su contra.

El juez de la Audiencia Santiago Pedraz unió esta semana esta investigación a las pesquisas que dirige en torno a una trama que buscaba presuntamente desestabilizar causas judiciales que afectasen al Gobierno o al PSOE. Lo hizo después de que el juez de Madrid Arturo Zamarriego —que fue el primero en investigar a Leire Díez— le remitiese su causa.

Ahora, la exmilitante socialista ha recurrido la providencia en la que el juez Pedraz aglutinaba toda la causa en un solo procedimiento, y ha pedido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule esa decisión. Desde hace meses, la defensa de Leire Díez ha presentado recursos contra diferentes decisiones del juez Pedraz, en los que ha denunciado una “investigación paralela” en su contra.

Ahora lo ha vuelto a hacer en un nuevo recurso, al que ha tenido acceso EFE, en el que reitera que ambas investigaciones no son “conexas”, sino que tienen una “identidad material de hechos y sujetos investigados” y que la Audiencia Nacional decidió abrir una investigación por unos hechos que ya estaban siendo instruidos en un juzgado de Madrid.

Subraya, además, que la resolución en la que Pedraz solicitó la causa a un juzgado de Madrid está aún recurrida, de manera que aceptar la investigación de Zamarriego supone ejecutar una decisión cuestionada sobre la que la Sala de lo Penal no se ha pronunciado.

El juez Zamarriego, a instancias del fiscal, aceptó la pasada semana inhibirse en la Audiencia Nacional, renunciando así a la investigación que inició en verano de 2025 a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por cohecho y tráfico de influencias.

La causa de Pedraz tiene un objeto más amplio y afecta al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, pero desde hace un par de meses abarca también al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes en relación con una presunta trama para invalidar causas judiciales que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su entorno familiar.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez, Santiago Pedraz, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que vuelva a realizar el clonado del teléfono de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE. Su defensa alegó que el primer volcado se produjo antes de que tuviera la condición de investigado en el caso y “sin autorización judicial”.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la comparecencia de Serrano de este martes en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

Esta diligencia se enmarca en la investigación sobre la causa abierta en la Audiencia Nacional relativa al 'caso Leire Díez', que indaga, por un lado, en una supuesta trama de amaños de contratos públicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y, por otro, en una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, que habrían contado con el liderazgo del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la coordinación de la exmilitante socialista Leire Díez.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del 'caso Leire Díez' antes mencionadas.

Primer clonado sin abogado

En este contexto, Serrano había sido citado hoy para verificar el clonado de su teléfono móvil llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil. Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado ha comenzado a realizarse esta mañana en una sala precintada del juzgado, un trámite que se extenderá durante unas ocho horas o nueve horas, según las fuentes. Al terminar, el contenido del mismo se trasladará a un disco duro. Serrano y su abogado han vuelto a ser citados este miércoles a partir de las 10.30 horas para verificar esa última parte del proceso.

Las fuentes han explicado que el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y que a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.