Las borrascas Joseph y Kristin, con abundante lluvia y nieve además del viento, ha tenido consecuencias en la cuenca del Tajo, generando un episodio de avenidas y aportando más de 740 hm³ a los embalses de la cuenca, incrementando el agua embalsada en un 11%.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha dado hoy a conocer que la compañía Iberdrola, titular de la presa de Azután en Toledo, ha comunicado el inicio de un desembalse al encontrarse en aviso naranja. En la mañana de este viernes el caudal de salida de agua es de 520 m3 por segundo.

Los niveles inusuales (avisos naranjas) advierten sobre una situación hidrológica potencialmente peligrosa y “con peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del agua y en las márgenes del cauce, con posibles inundaciones en zonas limítrofes a los cauces”, según advierte la confederación.

El martes se laminó una avenida en la presa de Rosarito

Además, explica que el martes 27 de enero el organismo de cuenca “laminó una avenida con un caudal de entrada al embalse de 400m³ por segundo (m³ /s) y un caudal de salida de 118m³/s, casi cuatro veces inferior” en la también toledana presa de Rosarito.

De hecho, la confederación ha frenado las avenidas a través de desembalses - como los que se han realizado también en otra presa toledana, en Navalcán- que han sido “inferiores a los caudales de entrado y ha mantenido los resguardos de los embalses para garantizar la seguridad de sus presas durante los meses de lluvia”.

El organismo estatal que regula la cuenca del Tajo se mantiene “pendiente” de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de los posibles aumentos de caudales. El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activado el METEOCAM en toda la comunidad autónoma.

“Se recomienda seguir atentamente los avisos de la AEMET, las comunicaciones de las autoridades competentes en protección civil, los avisos hidrológicos emitidos en la web SAIH Tajo y extremar precauciones en las zonas cercanas a los cauces”.

Preocupación por las crecidas

Ante esta situación, la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño, ha expresado en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha su preocupación por el aumento de volumen de embalses y ríos en la provincia: “Los ríos de la provincia presentan caudales superiores a la media del invierno”.

La delegada afirma que la ciudad de Toledo está cerca de alcanzar el umbral amarillo y pide especial cuidado en la zona de La Peraleda: “Es donde más nos preocupa la situación”. En Talavera de la Reina, el río Tajo ya deja inundaciones en la zona del puente romano y en la zona del recinto ferial, mientras que el río Alberche también baja con “mucha fuerza” en localidades como Escalona y Hormigos.

Por ello, Castaño pide a la población “precaución extrema” y que “no se confíe” porque haya parado de llover, ya que podrían producirse crecidas a consecuencia de los desembalses, e insta a no acceder a las zonas cercanas a los ríos en las próximas 24 horas.

En octubre de 2024, el Gobierno central aprobó la conocida como ‘Orden de Contadores’ mediante la cual se regula la modernización del control de volúmenes de agua captados y vertidos en España, imponiendo la medición electrónica para grandes usuarios y nuevos plazos para llevarlo a cabo.

Esta normativa establece que los grandes aprovechamientos, los de más de 500.000 metros cúbicos (500.000.000 litros), debían tener instalados los equipos de medición y estar enviando la información actualizada de los consumos desde el pasado 1 de noviembre.

Ahora, Ecologistas en Acción de la comarca de la Manchuela denuncia su incumplimiento en esta zona y por eso ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este organismo contestó el pasado mes de diciembre reconociendo que no se están cumpliendo actualmente los plazos determinados por la nueva orden, y tampoco da una fecha estimada.

En su respuesta, informa de que se está trabajando en el sistema informático para la  recepción de los datos de los aprovechamientos, y en la comunicación e inspección con los usuarios del agua. Según sus palabras se encuentran en “un proceso activo de implantación de la orden”.

Pero los ecologistas recuerdan que en la Disposición Transitoria Primera de la orden se establece un plazo claro de aplicación para las distintas categorías de aprovechamiento: en los de más de 500.000 metros cúbicos se deben instar los equipos y “comenzar a enviar la información adicional exigida a los organismos de cuenca antes de un año desde la entrada en vigor de esta orden”.

Es “urgente” debido al cambio climático

Así, indican que este tipo de medidas están “ampliamente apoyadas” por la ciudadanía que, mayoritariamente, prefiere “un control del consumo real y una gestión moderna y sostenible de los recursos hídricos”. “Es urgente, teniendo en cuenta el contexto actual de cambio climático y del mal estado cuantitativo del acuífero de la Mancha Oriental”.

Según Ecologistas en Acción, la Junta Central de Regantes de la Mancha  Oriental (JCRMO) “presume” de que aplican un sistema de control basado en la teledetección con mucho éxito, pero apuntan que eso no es cierto: “Las extracciones siguen superando la capacidad de recarga del acuífero de la Mancha Oriental, lo que lo ha llevado a una situación de sobreexplotación”.

“Si realmente se quiere atajar los fraudes deberían implementar el plan cuanto antes”, añaden, indicando que la normativa establece las determinaciones técnicas que tienen que tener los sistemas de medición, “para evitar manipulaciones de contadores, que hasta ahora eran frecuentes”.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela, afirman que para planificar el uso de agua, y que este tenga futuro, hace falta un “control y conocimiento exhaustivo”, y la ‘Orden de Contadores’ es un paso necesario:  “Debemos ceñirnos a la Directiva Marco del Agua: el buen estado de todas las masas de agua, acuífero, río Júcar, fuentes y manantiales y  zonas húmedas. No todo se puede supeditar al beneficio económico de unos pocos”.

Este colectivo admite que es un proceso complejo, pero que en asuntos tan importantes y de repercusiones tan graves al medio ambiente y a las personas y cuando hay legislación que lo exige, “no se debería dejar pasar un año y no tener aún fecha de su implantación”. En palabras de su portavoz, Chimo Azorín, “como siempre desde nuestra asociación vamos a exigir a la Confederación Hidrológica del Júcar algo muy loco: que cumplan la orden promulgada por su Ministerio”.

Hoy no voy a centrarme en lo rural. No hablaré de los campos que me han ocupado media vida, ni de la tierra que uno aprende a escuchar como quien escucha a un hijo.

Hoy escribo desde otro dolor: el de ver cómo comenzamos a perder servicios que pertenecen a todas las personas, bienes comunes que deberían permanecer a salvo de cualquier intento de apropiación. Y entre ellos, el más esencial de todos: el agua.

El pasado jueves viví un desagradable acontecimiento en la reunión del Observatorio del Agua de Emasesa, a la que asistí como representante de Fundación Savia y donde, sin previo aviso y en un gesto que quebró la serenidad habitual de los organismos públicos, se confirmó que AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimientos y Saneamiento) fue expulsada del Observatorio del Agua de EMASESA, entidad pública que gestiona el agua en el área metropolitana de Sevilla.

