La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha desvinculado este viernes en la Audiencia Nacional sus reuniones con Leire Díez de las investigaciones internas abiertas en el instituto armado con motivo de tres informaciones de prensa relacionadas con casos de la Unidad Central Operativa (UCO). González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

González ha explicado ante el juez que se siente “víctima” de Santos Cerdán y los manejos de este al frente de la Secretaría de Organización del PSOE con Leire Díez. “Estoy en el listado de víctimas de Santos Cerdán”, ha llegado a decir González, informan fuentes jurídicas. Además, la directora de la Guardia Civil ha dicho que es conocida la “animadversión” que por ella siente el antiguo número 3 del PSOE. Si hubiera sabido que Leire Díez era “una enviada” de Cerdán, no la habría recibido, ha añadido González.

La directora de la Guardia Civil ha contestado con un rotundo “no” a la última de las preguntas que le ha formulado su abogada sobre si sus “encuentros” con Leire Díez están relacionados con la apertura de informaciones reservadas por tres noticias aparecidas en los medios sobre casos de la UCO.

La imputación a Mercedes González parte de las reuniones con Díez y los comentarios que esta hace a terceros, a través de mensajes, respecto de una supuesta estrecha relación con la directora de la Guardia Civil, un carácter que esta niega. También de que Díez apuntara en su agenda “investigaciones de las filtraciones” en un momento en el que el grupo que comandaba la exmilitante socialista estaba convencido de que la UCO mantenía una campaña contra el Gobierno y el PSOE que pasaba por pasar informaciones a algunos medios, algo que nunca se ha demostrado.

Las investigaciones internas consistieron, solo en uno de los tres casos, en tomar declaración a dos generales y al teniente coronel Antonio Balas, jefe del grupo que investiga los casos que afectan al PSOE. Uno de esos generales era el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el otro, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Con los tres, y junto al director adjunto operativo Manuel Llamas, se reunió González para trasladarles su apoyo en plena tormenta política y mediática por las especulaciones sobre las filtraciones. González dijo en su comparecencia en el Senado que ella mencionó en esa reunión “expresamente” sus reuniones con Díez. López Malo y Yuste, en condición de testigos y con obligación de decir verdad, lo desmintieron ante Pedraz, según desveló elDiario.es.

Desmentido a los jefes de UCO

Este asunto ha surgido también en su declaración ante el juez, a preguntas del aboado del PP. Mercedes González ha dicho que, en un momento del encuentro, le preguntó a Balas –al que no conocía– por su situación personal y por su familia. Acababa de publicarse el audio en el que Leire Díez aseguraba que quería a Balas “muerto”. González ha dicho este viernes que le dijo a Balas: “Yo la conozco”.

Respecto de las informaciones reservadas, González ha dicho que la abierta con motivo de la publicación de las direcciones de la mujer de Pedro Sánchez, del propio presidente y su hermano, la directora de la Guardia Civil ha dicho que estaba más que justificada su apertura. Según ha repetido en varias ocasiones había “más de 10.000 correos” entre los que elegir para que la UCO enseñara a la jueza del caso del hermano de Sánchez cómo subirlos a la nube y que las partes accedieran ellos. Y de esos 10.000 correos, la UCO escogió uno en el que aparecían todas esas direcciones de personas de relevancia pública y ajenas a la causa. Luego, la jueza subió por error el correo. La investigación abierta acabó en una amonestación verbal al agente de la UCO responsable que ni siquiera se llegó a materializar.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Manuel Llamas, ha señalado este viernes en el Senado que cuando transmitió a los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) que no debían ser proactivos en sus investigaciones lo hizo, como en otras ocasiones, porque está “cansado de decir que el investigador es el titular del órgano jurisdiccional” y no los guardias civiles adscritos a la investigación judicial. Ha lamentado el “exceso de protagonismo” acompañado de cierta “vanidad” de algunos investigadores -sin citar expresamente al teniente coronel Antonio Balas- y ha añadido que en ocasiones se asumen papeles y roles que no les corresponden a los agentes.

A preguntas de la senadora de UPN María Mar Caballero ha incidido en que existe cierta “proactividad tóxica o supletoria” de quien tiene la responsabilidad real de investigar, que es el juez instructor. Y ha enfatizado que este problema lo ha planteado en multitud de foros infinidad de veces, y “no solo en una conversación particular que se recuerda cuando interesa dos años después” de haberse producido, ha explicado en referencia a lo mantenido en sede judicial por el general Rafael Yuste y el general jefe de Policía Judicial Alfonso López Malo sobre un encuentro mantenido en el verano de 2024.

Llamas fue imputado por el juez Santiago Pedraz por delitos de prevaricación administrativa y obstrucción a la justicia al entender que pudo participar de alguna manera en obstaculizar las investigaciones de la UCO que afectan a personas del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En concreto, en la causa se fundamenta esa imputación por haber promovido informaciones reservadas, investigaciones internas, que se acordaron abrir por las filtraciones a la prensa de determinados detalles de casos como el de Begoña Gómez, esposa del presidente.

Una de las primeras preguntas a las que se ha enfrentado en la comisión es la de si se plantea dimitir. Llamas ha sido tajante: “En absoluto”. Ha indicado que no considera cuestionado su honor por estar investigado y ha añadido que cuenta con el respaldo del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien le ha trasladado su apoyo tras la imputación y le habría indicado que su situación procesal es “injusta”. Además, ha indicado que aunque llegue a ser procesado en el caso Leire Díez no se plantea su dimisión. “Hasta que no se formalice y conste yo como acusado en primera instancia o sentenciado como culpable”, ha añadido, para insistir en que cuando entienda que su honor “ha quedado cuestionado de manera razonable” tomará una decisión.

Llamas fue llamado a comparecer ante la comisión de investigación abierta en el Senado por voluntad del PP con el pretexto de indagar en el caso Mascarillas. Finalmente, ese órgano parlamentario se ha convertido en un cajón de sastre para que desfilen por él responsables políticos e institucionales relacionados directa o indirectamente con causas judiciales abiertas.

A lo largo de su declaración, donde ha hecho mención a su carrera profesional de 48 años en el Instituto Armado, ha negado conocer a la exmilitante socialista Leire Díez pero ha advertido de que, de lo que ha podido leer en medios, parece que “fabula con bastante facilidad”.

Cuestionado por la llamada del ministro que desembocó en que él acordara una investigación interna para analizar una filtración de datos sensibles en el caso del hermano de Pedro Sánchez, ha explicado que, si bien previamente en una conversación con la directora general de la Guardia Civil ya se le había advertido de “ese desliz por parte de los investigadores”, Marlaska le dimensionó el problema. Le indicó que la filtración de las direcciones de correo electrónico del entorno del presidente provocó que fueran “bombardeados con todo tipo de material injurioso, pronográfico e insultante”, de manera que se tuvieron que bloquear las cuentas.

Al hilo, ha resaltado que no abrió una información reservada por la llamada del ministro porque lo habría hecho de todas maneras al conocer la dimensión del problema y ha negado tajantemente que Marlaska le llamara para preguntarle por la investigación del hermano de Sánchez sino para darle “esa dimensión del impacto de esos datos”: “No me conmina a hacer ninguna investigación”.

Por otro lado, ha confirmado que mantuvo un encuentro el 5 de mayo de 2025 con la directora general, Mercedes González, para comunicarle que existía una nota de despacho en la que se hablaba de la supuesta campaña de desprestigio que orquestaba Leire Díez para desprestigiar a la UCO. Ha añadido que González le participó que sí conocía a la presunta 'fontanera' del PSOE porque trataron un conflicto laboral en Correos cuando ella era delegada del Gobierno en Madrid y que recientemente la había visto.

Por su parte, el senador popular José Antonio Monago ha explicado que la Fiscalía mantiene que bloqueó la nota de despacho clave sobre la campaña contra la UCO. Él ha explicado que trasladó la misma a su superior, la directora general, tras el puente de mayo de 2025 -la recibió el 29 de abril- y que tras un viaje es cuando se le da cuenta de una segunda nota de despacho, que coincidía con la nota previa de Información.

En cuanto una de las informaciones reservadas que se abrió para a raíz de una información de El Mundo en el que se le calificaba de “peón de Marlaska”, ha explicado que él solicitó que fuera la directora general quien tomara la iniciativa de abrir la misma porque dado que él era protagonista de esa noticia no veía conveniente ser él quien acordara la apertura. De hecho, ha explicado que si hubiera sido llamado a declarar en el marco de esa investigación interna lo habría hecho.

Las fiscales del caso indicaron en un recietne informe que esa apertura de una investigación interna partió de la propia Mercedes González el 1 de septiembre de 2025. Se abrió tras la publicación de un artículo en el que se hablaba de que determinadas fuentes de la Guardia Civil cuestionaban la actuación del DAO. Le reprochaban que solicitara de forma insistente y reiterada que se le anticipara información sobre el contenido de causas penales en curso que afectaran negativamente al Gobierno. Ese asunto acabó también en archivo y sin sanción alguna, pero derivó, dice el Miniserio Público, en que se permitió identificar a todos los mandos que intervenían en los asuntos ligados al Gobierno y a familiares del presidente del Gobierno “sin que se llegue a atisbar la finalidad de esta diligencia y la utilización que se hubiera podido hacer de dicha información”.

Durante la comisión, tanto el PP como UPN y Vox le han solicitado encarecidamente que dimita para preservar el honor de la Guardia Civil. “Esto es un sinsentido y usted tendría que haber dimitido hace mucho tiempo”, ha llegado a decir Monago. Mientras, la senadora socialista María del Río Martín ha lamentado que se use la comisión para que el PP dicté sentencia sobre los comparecientes. “La presunción de inocencia es una entelequia que salta por los aires en esta comisión (...), los comparecientes saben que la condena mediática y política es dictada por el PP con el consiguiente daño reputacional personal e institucional. El Senado no puede ser un tribunal paralelo”, ha enfatizado.

La declaración ante el juez

Este pasado jueves, el DAO de la Guardia Civil declaró ante el juez Santiago Pedraz que las tres informaciones reservadas que se abrieron para esclarecer el origen de otras tantas informaciones periodísticas sobre investigaciones que llevaba la UCO no tuvieron como intención presionar a la Unidad y que son una herramienta prevista en el reglamento que se utiliza con normalidad para aclarar, entre otras cuestiones, posibles filtraciones, informaron a elDiario.es fuentes jurídicas.

Llamas declaró durante casi tres horas en calidad de investigado en el 'caso Leire Díez' por la tesis de la propia UCO de que las informaciones reservadas fueron abiertas por la ascendencia que supuestamente tenía la ex militante del PSOE sobre Mercedes González, directora de la Guardia Civil y superior directa del DAO.

González está imputada a partir de la inferencia de la propia UCO, respaldada por Anticorrupción y el juez Santiago Pedraz, que unen el hecho de que la directora mantuviera tres encuentros con Leire Díez –ella solo reconoce dos– y que se abrieran las informaciones reservadas, cerradas al poco sin ningún castigo.

Llamas explicó este jueves que, en contra de lo que declararon ante la propia UCO sus anteriores jefes, la Unidad ha sido objeto de otras tres informaciones reservadas que nada tienen que ver con investigaciones del PSOE desde que el es el número dos del Cuerpo. En total, de toda la Guardia Civil, ha conocido la apertura de 56, pero solo de las más graves, porque en todo el Cuerpo han sido centenares, dijo.

El teniente general de la Guardia Civil defendió el trabajo de la UCO y negó haber ejercido presión alguna sobre la unidad en las investigaciones al PSOE o el entorno de Pedro Sánchez. En este sentido negó que dijera a sus responsables que se pusieran “de perfil” aunque admitió que les pidió que se limitaran a cumplir con las instrucciones que les dieran jueces y fiscales, en cumplimiento de su condición de policía judicial.

