La designación de Jordi Jané, exconseller de la Generalitat en los mandatos de Artur Mas y Carles Puigdemont e investigado por supuesto blanqueo en la financiación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), como representante del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un congreso internacional sobre “ética judicial” provocó fuertes tensiones internas en el órgano de gobierno de los jueces y solo salió adelante por el voto de calidad del presidente en funciones, el conservador Vicente Guilarte.

La comisión permanente del pasado 8 de febrero, que dio el visto bueno a la designación, se dividió por la mitad, con tres votos a favor, tres en contra y un voto en blanco, con lo que hubo que recurrir al voto de calidad del presidente, según consta en el acta pública con los acuerdos adoptados.

La votación rompió las fronteras ideológicas con las que suele operar el CGPJ, que tiene el mandato vencido desde hace más de cinco años y mantiene la mayoría conservadora por la negativa del Partido Popular (PP) a renovarlo como exige la Constitución.

Ambos bloques se dividieron en esta votación: del sector conservador, tres de los cuatro vocales de la comisión –José Antonio Ballestero, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart– votaron en contra de la designación de Jané, mientras que uno, el presidente, lo hizo a favor. Por parte del sector progresista, apoyaron que Jané representara al CGPJ en las jornadas internacionales sobre “ética judicial”, a pesar de su condición de investigado, dos de las tres vocales: Mar Cabrejas y Roser Bach. La tercera, Pilar Sepúlveda, votó en blanco.

Los tres vocales que votaron en contra hicieron constar en el acta que su oposición se debe al hecho de que Jané “está incurso en una investigación penal”. Esta causa, que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, investiga si dirigentes de la extinta CDC, entre ellos Jané, habrían financiado de forma irregular el partido a través de un esquema conocido como “pitufeo”: donativos periódicos a la formación, de entre 2.000 y 3.000 euros, que luego los exaltos cargos habrían recuperado mediante dinero en efectivo que el partido conseguía por vías supuestamente ilícitas.

En esta misma causa penal está investigado Germà Gordó, exgerente de CDC y marido de la vocal del CGPJ Roser Bach, que a pesar de ello no se abstuvo en la votación del nombramiento de Jané como representante del consejo en las jornadas internacionales de “ética judicial”, lo que fue decisivo para que se aprobara la designación. elDiario.es se dirigió al CGPJ para recabar su opinión sobre el potencial conflicto de intereses de la vocal en la votación de esta propuesta, surgida de la Escuela Judicial del CGPJ, donde Jané ejerce de profesor y que Bach dirigió hasta que en 2013 fue elegida vocal.

La Oficina de Comunicación del CGPJ declinó comentar esta cuestión y se limitó a contestar: “Don Jordi Jané i Guasch fue designado profesor de la Escuela Judicial por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 20 de diciembre de 2021, fecha desde la que viene ejerciendo sus funciones en las mismas condiciones que el resto de integrantes del claustro del centro, con pleno respeto al derecho a la presunción de inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española”

Germà Gordó, el esposo de la vocal del CGPJ, está también investigado en la causa del 3%, de financiación irregular de Convergència, por cuyo supuesto papel central, en tanto de gerente, el fiscal anticorrupción José Grinda solicita una pena de 18 años de cárcel. La pieza del pitufeo, la que afecta a Jané, es una derivada de la causa principal del 3%.

El juez Santiago Pedraz decretó el archivo provisional de la del pitufeo en junio del año pasado, pero luego, en octubre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura atendiendo al recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar indicios suficientes para retomar las pesquisas.

El fiscal José Grinda presentó recientemente al juzgado un nuevo escrito sobre el pitufeo ratificando la acusación contra los exdirigentes convergentes investigados por blanqueo en el esquema de financiación irregular de Convergència, entre ellos Jané y Gordó. El escrito está fechado el 4 de febrero, apenas cuatro días antes de que la comisión permanente del CGPJ designara a Jané para las jornadas sobre “ética judicial” con el voto clave de la esposa de Gordó.

En el último escrito de Grinda, Gordó es señalado como el coordinador final de todo el operativo de supuesto blanqueo a través de donativos que luego eran compensados en efectivo obtenido de forma presuntamente ilegal. Los dirigentes políticos investigados supuestamente obedecían sus instrucciones sobre las cantidades a “donar” y el momento de hacerlo. Los movimientos de dinero investigados se produjeron entre 2008 y 2010, año en que Convergència volvió a controlar la Generalitat.

El escrito reciente presentado por el fiscal recupera la declaración judicial del extesorero del partido Daniel Osàcar “confirmando los elementos incriminatorios”. Por su lado, el exgerente del partido Andreu Viloca, tambien investigado en el caso, se desmarcó de Osàcar y negó que la formación hubiera blanqueado dinero a través de donaciones.

“La mecánica de afloramiento de dinero procedente de actividades directivas era, en efecto, hacer intervenir a varias personas afiliadas a CDC para que realizaran donaciones a dicho partido que, inmediatamente, les eran reembolsadas en efectivo con el dinero procedente de dichas actividades. Osácar afirmó, incluso, que el investigado Germà Gordó era quien dirigía esta estructura”, sostiene el fiscal.

La Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha elegido para representarle en unas jornadas internacionales sobre “ética judicial” al letrado Jordi Jané, que fue exconseller de Interior de Artur Mas y Carles Puigdemont y que está investigado por presunto blanqueo de capitales en la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en una pieza separada del conocido como caso del 3% que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

Las jornadas, “Ética judicial en Europa y el mundo árabe”, reunirán en Nápoles (Italia) los próximos 7 y 8 de marzo a destacados juristas en representación de los países de la Unión Europea y de los países árabes para reforzar los principios de la “independencia judicial” y el compromiso hacia los “más altos estándares éticos”.

El CGPJ ha seleccionado, a propuesta del director de la Escuela Judicial, el magistrado Jorge Jiménez, a dos juristas para representarle en las jornadas, impulsadas por la red euro-árabe de formación de jueces, Naciones Unidas y la red Global Judiciary Integrity Network: el magistrado Francisco Javier Pereda, miembro de la comisión de ética judicial del CGPJ, y al profesor de Derecho Constitucional y de la UE de la Escuela Judicial Jordi Jané. Este último, a pesar de su condición de investigado por presunto blanqueo de capitales para la financiación irregular de CDC, antecesor de Junts per Catalunya.

Un portavoz del CGPJ ha declinado responder las preguntas formuladas por el elDiario.es sobre la idoneidad de que el órgano de gobierno de los jueces designe a un investigado por corrupción para representarle en unas jornadas internacionales sobre “ética judicial” y se ha limitado a contestar: “Don Jordi Jané i Guasch fue designado profesor de la Escuela Judicial por acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial el 20 de diciembre de 2021, fecha desde la que viene ejerciendo sus funciones en las mismas condiciones que el resto de integrantes del claustro del centro, con pleno respeto al derecho a la presunción de inocencia que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española”.

Jané está investigado por supuesto blanqueo de capitales para la financiación irregular de CDC a través de una técnica conocida como “pitufeo”, mediante la cual dirigentes del partido de Artur Mas y Carles Puigdemont realizaban presuntamente donativos al partido “que inmediatamente les eran reembolsadas en efectivo” con el dinero de actividades supuestamente delictivas, según subraya el último escrito, presentado por el fiscal anticorrupción José Grinda al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye la causa, con fecha del pasado 4 de febrero.

El escrito señala a ocho exdirigentes de CDC, entre ellos Jané, que supuestamente estaban coordinados con el extesorero del partido Daniel Osàcar y el exgerente Andreu Viloca para realizar donativos periódicos, de entre 2.000 y 3.000 euros cada vez, cantidades que luego recuperaban en efectivo.

En su declaración como investigado en 2020, Osàcar señaló a Jané como uno de los excargos del partido a quienes la formación devolvía la supuesta donación. Por contra, Viloca se desmarcó del extesorero y negó que existiera un sistema de donaciones para blanquear supuestas comisiones ilegales.

Los movimientos regulares de dinero objeto de la investigación se produjeron entre 2008 y 2010, una práctica que tanto el fiscal anticorrupción como el juez instructor señalan como presunto blanqueo de capitales que la formación habría recaudado de forma ilícita. En esa época, Jané era diputado de Convergència en el Congreso y vicepresidente cuarto de la Mesa.

Posteriormente, en 2015, fue nombrado por Artur Mas consejero de Interior de la Generalitat, cargo en el que fue ratificado después por Carles Puigdemont. El dirigente nacionalista que ahora representará al CGPJ en Nápoles dimitió del cargo, que incluía la dirección de los Mossos d’Esquadra, en julio de 2017, ya en la cuenta atrás para el referéndum independentista que el Govern había fijado para el 1 de octubre de ese año.

En 2021, Jané se incorporó como profesor de Derecho Constitucional a la Escuela Judicial del CGPJ, la entidad de formación de los magistrados, a pesar de constar ya como investigado por blanqueo en la causa del pitufeo de CDC. En junio de 2023, el magistrado Santiago Pedraz archivó la causa, pero el pasado octubre la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura atendiendo al recurso de la Fiscalía Anticorrupción, al apreciar indicios suficientes para retomar las pesquisas.

El reciente escrito del fiscal anticorrupción José Grinda ratificando la acusación contra Jané con fecha de 4 de febrero no ha alterado los planes del CGPJ ante el simposium internacional de juristas sobre “ética judicial”: el órgano de gobierno de los jueces, actualmente en funciones y con mayoría conservadora, enviará en representación suya a un exconsejero de Puigdemont acusado por la Fiscalía Anticorrupción de blanqueo de capitales en el supuesto entramado de financiación ilegal de Convergència. 

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha enviado a juicio a las formaciones políticas PdeCat y CDC y los ex tesoreros de esta última Germá Gordó, Daniel Osácar y Andreu Viloca por el denomiado caso 3%, la estructura puesta en marcha supuestamente para financiar a dicho partido de forma ilegal a través de licitaciones de obra pública.

En su resolución, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda la apertura de juicio oral respecto de un total de treinta personas físicas, entre ellas políticos, empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Catalunya, y de dieciséis personas jurídicas, mientras que decreta el archivo provisional parcial para Juan Antonio Carpintero.

El auto de apertura de juicio oral recoge los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y de los Ayuntamientos de Barcelona y de Sant Cugat del Vallés. El Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y blanqueo de capitales.

