El Día Internacional de las Mujeres Rurales es una fecha para reconocer el trabajo de tantas mujeres que generación tras generación, han contribuido a mantener vivos nuestros pueblos y nuestras cooperativas. Mujeres que han trabajo en las explotaciones familiares, en las cooperativas, muchas veces sin el reconocimiento que merecían, pero con una labor fundamental para el desarrollo del medio rural.

Durante muchos años, las mujeres trabajaron codo con codo con los hombres en las explotaciones agrarias y ganaderas, sin figurar en la mayoría de los casos como titulares y compatibilizándolo con las tareas del hogar y del cuidado de sus familias. En las cooperativas sabemos que las mujeres siempre han contribuido al crecimiento y lo hicieron en muchos casos sin ocupar puestos en los órganos de dirección, ni participar directamente en la toma de decisiones. Siempre han estado ahí, pero no siempre se les ha reconocido su enorme contribución.

Para hablar del Día Internacional de las Mujeres Rurales tenemos que hablar de esas mujeres que, en un segundo plano, dedicaron su vida a sacar adelante a sus familias, sus negocios y la economía de sus pueblos, abriendo camino a las que hoy forman parte de las estructuras cooperativas.

El aumento de la presencia femenina en el sector queda reflejado en el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agro-alimentario de Castilla-La Mancha (OSCAM), publicado en 2025. En las cooperativas de primer grado y las SAT, las mujeres representaban el 28,7% de las personas socias en 2024, el mismo porcentaje que en 2020. Sin embargo, el número aumentó en cuatro años de 44.985 a 45. 615 mujeres socias.

La presencia femenina también creció en los puestos de dirección en el mismo periodo. En 2024, ocupaban el 12,5% de los puestos en los consejos rectores frente al 10,3% de 2020. En las presidencias, el porcentaje pasó del 4,9% al 7,1%. Por otro lado, las mujeres representaban el 26,3% de las gerencias de cooperativas en 2024, frente al 19,9% en 2021. Son avances positivos, pero que muestran la enorme distancia que queda para conseguir la paridad.

Ante estas cifras observamos que el reto no es solo la incorporación de más mujeres al sector, sino que aumente su participación en los puestos donde se toman las decisiones. Las mujeres representan casi tres de cada diez personas socias en las cooperativas de primer grado y SAT de nuestra región, sin embargo, solo ocupan uno de cada ocho puestos de dirección y casi una por cada catorce presidencias de cooperativas.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha creemos que es importante impulsar su incorporación como socias, pero también facilitar que den el paso hacia las gerencias, los consejos rectores y las presidencias de nuestras cooperativas. Para ello, la formación, y el relevo generacional son fundamentales. Nos sentimos orgullosos de que cada vez sean más las mujeres que deciden coger las riendas de sus explotaciones, que asumen responsabilidades en su cooperativa y participan en la toma de decisiones. Un cambio que viene en gran parte, de la mano de las más jóvenes, que se incorporan muy bien formadas y con una visión innovadora de la agricultura, apostando por las nuevas tecnologías y la sostenibilidad. Sus aportaciones, ya están contribuyendo a modernizar el campo y nuestras cooperativas, impulsando un modelo más digital, competitivo y sostenible.

El futuro pasa por aprovechar todo el talento; la gran experiencia y competencia de las mujeres que han ido abriendo camino en un sector masculinizado, y la preparación de las jóvenes que llegan aplicando la tecnología en el sector agroalimentario en el medio rural.

Este 15 de octubre, volvemos a apostar por las mujeres del medio rural no solo para conseguir la igualdad, sino porque significa apostar por un sector cooperativo fuerte, por fijar población y por el futuro de nuestros pueblos.

Feliz Día Internacional de las Mujeres Rurales.

En un pueblo pequeño, coger un coche no siempre es simplemente coger un coche. Para un adolescente puede significar depender de que sus padres puedan llevarle al instituto. Para una persona mayor, tener que pedir un favor a un familiar o a un vecino para ir al médico o hacer la compra. Para una familia, organizar toda la semana alrededor de los desplazamientos. Y para quien ya no conduce, una carretera que sobre el mapa parece corta puede convertirse en una frontera.