Ante la noticia de que AEOPAS no había recibido la convocatoria, la Mesa Social del Agua de Andalucía, cuyo varios componentes son miembros, presentó un escrito en el Observatorio donde expone que “se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que ha regido este órgano desde su creación” y por tanto “reclaman su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo del agua…”.

La decisión cayó como un portazo seco, inesperado por AEOPAS y por nosotros pese a las cartas enviadas por AEOPAS durante meses -nunca contestadas- en las que se pedían fórmulas de colaboración, espacios de encuentro y mecanismos para reforzar la gobernanza compartida del agua. Esas misivas quedaron suspendidas en un silencio administrativo que hoy revela su verdadero significado.

Resulta especialmente doloroso porque AEOPAS no era un invitado circunstancial de este foro: era uno de sus principales impulsores, una de las columnas que sostuvieron la idea de que la gestión del agua urbana debía construirse entre todos, desde la cooperación técnica, la participación social y la transparencia como norma.

La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA no puede entenderse como un mero desacuerdo procedimental. Es un gesto que perfora la confianza pública, un síntoma claro de que algo profundo se está reconfigurando en el gobierno del agua urbana en Andalucía. Cuando se aparta del debate técnico a quienes han defendido la transparencia, la planificación y el interés general, lo que se está haciendo es vaciar de contenido los espacios de participación para que otras lógicas, muy distintas, puedan avanzar sin resistencia.

Desde hace tiempo se intenta instalar la idea de que da igual quién gestione el agua: público, privado o mixto; todo sería lo mismo. Pero ese discurso, tan cómodo para algunos, es la antesala de un proceso más amplio: la mercantilización del agua. Si se borra la diferencia entre lo público y lo privado, también desaparece la necesidad de proteger lo común. Y el agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio.

La expulsión de AEOPAS forma parte de ese movimiento. Su ausencia abre paso a organizaciones dominadas por intereses empresariales que presentan la gobernanza como un escaparate y no como un espacio vivo de control ciudadano. Cuando los órganos consultivos se llenan de entidades vinculadas a empresas adjudicatarias de contratos públicos, los límites del conflicto de interés se desdibujan, la transparencia se debilita y la ciudadanía pierde su voz en decisiones estratégicas que deberían pertenecerle.

Este proceso no ocurre de golpe. Es progresivo. Se va deteriorando la capacidad pública, externalizando funciones, reduciendo inversión, desgastando la estructura municipal… hasta que la privatización parece el único camino posible. Y siempre se repite la misma historia: lo privado se envuelve de modernidad; lo público se deja caer para luego declarar su supuesta ineficacia.

Pero todo esto no sería posible sin algo más grave: la permisividad, la mediocridad o la complicidad de una parte de nuestra clase política. Como denunció Matías Picavea hace más de un siglo, demasiados responsables públicos parecen “más preocupados por saquear que por planificar”. La frase era un aviso entonces y lo sigue siendo hoy.

Nos encontramos ante una encrucijada. Si permitimos que el agua se deslice hacia la lógica del mercado, estaremos renunciando a un derecho fundamental que pertenece a todas las personas por igual.

Si dejamos que se silencien las voces que defienden la gestión pública, estaremos aceptando que la democracia retroceda un paso más.

Hoy, más que nunca, tenemos que preguntarnos: ¿Queremos un agua gestionada para la ciudadanía o un agua gestionada para el beneficio Porque lo que está en juego no es solo la composición de un observatorio. Lo que está en juego es la dignidad de un bien común que nunca debió salir de las manos del pueblo.

El Ayuntamiento de Plasencia y la unión temporal de empresas Aguas de Plasencia han informado del restablecimiento del nivel 0, de situación normal y vigilancia ordinaria, en relación al suministro de agua potable de la ciudad, después de un episodio puntual de deterioro registrado durante el fin de semana, que llevó al consistorio a recomendar no utilizar el agua del grifo para beber ni cocinar.

Los últimos análisis que se han llevado a cabo han confirmado que el agua distribuida cumple con los parámetros establecidos en el Real Decreto 03/2023 y la normativa vigente.

El incidente se produjo tras las intensas lluvias caídas en áreas afectadas por incendios durante el verano, lo que provocó un aumento de la turbidez por el arrastre de ceniza y materia orgánica, lo que provocó una alteración del pH en la entrada de agua bruta en la estación de tratamiento (ETAP). Este cambio obligó a activar el nivel 1 del Plan de Contingencia.

La UTE y el Ayuntamiento intensificaron durante el sábado y el domingo los controles analíticos, ajustaron los procesos de tratamiento y reforzaron el seguimiento técnico hasta devolver el suministro a la normalidad, según el consistorio, que ha destacado el trabajo coordinado entre los equipos técnicos, así como la implicación de las concejalías de Medio Ambiente, Gestión Integral del Agua y el gabinete de crisis municipal. También ha agradecido la colaboración de todas las áreas y entidades que han facilitado información durante la incidencia.

Aunque la ciudad ha regresado a la vigilancia ordinaria, el Gobierno local ha señalado que la situación “seguirá monitorizándose en los próximos días” y ha pedido a la población que consulte únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de datos no verificados.

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar a la Junta de Comunidades que establezca una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua, recogido en la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha.

La propuesta, presentada por el Grupo Popular y defendida por el Equipo de Gobierno, busca “dar un respiro a los ayuntamientos para que puedan acometer inversiones en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, sin verse obligados a pagar por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras”, señalan.

La portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, ha explicado que “la aplicación inmediata de este canon sobre el agua no registrada o pérdida por fugas está generando una grave carga económica para muchos ayuntamientos, especialmente los del ámbito rural, donde las infraestructuras son muy antiguas y requieren importantes inversiones”.

Ha subrayado, además, que la Diputación es la única administración que está asumiendo “inversiones reales y constantes” para la mejora de las redes municipales, con más de 20 millones de euros invertidos durante la actual legislatura “sin copago” y otros 35 millones incluidos en el plan de obras e infraestructuras de 2025.

“Nuestra prioridad es estar del lado de los ayuntamientos. Si el 1 de enero se empieza a cobrar este canon por pérdidas en las redes, va a significar la ruina de muchos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. Por eso pedimos que la Junta acuerde un régimen transitorio que permita a los consistorios adaptarse y acometer sus inversiones, con una moratoria no inferior a cinco años”, ha afirmado.

La aportación de la Diputación ciudadrealeña resulta “insuficiente” para el PSOE

Durante el debate, el portavoz socialista José Manuel Bolaños ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque ha considerado que la aportación de la Diputación resulta “insuficiente” y ha pedido que el plan de renovación de redes sea “más ambicioso”.

