La llegada de las lluvias a la Sierra Norte de Guadalajara, tres meses después de declararse el incendio de La Mierla que quemó más de 32.000 hectáreas de terreno, ha hecho que esta zona se encuentre “en alerta” y “preparada” ante el riesgo de que las precipitaciones arrastren cenizas, sedimentos y posibles metales hasta los embalses.

Así lo ha confirmado la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), cuyo vicepresidente, Juan Carlos Martín, ha asegurado este martes que “mantiene reforzada la vigilancia de la calidad del agua” por la posibilidad de la llegada de agua contaminada a la planta potabilizadora de Mohernando.

Aunque los parámetros actuales se encuentran “dentro de la normalidad”, la entidad no descarta que un episodio de precipitaciones intensas pueda elevar la turbidez del agua y obligar a adoptar medidas adicionales.

“Estamos en alerta y preparados. De momento, los niveles de turbidez son muy bajos, lo que nos da cierta tranquilidad, pero sabemos que llegarán episodios de lluvias que arrastren cenizas y otros materiales. Por eso estamos reforzando la vigilancia y preparados para actuar cuando sea necesario”, ha explicado Martín durante la presentación del balance del año hidrológico 2025-2026.

El vicepresidente de la MAS ha insistido en que, a día de hoy, los controles no reflejan una alteración preocupante de la calidad del agua, aunque el seguimiento se ha intensificado para detectar cualquier cambio.

“Estamos dentro de los parámetros normales”, ha reiterado tras explicar que la mancomunidad está incrementando las muestras y realizando un seguimiento continuo de la turbidez del agua bruta que entra en la planta potabilizadora de Mohernando.

Y es que, la semana anterior se registró un pequeño repunte en algunos parámetros, según ha señalado, pero se mantuvo dentro de los niveles habituales.

El vicepresidente ha advertido de que el principal riesgo está asociado a la llegada de tormentas fuertes capaces de arrastrar los restos del incendio desde las zonas afectadas hasta los cauces.

En ese escenario, la turbidez permitiría detectar la entrada de materiales y sedimentos, mientras que el análisis de posibles sustancias contaminantes, especialmente metales pesados, resulta esencial para evaluar la calidad del agua.

En su comparecencia, Martín ha apuntado que los residuos del incendio observados hasta ahora tienden a decantarse y depositarse en el fondo, una circunstancia que puede facilitar el trabajo de los decantadores de la planta.

También ha destacado el papel que puede desempeñar el tratamiento de choque con ozono en el proceso de potabilización, según la información trasladada por los técnicos.

No contemplan restricciones por el momento

Para hacer frente a posibles alteraciones, la MAS ha reforzado los medios de su laboratorio con la incorporación de equipamiento destinado a mejorar la detección y el análisis de sustancias relacionadas con el incendio.

Martín ha cifrado en alrededor de 60.000 a 70.000 euros la inversión adicional realizada para ampliar estos recursos.

Según ha explicado, la planta potabilizadora dispone de tratamientos para garantizar la calidad del agua, pero ha recalcado que cualquier decisión dependerá de los resultados de los análisis y de la evaluación de los responsables técnicos.

“Todas estas decisiones vendrán marcadas y adoptadas siguiendo criterios técnicos”, ha indicado, en referencia a las medidas que pudieran ser necesarias si las lluvias torrenciales provocaran una entrada importante de cenizas o sedimentos.

Como ejemplo de la situación más extrema, Martín ha señalado que, si los parámetros del agua tratada llegaran a incumplir los requisitos de calidad y no pudiera garantizarse su seguridad para el consumo humano, habría que comunicarlo a la población y adoptar las restricciones que correspondieran.

No obstante, ha insistido en que este escenario no es el que se contempla con los datos disponibles actualmente.

“Esperamos no llegar a este extremo, pero si tuviéramos que llegar, avisaríamos a la población”, ha manifestado.

El vicepresidente de este organismo también ha destacado las actuaciones preventivas de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha construido albarradas en arroyos de la cuenca del Sorbe y en el entorno de Alcorlo para contribuir a reducir los riesgos derivados de las escorrentías.

Estas estructuras están destinadas a frenar el arrastre de materiales, aunque su eficacia dependerá de las características e intensidad de las precipitaciones.

Martín ha recordado que el tiempo de tránsito del agua hasta la planta puede proporcionar cierto margen de reacción, que ha estimado en aproximadamente un día y medio o dos días desde un episodio de tormentas en la cuenca, según las condiciones.

“Ojalá que las lluvias sigan siendo pausadas y tranquilas”, ha expresado el vicepresidente, quien ha resumido la posición de la mancomunidad con un mensaje de vigilancia preventiva y confianza en los medios técnicos disponibles.

Incremento del consumo de agua

En la misma comparecencia, Martín ha informado de que el embalse de Beleña se encuentra al 38% de su capacidad, con 20 hectómetros cúbicos almacenados, mientras que el de Alcorlo está al 53,4%, con 96 hectómetros cúbicos.

Aunque ha considerado que la llegada del otoño y del invierno puede contribuir a mejorar las reservas, ha pedido mantener un consumo responsable.

La MAS ha cerrado el año hidrológico con un consumo de 47 millones de metros cúbicos, frente a los 43 millones del periodo anterior, lo que supone un incremento del 7,7%.

Por último, el vicepresidente de la Mancomunidad se ha referido a la evolución de la demanda y a como la situación de las reservas obligan a mantener la atención tanto sobre el abastecimiento como sobre la calidad del agua, con especial vigilancia ante los posibles efectos de las precipitaciones sobre las zonas afectadas por el incendio.

El Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel no cae en el olvido. Justo cuando se ha frenado uno los proyectos de biometano que, según los colectivos vecinales y sociales, ponían en riesgo su entorno, representantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha celebrado esta semana, en el Centro del Agua de la localidad de Ciudad Real que da nombre a este humedal, un encuentro con gestores y sociedad civil, para impulsar varias estrategias de “restauración adaptativa” con el apoyo de herramientas digitales innovadoras.

El objetivo ha sido claro. Las lluvias puntuales, y casi siempre torrenciales debido a los efectos del cambio climático, no hacen que este humedal único en España consiga recuperar su esplendor, ya que su encharcamiento tiene más que ver con los niveles freáticos y las masas subterráneas que con el agua que cae del cielo.

Eso lo saben los científicos desde que este humedal tiene vida. Por eso, estas jornadas participativas de planificación y evaluación de alternativas de Daimiel se han celebrado en el marco de los proyectos SADwet, financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales; y WaterLANDS, financiado por el programa Horizonte Europa.

¿En qué consisten? Los participantes identificaron primero los principales problemas del ecosistema y de su entorno socioeconómico y, a partir de ese diagnóstico, definieron los objetivos clave de un plan que asegure la restauración y la conservación integral del humedal. Concretamente, con el Sistema de Apoyo a la Decisión DSS-AWERE se definieron estrategias de restauración a corto, medio y largo plazo, considerando las distintas escalas espaciales de actuación.

Las posibilidades de la réplica virtual y tres horizontes de medidas

Su contenido y su evaluación se desarrollarán en un segundo taller, a lo largo de 2027, con el apoyo de los resultados del gemelo digital de las Tablas que se está desarrollando en el mencionado proyecto SADwet: una réplica virtual del humedal que permite anticipar cómo respondería el ecosistema a cada alternativa antes de aplicarla sobre el terreno.

En el taller se identificó la escasez de recursos hídricos como una “variable crítica” desde que las Tablas fueron declaradas Parque Nacional en 1973. Según han explicado a este periódico participantes del CSIC en el encuentro, esa condición ha marcado los “límites de su resiliencia” frente a otros impactos que se han ido sumando desde entonces, incluido el calentamiento global.

Por ello, las estrategias combinan tres horizontes. Primero, a corto plazo, estabilizar los elementos internos del ecosistema que hoy son “críticos”, como el control del carrizo o la gestión de las entradas de agua.

