La maniobra policial para atribuir a Miguel Urbán, fundador de Podemos, la venta de 40 kilos de cocaína en 2016 será finalmente investigada por la Audiencia Nacional. Pese a los indicios acumulados en la causa abierta por la guerra sucia a Podemos durante el Gobierno de Rajoy, el juez Santiago Pedraz no apreció delito. Ahora, la instancia superior corrige al instructor y ordena que Urbán pase a tener la condición de perjudicado, así como indagar en el montaje de la cocaína que orquestó la brigada política del PP dentro de su ofensiva para que Podemos no llegara al Gobierno.

Los jueces de la Sección Tercera aprecian en la Operación Cardenal –como se denominó a la investigación por narcotráfico a Urbán–, similitudes con otros dos operativos de la Policía contra Podemos que ya se investigan en la causa de Pedraz. Se trata de las operaciones Venus, referente al informe sobre la supuesta financiación de Podemos por Venezuela e Irán, y Bolívar, sobre el viaje a Nueva York para intentar que un ex ministro de Hugo Chávez respaldara un supuesto pago de Caracas en un documento de dudosa fiabilidad. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sala de lo Penal recuerdan que, cuando la Policía atribuyó un delito de narcotráfico a Miguel Urbán, este ejercía “funciones públicas en el Parlamento europeo en representación de España, lo que haría aún si cabe de mayor gravedad las supuestas operaciones objeto de investigación llevadas a cabo”.

Igualmente, los magistrados recuerdan que la operación pudo afectar a “otras personas que ejercían o ejercen en la actualidad funciones de carácter político”. Un policía antidroga está imputado por haber rastreado a Pablo Iglesias, entonces líder del partido, con el argumento de que pertenecía al “círculo más cercano” a un investigado en tráfico de drogas, en referencia a Miguel Urbán. Un senador de Podemos entonces, Josu Arrieta, también fue objeto de estas búsquedas en el marco de la Operación Cardenal. 

Los tres jueces que firman el auto ofrecen a Pedraz la opción de investigar el montaje contra Miguel Urbán en el seno de su instrucción por otras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno el Partido Popular o, si lo considera oportuno, hacerlo en el marco de una pieza separada de esa causa. 

Una investigación de elDiario.es

La investigación formal por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán llega diez meses después de que elDiario.es revelara el plan que desarrolló el comisario José Luis Olivera a partir del disparatado relato de un confidente. Desde entonces, el fundador de Podemos solo ha encontrado dificultades para que la Audiencia Nacional aclare lo sucedido. Primero, Urbán optó por personarse en la causa que ya había abierto el juez Pedraz a partir de una querella de Podemos, sobre las maniobras de la brigada política contra el partido. El juez consideró que no había relación entre unos hechos y otros y lo rechazó. 

El segundo intento de Urbán consistió en presentar su propia querella en la Audiencia Nacional, pero otro juzgado rechazó la admisión por, entre otros motivos, basarse “en noticias de prensa”. En octubre cambió la situación. Otra vez, la Sala de lo Penal corregía a Pedraz y le ordenaba incorporar la documentación del montaje de la cocaína a su causa por las maniobras contra Podemos, así como imputar al policía que había consultado en ese marco los datos de Iglesias.

Aquella decisión motivó que, a falta de Urbán personado en la causa, Podemos pudiera solicitar diligencias sobre el montaje de la cocaína. Entre otros, declaró el máximo artífice del mismo, el comisario José Luis Olivera, quien llegó a decir que no sabía quién era Urbán cuando le llegó el soplo y que tuvo que mirar “en Wikipedia”. Uno de sus subordinados, experto en la lucha antidroga, aseguró ante el juez que el relato de un confidente acerca de que vio a Urbán, siendo eurodiputado, celebrar a gritos la venta de 40 kilos de cocaína en medio del pub Nueva Visión e invitar a esnifar a todos los presentes, era “perfectamente creíble”.

Con todo, Pedraz arruinó las expectativas del fundador de Podemos y del propio partido político cuando rechazó por segunda vez su intento de personación en la causa. En un auto del pasado enero, el juez negó la existencia de un “montaje policial” porque hubo una declaración de un confidente y no hay pruebas de que los policías que la tomaron engañaran después a la Fiscalía Antidroga para iniciar las pesquisas. 

El juez ya tenía en su poder las diligencias de Antidroga, abiertas a partir de los informes que Olivera enviaba sobre el relato del confidente. Durante los meses que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 –con un resultado récord para Podemos– y las de junio de 2016, Olivera consiguió que Antidroga implicara a la unidad antidroga de la Policía, a la que investiga los delitos económicos, y a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. 

Se trataba de encontrar cualquier excusa en la actividad de Urbán para dar el salto a las cuentas de Podemos. Para ello, los policías aportaron un informe apócrifo, cuya autoría apunta al comisario Villarejo, sobre financiación de blanqueo de capitales en el partido por medio de pequeñas cantidades a través del método del “pitufeo”. Villarejo está siendo juzgado estos días por el caso Dina, la difusión de una copia del teléfono de una colaboradora de Iglesias, robado con anterioridad. Por su parte, el comisario Olivera se sentará en el banquillo del caso Kitchen, el espionaje parapolicial a Bárcenas, a partir del próximo 6 de abril, junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, entre otros.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga si la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso -vinculado al exdirigente socialista Santos Cerdán- amañaron contratos públicos a cambio de mordidas, ha dictado una resolución que puede suponer un punto y aparte en esta causa: Ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que presente en su juzgado “todos los efectos originales intervenidos” en el registro del domicilio de Leire Díez y ha prohibido a esa unidad investigadora usar el contenido de los dispositivos incautados hasta que no se haya realizado un expurgo con el que quiere apartar todo lo que no sea objeto de investigación.

La providencia, fechada el pasado 4 de marzo y a la que ha tenido acceso elDiario.es, es prueba inequívoca de que el magistrado quiere tener el control total sobre la investigación que desarrolla la UCO, misma unidad encargada de las pesquisas del caso Begoña Gómez o del caso Koldo. De hecho, en esta misma resolución, acuerda abrir una pieza separada y reservada para ese expurgo, una medida excepcional teniendo en cuenta que la causa ya está bajo secreto y que el mismo se prorrogó hace escasos días y se prevé que se extienda como máximo hasta el próximo 8 de abril, cuando las partes personadas podrían tener acceso al sumario.

Esta decisión de 'separar el grano de la paja' va en consonancia con otras que ha ido adoptando a lo largo de estos tres meses de instrucción el magistrado. Sin ir más lejos, desde el arranque de este 2026 ha ido autorizando y liberando el uso de determinadas cuentas bancarias para que tanto los investigados como sus familiares puedan hacer frente a gastos ordinarios. Pero, además, el expurgo está directamente relacionado con uno de los últimos escritos presentados por la defensa de la que fuera exconcejal socialista.

En él, además de solicitar la devolución de los dispositivos incautados a Díez y a su esposo en la entrada y registro del mes de diciembre, la letrada solicitaba nuevos desbloqueos de cuentas -de las hijas del matrimonio y de su madre- y, lo que es más relevante, “el expurgo de cualquier actuación procesal, documentación o información que no tenga que ver con los hechos objeto de la causa o con el periodo en que se concretan dichos hechos” -de 2021 a 2023-. Y lanzaba un mensaje al respecto: Las investigaciones prospectivas están prohibidas en un Estado de Derecho.

Al hilo, la defensa explicaba que, en caso de que no se apartara de la causa todo lo que no tuviera que ver con el objeto de la investigación, la UCO podría recabar “diligencias que nada tienen que ver con los hechos” y se podrían emitir “juicios de valor por lo que es, lo que hace, cómo vive o cómo actúa una persona en todo su ámbito personal, profesional o vital”. Esto, añadía, permitiría que “entrara en juego el derecho penal de autor y no de acto, que es el que prima (…), donde solo se persiguen conductas concretas enmarcadas en un periodo de tiempo, sin posibilidad de instrumentalizar el proceso penal para enjuiciar a una persona por su pasado, su presente y su futuro”.

La petición de expurgo, según ese escrito, era necesaria porque, como muestra un botón, los agentes de la UCO “se incautaron incluso las agendas de 2025 de Leire Díez, que difícilmente, y por ser del año 2025, podrían tener que ver con los hechos investigados”.

Además, la letrada de la exmilitante socialista denunciaba que los agentes modificaron las contraseñas de los correos electrónicos tanto de Díez como de su esposo después de que ambos se las facilitaran. Y esto, añadía, da pie a que la UCO tenga acceso íntegro al correo de ambos en tiempo real con notificaciones del día a día y de toda índole: citas médicas, correos de clientes, datos económicos, etc.

Los contratos investigados

Cabe recordar que en esta causa se pone el foco en hasta cinco contratos o concesiones públicas sobre los que, presumiblemente, los investigados habrían podido ejercer algún tipo de influencia a cambio de comisiones ilegales. Una de ellas, quizá la más relevante, es la del rescate otorgado por la SEPI a Tubos Reunidos, el grupo vasco dedicado a la fabricación de tubos de acero que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021.

Otro de los contratos investigados tiene que ver con una adjudicación de Mercasa a la empresa Servinabar -empresa participada, según la UCO, por Antxon Alonso y Cerdán- por valor de 18.119,75 euros. El tercero es el relativo a la adjudicación de un contrato público de Enusa (Empresa Nacional del Uranio) a Residuos de Melilla (Remesa) por valor de 17.545 euros. A estos se suma el del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA), que habría concedido una adjudicación a la empresa de derribos Erri Berri por valor de 2,8 millones, lo que habría dejado una comisión ilegal de esa empresa a los investigados de 400.000 euros, siempre según la diligencia de ordenación a la que tuvo acceso elDiario.es.

El quinto de los asuntos supuestamente amañados estaría relacionado con Forestalia Arapallet, que habría recibido una ayuda de Sepides, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, por valor de 17,32 millones de euros y por el que los investigados se habrían embolsado 200.000 euros.

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados, con las que intentan justificar aquella operación. El pasado 27 de enero, un comisario de la Policía Nacional aseguró ante el juez Santiago Pedraz que la historia de un eurodiputado de Podemos en ese momento, Miguel Urbán, trasladando a pulso 40 kilos de cocaína a un pub de Malasaña, vendiendo la droga y celebrándolo a voces mientras invitaba a desconocidos a cocaína, fue “perfectamente creíble”.

elDiario.es ha tenido acceso a la declaración del comisario jubilado Miguel Ángel Barrado, un histórico de las unidades contra el narcotráfico de la Policía que en el momento de los hechos estaba destinado en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). De ese organismo, que no tiene funciones operativas, salieron las notas policiales que obligaron a la Fiscalía Antidroga a abrir unas diligencias de investigación secretas sobre el supuesto narcotraficante Miguel Urbán. Barrado supervisó esas notas, según declaró su entonces jefe, el comisario que las firmó, José Luis Olivera. A raíz de la declaración de Olivera, Miguel Ángel Barrado fue citado como testigo.

Durante la comparecencia del policía, el abogado de Podemos le preguntó si antes de poner una información en conocimiento de la Fiscalía no establecían algún tipo de “filtro”, habida cuenta de lo inverosímil del relato sobre Urbán. “No, pero le puedo decir que era perfectamente creíble”, contestó. Pedraz intentó que el comisario no se prodigara en su explicación, pero ante la insistencia del letrado y el ofrecimiento del testigo, el juez dejó que continuara. “Mire usted, el inspector jefe originario de esta información, el primero, que no está aquí, es un funcionario altamente cualificado en el tratamiento de fuentes y captación de las mismas. Es un funcionario que ha hecho muchísimos servicios por este procedimiento en la Comisaría General. Lo que me viniera de él era altamente creíble. Luego, el contenido de la información, pues sí, perfectamente creíble”, afirmó el comisario.