“El Grupo Socialista ya dijo en su momento que era un plan sin planificar. Hoy pedimos un plan técnico coordinado y creemos que esta institución puede hacer mucho más que aprobar una propuesta. Le pedimos al presidente que aborde un plan de al menos 130 millones de euros para la renovación de redes”, ha manifestado en diversos momentos de su intervención.

Bolaños también ha querido poner en valor que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en esta materia” y ha recordado que “ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 10 millones de euros para abordar la renovación de redes, sobre todo en las localidades pequeñas”.

Aun así, ha valorado positivamente el acuerdo diciendo que cree que “todos compartimos el objetivo. Hoy estamos haciendo un ejercicio de unanimidad, porque lo importante es ayudar a los ayuntamientos a cumplir con la Directiva Marco del Agua sin poner en riesgo su economía”.

La Diputación ve “muy escaso” el esfuerzo de la Junta

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha intervenido al término del debate para dejar claro que el Gobierno de la Diputación de Ciudad Real no está de acuerdo con el canon del agua. “Creemos que es un canon que ya está agravado con otras liquidaciones que ya pagan los ayuntamientos porque pagan por la disponibilidad del agua y por la depuración. Por tanto, entendemos que este canon es una doble imposición”, ha dicho para reiterar, acto seguido, que este nuevo impuesto “acaba repercutiendo en los ciudadanos”. Y no ha dudado en pedir “sensatez y tiempo” para que los ayuntamientos puedan adaptarse.

“Estamos defendiendo a los ayuntamientos y a los vecinos. Lo que pedimos es que se dé un plazo razonable, al menos de cinco años, para que los municipios puedan acometer las obras necesarias y reducir sus pérdidas de agua. No se puede penalizar a quienes no tienen recursos suficientes para renovar sus redes”, ha añadido.

Ha querido poner de manifiesto, asimismo, que la Diputación ha movilizado recursos históricos en apoyo de los municipios. En este sentido, se ha referido a los casi 20 millones ya ejecutados del Plan de Renovación de Redes, a la puesta en marcha de otro plan, junto con Aqualia y Emaser, dotado con 8 millones de euros y al Plan Edifica que se está desarrollando en la provincia, que aplica el 80% de sus actuaciones a la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento.

Por otro lado, Valverde considera “muy escaso” el esfuerzo de la Junta en toda la región. “Diez millones de euros para una región como Castilla-La Mancha son insuficientes para afrontar la magnitud del problema y la capacidad financiera que tiene el Gobierno regional. Lo que pedimos es un mayor esfuerzo inversor y que los 70 u 80 millones que se recauden con este canon se destinen directamente a los ayuntamientos para inversiones hidráulicas”, ha añadido.

Ha recordado que ya trasladó personalmente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la necesidad de una moratoria. Ha añadido que le plateó “que los ayuntamientos no pueden asumir de golpe este coste. Y me respondió que las diputaciones tenemos mucho que decir. Y sí, tenemos mucho que decir, pero no de golpe, porque los municipios necesitan tiempo y recursos”.

No obstante, Valverde ha querido dejar claro que “lo importante hoy es el acuerdo unánime, porque creo que todos los ayuntamientos de la provincia y de la región estarán de acuerdo con esta solicitud. Ojalá el Gobierno regional la escuche y dé ese respiro que los municipios necesitan para seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua”.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Liendo para pedirle que modifique su ordenanza municipal para “acabar con la discriminación” en la tasa por suministro y distribución de agua, donde mantiene precios diferentes en función de si el usuario está empadronado o no en el municipio.

Según ha indicado en un comunicado, la asociación ha comprobado que la ordenanza reguladora de la Tasa por Suministro y Distribución de Agua, en el artículo 16 de 'Exenciones y bonificaciones', establece que “los contribuyentes por el suministro domiciliario de agua, cuyo destino sea el suministro a viviendas de primera residencia y de carácter permanente, obtendrán la bonificación del 60 por 100 de la tarifa, debiendo comprobarse estos datos mediante verificación en el Padrón Municipal de Habitantes”.

Para FACUA, el Ayuntamiento “está utilizando un criterio basado exclusivamente en el lugar de residencia de una persona para establecer la cuantía de la tasa que, además, corresponde a un servicio básico esencial, lo que claramente vulnera el derecho fundamental a la igualdad de los españoles”.

La asociación se ha remitido al artículo 14 de la Constitución, que indica que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Además, el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria también señala que “los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria son titulares de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y en el presente Estatuto”.

El artículo 150 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, dispone con carácter general que “la tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente débiles”.

FACUA entiende que el Ayuntamiento “debe garantizar la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, no pudiendo establecer tasas distintas por la prestación del mismo servicio salvo por determinadas circunstancias de carácter económico en usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

El hecho de bonificar la prestación de un servicio público únicamente por razón de residencia (en función de que el destinatario se encuentre empadronado o no en el municipio) supone, según FACUA, “una clara vulneración de los derechos de los usuarios”.

Por todo ello, la asociación insta al Consistorio de Liendo a que modifique su ordenanza municipal para acabar con la diferencia de precios en la tasa por suministro y distribución de agua.

Unos 17.000 vecinos de seis municipios de Sevilla han sufrido la pasada noche y durante la semana cortes en el suministro de agua, debido a que las precipitaciones han sido “insuficientes para reponer el nivel de los acuíferos y que el consumo es muy elevado”. Los seis pueblos afectados son los pertenecientes al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla, entre ellos Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan.

Según ha indicado en una nota el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, la Institución Provincial de Sevilla está “trabajando tanto a corto como a medio y largo plazo para solucionar, junto al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, los problemas con el suministro que se producen en los seis municipios”.

Por su parte, ayuntamientos como el de Los Corrales han publicado en sus redes sociales la información difundida por el Consorcio, que ha explicado que tras el estudio de la evolución de los niveles, durante la semana continuarán teniendo lugar cortes en el suministro de agua desde la medianoche hasta las 8:00 horas. “Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua no es solo una necesidad, sino un deber con nuestro entorno”, ha justificado.

La Diputación ha subrayado que ha invertido alrededor de 2,5 millones de euros en un nuevo sondeo en El Cerro de la Cruz y en la conexión de este con el depósito del Puntal, que se culminó hace un mes. “Este sondeo está terminado y equipado y cuenta con autorización por parte de la autoridad sanitaria para el consumo”, ha añadido.