Organización criminal, fraude a la administración, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Es la pluralidad de delitos a los que se enfrentan la treintena de acusados por el caso 3% de Convergència, entre los que destacan el extesorero Andreu Viloca y el exconseller Germà Gordó y pesos pesados del mundo empresarial catalán como el constructor Jordi Sumarroca. La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos 21, 18 y 10 años de cárcel respectivamente.

Los antiguos dirigentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) afrontan el juicio del caso 3% divididos: mientras Viloca y Gordó han rechazado confesar la trama y se enfrentan a decenas de años de cárcel, otros exresponsables del partido como el extesorero Daniel Osàcar y el exjefe económico Francesc Sànchez sí han admitido los hechos y han logrado evitar ya antes del juicio su ingreso en prisión. El fiscal pide para ellos que paguen una multa y que realicen trabajos en beneficio de la comunidad.

En su escrito, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, el fiscal José Grinda pide además que Convergència actualmente en fase de liquidación, y su sucesora, el PDeCAT, paguen tres millones de euros en multas como responsables del sistema de financiación ilegal de la formación nacionalista.

Más de dos años después de que Gordó y los demás investigados del caso fueran procesados, la Fiscalía ha formalizado su acusación. En los últimos meses Anticorrupción ha mantenido conversaciones con algunos de los imputados, que han logrado sustanciales rebajas de pena a cambio de confesar su participación en la trama.

Del total de 30 acusados, diez han llegado a pactos con la Fiscalía para reconocer los hechos a cambio de evitar su ingreso en prisión. Entre ellos destacan Osàcar, ya condenado por el caso Palau y que confesó en el 3% para lograr el tercer grado, y Sànchez. De ambos el fiscal destaca además que han aportado datos para “esclarecer otros hechos investigados en piezas separadas”, en referencia a la manta de la que tiró Osàcar en relación al blanqueo de capitales de donaciones.

Destaca el fiscal que Gordó tuvo un papel de “dirección” en la trama, que luego ejecutaban los extesoreros y los trabajadores del partido. El esquema de “financiación ilegal”, según el relato del fiscal, tenía varías ramificaciones. Por un lado, el exconseller y el resto de acusados del partido monitorizaban las obras públicas que iban a lanzar la Generalitat y varios ayuntamientos convergentes, para luego negociar con los empresarios las adjudicaciones y asegurarse que las recibían. Todo ello a cambio de una donación de los constructores a Convergència.

Pero las donaciones de constructores a Convergència no solo estaban vinculadas a un concurso concreto, sino que también se realizaban, explica el fiscal, para “crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta” para futuras obras públicas. Es decir, una suerte de peaje ilegal para poder empezar a ser considerado para construir obra pública en Catalunya.

El sistema de donaciones a cambio de obra pública estaba “normalizado” en Convergència y “se sostuvo en el tiempo a pesar del relevo de las personas que lo integraban y a pesar de las advertencias de irregularidad de las que eran informados los responsables.”, abunda el fiscal. Para el fiscal, el paso de Convergència al PDeCAT en 2016 fue un mero intento de “desconectarse de las responsabilidades” penales que ya sobrevolaban al partido con el caso Palau y el 3%.

Pesos pesados de política y economía

Las obras amañadas incluyen tanto algunas que se licitaron desde el Govern de Artur Mas como de una decena de ayuntamientos convergentes, como por el ejemplo el de Barcelona durante la etapa de Xavier Trias. Además de los acusados provenientes de Convergència, en el banquillo se sentarán otros pesos pesados del mundo político y empresarial catalán. Es el caso del que fuera mano derecho de Trias en el consistorio barcelonés, Antoni Vives –ya condenado en otra causa de corrupción. El fiscal pide para él seis años y diez meses de cárcel.

También están acusados el actual director general de Fira de Barcelona y exgerente de la empresa de obra pública del consistorio, Constantí Serrallonga; el expresidente del Puerto de Barcelona Sixte Cambra; los exjefes de la empresa de obra pública de la Generalitat Joan Lluís Quer y Josep Antoni Rosell; y el constructor Jordi Sumarroca, heredero de una de las sagas empresariales históricamente vinculadas al pujolismo. Las penas solicitadas van de los 10 años de cárcel para Sumarroca y Rosell a los cinco para Cambra y Quer y a los cuatro años y medio para Serrallonga.

La magistrada del juzgado penal 23 de Barcelona ha condenado al empresario y exdirigente de Convergència David Madí a 14 meses de cárcel como cooperador necesario de los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental en la trama de facturas falsas derivada del caso del 3%, ha adelantado El Periódico y ha confirmado elDiario.es.

Al ser la condena inferior a dos años y no tener antecedentes penales, Madí no entrará en prisión. Su defensa recurrirá ante la Audiencia de Barcelona la sentencia, que también le impone una multa de 219.750 euros y la prohibición de obtener subvenciones e incentivos fiscales durante el periodo de la condena.

El fiscal Pedro Castro pedía para Madí dos años de cárcel en una causa en la que también han resultado condenados el exgerente de TV3 y de la productora Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3% en la Audiencia Nacional, y otros cuatro empresarios acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora. Las penas oscilan entre los ocho y los 14 meses de cárcel.

El caso se complicó para Madí toda vez que Carbó, el principal acusado, y el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a 8 meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, admitieron el fraude a cambio de ver rebajadas sus penas, como así ha sido.

En el juicio, Parra explicó que el partido le “obligó” a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para su campañas electoral de 2020 en los comicios al Parlament: “O lo tomas o lo dejas, me dijeron”. Madí y el resto de empresarios también estaban acusados de acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

Sin embargo, la jueza concluye que no ha queda probado que Para “se hubiera visto compelido a emitir las facturas simuladas para Triacom como único medio para poder cobrar unos servicios prestados a Convergencia ni que hubiera agotado todas las posibilidades lícitas para cobrar estos servicios”.

El caso ahora sentenciado fue remitido en su día por la jueza a la Audiencia Nacional para que formara parte del caso del 3% sobre presunto pago de comisiones a Convergència –en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona–, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

El juicio estuvo marcado por el reproche de Madí al fiscal por tener, según su opinión, poco conocimiento del mundo empresarial. En su informe final el fiscal afeó al exconvergente su “contundencia en la incoherencia” así como su “falta de credibilidad” a la hora de negar el fraude, al tiempo que consideró “un acto de fe” la tesis exculpatoria de la antigua mano de Artur Mas, esta es, que los trabajos que Madí facturó a Triacom sí fueron reales.

La sentencia en cambio acoge la tesis de la Fiscalía y concluye que las facturas que las empresas de Madí giraron a Triacom por servicios de consultoría y comunicación en realidad no se produjeron, sino que tan solo sirvieron para que la firma audiovisual, productora de los programas de TV3 “El Gran Dictat” y “Fish and Chips”, pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

La jueza explica la falsedad de las facturas de Madí a Triacom no solo porque los servicios cobrados no llegaron a realizarse, sino porque incluso hay servicios prestados antes de la constitución legal de una de las empresas de la antigua mano derecha de Artur Mas. IKI CAT, empresa propiedad de Madí facturó 105.000 euros a Triacom en diciembre de 2011 por una supuesta campaña de comunicación para la Junta de Accionista de Gas Natural que se había celebrado en abril, es decir, tres meses antes de la constitución de la firma del exdirigente convergente.

Tampoco “existieron”, abunda la juez, los servicios facturados por Madí a Telefónica, habida cuenta de que el empresario no pudo “concretar quién elaboró el video para o a qué empresa o profesional autónomo subcontrató, en su caso, la elaboración”, pese al mismo tiempo alegar el exdirigente de Convergència que fue necesario un helicóptero para captar las imágenes del edificio. “Ante la imposibilidad de ofrecer una respuesta lógica, [Madí] afirmó que se trata de una interpretación distinta de lo que pone literalmente en las facturas, lo que evidencia que los conceptos por los que facturó la sociedad que administraba, no existieron”, resalta la sentencia.

La consultora NUBUL, propiedad también de Madí, giró a Triacom otros 60.000 euros en dos facturas por servicios de consultoría estratégica que en realidad tampoco llegaron a prestarse, agrega la magistrada, que destaca que la firma no tenía “infraestructura”.

No es la única causa penal en la que está inmerso Madí. El exidirigente de Convergència, miembro del grupo de dirigentes que organizó el referéndum del 1-O junto al Govern, está imputado en el caso Voloh por presunto tráfico de influencias al abrigo del procés.

Visto para sentencia el juicio por el fraude fiscal derivado de la trama del 3% que afecta a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y la productora Triacom. El fiscal de delitos económicos Pedro Castro ha mantenido los dos años de cárcel contra el exconvergente David Madí y otros dos acusados del caso, mientras que ha rebajado las penas a los dos procesados que confesaron la trama, el exadministrador de Triacom, Oriol Carbó, y el empresario Juan Manuel Parra.

Ante el juzgado penal 23 de Barcelona se ha celebrado el juicio contra una presunta trama de facturas falsas vinculada al exgerente de TV3 y de Triacom Oriol Carbó, que también está investigado en el caso 3%, y otros seis empresarios, entre ellos Madí, acusados de emitir facturas falsas por trabajos ficticios para la productora.

Al haber admitido los hechos Carbó, el principal acusado, Madí y el resto de empresarios ha visto complicada su defensa, pero se han reafirmado en reclamar la absolución al negar que los trabajos por los que facturaron a Triacom fueran falsos. El fiscal ha rebajado la pena solicitada a Carbó a 8 meses de prisión.

Solo el empresario Juan Manuel Parra, que fue condenado a 8 meses de cárcel por el pago de comisiones a CDC a través del Palau de la Música, ha admitido el fraude. En el juicio explicó que el partido le “obligó” a emitir facturas falsas a Triacom, una productora de TV3, si quería cobrar los servicios que prestó para su campañas electoral de 2020 en los comicios al Parlament: “O lo tomas o lo dejas, me dijeron”. La pena reclamada para Parra es un año de prisión.

El caso fue remitido en su día por la jueza a la Audiencia Nacional para que formara parte del caso del 3% sobre presunto pago de comisiones a CDC –en una decisión que después revocó la Audiencia de Barcelona–, al entender que esas mismas facturas falsas sirvieron para financiar irregularmente a la extinta formación.