En la Bal d’Onsella, la movilidad es una de esas cuestiones que se entienden mejor cuando se viven en el día a día que cuando se cuentan en kilómetros.

La desaparición en 2025 del servicio de autobús que conectaba los pueblos del valle con localidades como Sangüesa y Sos del Rey Católico dejó durante más de un año una realidad difícil de encajar en cualquier mapa de servicios públicos: pueblos habitados, pero sin una conexión regular para salir de ellos. La situación afectaba especialmente a quienes no disponen de vehículo propio, por eso ahora la comarca busca una respuesta desde el propio territorio.

La respuesta tiene nombre: ONsellaMOVE, y forma parte de ONsellaCONECTA, una estrategia impulsada desde la localidad de Urriés que pretende abordar la movilidad como un servicio más necesario para mantener vivos los pueblos. Una furgoneta eléctrica de nueve plazas que tendrá una doble función: por las mañanas trasladará a estudiantes hacia el instituto de Sangüesa y, durante el resto del día, funcionará como transporte bajo demanda para los vecinos. Una idea sencilla, pero fundamental para la supervivencia de estos pueblos.

Para un joven, llegar al instituto también es poder elegir dónde vivir

Para un adolescente de la Bal d’Onsella, estudiar no debería depender del lugar donde haya nacido. Sin embargo, en el medio rural las distancias condicionan decisiones que en una ciudad apenas se perciben. El instituto está fuera del pueblo. Los servicios sanitarios de referencia están fuera. Muchas actividades, compras, trámites o conexiones de transporte también están fuera.

En el caso de los jóvenes, hay que tener en cuenta de que se encuentran cursando la Educación Secundaria Obligatoria “no se trata de un servicio optativo, sino de un derecho fundamental” y de una competencia que corresponde directamente al Gobierno de Aragón y que, sin embargo, “jamás se ha cubierto adecuadamente”, apunta el alcalde la localidad de Urriés, Armando Soria.

“La realidad del territorio es aplastante”, lamenta Armando Soria, y pone un ejemplo: “Una familia que se levanta a las 6 o las 7 de la mañana para ir a trabajar no puede llevar personalmente a sus hijos al instituto si este se encuentra en otro municipio. Al no existir un servicio público de transporte escolar, la única alternativa real para estas familias es depender diariamente de la solidaridad de algún vecino o, sencillamente, verse obligadas a abandonar el pueblo”.

Ante una situación como la descrita anteriormente, y que se repite en numerosas zonas rurales de toda la comunidad, Soria expone que la respuesta por parte de la administración pasa por la concesión de becas de transporte, unas ayudas que llegan a los hogares “con una media de dos años de retraso y que, por si fuera poco, no resuelven el problema de fondo: si no hay nadie disponible para llevar a los niños cada mañana, el dinero a futuro no sirve para nada”, recuerda.

En la localidad de Urriés, donde nace este proyecto de movilidad rural, hay cuatro niños en esta situación a los que se suman dos en Undués de Lerda y uno en Isuerre. En el caso concreto de Urriés, esto afecta de lleno a tres familias enfrentadas a un “dilema crítico: si no se habilita una solución de transporte, tendrán que marcharse del lugar donde han elegido construir su vida”.

Para que familias como estas no se vean obligadas a abandonar el pueblo, ONsellaMOVE quiere empezar por ahí: por garantizar el desplazamiento de los estudiantes hasta Sangüesa. No se trata únicamente de facilitar un trayecto de ida y vuelta. Se trata de que una familia pueda plantearse vivir en un pequeño municipio sin que cada mañana tenga que organizar un complejo sistema de coches, horarios y favores. “Resulta hiriente e incoherente que a las instituciones se les llene la boca hablando de lucha contra la despoblación mientras se ahoga a las familias fallándoles en lo más básico: garantizar el acceso a la educación obligatoria”, clama el alcalde de Urriés.

Porque la movilidad también forma parte de las oportunidades que ofrece un territorio. Y, a largo plazo, de sus posibilidades de futuro.