Según este experto comisario, que Urbán compatibilizara su labor de eurodiputado con el menudeo de droga por las esquinas de Malasaña, como afirmó Hugo Ch., el confidente, era verosímil porque el mando policial al que se lo había contado el soplón tenía mucha experiencia. Cuando otra abogada le vuelve a preguntar por el hecho de que Urbán traficara con droga, Barrado remata: “Mire, yo me he tirado 25 años en la Brigada Central de Estupefacientes y sé lo que hace la droga. La droga lo contamina todo”.

El juez Pedraz acaba de negarse a imputar a José Luis Olivera, el entonces director del CITCO y artífice del montaje contra Urbán y Podemos. Pedraz considera que el testimonio del confidente justifica por sí solo la investigación secreta Urbán, a la que los agentes incorporaron una “nota de inteligencia” anónima sobre blanqueo de capitales en Podemos cuya autoría apunta al comisario Villarejo.

En el mismo auto en el que rechaza la imputación de Olivera, Pedraz abre la puerta a investigar a Villarejo y ni siquiera contesta a la solicitud de imputación de Miguel Ángel Barrado y de otro miembro del CITCO que también declaró como testigo el 27 de enero. Ese otro policía es el inspector jefe Federico Millán Maricalva. Él es el redactor de las notas que el CITCO envió sobre Urbán a la Fiscalía Antidroga, supervisadas por Barrado y enviadas por Olivera.

El testimonio de Millán Maricalva consistió en asegurar que a él le llega la información del confidente por un compañero de la Comisaría General de Policía Judicial, con el que había coincidido en el pasado. Ese mando –el funcionario “altamente cualificado”, según lo describe Barrado– decidió que el CITCO era el lugar indicado para enviar el testimonio de su colaborador. No hay explicación de por qué no investigó él las confidencias de su chivato, por qué no lo remitió a una unidad antidroga o por qué no lo hicieron sus superiores de acuerdo a los procedimientos reglados.

El inspector jefe Millán Maricalva presentó un relato en la Audiencia Nacional según el cual él mismo llegó a viajar a una reunión con el confidente a Talavera de la Reina (Toledo), pero solo en funciones de “observador”. Se quedó, dijo, en una mesa distinta del bar donde se produjo la reunión entre varios miembros de la Comisaría Judicial de Policía Judicial y Hugo Ch, el chivato. Ante la incredulidad de la acusación popular, el inspector jefe reconoció que habló con él un momento. La breve conversación, añadió, versó sobre “auriculares” [vídeo de la declaración a continuación]“.

Desde que arrancó la causa de la guerra sucia a Podemos se han sucedido en el juzgado de Pedraz continuas contradicciones entre los distintos policías que han sido llamados a declarar. El pasado 27 de enero se produjo una más. El tercer testigo fue un mando de la Policía antidroga, jefe del agente que está imputado por rastrear a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al “círculo más próximo” de Miguel Urbán, investigado por tráfico de drogas.

Este inspector jefe negó que diera instrucciones a su subordinado de rastrear a Iglesias y justificó que lo hiciera dentro de la praxis policial. El inspector jefe aseguró que el CITCO, el órgano desde el que salió hacia la Fiscalía el montaje contra Urbán, no trabaja con “fuentes”. La afirmación choca frontalmente con la que realizó el que fuera su director, José Luis Olivera, por el momento testigo en la causa de la guerra sucia a Podemos y que se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con fondos reservados. Olivera intentó justificar su actuación asegurando que el CITCO contaba con “multitud de fuentes”. La Fiscalía Antidroga terminó por archivar la investigación porque no había un solo indicio de delito, antes de que los policías lograran su objetivo de dar el salto de sus pesquisas hasta Podemos, por entonces aspirante a integrar el Gobierno de la Nación.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el 'caso hidrocarburos' ha remitido las declaraciones de la empresaria Carmen Pano y del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, a la causa que investiga los pagos en metálico dentro del PSOE para gastos anticipados. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que también traslada la declaración del considerado como chófer de Pano, Álvaro Gallego, y documentación policial.

Aldama declaró el pasado 29 de enero que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, según indicaron fuentes jurídicas a esta agencia de noticias.

Pano, por su parte, ratificó ante el juez Pedraz que había llevado 90.000 euros en efectivo provenientes de Claudio Rivas, el dueño de la empresa presuntamente epicentro de la trama, a la sede de los socialistas. Y Gallego manifestó este miércoles que llevó a la empresaria a las inmediaciones de la calle de Ferraz y que ella iba con una bolsa que contenía 45.000 euros en tacos de 5.000 euros, aunque precisó que no llegó a ver a Pano entrar a la sede socialista.

Investiga pagos desde 2017

Pedraz envía el contenido de esas declaraciones a la pieza separada secreta que investiga otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y donde se encuentra la información aportada por el PSOE sobre sus pagos en metálico entre 2017 y 2024. Los socialistas entregaron al juez un 'pen drive' en el que se incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes, documentación que le había requerido el magistrado.

Cabe recordar que el juez de la Audiencia Nacional decidió en noviembre abrir una pieza separada para investigar esos pagos en efectivo. Lo hizo a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que también instruía el 'caso Koldo', ante la sospecha de que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre “otras irregularidades”. El PSOE aseguró al juez que colaboraría con la Justicia en cualquier caso, pero alertó de que habría “graves derivaciones jurídicas, procesales, personales y de protección de datos” porque implicaría aportar “todos los gastos adelantados a favor del partido por dirigentes, trabajadores, militantes y simples simpatizantes o voluntarios”, no solo los pagos a Ábalos y Koldo.

Los socialistas solicitaron al magistrado, además, que guardase esa información en una pieza secreta a la que solo accedan los investigadores, el juzgado y la Fiscalía, alegando que “es notorio que el PP y el resto de acusaciones hacen caso omiso” a la obligación legal de reserva.

La acusación particular que ejerce Podemos ha solicitado al juez Santiago Pedraz que impute a José Manuel Villarejo en la causa que se sigue por las maniobras policiales contra el partido político durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. La formación relaciona al comisario con el intento por atribuirle falsamente una financiación ilegal a través del invento del tráfico de cocaína de uno de sus fundadores, Miguel Urbán. Podemos también pide que sean citados como investigados el principal artífice del montaje, el comisario José Luis Olivera, dos de sus subordinados entonces y el que era jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán. 

Pedraz aceptó investigar la guerra sucia al partido a partir de las evidencias recogidas en los mensajes incautados al ex número dos de Interior con el Partido Popular Francisco Martínez, aportados en una querella presentada por Podemos en la Audiencia Nacional. Con posterioridad, en mayo de 2025, elDiario.es reveló uno de los mayores secretos de la brigada política, la falsa acusación contra Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. Las acusaciones enmarcaron la maniobra en la guerra sucia al partido y pidieron investigarla en el marco de la causa abierta en el juzgado de Pedraz.

La Policía utilizó una nota anónima para vincular la falsa venta de droga con la financiación de Podemos. El partido considera que el autor de ese informe es Villarejo. En uno de los dispositivos incautados en su domicilio en 2017 figura un pantallazo con las transferencias bancarias de Miguel Urbán que supuestamente probaban la práctica del “pitufeo” (blanqueo de capitales en pequeñas cantidades) y que habían sido incluidas en una “nota de inteligencia” anónima incorporada al montaje.

El documento con los pantallazos fue creado el 16 de febrero de 2016, un día antes de que el comisario José Luis Olivera remitiera un oficio a la Fiscalía Antidroga que incluía la “nota de pitufeo”. Una semana antes, el 9 de febrero, Villarejo había escrito en su agenda personal: “Oli [comisario Olivera] propone dar datos de POD [Podemos] a los Cesis, poco a poco. Dice que mi nota de pitufeo contiene errores”. 

La pasada semana, Santiago Pedraz volvió a negar la personación como perjudicado de Urbán en la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez da por buena la tesis que expuso el comisario Olivera como testigo, según la cual estaba obligado a informar a la Fiscalía Antidroga del testimonio de un confidente acerca de la supuesta venta de la droga por el europarlamentario de Podemos, pese a lo disparatado de la narración. Pedraz concluye que esta circunstancia descarta que se tratara de “un montaje policial”.

Podemos pide en la ampliación de su querella que Olivera pase de testigo a investigado, una condición que ya reclamó la acusación popular, ejercida por el PSOE, antes de la comparecencia del policía jubilado. Pedraz rechazó entonces imputarle porque no había sido informado de la solicitud de los socialistas, según informó de viva voz el magistrado en la misma sala de declaraciones. Olivera y Villarejo se sentarán en el banquillo de los acusados en el juicio por otra de las grandes maniobras de la brigada política, el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Olivera firma las notas informativas que abrieron y acrecentaron la investigación contra Urbán a partir del disparatado testimonio de un confidente. El relato que utilizó el entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) incluía cómo Urbán llevó, no se sabe si arrastrando, una bolsa con 40 kilos de cocaína a un bar de Malasaña, subió al piso de arriba, se lo vendió a un miembro de los Ángeles del Infierno y bajó al local a celebrarlo a gritos, volcando una bolsa de cocaína en la barra e invitando a esnifar a todos los presentes. 

Ahora, Podemos alega: “A pesar de la evidente ausencia de credibilidad intrínseca de la historia, amén de la ausencia de indicios, el querellado señor Olivera, omitiendo cualquier tipo de comprobación a través de unidades operativas del Cuerpo Nacional de Policía, opta por remitir ala misma a la Fiscalía Antidroga, quien en fecha de 25 de enero de 2016, incoará diligencias de investigación, encomendando las pesquisas a la Udyco (unidad antidroga)”. Después, continúa la ampliación de querella, Olivera “monopoliza” las pesquisas enviando un segundo escrito con la nota informativa que presuntamente escribió su amigo Villarejo. 

García Catalán, guerra sucia en Nueva York y Malasaña

El comisario recién jubilado José Manuel García Catalán era en esa época jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF que utilizó la brigada política para blanquear sus trabajos. García Catalán declaró en la causa por la guerra sucia a Podemos como testigo por haber participado en el viaje a Nueva York para obtener información contra dirigentes de Podemos de un ex ministro de Hugo Chávez. Ahora, el partido pide su imputación por su participación en la maniobra contra Urbán. García Catalán firma los informes de la UDEF incorporados a las pesquisas contra el político.

La lista de solicitudes de imputación se completa con el comisario y el inspector jefe del CITCO, a las órdenes de Olivera, que ofrecieron un confuso testimonio esta misma semana en la Audiencia Nacional después de que su antiguo jefe les señalara. La imputación de los cinco policías evitaría que se cumpla el plazo de prescripción de unos hechos ocurridos hace casi diez años. 

En la causa por la guerra sucia a Podemos está imputado el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el entonces director operativo de la Policía, Eugenio Pino, y varios mandos integrantes de la brigada política. También figura como investigado un policía que rastreó a Pablo Iglesias en bases de datos restringidas con la excusa de que formaba parte del círculo personal de Miguel Urbán, encartado por narcotráfico. Pedraz intentó exculparle, pero la Sala de lo Penal le ordenó que volviera a imputarlo.

El magistrado Santiago Pedraz ha vuelto a rechazar que Miguel Urbán pase a ostentar la condición de perjudicado en la causa que se sigue en su juzgado por las maniobras policiales contra Podemos durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pese a los indicios recabados durante la instrucción, Pedraz concluye que la investigación contra Urbán por haber vendido supuestamente 40 kilos de cocaína en un bar de Malasaña no fue “un montaje policial”.

Urbán fue investigado en 2016 durante meses, mientras era eurodiputado, a partir del disparatado relato de un confidente. El colaborador policial aseguraba haberle visto intercambiar los 40 kilos de cocaína, que cargaba a pulso en una bolsa, por billetes para financiar a Podemos. El relato incluía que Urbán celebró a gritos la transacción mientras reconocía que era cocaína de Venezuela para financiar al partido y volcaba una bolsa encima de la barra del bar para que todos los clientes esnifaran. 

De un modo que aún se investiga, el director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en ese momento, José Luis Olivera, obtuvo el testimonio del confidente, supuestamente espontáneo, y comenzó a enviar escritos a la Fiscalía Antidroga para que esta abriera una investigación. Urbán era en ese momento miembro del Parlamento europeo y el confidente aseguraba que le veía trapichear por las esquinas de Malasaña. 