Después, a medio plazo, incluye acciones complementarias en la cuenca del Alto Guadiana, como los filtros verdes o la mejora de la depuración. Y finalmente, a largo plazo, un plan más ambicioso que permita recuperar el acuífero de la Llanura Manchega Occidental, como exige la Directiva Marco del Agua, mediante un esfuerzo coordinado de las administraciones estatal y autonómica.

En las jornadas, organizadas por investigadores de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), participaron también investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC), del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA-CSIC) y de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), junto a representantes del Parque Nacional, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, de organizaciones conservacionistas (WWF España) y del sector turístico de la zona (Destinos Manchegos).

“Reunir en una misma mesa a administraciones, ciencia, sector turístico y conservación es clave para que las soluciones sean viables y compartidas por el territorio”, manifiestan desde el CSIC.

Este diagnóstico se produce justo cuando WWF acaba de hacer público un demoledor informe sobre el “robo del agua” en España, en el que dedica un amplio espacio al Acuífero del Alto Guadiana, afirmando que está “al borde del suicidio hídrico”. Según indica, la sobreexplotación de este acuífero afecta de manera crítica a Las Tablas de Daimiel y a los ecosistemas acuáticos dependientes, provocando una “severa degradación ambiental”.

Entre los principales impactos identificados en la zona, el informe destaca el descenso de los niveles freáticos y la “desconexión hídrica”. Es decir, las extracciones continuadas para el regadío (que superan “con creces” la capacidad de recarga natural del acuífero) han causado un descenso progresivo de los niveles piezométricos. “Esto interrumpe la conexión entre las aguas subterráneas y las superficiales, impidiendo el afloramiento natural de agua (como el que ocurría históricamente en los Ojos del Guadiana) necesario para mantener inundado el humedal”.

También alerta de un “déficit hídrico estructural” y vaciado del acuífero. Concretamente, WWF precisa que las extracciones estimadas para regadío (370,36 hectómetros cúbicos) superan en un 86% el límite máximo permitido de 199,22 hectómetros cúbicos, generando un déficit anual de 171,14. Desde el año 2014, el acuífero ha sufrido un “vaciado acumulado continuo” de aproximadamente 1.300 hectómetros cúbicos.

La “extrema regresión” del parque

Asimismo, desvela que la falta de aportes hídricos subterráneos ha conducido al Parque Nacional a una situación de “extrema regresión” de su lámina de agua inundada y de la biodiversidad ligada a los hábitats acuáticos.

Esto, a su vez, ha aumentado el riesgo de autocombustión de los depósitos de turba (incendios subterráneos) y la subsidencia o hundimiento del terreno en los alrededores del parque. Además, recuerda que para contener los daños más severos, se ha recurrido a medidas paliativas de urgencia, como la solicitud de un trasvase anual de 20 hectómetros cúbicos y el bombeo desde pozos adyacentes directamente al parque para mantener una lámina de agua mínima y evitar que las turberas ardan.

La organización conservacionista también indica que alrededor del 22% de la superficie regada en el acuífero (más de 38 000 hectáreas, compuestas en un 94% por cultivos leñosos como viñedos en espaldera, olivo y almendro) se cultiva “sin derechos consolidados de agua”. Este riego supone una extracción estimada de 69,76 hectómetros cúbicos (equivalente al 35% de los recursos renovables para riego), situándose como “un factor clave en el deterioro directo” de Las Tablas.

Para abordar la sobreexplotación del acuífero del Alto Guadiana y frenar la degradación del Parque Nacional, en el informe se propone un cambio estructural en el modelo de gestión del agua y del territorio, descartando “soluciones paliativas o transferencias entre cuencas”.

Entre las medidas propuestas: un plan de reconversión económica regional que apoye la diversificación productiva y reduzca la dependencia del agua en la economía local, un Marco de Actuaciones Prioritarias, el cierre cautelar y definitivo de todas las captaciones de agua que no dispongan de una concesión de uso privativo reconocida y en firme, la interconexión del Registro de Aguas con las bases de datos de ayudas europeas y nacionales para asegurar que “ninguna explotación agrícola en situación ilegal perciba subsidios públicos”, o someter la planificación a evaluación ambiental estratégica e incorporar la legalidad del agua y del suelo como requisito obligatorio en pliegos de Denominaciones de Origen y certificaciones de calidad.

WWF refiere que a diferencia de otros espacios naturales amparados por planes estatales específicos (como Doñana o el Mar Menor), Las Tablas de Daimiel aún no cuentan con una estrategia de restauración prioritaria dotada de presupuesto conjunto entre el Ministerio (Miteco) y la Junta de Castilla-La Mancha.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Guardia Civil investigan el origen de un vertido oleoso, todo apunta a hidrocarburo, aparecido este lunes en las aguas del río Ebro, y que procedería de los entornos del polígono industrial de Lantarón, aguas arriba, en la provincia de Álava.

El concejal de Urbanismo, Guillermo Ubieto, ha explicado en una nota de prensa que varios avisos advirtieron de la presencia de un vertido “en la lámina de agua superficial del río a su paso por el término municipal”, y una visita permitió comprobar que cubría casi la totalidad de la superficie, que no eran manchas aisladas.

Por ese motivo, el Ayuntamiento contactó con la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Comandancia de la Guardia Civil, que han iniciado una investigación para determinar el origen y, tras analizar orillas, redes de saneamiento y pluviales y polígonos, se ha descartado que proceda del término municipal de Miranda.

“No se trata de ningún vertido, escorrentía o negligencia localizada en red municipal ni industrial ni particular ni municipal del término de Miranda”, ha indicado Ubieto, y el Seprona y la CHE han determinado que su origen estaría en el entorno del Polígono de Lantarón, ya en Álava.

Las lluvias del fin de semana habrían trasladado aguas abajo el vertido, que sería un combustible tipo hidrocarburo, cuya densidad ralentiza su disolución y transporte.

El edil ha indicado que no se ha producido mortandad de fauna, aunque mantendrán la vigilancia para comprobar el alcance del la afección al ecosistema fluvial, y ha explicado que hay que esperar a que se vaya diluyendo puesto que, dado que no se trata de un residuo sólido, no se puede retirar.

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro no descarta personarse en caso de que se consiga determinar el origen del vertido y concretar si existe responsabilidad o negligencia, a fin de “salvaguardar el cuidado y protección del medio ambiente y ecosistema local”, ha defendido el edil.

La Confederación Hidrográfica del Duero ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras de bombeo del embalse del Pontón Alto después de detectar un sabotaje en la tubería provisional instalada para reforzar el suministro de agua a la capital segoviana y a los municipios del sur de la ciudad, que ya ha sido reparada.

El organismo de cuenca detectó durante este fin de semana que la tubería estaba registrando pérdidas y, tras analizar la infraestructura, localizó varios daños realizados de forma intencionada con algún elemento punzante en dos tramos de la conducción.

Estos daños han provocado un retraso en las pruebas de funcionamiento que está realizando la CHD, que ya trabaja en la reparación de la infraestructura provisional, sin que esta incidencia vaya a afectar en principio a los plazos establecidos inicialmente para su uso.

Denuncia ante la Guardia Civil

La Confederación tiene previsto interponer la correspondiente denuncia ante la Guardia Civil por estos hechos y ha reforzado la vigilancia en el entorno de las obras, que ya contaba con un servicio de seguridad durante las 24 horas de los fines de semana.

La actuación que está ejecutando la CHD en el Pontón Alto cuenta con una inversión de 2,4 millones de euros y tiene como finalidad reforzar la garantía de abastecimiento de agua a Segovia y a los municipios del sur de la provincia.

La nueva infraestructura permitirá incorporar al sistema de abastecimiento una mayor cantidad de agua procedente del embalse del Pontón Alto, reduciendo la necesidad de detraer recursos del embalse de Puente Alta.

De esta forma, se incrementará la capacidad de respuesta del sistema cuando Puente Alta registre niveles de agua inferiores a los habituales o cuando las condiciones de calidad del recurso dificulten su aprovechamiento.

La actuación forma parte del conjunto de medidas que está desarrollando la CHD para minimizar las consecuencias derivadas del vaciado del embalse de El Tejo y garantizar el suministro a la población.