El coche: la diferencia entre autonomía y dependencia

La otra cara de la movilidad rural aparece cuando llega el momento en que conducir deja de ser una opción. En muchos pueblos pequeños, el vehículo particular ha terminado convirtiéndose en una extensión de los servicios públicos: sirve para ir al médico, comprar, acudir al banco, recoger un medicamento o simplemente encontrarse con otras personas.

Es una necesidad recurrente, y más ahora, ya que con el nuevo mapa concesionario, los habitantes de la zona pueden llegar hoy hasta Sos, “pero desde allí hasta nuestros pueblos están vendidos”, recuerda el alcalde. Y es que solo los viernes los habitantes de la Bal d´Onsella cuentan con combinación de autobús; el resto de los días, para ir o para volver, dependen de la buena voluntad y los favores de vecinos o ayuntamientos para poder bajar a la farmacia, a hacer la compra o a la peluquería. Gestiones y necesidades cotidianas que deberían ser sencillas, pero a las que se les condena a renunciar “solo por el hecho de ser pocos”.

Conscientes de la necesidad y urgencia de garantizar un modelo de movilidad digna cuando no tienes 5.000 usuarios en una línea, el transporte bajo demanda que plantea ONsellaMOVE tiene una importancia que va más allá de la movilidad sostenible. La intención es que vecinos, especialmente mayores y personas sin vehículo, puedan solicitar desplazamientos a localidades como Sangüesa o Sos del Rey Católico para realizar compras, gestiones, acudir a servicios o conectar con otros medios de transporte.

Es una cuestión de autonomía, pero también de dignidad. Que una persona mayor pueda decidir cuándo necesita desplazarse sin tener que esperar a que un hijo, un hermano o un vecino tenga disponibilidad puede parecer algo pequeño. En un pueblo, no lo es.

La dependencia del coche tampoco afecta únicamente a quienes no conducen. Una familia con hijos puede acabar haciendo auténtica ingeniería logística: llevar a los niños al colegio o al instituto, desplazarse para comprar, acudir al médico, realizar trámites y compatibilizar todo ello con el trabajo.

En territorios donde las distancias entre servicios son importantes, el coche acaba absorbiendo una parte considerable del tiempo familiar, y ONsellaMOVE pretende liberar una parte de esa carga. Por eso, el proyecto insiste en que una parte fundamental para entenderlo es comprender que: la movilidad no es un servicio aislado, está relacionada con la educación, la sanidad, el comercio, el empleo, los cuidados y las relaciones sociales. Y si la movilidad falla, todos los servicios se vuelven más difíciles de utilizar.

Una solución pensada para un valle, no para un solo pueblo

Quizá uno de los aspectos más interesantes de ONsellaMOVE sea precisamente que no plantea una solución municipal para un problema municipal. La Bal d’Onsella comparte características y necesidades: pueblos pequeños, población dispersa, servicios concentrados en localidades de mayor tamaño y una fuerte dependencia del vehículo particular. Por eso la respuesta también se plantea de forma compartida.

ONsellaMOVE nace impulsado por el equipo y la experiencia de la plataforma de comercio local RedOnsella que integra a cinco municipios: Undués de Lerda, Isuerre, Lobera de Onsella, Longás y Urriés, lo que supone que durante el año unos 200 vecinos se benefician de un servicio que multiplica su número de usuarios en verano y otras fechas festivas del calendario, incluidos los fines de semana. “Nos encantaría seguir sumando pueblos”, apunta Soria, que reconoce que son muchos los vecinos de otras localidades de la zona que ya acuden a RedOnsella.

El nuevo proyecto, centrado en la movilidad rural, nace dentro de ONsellaCONECTA, una iniciativa que pretende conectar a los distintos municipios del territorio y a sus habitantes. La filosofía en ambos casos es similar: si un pequeño pueblo por sí solo tiene dificultades para mantener determinados servicios, varios pueblos que comparten problemas pueden buscar juntos una solución. No se trata, por tanto, de que cada localidad tenga que inventar su propio sistema, se trata de “hacer comarca”. Una decisión que en territorios rurales, puede ser determinante para su supervivencia.