Además, ha señalado que la institución provincial está trabajando para “la definitiva integración de este Consorcio de la Sierra Sur en el Consorcio de Aguas del Plan Écija”. Por otro lado, Domínguez ha subrayado que “para la solución definitiva también es clave un compromiso firme de los ayuntamientos con la mejora de la gestión y de la Junta, para acelerar otras obras, como las del Tramo IV de la conexión del Plan Écija”.

El reventón en una tubería de la red de abastecimiento de agua en el Casco Histórico de Toledo, en la zona de la Judería, ha provocado un espectacular río de agua que discurre por varias calles y que ha llegado hasta uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad, convertido en cascada.

El incidente ha obligado a cortar el suministro en las calles Potro, Almofala, Bajada de Antequeruela y Bajada Puerta Nueva, además de la Travesía del Potro, según ha informado el Ayuntamiento a Toledodiario.es

“La Policía Local ha cortado el acceso por las escaleras de Alamillón de San Martín para evitar incidencias por el socavón”, explica el ayuntamiento. El agua ha caído por el puente de San Martín hacia el río Tajo.

Se trata de un reventón de la red general que tiene origen en el Cerro de los Palos y que se ha producido, en concreto, en la tubería a la altura de San Juan de los Reyes, 15.

No ha sido el único porque también se producía una segunda rotura en la ronda del Valle, a la altura de Caravantes.

Son dos roturas en una de las tuberías de mayor calibre en el abastecimiento de agua de la ciudad, ya que tiene un diámetro de 450 milímetros.

Pasadas las 21 horas, se informaba de que se está abasteciendo la zona afectada en el Casco Histórico, mediante el bombeo de emergencia de San Juan de los Reyes y también se están limpiando los arrastres provocados por la fuerza del agua, que ha levantado el pavimento y destrozado mobiliario urbano y zonas vegetales.

Además, se ha solicitado un contenedor de zahorra para facilitar el paso a la vivienda que está en la zona donde se ha producido el incidente.

Un segundo reventón en la zona de los Cigarrales

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han confirmado que también se ha producido un segundo reventón en la misma tubería, pero en otro punto, en este caso en la zona del Cigarral de Caravantes, fuera del Casco Histórico, al otro lado del río.

La rotura de la conducción en esta parte de la ciudad afectó a la Bastida, al Camino San Jerónimo, Cerro de la Cruz, Puente de San Martín y zona de la Pozuela hasta la cuesta Pina.

Los operarios han estado trabajando toda la noche y se suministro ya ha quedado restablecido este jueves. “Anoche terminaron de arreglar la tubería y han empezado a cargarla a las 7:00 de la mañana”, según ha informado el ayuntamiento. 

Los diez pueblos de la Mancomunidad Cabeza del Torcón, en Toledo, llevan desde este lunes 18 de agosto sin agua potable debido a un fallo técnico que, según la empresa FCC Aqualia, ya se ha reparado.

La mancomunidad ha enviado un aviso a los pueblos afectados -Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Menasalbas, Noez, San Martín de Montalbán, Totanés, San Pablo de los Montes y Ventas con Peña Aguilera, de que el agua no es potable.

Aqualia ha recalcado que el aviso de que el agua vuelve a ser potable se enviará a lo largo de la tarde o durante la noche de este martes.

No se trata de un problema nuevo. En 2024, los mismos pueblos estuvieron más de una semana sin tener acceso a agua potable, tras registrarse una incidencia derivada de un fenómenos de inversión térmica en el embalse toledano.

La Confederación Hidrográfica del Tajo trabaja en la reparación del canal del trasvase Tajo-Segura que ha sufrido una rotura en el tramo 2, en su paso por el municipio de Liétor en Albacete. La rotura se detectó el pasado 7 de agosto y se ubica entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre.

El trasvase se cerró inicialmente para vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes. Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños” por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. Desde el organismo señalan que todavía se deben definir el alcance “detallado” de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura. El plazo se estima en un mes.

La Confederación señala que los trasvases no se verán “comprometidos” y que se informará del desarrollo de los trabajos de reparación.

Hay un organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha demostrado su opacidad a lo largo de los años. Y, ojalá solo fuera eso, ya que su gestión peca también de estar de parte, no de los intereses generales de la ciudadanía o lo que es peor, de la conservación adecuada de los cauces fluviales que dice defender. Claro está, que lo mismo podríamos decir de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, del Júcar o del Segura, organismos, que junto a la homónima del Guadalquivir, son los que entienden de las aguas superficiales de Castilla-La Mancha.

Su gestión técnica y económica de la explotación de la infraestructura hidráulica de trasvase Tajo-Segura en la parte correspondiente al tramo de conducción desde la toma en el río Tajo hasta el desagüe en el embalse de Talave no ha sido acertada en la necesidad del caudal mínimo, depuración de aguas y estado de los cauces, riberas y ecosistemas que genera el río, confirmando en la ciudadanía la creencia, fundada, de que en materia de urbanismo se ha permitido más de una construcción que se saltaba la norma de proyección del cauce y riberas.

Y la Confederación, pese a tener casi todo su territorio de gestión en Castilla La Mancha tiene sus oficinas principales en Madrid, en la avenida de Portugal, 81. En nuestra región tiene oficinas de administración en Guadalajara, Carrascosa del Campo (Cuenca) y Toledo, en la plaza de Abdón de Paz, 11. Ante este exceso de centralismo, podría el Gobierno central decidir trasladar la sede central a nuestra región a tenor de la descentralización administrativa y la ocasión de inyectar medidas de actividad en las zonas despobladas, que las hay -y muchas-, en el territorio de la confederación.

Bien pudiera la confederación abordar la conservación, además del Patrimonio Natural, del Patrimonio Cultural que se encuentra sobre los cauces y en las márgenes de los ríos de su administración: puentes, azudes, molinos y batanes esperan un plan integral de intervención preventiva, restauradora, divulgativa y de uso. Por cierto que, en la sede toledana, en el palacio de Amusco, hizo obras de adecuación para las nuevas oficinas eliminando uno de los pocos jardines urbanos de la ciudad, dejándole encementado.

El organismo, como otros muchos en este país, maquilla su imagen mediante contenidos que saben que blanquean su desastrosa gestión: un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS); manifestaciones de discriminación positiva hacia la mujer, exposiciones (de la Sierra del Guadarrama y Valsaín) o reproducción de artículos nada críticos con su gestión. Y, sin embargo, no incluye en las zonas 'vulnerables' al área de Toledo-Montes de Toledo (lo está la Alcarria-Guadalajara, la zona de la Mesa de Ocaña o la llamada zona de Madrid-Talavera-Tiétar).