Por primera vez en esta polémica surgió el nombre del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Fue al tratar la apertura de una información reservada por la publicación en Okdiario de las direcciones de correo electrónico del presidente del Gobierno, su mujer y el hermano del primero. Llamas ya había pedido explicaciones al general de Policía Judicial y en ese contexto recibió una llamada del ministro indignado por la publicación de las citadas direcciones de correo, que en seguida se habían colapsado con mensajes despectivos. A la pregunta de qué le dijo al ministro, Llamas respondió que durante la conversación apenas habló y que fue Marlaska quien lo hizo.

El responsable material de la apertura de las informaciones reservadas fue Llamas, a excepción de una tercera que abrió Mercedes González porque el objeto de la información periodística que se investigaba era el propio teniente coronel, al que una portada de El Mundo llamaba “peón de Marlaska” y le atribuía presiones sobre los investigadores que los máximos responsables de la UCO ya negaron en el juzgado en sus declaraciones como testigos.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este viernes imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos. Además, en un auto acuerda también, con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción, lo que solicitaba la Unidad Central Operativa (UCO): el volcado y clonado de su teléfono. Quiere que la UCO pueda revisar incluso “el listado de datos de contacto que figuren almacenados” en el dispositivo.

El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para torpedear procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que ahora, tras el reciente atestado del Instituto Armado tiene indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En la resolución detalla las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y pone el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explica que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación que permiten sostener que se llevaron a cabo con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano.

Asimismo, para Pedraz resulta relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indica que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

Pedraz acuerda, por otro lado, rechazar la petición de la UCO de clonar los dispositivos móviles de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, y del agente Juan Sánchez Yepes, y ordena su devolución. Además, cita pero en calidad de testigos a las dos empleadas de la Secretaría de Organización del PSOE, el 28 de julio. Se trata de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro. En esa comparecencia se les devolverán sus móviles que les fueron intervenidos por la UCO en el requerimiento del PSOE de 27 y 28 de mayo. Y deberán aportar las comunicaciones que hubieran mantenido entre los meses de abril de 2024 y junio de 2025 por “cualquier canal de comunicación (WhatsApp, correo electrónico, etc) con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con la gerente del partido Ana María Fuentes, con Juan Manuel Serrano y con Leire Diez.

El juez advierte, no obstante, de que este requerimiento se efectuará en su condición de testigos y que se les informará previamente de que lo que aporten en tal condición no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indica que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

“No existen, pues, indicios suficientes para sostener el conocimiento por su parte de que la finalidad última para la que se llevaban a cabo las gestiones para facilitar encuentros, pagos o alojamiento de los investigados y su ilícito plan bajo la presunta cobertura de la Secretaria de organización del PSOE. De esta manera, entendiendo que no existen elementos suficientes para sostener su imputación en esta causa procede dejar sin efecto su personación como investigadas; si bien se considera preciso su consentimiento para al acceso a aquellos datos de sus móviles”, relata el juez.

En cuanto a Ana Fuentes, el juez recuerda que ostenta la condición de investigada por haber emitido notas de encargo dirigidas a justificar el pago de cantidades satisfechas por el PSOE a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo “en fechas en las que estos no consta que estuvieran prestando asesoramiento jurídico a dicho partido y existiendo indicios relevantes (...) de que a través de dichos pagos se buscaba retribuir a Leire Díez por la labor que se había comprometido a desarrolla para proteger al PSOE, al Presidente del Gobierno y su entorno de las actuaciones judiciales que les amenazaban”.

Matiza que su actuación concreta hasta la fecha se centra sólo en la emisión de esas “posibles mendaces notas de encargo”, y explica que esto supone “una concreta y auxiliar intervención, constitutiva de un delito de falsedad en documento mercantil cometida por particular”. La ubica, así “más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos”, y no ve necesario analizar su móvil.

La participación “preeminente”

Fue este jueves cuando trascendió que el Instituto Armado considera en un informe que Juan Manuel Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE –antes de alcanzar la Presidencia del Gobierno–, desempeño “una participación preeminente” en la obtención de beneficios para la trama de Leire Díez en el ámbito empresarial de la SEPI y también en su plan para defender los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno implicados en causas judiciales. Los investigadores llegaban a estas conclusiones tras el análisis de los mensajes guardados en teléfonos móviles incautados.

En el atestado de la UCO se indica que Serrano en su época de presidente de Correos habría coincidido con Leire Díez durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública. Y añade que la relación entre ambos “preexistiría a la incorporación de esta última a Correos” porque existen conversaciones de WhatsApp entre ambos desde, al menos, noviembre de 2020 cuando todavía ella era aún responsable de comunicación en Enusa.

La UCO indica que la primera de las actuaciones “con aparente relevancia penal” para la causa en la que habría participado Serrano es en el nombramiento de la propia exmilitante del PSOE como responsable del Área de Administración Local de Correos. El Instituto Armado considera que la trama buscaba posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública como parte de su “propia dinámica” en beneficio propio o de terceros.

Antonio Rodríguez Estepa es un empresario con intereses en el sector de los hidrocarburos. También es una persona investigada por la Audiencia Nacional por un fraude del IVA en ese sector concreto. Y, también, es testigo en el caso Leire Díez: los investigadores sospechan que la trama pudo acercarse a él para obtener información que fuera perjudicial para la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Este jueves ha comparecido ante el juez Santiago Pedraz para negar que nadie le pidiera información “falsa” del Instituto Armado y que solo aportó a la abogada Leticia de la Hoz dos denuncias que él mismo había interpuesto en 2023 contra la Benemérita.

Las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, que estaban presentes en su declaración, han explicado que ante el juez ha recalcado que ni le presentaron ni conocía a la exmilitante socialista Leire Díez. Sí mantuvo un par de reuniones con Leticia de la Hoz, abogada imputada en la causa y que llevó la defensa de Koldo García en el caso Mascarillas. Ha confesado que con ella sí hubo 'feeling' porque notaba que controlaba las causas de hidrocarburos, no como Jacobo Teijelo -también investigado- con el que no congenió. Sobre la figura de Leticia de la Hoz, de hecho, ha versado el interrogatorio porque la fiscal del caso quería saber si le pidió trapos sucios de la UCO. “No”, ha indicado.

Sí ha explicado que en una de las reuniones Leticia de la Hoz le transmitió que debía reunirse con Leire Díez en caso de que buscara llegar a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía. Algunas fuentes indican que Rodríguez Estepa ha aseverado que ese encuentro para un acuerdo sería, literalmente, con “un jefazo” de la Fiscalía. No le concretaron con quién pero ha matizado que, en todo caso, debía ser a través de su abogado.

El abogado del PP, Alberto Durán, ha querido saber si ese ofrecimiento de colaboración con la Fiscalía iba unido a algo que debiera hacer o contar a cambio, pero ha destacado que lo único que tenía que hacer era contar lo que ya había puesto en sus denuncias. El abogado de Leticia de la Hoz, Carlos Bautista, ha querido presentar ante el juzgado una de ellas, la primera, y el juez le ha conminado a que la presente con un escrito por la vía ordinaria.

Así, la declaración del empresario choca con lo que habría declarado ante la UCO el 28 de mayo. A los agentes, según el acta que levantaron del interrogatorio, les confirmó que suma ya dos condenas por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo, que está siendo investigado por una tercera, y que Leticia de la Hoz le habría trasladado que gente que conocía su causa -por Leire Díez- le proponían beneficios procesales con la condición de que aportara información comprometedora sobre Repsol, la UCO, el teniente coronel Antonio Balas y altos cargos de Hacienda.

Este jueves también ha declarado el empresario Claudio Rivas -socio de Víctor de Aldama e imputado en el caso Villafuel- que ha negado conocer a Leire Díez y que ha sostenido que de Leticia de la Hoz sabe por estar personada en causas de hidrocarburos y porque mantuvo una reunión con ella en su despacho. Pero nunca le pidió que denunciara a la UCO. Un tercer testigo, José Luis Caramés, ha rechazado declarar dado que está inmerso en una causa ante ese mismo juzgado.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado este martes, en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que la exmilitante socialista le ofreció ser asesor de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a cambio de que le diera trapos sucios de la Unidad Central Operativa (UCO). El comandante, que permanece imputado en el caso Koldo por facilitar teléfonos seguros a la trama del empresario Víctor de Aldama, del asesor Koldo García y del exministro José Luis Ábalos, ha ratificado, en líneas generales lo que ya declaró ante la UCO y ante la Audiencia Nacional en esa otra causa: dos encuentros con la presunta 'fontanera' del PSOE en marzo de 2025 de los que levantó acta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que Villalba ha destacado, una vez más, que Leire Díez le ofreció no solo ese destino cerca de la dirección del Instituto Armado sino otros ampliamente remunerados como una embajada en el extranjero. Además, ha confirmado que le propuso pagarle la defensa legal en el caso Koldo -quien le lleva en la actualidad es el mismo despacho que lleva la dfensa de Víctor de Aldama- y le indicó que ella estaba allí de parte “de los de arriba”, del 'One', del Gobierno y del PSOE porque quería obtener información que perjudicara a la UCO y al teniente coronel Antonio Balas. A cambio tendría que darle información de guardias civiles como el ex jefe de la UCO Manuel Sánchez Corbí, el ahora a sueldo de la Comunidad de Madrid Juan Vicente Bonilla o el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Tras esa primera reunión en un restaurante de Leganés, hubo una segunda. Él tomó notas y hasta organizó grabaciones del encuentro. Según ha explicado ante Pedraz, esa vez ya sí iban con intención de 'pillarla'. En realidad, ha señalado que nunca tuvo en mente colaborar con la 'fontanera' y sí de destaparla. De hecho, ha explicado que pidió consejo a su abogado sobre si ir o no a esas reuniones, y este le dijo que no perdía nada. En esas actas que levantó Villalba acabaron en el caso Koldo, y ahora en el caso Leire Díez. En ellas daba cuenta de esos ofrecimientos. El más importante era el de recuperar su trayectoria profesional y colocarle “en puestos de máxima responsabilidad tras la purga que harían”.

Villalba ha explicado que la segunda reunión tuvo como objetivo, por su parte, tender una trampa a Leire Díez y dejar grabados sus ofrecimientos. Sobre este aspecto ha declarado también Alberto Ortega, que se ha presentado como un profesional de la seguridad privada que conoce a Villalba y a Koldo García desde sus tiempos de escolta en el País Vasco.

Ortega ha relatado, por ejemplo, cómo él recibió instrucciones de llevar a Leire hasta donde le llevara un coche al que debía seguir. Se encontró con que el punto de reunión era el mismo que la primera vez, una marisquería de Leganés. Ortega ha dicho que no sabía si las personas que había allí realizando una especie de control de seguridad eran guardias civiles: “No eran guardias civiles. La verdad es que no se qué eran, aunque esto pueda resultar contradictorio”.

Este testigo también ha dicho que hace tiempo que no habla con Leire Díez porque ella le llamaba continuamente para reprocharle que le había tendido una trampa. Ortega ha dicho que cuando Díez presumía de sus contactos lo hacía siempre de forma “muy genérica”.

La tercera testigo, una periodista que trabajó con Leire Díez en Crónica Libre, ha contado que el mismo equipo trabajó para las europeas de 2024 y cobraron 18.000 euros, IVA incluido. También se ha desvinculado de cualquier función del periódico que no fuera informar y ha añadido que fue un proyecto periodístico caracterizado por estar creado por mujeres.

La defensa de la exmilitante socialista Leire Díez ha lanzado un órdago al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz: quiere que se anule toda la causa porque entiende en su detención en diciembre de 2025 se vulneraron sus derechos fundamentales. Considera que la medida fue “completamente desproporcionada, injustificada, y no contó con la autorización judicial habilitante”.

En el incidente de nulidad que ha presentado explica que esa detención tiene origen en lo que se encontró en los registros realizados por la UCO de la Guardia Civil al empresario vasco Antxon Alonso en el marco de otra causa distinta: el caso Mascarillas que instruía el Tribunal Supremo. Explica que, a su juicio, la fuerza actuante instructora era la UCO y que se la detuvo “sin tener el más mínimo indicio de que no comparecería ante la autoridad judicial o se fugaría porque ni siquiera sabía que estaba siendo investigada ni que iban a procesarla”.