Organizaciones ecologistas han criticado la solicitud de 50 millones de metros cúbicos de aguas del río Sorbe, que recorre la provincia de Guadalajara, que ha hecho el Canal de Isabel II a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).

Por ello, desde Ecologistas en Acción Guadalajara, WWF y el Grupo Local de WWF en Guadalajara han presentado alegaciones oponiéndose a esta solicitud de concesión, la cual, aseguran, pondría “en peligro” el abastecimiento del Corredor del Henares y comprometería “el futuro de la provincia y de numerosas afecciones medioambientales”.

La petición del Canal de Isabel II contempla el uso de aguas del cauce del río Sorbe, en la presa del Pozo de los Ramos (en la localidad de Tamajón), de 8.000 litros por segundo, con un máximo de 50 millones de metros cúbicos al año, para abastecimiento urbano de Madrid.

“Doblar” la actual demanda

Tino Tovar, portavoz de Ecologistas en Acción Guadalajara, señala en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que la petición de la entidad madrileña supondría “doblar” la demanda de agua que la cuenca de este río tiene soporta en la actualidad.

“La Mancomunidad de Aguas del Sorbe abastece a una población de 400.000 personas en el Corredor del Henares, Alcalá de Henares incluida. Hay que recordar que el consumo de agua de la Mancomunidad es de unos 45 millones de metros cúbicos al año, por lo que la petición de la entidad madrileña supondría doblar la demanda de agua que tendría que satisfacer la cuenca del río Sorbe, el cual tampoco es un río grande”, explica Tovar.

A su juicio, un hipotético visto bueno de la CHT a esta demanda del Canal de Isabel II supondría “un grave perjuicio” para los intereses de la provincia de Guadalajara y la afección ambiental de hábitats prioritarios. Además, duda de que esa petición sea compatible con el cumplimiento del caudal ecológico que el Sorbe debe mantener.

“En un momento de cambio climático, en el que el régimen de lluvias en la provincia de Guadalajara desde principios del siglo XXI ha bajado más 20%, en un contexto, además, de megaincendios están arrasando a toda España, si esto se lleva a cabo, es un despropósito total”.

Por todo ello, han presentado a la CHT alegaciones dentro del trámite de información pública en que se encuentra la petición, pidiendo que esta se deniegue.

La petición del Canal de Isabel II se basa en un decreto del Ministerio de Obras Públicas del 10 de agosto de 1954, bajo el régimen franquista, cuando todavía no se había construido la presa del Pozo de los Ramos.

Madrid habla de “derecho ya previsto”

Por su parte, desde el Canal de Isabel II han afirmado a este medio que esta solicitud de concesión de aguas superficiales del río Sorbe “no responde a una nueva captación ni a una ampliación de recursos, sino a la regularización administrativa de un derecho ya previsto en la planificación hidrológica desde 1999”.

“De hecho, desde 1975 la Confederación Hidrográfica del Tajo ha venido autorizando periódicamente la derivación de recursos excedentarios del río Sorbe hacia el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de formalizar mediante una concesión una situación que lleva décadas funcionando bajo la supervisión del organismo de cuenca”, añaden desde la entidad madrileña.

Por último, el Canal de Isabel II asegura que “esta regularización no compromete el abastecimiento de Guadalajara ni los derechos de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, que han estado y seguirán estando plenamente garantizados, ya que Canal de Isabel II únicamente puede derivar recursos excedentarios una vez cubiertas las necesidades prioritarias de la Mancomunidad. Al margen de ello, la dotación desde este río también es necesaria para reforzar la flexibilidad y resiliencia del abastecimiento a la Comunidad de Madrid, sin perjuicio para otros usuarios”.

El incendio forestal declarado en el término municipal de Pinofranqueado ha dejado tras de sí una segunda amenaza para la comarca de Las Hurdes: el desabastecimiento de agua potable y el riesgo inminente de que las primeras lluvias arrastren toneladas de ceniza hacia las captaciones municipales. Ante este escenario, la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) han puesto en marcha un operativo coordinado para asegurar el suministro básico a la población y habilitar alternativas de red a medio plazo.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha visitado las zonas afectadas en Pinofranqueado y Nuñomoral para evaluar sobre el terreno la situación del agua y coordinar las actuaciones técnicas. Aunque de manera inmediata se ha recurrido a camiones cisterna homologados por el Servicio Extremeño de Salud (SES) y coordinados por el consorcio MásMedio de la Diputación, Morán ha subrayado que la prioridad es buscar enganches directos a otras captaciones no afectadas para evitar depender de este sistema de urgencia de forma prolongada.

En alquerías como Avellanar, una de las más golpeadas por el fuego, y Horcajo, los servicios municipales han logrado restablecer de forma provisional el llenado de depósitos mediante un tendido de mangueras de emergencia. Sin embargo, el agua de la red habitual presenta ya un ligero sabor a ceniza, por lo que el ayuntamiento ha indicado a los vecinos que solo debe emplearse para necesidades básicas de limpieza o aseo, mientras que el consumo humano se realiza íntegramente a través de la cisterna instalada y agua embotellada.

Actuaciones en el monte contra el arrastre

El mayor temor de los técnicos es la llegada de precipitaciones, que provocarían la escorrentía de cenizas y lodos hacia las gargantas y ríos de los que se abastece la comarca. Para amortiguar este impacto, las administraciones preparan intervenciones urgentes de consolidación del suelo mediante mulching (acolchado con paja) y la colocación de barreras de contención en laderas y cauces competenciales de la CHT.

Además del reto hídrico, el municipio trabaja a marcha forzada para recuperar otros servicios esenciales calcinados por las llamas, como la red de fibra óptica y los repetidores de televisión. No obstante, las administraciones coinciden en que la prioridad absoluta pasa por garantizar la calidad del agua potable y proteger las infraestructuras hidráulicas ante un posible episodio de contaminación por cenizas.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha comenzado a distribuir agua envasada entre sus vecinos ante la recomendación de no consumir la del grifo después de que la madrugada del sábado al domingo se haya detectado un acceso no autorizado al depósito del Cerro de los Perros, que suministra a buena parte de la localidad.

Todo apunta, han asegurado fuentes municipales, a que esta madrugada han accedido con ánimo de robar al interior del depósito que suministra agua sobre todo a los barrios situados al sur del Duero, aunque también a parte del barrio de Santa Catalina y al área que sube desde el centro hasta el entorno de la ermita de la Virgen de las Viñas.

Este acceso ha obligado al Consistorio a implementar el protocolo de seguridad, realizando las comprobaciones técnicas y sanitarias para garantizar la plena salubridad del agua almacenada para el consumo humano, según ha informado el Ayuntamiento arandino.

Con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil, a primera hora de la tarde se han empezado a llevar garrafas de agua a las residencias de ancianos y, a continuación, a las asociaciones de vecinos arandinas desde donde se están distribuyendo a la población en general proporcionando una garrafa por persona.

Está previsto que mañana se lleve también agua embotellada a los colegios y centros educativos para asegurar el suministro sin tener que recurrir a la de la red pública y se ha informado de que el Hospital Santos Reyes dispone de sus propios medios para garantizar el abastecimiento.

Mientras, este mediodía han acudido al depósito del Cerro de los Perros, ayudados de responsables municipales, efectivos de la Guardia Civil, el Servicio de Protección a la Naturaleza, y Policía Nacional y Científica para determinar qué ha pasado.

Sin embargo, no se puede asegurar que no se haya manipulado el agua almacenada, razón por lo que se ha recomendado que no se consuma.

Los resultados de los análisis pertinentes realizados podrían tardar alrededor de 24 horas, por lo que mientras no se confirme la salubridad del agua el Ayuntamiento recomienda que no se utilice ni para cocinar ni para beberla. 

Es una de las urbanizaciones más grandes de la Comunidad de Madrid y ahora los vecinos se encuentran en medio de una guerra por la gestión de un recurso básico: el agua. Desde 1995 la entidad urbanística El Bosque, en el municipio de Villaviciosa de Odón, se encargaba de su administración, pero ahora la situación ha cambiado: los nuevos miembros denunciaron la explotación irregular de pozos de agua, la ocultación de sanciones y el posterior “secuestro” del agua por parte del Ayuntamiento. Desde entonces, no han dejado de protestar contra lo que consideran un “hostigamiento” del Consistorio, del PP, que es quien debe tutelar las acciones de la entidad. Ahora un juzgado ha admitido a trámite la querella por tres delitos.