Por ello no resulta extraño que nos alarmemos por el ridículo caudal de estiaje que hemos visto estos días pasados y las evidentes muestras de elementos contaminantes que los efectos de una DANA nos habían permitido soñar, cual un espejismo, en un paisaje idílico de playas y aguas cuasi practicables. Dice Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Red del Tajo, que han sido intereses privados los que han provocado la reducción drástica del caudal. Nada nuevo bajo el sol.

Policía de aguas. Es la función que realizan los Servicios de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con tareas que tienen un objetivo en común: garantizar la conservación del recurso y también su correcto uso. Dos de estos agentes del organismo nacional denunciaron haber recibido amenazas de muerte en Tomelloso. Uno de los afectados había sufrido ya un ataque similar, en 2020, cuando su vehículo amaneció con las ruedas pinchadas y vandalizado con pintadas de las letras 'HP' en el capó.

“Por suerte, no se trata de un hecho recurrente”, valoran desde la Confederación. Desde el organismo sí conceden que el servicio actualmente es “claramente deficitario”, ya que en la zona del Alto Guadiana hay destinadas “únicamente” veinte personas al servicio, lo que provoca una carga de trabajo “desproporcionada”. Desde la misma Confederación explican que cada agente “debe cubrir más de 1.000 kilómetros cuadrados” y controlar también unos 2.000 pozos legales. En general, se trata de funciones de control y supervisión orientadas a preservar el buen estado del dominio público hidráulico y sus áreas de influencia.

Esto no incluye otras partes de su labor, que es vigilar los pozos ilegales, captaciones en cauce y su vigilancia, así como el monitoreo de las zonas protegidas, la detección de vertidos, la toma de datos piezométricos, y otras funciones. En el caso concreto del Guadiana, el personal suele desempeñar sus tareas de manera individual. No obstante, determinadas actuaciones —como la manipulación de contadores, las inspecciones en fincas conflictivas, las inspecciones nocturnas o el acceso a zonas especialmente difíciles— se realizan, al menos, en pareja, por seguridad y también eficacia operativa, destacan.

El personal que se dedica a estas tareas vive en lugares que determina su puesto de trabajo, localizado en el territorio correspondiente, lo que hace “inviable” un cambio de funciones sin modificar la localidad de residencia, incluso cuando son amenazados o sufren algún tipo de agresión. En el caso concreto de los hechos ocurridos en Tomelloso, las visitas de seguimiento que se hayan de hacer a esta finca y zona se realizarán en coordinación y cooperación con el SEPRONA, destacan desde la Confederación, que agradece el “magnífico apoyo” que ofrece a la Confederación.

Desde la Confederación advierten de que no se puede “criminalizar a un colectivo”, que en este caso sería el de los agricultores, solo por las “acciones de un determinado individuo”.

“Es muy grave y no se puede consentir”

Rafael Ubaldo Gosálvez lamenta que los agentes, la 'policía de aguas', lleva “muchos años en el punto de mira de energúmenos que se creen con el derecho de tomarse una supuesta justicia por su mano”. El profesor de Geografía Física en la Universidad de Castilla-La Mancha es también miembro del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y lamenta que lo que hoy es una amenaza o un pinchazo en una rueda, “puede llegar a ser una agresión física”.

“Es muy grave y no se puede consentir”, asevera Gosálvez. Por eso, ha exigido a la Confederación y a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “no consientan bajo ningún concepto ningún tipo de amenaza”.

Por otro lado, también ha querido advertir a la Junta de Comunidades que “tienen que dejar de prometer lo que no se puede prometer”, como consideran que es la futura regularización de pozos. “El problema no está solo en los ilegales”, resalta, ya que hay también maniobras irregulares en los pozos legales, como la “manipulación de los caudalímetros”. Son hechos que la propia Confederación ha denunciado en más de una ocasión

Para el experto, organizaciones agrarias como ASAJA o UPA “también deben ponerse del lado de estos agentes amenazados”. “Es preocupante que la labor del funcionario público se pueda poner en riesgo por estas situaciones de tensión que hay en el medio rural por el regadío”, lamenta. “La realidad es que los acuíferos siguen sobreexplotados, las entradas de agua puntuales son un espejismo en los que nos gusta recrearnos, y vemos como dicen que 'ya se han salvado las Tablas'. No, para nada”, zanja.

“Nosotros somos de la opinión que el único trasvase que permitiríamos sería del regadío manchego a las Tablas. Y eso significaría dejar de regar. ¿Quién está dispuesto políticamente a aceptar la reducción a la mitad del regadío en la Mancha? Nadie. Mientras tanto, amenazas a los agentes, destrucción de humedades y expolio de los acuíferos”, concluye el experto.

La Mesa del Agua. Un punto de encuentro para el tejido social y político de Castilla-La Mancha para tratar el gran tema de la región: la gestión de los recursos hídricos. Una cita que se ha repetido ya seis veces -desde enero de 2020-, que llegó a su última convocatoria con varios puntos pendientes.

Desde sus orígenes, la Junta castellanomanchega ha reivindicado la Mesa como un lugar para defender una posición “firme y unánime” en la defensa de los intereses del agua en la región, especialmente y sobre todo, en el caso del trasvase Tajo-Segura y su impacto en el río Tajo y, por tanto, en toda la comunidad autónoma.

Pero no solo se trata de trasvases, sino también de pozos, acuíferos y más elementos que resultan cruciales en la gestión medioambiental que se haga en la región.

“Todos vamos a leer nuestro libro”, reflexiona Alejandro Cano, que es el presidente en funciones de la Plataforma en Defensa del Tajo en Toledo. Es una de las cincuenta organizaciones que acudieron al encuentro celebrado este jueves en el Cigarral del Ángel Custodio en Toledo. Cano lo valora de forma positiva, porque el espectro “debe ser amplio” en la defensa del agua.

El activista advierte de que todo lo que se habla en estos foros -y no esquiva en poner en duda si realmente organismos como la Junta de Comunidades están realizando sus labores como deben- tiene que ir realmente encaminado a hablar de sostenibilidad ambiental. De cómo “nos hemos cargado el medio ambiente” y hay que ir ahora en su rescate.

No se trata solo de alzar la voz cuando ocurren episodios tan notorios como la abrupta caída del caudal del río Tajo a su paso por Toledo, como ocurrió hace unas semanas y que dejó una imagen inquietante, que daba “vergüenza” a Emiliano García-Page. Ha vuelto a pasar también hace pocos días y ha puesto a las concesiones hidroeléctricas en el punto de mira. Por cierto, que el presidente autonómico también aprovecho para señalar a las confederaciones hidrográficas en la reunión de este jueves, e incluso llegó a avisar de posibles medidas judiciales.