Explica, además, que los hechos por los que fue detenida “son puramente genéricos y no se acompañaron de relato fáctico concreto” que permitiera concluir con precisión y objetividad una intervención delictiva por parte de Leire Díez. “Su detención únicamente se sostiene, genéricamente, con la supuesta participación en un grupo con otras dos personas por el que habrían influenciado a ciertas personas con cargos públicos para orientar expedientes de la Administración en beneficio propio o de terceros, percibiendo a cambio comisiones canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez SL”, explica, para subrayar que, por tanto, fue “ilegítima y nula de pleno derecho”.

Además, recalca que tampoco se explicó entonces por qué fue precisa la detención de la presunta 'fontanera' del PSOE y no bastó con una mera citación en sede policial o judicial de manera voluntaria. Máxime “cuando la causa de la que se extraen los supuestos indicios contra ella llevaba abierta un año y nunca antes había sido precisa su detención, produciéndose esta en plena vía pública al medio día sin observarse actuación delictiva flagrante”.

La defensa de Leire Díez denuncia también que se vulneraron sus derechos al intervenir sus dispositivos móviles y otras pertenencias en los cuatro diferentes registros realizados sin una motivación fundada y sin auto judicial que habilitara. Explica que, partiendo de que la detención es nula, “todo lo derivado de la misma también es nulo”. Así, tanto la incautación de dispostivos como cualquier diligencia o resolución judicial derivada también lo es.

Fuentes del entorno de la exmilitante socialista señalan a este periódico que, por el momento, no se prevé ningún cambio en la defensa legal de sus intereses. Díez consta como investigada junto al exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso por amañar contratos públicos. También se le investiga por, presuntamente, tratar de desestabilizar procedimientos judiciales abiertos contra personas vinculadas al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

Dos empleadas del PSOE imputadas en la causa de la Audiencia Nacional conocida como caso Leire han recurrido la decisión del juez Santiago Pedraz de anular una diligencia clave del pasado mes de mayo: la incautación de los teléfonos móviles por parte de la Guardia Civil. Su defensa entiende que esta medida, adoptada en el domicilio de ambas, se tomó con una “clara vulneración” de hasta cuatro derechos fundamentales, “sin asistencia letrada” y “sin mandato judicial”. Las dos están imputadas en la rama de la investigación que analiza si el partido sufragó gastos y viajes a Leire Díez mientras, supuestamente, se dedicaba a dinamitar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.

La defensa de ambas trabajadoras explica que el mandamiento del juez incluía la incautación de dispositivos electrónicos en la sede del PSOE pero que los agentes de la UCO se presentaron en su casa con un mandamiento de investigadas no detenidas y se apoderaron de sus terminales, el personal y el del trabajo, que especificaran su PIN y las cuentas de correo asociados a uno y otro.

Por tanto, dice la defensa, la UCO actuó “sin mandato judicial, obviando que la no adopción de esa incautación no la puede arbitraria ni ilícitamente acordar la fuerza actuante al no darse los requisitos de urgencia y flagrancia requeridos para acometer una invasión tan determinante del derecho fundamental a la intimidad”.

Esta forma de actuar de la UCO se enmarca, según la defensa de las trabajadoras en una “persistente y prolongada acción en el tiempo, desarrollada por la fuerza policial actuante, que acumula información extraordinariamente sensible de centenares de personas, obtenida de las entrañas de sus teléfonos móviles, bastando cruzar datos entre ellos para poder construir relatos incriminatorios contra determinadas personas, adornándolas de preocupantes sesgos aparentemente delictivos, que trasladándolos a la opinión pública tienen un efecto devastador para los mencionados”.

La segunda parte de esta actuación de la UCO consistiría “en que si los hallazgos poco tienen que ver con lo investigado se suele aludir a 'nuevas líneas de investigación' que indiciariamente implican a nuevas personas”, añade el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Las acusaciones populares del caso Leire Díez, dirigidas por el PP, han solicitado en un nuevo escrito al juez de la Audiencia Nacional que acuerde citar en calidad de investigados tanto a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, como a su director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, y a su antecesor en el cargo de la Dirección General Leonardo Marcos.

En el escrito, adelantando por El Mundo y al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que el magistrado investiga en la presente causa la existencia de una presunta trama dirigida a desestabilizar, desacreditar y obstaculizar investigaciones judiciales y policiales en curso que afectaban al PSOE y a miembros del Gobierno. La trama, presuntamente supervisada por Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante del PSOE Leire Díez habría tenido por objetivo “neutralizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil”, recuerda el PP, que añade que en particular se centraron en la figura del teniente coronel Antonio Balas.

Los 'populares' sostienen apoyándose en informes de la UCO, que entre González y Leire Díez “existió una relación personal y reiterada (...) que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024”. Y destaca que existieron al menos tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea. Apunta, además, que Díez utilizaba conscientemente su relación con González “para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO”.

Para el PP, “resulta especialmente relevante la secuencia cronológica (...) que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE”. En concreto, habla de cuatro hitos. El primero habría ocurrido el 9 de mayo de 2025 cuando la abogada de Koldo García -asesor de Ábalos- remitió a Leire Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a su cliente indicándole que se lo hiciese llegar Mercedes Gónzalez “a ver qué opina”. La presunta 'fontanera' del PSOE le respondió: “Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO”.

El segundo hito que recoge el PP es de 10 de mayo de 2025, cuando El Mundo publica unos mensajes de WhatsApp entre el Ábalos y el presidente del Gobierno; el tercero sería de 11 de mayo de 2025, cuando la UCO documenta dos interacciones de WhatsApp entre la directora general de la Benemérita y Leire Díez, “compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas”.

Y el cuarto episodio que refleja la acusación popular es de 11 de mayo de 2025, “cuando el DAO se reúne con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), General Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración”.

A esto, el PP suma que, de las declaraciones de estos últimos días de varios mandos de la Guardia Civil, quedaría acreditado que “entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 la cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el 'DIECAN' de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno”.

Según recoge el PP de esas declaraciones, los generales de la Guardia Civil Rafael Yuste y Alfonso López Malo habrían declarado ante Pedraz que en ninguna de sus respectivas trayectorias profesionales habían conocido la apertura de informaciones reservadas de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad“. Apunta que las calificaron de ”excepcionales“, ”no habituales“ y constitutivas de un ”intento de intimidación“. Ambos mandos, según la acusación popular, habrían ratificado también el anterior director general Leonardo Marcos y el actual DAO les conminaron a ”ponerse de perfil“ y a ”no ser proactivos“ en aquellas causas con ”afectación política“, en particular en la causa relativa al hermano del Presidente del Gobierno.

El PP pone el foco también en un “elemento de especial gravedad probatoria”: la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil de 29 de abril de 2025 en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una “agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO”. En esa nota se identificaba a Leire Díez como dinamizadora de la operación, se advertía que detrás de esas maniobras podría estar el ex número tres del PSOE Santos Cerdán, y que tendría conocimiento de esa información la directora general de la Guardia Civil.

Para los 'populares' esto demostraría que el DAO “ocultó deliberadamente dicha nota a la propia UCO durante diez días, hasta que el 8 de mayo de 2025 el general López Malo le presentó una nota de contenido idéntico elaborada por la propia UCO”.

Tras esta exposición de hechos, el PP indica que la directora general de la Guardia Civil habría incurrido en “contradicciones” durante sus comparecencias públicas: “a través del Ministerio del Interior negó toda reunión con Díez; tras el atestado de la UCO ”reconoció dos reuniones en cafeterías“; después admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre ”cuestiones personales y familiares“; y, finalmente ”reconoció que en uno de los encuentros Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba, que por entonces había sido detenido en el marco del caso Koldo.

Para el PP, los hechos descritos podrían constituir delitos de prevaricación, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos, y pertenencia o cooperación con organización o grupo criminal.

El pasado 16 de junio Mercedes González negó en el Senado haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, dijo.

La investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre una presunta trama de corrupción en contratación pública para favorecer a determinadas empresas incluye en la causa el cuestionamiento de la limpieza del proceso de licitación del contrato de derribo de las viejas baterías de coque, en Avilés, a la empresa Erri Berri S.L.

El procedimiento de contratación pública de la obra avilesina se hizo a través del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), sociedad dependiente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES).

Los trabajos fueron adjudicados en 2,8 millones de euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte la firma navarra Construcciones y Excavaciones Erri Berri S.L.

Apenas unas horas después de que trascendiera que el juez Pedraz había imputado a 25 personas en el caso Leire, entre las que figura la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), María Belén Gualda, las reacciones en Avilés han sido inmediatas.

Las explicaciones de la alcaldesa

Los grupos municipales de la oposición en la Villa del Adelantado han exigido explicaciones públicas y transparencia sobre el conocimiento del equipo de gobierno municipal sobre esta operativa mientras la alcaldesa de la ciudad, la socialista Mariví Monteserín, apela a la confianza en que todo se aclare y que las irregularidades que ahora se investigan “tengan explicaciones lógicas”.

“Seguramente que, al cocer, encogerá mucho; ahora parece muy espectacular, pero muchas cosas tendrán explicaciones lógicas y otras no”, ha asegurado la alcaldesa.

La “apuesta clara”

Mariví Monteserín ha admitido que “siempre es preocupante que ocurran este tipo de cosas”, si bien ha incidido en la “apuesta clara” que hay por los terrenos de las baterías.

Los asuntos que no tengan lógica, ha añadido, “serán penalizados como no puede ser de otra manera”, ha dicho en declaraciones recogidas por Efe, pero ha insistido en que la ciudad va a pelear por su interés, que es que las baterías “tengan lo antes posible vida, industria y un desarrollo económico para la ciudad, para la comarca y para Asturias”.

Una oferta “anormalmente baja”

No tiene la misma paciencia la oposición por esperar a que todo se aclare en sede judicial. Así, la portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Avilés y diputada nacional Esther Llamazares recordó que su partido ya denunció la poca claridad de los negocios de Erri Berri en la ciudad “cuando saltó justo el tema de Baterías que presentó una oferta anormalmente baja que se justificó de una forma también bastante anormal”.

Por su parte, el presidente de Foro Avilés, José Alfredo García Fernández del Viso, ha instado a la alcaldesa a dar explicaciones para que la ciudadanía conozca “qué relación mantuvo el PSOE local con una empresa hasta entonces desconocida en Asturias como Erri Berri y qué controles ejerció el Ayuntamiento a lo largo de todo el procedimiento”.

Los mecanismos de control

Foro Avilés quiere que aclare todos los contratos, adjudicaciones, reuniones y cualquier otra relación administrativa mantenida con Erri Berri, así como los mecanismos de control y supervisión que se aplicaron durante la tramitación de los distintos expedientes.

“No basta con escudarse en que existe una investigación judicial. Precisamente porque la hay, el Ayuntamiento debe extremar la transparencia, facilitar toda la información que legalmente pueda hacerse pública y colaborar activamente para despejar cualquier sombra de duda”.

La advertencia

De la misma opinión son el diputado de Vox en la Junta General del Principado, Gonzalo Centeno, y la portavoz del partido ultraderechista en el consistorio avilesino Arancha Martínez. Ambos han extendido su solicitud de explicaciones al gobierno municipal de Avilés, a la Autoridad Portuaria y a SEPIDES por la operación planteada sobre los terrenos de las antiguas baterías de coque que afecta a la adjudicación del contrato de demolición de esas instalaciones.

Centeno ha recordado que Vox fue la primera formación en denunciar públicamente, el pasado mes de mayo, las sospechas sobre la adjudicación del derribo de las baterías y ha señalado que la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, basada en los informes de la UCO, “está sacando a la luz lo que ya advertimos hace semanas”.

“Es un cambio de manos”

En este sentido, ha advertido de que la evolución de los acontecimientos hace temer que la operación urbanística pueda dar un giro para trasladar ahora la responsabilidad al Puerto de Avilés.