En su informe final, el fiscal Pedro Castro, a quien Madí reprochó el miércoles durante el interrogatorio tener poco conocimiento del mundo empresarial, ha afeado al exconvergente su “contundencia en la incoherencia” así como su “falta de credibilidad” a la hora de negar el fraude, al tiempo que ha considerado “un acto de fe” la tesis exculpatoria de la antigua mano de Artur Mas.

El fiscal ha incidido en que las facturas que las empresas de Madí giraron a Triacom por servicios de consultoría y comunicación en realidad no se produjeron, sino que tan solo sirvieron para que la firma audiovisual, productora de los programas de TV3 “El Gran Dictat” y “Fish and Chips”, pudiera aumentar sus gastos deducibles y así reducir el pago de IVA y del impuesto de sociedades en 2011.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que Triacom hinchaba más del 50% el precio de los dos programas que facturaba a TV3, y al carecer de estructura y empleados derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, una mecánica para “dar cobertura a lo que simplemente era un acto espurio”, en palabras del fiscal.

Después Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Oriol Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados.

No hay trama corrupta sin fraude a Hacienda. Este principio casi universal bien puede aplicarse al caso del 3% de Convergència. Su rama audiovisual todavía está bajo investigación en la Audiencia Nacional, pero el delito fiscal derivado de la misma se ha empezado a juzgar este miércoles en un juzgado penal de Barcelona. En el banquillo, la antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, ahora dedicado a sus negocios. “Consultoría estratégica”, en sus propias palabras. Madí ha negado el fraude, pero otros dos acusados lo han admitido.

El juicio se ha demorado años y finalmente ha arrancado con un choque de los que merece la pena recordar entre Madrí y el fiscal de delitos económicos Pedro Castro. Mientras Madí daba lecciones al fiscal -“seguramente usted no conoce la operativa de una empresa normal”; “usted debe saber que Hacienda se lleva la mitad de mi salario”-, Castro replicaba primero retador y después con ironía -“le pregunto desde mi ignorancia del mundo empresarial”- para intentar llevar a la contradicción al expolítico.

La causa juzga si las empresas de Madí y otros seis acusados falsificaron facturas a la productora audiovisual Triacom para que ésta última defraudara el IVA y el impuesto de sociedades del año 2011. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Madí, una pena rebajada a once meses para Oriol Carbó, exadministrador de Triacom que ya ha confesado el fraude.

Previsiblemente también se aligerará la pena solicitada a Juan Manuel Parra, exresponsable de Hispart que ha confesado que efectuaba facturas falsas a Triacom para cobrar trabajos para la campaña de las elecciones al Parlament de Convergència del año 2010. Carbó y Parra están imputados en la Audiencia Nacional por el 3% audiovisual. No así Madí.

El fiscal ha resaltado (y Madí ha admitido) que Triacom era la empresa más pequeña para la que trabajaba la consultora del expolítico, que desde 2010 viene prestando servicios de asesoría a grandes multinacionales y empresas catalanas. El pequeño volumen de Triacom era lo que precisamente, según el fiscal, permitió a Madí confeccionar facturas de 194.700 a la productora para servicios de asesoramiento y consultoría que en realidad no se prestaron y poder defraudar así a Hacienda.

Madí ha negado que la “anormalidad” en los pagos a Triacom detectada por el fiscal tenga que ver con un fraude a Hacienda y ha dado una nueva lección de negocios: “Las empresas muy importantes tienen un día de pago, pero con las empresas pequeñas como la de Carbó no funciona así, pagan cuando va bien y si hay acuerdo y confianza”.

El exconvergente, que pese a provenir de una adinerada familia de la burguesía catalana ha apuntado que pasó “dificultades económicas” al inicio de sus negocios, ha relatado que Carbó, a quien conoce desde hace 20 años, le pidió ser uno de los clientes de sus empresas, pese a que éste lo niegue “por sus beneficios procesales”.

El fiscal ha inquirido a Madí para que describiera en qué consiste el trabajo de “consultoría estratégica”, a su juicio la excusa con la que emitir las facturas falsas de la trama. “Es mucho más amplio que hacer un informe de coyuntura económica, hay proyectos, informes, reuniones... Los que mandan en las empresas saben perfectamente qué trabajo haces y cómo lo haces”, ha respondido Madí.

En una de las frases del juicio, Madí no ha perdido la ocasión para citar a otro acusado que ha negado el fraude alegando que él hacía “zanjas” en una empresa de construcción. “Yo no hago zanjas pero soy muy conocido en este país por otras capacidades”, ha alegado la antigua mano derecha de Artur Mas, que ha implorado al fiscal: “Se tendría que entender mi perfil”.

“Es absolutamente falso que no hubiera prestación de servicio. Era un cliente y era un amigo. Era el cliente mas pequeño del despacho pero los trabajos eran reales”, ha reiterado Madí, para a renglón seguido invitar al fiscal a examinar “un poco más” su perfil profesional antes de “descalificar” sus capacidades para prestar servicios de consultoría: “Perdone, pero yo en este país soy conocido, me parece”.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que después la productora Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados.

La trama del 3% audiovisual ha vivido este martes la confesión de uno de los investigados del caso, el empresario Juan Manuel Parra, quien ha ratificado que Convergència le obligó a facturar actos de campaña de las elecciones de 2010 con cargo a dos programas de TV3. Según su versión, por orden del exconseller y exgerente del partido Germà Gordó y a través del exgerente de la cadena Oriol Carbó y la productora Triacom. 

Tal y como desveló elDiario.es, Triacom, investigada por el caso del 3% de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción, según se desprende de la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil. Los investigadores sospechan que el sobreprecio servía para abonar actos de campaña del partido.

Según fuentes jurídicas, este martes Parra, exadministrador de la empresa Hispart, se ha ratificado en su declaración como testigo de 2019 y ha confirmado que cobró de Convergència a través de facturas falsas libradas por Triacom, una productora participada por Oriol Carbó, exgerente de TV3. Los investigadores cifran en 885.000 euros los gastos electorales de Parra para la campaña de Mas en 2010.

Siempre según la versión de Parra, Gordó le remitió a Carbó para que éste le girara las facturas con el concepto de servicios a los programas producidos por Triacom para la cadena. Aunque, según ha explicado, primero tuvo problemas con Triacom para cobrar, volvió a acudir a Gordó y tras una reunión recibió todo lo que le debían. TV3 pagó un total de 31 millones de euros a Triacom entre 2008 y 2016. La cadena público negó irregularidades, aunque el Govern se ha personado en la causa como acusación particular.

El presunto sistema de facturas falsas para cobrar de Convergència se asemeja al que Parra ya confesó haber empleado en el caso Palau. El empresario fue condenado a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por haber girado facturas al al Palau de la Música, presidido entonces por Fèlix Millet, que correspondían en realidad a trabajos prestados para CDC en la campaña de las elecciones generales de 2004.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que Triacom no contaba ni con infraestructura ni con personal para realizar sus programas y que derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, con la que tenía muchos vínculos: Mediapro participó en 2001 en la fundación de Triacom y tuvo el 10% de las acciones de la empresa hasta 2015. Al mismo tiempo, Carbó no percibía ningún salario de su productora, sino que trabajaba para Mediapro, que le retribuía con unos 200.000 euros anuales, según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa.

Carbó también estaba citado este martes a declarar ante el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional y se ha acogido a su derecho a no declarar, al igual que un tercer imputado del caso, el exresponsable del servicio meteorológico catalán Oriol Puig, hermano del exconseller de Convergència Felip Puig.

La causa, pendiente de la remisión de varios informes, investiga también los trabajos que el Meteocat adjudicó a Triacom después de que dos extrabadores del servicio revelaran que al menos uno de ellos, relacionado con una aplicación, no se llegó a realizar. En conjunto, el Meteocat abonó 70.800 euros a Triacom hasta 2016.

Además de la pata de TV3 y la del Meteocat, las pesquisas versan sobre las facturas que Triacom pagó a empresas relacionadas con Parra y las que abonó a un grupo empresarial de Lleida sospechoso de ser una mera tapadera para emitir facturas falsas, de al menos 714.000, euros para la trama vinculada a CDC en la Diputación leridana.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha corregido su criterio inicial y ha admitido la personación de la Generalitat de Catalunya como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la presunta financiación ilegal de Convergencia Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.

En un auto, el juez acepta el recurso de la Generalitat y revoca su negativa inicial a permitir la personación del Govern en el caso por la presencia en el Ejecutivo catalán de Junts, partido heredero de Convergència. El juez considera ahora que la Generalitat sí podría considerarse perjudicada habida cuenta de que una de las patas de la investigación es el sobreprecio en las facturas que Triacom giraba a la empresa de medios públicos catalanes, entre ellos TV3, financiada en parte con dinero público.

Tal y como desveló elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.

En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%. El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.

En línea con la última posición expresada por la Fiscalía, el juez Pedraz admite la personación de la institución señalando que, en el caso de que se constituya como parte acusadora, la Generalitat debe ayudar a indagar si, en efecto, “Triacom vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción.”. Y en cuanto a la inclusión en el Gobierno de la Generalitat de miembros que heredan las actuaciones de los partidos políticos PDeCAT y CDC, apunta el juez, “lo cierto es que el compromiso de actuación unitaria, como órgano constitucional que es, de la Generalitat, debe ser atenido al ser preferente su constitución como parte a la de desconfianza de sus intenciones”.

La pieza Triacom es una de las líneas de investigación de la causa donde Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta”. Para ello, conforme al relato judicial, “alteraban todo tipo de concursos públicos con la finalidad de 'dirigir' los mismos hacia las empresas de los empresarios conniventes quienes, a su vez, realizaban 'donaciones' a fundaciones ligadas a CDC”.

El anterior titular de dicho juzgado, José de la Mata, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC aunque con una operativa distinta. Su “singularidad” radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas.

En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros. De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al ex presidente de la Diputación de Lleida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del ex presidente catalán Jordi Pujol.

Frenazo del juez al objetivo de Pere Aragonès de que el Govern acuse en el caso del 3%. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat de Catalunya como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.

El juez impide la personación del Govern por la presencia en el Ejecutivo catalán de Junts, partido heredero de Convergència. “En la Generalitat hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”, señala el magistrado citando el informe del fiscal anticorrucpión José Grinda, quien se había opuesto a la petición de Aragonès al considerarla “ficticia, de imagen y meramente provocada por una estrategia política”.