Sonia Guijarro salió elegida como presidenta de la entidad en 2022, cuando se renovó la junta y denuncia, en conversación con elDiario.es, lo que han vivido desde entonces. Según su relato, las anteriores juntas informaban “de lo que querían”. Por eso cuando entraron se sorprendieron con lo que encontraron: “Los ordenadores eran del anterior administrador, que estuvo en el cargo durante casi 30 años. No podíamos tocar nada porque todo era de su propiedad”, indica.

Hicieron entonces una auditoría forense para saber cómo se estaba gestionando todo y contrataron a un despacho de abogados especializado en agua. “Aquí es donde empieza el juego, empiezan a pedir documentación y el Ayuntamiento no nos facilitaba nada, tuvimos que reconstruir todo”, asegura. Y en este punto, a través de un informe de los abogados, se encuentran unas facturas de órdenes de pozos: “De repente aparecían tres pozos sin regularizar”.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) preguntó si querían regularizar algún pozo más aparte de los cinco que ya tenían, pero no lo hicieron, a pesar de mantener otros tres pozos abiertos, relata Guijarro: “Da rabia. Nadie nos informó de ello”. Y eso hizo que los vecinos de la urbanización estuvieran usando sin saberlo durante décadas el agua de esos tres pozos denunciados como ilegales. “Cuando llegó el Seprona habíamos desmontado los pozos, por eso fue una sanción leve”, explica Guijarro. “Estamos hablando de una sanción de millones de euros que habría caído en la entidad urbanística”.

Una vez la nueva junta detectó el problema, según el relato descrito, se comunicó tanto a los vecinos como al Ayuntamiento. Y ahí es, explica Guijarro, cuando entra un nuevo problema: el Consistorio —aseguran— comenzó con “presiones y persecuciones”. Una situación que acabó en 2024 con la anulación de las elecciones por las que se revalidaba la junta después de que uno de los candidatos recurriera el proceso en el Ayuntamiento y este lo tramitara.

La nueva junta recurrió esa anulación y, según se recoge en la querella, miembros del Ayuntamiento condicionaron el resultado de ese recurso “frente a la anulación de unas elecciones legítimas” en la entidad a que esta “se comprometa a firmar un convenio relativo al uso del agua y el mantenimiento y conservación de la entidad, cediendo todas las competencias al Ayuntamiento”.

Según recogen en el escrito, la entidad no acepta y entonces, según su versión, “se le indica que no se estimará el recurso de alzada”. Sin embargo, el Consistorio argumenta que estaban obligados “a tramitar y resolver dicho recurso. Tras el análisis del expediente por parte de los servicios jurídicos municipales, se dictó una resolución estimando el recurso planteado por la candidatura recurrente y declarando la invalidez del proceso electoral”, indican.

“La reacción del Ayuntamiento fue toda la contraria a la que esperábamos”, critica la vecina de la localidad, que lamenta que no hayan querido “colaborar” con ellos, a pesar de que los pozos están en término municipal y zonas protegidas del Guadarrama. “¿Por qué tenemos que pagarlo los vecinos? Existieron problemas de gestión del agua y ahora nos señalan a nosotros”.

El “secuestro” del agua y la querella

En 2025, el Ayuntamiento aprobó el “secuestro temporal” del servicio, es decir, la gestión del agua —junto a otros servicios como la red de alumbrado— dejó de corresponder a la junta de la entidad y pasó al Consistorio. Según el escrito de la querella que presentó la entidad ese mismo año, esto fue utilizado como “instrumento para tapar las graves irregularidades históricas en materia de captación y gestión del agua”, aunque desde el Ayuntamiento lo achacan a “irregularidades en la gestión” y “en el servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”. Unas irregularidades que “nunca llegaron a concretarse ni a acreditarse”, asegura Guijarro.

La querella ha sido recientemente admitida a trámite —y recurrida por el Ayuntamiento— y ahora se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, defraudación de fluido eléctrico o análogas y contra la ordenación del territorio y medio ambiente. En el texto se recogen los expedientes sancionadores por parte de la CHT por la explotación de los pozos no autorizados, y además se denuncia que ese procedimiento “se mantuvo oculto a los vecinos” así como a la nueva junta.

“Se consintió la continuidad de un sistema apoyado en pozos carentes de la necesaria cobertura concesional y de control sanitario adecuado”, indican en el documento, por el que denuncian por estos presuntos delitos a Juan Pedro Izquierdo, actual alcalde del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón y anteriormente concejal de urbanismo en el consistorio, además de a otros miembros de la alcaldía y de la anterior junta de la entidad El Bosque.

Pero no solo está esta querella: Guijarro, que ya ha sido citada para ir a testificar en la fase de instrucción en el mes de septiembre, recuerda que se han admitido otros cuatro contencioso-administrativos contra el Ayuntamiento. “El Ayuntamiento siempre ha tenido la obligación de tutelar a la entidad y nunca la tuteló”, critica. “No nos queda otra que acabar en los tribunales”.

El Ayuntamiento niega las acusaciones

El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón rechaza lo presentado en la querella: “Carece manifiestamente de fundamento y responde a una huida hacia adelante”, dicen, en declaraciones remitidas por correo electrónico a elDiario.es. El equipo argumenta que antes de la presentación de la querella se habían comunicado las mismas a la Fiscalía y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

El Consistorio insiste en que “todas las medidas cautelares y cautelarísimas han sido desestimadas” y añaden que desde el Ayuntamiento se ofrece la posibilidad “de consultar todos los expedientes que están a su disposición de forma que puedan comprobar la adecuación de las actuaciones municipales al ordenamiento jurídico”.

Guijarro insiste: “Juan Pedro Izquierdo ya en 1997 y 1995, cuando se hace uno de los pozos irregulares, acudía a las asambleas de la entidad. Un presidente se le ocurrió decir que iban a hacer entonces un nuevo pozo y este señor no hizo nada como concejal de urbanismo”. Sin embargo, el equipo de Izquierdo asegura que los concejales de la Corporación “no tenían conocimiento de la situación del servicio”, sino que ha sido “con posterioridad” cuando se ha “tenido conocimiento de la posible situación irregular de las concesiones administrativas, que no de los pozos”. Es decir, argumentan que los pozos en sí mismos no son irregulares, sino que, en todo caso, lo que serían irregulares serían las concesiones.

El Ayuntamiento también asegura que “desde la constitución de la Junta Gestora municipal se ha informado a los vecinos de todos los expedientes sancionadores recibidos por la Entidad Urbanística” de la CHT.

Ahora, de cara al verano la batalla judicial continúa y la situación se vuelve todavía más complicada por las altas temperaturas y el riesgo de incendio. Precisamente este lunes por la tarde se ha logrado estabilizar un fuego de vegetación en el municipio que ha obligado a confinar a algunos vecinos en el camino de la Zarzuela, que también funciona como una entidad urbanística. “Tenemos pánico a que falte el agua. Nuestro estudio dice que somos una urbanización que no puede ser desalojada en caso de incendio porque el bosque entra en las viviendas”, dice Sonia Guijarro.

Las borrascas Joseph y Kristin, con abundante lluvia y nieve además del viento, ha tenido consecuencias en la cuenca del Tajo, generando un episodio de avenidas y aportando más de 740 hm³ a los embalses de la cuenca, incrementando el agua embalsada en un 11%.

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha dado hoy a conocer que la compañía Iberdrola, titular de la presa de Azután en Toledo, ha comunicado el inicio de un desembalse al encontrarse en aviso naranja. En la mañana de este viernes el caudal de salida de agua es de 520 m3 por segundo.

Los niveles inusuales (avisos naranjas) advierten sobre una situación hidrológica potencialmente peligrosa y “con peligro real para todas las actividades humanas que se realicen dentro del agua y en las márgenes del cauce, con posibles inundaciones en zonas limítrofes a los cauces”, según advierte la confederación.