Con la excusa de la investigación a Urbán, la Policía empezó a apuntar a la supuesta financiación ilegal de Podemos en sus informes a la Fiscalía, tal y como reveló elDiario.es. En la investigación se implicaron las unidades antidroga y anticorrupción del Cuerpo y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente del Ministerio de Economía. Las pesquisas se realizaron en secreto en medio de una cascada de informaciones policiales sobre Podemos que se han demostrado falsas y que publicaban medios afines al Partido Popular. 

Los hechos ocurrieron durante el semestre entre las elecciones de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, cuando Podemos apuntaba a gobernar en coalición con el PSOE. Antes de que la brigada política, a la que pertenecía Olivera, pudiera dar el salto de Urbán a Podemos, el fiscal jefe Antidroga decidió cerrar el caso. “No se ha podido acreditar, ni siquiera indiciariamente, la comisión de hechos delictivos”, escribió José Ramón Noreña en el decreto de archivo.

En el auto por el que rechaza considerar perjudicado a Miguel Urbán, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez Pedraz afirma que “no hay base alguna para concluir un montaje policial”. “La Fiscalía Antidroga inicia, por obvio, la investigación en base a recibir la noticia criminis en la que aparece implicado el señor Urbán”, asegura el juez en referencia al testimonio del confidente. 

Pedraz continúa: “Tras la práctica de diligencias concluye que no se acredita el delito y archiva al considerar que no existen indicios suficientes. Con ello, no puede decirse que la investigación policial se hiciera sin marco, pues estaba amparada por la Fiscalía; sin que además se aporte indicio alguno de que la misma fuera engañada”.

Santiago Pedraz se opone a considerar a Urbán, siquiera indiciariamente, víctima de “un montaje policial”. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adopta esta decisión por segunda vez. En las dos ocasiones lo ha hecho en contra de la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aprecia intereses espurios en la maniobra policial. 

El fiscal informa a favor de considerar víctima a Urbán

El fiscal del caso, Vicente González Mota, considera que en el caso de Urbán y la Operación Cardenal se produjo “una investigación policial de personas aforadas sin marco para realizarla”, tal y como ocurrió con otras dos operaciones que sí son objeto de la investigación de Pedraz, denominadas Venus y Bolívar y que afectaron, entre otros, a Pablo Iglesias. 

Pedraz firmó el auto en el que rechaza considerar “perjudicado” a Urbán el pasado 23 de enero, dos días después de escuchar en declaración el testimonio del fundador de Podemos. Este martes, pese a haber decidido que no hay ‘caso Urbán’, Pedraz cumplió con el trámite de tomar declaración como testigos a dos mandos policiales a los que José Luis Olivera implicó en la investigación al entonces eurodiputado. 

La postura del juez supone dar por válidas las explicaciones del propio Olivera, quien intentó defender en el juzgado que nunca valora las informaciones que recibe, por muy disparatadas que fueran. El comisario, ya jubilado, tampoco convenció a las acusaciones de que un órgano como el CITCO, de inteligencia y coordinación entre cuerpos y sin competencias operativas, se encargara de gestionar la confesión de un confidente. Sus subordinados contribuyeron este martes a aumentar el cúmulo de confusas explicaciones recabadas hasta ahora por el juez. 

La Sala de lo Penal ya obligó a Pedraz a volver a imputar a otro policía que consultó las bases de datos para rastrear a Pablo Iglesias con la excusa de que pertenecía al círculo de un investigado por narcotráfico, Miguel Urbán. En aquel auto, la instancia superior a Pedraz obligó al magistrado a dar un impulso a la investigación acordando una batería de diligencias solicitadas por los abogados de Podemos. 

Pedraz admitió a trámite en febrero de 2024 una querella de Podemos contra la cúpula de Interior de Rajoy y varios mandos policiales por las maniobras contra la formación política. Desde ese momento, el juez ha delimitado la investigación a las tretas contra políticos aforados del partido. 

Los testimonios recabados en sede judicial y la documentación obtenida por Asuntos Internos ha permitido ir desgranando la estrategia político-policial contra el partido de Pablo Iglesias, pero el juez ha rechazado imputaciones y solicitudes de investigación de forma recurrente. A partir de una información de elDiario.es, la acusación particular y el propio Urbán han intentado sin éxito que el invento contra el fundador del partido sea una pieza más de la investigación de la guerra sucia contra Podemos. 

El fundador de Podemos y militante de Anticapitalistas Miguel Urbán ha declarado este miércoles como testigo en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por las maniobras policialles contra Podemos durante el último Gobierno del PP. Urbán ha negado todas las acusaciones que orquestó la cúpula de la Policía de la época sobre su supuesta implicación en una venta de 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos. “Nunca he estado en el Nueva Visión”, ha dicho sobre el pub donde se organizó la transacción, según el testimonio de un confidente que fue utilizado para investigar a Urbán durante meses.

Uno de los principales mandos de la Policía con el PP, José Luis Olivera, remitió el delirante relato del confidente a la Fiscalía Antidroga en 2016 para que esta abriera unas diligencias previas y secretas que albergaran una investigación a todos los niveles a Urbán, con la intención después de dar el salto a Podemos. El montaje de la cocaína arrancó en enero, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015, y en los comicios de junio de 2016 aspiraban a alcanzar el Gobierno.

El invento contra Urbán y Podemos hablaba del fundador del partido cargando 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela, vendiéndola en el piso del dueño del Nueva Visión, situado en el piso superior, en Malasaña, y celebrando la transacción a gritos, volcando cocaína en la barra. Todo mientras Urbán era eurodiputado de Podemos. Ante el juez Santiago Pedraz, el fundador del partido ha negado haber entrado en el Nueva Visión, conocer al dueño del bar ni al confidente que le señaló.

Un policía de la unidad antidroga, implicada en las investigaciones a Urbán, declaró que introdujo el nombre de Pablo Iglesias en las bases de datos restringidas con el argumento de que el anterior estaba investigado por narcotráfico y siempre se indaga en su entorno. La abogada del policía, que está imputado, ha preguntado este miércoles a Urbán si ejercía de portavoz de Podemos y de Pablo Iglesias. El militante de Anticapitalistas ha respondido que de Podemos sí pero que nunca hablaba por voz de Pablo Iglesias. Ha añadido que, en ocasiones, lo hacía “en contra” del entonces líder del partido. Con los años, Anticapitalistas abandonaría Podemos por la decisión del partido de integrar el Gobierno de coalición con el PSOE.

De otro lado, Urbán ha tenido que explicar que nunca ha estado en Venezuela o que trate con los Ángeles del Infierno, una organización criminal conocida por su relación con las motos. Según el confidente, el comprador de la droga pertenecía a ese grupo. Cuando la abogada del policía antidroga le ha preguntado si conocía a los Ángeles del Infierno, Urbán ha respondido que por la prensa y que sabe que son “de ultraderecha”. La letrada ha dicho que en las diligencias previas se le relacionó con ellos. El militante de Anticapitalistas ha respondido, incrédulo, con otra pregunta: “¿Porque me habían amenazado?”.

El comisario jubilado José Luis Olivera declaró como testigo el pasado 24 de noviembre en la Audiencia Nacional por el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán y Podemos en 2016. Durante su comparecencia, Olivera intentó justificar que el órgano de coordinación que él dirigía, sin competencias operativas, recibiera de no sabe quién una información sobre un político aforado y decidiera trasladarlo a la Fiscalía Antidroga, sin valorar que la historia revestía todos los ingredientes de una patraña. También dijo que no sabía que la persona a quien acusaba un supuesto confidente de vender 40 kilos de cocaína en un pub de Malasaña era cofundador de Podemos y eurodiputado. “Tuve que entrar en fuentes públicas, en Wikipedia, para saber quién era”, afirmó ante el juez.

elDiario.es ha tenido acceso al vídeo de la declaración de Olivera, que se prolonga durante más de una hora. Las preguntas del fiscal, Vicente González Mota, evidencian las dificultades del representante Ministerio Público para creer la versión del comisario, que intenta enmarcar en todo momento su actuación, y la de sus subordinados, en casi un trámite rutinario.

Olivera repitió que a él, director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), le vino todo dado. Su historia se resume en que un policía sin identificar decide saltarse los cauces de relación entre unidades y le da a un amigo suyo, que trabaja en el CITCO, una información sobre la supuesta venta de droga por un destacado responsable de Podemos. Los subordinados de Olivera redactan una nota informativa, que no firman, acompañada del testimonio de un confidente. Según la versión del exdirector del CITCO, él se habría limitado a firmar los escritos que envió a la Fiscalía Antidroga. “¿Qué hago? ¿Lo rompo? ¿Lo tiro a la papelera? ¿Me llega el papel y no se lo doy a la Fiscalía?”, intentó justificarse ante el juez Santiago Pedraz. 

Un semestre de furia en las cloacas

El montaje de la cocaína arrancó en enero de 2016, en los inicios del semestre que concentró las principales maniobras de la brigada política contra Podemos. El partido había obtenido un resultado inédito para una formación a la izquierda del PSOE el mes anterior, en diciembre de 2015. Hasta junio, Podemos soñó con superar al PSOE y alcanzar triunfante la Moncloa. Los resultados de los comicios de invierno de 2015 y algunas proyecciones demoscópicas espoleaban esa aspiración. Fueron en esos meses cuando los resortes del Ministerio del Interior controlado por el PP se emplearon a fondo para evitarlo. 

José Luis Olivera es un personaje relevante en la historia reciente de la cloaca policial, la que fue heredada del franquismo o creció en la transición. De gran proyección durante la etapa del PSOE –fue el primer jefe de la UDEF y responsable de casos como Malaya o Gürtel–, el cambio de Gobierno y la llegada de Mariano Rajoy apenas hicieron mella en su carrera. Pegado a la cúpula del Ministerio, Olivera participó en las tres grandes maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el Gobierno de Rajoy: protagonizó el primer episodio conocido de la operación Cataluña, se sentará en el banquillo por la operación Kitchen y su rastro reaparece en las maniobras contra Podemos, incluido el montaje de la cocaína contra Urbán. 

El extracto que reproduce a continuación elDiario.es permite escuchar en boca de su principal protagonista la maniobra para sostener una investigación a Miguel Urbán y extenderla a Podemos y una supuesta financiación irregular. El comisario se presenta como un mero vehículo, accidental por el puesto que ocupaba, para investigar la historia supuestamente inventada por un confidente. 

Urbán fue investigado durante meses por unidades especializadas anticorrupción, contra el tráfico de estupefacientes, la Fiscalía Antidroga y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude. El órgano que abrió diligencias, la Fiscalía Antidroga tuvo que cerrar sus diligencias ante la inexistencia del más mínimo indicio de delito. Los policías no llegaron donde pretendían y, a diferencia de otras maniobras contra Podemos, el Ministerio del Interior no filtró el montaje a la prensa afín.

José Luis Olivera acudió a la Audiencia Nacional como testigo a petición de Podemos, que ejerce la acusación particular junto a Pablo Iglesias. El PSOE actúa como acusación popular y había pedido que se imputara al policía, pero Pedraz no se enteró de la solicitud y ordenó continuar la declaración de Olivera en calidad de testigo. El comisario jubilado no podía negarse a responder. Hay episodios de la maniobra que dijo no recordar, pero de otros habló con detalle. Por ejemplo, dio el nombre del pub de Malasaña donde se habría producido la transacción de droga –Nueva Visión, cerrado desde la pandemia– o el nombre y el apodo de su dueño –Felipe, Johnny en el barrio–. 

Nuevos señalados y la sombra de Villarejo

Entre los datos que Olivera llevaba preparados figuran los números de carnet profesional de los dos subordinados que asegura que manejaron la información sobre el falso tráfico de drogas. Un inspector jefe, al que otro policía le habría regalado el soplo, y el comisario que tenía por encima y que estaba a las órdenes directas de Olivera. Ambos declararán como testigos el 22 de enero. El día antes lo hará la principal víctima del montaje, Miguel Urbán.  