Además el instructor constata que, en su escrito, los servicios jurídicos jurídicos de la Generalitat no han acreditado “la condición de ofendida” ni han aportado datos para considerar que la administración autonómica resultó perjudicada por los contratos de Triacom. La Audiencia Nacional ya expulsó hace un año a la Generalitat de la causa principal del 3%, que versa sobre comisiones de constructores a cambio de obra pública, al no ver compatible que el Govern ejerciera la acusación contra distintos cargos que formaron parte de la institución, como el exconseller y exgerente de Convergència Germà Gordó.

En el caso de Triacom, además, Aragonès instó a ejercer la acusación, presentando al Govern como perjudicado mientras los responsables de los medios públicos catalanes negaban en sede parlamentaria cualquier anomalía en los contratos entre Triacom y TV3 investigados. El director de TV3, Vicent Sanchis, aseveró que los precios de los contratos fueron “normales, adecuados y ajustados al mercado”.

Tal y como desveló una investigación de elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.

En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%.

El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.

Rechazo del fiscal

El juez basa su providencia en buena medida en el escrito del fiscal José Grinda que se había opuesto a la personación del Govern. “El señor Aragonès forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDeCat), que tiene la condición de investigado”, esgrimió en un reciente escrito el fiscal.

Grinda hizo hincapié en que “tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat de Catalunya”. Para el fiscal, la petición de la Generalitat era “parca en la exposición de la legitimación como perjudicada, huérfana en la exposición de los elementos o parámetros de un perjuicio, e inexistente en cuanto a la aportación de información de por qué la Generalitat de Catalunya se persona, en definitiva, contra sí misma”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha instado a los servicios jurídicos del Govern a personarse como acusación particular en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la productora audiovisual Triacom.

La Audiencia Nacional ya expulsó hace un año a la Generalitat de la causa principal del 3%, que versa sobre comisiones de constructores a cambio de obra pública, al no ver compatible que el Govern ejerciera la acusación contra distintos cargos que formaron parte de la institución, como el exconseller y exgerente de Convergència Germà Gordó.

Ahora el Govern vuelve a intentar acusar en una causa ligada al 3% de Convergència por orden del president, el republicano Pere Aragonès. Junts, herederos políticos de CDC que comparten Govern por ERC, todavía no se ha pronunciado sobre la decisión del president, que podría abrir una nueva crisis en la coalición.

En una carta, adelantada por El Periódico, el president expone que ha tenido “conocimiento a través de distintos artículos” publicados en los medios de comunicación del caso Triacom y que, a su juicio, “la investigación comprendería hechos que afectarían a los intereses y la esfera jurídica” de la administración catalana.

Tal y como desveló una investigación de elDiario.es, la productora Triacom hinchaba más del 50% el precio de los programas que facturaba a TV3. Los investigadores del caso 3% mantienen que las cantidades que la televisión catalana pagaba de más servían luego para emitir facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con Convergència y sus dirigentes.

En concreto, los investigadores tienen el foco en la presunta financiación ilegal de CDC a través de la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio con Triacom llegó al 60%.

El esquema corrupto del 3% audiovisual sería el mismo que ya quedó probado por la Justicia en el caso Palau, en el que un empresario confesó que giró al Palau de la Música facturas falsas por valor 824.299 euros por servicios que en realidad se prestaron al partido en la campaña electoral de las generales de 2004.

La antigua mano derecha de Artur Mas, David Madí, será juzgado en Barcelona por fraude fiscal. La Audiencia de Barcelona ha anulado la decisión del juzgado penal de enviar la causa a la investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre la relación entre la productora Triacom y el 3% de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

El pasado mes de julio todo estaba listo en Barcelona para que Madí se sentara en el banquillo junto al el dueño de Triacom, Oriol Carbó, y otro empresario, Juan Manuel Parra, quien confesó su participación en la trama del 3% audiovisual que la Audiencia Nacional investiga si sirvió para pagar la campaña electoral de Artur Mas en 2010.

Lo que se iba a juzgar (y finalmente se juzgará) en Barcelona es exclusivamente si las empresas de Parra y Madí falsificaron facturas a Triacom para que la productora de Carbó defraudara el IVA y el impuesto de sociedades del año 2011. La Fiscalía pide dos años de cárcel para Madí, y antes de empezar el juicio planteó que esta causa por fraude fiscal debía sumarse al caso del 3% de la Audiencia Nacional al ser hechos relacionados. La jueza lo aceptó, pero las defensas recurrieron y ahora la Audiencia de Barcelona les da la razón.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso este diario, las magistradas de la sección 3ª de la Audiencia de Barcelona concluyen que no existe suficiente “conexidad” jurídica para unir el juicio por fraude fiscal y la investigación del 3% de CDC, si bien admiten una “evidente relación” entre ellas.

“No compartimos que sean los mismos hechos”, resuelve el auto, que aunque reconoce el “elemento común” de las presuntas facturas falsas en ambas causas, determina que deben juzgarse por separado la falsificación documental para defraudar a Hacienda y la que tendría como objetivo financiar de forma ilegal a Convergència. Todo ello pese a reconocer la posibilidad de que los casos terminen con sentencias “contradictorias”.

Es más, las magistradas resaltan que Madí no está formalmente imputado en la investigación de la Audiencia Nacional y que no se puede dilatar más su juicio en Barcelona ante la “evidente y clara dilación” que supone juzgar unas presuntas facturas falsas emitidas hace once años. “Debemos poner el norte en la agilización procesal”, apostillan las togadas.

Tal y como reveló elDiario.es, la investigación de la Audiencia Nacional ha desvelado que la productora Triacom pagó 420.000 euros a David Madí. Carbó costeó todos los gastos del despacho privado del exdirigente convergente, entre ellos mobiliario, teléfono, luz, cafés o bolígrafos. La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”.

Marc Puig Guàrdia, uno de los históricos referentes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) para publicidad y comunicación, utilizó supuestamente en 2012 y 2013 para sus gastos personales la cuenta de Emocional Base, SL, una sociedad en la órbita de Triacom, productora investigada en la Audiencia Nacional por su papel en la causa del 3% de financiación ilegal del partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

Los ingresos de Triacom dependían en más de un 80% de los contratos de TV3, de cuyo consejo de gobierno formaba parte Puig cuando contrató el programa estrella de la productora, 'El Gran Dictat', en 2009. A los dos meses de rubricarse el contrato, Puig se compró una vivienda en la Cerdanya a medias con el dueño de Triacom, Oriol Carbó, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil.

La causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz ha puesto de manifiesto que Triacom, una productora sin estructura ni apenas asalariados, ingresó 31,3 millones de la televisión pública catalana entre 2008 y 2016 por programas que facturó a un precio hinchado al menos en un 50%. Los informes policiales apuntan que con el excedente generado se pagaban facturas que en realidad encubrían trabajos para Convergència, como la campaña electoral de Artur Mas en 2010, relacionados con el 3% alrededor de la Diputación de Lleida o ingresos para sus dirigentes, como David Madí, histórica mano derecha de Mas y mentor de Puig.

La defensa de Madí asegura que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. elDiario.es se ha dirigido por escrito en dos ocasiones a The Branding Time, la consultora a la que actualmente está vinculado Puig, que no está imputado en la causa de la Audiencia Nacional, sin obtener respuesta.

Puig hizo siempre carrera en CDC de la mano de Madí, al que sustituyó como secretario general de Comunicación en el último Govern de Jordi Pujol en 2003, cuando tuvo que dejar el cargo por manipular encuestas en beneficio de Mas. En 2004, tras perder CDC la Generalitat, Puig fue nombrado, a propuesta de este partido, miembro del consejo de gobierno del ente de medios públicos, del que depende TV3, cargo que mantuvo hasta que en junio de 2011 se convirtió en director de Comunicación y Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona tras la victoria electoral de Convergència con Xavier Trias.

En 2007, el cambio de la ley de los medios públicos en Catalunya endureció el régimen de incompatibilidades para los miembros del consejo de gobierno del ente, precursor de la actual CCMA, para evitar conflicto de intereses en el sector audiovisual. Poco después, Puig se desprendió formalmente de las acciones de su empresa personal, Emocional Base, SL, que fueron adquiridas por un familiar de Oriol Carbó, administrador de Triacom. Según la investigación de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, a partir de entonces Emocional Base se integró en el entramado personal de Carbó al servicio del circuito del dinero generado alrededor de Triacom.

“[Emocional Base y otras empresas] comparten clientes y facturan prácticamente por los mismos servicios a Triacom, de forma que se fragmentan los gastos e ingresos”, sostiene el informe policial. Tras subrayar que los conceptos suelen estar relacionados con 'El Gran Dictat', los investigadores concluyen que el objetivo era “facturar servicios que no se habrían realizado o facturarlos por duplicado para favorecer el desvío de dinero a terceras empresas o personas”.

A pesar de haberse apartado formalmente de Emocional Base SL, Puig siguió teniendo supuestamente acceso a la caja de esta empresa, cuyos ingresos procedían sobre todo de Triacom, que a su vez se nutría básicamente de TV3. La empresa se utilizaba “para desviar fondos a Marc Puig, entre otros”, según subraya el informe policial de la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, cuya unidad Anticorrupción dirigía Toni Rodríguez, destituido recientemente por el Govern junto al major, Josep Lluís Trapero. Los investigadores recalcan que Puig “continuó recibiendo beneficios de la misma incluso años después de vender sus participaciones”.

En la causa abundan ejemplos concretos sobre el desvío de fondos desde Emocional Base a Puig, incluidos en un informe de la Agencia Tributaria. En enero de 2011, por ejemplo, consta un apunte de cobro de 1.821 euros de Marc Puig en la contabilidad de la empresa. Pero esto no es nada en comparación con un depósito constituido a su nombre por valor de 40.000 euros en julio de 2012, cuando Puig era ya el director de comunicación del Ayuntamiento de Barcelona.

Los pagos de Emocional Base a Puig no se limitaban al dinero en efectivo, sino que incluyó varias operaciones en especie, según el informe de la Agencia Tributaria asumido también por la investigación conjunta de Mossos d’Esquadra y Guardia Civil. Así, consta un cheque de Emocional Base en 2012 por valor de 25.000 euros por la compra de un vehículo TVR, modelo Chimaera, que según el informe de Hacienda acabó siendo registrado a nombre de Puig, y de reparaciones de este vehículo descapotable que ascendieron a 14.474 euros también pagadas por Emocional Base.