El martes se laminó una avenida en la presa de Rosarito

Además, explica que el martes 27 de enero el organismo de cuenca “laminó una avenida con un caudal de entrada al embalse de 400m³ por segundo (m³ /s) y un caudal de salida de 118m³/s, casi cuatro veces inferior” en la también toledana presa de Rosarito.

De hecho, la confederación ha frenado las avenidas a través de desembalses - como los que se han realizado también en otra presa toledana, en Navalcán- que han sido “inferiores a los caudales de entrado y ha mantenido los resguardos de los embalses para garantizar la seguridad de sus presas durante los meses de lluvia”.

El organismo estatal que regula la cuenca del Tajo se mantiene “pendiente” de las predicciones meteorológicas para los próximos días y de los posibles aumentos de caudales. El Gobierno de Castilla-La Mancha mantiene activado el METEOCAM en toda la comunidad autónoma.

“Se recomienda seguir atentamente los avisos de la AEMET, las comunicaciones de las autoridades competentes en protección civil, los avisos hidrológicos emitidos en la web SAIH Tajo y extremar precauciones en las zonas cercanas a los cauces”.

Preocupación por las crecidas

Ante esta situación, la delegada provincial de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño, ha expresado en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha su preocupación por el aumento de volumen de embalses y ríos en la provincia: “Los ríos de la provincia presentan caudales superiores a la media del invierno”.

La delegada afirma que la ciudad de Toledo está cerca de alcanzar el umbral amarillo y pide especial cuidado en la zona de La Peraleda: “Es donde más nos preocupa la situación”. En Talavera de la Reina, el río Tajo ya deja inundaciones en la zona del puente romano y en la zona del recinto ferial, mientras que el río Alberche también baja con “mucha fuerza” en localidades como Escalona y Hormigos.

Por ello, Castaño pide a la población “precaución extrema” y que “no se confíe” porque haya parado de llover, ya que podrían producirse crecidas a consecuencia de los desembalses, e insta a no acceder a las zonas cercanas a los ríos en las próximas 24 horas.

En octubre de 2024, el Gobierno central aprobó la conocida como ‘Orden de Contadores’ mediante la cual se regula la modernización del control de volúmenes de agua captados y vertidos en España, imponiendo la medición electrónica para grandes usuarios y nuevos plazos para llevarlo a cabo.

Esta normativa establece que los grandes aprovechamientos, los de más de 500.000 metros cúbicos (500.000.000 litros), debían tener instalados los equipos de medición y estar enviando la información actualizada de los consumos desde el pasado 1 de noviembre.

Ahora, Ecologistas en Acción de la comarca de la Manchuela denuncia su incumplimiento en esta zona y por eso ha solicitado información a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Este organismo contestó el pasado mes de diciembre reconociendo que no se están cumpliendo actualmente los plazos determinados por la nueva orden, y tampoco da una fecha estimada.

En su respuesta, informa de que se está trabajando en el sistema informático para la  recepción de los datos de los aprovechamientos, y en la comunicación e inspección con los usuarios del agua. Según sus palabras se encuentran en “un proceso activo de implantación de la orden”.

Pero los ecologistas recuerdan que en la Disposición Transitoria Primera de la orden se establece un plazo claro de aplicación para las distintas categorías de aprovechamiento: en los de más de 500.000 metros cúbicos se deben instar los equipos y “comenzar a enviar la información adicional exigida a los organismos de cuenca antes de un año desde la entrada en vigor de esta orden”.

Es “urgente” debido al cambio climático

Así, indican que este tipo de medidas están “ampliamente apoyadas” por la ciudadanía que, mayoritariamente, prefiere “un control del consumo real y una gestión moderna y sostenible de los recursos hídricos”. “Es urgente, teniendo en cuenta el contexto actual de cambio climático y del mal estado cuantitativo del acuífero de la Mancha Oriental”.

Según Ecologistas en Acción, la Junta Central de Regantes de la Mancha  Oriental (JCRMO) “presume” de que aplican un sistema de control basado en la teledetección con mucho éxito, pero apuntan que eso no es cierto: “Las extracciones siguen superando la capacidad de recarga del acuífero de la Mancha Oriental, lo que lo ha llevado a una situación de sobreexplotación”.

“Si realmente se quiere atajar los fraudes deberían implementar el plan cuanto antes”, añaden, indicando que la normativa establece las determinaciones técnicas que tienen que tener los sistemas de medición, “para evitar manipulaciones de contadores, que hasta ahora eran frecuentes”.

Desde Ecologistas en Acción de la Manchuela, afirman que para planificar el uso de agua, y que este tenga futuro, hace falta un “control y conocimiento exhaustivo”, y la ‘Orden de Contadores’ es un paso necesario:  “Debemos ceñirnos a la Directiva Marco del Agua: el buen estado de todas las masas de agua, acuífero, río Júcar, fuentes y manantiales y  zonas húmedas. No todo se puede supeditar al beneficio económico de unos pocos”.

Este colectivo admite que es un proceso complejo, pero que en asuntos tan importantes y de repercusiones tan graves al medio ambiente y a las personas y cuando hay legislación que lo exige, “no se debería dejar pasar un año y no tener aún fecha de su implantación”. En palabras de su portavoz, Chimo Azorín, “como siempre desde nuestra asociación vamos a exigir a la Confederación Hidrológica del Júcar algo muy loco: que cumplan la orden promulgada por su Ministerio”.

Hoy no voy a centrarme en lo rural. No hablaré de los campos que me han ocupado media vida, ni de la tierra que uno aprende a escuchar como quien escucha a un hijo.

Hoy escribo desde otro dolor: el de ver cómo comenzamos a perder servicios que pertenecen a todas las personas, bienes comunes que deberían permanecer a salvo de cualquier intento de apropiación. Y entre ellos, el más esencial de todos: el agua.

El pasado jueves viví un desagradable acontecimiento en la reunión del Observatorio del Agua de Emasesa, a la que asistí como representante de Fundación Savia y donde, sin previo aviso y en un gesto que quebró la serenidad habitual de los organismos públicos, se confirmó que AEOPAS (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimientos y Saneamiento) fue expulsada del Observatorio del Agua de EMASESA, entidad pública que gestiona el agua en el área metropolitana de Sevilla.

Ante la noticia de que AEOPAS no había recibido la convocatoria, la Mesa Social del Agua de Andalucía, cuyo varios componentes son miembros, presentó un escrito en el Observatorio donde expone que “se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que ha regido este órgano desde su creación” y por tanto “reclaman su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo del agua…”.

La decisión cayó como un portazo seco, inesperado por AEOPAS y por nosotros pese a las cartas enviadas por AEOPAS durante meses -nunca contestadas- en las que se pedían fórmulas de colaboración, espacios de encuentro y mecanismos para reforzar la gobernanza compartida del agua. Esas misivas quedaron suspendidas en un silencio administrativo que hoy revela su verdadero significado.

Resulta especialmente doloroso porque AEOPAS no era un invitado circunstancial de este foro: era uno de sus principales impulsores, una de las columnas que sostuvieron la idea de que la gestión del agua urbana debía construirse entre todos, desde la cooperación técnica, la participación social y la transparencia como norma.

La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA no puede entenderse como un mero desacuerdo procedimental. Es un gesto que perfora la confianza pública, un síntoma claro de que algo profundo se está reconfigurando en el gobierno del agua urbana en Andalucía. Cuando se aparta del debate técnico a quienes han defendido la transparencia, la planificación y el interés general, lo que se está haciendo es vaciar de contenido los espacios de participación para que otras lógicas, muy distintas, puedan avanzar sin resistencia.

Desde hace tiempo se intenta instalar la idea de que da igual quién gestione el agua: público, privado o mixto; todo sería lo mismo. Pero ese discurso, tan cómodo para algunos, es la antesala de un proceso más amplio: la mercantilización del agua. Si se borra la diferencia entre lo público y lo privado, también desaparece la necesidad de proteger lo común. Y el agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio.