Sentencias del Supremo y normas de explotación

A pesar de que el Gobierno de España ha aseverado que acatará “rigurosamente” las sentencias en favor de los caudales ecológicos del río Tajo, la realidad es que la Mesa del Agua se ha reunido una vez más sin que esto fuese una realidad. García-Page también lo explicaba, defendiendo que se trata de una “materia vital” y para su defensa hay que empezar por la aplicación de las sentencias judiciales, seis del Tribunal Supremo, para garantizar los caudales ecológicos y cumplir las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Los cálculos son que por el trasvase han pasado más de 14.723 hectómetros cúbicos de agua desde la cuenca del Tajo al Segura entre 1980 y 2024. Una cantidad de agua difícil de visualizar. No son pocas las voces expertas que han alertado de los efectos perjudiciales para el río Tajo que tienen los constantes desembalses de agua.

La Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, por ejemplo, ha señalado que la propuesta inicial para cambiar las reglas del trasvase es insuficiente“, aunque el Gobierno castellanomanchego celebraba la ”valentía“ de una normativa que aún debe aplicarse. Hace menos de un mes, de hecho García-Page amenazaba con ir a tribunales para que se aprueben nuevas reglas de forma ”urgente“. El Gobierno de España le contestaba inmediatamente: ”Llegaremos en plazo a dar a conocerlas“, afirmaba la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

“Defender las materias primas” de la región, como objetivo; “Castilla-La Mancha necesita agua”. Son algunas de las conclusiones de la sexta reunión de la Mesa del Agua de la comunidad autónoma que ha tenido lugar este jueves en Toledo. Y para ello hay propuestas, como la de Emiliano García-Page, que planteó incluso antes de comenzar el debate de los más de 50 colectivos que acudieron al encuentro.

“La desalación es la solución para buena parte del mundo y una parte importante de España”, ha sostenido García-Page, quien ha argumentado que “los que ponen palos en las ruedas” para incrementar este proceso “lo hacen por un interés económico, porque es mucho mejor un agua casi regalada que un agua que haya que pagar” por su desalación. Por eso, ha exigido ampliar la capacidad desalinizadora para “triplicarla” de cara al año 2027. Una medida que considera de “sentido común” y que serviría para satisfacer “todas las demandas”.

Tras la celebración de la Mesa, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez ha defendido que se ha alcanzado “una posición común” en la defensa del agua, para exigir que se cumplan las demandas alrededor del río Tajo, la zona del Alto Guadiana y también los planes hidrológicos de las siete cuencas que pasan por la región.

Representantes de los sectores agrarios, sociales, económicos, ambientales, científicos, institucionales y políticos han participado en la reivindicación de la defensa de los recursos hídricos. Gómez ha expuesto los avances que Castilla-La Mancha ha experimentado desde la firma en diciembre de 2020 del Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua, conocido como Pacto Regional del Agua, y que todos han estado de acuerdo en que “Castilla-La Mancha necesita agua”. La responsable también ha recalcado que se va a constituir el Consejo Regional del Agua, como un órgano colegiado para informar sobre los temas de agua.

Caudales ecológicos, revisión de normas explotación del Tajo y medidas Alto Guadiana

La Mesa Regional del Agua ha ractificado “en su integridad” el Pacto Regional del Agua, plenamente vigente y que “es la expresión de la ciudadanía de Castilla-La Mancha para que sus intereses en materia de agua sean atendidos con equidad y justicia”, destacaba Gómez.

De esta manera, han pedido, entre otras, la “redefinición” de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, al haber pasado dos años desde que entró en vigor del Plan Hidrológico que contempla la actualización de las normas de este acueducto. “Las nuevas reglas deben adecuarse ya sin más dilación a la realidad climática y donde se tenga en cuenta la situación ambiental desde la cabecera y a lo largo del cauce, así como garantizar el abastecimiento de agua a los municipios ribereños, colindantes y de la tubería manchega”, resume la consejera.

A la par, se ha pedido que se apliquen de forma “inmediata” los caudales ecológicos en “todos los tramos del Tajo”, tal como lo señala la Directiva Marco del Agua a nivel europeo y también varias sentencias judiciales. “La defensa del caudal ecológico es también la defensa del abastecimiento a la población y de un regadío sostenible en nuestra región, que también tienen derecho a un desarrollo equilibrado”.

Por último, se ha exigido el cumplimiento de las demandas y del programa de medidas de los Planes Hidrológicos de las siete Demarcaciones Hidrográficas de Castilla-La Mancha, lo que implica garantizar que las acciones y previsiones establecidas en los planes hidrológicos para alcanzar los objetivos se implementen. Además, ha agradecido la predisposición para trabajar conjuntamente por parte de los integrantes de la Mesa del Agua para que las necesidades de la región queden reflejadas en el cuarto ciclo de planificación.

Participantes

En la Mesa del Agua han participado la directora de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Montserrat Muro, el director de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, Rubén Sobrino, y el director de Desarrollo Rural de la región, Juan José Fernández Zarco; además de representantes de la asociación de jóvenes agricultores de Castilla-La Mancha (ASAJA), asociación de municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía; colegio de ingenieros agrónomos de Albacete; colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos C-LM; colegio de ingenieros técnicos agrícolas de centro; colegio de ingenieros técnicos forestales; Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha; colegio Oficial Obras Públicas.

También lo han hecho la Confederación Regional de Asociaciones de Vecinos de Castilla-La Mancha (CAVE C-LM); Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM); Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha; Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha; Coordinadora Agraria de Castilla-La Mancha (COAG C-LM); CUAS Campo de Calatrava; CUAS Campo de Montiel; CUAS Consuegra-Villacañas; CUAS Lillo-Quintanar; CUAS Mancha Occidental I; CUAS Mancha Occidental II; CUAS Rus-Valdelobos; CUAS Sierra de Altomira.

Así como la Federación de Comunidades de Regantes de Castilla-La Mancha (FERECAM); Federación de Comunidades Regantes de la cuenca del Tajo (FERTAJO); Federación del Alto Guadiana (FERGUALT); Federación nacional de asociaciones y municipios con centrales hidroeléctricas y embalses; Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMP C-LM); Federación de Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha (FADEMUR); Fundación Global Nature ; Instituto Técnico Agronómico Provincial de Albacete (ITAP); Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO); Plataforma en defensa del Tajo – Toledo; Plataforma en defensa del Tajo y Alberche de Talavera; Red castellano-manchega de Desarrollo Rural (RECAMDER); UGT C-LM; Universidad de Castilla-La Mancha; Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha (UPA C-LM); WWF España. También han asistido representantes políticos del PSOE, PP, IU y Sumar.

Ecologistas en Acción Castilla-La Mancha ha anunciado que no asistirá a la Mesa del Agua convocada para el 24 de julio de 2025, al considerar que el planteamiento “solo tiene fines políticos” y “no pretende contribuir a resolver los problemas estructurales de la gestión del agua en Castilla-La Mancha”.