“Mucho nos tememos que se pretende resolver esta operación quitándosela a SEPIDES para trasladársela al Puerto de Avilés. Lo que vemos es un cambio de manos que genera todavía más dudas sobre el futuro de estos terrenos”, ha afirmado.

El parlamentario ha cuestionado además la capacidad económica de la Autoridad Portuaria para afrontar una operación de estas dimensiones, recordando que, además del precio de adquisición, habría que asumir los costes de descontaminación, parcelación y urbanización de los terrenos.

“¿Quién va a pagar esa factura?”

“¿De dónde va a sacar el dinero el Puerto de Avilés para afrontar una operación que supera ampliamente su capacidad económica? Los avilesinos tienen derecho a saber quién va a pagar esta factura”, ha ratificado.

Por su parte, Arancha Martínez ha denunciado el “silencio cómplice” del Gobierno municipal socialista, al que reprocha no haber pedido explicaciones a su propio partido tras conocerse la investigación judicial.

“Si el Gobierno municipal está tan escandalizado con los presuntos casos de corrupción, debería empezar exigiendo responsabilidades dentro de su propia formación política”, ha remarcado.

Las conexiones

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el contrato de demolición de las baterías de coque apunta a que la exmilitante y supuesta “fontanera” socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, vinculado a Servinabar y Mediaciones Martínez y a quien se relaciona como socio del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán, podrían haber tenido intervención en el proceso de adjudicación.

La intervención vendría, según la UCO, a través del presidente de la Mesa de Contratación, Fernando Albert Aragón, a cambio de una supuesta mordida de 400.000 euros. Los tres, según esta unidad especializada de la Guardia Civil, compartían un grupo de WhatsApp denominado 'Hirurok', que traducido del euskera significa “nosotros tres”.

La Fiscalía Anticorrupción ha descrito hasta cinco operativas que están relacionadas con la entidad pública Mercasa, con Enusa, con la sociedad pública Parque Empresarial del Principado de Asturias SL (PEPA) -participada por Sepides-, con Tubos Reunidos y con el grupo empresarial Forestalia. Todos los nuevos investigados tienen relación con esas entidades y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). 

El supuesto amaño

El supuesto amaño por la que ahora están siendo investigados directivos de la compañía Erri Berri, el presidente de la Mesa de Contratación que adjudicó la obra, Fernando Albert Aragón, que a su vez ostentaba el cargo de secretario general y director de la Asesoría Jurídica de Sepides, y la entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales, María de la Concepción Ortiz Fuerte, que falló una reclamación, habría consistido en beneficiar a la compañía navarra validando y eligiendo su oferta pese a su precio extremadamente bajo e inadmitiendo luego el recurso de una competidora. 

El supuesto amaño se habría extendido también a la fase de impugnación. En ese punto, según ha publicado La Nueva España, aparece el nombre de María de la Concepción Ortiz Fuerte, entonces presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales. La UCO subraya que ésta había desempeñado antes funciones en la SEPI como directora de Asuntos Jurídicos y como secretaria general y del Consejo bajo la presidencia de Vicente Fernández. 

Una “mordida” de 400.000 euros

Como pago por las actuaciones desarrolladas en favor de Erri Berri, los miembros de Hirurok habrían pactado con Félix Azcona Lacarra, responsable de la adjudicataria, el abono de 400.000 euros. Para canalizar ese dinero, según la UCO, se habrían simulado relaciones comerciales y se habrían utilizado sociedades vinculadas al grupo, principalmente Servinabar y Mediaciones Martínez.

La UCO cree que Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habrían usado sus contactos en el entorno de SEPIDES, adscrita a la SEPI, para favorecer a la empresa navarra Erri Berri en el desmantelamiento de las baterías de coque en Avilés.

Al filo del plazo legal que obliga a las empresas a celebrar su junta anual de accionistas en el primer semestre del año, la empresa de Amurrio Tubos Reunidos ha completado el trámite este martes, en segunda convocatoria. La reunión, exclusivamente telemática y cerrada a los medios de comunicación por vez primera, ha durado exactamente 37 minutos, no ha habido ni una sola pregunta y ni se ha mencionado el gran elefante, la investigación por corrupción abierta por el juez Santiago Pedraz en torno al rescate de la compañía por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) de 2021, valorado en 112,8 millones de euros.

El CEO de la compañía, Carlos López de las Heras, es de hecho uno de los imputados junto con su predecesor, Francisco Irazusta, y con el directivo recientemente dimitido Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Una denuncia de la Fiscalía inició esta causa a finales de 2025 al conocer, por el móvil del empresario guipuzcoano Antton Alonso, que el grupo autodenominado Hirurok, conformado por Alonso con los socialistas Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y Leire Díez, pudo haber intermediado con la entidad estatal para facilitar la inyección económica a cambio de un “agradecimiento”, según la expresión del propio Fernández Guerrero. Se sospecha que Fernández Guerrero mantuvo una capacidad de influencia en su antigua entidad que permitió superar obstáculos y no solamente en 2021 sino también cuando tocó renegociar el pago de unos intereses en 2024.

La Guardia Civil, que ha registrado la sede de Amurrio en dos momentos y también en una ocasión las oficinas de Bilbao, estima que la comisión ascendió a unos 250.000 euros y que se pagó de dos modos. El primero, a través de la mercantil instrumental de Alonso en Zaragoza Mediaciones Martínez. El segundo, directamente con pagos a Fernández Guerrero. La compañía no niega la existencia de ese flujo de dinero y, de hecho, la secretaria del consejo de administración y responsable jurídica, Inés Núñez de la Parte, ya ha dado explicaciones como testigo sobre esas facturas a lo largo de la investigación de la trama de Hirurok.

Tubos Reunidos, que está en concurso de acreedores carcomida por las deudas y que ha ejecutado centenares de despidos este 2026, ha enviado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el acta de la junta anual. El documento, datado en Amurrio, indica que las pérdidas en 2025 fueron de 160 millones de euros y que los accionistas han aprobado “la gestión social desarrollada y las actuaciones llevadas a cabo por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio 2025”

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas. Entre ellos están Fernando Samper –fundador y propietario de Forestalia–, los hermanos Pérez Águeda –supuestos conseguidores del empresario aragonés– y Carmelo Aznárez –exadministrador de la firma Mediaciones Martínez, con la que presuntamente se canalizaron comisiones–, en la pieza del caso Leire Díez sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar “indicios de criminalidad”, tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, entre otros.

Pedraz accede de esta manera a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández –ya imputado– compartió en el grupo Hirurok un archivo en el que “consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos” sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, “haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria”.

Además, señala que también constaba “el compromiso” de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Pedraz asumió las pesquisas el pasado mes de diciembre de 2025 después de la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, Fernández y el empresario y administrador de Servinabar Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

700.000 euros en comisiones

La UCO sospecha que Díez, Fernández y Alonso habrían cobrado 700.000 euros en comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI” en un total de cinco operaciones bajo sospecha, con la empresa Mediaciones Martínez como vehículo de estas operaciones. La firma tenía como administrador a Carmelo Aznárez, aunque el auténtico propietario era Alonso.

Según el instructor, Cerdán y Díez aprovecharían “sus capacidades para orientar procedimientos administrativos y obtener de ello rédito económico”.

Pedraz cree que Cerdán también habría sido del grupo denominado Hirurok con Díez, Fernández y Alonso, “actuando junto al resto de integrantes y participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior”.

Fernando Samper ya fue detenido el pasado mes de marzo dentro de la Operación Perserte de la Guardia Civil, en la que se investigan los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha mostrado contrario a que la Audiencia Nacional llegue a unificar y asumir las dos causas abiertas contra la exmilitante socialista Leire Díez sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales, al considerar que la competencia corresponde a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se empezó a investigar.

Mediante un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán, que está investigado en la causa de la Audiencia Nacional, se opone a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de requerir a otro juez, Arturo Zamarriego, que le remita la otra causa, en la que sólo está investigada Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Cerdán sostiene que la competencia de la investigación debe permanecer en la Plaza Número 9 del Tribunal de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, “sin que resulte procedente la inhibición acordada a favor de la Audiencia Nacional”.

“Todos los hechos objeto de investigación habrían sido presuntamente cometidos en la Comunidad de Madrid y, en todo caso, guardan relación con organismos y sedes de entes públicos ubicados en dicha comunidad autónoma. Por ello, en modo alguno puede mantenerse la competencia de la Plaza a la que nos dirigimos”, argumenta.

A su juicio, la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que los investigadores sitúan a Cerdán al frente, son “hechos totalmente aislados” y la Audiencia Nacional “en ningún caso puede investigar” el “grupo de gestión de crisis iniciado en el año 2024”.

Y señala que “en el improbable caso” de que Pedraz entienda que es competente para seguir con la investigación de la otra pieza, la de presuntas comisiones en contratos públicos, en la que el juez también ubica en el liderazgo del denominado grupo 'Hirurok' a Cerdán, “no lo es para investigar la gestión de la crisis política y judicial”.

Para el exdirigente socialista, las dos piezas tienen objetos diferentes y la de las supuestas maniobras “tiene un ámbito aislado completamente de la pretendida trama relacionada con los hechos de naturaleza económica ocurridos a partir del año 2021”, ya que “se centra de forma exclusiva en cuestiones de gestión política y comunicativa, alejada totalmente de cualquier investigación relativa a una posible defraudación económica”.

El abogado Jacobo Teijelo, investigado por pertenecer al grupo de Leire Díez dedicado supuestamente a atacar a jueces, fiscales y guardias civiles, ha negado que ordenara o participara en cualquier actividad ilegal y ha explicado que su contrato con el PSOE responde a la necesidad del partido de un análisis prospectivo de las causas judiciales que le afectaban. El abogado ha aludido, ante el juez Santiago Pedraz, a la “prospectiva sentimental de las causas”, una técnica inaugurada en Estados Unidos y que se sirve de las resoluciones dictadas por los magistrados en el pasado para predecir por dónde pueden discurrir sus decisiones en el futuro.

Teijelo ha situado el inicio de su relacion con el PSOE en el otoño de 2024, a partir de dos hechos concretos: la información acerca de que Vox se había reunido con altos mandos de la Guardia Civil –él ya defendía a un oficial imputado en el caso Hidrocarburos– y a un auto del juez Leopoldo Puente que permitía, según ha dicho, investigar a José Luis Ábalos, pese a estar aforado. El letrado Teijelo se ha detenido en la figura de Puente y en el hecho de que fuera el ponente de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Tribunal Supremo contra la Ley de Amnistía.

La comparecencia de Teijelo como investigado ha estado repleta de interrumpciones. Las primeras han surgido cuando el juez Pedraz ha interrumpido al abogado durante su referéncia a Leopoldo Puente y le ha dicho que esa explición no era motivo de su interrogatorio.

La UCO estableció en un informe que el PSOE había pagado a este letrado al menos tres facturas por un importe conjunto de 125.000 euros al PSOE entre enero y marzo de 2025. Otras dos facturas eran objeto de debate. La UCO las cifraba en 53.000 euros y corresponderían a abonos de abril y mayo de 2025. La Guardia Civil añadía que “no existe constancia entre la documentación aportada por el PSOE” de las citadas facturas.

Los socialistas remitieron un escrito al juez en el que adjuntaban el burofax que enviaron al letrado en el que le comunicaban que ponían fin a la relación de prestación de servicios suscrita y en el que le informaban de que no abonarían las cantidades “por no constar a la organización la naturaleza, contenido ni beneficiario” de los trabajos legales. 

Este jueves, ante Pedraz, el abogado Teijelo ha dicho que comenzó a ejercer por aquellas fechas la defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y que la gerente del partido le rechazó esas facturas porque el número tres del partido, que le había contratado, ya no ocupaba el cargo. Y ha subrayado, según las fuentes presentes en la declaración que nunca pagó nada a Leire Díez ni a nadie del dinero que recibió de la formación socialista. También ha dicho que nunca recibió fondo alguno de Díez y que ella se le acercó como una ciudadana más, para hacerle algunas consultas, y que nunca se presentó como “enviada del PSOE”.