La expulsión de AEOPAS forma parte de ese movimiento. Su ausencia abre paso a organizaciones dominadas por intereses empresariales que presentan la gobernanza como un escaparate y no como un espacio vivo de control ciudadano. Cuando los órganos consultivos se llenan de entidades vinculadas a empresas adjudicatarias de contratos públicos, los límites del conflicto de interés se desdibujan, la transparencia se debilita y la ciudadanía pierde su voz en decisiones estratégicas que deberían pertenecerle.

Este proceso no ocurre de golpe. Es progresivo. Se va deteriorando la capacidad pública, externalizando funciones, reduciendo inversión, desgastando la estructura municipal… hasta que la privatización parece el único camino posible. Y siempre se repite la misma historia: lo privado se envuelve de modernidad; lo público se deja caer para luego declarar su supuesta ineficacia.

Pero todo esto no sería posible sin algo más grave: la permisividad, la mediocridad o la complicidad de una parte de nuestra clase política. Como denunció Matías Picavea hace más de un siglo, demasiados responsables públicos parecen “más preocupados por saquear que por planificar”. La frase era un aviso entonces y lo sigue siendo hoy.

Nos encontramos ante una encrucijada. Si permitimos que el agua se deslice hacia la lógica del mercado, estaremos renunciando a un derecho fundamental que pertenece a todas las personas por igual.

Si dejamos que se silencien las voces que defienden la gestión pública, estaremos aceptando que la democracia retroceda un paso más.

Hoy, más que nunca, tenemos que preguntarnos: ¿Queremos un agua gestionada para la ciudadanía o un agua gestionada para el beneficio Porque lo que está en juego no es solo la composición de un observatorio. Lo que está en juego es la dignidad de un bien común que nunca debió salir de las manos del pueblo.

El Ayuntamiento de Plasencia y la unión temporal de empresas Aguas de Plasencia han informado del restablecimiento del nivel 0, de situación normal y vigilancia ordinaria, en relación al suministro de agua potable de la ciudad, después de un episodio puntual de deterioro registrado durante el fin de semana, que llevó al consistorio a recomendar no utilizar el agua del grifo para beber ni cocinar.

Los últimos análisis que se han llevado a cabo han confirmado que el agua distribuida cumple con los parámetros establecidos en el Real Decreto 03/2023 y la normativa vigente.

El incidente se produjo tras las intensas lluvias caídas en áreas afectadas por incendios durante el verano, lo que provocó un aumento de la turbidez por el arrastre de ceniza y materia orgánica, lo que provocó una alteración del pH en la entrada de agua bruta en la estación de tratamiento (ETAP). Este cambio obligó a activar el nivel 1 del Plan de Contingencia.

La UTE y el Ayuntamiento intensificaron durante el sábado y el domingo los controles analíticos, ajustaron los procesos de tratamiento y reforzaron el seguimiento técnico hasta devolver el suministro a la normalidad, según el consistorio, que ha destacado el trabajo coordinado entre los equipos técnicos, así como la implicación de las concejalías de Medio Ambiente, Gestión Integral del Agua y el gabinete de crisis municipal. También ha agradecido la colaboración de todas las áreas y entidades que han facilitado información durante la incidencia.

Aunque la ciudad ha regresado a la vigilancia ordinaria, el Gobierno local ha señalado que la situación “seguirá monitorizándose en los próximos días” y ha pedido a la población que consulte únicamente los canales oficiales para evitar la difusión de datos no verificados.

El Pleno de la Diputación de Ciudad Real ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar a la Junta de Comunidades que establezca una moratoria de al menos cinco años en la aplicación del canon por pérdidas de agua, recogido en la Ley 2/2022 de Aguas de Castilla-La Mancha.

La propuesta, presentada por el Grupo Popular y defendida por el Equipo de Gobierno, busca “dar un respiro a los ayuntamientos para que puedan acometer inversiones en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, sin verse obligados a pagar por el agua que se pierde debido al mal estado de las infraestructuras”, señalan.

La portavoz del Gobierno, Rocío Zarco, ha explicado que “la aplicación inmediata de este canon sobre el agua no registrada o pérdida por fugas está generando una grave carga económica para muchos ayuntamientos, especialmente los del ámbito rural, donde las infraestructuras son muy antiguas y requieren importantes inversiones”.

Ha subrayado, además, que la Diputación es la única administración que está asumiendo “inversiones reales y constantes” para la mejora de las redes municipales, con más de 20 millones de euros invertidos durante la actual legislatura “sin copago” y otros 35 millones incluidos en el plan de obras e infraestructuras de 2025.

“Nuestra prioridad es estar del lado de los ayuntamientos. Si el 1 de enero se empieza a cobrar este canon por pérdidas en las redes, va a significar la ruina de muchos ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real. Por eso pedimos que la Junta acuerde un régimen transitorio que permita a los consistorios adaptarse y acometer sus inversiones, con una moratoria no inferior a cinco años”, ha afirmado.

La aportación de la Diputación ciudadrealeña resulta “insuficiente” para el PSOE

Durante el debate, el portavoz socialista José Manuel Bolaños ha anunciado el voto favorable de su grupo, aunque ha considerado que la aportación de la Diputación resulta “insuficiente” y ha pedido que el plan de renovación de redes sea “más ambicioso”.

“El Grupo Socialista ya dijo en su momento que era un plan sin planificar. Hoy pedimos un plan técnico coordinado y creemos que esta institución puede hacer mucho más que aprobar una propuesta. Le pedimos al presidente que aborde un plan de al menos 130 millones de euros para la renovación de redes”, ha manifestado en diversos momentos de su intervención.

Bolaños también ha querido poner en valor que “el Gobierno de Castilla-La Mancha ya está trabajando en esta materia” y ha recordado que “ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 10 millones de euros para abordar la renovación de redes, sobre todo en las localidades pequeñas”.

Aun así, ha valorado positivamente el acuerdo diciendo que cree que “todos compartimos el objetivo. Hoy estamos haciendo un ejercicio de unanimidad, porque lo importante es ayudar a los ayuntamientos a cumplir con la Directiva Marco del Agua sin poner en riesgo su economía”.

La Diputación ve “muy escaso” el esfuerzo de la Junta

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha intervenido al término del debate para dejar claro que el Gobierno de la Diputación de Ciudad Real no está de acuerdo con el canon del agua. “Creemos que es un canon que ya está agravado con otras liquidaciones que ya pagan los ayuntamientos porque pagan por la disponibilidad del agua y por la depuración. Por tanto, entendemos que este canon es una doble imposición”, ha dicho para reiterar, acto seguido, que este nuevo impuesto “acaba repercutiendo en los ciudadanos”. Y no ha dudado en pedir “sensatez y tiempo” para que los ayuntamientos puedan adaptarse.

“Estamos defendiendo a los ayuntamientos y a los vecinos. Lo que pedimos es que se dé un plazo razonable, al menos de cinco años, para que los municipios puedan acometer las obras necesarias y reducir sus pérdidas de agua. No se puede penalizar a quienes no tienen recursos suficientes para renovar sus redes”, ha añadido.

Ha querido poner de manifiesto, asimismo, que la Diputación ha movilizado recursos históricos en apoyo de los municipios. En este sentido, se ha referido a los casi 20 millones ya ejecutados del Plan de Renovación de Redes, a la puesta en marcha de otro plan, junto con Aqualia y Emaser, dotado con 8 millones de euros y al Plan Edifica que se está desarrollando en la provincia, que aplica el 80% de sus actuaciones a la mejora de redes de abastecimiento y saneamiento.

Por otro lado, Valverde considera “muy escaso” el esfuerzo de la Junta en toda la región. “Diez millones de euros para una región como Castilla-La Mancha son insuficientes para afrontar la magnitud del problema y la capacidad financiera que tiene el Gobierno regional. Lo que pedimos es un mayor esfuerzo inversor y que los 70 u 80 millones que se recauden con este canon se destinen directamente a los ayuntamientos para inversiones hidráulicas”, ha añadido.