En 2012 constan asimismo facturas emitidas por Metropol Palamós a Emocional Base por un importe de de 9.649 euros “en concepto de reparación de una embarcación de titularidad de Marc Puig”. Se trata, según el informe, de la puesta a punto de una embarcación de 11,83 metros de eslora llamada Emocional Attacks Cranchi Atlantique y registrada en 2007 a nombre de Puig.

Este mismo año 2012 constan igualmente facturas a nombre de Emocional Base por compras en Pilma Disseny e Ikea de muebles (mesa, sillas, estanterías, sofá…) que fueron entregados, según se indica en los albaranes, al domicilio particular de Puig.  

Por todo ello, la policía judicial concluye que la mayoría de facturas de Emocional Base a Triacom “serían presuntamente falsas” al hacer referencia a “servicios generales y poco precisos” por conceptos ya prestados por Mediapro, a la que Triacom derivaba toda la producción de los encargos de TV3. Y concluye que Emocional Base y otras empresas de la trama de Carbó tenían “una operativa que pone de manifiesto el uso de sociedades pantalla o meramente instrumentales para el desvío de fondos de Triacom”.

Una portavoz del ente de medios públicos catalanes aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación a los contratos suscritos entre TV3 y Triacom, la productora del exgerente de la cadena investigada por el 3%. La citada portavoz afirmó que el ente desconoce si existían conexiones entre Puig y Triacom y subrayó que los contratos “eran propuestos por las direcciones de Televisió de Catalunya y por la dirección general de la Corporación, en distintas etapas según los años indicados”. Y añadió: “La dirección general presentaba contratos para ser informados o aprobados en conjunto en las sesiones de los consejos de administración y de gobierno. El detalle y la negociación de todos los contratos correspondía a las direcciones de los medios y a la dirección general, no a los consejos de administración o de gobierno”.

El primer contrato que Triacom suscribió con TV3 para 'El Gran Dictat', su programa estrella hasta 2016 y el que más ingresos reportó a la productora, se firmó el 28 de febrero de 2009. Dos meses exactos después, el 28 de abril de 2009, y según consta en la documentación aportada al sumario por la Agencia Tributaria, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, y Marc Puig, en aquel momento miembro de la comisión de gobierno del ente audiovisual público catalán, acudieron juntos ante un notario de Puigcerdà para la compraventa de una vivienda en Bor, en el término de Bellver de Cerdanya, comarca del Pirineo donde tienen su segunda residencia muchas familias pudientes de Barcelona.

Según la documentación aportada a la causa, la vivienda, de tres plantas y 189 metros cuadrados, se escrituró al 50% cada uno y a partir de un precio de venta de 294.500 euros, de los cuales se hipotecó el 79%. En mayo de 2013, según la misma documentación, Puig vendió su mitad a Carbó por 187.250 euros, de los que 90.756 correspondían al saldo hipotecario pendiente de amortización.

La vivienda pasó a constar en el activo de la mercantil Orieu SL, una de las sociedades de Carbó, en cuyo balance los investigadores constatan también “la existencia de una deuda de Puig desde antes del año 2009, que finalmente no se cobró y se contabilizó como una pérdida”. El informe policial no especifica la cuantía.

Según la documentación de la Agencia Tributaria aportada a la causa, en 2008 y 2009 Orieu SL había pagado facturas por valor de 58.000 euros por supuestos informes de consultoría sobre la misma vivienda de la Cerdanya a empresas vinculadas a las esposas de Oriol Pujol Ferrusola y de David Madí. Carbó declaró, según consta en el informe tributario, que había encargado dichos trabajos “porque estaba buscando inversiones en la Cerdanya” y que finalmente “decidió invertir en Bor”.

La productora Triacom, que se encuentra en el epicentro de una investigación en la Audiencia Nacional sobre el 3% y la financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), abonó 420.000 euros entre 2011 y 2013 a empresas vinculadas a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas. El administrador de esta productora, Oriol Carbó, asumió además, a través de una de sus sociedades particulares, todos los costes de abrir el despacho privado de Madí en el Passeig de Gràcia de Barcelona, así como los gastos corrientes durante seis meses. Pagó no solo los electrodomésticos, el teléfono y la luz sino también bolígrafos, lápices y hasta las cápsulas de café.

A principios de la década de 2010, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras externas de programas de TV3, como ‘El Gran Dictat’ y ‘Fish & Chips’, a pesar de no contar con infraestructura ni apenas asalariados. Entre 2008 y 2016, Triacom facturó 31,3 millones de euros a TV3, la televisión pública catalana, que aportó durante este periodo el 80% de su facturación total y en algún ejercicio, durante la presidencia de Mas, llegó incluso al 92%.

La investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, que ejercen de policía judicial en la causa que instruye el magistrado Santiago Pedraz, ha revelado que Triacom facturaba a TV3 con un sobreprecio superior al 50%, puesto que todos sus programas los hacía en realidad íntegramente Mediapro, que tenía el 10% de Triacom, a un precio sensiblemente inferior al que pagaba la televisión pública catalana. El excedente, según revela la investigación policial, se dedicaba sobre todo a pagar facturas falsas que encubrían otras actividades, como gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, pagos relacionados con la trama del 3% en Lleida o supuestamente también a dirigentes de CDC.

La defensa de Madí sostiene que todas las facturas que sus empresas emitieron a Triacom “responden a servicios realmente prestados y perfectamente acreditados”. Además, sus letrados han recurrido la decisión del juzgado de Barcelona que iba a juzgar el supuesto fraude fiscal cometido por Triacom, causa en la que está acusado Madí, de enviar el expediente a Madrid para que se una a la investigación sobre el 3% que instruye en la Audiencia Nacional el magistrado Santiago Pedraz, que pone el foco también sobre Triacom. El recurso está aún pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial. 

David Madí es el gran poder en la sombra del mundo convergente desde que a principios de la década de 2000 se convirtiera en la mano derecha de Artur Mas, entonces conseller en cap y finalmente presidente de la Generalitat entre diciembre de 2010 y enero de 2016. Tras dirigir la campaña electoral que Mas ganó en 2010 –financiada en parte por Triacom, según la investigación–, Madí abrió un despacho privado en el Passeig de Gràcia, pero mantuvo intacta su influencia sobre Mas y el mundo convergente: su despacho se convirtió en el punto neurálgico de acceso al Gobierno catalán y a las cuestiones que dependían de CDC. 

Una de sus personas de máxima confianza es Brauli Duart, al que Convergència aupó primero a la presidencia de la corporación de medios públicos (2012-2016) y luego a la secretaría general de Interior (2018-2020) en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como mayor y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que investiga a Triacom. Junto a Duart estuvo siempre también Andreu Martínez, primero como director estratégico de la corporación y luego como director de los Mossos.

La información aportada por la Agencia Tributaria a la causa Triacom revela que la actividad empresarial emprendida por Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat fue muy lucrativa: las consultoras que creó ingresaron 4,5 millones de euros solo entre 2011 y 2013, la mayoría de grandes empresas que aspiraban a adjudicaciones de la Generalitat, que tras la llegada de Mas al gobierno puso en marcha un ambicioso plan de privatizaciones. Varios de estos clientes son multinacionales del Ibex con sede en Madrid, como Telefónica e Indra, lo que no impidió que Madí se convirtiera en un puntal del llamado “Estado mayor independentista”, que tuteló el proceso que culminó en el referéndum de 2017.

La productora Triacom, a la que los investigadores atribuyen una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas, pagó entre 2011 y 2013 al menos 412.000 euros a tres de las consultoras vinculadas a Madí, según revela la causa de la Audiencia Nacional. 

Nubul Consulting, 97% propiedad de Madí y 3% de su esposa, Sandra Buenvaron, emitió facturas a Triacom por valor de 71.000 euros en 2011, 84.000 euros en 2012 y 54.000 en 2013. ICAT Desenvolupament, de la que Madí controlaba en torno al 70% de las acciones a través de las sociedades Comtria, Sloop y Batten, facturó 79.000 euros a Triacom en 2012. Finalmente, IKI Cat XXI, administrada por Madí y en un 50% en manos de ICAT Desenvolupament, se embolsó 124.000 euros procedentes de Triacom en 2011. Todo ello consta en el extenso informe de la Agencia Tributaria de la causa penal de Barcelona.

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil sostienen que las facturas emitidas por las sociedades de Madí a Triacom son siempre “por conceptos muy genéricos, hecho que genera dudas acerca de la veracidad de los servicios facturados”, y advierten de una mecánica general de “fragmentación de facturas” entre las tres empresas distintas sin justificación aparente.

Además, los informes policiales subrayan supuestas incoherencias técnicas: en el caso de IKI Cat XXI, se señala que la factura es por un presunto encargo anterior incluso a la fundación misma de la empresa, con lo que los investigadores concluyen: “Esta incoherencia temporal evidencia que esta factura únicamente sirvió para reducir los ingresos de Triacom a final de ejercicio, al tiempo que se desviaban fondos hacia IKI CAT”.

En los casos de Nubul, se indica que se factura siempre por “conceptos muy genéricos” y que Triacom solía pagar incluso “antes de la emisión de las facturas”.

Las dudas con respecto a ICAT Desenvolupament alcanzan no solo a las facturas sino también a la estructura societaria misma. Esta empresa estaba participada en un 25% por Comtria Inversions, de la que tenía un 25% Josep Lluís Vilaseca, exjefe jurídico de TV3 y después de Mediapro, multinacional que a su vez controlaba el 10% de Triacom. Otro 25% de ICAT Desenvolupament estaba bajo control de Ifluocat, sociedad conectada con el entramado de facturas falsas de la Diputación de Lleida relacionada con CDC.

“Se comprueba que en 2012 existe una correlación entre las facturas emitidas por ICAT Desenvolupament a Triacom (en las que el pago se efectuó incluso antes de la emisión de la factura) y otras emitidas por Triacom a Benito Arnó [de la trama de la Diputación de Lleida] posteriormente y prácticamente por los mismos importes”, sostiene el informe policial, que añade: “A través de este circuito, el dinero circulaba desde Benito Arnó a ICAT Desenvolupament, pasando por Triacom”. Benito Arnó es una importante constructora leridana.

ICAT Desenvolupament tenía su sede en el mismo local del Passeig de Gràcia que albergó toda la red de consultoras vinculadas a Madí tras dejar a Mas instalado en la presidencia de la Generalitat. El sumario del caso Triacom revela también que todos los gastos de reforma y equipación de dicho despacho, así como los gastos ordinarios durante los primeros seis meses, corrieron supuestamente a cargo del administrador de Triacom, Oriol Carbó, a través de su sociedad personal Orieu.