De acercar la compra a aproximar el transporte

RedOnsella ayuda a entender de dónde nace esta manera de trabajar. La iniciativa surgió para facilitar las compras a los vecinos y, al mismo tiempo, mantener actividad económica dentro del territorio. Vecinos como Charo Ripalda explicaban que podían comprar en el propio entorno y recibir los productos en sus casas sin tener que ir a Sangüesa o a Ejea a hacer la compra antes de subir al pueblo. Otros, como Enrique, vecino de Urriés, destacaban en sus inicios lo fácil que era utilizar este sistema para recibir la compra a domicilio.

Tras cerca de dos años y medio prestando este servicio; vecinos y mayores de Isuerre como Juanita, Pilarín, Gabriela, Esmeralda o Floren; Carmen, Sonia, Charo o Juli en Lobera; o personas como Loli, Mari y Sixto en Urriés, confían y encargan su compra durante todo el año a RedOnsella. “Solo por ver el impacto en sus vidas diarias, este proyecto ya es un rotundo éxito”, subraya Soria.

Además, la red trabaja con más de diez productores locales a los que se les proporciona visibilidad, tienda online y un canal directo de reparto por todo el valle. “Somos conscientes de que debemos seguir buscando fórmulas de crecimiento que refuercen su viabilidad económica a largo plazo. Por eso, aprovechando la nueva licitación de ONsellaMOVE, vamos a volver a licitar también RedOnsella, creando sinergias que optimicen los recursos del territorio”, explica el alcalde de Urriés.

Todos los testimonios recabados sobre esta iniciativa tienen en común algo importante: que un servicio rural funciona cuando acaba formando parte de la vida cotidiana. Y ahora, ONsellaMOVE busca hacer lo mismo pero con los desplazamientos. La primera conecta productos, la segunda conecta personas y ambas parten de la necesidad de encontrar una respuesta a la misma pregunta: ¿qué hace falta para que alguien pueda seguir viviendo en un pueblo pequeño sin que cada necesidad le obligue a marcharse?

A veces, cuando se habla de despoblación, la conversación se centra en atraer nuevos habitantes: vivienda, empleo, conectividad digital, emprendimiento, turismo. Todo eso es necesario, pero existe otra cuestión menos visible: que quienes ya viven en los pueblos puedan desarrollar allí una vida normal. Una vida que pasa por poder estudiar, comprar, ir al médico, trabajar, cuidar o visitar a la familia y amigos.

La movilidad es transversal a todas esas necesidades, y ONsellaMOVE nace como “una pieza más de una política de permanencia”, aseguran sus impulsores, ya que no pretende únicamente que la gente se desplace; pretende que la falta de transporte no se convierta en una razón para abandonar el territorio.

El propio Ayuntamiento de Urriés presenta el proyecto desde esa perspectiva: que los vecinos puedan vivir donde quieren vivir sin sentirse desplazados por la falta de servicios, cuidados o atención.

El reto será convertir la idea en un servicio útil y rentable

El proyecto todavía se encuentra en fase de implantación y el vehículo está pendiente de su puesta en funcionamiento. Por eso habrá que esperar para comprobar cómo responde en la práctica: qué demanda tendrá, qué horarios serán necesarios, qué pueblos utilizarán más el servicio y cómo se adaptará a las necesidades reales de los vecinos.

El primer paso se dará esta misma semana cuando está previsto que el MITECO de el pistoletazo de salida para comenzar a ejecutar los fondos de la subvención. “A partir de ese instante, tendremos que acelerar con los pliegos y licitaciones: la adquisición de la furgoneta, la contratación del conductor o conductora, la adecuación de las instalaciones necesarias y todo el aparataje logístico”, explica Armando Soria.

La parte más compleja será precisar las condiciones de la licitación para la persona u entidad que gestione el proyecto y, sobre todo, “ofrecer un margen operativo suficiente para que quien lo dirija pueda tener la rentabilidad necesaria que garantice la viabilidad y continuidad de ONsellaMOVE en el tiempo”, reconoce Soria.