Ha recordado que ya trasladó personalmente al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la necesidad de una moratoria. Ha añadido que le plateó “que los ayuntamientos no pueden asumir de golpe este coste. Y me respondió que las diputaciones tenemos mucho que decir. Y sí, tenemos mucho que decir, pero no de golpe, porque los municipios necesitan tiempo y recursos”.

No obstante, Valverde ha querido dejar claro que “lo importante hoy es el acuerdo unánime, porque creo que todos los ayuntamientos de la provincia y de la región estarán de acuerdo con esta solicitud. Ojalá el Gobierno regional la escuche y dé ese respiro que los municipios necesitan para seguir avanzando hacia una gestión más eficiente y sostenible del agua”.

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido al Ayuntamiento de Liendo para pedirle que modifique su ordenanza municipal para “acabar con la discriminación” en la tasa por suministro y distribución de agua, donde mantiene precios diferentes en función de si el usuario está empadronado o no en el municipio.

Según ha indicado en un comunicado, la asociación ha comprobado que la ordenanza reguladora de la Tasa por Suministro y Distribución de Agua, en el artículo 16 de 'Exenciones y bonificaciones', establece que “los contribuyentes por el suministro domiciliario de agua, cuyo destino sea el suministro a viviendas de primera residencia y de carácter permanente, obtendrán la bonificación del 60 por 100 de la tarifa, debiendo comprobarse estos datos mediante verificación en el Padrón Municipal de Habitantes”.

Para FACUA, el Ayuntamiento “está utilizando un criterio basado exclusivamente en el lugar de residencia de una persona para establecer la cuantía de la tasa que, además, corresponde a un servicio básico esencial, lo que claramente vulnera el derecho fundamental a la igualdad de los españoles”.

La asociación se ha remitido al artículo 14 de la Constitución, que indica que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Además, el artículo 5 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria también señala que “los ciudadanos y ciudadanas de Cantabria son titulares de los derechos y deberes establecidos en la Constitución y en el presente Estatuto”.

El artículo 150 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales, dispone con carácter general que “la tarifa de cada servicio público de la Corporación será igual para todos los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias. No obstante, podrán establecerse tarifas reducidas en beneficio de sectores personales económicamente débiles”.

FACUA entiende que el Ayuntamiento “debe garantizar la prestación de los servicios públicos en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, no pudiendo establecer tasas distintas por la prestación del mismo servicio salvo por determinadas circunstancias de carácter económico en usuarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad”.

El hecho de bonificar la prestación de un servicio público únicamente por razón de residencia (en función de que el destinatario se encuentre empadronado o no en el municipio) supone, según FACUA, “una clara vulneración de los derechos de los usuarios”.

Por todo ello, la asociación insta al Consistorio de Liendo a que modifique su ordenanza municipal para acabar con la diferencia de precios en la tasa por suministro y distribución de agua.

Unos 17.000 vecinos de seis municipios de Sevilla han sufrido la pasada noche y durante la semana cortes en el suministro de agua, debido a que las precipitaciones han sido “insuficientes para reponer el nivel de los acuíferos y que el consumo es muy elevado”. Los seis pueblos afectados son los pertenecientes al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur de Sevilla, entre ellos Algámitas, Los Corrales, Martín de la Jara, La Roda de Andalucía, El Saucejo y Villanueva de San Juan.

Según ha indicado en una nota el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, la Institución Provincial de Sevilla está “trabajando tanto a corto como a medio y largo plazo para solucionar, junto al Consorcio de Aguas de la Sierra Sur, los problemas con el suministro que se producen en los seis municipios”.

Por su parte, ayuntamientos como el de Los Corrales han publicado en sus redes sociales la información difundida por el Consorcio, que ha explicado que tras el estudio de la evolución de los niveles, durante la semana continuarán teniendo lugar cortes en el suministro de agua desde la medianoche hasta las 8:00 horas. “Cada gesto cuenta. El uso responsable del agua no es solo una necesidad, sino un deber con nuestro entorno”, ha justificado.

La Diputación ha subrayado que ha invertido alrededor de 2,5 millones de euros en un nuevo sondeo en El Cerro de la Cruz y en la conexión de este con el depósito del Puntal, que se culminó hace un mes. “Este sondeo está terminado y equipado y cuenta con autorización por parte de la autoridad sanitaria para el consumo”, ha añadido.

Además, ha señalado que la institución provincial está trabajando para “la definitiva integración de este Consorcio de la Sierra Sur en el Consorcio de Aguas del Plan Écija”. Por otro lado, Domínguez ha subrayado que “para la solución definitiva también es clave un compromiso firme de los ayuntamientos con la mejora de la gestión y de la Junta, para acelerar otras obras, como las del Tramo IV de la conexión del Plan Écija”.

El reventón en una tubería de la red de abastecimiento de agua en el Casco Histórico de Toledo, en la zona de la Judería, ha provocado un espectacular río de agua que discurre por varias calles y que ha llegado hasta uno de los puentes más emblemáticos de la ciudad, convertido en cascada.

El incidente ha obligado a cortar el suministro en las calles Potro, Almofala, Bajada de Antequeruela y Bajada Puerta Nueva, además de la Travesía del Potro, según ha informado el Ayuntamiento a Toledodiario.es

“La Policía Local ha cortado el acceso por las escaleras de Alamillón de San Martín para evitar incidencias por el socavón”, explica el ayuntamiento. El agua ha caído por el puente de San Martín hacia el río Tajo.

Se trata de un reventón de la red general que tiene origen en el Cerro de los Palos y que se ha producido, en concreto, en la tubería a la altura de San Juan de los Reyes, 15.

No ha sido el único porque también se producía una segunda rotura en la ronda del Valle, a la altura de Caravantes.

Son dos roturas en una de las tuberías de mayor calibre en el abastecimiento de agua de la ciudad, ya que tiene un diámetro de 450 milímetros.

Pasadas las 21 horas, se informaba de que se está abasteciendo la zona afectada en el Casco Histórico, mediante el bombeo de emergencia de San Juan de los Reyes y también se están limpiando los arrastres provocados por la fuerza del agua, que ha levantado el pavimento y destrozado mobiliario urbano y zonas vegetales.

Además, se ha solicitado un contenedor de zahorra para facilitar el paso a la vivienda que está en la zona donde se ha producido el incidente.

Un segundo reventón en la zona de los Cigarrales

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han confirmado que también se ha producido un segundo reventón en la misma tubería, pero en otro punto, en este caso en la zona del Cigarral de Caravantes, fuera del Casco Histórico, al otro lado del río.

La rotura de la conducción en esta parte de la ciudad afectó a la Bastida, al Camino San Jerónimo, Cerro de la Cruz, Puente de San Martín y zona de la Pozuela hasta la cuesta Pina.

Los operarios han estado trabajando toda la noche y se suministro ya ha quedado restablecido este jueves. “Anoche terminaron de arreglar la tubería y han empezado a cargarla a las 7:00 de la mañana”, según ha informado el ayuntamiento. 

Los diez pueblos de la Mancomunidad Cabeza del Torcón, en Toledo, llevan desde este lunes 18 de agosto sin agua potable debido a un fallo técnico que, según la empresa FCC Aqualia, ya se ha reparado.

La mancomunidad ha enviado un aviso a los pueblos afectados -Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Menasalbas, Noez, San Martín de Montalbán, Totanés, San Pablo de los Montes y Ventas con Peña Aguilera, de que el agua no es potable.

Aqualia ha recalcado que el aviso de que el agua vuelve a ser potable se enviará a lo largo de la tarde o durante la noche de este martes.

No se trata de un problema nuevo. En 2024, los mismos pueblos estuvieron más de una semana sin tener acceso a agua potable, tras registrarse una incidencia derivada de un fenómenos de inversión térmica en el embalse toledano.

La Confederación Hidrográfica del Tajo trabaja en la reparación del canal del trasvase Tajo-Segura que ha sufrido una rotura en el tramo 2, en su paso por el municipio de Liétor en Albacete. La rotura se detectó el pasado 7 de agosto y se ubica entre la salida del túnel del Talave y el final del canal en el embalse del mismo nombre.