Los gastos pagados por Orieu para habilitar el despacho de ICAT Desenvolupament ascendieron a casi 9.000 euros e incluían electrodomésticos y mobiliario, como cafetera, microondas, nevera, colgadores, paragüero, tazas, ceniceros, papeleras y lámparas, pero también el gasto ordinario de teléfono (1.423,54 euros entre marzo y junio de 2011), de cápsulas de café (159,6 euros) y hasta el material de escritorio más elemental: 50 bolígrafos, 24 rotuladores, 12 lápices, 12 gomas, 12 post-its, una cinta adhesiva…

Preguntado por los investigadores sobre por qué abonó estos pagos para el despacho privado de Madí, Carbó se limitó a contestar que era su “amigo” y que en aquel momento “no debía tener la estructura necesaria y le ayudó”.

La defensa de Madí subraya en cambio que todos los gastos respondían en realidad a un “contrato de préstamo” y que todos acabaron siendo reintegrados, de acuerdo con dicho contrato. Carbó no mencionó la existencia de este contrato en su declaración, pero los letrados de Madí afirman haber aportado a la causa toda la documentación que acredita su existencia, así como su cumplimiento y reintegro. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

En años anteriores, las empresas personales del administrador de Triacom y exgerente de TV3 ya habían tenido como proveedora a la esposa de Madí, Sandra Buenvaron. En 2008 Orieu e Inversiones OCS le pagaron facturas por valor de 56.000 euros, mientras que en 2009 le abonaron otros 50.000 euros.

La productora Triacom, investigada por el caso del 3% de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), vendía sus programas a TV3 muy por encima de los costes de producción, según se desprende de la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. El sobreprecio superaba el 50%, según la documentación aportada en la causa.

Los investigadores sospechan que el sobreprecio era una manera de pagar facturas falsas que encubrían gastos relacionados con CDC, incluida la campaña electoral de Artur Mas en 2010. Las pesquisas empiezan por los primeros contratos del año 2009 y se extienden a lo largo de la presidencia de Mas, quien situó al frente de la empresa de medios públicos a Brauli Duart. En ese periodo el sobreprecio llegó al 60%.

Triacom fue en la década pasada una de las principales proveedoras de TV3, con programas como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', entre otros. Entre 2008 y 2016 la televisión pública catalana pagó 31,3 millones de euros por sus programas a Triacom, que dependía mucho de la cadena pública: el 80% de todos sus ingresos procedían de TV3, porcentaje que se elevó hasta el 90% con Mas en la presidencia de la Generalitat. La investigación atribuye a Triacom una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta CDC, el partido de Jordi Pujol y Artur Mas.

La investigación policial ha puesto de manifiesto que Triacom no contaba ni con infraestructura ni con personal para realizar sus programas y que derivaba automáticamente todas las fases de producción de los espacios a la multinacional Mediapro, con la que tenía muchos vínculos: Mediapro participó en 2001 en la fundación de Triacom y tuvo el 10% de las acciones de la empresa hasta 2015. Al mismo tiempo, el administrador y dueño de Triacom, Oriol Carbó, no percibía ningún salario de su productora, sino que trabajaba para Mediapro, que le retribuía con unos 200.000 euros anuales, según el informe de la Agencia Tributaria aportado a la causa. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

Los informes conjuntos de la Guardia Civil y la unidad Anticorrupción de los Mossos d’Esquadra –esta última dirigida por Toni Rodríguez, recientemente destituido por el Govern– incluyen el contrato tipo que Triacom suscribía con su accionista Mediapro al conseguir una adjudicación de TV3. El primero lo firmaron el 29 de junio de 2009 Oriol Carbó, administrador de Triacom y asalariado de Mediapro, y Jaume Roures, en representación de Mediapro, a raíz del primer encargo para producir 'El Gran Dictat'. La misma fórmula se repitió con 'Fish & Chips', y antes con otros proyectos analizados en la investigación. 

El contrato establecía que Triacom, carente de toda infraestructura, cedía a Mediapro “todos los servicios de producción audiovisual de los programas en todas sus fases” y recalcaba que la multinacional “asumirá todos y cada uno de los costes y retribuciones de los elementos materiales y humanos necesarios para su producción, incluidos los honorarios y derechos de remuneración del director, autor del argumento audiovisual, autor de diálogos audiovisuales, músicas incorporadas, intérpretes o ejecutantes de los programas”.

Y añadía: “Mediapro se hará cargo de los costes y derechos exigibles relativos a los técnicos en general, directores de fotografía, locutores, dobladores, narradores”. Y más: “Irán a cargo de Mediapro todos y cada uno de los servicios y prestaciones necesarios para la producción de los programas, aportando Mediapro su trabajo o industria y los materiales y personas necesarios para obtener la versión definitiva de los capítulos”. Mediapro ha declinado hacer declaraciones.

Se trata, pues, de una cesión absoluta de todas y cada una de las fases de producción de los programas que Triacom colocaba en TV3. Las facturas de Mediapro a Triacom cubrían el coste de los programas enteros y hasta el beneficio industrial correspondiente, suficientemente atractivo para que la multinacional asumiera el encargo. Sin embargo, las facturas que Triacom pasó a TV3 por dichos programas estaban, según la investigación, hinchadas con respecto al precio de mercado, más próximo a lo que cobraba Mediapro para hacerlo todo.

El análisis de los primeros contratos de 'El Gran Dictat' aportados a la causa son muy elocuentes. Entre el 29 de junio de 2009 y el 1 de diciembre de 2010, Mediapro firmó un contrato y cuatro adendas con Triacom para producir íntegramente, en las condiciones citadas anteriormente, un total de 193 programas de 'El Gran Dictat' por 2,2 millones de euros. En paralelo, Triacom firmó contratos con TV3 por los mismos 193 programas y en cambio facturó por ellos 3,52 millones de euros, el 60% más, sin aportar nada, puesto que Mediapro se encargaba de absolutamente todo. En alguna ocasión los contratos entre Triacom y Mediapro se llegaron a firmar antes incluso que los de Triacom y TV3.

Esta dinámica se repetía en otros programas que Triacom emitía en TV3, como 'Fish & Chips', también en paralelo a los acuerdos entre Triacom y su accionista Mediapro. En todos los atestados no consta que Triacom llegara a producir directamente nunca nada: en los contratos analizados acababa derivando los encargos hacia Mediapro.

Una portavoz de TV3 ha manifestado a elDiario.es: “La CCMA [ente público audiovisual de Catalunya] contrataba la producción de un programa y la empresa lo servía, de acuerdo con el contrato establecido. No es extraordinario que las productoras deriven más o menos aspectos de la producción a otras empresas, especialmente en el ámbito técnico y de infraestructuras. No se ha constatado ninguna anomalía”.

En el caso de Triacom, se cedía a Mediapro, según los contratos aportados a la causa, absolutamente todo. Y según se desprende de la investigación, el sobreprecio que pagaba TV3 con respecto a los costes reales (con beneficio industrial incluido) acabó presuntamente incluso excediendo este 60% inicial durante la presidencia de Mas, que situó al frente de la CCMA a Brauli Duart y a su director de estrategia, Andreu Martínez, ambos de la máxima confianza del histórico número dos del expresident David Madí.

Duart fue luego secretario general de la conselleria de Interior y Martínez, director de los Mossos en el periodo en que se promovió como comisario jefe a Eduard Sallent, quien ahora acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.

Sobreprecios para abonar facturas falsas

El informe policial de la causa Triacom recalca que entre 2010 y 2016 la CCMA pagó 27,32 millones de euros por programas que acababa realizando íntegramente Mediapro y por los que la multinacional cobró de Triacom, en el mismo periodo, 14,7 millones de euros, con lo que el sobreprecio global pagado por la cadena pública catalana entre 2010 y 2016 ascendería hasta el 90%.

Estas cantidades que TV3 pagaba de más servían supuestamente a Triacom para abonar luego facturas falsas emitidas por empresas relacionadas con CDC o con dirigentes de este partido. Los informes policiales, que sitúan a la productora “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro”, se centran específicamente en seguir el rastro del dinero en dos direcciones: las facturas que Triacom pagó a empresas relacionadas con el empresario Juan Manuel Parra y las que abonó a un grupo empresarial de Lleida sospechoso de ser una mera tapadera para emitir facturas falsas.

En ambos casos, las facturas citaban como concepto gastos relacionados con producciones de Triacom en TV3, como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', pero los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil acreditan que en el caso de Parra se trataba de 885.000 euros de gastos electorales de la campaña de Mas en 2010, mientras que en el grupo de Lleida constan al menos 714.000 euros para la trama vinculada a CDC en la Diputación.

TV3 pagó un total de 31,3 millones de euros entre 2008 y 2016 a Triacom, una productora, que, según la investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil en la causa del 3% instruida en la Audiencia Nacional, ha tenido una “importancia capital” en la “trama de facturas falsas” creada para la financiación ilegal de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido de Jordi Pujol y Artur Mas. 

La investigación sostiene que la productora, cuyos ingresos procedieron en esos años en un 80% de la televisión pública catalana, se situó “en el centro del entramado societario ideado para defraudar a la Hacienda pública y obtener dinero negro” con el fin de abonar facturas falsas que encubrían otros conceptos, como gastos electorales o pagos a dirigentes del partido.

En la causa del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el magistrado Santiago Pedraz, pueden acabar confluyendo tres investigaciones distintas que tienen como elemento común la participación de Triacom, productora que en los primeros años de la década de 2010 se convirtió en una de las principales proveedoras externas de TV3, con programas como 'El Gran Dictat' y 'Fish & Chips', entre otros: la pata del 3% relacionada con la Diputación de Lleida; la actividad misma de Triacom y su papel en el pago de actos de campaña de CDC y a algunos de sus dirigentes; y el impacto fiscal de los supuestos pagos ilícitos en la contabilidad de Triacom al reducir los beneficios y, por tanto, la tributación a Hacienda.