Sus principales usuarios serán ocho menores estudiantes y más de un centenar de vecinos que llevan años reclamando una solución real y estable para su problema de movilidad en un entorno poco poblado, pero en el que quieren permanecer. Por ello, la verdadera medida del éxito de ONsellaMOVE no será el número de kilómetros que recorra la furgoneta, sino cuántas cosas permitirá hacer a quienes viven en el valle. Porque un pueblo no está vivo solamente cuando tiene habitantes. Está vivo cuando esos habitantes pueden hacer su vida, y saben que pueden salir teniendo la oportunidad de volver a casa.

El proyecto 'Campana', una intervención artístico-social concebida para las ruinas de la Iglesia -concretamente en la espadaña- de Peroblasco, aldea de Munilla, busca hacer sonar la “recuperación” del municipio, según ha señalado el coordinador de la 'Casa del Burro', Luis Fernández, acompañado de la también vecina del pueblo, Esther Pascual.

La iniciativa, subvencionada por el Gobierno de La Rioja y apoyada por el Ayuntamiento de Munilla, plantea la creación de una campana diseñada y fundida por los tres escultores canarios del colectivo y fundición Bronzo -precisamente uno de ellos Ventura Alemán, ha intervenido de forma telemática-, que han incorporado en la pieza una inscripción alegórica a Peroblasco.

Precisamente fue Alemán, ha explicado Fernández, que tras realizar varios viajes al pueblo “siempre bromeó con la idea al ver esas espadañas vacías de fundir una campana para uno de esos huecos”, han recordado. A partir de ahí, como tiene una fundición -en La Laguna (Tenerife)- convenció a sus otros dos socios para “realizar una campana pero también hacerse acompañar de un viaje artístico y una alegoría a la recuperación del pueblo”.

Una vez realizada, con un coste de 2.900 euros -ya que solo han cobrado el coste del material-, está empaquetada para salir hacía Peroblasco y poderla situar en la espadaña. Para el proyecto han contado con una pequeña subvención del Gobierno de La Rioja y con el asesoramiento técnico del Ayuntamiento de Munilla que también les cede la plataforma para colocarla. Todo ello para que esté situada en la espadaña el 18 de octubre, si bien previamente se montará una exposición de escultura del colectivo 'Bronzo'.

Alemán ha explicado que la pieza cuenta con un peso de 75 kilos, y 55 centímetros de diámetro, y 53 de altura está “personalizada” para Peroblasco ya que “cuenta con el perfil del pueblo, así como un montón de nubes de humo subiendo para arriba”. En cuanto al sonido, es en nota de Sol, y como ha dicho uno de sus autores “suena muy redonda”.

Pascual, por su parte, ha señalado que la iglesia, de finales del XV-XVII, fue desacralizada en 1981. Por ello, ahora la campana se tiene que estudiar su uso, aunque podría ser incluso para avisar a la población de un fuego en el pueblo, que cuenta con 17 personas viviendo en la actualidad.

En este punto, ha lamentado que todavía no se haya acometido la recuperación del puente del municipio, que tiene como singularidad que el núcleo urbano del mismo pertenece a Munilla y el resto a Arnedillo. Han señalado que hace falta depuradora porque “somos el único pueblo de la zona que vierte sus aguas fecales directamente al río”, así como poder contar con un local público, restaurar el lavadero o actuar sobre el cementerio.

No obstante, tanto Fernández como Pascual, para finalizar han resaltado como logros para la población que hubiera carretera, la luz o el agua que hace más de 30 años no tenía, así como haber contado con una cabina de teléfono, si bien ahora con los móviles ya se ha desmantelado.

El acceso a la vivienda es un problema global que se extiende por todas las grandes ciudades del planeta, disparando los precios de compra y alquiler. Se señalan a los fondos de inversión, a la vivienda turística, a la falta de suelo y de obra pública, a los compradores extranjeros y no residentes, al teletrabajo, al estancamiento de los salarios, a la fiscalidad, y un largo etcétera que indica la complejidad de abordarlo de manera integral.