El trasvase se cerró inicialmente para vaciar el canal y permitir la inspección minuciosa del tramo afectado, así como la valoración precisa de los daños existentes. Una vez logrado el vaciado del canal en su totalidad, se inició de inmediato el reconocimiento de la parte afectada durante los días 11 y 12 de agosto.

Como resultado de la primera evaluación, se evidencian “graves daños” por colapso en los paños de la solera y de los taludes del canal, así como importantes alteraciones en el terreno sobre el que se asientan. Desde el organismo señalan que todavía se deben definir el alcance “detallado” de los trabajos necesarios para recuperar la funcionalidad de la infraestructura. El plazo se estima en un mes.

La Confederación señala que los trasvases no se verán “comprometidos” y que se informará del desarrollo de los trabajos de reparación.

Hay un organismo, la Confederación Hidrográfica del Tajo, que ha demostrado su opacidad a lo largo de los años. Y, ojalá solo fuera eso, ya que su gestión peca también de estar de parte, no de los intereses generales de la ciudadanía o lo que es peor, de la conservación adecuada de los cauces fluviales que dice defender. Claro está, que lo mismo podríamos decir de las Confederaciones Hidrográficas del Guadiana, del Júcar o del Segura, organismos, que junto a la homónima del Guadalquivir, son los que entienden de las aguas superficiales de Castilla-La Mancha.

Su gestión técnica y económica de la explotación de la infraestructura hidráulica de trasvase Tajo-Segura en la parte correspondiente al tramo de conducción desde la toma en el río Tajo hasta el desagüe en el embalse de Talave no ha sido acertada en la necesidad del caudal mínimo, depuración de aguas y estado de los cauces, riberas y ecosistemas que genera el río, confirmando en la ciudadanía la creencia, fundada, de que en materia de urbanismo se ha permitido más de una construcción que se saltaba la norma de proyección del cauce y riberas.

Y la Confederación, pese a tener casi todo su territorio de gestión en Castilla La Mancha tiene sus oficinas principales en Madrid, en la avenida de Portugal, 81. En nuestra región tiene oficinas de administración en Guadalajara, Carrascosa del Campo (Cuenca) y Toledo, en la plaza de Abdón de Paz, 11. Ante este exceso de centralismo, podría el Gobierno central decidir trasladar la sede central a nuestra región a tenor de la descentralización administrativa y la ocasión de inyectar medidas de actividad en las zonas despobladas, que las hay -y muchas-, en el territorio de la confederación.

Bien pudiera la confederación abordar la conservación, además del Patrimonio Natural, del Patrimonio Cultural que se encuentra sobre los cauces y en las márgenes de los ríos de su administración: puentes, azudes, molinos y batanes esperan un plan integral de intervención preventiva, restauradora, divulgativa y de uso. Por cierto que, en la sede toledana, en el palacio de Amusco, hizo obras de adecuación para las nuevas oficinas eliminando uno de los pocos jardines urbanos de la ciudad, dejándole encementado.

El organismo, como otros muchos en este país, maquilla su imagen mediante contenidos que saben que blanquean su desastrosa gestión: un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS); manifestaciones de discriminación positiva hacia la mujer, exposiciones (de la Sierra del Guadarrama y Valsaín) o reproducción de artículos nada críticos con su gestión. Y, sin embargo, no incluye en las zonas 'vulnerables' al área de Toledo-Montes de Toledo (lo está la Alcarria-Guadalajara, la zona de la Mesa de Ocaña o la llamada zona de Madrid-Talavera-Tiétar).

Por ello no resulta extraño que nos alarmemos por el ridículo caudal de estiaje que hemos visto estos días pasados y las evidentes muestras de elementos contaminantes que los efectos de una DANA nos habían permitido soñar, cual un espejismo, en un paisaje idílico de playas y aguas cuasi practicables. Dice Miguel Ángel Sánchez, presidente de la Red del Tajo, que han sido intereses privados los que han provocado la reducción drástica del caudal. Nada nuevo bajo el sol.

Policía de aguas. Es la función que realizan los Servicios de Vigilancia y Control del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con tareas que tienen un objetivo en común: garantizar la conservación del recurso y también su correcto uso. Dos de estos agentes del organismo nacional denunciaron haber recibido amenazas de muerte en Tomelloso. Uno de los afectados había sufrido ya un ataque similar, en 2020, cuando su vehículo amaneció con las ruedas pinchadas y vandalizado con pintadas de las letras 'HP' en el capó.

“Por suerte, no se trata de un hecho recurrente”, valoran desde la Confederación. Desde el organismo sí conceden que el servicio actualmente es “claramente deficitario”, ya que en la zona del Alto Guadiana hay destinadas “únicamente” veinte personas al servicio, lo que provoca una carga de trabajo “desproporcionada”. Desde la misma Confederación explican que cada agente “debe cubrir más de 1.000 kilómetros cuadrados” y controlar también unos 2.000 pozos legales. En general, se trata de funciones de control y supervisión orientadas a preservar el buen estado del dominio público hidráulico y sus áreas de influencia.

Esto no incluye otras partes de su labor, que es vigilar los pozos ilegales, captaciones en cauce y su vigilancia, así como el monitoreo de las zonas protegidas, la detección de vertidos, la toma de datos piezométricos, y otras funciones. En el caso concreto del Guadiana, el personal suele desempeñar sus tareas de manera individual. No obstante, determinadas actuaciones —como la manipulación de contadores, las inspecciones en fincas conflictivas, las inspecciones nocturnas o el acceso a zonas especialmente difíciles— se realizan, al menos, en pareja, por seguridad y también eficacia operativa, destacan.

El personal que se dedica a estas tareas vive en lugares que determina su puesto de trabajo, localizado en el territorio correspondiente, lo que hace “inviable” un cambio de funciones sin modificar la localidad de residencia, incluso cuando son amenazados o sufren algún tipo de agresión. En el caso concreto de los hechos ocurridos en Tomelloso, las visitas de seguimiento que se hayan de hacer a esta finca y zona se realizarán en coordinación y cooperación con el SEPRONA, destacan desde la Confederación, que agradece el “magnífico apoyo” que ofrece a la Confederación.

Desde la Confederación advierten de que no se puede “criminalizar a un colectivo”, que en este caso sería el de los agricultores, solo por las “acciones de un determinado individuo”.

“Es muy grave y no se puede consentir”

Rafael Ubaldo Gosálvez lamenta que los agentes, la 'policía de aguas', lleva “muchos años en el punto de mira de energúmenos que se creen con el derecho de tomarse una supuesta justicia por su mano”. El profesor de Geografía Física en la Universidad de Castilla-La Mancha es también miembro del Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel y lamenta que lo que hoy es una amenaza o un pinchazo en una rueda, “puede llegar a ser una agresión física”.

“Es muy grave y no se puede consentir”, asevera Gosálvez. Por eso, ha exigido a la Confederación y a las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que “no consientan bajo ningún concepto ningún tipo de amenaza”.

Por otro lado, también ha querido advertir a la Junta de Comunidades que “tienen que dejar de prometer lo que no se puede prometer”, como consideran que es la futura regularización de pozos. “El problema no está solo en los ilegales”, resalta, ya que hay también maniobras irregulares en los pozos legales, como la “manipulación de los caudalímetros”. Son hechos que la propia Confederación ha denunciado en más de una ocasión

Para el experto, organizaciones agrarias como ASAJA o UPA “también deben ponerse del lado de estos agentes amenazados”. “Es preocupante que la labor del funcionario público se pueda poner en riesgo por estas situaciones de tensión que hay en el medio rural por el regadío”, lamenta. “La realidad es que los acuíferos siguen sobreexplotados, las entradas de agua puntuales son un espejismo en los que nos gusta recrearnos, y vemos como dicen que 'ya se han salvado las Tablas'. No, para nada”, zanja.

“Nosotros somos de la opinión que el único trasvase que permitiríamos sería del regadío manchego a las Tablas. Y eso significaría dejar de regar. ¿Quién está dispuesto políticamente a aceptar la reducción a la mitad del regadío en la Mancha? Nadie. Mientras tanto, amenazas a los agentes, destrucción de humedades y expolio de los acuíferos”, concluye el experto.