Según el sumario del caso, Teijelo habría participado supuestamente en el desarrollo de la línea que buscaba atacar causas de hidrocarburos para así intentar lograr nulidades en el caso Koldo. Consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que se apunta que esa vía se debía seguir “por orden del One”. Teijelo participó en la reunión con un empresario huido y otras personas en la que Leire Díez asegura que quiere ver “muerto” al teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

A este respecto, Teijelo ha asegurado que conversaciones incorporadas a la causa fueron obtenidas de forma ilegal y, por tanto, serían nulas. A este respecto ha dicho que fue grabado por un periodista y otra persona vinculada al CNI.

Las visitas a la Fiscalía, dentro de la normalidad

En la providencia de citación de Teijelo, Pedraz explicaba que tomaba la decisión de citarle después de haber recibido contestación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las reuniones que se mantuvieron con investigados –hubo dos encuentros de Leire Díez y Teijelo con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe–. Teijelo ha dicho este jueves que no recordaba que Leire le hubiera acompañado y que, si lo hizo, en ningún caso fue en calidad de abogada porque en la sede de la Fiscalía General hay que identificarse como letrado para hablar.

En cualquier caso, Teijelo ha ironizado con el hecho de que llame la atención de que un abogado tenga reuniones con fiscales, algo que ha dicho, “ocurre todos los dias”. “Si en un lugar reciben a todo el mundo es en la Fiscalía General”, ha asegurado. Para referirse al trato habitual entre defensas y fiscales ha aludido al caso del abogado de Alberto González Amador y su intercambio de correos con el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

En repetidas ocasiones, Teijelo se ha negado a hablar de conversaciónes abogado-cliente recurriendo al secreto profesional. Y eso afectaba, según ha dicho, al PSOE, a personas del partido, y a la propia Leire, con la que ha reconocido no llegó a firmar acuerdo alguno.

Otro de los enfrentamientos con Pedraz se ha extendido a la fiscal. Teijelo ha pedido saber de qué delitos se le acusa. El juez no ha sabido responder y la fiscal, Elena Lorente, ha dicho que no es el momento procesal para detallarlo. En ese momento, Teijelo ha esgrimido el auto de un juzgado de Madrid en el que se archiva la causa contra él por su supuesta participación en la misma trama que ahora se investiga en la Audiencia Nacional. Teijelo ha advertido a Pedraz que le están “confundiendo” con esta causa.

Al término de la declaración, Teijelo se ha dirigido a los medios y ha advertido de que con su imputación “se está cuestionando el secreto profesional y el derecho de todas las personas a que nadie escuche lo que habla con su abogado”. “No son solo los abogados los que están siendo perseguidos y especialmente los abogados que desempeñan defensa del Partido Socialista, sino que se está persiguiendo el derecho de la gente a que le defienda un abogado”, ha añadido.

Las dificultades para investigar las maniobras contra la oposición por parte de altos mandos policiales durante la época del Partido Popular vuelven a escenificarse en una decisión del juez Santiago Pedraz. El magistrado que instruye desde hace dos años una causa por la guerra sucia contra Podemos ha decidido expulsar de la misma a Miguel Urbán, uno de los fundadores del partido y víctima del montaje más grosero de aquella brigada política, que el juez considera una actuación policial justificada.

elDiario.es desveló que la Fiscalía Antidroga, unidades especializadas de la Policía y la Oficina Antifraude investigaron entre finales de 2015 y mediados de 2016 a Miguel Urbán cuando este era eurodiputado. El comisario José Luis Olivera, puntal de aquella cloaca, consiguió que un individuo declarara ante la Policía y la Fiscalía Antidroga que había visto a Urbán entrar en un bar de Malasaña con una bolsa donde cabrían 40 kilos de droga, subir al piso superior, propiedad del dueño del pub, y bajar después de haber consumado la venta, celebrándola a voces, admitiendo que la cocaína procedía de Venezuela y que el dinero era para Podemos. Urbán, según ese testimonio, habría volcado cocaína sobre la barra para invitar a quien quisiera. El soplón también declaró que el político trapicheaba habitualmente por las esquinas del barrio.

El antiguo eurodiputado de Podemos intentó personarse en la causa por la guerra sucia a Podemos, pero Pedraz lo rechazó. Posteriormente, presentó una querella en la Audiencia Nacional, que tampoco prosperó. Y solo un recurso ante la Sala de lo Penal obligó a Pedraz a investigar mínimamente los hechos. Pero un nuevo auto de la segunda instancia, que rechaza ampliar la querella a José Luis Olivera, acaba de dar pie a Pedraz para retirar la condición de perjudicado a Urbán y expulsarle de la causa.

El juez Santiago Pedraz ha tomado declaración como testigos a cuatro mandos policiales que participaron en el montaje. Todos coincidieron en no recordar casi nada de lo que ocurrió y en defender que, con la información que suministró el confidente, había motivos de sobra para investigar al europarlamentario.

Por su parte, el confidente, Hugo Chiquero, prestó declaración como testigo el pasado 8 de mayo. Se trató, según fuentes presentes en el acto, de un testimonio incoherente, que recurrió al olvido en todo momento, hasta lograr que el fiscal de la causa, Vicente González Mota, mostrara incomodidad por la representación que llevaba a cabo, por videoconferencia, el compareciente. Sin embargo, el fiscal González Mota despacha en una frase que de la declaración de Hugo Chiquero “no se acredita su participación en los hechos investigados” y se opone a llamarle como investigado.

De acuerdo con el fiscal, el juez Pedraz dictó un auto el pasado 27 de mayo, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que zanja: “No hay base alguna para dudar de la declaración de D. Hugo Chiquero, pues teniendo en cuenta que los hechos se remontan a más de 10 años y manifieste que no los recuerda no supone que haya faltado a la verdad”. El juez propone a las acusaciones que si no le creen lo denuncien por falso testimonio en otro juzgado.

Podemos ya ha mostrado su discrepancia con esta valoración del juez. En un recurso ante la Sala de lo Penal, sus abogados califican la declaración de Chiquero como de “una amnesia completamente increíble, siendo incapaz de reconocer su propia firma o los detalles de una denuncia que él mismo calificó en su día como 'un favor a España'”. “Por no recordar, ni siquiera es capaz de recordar si su declaración estuvo condicionada o no por la Policía, o si recibió presiones para dirigirla en un sentido determinado”, añade el recurso de Podemos.

En el mismo auto en el que Pedraz se niega a imputar a Chiquero, el juez despacha la personación del perjudicado por el invento del confidente. Dice el magistrado que, a la vista del último auto de la Sala de lo Penal, “no cabe otra solución que dejar sin efecto la personación de D. Miguel Urbán Crespo”.

El juez se refiere a un auto de la Sala, dictado el pasado 8 de mayo, en el que los jueces de la instancia superior rechazan ampliar la querella por la guerra sucia contra Podemos al comisario que impulsó el montaje a Urbán, José Luis Olivera. Podemos cree que Pedraz obvia la afirmación de los magistrados sobre la “evidente conexidad” entre el presunto montaje contra Urbán y el objetivo de la causa que se sigue por la guerra sucia a Podemos. La Sala escribió que, si aparecen “elementos convergentes o conexos, deben ser traídos al procedimiento que ahora nos ocupa, a fin de llevar a cabo una investigación adecuada de los mismos”, añade el recurso.

En este sentido, la Sala recordaba que el juez había dejado una puerta abierta a que la investigación prospere por una determinada vía. Se trata de una nota confeccionada presuntamente por el comisario Villarejo que su colega Olivera incorporó a la investigación contra Urbán. Esa nota, sobre supuesto blanqueo en Podemos a través de pequeñas cantidades (“pitufeo”), incluía datos bancarios reservados que no podían estar en poder de los policías sin autorización judicial. La nota ha sido solicitada al Juzgado de Instrucción número 6, el del caso Villarejo, para su incorporación al caso de la guerra sucia a Podemos. Y, pese a ello, Pedraz expulsa ya al presunto perjudicado, Miguel Urbán, de la causa.

El recurso de Podemos concluye: “Resulta procesalmente inasumible que el instructor, apenas dos meses después de que la Sala de lo Penal ordenara la incorporación de estos hechos y reconociera la condición de perjudicado del señor Urbán, proceda a la expulsión del procedimiento”. El partido distingue entre la decisión de la Sala de dar la razón a Pedraz en no imputar, por ahora, a Olivera y la decisión de dar carpetazo y no investigar el montaje de la droga.

Rechaza que declare 'Johnny'

En la misma resolución, el juez Pedraz rechaza la petición de la representación legal de Urbán para que declare como testigo el dueño del pub Nueva Visión, conocido en el barrio desde hace décadas como Johnny, a quien el soplón Chiquero también incluyó en la falsa transacción de droga. Pese a los intentos denodados de Olivera para que la causa contra Urbán condujera a las cuentas de Podemos, el fiscal jefe Antidroga de la época se vio obligada a cerrarla en junio de 2016 por la absoluta falta de indicios de delito.

El momento en el que se produjo el montaje de la cocaína contra Urbán y Podemos no es casual. Se enmarcó en un semestre donde arreciaron los informes policiales con falsedades que reproducían determinados medios de la derecha para desacreditar al partido de Pablo Iglesias en pleno auge electoral. Los 69 diputados obtenidos en diciembre de 2015 anticipaban un posible Gobierno de coalición en los comicios de junio de 2016 que desalojara a Mariano Rajoy de la Moncloa. En ese semestre, la cloaca policial del PP elaboró el montaje de la falsa cuenta de Iglesias en Granadinas o el informe Pablo Iglesias Sociedad Anónima (PISA).

En la causa de la guerra sucia a Podemos está imputado el secretario de Estado de Seguridad de la época, Francisco Martínez, y una representación de los miembros de la brigada política que participaron también en el caso Kitchen o la operación Cataluña. Recientemente, Pedraz imputó a un exjefe de la UDEF por el viaje que protagonizó a Nueva York en abril de 2016 para recabar un testimonio contra Podemos a través de un documento de dudosa fiabilidad.

La exmilitante socialista Leire Díez, imputada por supuestos delitos relacionados con sus maniobras para buscar irregularidades en la actuación de los jefes de la UCO o de la Fiscalía Anticorrupción que investigaban a dirigentes socialistas, apuntó en su agenda personal una reunión con la Fiscalía General del Estado el 19 de febrero de 2025. El juez Santiago Pedraz, que dirige la investigación en la Audiencia Nacional, ha solicitado a esta institución un informe sobre esos supuestos encuentros.

elDiario.es ha confirmado en fuentes próximas a la trama investigada que se produjeron dos reuniones con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, en la que estuvieron presentes el abogado Jacobo Teijelo, con quien se había concertado la cita, y la exmilitante socialista Leire Díez, que le acompañó.

El abogado Teijelo denunció en el primer encuentro mantenido en la Fiscalía General del Estado las numerosas irregularidades supuestamente cometidas por el fiscal Anticorrupción, José Grinda, en algunos procedimientos judiciales. Entre las causas penales que citó figura una pieza separada del caso Tándem en la que está imputado por fraude en las subvenciones el empresario Javier Pérez Dolset, cliente de Teijelo; o la que llevó a la cárcel a Sandro Rosell, el expresidente del F. C. Barcelona, absuelto tras pasar 643 días en prisión preventiva.

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado reclamó en la primera de las reuniones, según cuenta el entorno de la trama de Leire Díez, documentación en la que se basaba la denuncia contra Grinda, por lo que se concertó una segunda cita para entregar las supuestas pruebas que pudieran avalar el relato de Teijelo. Entre esas pruebas llevaron grabaciones del supuesto montaje que terminó con Sandro Rosell en prisión o la supuesta desaparición de pruebas relevantes en el caso por el que estaba imputado Pérez Dolset. La Fiscalía General del Estado ha preferido guardar silencio sobre estas citas.