Esta última pata, que afecta a David Madí, histórico colaborador de Artur Mas, tenía ya señalada fecha de juicio, pero el juzgado aceptó la petición de Anticorrupción para unificar las tres causas en Madrid. Esta decisión está recurrida en la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado. Mientras tanto, el juez Pedraz ha decretado las primeras diligencias tras heredar una de las líneas de investigación del juez José de la Mata. Las diligencias incluyen la petición a TV3 de que le remita todos los contratos suscritos con Triacom hasta 2016, así como los acuerdos adoptados por el consejo de administración del ente público relacionados con dicha productora, entre muchas otras peticiones.

Una portavoz de TV3 aseguró a elDiario.es que “no se ha constatado ninguna anomalía” en relación con los contratos suscritos con Triacom, que enmarca en el procedimiento habitual de la cadena con respecto a productoras externas. La defensa de Carbó no ha respondido a la petición de este diario para recabar su versión, que le fue trasladada el miércoles de la semana pasada.

Triacom es una productora fundada en 2001 por dos sociedades vinculadas al exgerente de TV3 Oriol Carbó –muy bien conectado históricamente con dirigentes clave de CDC, como Madí– y una filial de la multinacional Mediapro, que tuvo el 10% de la sociedad desde su fundación hasta 2015. A pesar de que no contaba con infraestructura propia ni apenas asalariados –el propio Carbó era alto ejecutivo de Mediapro–, Triacom se convirtió en una de las principales proveedoras de TV3, sobre todo tras la contratación del concurso 'El Gran Dictat', en 2009, todavía en la época del tripartito.

Fuentes del consejo de administración del ente público de la época explican que la propuesta de contratar a Triacom para 'El Gran Dictat' partió de la dirección de TV3, que en 2009 pagó un total de 1,6 millones de euros a la productora. A partir de ahí, la presencia de Triacom en TV3 se hizo cada vez más intensa, llegándose al cénit en 2015, año que la televisión pública catalana le abonó 4,9 millones de euros en un solo ejercicio. 

En 2015 presidía la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), el ente de los medios audiovisuales públicos en Catalunya, Brauli Duart, persona de la máxima confianza de Madí, investigado ahora en la causa de Triacom. Con posterioridad, entre 2018 y 2020, Duart fue secretario general de Interior en el periodo en que se promovió como comisario jefe de los Mossos a Eduard Sallent, quien acaba de regresar a la cúpula del cuerpo tras la destitución de Josep Lluís Trapero como major y de Toni Rodríguez como responsable de Anticorrupción, precisamente la unidad que ha trabajado junto a la Guardia Civil como policía judicial en la investigación de Triacom.

El sumario de Triacom en la Audiencia Nacional pone de manifiesto la extrema dependencia de la productora de las contrataciones de TV3 hasta el punto de que la cadena pública aportó el 80% de todos sus ingresos entre 2008 y 2016, año a partir del cual su facturación empezó a declinar coincidiendo con la salida de Mas de la Generalitat. La empresa sigue formalmente activa, aunque sin actividad: acaba de presentar al Registro Mercantil las cuentas de 2020, cerradas sin ningún ingreso y con unas pérdidas declaradas de 217.000 euros.

La dependencia de TV3 para Triacom se hizo casi total en los años en que Mas fue presidente de la Generalitat: en los ejercicios de 2011 a 2015, los ingresos de Triacom procedentes de la televisión pública llegaron a suponer el 85% de su facturación total. Y en el ejercicio citado de 2015, el último de Mas en la presidencia, representó nada menos que el 92%: 4,9 millones de un total de 5,3 millones.

Parte del dinero que TV3 pagaba a Triacom se redirigía luego hacia el entramado de financiación irregular de Convergència, según los informes policiales aportados a la causa. Los investigadores siguen el rastro del dinero en dos líneas muy concretas: el presunto pago de gastos de la campaña electoral de Convergència en 2010, que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, y la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida.

En ambos casos, el mecanismo era el mismo: Triacom pagaba facturas que supuestamente respondían a trabajos para sus programas en TV3 ('El Gran Dictat' y 'Fish & Chips'), pero que en realidad encubrían otras operaciones vinculadas a Convergència o a sus dirigentes.

Con respecto a la campaña electoral que llevó a Mas a la presidencia de la Generalitat, la investigación de los Mossos y la Guardia Civil subraya los supuestos pagos de Triacom a distintas empresas de la constelación alrededor de Juan Manuel Parra, quien ya ha confesado su participación en el circuito de pagos irregulares en la campaña de CiU en 2010. El empresario ha declarado que el entonces gerente del partido, Germà Gordó, le instruyó para que facturara a Triacom gastos que en realidad eran de la campaña electoral de Mas. Un esquema similar al que Parra ya admitió en el juicio del caso Palau, cuando reconoció que giró al auditorio 13 facturas falsas por valor de 824.299 euros por servicios que en verdad había prestado para la campaña de Convergència de las generales de 2004.

El informe policial sostiene que Estereo Rent, vinculada a Parra, “hizo 47 intervenciones para la campaña de CiU [en 2010], principalmente en la instalación en régimen de alquiler de escenario y material audiovisual por valor de 1,394 millones de euros”. Sin embargo, tras las declaraciones de Parra y el análisis documental concluye que el grueso de los pagos no lo hizo CiU, sino Triacom, productora que entre 2011 y 2012 abonó facturas a tres empresas distintas vinculadas a Parra (Hispart, Estereo Rent y Audiovisual Exit) por un valor conjunto de 885.000 euros.

Tras analizar dichas facturas, los investigadores coinciden que “no responderían a una prestación real de servicios entre dichas sociedades y sí son coherentes con el posible pago de una deuda de 750.000 euros netos que habría pagado la sociedad Triacom”, de forma que la productora “se habría hecho cargo del pago de determinados gastos de la campaña electoral de CiU”.

En los conceptos de las facturas de las empresas de Parra a Triacom se ponía habitualmente como concepto 'El Gran Dictat' y 'Fish and Chips', a pesar de que nunca participaron en la elaboración de estos programas. Eso sí: los pagos a estas facturas que en realidad corresponderían a trabajos para CiU solían materializarse poco después de que TV3 realizara ingresos a Triacom por los programas que emitía en la cadena.

“Se puede concluir que los fondos empleados para el pago por parte de Triacom de facturas por importe de 412.292 euros a Hispart tienen su origen en los pagos realizados por TV3 a Triacom”, subraya el informe policial tras analizar los movimientos de una cuenta particular de Triacom en Caixa Penedès. Los investigadores dejan la puerta abierta a que más adelante esta conclusión “pueda verse complementada como consecuencia de ulteriores análisis más profundos”.

Lo mismo sucedería con la trama del 3% alrededor de la Diputación de Lleida. Las facturas emitidas con conceptos relacionados con los programas 'El Gran Dictat' o 'Fish & Chips' eran en realidad parte de “un sistema de facturación falsa, concebido para la obtención de dinero en efectivo, con el que satisfacer comisiones ilegales a altos cargos de la Diputación de Lleida como contraprestación al favorecimiento de ciertas sociedades en la adjudicación de obra pública”. Entre 2011 y 2013, Triacom presuntamente pagó un total de 714.000 euros a tres empresas de este entramado de la red de Lleida: Terminación Edificios y Casas, Interiorismo y Reformas Profesionales y Enginyeria Inalba.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del 3% ha requerido documentación a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, la empresa pública a la que pertenece TV3, al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat en la investigación sobre supuestos pagos de gastos de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a cargo de la productora Triacom.

La Audiencia Nacional, que ya procesó a los extesoreros del partido y al exconseller Germà Gordó en la pieza principal del caso del 3%, mantiene abierta una investigación por los indicios de que Triacom realizó facturas falsas a TV3 para hacer pagos al partido. El empresario Joan Manuel Parra acusó a CDC de emplear un sistema de facturaciones falsas con la productora para financiar actos de la campaña electoral de 2010.

En un operativo conjunto de la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra se han personado este martes en TV3 e instituciones como el consistorio de la capital catalana y la conselleria de Presidencia de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas o el Instituto Catalán de Empresas Culturales, además de a varias sociedades privadas como Mediapro, para recabar la documentación requerida por el magistrado Santiago Pedraz.

El juez quiere conocer “todos los contratos” suscritos entre la Corporación Catalana de Medios y la productora Triacom entre 2008 y 2016, además de documentación sobre las normas internas de contratación del ente público o los cargos que desempeñó Josep Oriol Carbó, exgerente de TV3 imputado en la causa.

Requiere también el magistrado al departamento de Presidencia de la Generalitat documentación “relacionada con el control y fiscalización” de dos subvenciones de 2013 y 2014 por 60.000 y 65.000 euros, respectivamente; y a la Dirección de Comunicación del Ayuntamiento de Barcelona para que entregue expedientes de contratación de campañas publicitarias suscritos con Triacom en la época de Xavier Trias, y otros documentos como contratos, facturas y justificantes de pago.

En la trama presuntamente habría entrado en juego Triacom, pues, según la investigación, tanto la productora como Oriol Carbó, en lugar de hacer donaciones, habrían realizado pagos a Joan Manuel Parra, administrador de Hispart, “sustentados en facturación falsa, en compensación de la deuda” que CDC había contraído con dicha empresa, especializada en producción audiovisual, por la organización y producción de la campaña electoral de CDC de 2010.

“La cantidad total abonada en beneficio de CDC ascendió aproximadamente a 750.000 euros”, indica el auto del juez, que describe el “patrón de actuación” detectado: además de pagar gastos a CDC relativos a dicha campaña, también habría abonado otros gastos particulares de “personas ligadas directa o indirectamente” con la formación, entre las que cita a la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente catalán; o del empresario David Madí, involucrado también en la trama.

En base a todo ello ha ordenado todos estos requerimientos, entre los que también se encuentra una serie de documentación a Triacom, cuya sede ya fue registrada en 2020, como diversos contratos, facturas, su libro diario, presupuestos, informes o memorias en relación a diferentes proyectos.

Pedraz pide facturación, albaranes o cualquier otra documentación que la productora haya emitido o recibido entre 2009 y 2016 en relación a diferentes sociedades, así como su libro diario. De Mediapro quiere documentos relativos a dos programas producidos por Triacom, “El Gran Dictat” y “Fish & Chips”, entre 2009 y 2015.

La Audiencia Nacional ha confirmado la existencia de indicios suficientes para juzgar al exconseller y exgerente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germá Gordó; a otros excargos de la formación empresarios; y al propio partido y su sucesor, el PDeCAT, como personas jurídicas, por el caso del 3% relativo al presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya.