Una presión que también llega a territorios que parecen estar al margen y que transciende lo urbano, hasta asfixiar cualquier política de reto demográfico en el ámbito rural, donde además de los problemas urbanos, se añaden el deterioro por abandono, los problemas de titularidad o las denominadas herencias proindiviso. Una realidad que convive con casi cuatro millones de viviendas vacías, muchas de las cuales se concentran en zonas rurales de Galicia y Castilla yLeón. Hay localidades como la conquense Huete con casi la mitad de las viviendas censadas vacías, aunque las que podemos encontrar en los portales inmobiliarios están desacopladas de los salarios locales, por decirlo de una manera suave, acercándose a los precios urbanos.

Un medio rural, que está siendo usado y consumido por las ciudades, como segunda residencia o desarrollando un enorme parque de vivienda turística, como escribe Manuel Delgado en su reciente 'Todas las ciudades están poseídas', el paisaje también forma parte de la promoción urbanística, integrándose en el mercado de especulación global, lo que tensiona y modifica el tejido social de los pueblos.

Lo rural se urbaniza, absorbiendo dinámicas, estéticas y modos de consumo urbano. Como ha descrito Marc Badal, cada vez se percibe con mayor nitidez que la trama social y económica, aunque la escenografía visual sea la misma, ha cambiado radicalmente y las actividades agrarias han dejado de ser el eje central para convertirse en territorio que la ciudad usa y consume durante los fines de semana o las vacaciones.

El proceso es el mismo que Delgado define para las ciudades. Se declara “territorio con encanto”, se diseña una marca, se levanta un centro de interpretación y se programa un festival. Y en un tiempo fugaz, los nuevos residentes disparan los precios de la vivienda en estos mercados restringidos. Algo que si en la ciudad aleja a los habitantes de estas zonas hacia otros espacios periféricos, en los pueblos tiene un resultado aún más dramático si cabe.

Estudios como los realizados por geógrafos y sociólogos del territorio ponen de manifiesto que la revitalización de los espacios rurales no depende únicamente de la dinamización económica o social, sino de superar la barreras estructurales en el acceso a la vivienda en el medio rural que requiere desarrollar herramientas específicas. El Plan Estatal de Vivienda para los cuatro próximos años, prevé ayudas para promociones públicas en zonas rurales de hasta ochenta y cinco mil euros, una medida que a estas alturas de legislatura, parece llegar demasiado tarde y que no acaban de solucionar la imposibilidad de que los municipios más pequeños puedan articular bolsas públicas de vivienda o regular las viviendas turísticas.

Unos territorios que también sufrieron en décadas anteriores el denominado 'efecto Guggenheim', epidemia aún no superada, en la creencia de que el edificio, por sí solo, produce desarrollo. Es habitual encontrar estos santuarios a la arquitectura milagrosa en forma de grandes museos, centros de visitantes o auditorios sin programación, sin colección significativa y que no habla el idioma local, sino el de la población que vive en la gran ciudad más próxima. El paisaje y la vida local convertidas sin reflexión estratégica en mercancías convierten al vecino en una suerte de figurante que certifica la autenticidad del lugar.

Si Delgado, habla de la distinción entre polis y urbs, entre el lugar pensado por técnicos y el lugar practicado, en el medio rural el abismo entre ambos conceptos se hace aún más profundo. Mientras que el espacio rural es planificado externamente como un decorado para el turismo, la vida vivida circula por otros derroteros. El derecho 'al pueblo', en analogía con el 'derecho a la ciudad' de Lefebvre, se debe traducir en el derecho a decidir localmente, frente al consumo como escenografía hueca. El derecho a no encajar en la postal. El derecho a no ser población 'chic'. El derecho a vivir en el pueblo. Derecho sobre el que debe basarse toda política frente al reto demográfico.

UGT desarrollará esta semana un encuentro técnico de ámbito nacional sobre el reto demográfico y el desarrollo rural, que se celebrará en Puente Viesgo bajo el título 'El derecho a quedarse'.

El evento, que se inaugura hoy, a las 15.30 horas, continuará hasta el 30 de septiembre con 15 conferencias y 34 ponentes en el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo.

Al acto inaugural asistirá la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria, María Jesús Susinos; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el alcalde de Puente Viesgo, Óscar Villegas; y el presidente del Grupo de Acción Local (GAL) Valles Pasiegos, Ángel Sainz.