El abogado Jacobo Teijelo es ahora es uno de los dos letrados que defienden a Santos Cerdán, el ex secretario de Organización del PSOE imputado en el caso de supuesto amaño de obras públicas del Ministerio de Transportes que investiga la Audiencia Nacional. El fiscal Villafañe llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su causa fue archivada en la fase de instrucción sin llegar a juicio.

Teijelo fue también el abogado que convocó en su despacho una reunión con empresarios de hidrocarburos imputados por fraude fiscal en la que estuvieron Pérez Dolset y Díez. En esa reunión, grabada y filtrada por uno de sus participantes, la trama se interesaba por la existencia de trapos sucios del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe de las principales investigaciones contra dirigentes corruptos socialistas.

La Fiscalía General del Estado ha registrado y tramitado desde 2022 numerosas denuncias por escrito, principalmente firmadas por Pérez Dolset, contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, o su jefe, Alejandro Luzón, por diversas irregularidades en la investigación de causas penales vinculadas a la denominada Operación Cataluña y otras. Todas esas denuncias por destrucción de pruebas o revelación de secretos acabaron archivadas tras una rápida tramitación por la Fiscalía General del Estado, que las derivó en algunos casos a la Fiscalía provincial o a la Fiscalía superior de la Comunidad de Madrid..

La trama que investiga la Audiencia Nacional, cuyos principales integrantes serían Pérez Dolset y Leire Díez, asegura que nunca en todo este tiempo tuvo contacto con el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Y denuncia una vez más la inactividad de esa institución para investigar las supuestas irregularidades existentes en algunas causas que son competencia de la Fiscalía Anticorrupción.

El PSOE puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un archivo con documentos y grabaciones que había entregado Leire Díez el mismo día que formalizó su baja como militante del PSOE. Ese archivo incluía numerosa documentación de las múltiples denuncias presentadas desde 2022 hasta 2025 en la Fiscalía General del Estado. El análisis de ese archivo, derivado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, tampoco dio lugar a nuevas investigaciones sobre lo denunciado por la exmilitante socialista.

Entre las maniobras de Leire Díez, la investigación judicial también señala una reunión para buscar información comprometedora del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Díez se citó con Ignacio Stampa, el fiscal que impulsó en Anticorrupción decenas de piezas separadas del caso Tándem, la investigación de la mafia policial que encabezaba el comisario José Manuel Villarejo y que durante años hizo la guerra sucia a los adversarios políticos del PP.

El encuentro, promovido por Javier Pérez Dolset con la ayuda del empresario Luis del Rivero, fue grabado por Stampa, quien presentó una denuncia algún tiempo después. Leire Díez llegó a comprometerse con el fiscal en devolverle a la plaza que perdió a cambio de información sobre los motivos por los que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, había dejado morir determinadas investigaciones judiciales del caso Tándem. El fiscal no ofreció ninguna información y tampoco creyó aquella promesa de quien se presentó como “la mano derecha de Santos Cerdán”. La persona encargada de recuperarle para ocupar un puesto en Anticorrupción era el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien Stampa llevaba años denunciando como el culpable de la pérdida de su plaza. Leire Díez nunca hizo gestiones para cumplir con lo prometido a Stampa, al menos según la investigación que acaba de iniciar la Audiencia Nacional.

La lista de objetivos del grupo liderado por Leire Díez y amparado por Santos Cerdán era larga. Jueces, fiscales y guardias civiles que, de alguna manera, habían agraviado en algún momento al PSOE, al Gobierno o a los colaboradores de la trama y sobre los que los imputados buscaban trapos sucios. Uno de los nombres sobre el que más información buscaron es el de Alejandro Luzón, el fiscal jefe de Anticorrupción, al que querían “apartar de su puesto”, según algunos testigos. Para ello recurrieron sin éxito a dos fiscales con un historial de polémicas que quisieron usar como grieta: José Grinda e Ignacio Stampa. El primero era odiado por buena parte de los compañeros de viaje de Leire Díez y el segundo estaba famosamente enfrentado con la Fiscalía General del Estado.

Las referencias a esta actividad de la trama son abundantes a lo largo y ancho del sumario del caso y permiten ver las razones por las que Alejandro Luzón se había convertido, en palabras de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un “objetivo”. La principal era el supuesto pacto entre Anticorrupción y Víctor de Aldama que había permitido su excarcelación en noviembre de 2024 tras un mes y medio en Soto del Real. El empresario había confesado su participación en el caso Koldo de corrupción y fue sacado de la cárcel por la trama de hidrocarburos en la que también estaba envuelto.

Esa maniobra, a tenor de los mensajes incautados por la UCO, era el principal motor para intentar obtener información comprometedora de Luzón. Pero para entonces la relevancia de su figura había trascendido con creces a la salida de prisión de Aldama, al menos para las personas que integraban el grupo de Leire Díez. Era el fiscal que impulsaba las diligencias, acusaciones y juicios contra José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Y otros integrantes y satélites del grupo también le tenían la matrícula cogida desde hacía años por impulsar causas contra Javier Pérez Dolset (Zed), Nervis Villalobos, Sandro Rosell o Gaspar Zarrías (ERE). Luzón, dijo Leire Díez a un guardia civil, era además “afín al PP” y sería, según sus vaticinios, fiscal general con Alberto Núñez Feijóo.

Alejandro Luzón Cánovas empezó su carrera como fiscal ejerciendo en Toledo, en 1989. Lo hizo mientras su padre, José María Luzón, ejercía como fiscal en el Tribunal Supremo e impulsaba, entre otras medidas, la condena del exministro del Interior José Barrionuevo y su alto cargo Rafael Vera por el terrorismo de estado de los GAL. Luzón hijo fue nombrado fiscal jefe Anticorrupción en 2017, el último año de Mariano Rajoy en la Moncloa, después del escándalo de Manuel Moix, y tomó posesión amadrinado por Consuelo Madrigal. El nombramiento fue incluso celebrado por los fiscales progresistas y se entendió como el fracaso del PP en su intento por controlar, a través de Moix, el departamento más delicado del Ministerio Público.

Para cuando fue puesto al frente de Anticorrupción, Luzón ya se había trazado un perfil de doble cara. Incisivo al denunciar el “pillaje” de los consejeros de Caja Madrid que habían gastado 12 millones con las 'tarjetas black', pero sin querer escalar al Banco de España y la CNMV el juicio fallido por la ruinosa salida a bolsa de Bankia. O impulsando las acusaciones en causas de corrupción como Gürtel o Púnica y firmando los decretos de archivo de las investigaciones abiertas al rey emérito.

En lo relativo a Leire Díez y su grupo, además de las escaramuzas particulares de cada uno de sus miembros con Anticorrupción, el foco estaba puesto en su actuación en el caso Koldo, facilitando la salida de prisión de Víctor de Aldama, reclamando rebajas de condena para el empresario y propiciando la entrada de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “Leire y Dolset estaban interesados en apartar de su cargo al fiscal jefe Anticorrupción, ya que habría desobedecido órdenes de su inmediato superior al proponer la puesta en libertad de Víctor de Aldama”, resumió como testigo el empresario extremeño Joaquín Parra ante la Guardia Civil. Una declaración que desliza otro aspecto fundamental del perfil actual de Luzón: su alejamiento progresivo e irremediable con la Fiscalía General durante los últimos años.

El juego era doble. Leire Díez hizo creer al abogado de José Manuel Villarejo, el centro de las cloacas del caso Tándem, que la Fiscalía Anticorrupción pactaría con ellos, cuando en realidad pretendían tumbar a su líder y varios de sus fiscales. Y después puso en marcha su mayor habilidad: encontrar a gente cercana al objetivo con alguna grieta por la que pasar. Pusieron el foco en dos fiscales vinculados con Anticorrupción y con una polémica que explotar: José Grinda e Ignacio Stampa.

El pasado del fiscal Grinda

José Grinda superó la oposición para ser fiscal en 1993, poco después de Luzón, en una promoción en la que tuvo como compañeros a investigadores como Susana Gisbert, Pedro Horrach o Pilar Rodríguez. Ejerció en Gipuzkoa y Barcelona antes de entrar en Anticorrupción en 2005 y su nombre empezó a estar asociado a causas de gran relevancia pública. En 2010 un cable de WikiLeaks desveló que Grinda había vinculado a la mafia rusa con el Kremlin dos años antes. Estuvo al frente de la operación Emperador, impulsó el caso del 3% de corrupción en Cataluña, el caso contra la familia Pujol y propició la entrada en prisión del exministro venezolano Nervis Villalobos por blanqueo, entre otros muchos hitos.

Grinda también tenía un pasado. En 2009 había sido imputado por un juzgado de la localidad jienense de Alcalá la Real acusado de enviar vídeos sexuales a una menor de 15 años de edad. La denuncia había sido presentada por la madre de la chica después de que su hermano encontrara las conversaciones en su ordenador. La causa se archivó en 2013 cuando el juzgado, con el apoyo de la Fiscalía, entendió que Grinda no sabía que la joven con la que mantenía conversaciones sexuales era ampliamente menor de edad. La madre de la afectada no se había personado en el caso y las diligencias, con la retirada de la Fiscalía, se archivaron. El sobreseimiento libre y definitivo del caso, a petición de Grinda, llegó en 2017.

El asunto nunca se hizo público en aquellos años, pero revivió en 2019 cuando la joven, ya entonces mayor de edad, volvió a los tribunales para tener acceso a todo el contenido de la causa. Grinda se opuso y ya entonces pidió “ser protegido frente a usos torticeros y desviados de la información”, aludiendo a “posibles fines espurios dirigidos a destruir su reputación personal y profesional”. El Tribunal Constitucional dio la razón a la joven en 2022 y se reactivó entonces el proceso judicial pero por la vía civil, para reclamar una indemnización. Para entonces el asunto ya había trascendido aunque sin demasiada fuerza. Grinda, por ejemplo, consiguió que el Tribunal Supremo condenara a las hijas del polémico abogado fallecido Ignacio Peláez por llamarle “pederasta reincidente” en un programa de televisión.

Grinda era, según la UCO y la documentación interna, uno de los grandes objetivos de Leire Díez y sus colaboradores y no por si vinculación por causas que afecten al Gobierno. “Fiscales, sobre todo Grinda”, habían escrito ellos mismos en la lista de nombres. “A mí me hace mucha falta arrear a Grinda”, escribió Leire Díez en un mensaje de 2024. Las fechas en las que el grupo había decidido “empezar por Grinda”. El contacto se produjo en febrero de 2025 cuando, según la UCO y el propio Grinda, el periodista Pere Rusiñol –a quien el juez no considera como parte del entramado– le trasladó el ofrecimiento: un destino jugoso en el extranjero y la retirada de la demanda civil de la joven de Jaén a cambio de que Grinda les trasladase trapos sucios de su superior Alejandro Luzón y propiciase el cierre de multitud de causas judiciales delicadas.

En otro punto del sumario se recogen las anotaciones de Leire Díez sobre cómo pensaban hacer que la joven retirase la demanda, aunque no consta que se llegase a ejecutar: darle 300.000 euros, mucho más de lo que hipotéticamente podía pedir en esa demanda civil. El ofrecimiento, según las conversaciones y la testifical de la propia joven, no se llegó a producir ni fue trasladado como tal a Grinda.

El sumario revela lo que había pasado en los años anteriores con respecto a ese asunto que el grupo de Leire Díez había detectado como punto de entrada para negociar con Grinda. Su talón de Aquiles. La propia joven declaró ante la Guardia Civil como testigo y explicó que ya en 2021, cuando ya había acudido al Constitucional para tener toda la documentación de su caso, fue contactada por dos personas: Yohir Akerman y otro hombre llamado “Vytenis”. No dijeron de parte de quién venían, pero tenían documentación de su caso y se ofrecieron a llevárselo como abogados. De hecho, según la propia joven, costearon su defensa pagando a un abogado de Jaén de cara al juicio civil contra Grinda.