El testimonio de Olivera salpica a otros habituales de la guerra sucia que investiga el juzgado de Pedraz. El comisario explicó que su jefe directo era el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, imputado en la causa de las maniobras contra Podemos, y que no recordaba bien, pero que lo lógico es que le hubiera comentado la investigación contra Urbán. 

Por otra parte, en la agenda incautada al comisario Villarejo aparecían alusiones a la confección por su parte de notas informativas sobre el “pitufeo” de Podemos. Una nota sin firmar que acusa al partido de utilizar ese método para blanquear a través de pequeñas cantidades fue remitida por Olivera a la Fiscalía Antidroga como un intento de extender la investigación desde Urbán al partido. “Con el señor Villarejo probablemente comentaría algo porque tenía fuentes, muchas fuentes, pero muchísimas fuentes en muchos sitios y de muchos temas”, afirmó en el juzgado Olivera a preguntas del abogado de Podemos.

Entre las preguntas del fiscal y las de las acusaciones van surgiendo las contradicciones en el testimonio de Olivera. En primer lugar, el comisario jubilado retuerce el Real Decreto de creación del CITCO para justificar la actuación con Urbán en el marco de sus competencias. Sin embargo, el CITCO es la evolución de un órgano que se creó a raíz del 11-M para evitar las duplicidades de investigaciones entre cuerpos policiales y que si dos servicios de Información están siguiendo un mismo objetivo salte una alarma y dirimir en su seno de quién es la competencia. 

Cuando el Real Decreto dice que debe “recibir, integrar y analizar informaciones” no se refiere a chivatazos disparatados de tráfico de drogas por parte de políticos en activo sino a aquellos que “sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal estratégica y de prospectiva” en relación con el terrorismo y el crimen organizado. 

Como reconoce el propio Olivera, el CITCO no tiene policías o guardias civiles en la calle trabajando con fuentes y pagando confidentes, ni un policía le debe decir a un amigo que tiene allí que se ha enterado de que Miguel Urbán trafica con drogas. El procedimiento de incorporación por las unidades operativas de la información que tienen a las bases de datos del CITCO está perfectamente tasado.

Olivera respondió al fiscal que no sabía quién era Miguel Urbán cuando recibió la primera información sobre su supuesta información en el tráfico de drogas. Pero llegado el turno del abogado de Iglesias, este le recordó que para cuando había dicho que miró en Wikipedia una nota en su poder, de fecha anterior, ya indicaba que era europarlamentario. Fue entonces cuando Olivera modificó su versión y dijo que lo que hizo fue confirmar en Internet la identidad del político.

En la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional están imputados, por ahora, el ex secretario de Estado de Seguridad Martínez y un grupo de mandos que integraron la brigada política del PP, en este caso contra Podemos, así como el inspector jefe Antidroga que rastreó a Pablo Iglesias con la justificación de que integraba el “círculo más cercano” del investigado por narcotráfico Miguel Urbán. Un exsenador de Podemos que militó en ETA durante el franquismo también fue rastreado con la misma excusa. 

Los testimonios y documentos recabados durante la instrucción, que arrancó en febrero de 2024, anticipan nuevas imputaciones en el ecosistema político y policial de la cloaca del Partido Popular. 

La investigación de las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular vuelve a dar un giro. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que devuelva la condición de imputado a un policía antidroga que buscó a Pablo Iglesias en bases de datos reservadas con la excusa de que un compañero de la dirección de Podemos, Miguel Urbán, estaba supuestamente inmerso en unas pesquisas por presunto tráfico de cocaína. 

La diligencias de Antidroga contra Urbán había sido abierta a partir del disparatado testimonio de un confidente, colaborador de un comisario de la brigada política del PP. El policía imputado intentó argumentar en su declaración judicial que rastreó a Pablo Iglesias porque siempre se hace con el entorno de los investigados, en este caso Urbán. El fiscal le planteó si hubiera actuado igual de tratarse de Mariano Rajoy, pero Pedraz consideró improcedente la pregunta y la cortó. Tras la declaración, el juez archivó la causa contra el policía. 

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces de la instancia superior a Pedraz consideran “de indudable relevancia” que se esclarezca si el policía, además de a Pablo Iglesias, indagó en otras personas de su entorno “carentes de vinculación política, como las pertenecientes a su familia o a su círculo de amistades”. Los magistrados tratan de determinar si el argumento del policía antidroga de que siempre se rastrea el entorno de los investigados es auténtico o una excusa para perseguir al entonces líder de Podemos y diputado del Congreso.

La resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal incluye otro relevante impulso a la investigación. Los jueces de la instancia superior ordenan a Pedraz que incorpore a su causa por la guerra sucia a Podemos todo el expediente de la Fiscalía Antidroga sobre la investigación a Urbán. En él aparece incluido el relato del confidente y cómo este llegó a la Fiscalía de la mano de José Luis Olivera, comisario procesado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados y uno de los policías más importantes de la época. 

El confidente, un camarero del pub Nueva Visión –en el barrio madrileño de Malasaña–, afirmó ante la Policía y el fiscal que Urbán vendió ante él 40 kilos de cocaína a un tercero, que dijo allí mismo que la droga procedía de Venezuela, que lo hacía para financiar a Podemos y que, antes de marcharse con más de un millón de euros en el bolsillo, invitó a droga y a bebida a todos los presentes. El confidente, que aparece identificado en los documentos que ahora se incorporan a la causa judicial, también aseguró que había visto en varias ocasiones a Urbán trapichear con droga en las esquinas de Malasaña mientras era eurodiputado. 

A partir de ese relato, el comisario Olivera, director entonces del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, convenció a la Fiscalía Antidroga de abrir una investigación a Urbán, en realidad un pretexto para acceder a las cuentas de Podemos. En los trabajos se implicó la unidad especializada en Delitos Económicos, UDEF, y la que lleva asuntos de droga a gran escala, Udyco. Incluso la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) examinó al detalle las cuentas de Urbán.  

A los tres meses, el fiscal jefe Antidroga, José Ramón Noreña, se dio cuenta de que aquello no conducía a ningún sitio y archivó las actuaciones. En Podemos creen que las pesquisas no se filtraron, como ocurrió con otras investigaciones parapoliciales al partido, porque no alcanzaron el objetivo de alcanzar las cuentas de Podemos. Las maniobras tuvieron lugar entre las elecciones generales de diciembre de 2015 y las siguientes, de junio de 2016, mientras existía la expectativa de que Podemos sobrepasara al PSOE y que se diera un acuerdo de Gobierno progresista.  

La causa de la guerra sucia a Podemos

A partir de las revelaciones del montaje policial por elDiario.es, Miguel Urbán intentó personarse en la causa de Pedraz por la guerra sucia a Podemos, pero el juez lo rechazó alegando que se trataba de hechos distintos. El Juzgado de Pedraz indaga en las maniobras ilegales de la Policía contra los diputados de Podemos en tiempos de Mariano Rajoy a partir de una querella presentada por los abogados de la formación. 

Urbán optó por explorar una segunda vía. El fundador de Podemos presentó una querella en la Audiencia Nacional, pero tampoco prosperó. La jueza María Tardón rechazó recientemente su admisión con argumentos como que la denuncia se centraba en “noticias de prensa”. 

En la información de elDiario.es aparece el número de diligencias secretas abiertas por la Fiscalía Antidroga a partir del montaje policial, del que se aportan numerosos detalles, pero ni el fiscal ni la jueza pensaron que podían reclamarse para una eventual investigación. 

Los abogados de Podemos e Iglesias también habían intentado que el falso relato del confidente y las investigaciones policiales a Urbán a partir de él fueran incorporados a la causa de la guerra sucia. Pedraz se negó. Pero ahora su causa por la guerra sucia a Podemos contará con los documentos del montaje policial de la cocaína. 

Hace diez años un mensaje en Twitter revolucionó el mundo judicial. Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional, usaba su cuenta en esta red social para difundir un auto de alto voltaje político: el que archivó la causa contra el entonces concejal madrileño Guillermo Zapata y sus tuits de humor negro. Fue el prólogo a un desembarco de decenas de jueces y fiscales que usan la red social a veces con sus nombres y apellidos y otras de forma anónima, que se ha encontrado esta semana con la apertura de un expediente disciplinario a un magistrado por llamar “Barbigoña” a la esposa del presidente del Gobierno y acusar a Pedro Sánchez de “golpista”.

Pedraz fue uno de los primeros jueces en entrar a Twitter con nombre y apellidos y también uno de los primeros en marcharse después de que sus declaraciones se convirtieran en polémica. “¿Sabe que si un juez restringe un derecho fundamental sin petición de parte estaría prevaricando?”, preguntó a Iñaki Oyarzábal, dirigente del PP alavés, que entonces criticaba su decisión de no prohibir un acto en Durango con antiguos presos de ETA.

El caso de este magistrado, histórico de los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional, abrió muchas puertas de un debate que sigue sin tener las reglas claras. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a abrir una investigación disciplinaria al juez por difundir el auto de Zapata y archivó el caso sin sanción. Era una práctica poco habitual, reconoció el órgano de gobierno de los jueces, pero Pedraz solo difundió el auto cuando ya había sido notificado a las partes y también a la opinión pública a través del gabinete de prensa del tribunal. Pedraz terminó abandonando la red social.

A día de hoy hay más de un centenar de jueces y fiscales que, de una u otra manera, se identifican como juristas en esta red social. Algunos como la fiscal Escarlata Gutiérrez más centrados en la divulgación, otros como Fernando Portillo o María Jesús del Barco como portavoces de asociaciones y otros muchos de forma anónima o difíciles de identificar como jueces y fiscales más allá de una balanza o un emoticono en su biografía. También los hay que, con nombre y apellidos y perfectamente identificados como jueces, opinan abiertamente sobre política.

La libertad de expresión de los jueces, cuando hablan como tales, es más limitada que la del resto de ciudadanos. La Ley Orgánica del Poder Judicial les prohíbe formar parte de partidos políticos o sindicatos, pero también dirigirse a otros poderes del Estado con “felicitaciones o censuras”, ir a actos “que no tengan carácter judicial” sin autorización de su órgano de gobierno o presentarse a unas elecciones.

Las posibilidades son mucho mayores con los portavoces de asociaciones, que como en el caso de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) acuden a coloquios organizados por el PP para criticar al Ejecutivo, pero los contornos de esa prohibición de lanzar “felicitaciones o censuras” a otros poderes del Estado se difuminan en las redes sociales.

“La publicación por parte de un miembro de la Carrera Judicial, en una red social, de determinadas opiniones –con independencia total de la que, a su vez, a cada cual nos merezcan–, cuando en tal medio no se hace invocación expresa de su condición profesional o cuando sea factible entender que su intervención se hace a título particular como mero ciudadano carece de tipicidad a fecha de hoy”. El argumento fue expuesto hace dos años por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ cuando llegó a sus manos el caso que expuso la debilidad normativa de esa regulación: rechazó multar al juez Manuel Piñar, el que encarceló a Juana Rivas, por sus comentarios machistas en Facebook. El motivo: no se presentó como magistrado al hablar, por ejemplo, de “feminazis”. La Comisión Permanente añadió que el legislador debía considerar un cambio legal para poder proceder contra jueces en estas circunstancias.

“¿Son una falta de respeto a los ciudadanos?”

Rafael Rebollo es catedrático de la Universidad de Barcelona y reconoce que, efectivamente, esos artículos de la Ley del Poder Judicial tienen 40 años y, por tanto, “no hay previsión expresa” a las opiniones en redes. Pero eso no significa que esa práctica no pueda llegar a ser sancionable: “Son perfectamente reconducibles a las previsiones como faltas graves y el artículo donde se prevé la falta de consideración a los ciudadanos. La gran pregunta es: ¿Ese tipo de manifestaciones son una falta de respeto a los ciudadanos? Creo que sería perfectamente subsumible sin perjuicio de que, probablemente, sería más idóneo que hubiera una previsión específica”.