La vicesecretaria general de UGT, Lola Navarro, y el secretario general del sindicato en Cantabria, Mariano Carmona, completarán la lista de intervenciones en la inauguración de este foro, que incluye a profesores y expertos académicos, profesionales de distintos ámbitos, portavoces institucionales y de organizaciones o asociaciones, políticos, empresarios y sindicalistas.

El programa analizará a través de sus más de una treintena de ponentes numerosas cuestiones relacionadas directamente con el reto demográfico y el desarrollo rural, desde el empleo y las oportunidades laborales, el envejecimiento de la población y sus cuidados, la vivienda, las políticas y servicios públicos o la movilidad y hasta el cambio climático.

El encuentro será clausurado el miércoles 30, a las 13.15 horas, por el responsable de Políticas Territoriales del sindicato, Eduardo Magaldi, ha indicado UGT en nota de prensa.

Que hay que actuar para frenar la despoblación rural y favorecer el mantenimiento de nuestros pueblos es algo en lo que coinciden tanto quienes viven en ellos como quienes viven en entornos urbanos.

Hay un pueblo en la meseta, como tantos, con ochenta habitantes empadronados. En agosto llegan más de cuatrocientas personas. Son los y las hijas y nietas de quienes se marcharon hace más de treinta o cuarenta años, han heredado la casa del pueblo y vuelven a las fiestas patronales, al cementerio, o simplemente cuando quieren reencontrarse con sus raíces. Ese pueblo mantiene todo el año la red de agua, el alumbrado, las calles, la recogida de basuras y los espacios públicos. Lo hace con un presupuesto calculado para ochenta personas. Lo disfrutan quinientas.

Ese municipio no recibe un euro más por ello. Y así es con miles de pueblos en toda España.

Un sistema que no ve a la mitad de la comunidad

La financiación de los municipios españoles depende, en su parte más decisiva, del número de habitantes del padrón. La ley establece que el 75% de la participación estatal que recibe cada municipio se distribuye en función de esa cifra. El resto atiende al esfuerzo fiscal y a la capacidad tributaria, variables que tampoco reflejan lo que ocurre de verdad en muchos pueblos y que incluso penalizan a los más pequeños.

El resultado es estructuralmente injusto: el municipio que pierde vecinos en el padrón, pero mantiene viva su comunidad vinculada recibe cada año menos dinero para sostener exactamente los mismos —o más— servicios. No es un problema de gestión municipal. Es un fallo de diseño del sistema.

Los tributos propios —el impuesto sobre bienes inmuebles, las tasas de servicios como el agua o la basura— recaudan algo de quienes son titulares de las viviendas o se les prestan los servicios, sin tener en cuenta el padrón. Pero eso no cambia la ecuación fundamental: esa recaudación no mejora la posición del municipio en el reparto de la financiación estatal, que sigue mirando exclusivamente al padrón y financiando lo local con más ingresos por habitante cuantos más habitantes tiene el municipio o la ciudad.

En cifras, 7,5 millones de personas viven en municipios de menos de 10.000 habitantes. Millones más mantienen un vínculo estacional o familiar con esos pueblos sin estar en el padrón del municipio.

Además, 4.000 municipios en España tienen menos de 500 habitantes, casi la mitad del total. En Castilla-La Mancha, 257 de los 919 municipios no llegan a 100 personas empadronadas.

El vínculo que no figura en ningún registro

Los estudios sobre despoblación se centran habitualmente en quién se va y por qué. Hay una pregunta que también deberíamos hacernos: ¿qué queda de la relación entre esa persona y su pueblo de origen? ¿Cómo podemos reforzar esa relación en beneficio tanto de quienes se quedan como de quienes se fueron?

La respuesta, documentada por décadas de sociología rural, es que queda mucho. El vínculo con el lugar de origen es uno de los más persistentes que existen. La gente vuelve. Vuelve en verano, vuelve en Navidad, vuelve a las fiestas, vuelve cuando muere un familiar. El pueblo no es solo donde se nació: es a donde se pertenece.