Ella no supo explicar a la Guardia Civil por qué lo hicieron ni de dónde habían sacado los papeles. Pero sí reveló que poco antes del juicio civil contra Grinda a mediados de 2025 estos dos hombres le presentaron a Leire Díez en Madrid. En otro punto distinto del sumario, los indicios sobre quién urdió esa visita apuntan al venezolano Nervis Vilallobos. “Hemos conseguido que la chica de Jaén se desplace a Madrid única y exclusivamente para verse contigo”, dijo Villalobos a Díez, sin reconocer si esos dos hombres que asesoraban a la joven y pagaban su abogado trabajaban bajo sus órdenes. También le indicó el hotel donde iban a reunirse y hablaron varias veces por mensaje de cómo se había desarrollado el viaje y de la opción de ponerle un abogado.

La propia joven completó el relato en su testifical ante la Guardia Civil. Una vez en Madrid Leire Díez le dijo que estaba “interesada” en su caso y en ayudarla contra Grinda. “Que intentaría ir a por él para que saliera a la luz el caso”. Al día siguiente, añadió, visitó la sede del PSOE en la calle Ferraz y mantuvo un encuentro con Santos Cerdán “donde hablaron exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda”. Era octubre de 2024 y las conversaciones reflejan un gran intercambio de mensajes en los meses siguientes entre Leire Díez y la joven.

Para cuando el periodista trasladó al fiscal Grinda el ofrecimiento de librarle de ese juicio faltaban menos de dos meses para la vista en un juzgado de Majadahonda y Leire Díez, por mediación de Nervis Villalobos –uno de los grandes detractores de Grinda– llevaba ya meses hablando con la joven. Y dos hombres, cuya vinculación con el exmandatario venezolano no han quedado claras todavía, habían incluso pagado su defensa.

El fiscal José Grinda recibió la propuesta del grupo y, tras declinar el ofrecimiento, le comunicó la situación a sus superiores, pocos meses antes de poner rumbo a Bolivia en un nuevo destino. Hubo un segundo intento de contacto con el grupo, esta vez a través del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, al que habían llegado a través de Santos Cerdán, pero el sumario no refleja si se llegó a celebrar. Sí refleja lo que Díez y sus colaboradores querían decirle: “Ya has trasladado a terceras personas que tienes documentación de Luzón”.

La segunda vía: el fiscal Stampa

Los distintos sumarios judiciales que han indagado en la actividad de Leire Díez desvelan que encontró un segundo fiscal al que acceder para intentar llegar hasta los supuestos secretos de Luzón: Ignacio Stampa. Uno de los primeros responsables de la investigación contra Villarejo en Anticorrupción que denuncia, incluso a través de un libro, que fue purgado de ese departamento y apartado del caso por una represalia ejecutada por Dolores Delgado y su entonces mano derecha, Álvaro García Ortiz.

En su caso, la oferta llegó en un encuentro a finales de abril de 2025, después de las comunicaciones con Grinda. Fue entonces cuando Leire Díez afirmó que ella era “la persona que ha puesto el PSOE” para sacar a relucir todas las irregularidades judiciales de múltiples causas. Y siguiendo con el doble juego, le pidieron información comprometida de Luzón, del juez Manuel García-Castellón, pero también del propio Grinda: “Pretendían sacarme información o algún comentario que le desprestigiara”. A cambio le ofrecieron recuperar su puesto en la Fiscalía, algo que parecía sencillo de prometer, pero difícil de ejecutar: en ese momento el fiscal general era Álvaro García Ortiz, considerado por Stampa como su mayor rival.

Stampa también acudió a sus superiores en la Fiscalía de Madrid y ambos asuntos acabaron en un juzgado de la Plaza de Castilla a la espera de saber si ahora es el juez Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, quien acumula todas las diligencias. Con Grinda destinado temporalmente a miles de kilómetros en Bolivia, Anticorrupción ha pedido a Pedraz que entre de lleno en su parte del caso y ponga en marcha varias diligencias: llamar a declarar a la joven que le denunció para que aclare su trato con la trama y, en paralelo, que los juzgados remitan la documentación del juicio que Leire Díez ofreció suspender a cambio de que le ayudara a tumbar a Alejandro Luzón.

El juez Santiago Pedraz, que investiga a Leire Díez en la Audiencia Nacional, ha rechazado la petición del expolítico Gaspar Zarrías sobre el registro que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ejecutó hace una semana en su despacho profesional de Madrid. El exalto cargo denuncia que los agentes se llevaron “la totalidad” de los expedientes de todos los clientes de su despacho desde 2015, algo “manifiestamente ilegal” al afectar a su derecho profesional. El juez Pedraz, por el momento, ha optado por mantener toda esa documentación en la causa a la espera de su examen y sacar lo que no tenga que ver con el PSOE o Leire Díez.

Gaspar Zarrías, ex alto cargo con José Luis Rodríguez Zapatero e histórico dirigente del socialismo andaluz, volvió a ejercer como abogado en 2019 después de casi tres décadas en política. El juez Pedraz investiga si él fue uno de los vehículos que usó el PSOE para pagar dinero a Leire Díez a cambio de sus trabajos de búsqueda de trapos sucios de jueces, fiscales y guardias civiles y puntos flojos que pudieran desestabilizar causas judiciales que afectaban al partido o al Gobierno. Según reconoció el propio Zarrías ante el juzgado que arrancó el caso, pagó 16.000 euros a Leire en cuatro nóminas distintas, aunque el objetivo no alcanzado era descubrir la implicación del comisario José Manuel Villarejo en la investigación de los ERE.

Su despacho, ubicado entre los barrios madrileños de Retiro y Estrella, fue uno de los registrados por la UCO a finales del pasado mes de mayo, en la operación liderada por la Audiencia Nacional para encontrar no solo más detalles sobre la actividad del grupo de Leire Díez, sino las vías de financiación supuestamente orquestadas por el PSOE. Allí los agentes, además de casi 20.000 euros repartidos en billetes de 20 y 50 euros, se incautaron de gran cantidad de carpetas relacionadas con todos los clientes del despacho.

Zarrías se quejó poco después ante Pedraz, que en un primer momento abrió la puerta a obligar a la UCO a liberar esos papeles que no tuvieran que ver con el caso. “La fuerza actuante se incautó de la totalidad de los expedientes de todos los clientes del despacho, abogado en ejercicio. Esta incautación es manifiestamente ilegal y nula”, dijo esa primera queja. La incautación había llegado a “expedientes abiertos desde el año 2015”, cinco años antes de lo que abarca la investigación, algo que ni el propio Pedraz había autorizado.

El juez de la Audiencia Nacional atendió la petición de Zarrías y convocó al exdirigente andaluz para que examinara personalmente las carpetas y dijera, ante la UCO, los documentos que consideraba que no debían permanecer incautados. La Guardia Civil decidió que no retiraba ninguno y el juez terminó avalando esa decisión. “La documentación no implica ninguna actuación concreta como letrado que afecte al derecho de defensa de sus clientes”, dijo el juez. Esas carpetas, añadió, “pudieran guardar relación con los hechos” pero aclaró que se procederá a “su devolución” si “se observara la existencia de documentos ajenos”.

La defensa de Zarrías ha presentado un último escrito solicitando esta devolución con “urgencia”. “Se podría producir un daño irreparable tanto a la actividad como abogado de mi representado, como a los derechos y valores protegidos por su secreto profesional y el derecho de defensa”. Añade al final de su escrito que “cualquier filtración de su contenido tendrá claros efectos perjudiciales tanto para mi mandante como para sus clientes”.

El ‘caso Leire’ alberga en su seno el último episodio de enfrentamiento soterrado entre la Guardia Civil y el Gobierno progresista que arrancó apenas dos meses después de que Pedro Sánchez se convirtiera en presidente. En el último giro de este choque, el teniente coronel Antonio Balas, protagonista de las investigaciones por corrupción contra dirigentes del PSOE, del Gobierno y de la familia de Sánchez, escarba en las presiones que él mismo habría sufrido y que atribuye a la connivencia entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil, la socialista Mercedes González.

El miércoles 27 de mayo toda la atención mediática estaba puesta en la sede del PSOE en Ferraz, donde los agentes de la UCO habían irrumpido requiriendo documentación y dispositivos electrónicos. Buscaban la vinculación del partido con una trama de acoso a policías y fiscales que investigan casos que afectan a los socialistas. Parecía la diligencia más relevante de cuantas practicaba ese día la UCO por orden de la Audiencia Nacional. Y, sin embargo, el jefe de la investigación no estaba allí. 

El teniente coronel Antonio Balas había escogido otro frente, la Dirección General de la Guardia Civil. Una delegación de agentes encabezada por él se presentaba por sorpresa en las dependencias de la Benemérita, tal y como adelantó elDiario.es al filo de las 11 de la mañana. 

Ataviado con gorra deportiva y vaqueros, al estilo de cuando fue fotografiado por la prensa en el registro de la sede de Servinabar en Pamplona (caso Cerdán), Balas hacía entrega del requerimiento del juzgado. Buscaba toda la documentación de las tres investigaciones internas abiertas en la Dirección General de la Guardia Civil por otras tantas filtraciones, unas informaciones reservadas que se vivieron en la UCO como una maniobra de presión contra sus agentes.

En el momento de personarse en la Dirección General, Balas ya atribuía esas presuntas maniobras a la relación de Leire Díez y la directora del Cuerpo. Así había quedado plasmado en los informes entregados al juez antes de la operación. 

Balas conocía necesariamente esas investigaciones internas porque incluyeron tomas de declaración a su inmediato superior y al jefe de este. De hecho, una de las propuestas de investigación incluía que el propio Balas prestara declaración por las filtraciones. La apertura y posterior cierre de las informaciones reservadas había circulado en un ámbito muy reducido del Cuerpo. Sus superiores, según ha declarado el entonces jefe de la UCO, quisieron aislar a Balas y a sus agentes de lo que vivieron como una estrategia de presión.

El requerimiento que salió del juzgado de Santiago Pedraz no parecía que necesitara tantas horas para ser satisfecho en la sede central de la Guardia Civil. Sin embargo, los agentes de la UCO tardaron cuatro horas en abandonar la Dirección General. El motivo es que el teniente coronel guardaba una carta: tomaría declaración a cuatro testigos sin necesidad de un auto judicial, una actuación policial que ampara la Ley. 

Un agente, en presencia de Balas, lanzó preguntas durante horas a los dos generales que habían sido interrogados por superiores en las investigaciones internas: el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo. La UCO intentó lo propio con los dos generales a los que se había encargado practicar la información reservada –necesariamente superiores de los primeros–, pero solo uno de ellos estaba en Madrid. 

Consciente o no de lo que iba a obtener, los testimonios recabados por Balas sobre hechos acaecidos a finales de 2024 y principios de 2025 resultaron una bomba cuyas consecuencias para el Gobierno son aún difíciles de calcular. 

Las presiones de las que ambos generales hablaron para orientar las investigaciones de la UCO por parte del anterior director de la Guardia Civil, el socialista Leonardo Marcos, y del director adjunto operativo entonces y ahora, teniente general Manuel Llamas, nunca antes habían sido denunciadas por ellos, pese a haber ocurrido hace dos años. El juez Santiago Pedraz no ha apreciado por ahora motivos suficientes para otorgar a los presuntos autores de las mismas como investigados. 

Tampoco hay por ahora una imputación judicial a Mercedes González, la actual directora de la Guardia Civil. Cuando Balas acudió a la Dirección General ya había entregado un atestado al juez con los tres encuentros que González había mantenido con Leire Díez mientras esta lideraba una desconcertante operación contra el propio teniente coronel de la UCO y otros funcionarios públicos, convencida de que participaban en una conjura para acabar con el PSOE.

Balas y sus agentes de la UCO iban más allá: si González se había reunido con Leire Díez y esta presumía ante terceros de su relación con la directora de la Guardia Civil, necesariamente la apertura de tres informaciones reservadas para esclarecer otras tantas filtraciones tenía que responder a esa “influencia” de la investigada Leire Díez sobre Mercedes González. 