Los ejemplos de magistrados expedientados –algunos exonerados– por declaraciones controvertidas se amontonan en los archivos del Poder Judicial. Por ejemplo, cuando Eloy Velasco, magistrado de la Audiencia Nacional y otrora al frente de macrocausas como Púnica o Lezo, aprovechó una conferencia sobre 'compliance' para cargar contra la exministra de Igualdad: “Nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”. El promotor quería cerrar el expediente y la Permanente le obligó a seguir investigando.

Subraya Rebollo que la libertad de expresión es “un derecho fundamental”, aunque no es “ilimitado”. “No me parece de recibo que se profieran determinadas manifestaciones y si no me identifico como juez queden en el limbo. Mire, es una persona perfectamente identificada e identificable, su condición como miembro del Poder Judicial está fuera de cualquier duda y no puede hacer que se difumine su condición de juez”.

Uno de los casos con más recorrido salido de la facción judicial de Twitter es la de Manuel Ruiz de Lara. Este magistrado de lo mercantil, que llegó a tener en sus manos el 'caso Superliga' de fútbol, llegó a escribir una novela donde un juez “Martín Zaragoza” investigaba si un exjuez “Grande Marlanda” tenía algo que ver con el asesinato del presidente del Gobierno “Sánchez Castellón” con un político “Ruiz Gilardón” buscando el poder. Y en la red social X, con sus idas y venidas, con y sin candado, ha sido expedientado dos veces. La primera vez con resultado positivo y la segunda, todavía bajo investigación.

La primera vez fue porque, entre otras cosas, llamó “psicópata” a Pedro Sánchez. Y quedó sin sanción porque había borrado su cuenta y eso, según el promotor de la acción disciplinaria, hacía imposible descubrir si los había escrito él o si se había identificado como juez. Recientemente, la Comisión Permanente ha corregido al promotor y le ha obligado a seguir investigando a este mismo juez, esta vez por acusar a Pedro Sánchez de ejercer el “golpismo” o por llamar “Barbigoña” a Begoña Gómez.

Algunos jueces con miles de seguidores en sus perfiles han abandonado esta red social y retornado tiempo después. Luis Sanz, magistrado de una de las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid identificado como “Magistrathor” en X, participó recientemente en la ceremonia de inauguración de la plataforma 'think tank' Atenea del exlíder de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, identificado como juez y pidiendo “osadía” contra reformas legales del Gobierno.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces explicaron que un acto como este no podía ser considerado como “político” y, por tanto, no necesitaba permiso del CGPJ para acudir y participar. Sobre este concepto, se pregunta Rafael Rebollo: “¿No es entrar en política cuando el propio Consejo se manifiesta contra la amnistía cuando ni siquiera era pública? ¿Cuando jueces y fiscales se manifiestan con sus togas y puñetas? El legislativo no puede legislar en atención a las demandas de los jueces, creo que estamos de alguna manera superponiendo papeles y asumiendo facetas que no les corresponden”.

La Comisión de Ética Judicial, que no forma parte como tal del CGPJ y cuyos dictámenes no son vinculantes ni su incumplimiento motivo de sanción, se pronunció allá por 2019 con una advertencia de doble filo: “La expresión de opiniones, comentarios y reacciones por los jueces en las redes sociales puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto llevar a juicio al gerente y administrador de la empresa española que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks, el activista y periodista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática.

En su auto de procesamiento, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información “ilícitamente obtenida” sobre Assange y otras personalidades.

Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y “máxima autoridad”, fue contratada por Ecuador como consecuencia de la “sensible situación” que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en “garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente”, así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Grabaciones de reuniones “confidenciales” y para “los amigos de EEUU”

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones “confidenciales” que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales “pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'”.

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales “efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos”, canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

Un inspector jefe de la Unidad contra la Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía ha reconocido este jueves ante el juez Santiago Pedraz que decidió consultar en las bases de datos del Cuerpo información sobre Pablo Iglesias a raíz de investigación abierta al también fundador de Podemos Miguel Urbán, unas pesquisas que se han revelado como un montaje que atribuía al militante de Anticapitalistas la venta de 40 kilos de cocaína para finanaciar al partido.

El mando policial ha declarado como investigado en el marco de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular. El fiscal Vicente González Mota solicitó su imputación al aparecer el carnet profesional del policía en un informe que recogía las consultas realizadas a diputados del partido que entonces lideraba Iglesias.

El agente ha afirmado esta mañana en el juzgado que a las semanas de llegar destinado a la Udyco, en 2016, fue informado de la existencia de una operación denominada Cardenal donde se investigaba a un tal Miguel Urbán por tráfico de drogas y que en la operativa podría darse un delito de financiación irregular de Podemos. El investigado ha dicho que, una vez averigüó quien era Urbán, al que no conocía, decidió consultar en las bases de datos a Pablo Iglesias por ser el líder del partido al que pertenecía el anterior.

Según fuentes presentes en la declaración, el mando de la Udyco ha defendido que se trata de una práctica habitual de los investigadores hacer comprobaciones sobre el “entorno” del investigado. También ha dicho que no recuerda haber realizado consultas sobre otro dirigente de Podemos que no fuera Pablo Iglesias.

El fiscal González Mota le ha intentado preguntar si hubiera hecho lo mismo en el caso de que, por ejemplo, el investigado fuera el Partido Popular. Es decir, si en ese caso hubiera introducido el nombre de Mariano Rajoy en una base de datos. El juez Santiago Pedraz, a instancias de la defensa del policía, ha interrupido al fiscal y ha considerado que la pregunta no era pertinente.

El policía imputado critica el montaje

La abogada del policía le ha preguntado si, una vez ha conocido que la Operación Cardenal se basaba en el testimonio de un confidente y de un relato tan increíble como el que hacía de la venta de droga por Miguel Urbán, él habría enviado ese testimonio del colaborador a la Fiscalía Antidroga, como hizo el comisario José Luis Olivera. El imputado ha dicho que, según su criterio, esa investigación no debía haberse producido de acuerdo a ese testimonio de un confidente.

La investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016. En el marco de la causa que instruye Pedraz, la propia Policía informó hace unos meses a la Audiencia Nacional de la existencia de las indagaciones sobre Urbán. Había aparecido una búsqueda sobre Pablo Iglesias y la Policía respondió que se habían hecho consultas a bases de datos policiales “sobre las personas del entorno de Urbán”. Lo bautizaron como la Operación Cardenal. Esa fue la primera pista para dar con el montaje sobre Miguel Urbán y la cocaína.

El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en 2016, el comisario José Luis Olivera, utilizó el supuesto relato de un confidente para informar a Antidroga de que Urbán habría vendido 40 kilos de cocaína procedente de Venezuela en un pub de Malasaña para financiar a Podemos. El relato era disparatado, pero en la investigación acabaron involucradas las unidades centrales de la Policía contra el crimen organizado y Anticorrupción, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la propia Fiscalía Antidroga. Esta última archivó el caso seis meses después al no encontrar ningún indicio de delito en la información que le facilitaba la Policía.

El inspector jefe jubilado Bonifacio Díaz Sevillano ha declarado esta mañana como investigado en la causa por la guerra sucia contra Podemos. Ante el juez Pedraz, Díaz Sevillano se ha limitado a negar cualquier “ilegalidad” en su actuación y, a preguntas de su abogada, ha dicho que los viajes que realizó en busca de información contra la formación liderada entonces por Pablo Iglesias respondieron a “órdenes” de sus jefes, informan a elDiario.es fuentes jurídicas.

Bonifacio Díaz Sevillano, 'Boni', fue un activo miembro de la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2016 y su rastro aparece también en las otras dos grandes maniobras parapoliciales de la época, la operación Cataluña y el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados.

Para la imputación de Díaz Sevillano ha resultado clave el testimonio de dos altos cargo del chavismo, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos residentes en España y con procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Villalobos describió varias reuniones con Bonifacio Díaz Sevillano en las que el policía español le solicitó información contra Podemos, tanto en una cita en Nueva York como después, cuando se estableció en España.

La declaración de Díaz Sevillano apenas ha durado unos minutos, los que ha tardado en responder a tres preguntas de su letrada. En las respuestas ha negado haber realizado acto alguno contra la “inmunidad parlamentaria” de algún diputado, en referencia a los de Podemos, tampoco haber realizado “investigaciones prospectivas o ilegales” contra parlamentarios.

Díaz Sevillano llegó a entregar unas “fichas policiales” de miembros de Podemos a Nervis Villalobos para que tuviera presente de quién debía recabar información y entregársela. Las “fichas policiales” de las que habló Villalobos en su declaración como testigo ante Pedraz eran en realidad una impresión de fotos y biografías obtenidas por la Policía en Internet. Sin embargo, cuando Díaz Sevillano compareció como testigo aseguró que nunca se refirió a Podemos en sus reuniones con Nervis Villalobos.

Otro antiguo jerarca venezolano, Javier Alvarado Ochoa, fue quien entregó el supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS en 2008, utilizada por la brigada política y los medios afines para intentar acreditar una financiación irregular de Podemos, partido creado en 2014. Alvarado Ochoa ha reconocido haber entregado una fotocopia al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a uno de sus colaboradores, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano.

Díaz Sevillano fue uno de los policías que se reunió con otro venezolano, Carlos Alberto Arias, para recabar documentación que “certificaría la existencia” de una cuenta en un banco del paraíso fiscal de Granadinas en la que Pablo Iglesias habría recibido más de 270.000 euros del Gobierno de Caracas. La cuenta nunca existió y, por tanto, tampoco el pago. Tanto la elaboración del bulo como su difusión es una de las líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Pedraz.

La causa judicial de la guerra sucia

En la instrucción de la causa por la guerra sucia contra Podemos está acreditado que antes de que los jerarcas venezolanos buscaran refugio en España, los policías españoles viajaron al extranjero a mantener encuentros con ellos para hacerles ofertas de residencia en el país a cambio de información contra Podemos.

Hasta ahora, detentan la condición de investigados en la causa de la guerra sucia a Podemos el ya citado Francisco Martínez, los mandos policiales Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo, y desde el pasado 12 de mayo, la fecha en la que dictó la providencia Pedraz, se suma Bonifacio Díaz Sevillano.

Solo los destinos de Díaz Sevillano explican cómo pudo estar implicado en la guerra sucia. Fue el agregado de Interior en Andorra durante la Operación Cataluña y después estuvo destinado en el gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Como recompensa luego fue destinado a México, con un sueldo neto mensual superior a los 11.000 euros. Díaz Sevillano fue juzgado por el caso de los pendrive de los Pujol, pero resultó absuelto. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por revelación de secretos a su antiguo jefe, el comisario Pino.

El juez Santiago Pedraz acaba de ampliar la lista de imputados por la guerra sucia a Podemos llevada a cabo durante el último Gobierno del Partido Popular. El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de junio al inspector jefe de la Policía Nacional Bonifacio Díaz Sevillano. Ya jubilado, 'Boni' fue un activo miembro de la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior entre los años 2012 y 2016 y su rastro aparece también en las otras dos grandes maniobras parapoliciales de la época, la operación Cataluña y el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados. 

Para la imputación de Díaz Sevillano ha resultado clave el testimonio de dos altos cargo del chavismo, Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, ambos residentes en España y con procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional. Villalobos describió varias reuniones con Bonifacio Díaz Sevillano en las que el policía español le solicitó información contra Podemos, tanto en una cita en Nueva York como después, cuando se estableció en España. 

Díaz Sevillano llegó a entregar unas “fichas policiales” de miembros de Podemos a Nervis Villalobos para que tuviera presente de quién debía recabar información y entregársela. Las “fichas policiales” de las que habló Villalobos en su declaración como testigo ante Pedraz eran en realidad una impresión de fotos y biografías obtenidas por la Policía en Internet. Sin embargo, cuando Díaz Sevillano compareció como testigo aseguró que nunca se refirió a Podemos en sus reuniones con Nervis Villalobos. 

Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue el antiguo cargo venezolano que entregó el supuesto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Chávez a la Fundación CEPS en 2008, utilizada por la brigada política y los medios afines para intentar acreditar una financiación irregular de Podemos, partido creado en 2014. Alvarado Ochoa ha reconocido haber entregado una fotocopia al entonces director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, y a uno de sus colaboradores, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano. 

En palabras del fiscal del caso, Vicente González Mota, que apoya en un escrito la imputación del policía, las declaraciones de los venezolanos suponen nuevos indicios de la “realización de actividades de captación de información al margen de cualquier procedimiento de investigación de hechos delictivos”. La publicación del pago a CEPS en varios medios de la derecha fue celebrada por otro de los imputados, el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, en los mensajes que se le incautaron en el transcurso de la Operación Kitchen. 

Por otra parte, y como recupera Podemos en su escrito, Díaz Sevillano fue uno de los policías que se reunió con otro venezolano, Carlos Alberto Arias, para recabar documentación que “certificaría la existencia” de una cuenta en un banco del paraíso fiscal de Granadinas en la que Pablo Iglesias habría recibido más de 270.000 euros del Gobierno de Caracas. La cuenta nunca existió y, por tanto, tampoco el pago. Tanto la elaboración del bulo como su difusión es una de las líneas de investigación que se siguen en el juzgado de Pedraz. 

La causa judicial de la guerra sucia

En la instrucción de la causa por la guerra sucia contra Podemos el fiscal apoya algunas diligencias solicitadas por el partido, que luego suscribe el juez, y rechaza la mayoría. Está acreditado que antes de que los jerarcas venezolanos buscaran refugio en España, los policías españoles viajaron al extranjero a mantener encuentros con ellos para hacerles ofertas de residencia en el país a cambio de información contra Podemos. Sin embargo, el fiscal se opone y el juez rechaza que se investiguen los viajes a Estados Unidos, Venezuela, Colombia o República Dominicana de los imputados. 

Hasta ahora, detentan la condición de investigados en la causa de la guerra sucia a Podemos el ya citado Francisco Martínez, los mandos policiales Eugenio Pino, José Ángel Fuentes Gago y Andrés Gómez Gordo, y desde el pasado 12 de mayo, la fecha en la que dictó la providencia Pedraz, se suma Bonifacio Díaz Sevillano. 

Solo los destinos de Díaz Sevillano explican cómo pudo estar implicado en la guerra sucia. Fue el agregado de Interior en Andorra durante la Operación Cataluña y después estuvo destinado en el gabinete del director adjunto operativo, Eugenio Pino, artífice de la brigada política. Como recompensa luego fue destinado a México, con un sueldo neto mensual superior a los 11.000 euros. Díaz Sevillano fue juzgado por el caso de los pendrive de los Pujol, pero resultó absuelto. Recientemente, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena por revelación de secretos a su antiguo jefe, el comisario Pino. 

El juez que investiga la guerra sucia a Podemos, Santiago Pedraz, ha citado a declarar como testigo al comisario Marcelino Martín-Blas, jefe de la Unidad de Asuntos Internos durante los primeros años del Gobierno de Mariano Rajoy. Martín-Blas aseguró en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de noviembre que le habían llegado “denuncias y documentos de que hubo alguna intromisión de la Policía en cuanto a la actividad de Podemos”.

La citación de Martín-Blas responde a la petición que había cursado la acusación popular ejercida por el PSOE en la causa. El comisario, ya jubilado, dijo en el Congreso haber aportado a la mesa de la comisión de investigación de la Operación Cataluña la denuncia realizada por un antiguo jerarca venezolano, Nervis Villalobos, en la que aludía a la intervención de un miembro de la brigada política, Bonifacio Díaz Sevillano, y de los abogados José Aliste y José Luis Moreno Cela.

“Se interesa su citación a fin de que declare sobre estos extremos y sobre cualquier otra información que pudiera resultar relevante para los hechos investigados [las maniobras contra Podemos] de la que pudo conocer en relación con su cargo o por los vínculos que sostuvo con gran parte de los investigados en esta causa”, argumentó el PSOE.

La figura de Marcelino Martín-Blas presenta una especial complejidad. Perteneciente al sector más conservador de la Policía, la llegada del Partido Popular al poder en 2012 le valió para convertirse en jefe de la Unidad de Asuntos Internos.

Su elección para el puesto se entendió mejor después de que elDiario.es desvelara que un grupo secreto de agentes rastreaba información comprometida de líderes independentistas catalanes y que utilizaba como grupo sobre el terreno a Asuntos Internos, una unidad que trabajaba en la opacidad necesaria para realizar la que debería ser su única tarea: investigar a policías sospechosos de haber cometidos delitos. 

Martín-Blas fue comisario de Asuntos Internos hasta abril de 2015, cuando el Ministerio del Interior cedió a las presiones de José Manuel Villarejo y le cesó. Ambos comisarios estaban enfrentados pese a que compartían el proyecto del Gobierno del PP contra sus adversarios políticos. 

José Manuel Villarejo acusaba a Martín-Blas de haberle atacado a él y a su entorno por orden del Centro Nacional de Inteligencia y comenzó entonces una guerra sin cuartel que acabó cuando el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, atisbó el peligro de enfurecer a Villarejo y destituyó al jefe de Asuntos Internos. 

Martín-Blas será juzgado por el espionaje a Luis Bárcenas con fondos reservados en la pieza Kitchen del caso Villarejo, una de las grandes ofensivas de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura del Partido Popular. 

En su comparecencia ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña, Martín-Blas se mostró ajeno a cualquier manejo más allá de sus funciones mientras fue jefe de Asuntos Internos. 

El problema llegó cuando los diputados le preguntaron por su visita a los fiscales del caso del 3%, en plena precampaña electoral, para pedirles que propusieran al juez registrar la sede de CDC sin que él tuviera ninguna relación con ese caso. En aquella visita, denunciaba públicamente por los fiscales, Martín-Blas estuvo acompañado de José Luis Olivera, puntal de la brigada política. “Lo he explicado mil veces. Yo soy policía. Estaba convencido de que habían cometido un delito. Mil veces lo haría”, trató de disculparse Martín-Blas.

Los individuos que mencionó Martín-Blas para referirse a los ataques a Podemos, el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano y los dos abogados, aparecen profusamente en la causa que se sigue en un juzgado de Madrid contra un presunto grupo de policías, abogados e incluso un agente israelí para extorsionar a los jerarcas venezolanos que querían residir en España y protegerse de las demandas de extradición de su país y de Estados Unidos. Esos jerarcas han declarado que la cúpula policial del PP les inquirió repetidamente por información con la que poder atacar a Podemos. 

La declaración de Martín-Blas en el Congreso será incorporada a la instrucción de la causa que instruye Pedraz por la guerra sucia a Podemos. La investigación avanza a un ritmo desigual. Pese a las revelaciones de testigos admitiendo órdenes de superiores para atacar a Podemos, la Fiscalía se opone a multitud de diligencias propuestas por el partido afectado y, en este caso, por el PSOE. 

La declaración de Martín-Blas está acordada en una providencia de Pedraz que ha seguido el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, también al negarse a muchas de las peticiones de los socialistas. Entre estas últimas investigar los destinos ‘dorados’ en embajadas que recibieron varios miembros de la brigada política después de haber participado presuntamente en la guerra sucia. O tampoco recabar los correos electrónicas de las cuentas corporativas de los policías. 

Otro testigo de la Policía

Por contra, el juez sí ha aceptado citar como testigo al agente 111.129 del Cuerpo Nacional de Policía, que también declaró ante la comisión de investigación de la Operación Cataluña. El PSOE alegaba que este agente habría entregado, de forma irregular, una citación a Nervis Villalobos, uno de los venezolanos requeridos por la Policía para conseguir información contra Podemos. 

Villalobos respondió aquel día que ya estaba en contacto con otra unidad policial e identificó y más tarde, el imputado Bonifacio Díaz Sevillano habría pedido explicaciones al agente citado como testigo. 

La noche del 20 de diciembre de 2015 un terremoto afectó a la placa más visible de la política española y provocó una fuerte sacudida en las profundidades del sistema. En esas elecciones generales, por primera vez en democracia, una fuerza a la izquierda del PSOE obtenía 69 escaños y amenazaba con formar parte del próximo Gobierno de España. La fundación del partido, dos años antes, ya había atraído la atención de unos funcionarios policiales, extremistas ubicados en el corazón de la seguridad del Estado, a los que el Gobierno del PP había encumbrado y autorizado a combatir al independentismo catalán por vías inconfesables.

Esa noche de diciembre de 2015, las alarmas se encendieron definitivamente con Podemos. La victoria del PP no le bastaba para revalidar el Gobierno si PSOE, Ciudadanos y la formación de Pablo Iglesias alcanzaban un acuerdo. Las negociaciones terminaron fracasando y España se vería abocada a unas nuevas elecciones seis meses después. Fue durante ese medio año cuando el grupo de mandos policiales que anidaban en el Ministerio del Interior del PP desató con mayor intensidad la caza de Podemos. Para desprestigiar al partido de la izquierda se crearon informaciones falsas que varios medios de la derecha se encargaron de publicar. 

Nueve años después, la investigación de aquella guerra sucia avanza con dificultades en un juzgado de la Audiencia Nacional. Esta semana, el juez Santiago Pedraz ha obtenido un documento que acredita cómo la denominada brigada política urdió uno de los bulos más significativos de esos seis meses de furia contra la formación política: el cobro de más de 272.000 dólares por Pablo Iglesias en una cuenta bancaria de un paraíso fiscal del Caribe. Esta es la cronología de cómo, en menos de tres semanas, se obtuvo, filtró y publicó uno de los ataques más representativos de la guerra sucia contra Podemos con información falsa. 

18 de abril de 2016, lunes. Quedan 2 meses y 10 días para las elecciones destinadas a deshacer el nudo de los pactos imposibles. En un lugar que se desconoce, muy probablemente en territorio español, dos inspectores jefe –la categoría por debajo de comisario– se reúnen “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad”. Son los policías 16.768 y 18.693. Bonifacio Díez Sevillano y Jesús Vicente Galán. 

Los dos mandos están destinados en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, la sala de mando del Cuerpo. Trabajan a las órdenes directas del comisario Eugenio Pino, el número dos de la Policía, hoy imputado en la causa sobre la guerra sucia a Podemos con fondos reservados. 

El pasado reciente de Boni y Galán, como se les conoce en el Cuerpo, contribuye a dibujar su perfil. Díez Sevillano ha sido el enlace policial en Andorra, una plaza clave en las maniobras contra el independentismo catalán. Jesús Vicente Galán procede de Asuntos Internos, la unidad que Pino desvió de sus funciones, aprovechando la opacidad de la que goza para indagar en posibles irregularidades dentro de la policía, para hacerle encargos políticos que debía efectuar en la sombra, tal y como desveló elDiario.es en noviembre de 2014. Tras su paso por la DAO, y antes de jubilarse, Boni y Galán fueron premiados con medallas pensionadas y destinos dorados como personal de seguridad en embajadas a más de 10.000 euros brutos al mes. 

Los policías tenían una pequeña dependencia habilitada a escasos metros de la DAO, pero no en el mismo edificio, lo que les confería mayor privacidad. A la vuelta de la calle está la comisaría del distrito de Chamberí y allí, según se accede a la derecha, hay una puerta que da acceso a lo que un comisario purgado por enfrentarse a José Manuel Villarejo denominó “oficina siniestra”.

Boni y Galán regresan a ese despacho con material de primera, o eso creen ellos. La fuente les ha proporcionado documentos que probarían la financiación de Podemos por parte del régimen de Hugo Chávez: una bomba perfecta para detonar a dos meses de las elecciones generales en las que la derecha se jugaba el poder por segundo año consecutivo. Además, el confidente había estado horas dándoles explicaciones sobre esos papeles. A cambio, quiere residir legalmente en España. 