La organización lamenta que este órgano con “claros tintes políticos” haya “suplantado al órgano de participación nato en materia de agua”, que consideran es el Consejo del Agua, un órgano que “no se ha reunido ni una sola vez en esta legislatura, hurtando a la ciudadanía y a las organizaciones sociales y medioambientales la capacidad de participar en la elaboración de las distintas políticas y planes que podrían contribuir a la mejora de la gestión del agua”.

Por eso, lamentan que se prefiera “generar una falsa sensación de unidad en torno a la Mesa del Agua” solamente para reivindicar más agua del Tajo, algo que temen será para ofrecérsela “en bandeja de plata” al sector del regadío, la agroindustria y los proyectos de ocio y urbanísticos.

“Simplemente es falso que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiera más caudales para el Tajo con el objeto de recuperarlo”, zanjan. “Los quiere para sobrexplotarlo, al igual que lo hace a través de su política agraria con el Guadiana y el Júcar”, resaltan. Y critican que la propuesta de declaración de la mesa “busca poner en el centro del debate el enfrentamiento entre comunidades para distraer el debate sobre el modelo de producción agropecuaria que nos imponen, que esquilma y envenena nuestras aguas y pretende crecer sin control sobre unos recursos finitos”.

Por todo ello, han querido reivindicar que se realice un estudio “realista” sobre el estado de los acuíferos, ampliar y respetar los caudales ecológicos y controlar “fehacientemente” los consumos, “cerrando los pozos ilegales y reduciendo el consumo de los que sean excesivos para la capacidad de recarga de los acuíferos”. “Primero va la vida, una vida saludable y con garantías de futuro para todo el mundo”, aseveran.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tumbado la adjudicación del servicio de agua potable, alcantarillado y depuración de Daimiel a la empresa Aqualia al considerar su oferta “inviable” y “no justificada”. Así lo ha declarado tras un recurso presentado por Aquona, empresa que ha gestionado el servicio hasta la nueva licitación.

Para el Tribunal “no está justificada” la viabilidad de la oferta atendiendo a los términos de los pliegos y tampoco la disminución de costes en determinadas partidas. Tampoco ve justificados los ingresos en el importe que exceden de los obtenidos por la prestación del servicio.

Así lo ha comunicado el ayuntamiento ciudadrealeño, que ha querido defender la “transparencia” del procedimiento seguido, y que, añaden, continuará, una vez transcurridos los dos meses para que la sentencia sea firme.

Desde la administración local han apuntado a que “el procedimiento es estrictamente transparente y la sentencia, precisamente, no lo cuestiona”. Así lo ha explicado el Ciclo Hidráulico, Jesús Javier Villar, que ha puesto el acento en que cada uno de esos movimientos han sido publicados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En este último punto, Villar señala que se el Ayuntamiento ha seguido todas las indicaciones técnicas y de la empresa Ingeagua, y, conforme a los informes favorables, la Mesa de Contratación adoptó la consiguiente licitación.

Insiste el edil que existe “tranquilidad” municipal porque se están cumpliendo todas las indicaciones normativas desde el inicio para que el proceso sea “garantista” y porque el servicio de agua se sigue ofreciendo con normalidad.

El Ayuntamiento de Daimiel esperará a que transcurran los dos meses que se dan para estimar cualquier recurso al respecto, aunque la resolución es definitiva por la vía administrativa. “Nuestra intención es no abrir una nueva vía administrativa hasta que se resuelva totalmente ésta y ser precavidos”, consideró.

De no prosperar recurso alguno, Aqualia quedaría excluida y se reiniciaría el expediente de adjudicación de la licitación pasando a la siguiente empresa licitadora que es Aquona.

Desde el Consistorio han recordado que el contrato se adjudicó a Aqualia el pasado 24 de febrero en Junta de Gobierno Local, para los próximos 25 años por 65 millones de euros tras validarse la justificación de su oferta y viabilidad económica que, de inicio, “resultó anormalmente alta”.

Aquona denunció posteriormente la oferta de Aqualia basándose en algunos ítems de los pliegos y la viabilidad financiera. En ese proceso de licitación, Aqualia fue la empresa con mayor puntuación en las valoraciones técnica y económica, resalta el ayuntamiento.

El PSOE ha calificado el proceso de adjudicación como una “chapuza peligrosa” y ha exigido “responsabilidades políticas inmediatas” al equipo de gobierno. El portavoz del Grupo Municipal Socialista en Daimiel, Pepe Jiménez, ha recalcado que en el fallo del Tribunal se ha acreditado que se negó el acceso completo a la documentación mediante una “aplicación arbitraria de las cláusulas de confidencialidad”. El portavoz se pregunta “qué habría que esconder” y denuncia una “total opacidad” del proceso.

Aqualia ha declinado valorar la decisión del tribunal.

El martes 29, Vigo, la mayor ciudad de Galicia, alcanzó los 25 grados de temperatura. Sin embargo, el baño en todas sus playas estaba prohibido porque la depuradora, inaugurada hace sólo siete años, se había parado con el gran apagón de la víspera. La instalación, presentada a bombo y platillo como una gran obra hidráulica, no cuenta con una fuente de energía auxiliar. Una situación que se repitió en otros puntos de Galicia. Aunque no aclara en cuáles, la Consellería de Medio Ambiente admite “problemas puntuales” en “algunas” estaciones. Fue por eso que la Xunta, ya en la tarde del martes, “recomendó” no bañarse en el mar, pero tampoco en los ríos, durante las siguientes 24 horas “como medida de precaución” debido a que, como informaba a través de la red social X, la falta de suministración eléctrica provocó que “parte de los caudales no pudiesen ser tratados con normalidad”. Los ecologistas estiman que, sólo en la ciudad olívica, se vertieron a la ría más de 400 millones de litros de agua sin depurar.

El ayuntamiento de Vigo fue el primero en alertar. A mediodía del mismo martes, el alcalde, Abel Caballero, admitía que, mientras la potabilizadora de la ciudad siguió funcionando gracias a un grupo electrógeno, la depuradora estuvo “aliviando” durante unas horas y “produjo algunos vertidos” que podrían haber llevado a las playas “bacterias contaminantes”. 48 horas después, el jueves 1 de mayo, ya sólo permanecía cerrado el arenal de A Foz, precisamente donde desemboca el río Lagares, que la divide en dos.