Los atestados de la UCO con esa inferencia trascendían a la opinión pública el mismo día en que Balas declaraba en el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez. Durante su testimonio ante el tribunal, Balas realizaba otra inferencia: para crearse la plaza que ganó el concertista David Sánchez tuvo que haber una “influencia política superior”. 

En ese momento retumbó en el PSOE la apreciación que la UCO hizo acerca del papel “preeminente del fiscal general del Estado” en la filtración del caso de la pareja de Ayuso. Balas defendió entonces que si Álvaro García Ortiz era el fiscal general tenía que haber participado necesariamente en que el correo de González Amador llegase a los medios. La tesis triunfó en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y García Ortiz resultó condenado. 

En el teléfono de Díez apareció cómo ella misma presumía ante otros integrantes de tener “amistad” con González o estar tratando con ella la supuesta operación de la UCO contra el Gobierno. También habló de que el director adjunto operativo, Manuel Llamas, iba a ser sustituido y que ella nombraría a su sucesor, según anotó un comandante imputado en el caso Koldo tras reunirse con Díez. Fue el 26 de marzo de 2025. A día de hoy, Llamas sigue siendo el DAO.

¿Ordenaron la directora y su número dos la apertura de tres informaciones reservadas porque así lo había indicado, sugerido u ordenado Leire Díez a Mercedes González? Para responder resulta conveniente acercarse a los hechos que motivaron, al menos oficialmente, la apertura de esas investigaciones internas. 

El correo de Begoña Gómez. 29 de noviembre de 2024

La publicación del correo electrónico de Begoña Gómez en Okdiario estuvo seguida de una ola de mensajes ofensivos en esa dirección, hasta colapsarla. El director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, preguntó esa mañana al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, por los hechos. Este consultó a su vez a Balas, que le respondió por escrito que habían enviado a la jueza del caso una explicación de cómo acceder a la información digital que le adjuntaban en su informe, y que en esa especie de manual habían incluido imágenes donde aparecía la que delataba la dirección de Begoña Gómez. Un error en el juzgado, que dio traslado a las partes personadas en la causa de esa explicación, habría precedido a la filtración a los medios. 

El DAO Llamas no quedó conforme con la explicación de Yuste, según este, y ordenó abrir una información reservada. Yuste no volvió a saber nada de ello. Solo el general elegido para instruirla le comunicó su designación. A mediados de diciembre, la información reservada fue cerrada sin que el instructor llegara a tomar declaración a Yuste. 

Una información reservada es el procedimiento anterior a la apertura de un expediente. Indaga en si un hecho es merecedor del procedimiento reglamentario citado. Si se aprecia indicios entonces se abre el expediente contra un agente, se nombra instructor y secretario y estos trabajan durante meses, hasta que proponen una sanción o el archivo de las actuaciones. Este caso no llegó siquiera a la apertura del expediente. 

Los mensajes de Ábalos y Pedro Sánchez. 10 de mayo de 2025

“Los 'whatsapps' de Sánchez a Ábalos en 2023: He echado de menos muchas veces trabajar contigo, también tu amistad”. El titular de portada de El Mundo adelantaba que sus periodistas habían accedido a comunicaciones entre el presidente del Gobierno y Ábalos, inmerso de lleno en una causa de corrupción, en el periodo que comprendió entre su destitución como ministro de Transportes y su posterior rehabilitación como diputado socialista. 

Tres días después, un general de la Dirección le comunicó que se le había nombrado instructor de una información reservada sobre la publicación de dicha información. Yuste le trasladó su tranquilidad porque había leído mensajes en El Mundo que no estaban en poder de la UCO al ser posteriores a la incautación del teléfono de Ábalos. Solo podía haber sido el exministro.

El otro general que declaró como testigo ante Balas el pasado 27 de mayo, el general de Policía Judicial, Alfonso López Malo, aportó un pantallazo de su teléfono. En él se aprecia una conversación con Yuste en la que López Malo traslada al jefe de la UCO que el DAO Llamas le ha dicho que “tiene claro” que la filtración no sale de la Unidad. 

Pese a ello, la información reservada siguió adelante sin que quede claro si Llamas se limitaba a seguir una instrucción superior o si evidencia que él mismo ordenó continuar con la investigación interna por motivos que se desconocen.

El general trasladó a Yuste que iba a consultar con el juez del caso Ábalos, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, sobre la conveniencia de esa investigación interna. Yuste se lo desaconsejó, pero el general habló con Puente y este le dijo que no cabía una investigación paralela a la judicial. No hubo más noticia de la información reservada.

El teniente general Llamas, “peón de Marlaska”. 20 julio de 2025

Sobre una publicación en El Mundo dedicada a Manuel Llamas, el general López Malo explicó que la información reservada se abrió en septiembre y que esta vez, la orden venía firmada por la directora general de la Guardia Civil. Fuentes del Cuerpo explican que al afectar la publicación al DAO, el único superior que tiene en el Cuerpo debía encargarse reglamentariamente de dar esa orden y que por eso fue la directora general de la Guardia Civil quien la firmaba.

La información de El Mundo citaba “fuentes de toda solvencia” y “fuentes conocedoras del conflicto” que habría provocado Llamas en la Guardia Civil al interesarse por el contenido de los informes de la UCO sobre el PSOE. López Malo explicó que la orden de información reservada requería identificar los miembros del grupo de Balas que participaban en las investigaciones de corte político. La información reservada, como las dos anteriores, fue cerrada sin que se llegara a abrir expediente. 

La grabación a Leire Díez, el detonante

Esta línea de investigación sobre los contactos entre Leire Díez y la directora de la Guardia Civil confirma el terremoto que vivió la UCO a partir de la publicación de una grabación en la que la exmilitante del PSOE revela sus intenciones contra Balas (“Si Balas está muerto, mejor”). El teniente coronel pregunta a los testigos del Cuerpo por la nota que elaboró sobre aquella grabación la Jefatura de Información de la Guardia Civil y cómo se le hizo llegar a Mercedes González. Esa nota está fechada el 29 de abril de 2025. 

Los tres contactos de González con Leire Díez son anteriores (30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025), pero los comentarios con terceros de Díaz sobre la “vía” que dice haber abierto con Mercedes González son posteriores a que la directora recibiera el informe interno sobre la operación contra la UCO. A esos mensajes de Leire con terceros recurren los agentes de Balas para acusar a su directora de colaborar con Leire Díez pese a saber que ellos eran su objetivo. 

En el informe vuelven a tener un lugar destacado los adverbios. La influencia de Leire Díez sobre la directora de la Guardia Civil y superiora de los autores del informe se da “previsiblemente” y “supuestamente” de acuerdo a lo que va contando la propia Leire Díez. En un determinado párrafo, los agentes presentan “un conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna' en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia Directora”.

Tras la publicación de la grabación de Leire pidiendo la cabeza de Balas, la directora de la Guardia Civil convocó al jefe de la UCO, al general de Policía Judicial y a Antonio Balas. Les reiteró su confianza en el trabajo que realiza la UCO y les pidió que siguieran trabajando con “rigor, profesionalidad y objetividad”, según reveló este medio. Los mandos de la Guardia Civil se mostraron correctos con la directora, pero la tensión se palpaba en el ambiente. Balas intervino brevemente para decir que las revelaciones sobre Leire Díez no afectaban a su trabajo.

Los investigadores han encontrado mensajes entre Díez y el líder de una asociación de guardias civiles especialmente beligerante contra el Gobierno, Jucil, conocida por sus posicionamientos políticos coincidentes con Vox y el PP. El marco de estos mensajes son el primer encuentro en persona entre Díez y González. Según los whatsapps intervenidos, Díez iba a hacer de puente con la directora de la Guardia Civil y abordar la necesidad de la equiparación salarial con los Mossos y la Ertzaintza.

Otra vez, la supuesta fontanera se atribuía misiones históricas: la equiparación salarial es una reivindicación de décadas en la Guardia Civil descartada por los diferentes gobiernos y que además tiene un cauce de reivindicación establecido en el consejo del Cuerpo, que reúne a la Administración y las asociaciones profesionales. 

Desde que trascendió el contenido del sumario no hay explicación del Ministerio del Interior a por qué González se reunió con Leire Díez, si fue simplemente porque la conocía de su época como delegada del Gobierno –habrían contactado a raíz de una huelga en 2002 en Correos, donde la exmilitante del PSOE era directiva– o si alguien del partido o del Gobierno le instó a hacerlo. Solo Marlaska, que había negado que esas reuniones existieran, defendió este jueves desde Luxemburgo la “ejemplaridad” y “honestidad” de la directora de la Guardia Civil. 

La propia Guardia Civil ha emitido un comunicado a última hora de la noche de este jueves en el que ha reconocido que Mercedes González mantuvo dos reuniones con Leire Díez. Sus primeras conversaciones tuvieron lugar por WhatsApp cuando ella todavía era Delegada del Gobierno en Madrid y no trataron nada relacionado con el Cuerpo, dice la nota. Posteriormente, tras ser nombrada directora de la Guardia Civil, tuvieron un primer encuentro en una cafetería en el que hablaron de trabajo. Meses después, en otra cita, Leire Díez preguntó si el comandante Rubén Villalba, ya por entonces imputado en el caso Koldo, podría de alguna manera recuperar su trabajo. “Una petición que la directora rechaza de plano”, afirma el comunicado de la Guardia Civil.

“La Directora General de la Guardia Civil afirma que jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil”, añade la nota. “Jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo”, concluye.

Un conflicto que arranca en 2018

El mandato de Marlaska coincide con el enfrentamiento entre la Guardia Civil y el Gobierno. Arrancó con el nombramiento de un comisario de Policía afín al PSOE para un puesto clave en Interior que llevaba décadas siendo asignado a un guardia civil. Al poco del cambio de Gobierno, Interior ordenó detener el pago de fondos reservados hasta realizar una auditoría sobre su uso y el jefe de la UCO se rebeló. Estrecho colaborador de Rubalcaba durante la época del socialista en Interior, Manuel Sánchez Corbí era un mando con gran ascendente en el Cuerpo.

La política del Gobierno socialista respecto a la gran afrenta para los sectores conservadores del país, el proceso soberanista en Cataluña, también alcanzó a uno de sus sectores, encarnado en la Guardia Civil. Los roces se elevaron a hostilidad manifiesta cuando Marlaska decidió atribuir a otro referente en la institución, el coronel Diego Pérez de los Cobos, los informes que responsabilizaban al Gobierno de la expansión del Covid-19 por autorizar la marcha feminista de marzo de 2020.

Pérez de los Cobos ya se había convertido en un referente para una parte del país al coordinar a los agentes enviados a Cataluña a impedir el 1-O y mantener un enfrentamiento directo con el director de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Marlaska destituyó a Pérez de los Cobos por los informes del Covid-19 sin pruebas y de un modo irregular, según certificó después la justicia. El coronel pasó a ser, involuntariamente, un nuevo mártir para la derecha y la extrema derecha, que tienen en Marlaska uno de sus enemigos referidos, por considerarlo un juez conservador “vendido” a Pedro Sánchez.

El nombramiento de Leonardo Marcos como director de la Guardia Civil en junio de 2023 no gustó en algunos sectores de la cúpula del Cuerpo. Algunas fuentes discrepantes con su gestión califican su perfil de “intervencionista” y apuntan también a sus formas.

Cuando Balas acudió el miércoles de la semana pasada a tomar declaración a los jefes de UCO y Policía Judicial estos describieron reuniones con Leonardo Marcos en las que éste daba instrucciones para exculpar al hermano de Pedro Sánchez y no ser “proactivos” en las investigaciones con políticos implicados. Otras fuentes aseguran que se limitó a pedirles un plus de rigor en asuntos de tanta relevancia mediática y a insistir en la neutralidad que requerían. Marcos fue destituido en septiembre de 2024 sin que Interior haya dado una explicación precisa del motivo. 

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.