La sección cuarta de lo Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión al rechazar el recurso que Gordó, el PDeCAT y CDC interpusieron contra el auto en el que el juez José de la Mata propuso juzgarles por “la estructura puesta en marcha para financiar a dicho partido político (CDC y luego PdeCat) ilegalmente y en forma encubierta”. Junto a Gordó fueron procesados los extesoreros de CDC Daniel Osàcar –ya condenado por el caso Palau– y Andreu Viloca y el exresponsable jurídico de la formación Francesc Sánchez, así como a otras 28 personas físicas y 16 jurídicas.

Los magistrados han resuelto ya cerca de una treintena de recursos presentados contra el auto por De la Mata que les enviaba a juicio por delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La Sala tiene pendiente de resolver otros siete recursos.

En sus autos, los jueces argumentan que existen indicios de la participación delictiva de las personas investigadas y que su definitiva responsabilidad en los hechos se dirimirá en el juicio, informa EFE. Recuerdan que en esta causa se investiga la posible existencia de una red estructurada de personas, integrada por altos cargos de CDC que entre 2008 y 2015 llevaron un control y seguimiento de licitaciones de obras y servicios públicos anunciados por distintas administraciones públicas controladas por el partido.

Esos altos cargos, apunta la Sala, “supuestamente se concertaron, por un lado, con cargos públicos y funcionarios de dichas administraciones públicas, y , por otro lado, con determinados empresarios que concurrían a la licitación de aquellas obras y servicios”.

Previo el ejercicio de influencia “a tales empresarios se adjudicaban las obras y servicios, muchas veces mediante la alteración del procedimiento administrativo, a cambio de regalos o de abonar supuestas comisiones (denominadas donaciones) a las fundaciones dependientes de CDC (llamadas Fundació Catalanista i Demàcrata –Catdem– y Fundació Forum Barcelona) cuyos importes revertían en CDC y servían para financiar sus actividades”.

El exgerente Germà Gordó planteaba en su recurso la incompetencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos, la falta de solidez de los indicios contra él y la, a su juicio, arbitraria selección realizada por el instructor en la investigación, ya que, de las 31 licitaciones analizadas, focalizó cuatro en las que habría participado el recurrente.

La Sala considera que las conclusiones del auto no parecen arbitrarias sino razonables y añade que el hecho de acotar a cuatro las licitaciones, más que arbitrariedad “parece una labor de depuración incriminatoria” . En otro auto, la Sala rechaza el recurso del partido PDeCAT al considerar que existe constancia de su posible participación en las actuaciones delictivas investigadas, a pesar de su fundación con posterioridad a los hechos enjuiciados.

Esta discordancia temporal no es tal, indica el auto, si se tiene en cuenta la tesis de la supuesta disolución del partido CDC y la coetánea creación del Partit Demócrata Europeu Catalá (PdeCat) que guarda una identidad sustancial con el partido extinto, “que sin embargo subsiste a los efectos de cobro de subvenciones pendientes de recibir”·

La Sala argumenta que existen sólidos indicios sobre la creación del nuevo partido para desvincular a CDC de las responsabilidades criminales que pesaban sobre ella, “derivadas del cobro, a través de sus fundaciones Catdem y Forum Barcelona, de numerosas donaciones abonadas por empresas y empresarios que habían recibido alguna adjudicación de obras de alguna de las administraciones públicas gobernadas por CDC, o bien tenían serias expectativas de lograrlo”.

Respecto al recurso de CDC, el Tribunal explica que no se trata de contadas reuniones y de unas cuentas donaciones, como sostiene la formación política, sino de “una operación subjetiva triangular, puesta en práctica en numerosas ocasiones, con idéntico motivo por razón de adjudicaciones a distintas empresas, procediendo en todos los casos de igual manera, respondiendo al mismo patrón de comportamiento”.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergènia Democràtica de Catalunya (CDC) Germà Gordó ha desvinculado al expresident Artur Mas de la operativa de blanqueo de capitales provenientes de comisiones ilegales en la que les implicó el extesorero de la formación Daniel Osàcar. La declaración de Gordó ha sido la antítesis de la de Osàcar: cada uno ha responsabilizado al otro de la presunta trama para lavar el dinero del 3%.

Gordó, que está pendiente de juicio por las comisiones ilegales del 3%, ha comparecido este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata como imputado en la pieza separada del caso que investiga si el partido blanqueó las comisiones ilegales que le pagaron empresarios mediante ingresos en efectivo de sus dirigentes.

El exconseller de Justicia y exgerente de Convergència fue imputado a raíz de la declaración del extesorero de la formación Daniel Osàcar. Tras años de silencio sobre la corrupción del partido, Osàcar ha empezado a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción en el caso del 3% a cambio de que el Ministerio Público no recurriera el tercer grado que obtuvo tras ser condenado por el caso Palau. El pasado 20 de octubre, Osàcar explicó que él se limitó a ejecutar el sistema de blanqueo ideado por Gordó, y también dijo que Artur Mas lo sabía porque despachaba “a diario” con su gerente, si bien no conectó las donaciones con las comisiones ilegales de los empresarios.

Gordó ha replicado este viernes la versión de Osàcar y ha negado conocer sistema alguno de donaciones, según fuentes presentes en la declaración. Ha alegado que como gerente le correspondía la gestión de los gastos y no de los ingresos del partido, que según su versión dependían de Osàcar, y por ello era el extesorero, a criterio de Gordó, quien debía conocer las donaciones.

Osàcar había dibujado un esquema en el que él recibía las donaciones por orden de Gordó, y luego éste lo comentaba con Mas. Gordó ha explicado una versión opuesta. Rebatiendo una vez más lo declarado por Osàcar, Gordó ha asegurado que en la época de los hechos él departía como máximo una vez a la semana con Mas y no cada día como dijo el extesorero, y en sus conversaciones con su jefe hablaban de política, no de la gestión del partido. Mas, según Gordó, no seguía el día a día de la economía del partido y la dejaba en sus manos y en las de Osàcar porque estaba muy ocupado como jefe de la oposición.

Gordó, según las mismas fuentes, se ha mostrado comprensivo con la tesis de Osàcar debido a la entrada en prisión del extesorero por el caso Palau, pero ha defendido que es una versión de los hechos que no se corresponde con la realidad porque él nunca ha hecho nada ilegal.

Según el juez, Gordó identificó cada año (al menos 2008 y 2010), una lista de potenciales “donantes” de entre miembros y simpatizantes de CDC, y encomendó a Osàcar que les llamara personalmente, proponiéndoles que efectuaran una donación de 3.000 euros a CDC mediante un cheque bancario a cambio de recibir la misma cantidad en dinero en efectivo “de procedencia ilícita” que les entregaría en mano el propio Osàcar.

Para llevar a cabo la maniobra se facilitó a Osàcar una cantidad en efectivo equivalente aproximadamente a tres mil euros por cada una de las personas incluidas en la lista –los once exconseller y altos cargos que también están imputados en la misma pieza. Una vez recibida esta cantidad, Osàcar procedió “conforme a lo ordenado por Gordó”, destaca el juez, a las personas incluidas en la lista, recibió los cheques de los que aceptaron participar en la operativa, y les entregó a cambio, a cada una, 3.000 euros en efectivo.

Dos extesoreros, dos estrategias distintas. El exresponsable de finanzas de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Andreu Viloca no ha secundado a su antecesor, Daniel Osàcar, y ha evitado tirar de la manta sobre el blanqueo de comisiones de empresarios a obra pública mediante donaciones que habría realizado el partido. Según fuentes presentes en la declaración, Viloca ha asegurado que no le consta “nada” sobre el presunto blanqueo y que en cualquier caso no se produjo en su etapa como tesorero, entre 2011 y 2016.

Viloca ha declarado durante una hora este lunes como imputado ante el titular del juzgado de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga el blanqueo de capitales del partido y antes del verano ya procesó al extesorero y a Osàcar por la pieza principal del caso del 3%, que juzgará las comisiones de empresarios al partido a cambio de obra pública.

En la pieza separada sobre blanqueo del caso del 3%, el juez investiga si los exresponsables y expolíticos de CDC afloraron dinero procedente de las comisiones ilegales mediante un sistema de 'pitufeo', es decir, donaciones en efectivo con apariencia altruista que los políticos hacían para cuadrar las cuentas pero que en realidad servían para blanquear las mordidas de empresarios a cambio de obra pública.

En el marco de sus negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción, el antecesor de Viloca, Daniel Osàcar, ha tirado de la manta y ha admitido que existió un sistema de blanqueo de capitales en las finanzas del partido, si bien no lo ha llegado a vincular con las comisiones de empresarios, tal y como sospechan el juez y el fiscal.

Osàcar, que pasó dos meses en la cárcel por el caso Palau y evitó que la Fiscalía recurriera su tercer grado encendiendo el ventilador en el caso del 3%, señaló además como responsable del lavado de dinero al exgerente y exconseller Germà Gordó, que declarará el viernes, y dijo que Artur Mas tenía que conocer el sistema de blanqueo, algo que el expresident negó.

Viloca ha sido la otra cara de la moneda de Osàcar: el extesorero ha negado siquiera conocer el sistema de blanqueo, habida cuenta de que, según los propios investigadores, se produjo entre 2008 y 2010, fechas en las que las finanzas del partido estaban en manos de Osàcar, ha recordado Viloca. “Desconocía lo que pasaba antes de 2011”, ha expresado Viloca, según las mismas fuentes. Ha sido la primera vez en toda la causa que Viloca no se ha acogido a su derecho a no declarar.

Pese a que la declaración de Viloca no ha puesto mucha luz sobre el presunto sistema de blanqueo, a la espera de lo que pueda decir Gordó –está citado para el viernes aunque su defensa ha pedido cambiar la fecha– el extesorero sí ha desmentido uno de las tesis principales de Artur Mas sobre el caso, esta es, que la parte económica y política del partido no tenían nada que ver –una forma de los exdirigentes de Convergència de responsabilizar a los tesoreros de la corrupción del partido.

Así, Viloca ha explicado que en Convergència había una relación “muy jerárquica” entre la tesorería, la gerencia y la dirección política, y que en su etapa despachaba muy a menudo con el entonces secretario general adjunto, Oriol Pujol Ferrusola, y el gerente Carlos del Pozo (también procesado en la pieza principal del 3% y que sucedió a Gordó después de que lo nombraran secretario del Govern de Mas en 2010).