Proyectada en 2008 e inaugurada una década después, la depuradora de Vigo se presentó como la mayor planta por biofiltración de España. Preparada para dar servicio a 800.000 personas durante el siguiente medio siglo, estaba llamada a solucionar los problemas de vertidos a la ría con los que Europa, al igual que a otros puntos de la costa gallega, le venía sacando los colores. Hasta que se le apagó la luz, porque en esa inversión de más de 208 millones de euros, cofinanciada por Gobierno central, Xunta y Ayuntamiento, a nadie se le había ocurrido dotarla del soporte energético de emergencia que reclaman los ecologistas.

“Es incomprensible que la EDAR de Vigo, puesta en funcionamiento hace seis años y elogiada en su inauguración como una de las mayores obras hidráulicas del Estado y una de las mejores depuradoras del continente, quede inservible por non tener generadores auxiliares de energía. Y más si es algo que está previsto en la normativa para contar con una gestión moderna y uso sostenible y responsable de los recursos hídricos, siguiendo las premisas de la directiva marco del agua de la Unión Europea”, declaró Antón Lois, portavoz de Amigas da Terra.

Amigas da Terra, Ecoloxistas en Acción y Greenpeace creen que esta falta de sistemas alternativos puede suponer una vulneración de la Orden TED/1191/2024, del 24 de octubre pasado, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al dominio público hidráulico. En su artículo 12.4, la orden establece que “en los elementos de control cuya tipología precise alimentación de electricidad se procurará disponer, en la medida de lo posible, de conjuntos redundantes para asegurar el suministro de energía. En el diseño de la instalación, se procurará disponer de una fuente alternativa fiable de energía y que se proceda a registrar de forma fehaciente un eventual fallo del suministro eléctrico”.

Los colectivos ecologistas consideran que el “grave” vertido de la depuradora viguesa durante el apagón fue “un ejemplo de las consecuencias de esta incomprensible falta de previsión”. Aseguran que la estación echó en la ría casi 28.800 metros cúbicos por hora de aguas sin tratar, lo que supone un total de 403.200.000 litros en las 14 horas que estuvo sin energía. Aseguran que esa contaminación, “a la que se sumaron las aportaciones de aguas contaminadas del resto de municipios que vierten a la ría y al cauce del río Verdugo, permanecerá durante dos semanas circulando” e irá “diluyéndose poco a poco”.

Las tres organizaciones ven “poco probable” que se repita una caída total del suministro como la del lunes, pero recuerdan que los cortes de electricidad locales “no resultan infrecuentes” y, aunque la luz se recupere con rapidez, “la depuradora de una ciudad media de Galicia puede verter unos 15.000.000 de litros de aguas contaminadas durante un apagón de sólo media hora”. Por eso, exigen tanto a la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta —de la que depende Augas de Galicia— como a los ayuntamientos la incorporación “inmediata” de sistemas de soporte energético de emergencia en las depuradoras y una “explicación” de los motivos por los que todavía no contaban con ellos.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, PRICAM, se mantendrá en Castilla-La Mancha en nivel 1 hasta evaluar los daños que se han producido por el tren de borrascas que ha atravesado la península en las últimas semanas y que ha causado diferentes incidencias en la región.

Así lo ha señalado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, a preguntas de los medios de comunicación momentos previos al comienzo del V Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Castilla-La Mancha.

Según el consejero, pese a que se siguen produciendo desembalses, la situación ha “mejorado sensiblemente”, con la bajada de los caudales del Tajo a su paso por las ciudades de Toledo y Talavera de la Reina. No obstante, ha advertido que siguen siendo elevados, por lo que mantendrán el nivel 1 del PRICAM hasta analizar los daños que el agua ha producido, principalmente, en las provincias de Toledo y Guadalajara.

“Tener el nivel 1 significa movilizar con mayor rapidez todos los medios que están a disposición de la Administración regional, por lo que no tenemos ninguna prisa en levantar ese nivel”, ha concluido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.

Desde que se activó el PRICAM, el pasado 8 de marzo, se han registrado centenares de incidencias en toda la región, especialmente en las provincias de Toledo y Guadalajara. Se ha debido desalojar, en varias ocasiones, viviendas en localidades como Escalona o Santa Cruz del Retamar, debido a la crecida del río Alberche. Especialmente destacable es el episodio vivido en Talavera de la Reina el pasado 22 de marzo, cuando la fuerza del río Tajo desmoronó parte del puente viejo de la localidad.

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha nombrado a José Rubén Torres Moratalla como nuevo delegado provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.

En un decreto publicado por el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves y recogido por Europa Press, se establece que Torres Moratalla asume el puesto de manera inmediata, en sustitución de la hasta ahora delegada Montserrat Muro.

José Rubén Torres Moratalla es actualmente alcalde de Quero, puesto al que accedió por primera vez tras las elecciones municipales de 2019, obteniendo su reelección en los últimos comicios de 2023.

El puesto al frente de la delegación toledana de Desarrollo Sostenible había quedado vacante tras el nombramiento de Muro como nueva directora de la Agencia del Agua la pasada semana. El de Muro no ha sido el único cambio dentro de la gestión hídrica del Gobierno regional; el pasado mes de febrero Silvia Díaz del Fresno, directora-gerente de la empresa pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha fue sustituida por Rubén Sobrino, que hasta entonces había sido director general de Transportes y Movilidad del Gobierno regional.

La Plataforma por el Agua Pública de Daimiel ha vuelto a convocar una “votación ciudadada” para que los vecinos de esta localidad de Ciudad Real puedan expresar su opinión sobre la gestión del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración y evitar su privatización.

Ya lo hicieron el pasado mes de enero, aunque en aquella ocasión la iniciativa tuvo que posponerse para analizar las cuestiones legales derivadas de la consulta popular. Ahora, la nueva convocatoria está prevista para el próximo 30 de marzo, a las 12.30 horas, en la plaza de España de la localidad.

El Ayuntamiento de Daimiel “sigue adelante con la privatización del servicio por 25 años”, lamentan desde la plataforma ciudadana, con un presupuesto de más de 72 millones de euros. Ya se ha publicado la adjudicación tras licitarse el servicio.

La plataforma cree que el Ayuntamiento de Daimiel “no ha estudiado cual sería el mejor modelo de gestión” y lamentan que se haya limitado “a hacer aseveraciones como que no tiene recursos o que no salen las cuentas”. En su opinión, si a una empresa privada le salen las cuentas, también le saldrían a un ayuntamiento “que no tiene que obtener beneficios”.

Hay más de 700 firmas que apoyan recuperar la gestión pública del servicio. “Sin obtener respuesta alguna”. En opinión de la plataforma, el Consistorio “no ha establecido cauces de participación suficientes para que los daimieleños expresen su opinión sobre este asunto tan importante”, así que el del próximo domingo será “un acto simbólico” en el que se anima a la participación ciudadana.