20 de abril de 2016, miércoles. El director operativo de la Policía tiene encima de su mesa una de tantas “notas informativas” que ha leído desde que el PP le eligió para el cargo y se puso a combatir a independentistas y comunistas. Pero esta es especial. Solo hay que leer el primer párrafo: “El pasado lunes, día 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta ‘offshore’ a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.

La nota lleva adjuntos cuatro documentos que probarían que Podemos es fruto de la financiación del régimen bolivariano y que en ese proceso de adulteración de la política española por el chavismo se ha implicado personalmente su secretario general, Pablo Iglesias. Boni y Galán firman con sus números de carnet profesional la nota informativa, que luce un sello que sirve de registro de entrada.

Entre los documentos que aporta Carlos Alberto Arias a los policías está una “orden de pago” procedente del Ministerio del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública de Venezuela para que se abone a Pablo Iglesias Turrión 272.325,00 dólares en la entidad Euro Pacific Bank. Consta como concepto “Pago Convenio por concepto de Asesorías para el Desarrollo Social en el país”. Lleva fecha de 11 de abril de 2014. Podemos tenía por entonces dos meses de vida.

Según destacan los policías en su nota informativa, el documento presenta “cuatro sellos oficiales de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: del director de Administración, del Ordenador del Pago, de la Contraloría General y de la Oficina Nacional del Tesoro, con sus respectivas firmas”.

Más adelante, los policías incluyen algunas aclaraciones procedentes de la fuente informante, como que “lo más significativo es que se omite por qué asesoría en concreto se realiza el pago, empleando un concepto genérico”. Hay otras más técnicas, que recogen otras supuestas revelaciones de Arias, quien habría explicado a esos policías que las cuentas del Euro Pacific Bank “tienen once dígitos y pueden ser numéricas o alfanuméricas”.

Bonifacio Díez Sevillano, hoy jubilado, se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen, donde se indaga sobre la eliminación de pruebas de la corrupción del PP por parte de esa misma brigada policial. En la causa por las maniobras contra Podemos declaró como testigo el pasado 19 de diciembre. La nota informativa publicada por este medio el pasado viernes desvela que mintió ante el juez Pedraz. En un momento del interrogatorio, el letrado de Podemos le pregunta por la cuenta de Granadinas y él asegura que solo conoce el asunto por lo que ha leído “en la prensa” [ver vídeo].

6 de mayo de 2016, viernes. El periódico digital OKdiario, que fundó y dirige Eduardo Inda, publica la siguiente información exclusiva: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. La información es amplificada por otros medios de comunicación. Pablo Iglesias sale de inmediato a desmentirlo. 

“No es cierto. Toda esa información está en manos de nuestros abogados, que van a emprender acciones legales. Es todo falso desde el principio hasta el final. Solo tengo dinero en un banco: ING Direct. Está publicado en la página web de Podemos. Muchos están preocupados ante la posibilidad de que podamos ganar las elecciones”, asegura en declaraciones a La Sexta. 

Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que la entidad “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”. Sirvió de poco. La noticia se puede seguir consultando a día de hoy en Okdiario.

Los abogados de Iglesias recurrieron a la vía civil y presentaron una demanda por intromisión ilegítima en el derecho al honor, pero un juzgado de primera instancia y posteriormente la Audiencia Provincial de Madrid avalaron la publicación. En resumen, los fallos judiciales resuelven que los periodistas habían recurrido a una fuente, que era la Policía, y que por tanto su publicación estaba justificada, más aún cuando era de interés público. Otros tres fallos judiciales, estos por la vía penal, descartaron a su vez que Iglesias tuviera cuenta alguna en Euro Pacific Bank. 

13 de mayo de 2016, viernes. Con la demanda de Iglesias en ciernes, el ciudadano venezolano Carlos Alberto Arias acude a un notario de Madrid y declara que los documentos que publicó OkDiario proceden del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

Documentos incorporados a la causa sugieren que aquel encuentro del 18 de abril de 2016 entre Boni y Galán, de una parte, y Carlos Alberto Arias de otra no era el primero que se producía entre policías y confidente. El 11 de abril, el comisario general de Extranjería y Documentación de la Policía, Emilio Baos, había firmado un escrito en el que proponía la residencia extraordinaria a Arias por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”. 

No se trataba de un permiso cualquiera. Antes de que acabara el día, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, número dos del Ministerio, estampaba su firma en la “autorización de residencia por circunstancias excepcionales, apreciando razones de colaboración con las autoridades policiales de Carlos Alberto Arias”. El juez Pedraz citó como testigo a Arias el pasado 18 de diciembre, pero este no se presentó. En la dirección que consta de cuando se le otorgó la residencia no saben nada de él.

26 de junio de 2016, domingo. Las segundas elecciones generales en seis meses no despejan el camino de la gobernabilidad. Podemos obtiene los mismos escaños pero se deja un millón de votos respecto de los anteriores comicios a pesar de ir en coalición con Izquierda Unida. El esperado ‘sorpasso’ al PSOE no se produce. Pedro Sánchez acaba dimitiendo de la secretaría general de los socialistas tras negarse a facilitar un gobierno del Partido Popular, que finalmente terminará formándose gracias a los votos de varios diputados socialistas. 

El ‘informe Granadinas’ no ha sido el único movimiento de la brigada política contra Podemos. En enero de 2016, cuando arrancaban las negociaciones con el PSOE tras los comicios de diciembre, Okdiario y El Confidencial publicaron el contenido del dosier PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. 

Todavía hoy se siguen produciendo revelaciones de la intensa actividad de la cloaca policial al servicio del Gobierno del PP en aquellos días. Recientemente, elDiario.es reveló que los mandos de la Policía habían recurrido a un estafador habitual, el abogado José Aliste, para la elaboración de siete dosieres y la aportación de nueva documentación manipulada contra Podemos, y que en la actualidad los escritos del colaborador siguen alojados en las bases de datos de inteligencia policial.

Nuevo giro en la investigación judicial de la guerra sucia contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. El juez instructor, Santiago Pedraz, acaba de recibir una “nota informativa” alojada en los archivos policiales que demuestra que la cúpula del Cuerpo orquestó, durante el Gobierno del PP, el bulo de que Pablo Iglesias había recibido 272.000 dólares del Gobierno de Hugo Chávez en una cuenta de un paraíso fiscal del Caribe, tal y como publicó después Okdiario. 

La “nota informativa”, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está fechada el 20 de abril de 2016, en plena ofensiva de la brigada política del PP para evitar que Podemos llegara a un acuerdo de gobierno con el PSOE. En la nota, dos inspectores jefes destinados en la Dirección Adjunta Operativa dan cuenta de su entrevista con el presunto autor del bulo, un venezolano, ahora en paradero desconocido, que obtuvo a cambio el permiso de residencia en España.

El documento policial arranca con la siguiente afirmación: “El pasado lunes, 18 de los corrientes, los funcionarios que suscriben se entrevistaron con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad y que, voluntariamente, hizo entrega de unos documentos que certificarían la existencia de una cuenta 'offshore' a nombre de Pablo Iglesias Turrión”.

Este medio ha podido comprobar la identidad correspondiente a los funcionarios 16.768 y 18.693. El primero es Bonifacio Díez Sevillano, ya jubilado y puntal de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Díez Sevillano fue mano derecha de Eugenio Pino, director adjunto operativo, y se sentará en el banquillo por el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas del caso Kitchen.

En la causa por la guerra sucia a Podemos, Díez Sevillano ha sido señalado por un antiguo jerarca venezolano como el policía que le entregó unas fichas de diputados del partido para que buscara información que les perjudicara. El juez le citó como testigo y durante su declaración, con obligación de decir la verdad, dijo desconocer investigación alguna sobre la supuesta cuenta en Granadinas de Pablo Iglesias.

El segundo de ellos, con carnet 18.693, es Jesús Vicente Galán, destinado entonces en Asuntos Internos, la unidad que la Policía de la época apartó de sus verdaderas funciones para ponerla a combatir el independentismo catalán y a Podemos. Tanto Díez Sevillano como Galán fueron ampliamente recompensados con medallas pensionadas y destinos ‘dorados’ en el extranjero después de su participación en la guerra sucia.

Ambos policías explican en su nota la supuesta relevancia de los cuatro documentos –el envío a la Audiencia Nacional solo adjunta tres de ellos– e interpretan aspectos de los mismos que pudieran no entenderse a partir de la entrevista con el confidente. Así, el documento 'Memorando' lleva por asunto “Punto único con instrucciones expresas para transferencias de fondos públicos”, y en él se ordena una transferencia desde el Banco Central de Venezuela de 272.325 dólares. Su autor es el ministro del Poder Popular de Economía de Venezuela y su destinatario el tesorero nacional Carlos Erick Malpica Flores. 

En segundo lugar, está la “orden de pago 36277” y en ella ya se indica que la transferencia es a nombre de Pablo Iglesias Turrión, con cuenta en la entidad Europacific Bank. “Presenta cuatro sellos oficiales” de otras tantas instituciones venezolanas “con sus respectivas firmas”, destacan los policías.

Entre las maniobras que el juez Pedraz accedió a investigar está la publicación en Okdiario el 6 de mayo de 2016 de una información con el siguiente titular: “El Gobierno de Maduro pagó 272.000 dólares a Pablo Iglesias en el paraíso fiscal de Granadinas en 2014”. Ese mismo día, la entidad en cuestión, Europacific Bank Limited, hizo público un comunicado en el que aseguraba que “nunca ha mantenido una cuenta para esta persona ni ha recibido una transferencia bancaria de ninguna de las instituciones financieras o fuentes mencionadas en el artículo”.

Entre la documentación incorporada a la causa de la Audiencia Nacional figura un acta notarial del ciudadano venezolano Carlos Arias asegurando que los documentos que publicó OkDiario procedían del “Servicio Cubano G2” y del “Gobierno Bolivariano de Venezuela” y que son “auténticos y veraces”. “He sido yo quien se los facilitó a la Policía española que luego los que se facilitó a OkDiario”, quedó escrito (errata incluida) en su declaración ante notario. 

Iglesias era “Santa-María”

El tercer documento que comentan los miembros de la brigada política tiene un código “72682-62742 Santa-María”. La persona que identifican con ese alias, explican, habría solicitado 220.000 euros (equivalente a los 272.000 dólares referidos) “para cubrir algunos gastos de logística y movilización dentro del territorio español”. Esa persona es Pablo Iglesias, según explicó el confidente, quien aseguró que el servicio secreto cubano había elegido el segundo apellido de su madre para referirse a él en clave.

Los policías de la brigada política elevan a sus superiores: “El enlace Cristo-Rey mantiene información de todas las actividades de Santa María en Venezuela, año 2013, cuando estuvo en el país”. Cristo Rey, según les ha trasladado el confidente, sería el mandatario chavista Diosdado Cabello. También hay alusiones a un tal Águila 1, al que identifican como Hugo Chávez, y Halcón 1, que sería Nicolás Maduro. 

El cuarto documento es un supuesto informe de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera venezolano de 2014 en el que, según la fuente informante, “se refleja como actividad sospechosa” el supuesto pago a Iglesias.

La remisión de la nota informativa al juez Pedraz es fruto de las diligencias solicitadas por Podemos, que ejerce la acusación particular y que se enfrenta a las reticencias de la Policía a entregar cierta documentación porque sigue clasificada como “secreta”. La depuración de los criterios de búsqueda en las bases de datos policiales, como por ejemplo el nombre de Pablo Iglesias, ha permitido encontrar la nota remitida a la Audiencia Nacional.

En un momento político clave

La publicación del bulo en Okdiario se produjo a cinco semanas de que se celebraran las elecciones generales del 26 de junio de 2016. El Ministerio del Interior que encabezaba Jorge Fernández Díez había redirigido hacia Podemos la estrategia de informes apócrifos y noticias falsas que había inaugurado en contra del proceso soberanista en Catalunya. Podemos se había convertido en una prioridad ahora que podía alcanzar el Gobierno si pactaba con el PSOE. 

Al día siguiente de la publicación falsa, elDiario.es demostró que el documento de la supuesta transferencia a la falsa cuenta de Iglesias era una captura de otro papel que había mostrado en YouTube unas horas antes una periodista venezolana llamada Patricia Poleo, muy crítica con el Gobierno de Nicolás Maduro, a través de una cadena que emite desde Miami. Poleo aseguraba que el documento que mostró en su canal, y que luego reprodujo Okdiario, había sido contrastado por “los servicios secretos españoles”.

El confidente que motiva la nota de la brigada política, Carlos Alberto Arias, fue premiado con la residencia extraordinaria por su “valiosísima colaboración en la protección de la seguridad del Estado”, según información obrante en la causa sobre la guerra sucia contra Podemos. Fue llamado a declarar por Pedraz como testigo, pero no fue localizado. 

Pedraz investiga al secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de Rajoy, Francisco Martínez, al director adjunto operativo de la Policía entonces, Eugenio Pino, y a varios miembros de la brigada política. En su auto de admisión a trámite el juez aceptó indagar si se habían cometido los delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental.

La investigación judicial de las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP avanza con dificultades. La Policía Nacional se resiste a entregar los informes alojados en sus bases de datos sobre las indagaciones que sufrieron los políticos de la formación incluso cuando eran diputados. La última respuesta de la Policía ha sido alegar que dos de las operaciones que el propio cuerpo reconoció a la Audiencia Nacional, bautizadas como Venus y Bolívar, tienen la calificación de “pasivas secretas”, esto es, que su contenido es confidencial pese a que están cerradas de forma provisional desde hace ocho años. 

Una inspectora jefe de la UDEF reconoció ante el juez en un informe del pasado noviembre los trabajos policiales sobre Podemos en dos frentes durante 2016, cuando la formación tenía posibilidades de integrar un Gobierno de coalición con el PSOE. Explicaba que recibieron el encargo de desarrollar el contenido del denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dosier sin firma ni sello que los tribunales rechazaron de plano, y pusieron en marcha la operación Venus. Y un segundo encargo para profundizar en la línea abierta por la brigada política en su viaje a Nueva York, con el que intentaron obtener información contra el partido de un exministro de Hugo Chávez, la operación Bolívar. 

Tras ese informe de la inspectora de la UDEF, Podemos, que ejerce la acusación particular en la Audiencia Nacional, solicitó el contenido completo de esas investigaciones policiales de 2016. El juez acordó la medida, pero la Policía ha respondido que es documentación clasificada “secreta”.

Para que un documento adquiera esa categoría debe haber un acuerdo previo del Consejo de Ministros. Este es el motivo que ha alegado la representación legal del partido y que ha asumido el juez Pedraz, que en una providencia del pasado 13 de marzo requiere a la UDEF de la Policía para que remita “la resolución que declara materia clasificada la documentación que se le requiere”. Está por ver qué obstáculo presenta ahora la UDEF con el beneplácito de la actual dirección de la Policía. 

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional es el único instrumento que ofrece alguna posibilidad de aclarar el frente de la guerra sucia contra Podemos en el Ministerio del Interior del PP. Así lo evidencian las últimas comparecencias en el Congreso de los responsables políticos de la época, como el expresidente Mariano Rajoy, quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la secretaria general del PP de entonces, María Dolores de Cospedal. Todos niegan conocer actuación irregular alguna de la Policía contra la oposición y en el caso de Fernández Díaz y Cospedal ambos rechazan incluso la evidencia de sus afirmaciones en los audios publicados. Fernández Díaz llegó a atribuirlo a la “inteligencia artificial” y Cospedal dijo que estaban “editados”.

La causa en la Audiencia Nacional abre unas puertas que, en ocasiones, vuelven a cerrarse. Ocurrió recientemente con la providencia del juez Pedraz solicitando a la Policía, a petición de Podemos y con el acuerdo de la Fiscalía, para que le enviara “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado” sobre diputados y exdiputados de Podemos. 

La orden del juez establecía la salvaguarda de que aquellos informes clasificados secretos no se adjuntaran a la respuesta. Y a ello se han sumado nuevas trabas que llegan de los imputados en la causa, como es el caso del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien recurrió para que la información sobre la Fundación CEPS quedara fuera, como estableció el auto de admisión a trámite de la querella. El juez aceptó y ahora Podemos pretende que Pedraz rectifique alegando que esa línea de investigación afecta a los entonces diputados Pablo Iglesias, Alberto Montero e Íñigo Errejón, entre otros, y que las investigaciones contra ellos sí son objeto del procedimiento. 

Por ahora, la Policía ha enviado al juzgado centenares de folios donde prevalecen indagaciones sobre el partido y sus miembros referentes a asuntos de seguridad, tales como informes de riesgo sobre tipos de amenazas terroristas u otras que pudieran sufrir la formación política. También gestiones sobre riesgos que detectaba el jefe de seguridad del partido y que ponía en conocimiento del Ministerio del Interior. 

Órdenes a la UDEF

La operación Venus que reclama Podemos parte del viaje a Estados Unidos de varios mandos policiales en abril de 2016. La inspectora jefe informó al juez que a su regreso consultó bases de datos reservadas para descubrir posibles viajes de Pablo Iglesias a Venezuela y que la Fiscalía rechazó después abrir una investigación con unos indicios tan endebles. Aquella operación fue bautizada por la UDEF como Bolívar y decayó a los tres meses. Para entonces, el diario ABC había publicado las acusaciones contra Podemos, a tan solo seis semanas de las elecciones generales. 

La inspectora jefe también desveló que uno de sus subordinados y ella misma también hicieron otras consultas sobre Pablo Iglesias a partir de otra investigación, la que intentó blanquear el informe PISA, sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. Aquel dosier, cuya autoría nadie reconoce, fue entregado por la propia Policía a la UDEF para que arrancara una investigación que también fracasó. Diez meses estuvieron investigando los agentes de la unidad especializada, entre febrero y diciembre de 2016.

La dinámica se repite. El Confidencial y Okdiario publicaron el contenido del dosier en enero de 2016, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar un Gobierno de izquierdas. La investigación de la UDEF fue bautizada en este caso como Operación Venus. 

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha reiterado este miércoles ante el juez que le investiga en la Audiencia Nacional que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE, informan a elDiario.es fuentes jurídicas. La empresaria, que ha comparecido como investigada, se ha ratificado así en lo dicho hace tres semanas cuando declaró como testigo en el Tribunal Supremo en la causa que investiga las supuestas irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Entonces, afirmó que había realizado esa entrega siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, el supuesto conseguidor del ‘caso Koldo’ y principal investigado de la trama de los hidrocarburos.

Según Pano, Aldama habría hecho de intermediario con un empresario del sector del fuel  para que este consiguiera una licencia para su empresa. Ese empresario, llamado Claudio Rivas, habría pagado a cambio a Aldama 600.000 euros. Y, de ese montante, Aldama habría desviado al PSOE la citada cantidad, siempre según su testimonio. Pano ha citado dos entregas de 45.000 euros en la sede socialista y ha mantenido que en una de las ocasiones fue en taxi y que en la otra fue a bordo de un vehículo que conducía un amigo de Rivas, Álvaro Gallego. Este miércoles, Pano ha respondido a las preguntas de todas las partes.

El pasado octubre, el digital The Objective publicó que “un empresario” anónimo habría hecho ese pago a cambio de que Rivas consiguiera la licencia para operar en el sector de los hidrocarburos para una de sus empresas: Villafuel. Días después salió a la luz que ese “empresario” era, en realidad, Carmen Pano. El Partido Popular se basó en esa información para presentar una querella por financiación irregular contra el PSOE. El escrito no aportaba más pruebas que testimonios anónimos que afirmaban haber entregado bolsas con dinero en la sede de los socialistas en Ferraz. Tampoco identificaba a quienes hacen esas acusaciones y no añadía ninguna prueba, testimonio o documento más. 

La Audiencia Nacional rechazó esa querella al entender que en la causa sobre el fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos en el marco de la cual el partido de Alberto Núñez Feijóo pidió investigar al PSOE “no aparece vinculación alguna con lo denunciado”. El auto del juez Santiago Pedraz, instructor de la causa del fraude en los hidrocarburos, advirtió también de las “contradicciones de los denunciantes anónimos” en los que se basó la querella.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como testigos en la causa que sigue por la guerra sucia contra Podemos a dos relevantes jerarcas venezolanos a los que la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del PP reclutó para sus maniobras contra la formación que lideraba Pablo Iglesias.

A petición de la acusación particular, que ejerce Podemos, Pedraz tomará declaración el próximo 18 de marzo a Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, titular entonces de la cartera de Finanzas. De los tres hay indicios en la causa que mantuvieron contactos con los mandos policiales que maniobraron para evitar que Podemos llegara al Gobierno en 2016.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz ha ordenado una comisión rogatoria a Venezuela para que se pueda realizar la declaración por videoconferencia, si bien las últimas noticias de los testigos los sitúan fuera del país latinoamericano. Ochoa Alvarado obtuvo la nacionalidad española y reside en la actualidad en este país, al igual que Nervis Villalobos, y Rafael Isea lo hacía en Estados Unidos cuando fue contactado por la brigada política, país con el que colaboraba en investigaciones contra el narcotráfico.

Se da la circunstancia de que Ochoa Alvarado declaró como perjudicado en el caso conocido como Caranjuez, que se sigue en un juzgado de Madrid, contra una red que habría estafado a los venezolanos ofreciéndoles protección y ventajas legales en España y en el transcurso de cuya investigación emergieron también las maniobras policiales contra Podemos. En esa causa, Ochoa Alvarado explicó que el director adjunto operativo de la Policía en 2016, el comisario Eugenio Pino, le pidió información contra Podemos en su despacho oficial y que él le trasladó que no disponía de documentos.

Por su parte, Rafael Isea es el ex alto cargo de Hugo Chávez al que una expedición de la brigada política visitó en Nueva York en mayo de 2016 intentando recabar información contra Podemos. En el encuentro, y según consta en una grabación publicada, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago le dice que acude allí con “un mandato” del presidente Rajoy y con la intención de evitar que Podemos llegue al Gobierno de España en las siguientes elecciones que se iban a celebrar.

A diferencia de otras peticiones realizadas por Podemos en la Audiencia Nacional, la Fiscalía del tribunal especializado ha apoyado esta vez la práctica de todas las diligencias solicitadas por los presuntos perjudicados. Entre ellas también se encuentran las citaciones como testigos del ex jefe de la UDEF Manuel Vázquez y del que fuera número dos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, José María González. Ambos están citados el 22 de enero.

Dos días después, el 24 de este mes, deberán comparecen una inspectora que viajó a Nueva York con la expedición de la brigada política y que ha reconocido en un informe la consulta de bases policiales sobre Pablo Iglesias y la apertura de dos investigaciones, luego cerradas, sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, que fueron bautizadas como Bolívar y Venus.

Ese mismo día 24 declarará el jefe de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos durante las maniobras contra el partido para informar sobre las “reuniones de los funcionarios pertenecientes a la organización investigada con ex dirigentes venezolanos en España en diversos hoteles, y qué función cumplía respecto de ellas la Unidad de Asuntos Internos (utilizada por la brigada política en sus maniobras contra soberanistas catalanes y Podemos)”, según recoge la petición que hizo Podemos al juzgado.

La ronda de declaraciones se completa con las declaraciones como testigos el día 25 de una trabajadora del canal de televisión donde tenía un programa Iglesias y a la que un miembro de la brigada política relaciona con la filtración de información y también con el testimonio de un abogado, José Aliste, vinculado a la cloaca policial y a la presunta extorsión a los jerarcas venezolanos en España.

Una presunta organización criminal

Pedraz admitió a trámite una querella de la formación política contra quien fuera el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política.

La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en este último caso el magistrado lo desestima al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

Pedraz ha rechazado por el momento imputar al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz pero lleva meses instruyendo el caso con la declaración como investigados de los principales miembros de la bridgada política y de Francisco Martínez, así como testigos que han ido corroborando la existencia de las maniobras contra el partido.