A esta realidad le falta un nombre en las políticas públicas. El INE lo intentó en 2011, con el concepto de 'población vinculada', pero lo aplicó solo a municipios de más de 10.000 habitantes —precisamente los que menos lo necesitan—. El o la habitante con vinculación del pequeño municipio rural sigue siendo invisible para el sistema. Y sin embargo existe: son las personas que, sin estar empadronadas, mantienen con el pueblo una relación estable y activa —de presencia periódica, de lazos familiares, de compromiso económico y social— y que lo sienten como parte esencial de su propia identidad.

Hay otro efecto que casi nunca se menciona: el que este vínculo produce sobre quienes sí se han quedado. Los y las vecinas que viven todo el año en el pueblo perciben con frecuencia que su municipio es ignorado por las administraciones y que quienes se fueron “ya no se acuerdan”. Sin embargo, cuando ven que la fuente del lavadero se restaura gracias a las aportaciones no solo de quienes viven allí sino también de esa población con vinculación, familiares o no, que ya no residen en él, algo cambia. Se produce un reconocimiento mutuo que refuerza el arraigo, la autoestima colectiva y la voluntad de seguir. Ese efecto, difícil de cuantificar, pero determinante para la cohesión social, es tan importante como el dinero.

'Raíces que Sostienen': una propuesta concreta

La propuesta que se presenta parte de una convicción: el cambio en la ley de financiación local no llegará por sí solo. Llegará cuando existan datos que lo hagan inevitable. Y esos datos hay que generarlos desde abajo, como ocurre con la toma de decisiones en los Grupos de Desarrollo Rural.

'Raíces que Sostienen' es una idea, un concepto a transformar en un proyecto de corresponsabilidad cívica. Su funcionamiento debe ser sencillo en su formulación: el ayuntamiento identifica un proyecto concreto y visible que muchas veces excede de sus competencias —la restauración de una fuente, la rehabilitación de la ermita de la patrona, la compra de un desfibrilador, la financiación de un evento cultural o festivo referente—. Lo publica con toda la información: objetivos, coste, plazo, responsable. Y abre una vía para que los y las habitantes con vinculación contribuyan voluntariamente a sacarlo adelante, a financiarlo.

Raíces que Sostienen no es solo un programa de micromecenazgo rural. Es un argumento empírico para la reforma de la financiación local. Cada euro aportado por una o un habitante con vinculación, cada compromiso manifestado, es también un dato que el sistema no puede ignorar

Las aportaciones se canalizan a través de plataformas de micromecenazgo cívico ya operativas. Y permite una desgravación de hasta el 80% en el IRPF, amparada por la Ley de Mecenazgo. Quien contribuye recibe reconocimiento público y una 'Carta de Vecino o Vecina con Vinculación'.

Las aportaciones son individuales, o familiares, las empresas también pueden participar con criterios de responsabilidad social corporativa. Y el ayuntamiento obtiene algo más valioso que el dinero: un registro documentado de quién pertenece a su comunidad real.

Lo que no es este programa

No se trata de externalizar las obligaciones municipales. No es una exoneración del Estado de sus obligaciones con los territorios menos poblados.

El mecanismo es explícitamente complementario a la financiación pública, y la propuesta incluye la prohibición expresa de que los fondos captados sirvan para reducir las transferencias estatales o autonómicas al municipio.

El argumento político que hay detrás

Si cientos de municipios ponen en marcha este registro, España tendrá por primera vez un dato sistemático y verificable sobre la brecha entre población padronal y comunidad real. Ese dato tiene un destino: la reforma del artículo 124 de la Ley de Haciendas Locales, para que la 'población con vinculación registrada' sea una de las variables correctoras en el reparto de la financiación estatal.

La propuesta reclama tres cosas concretas al poder legislador: que se modifique esa ley para incorporar la figura de habitante con vinculación como variable de reparto, que se desarrolle su estatuto jurídico en la futura Ley del Pequeño Municipio, y que se habilite una línea de cofinanciación para los municipios que pongan en marcha estos programas. Nada de esto es utópico: el debate lleva años sobre la mesa. Lo que ha faltado es el método y el dato empírico que lo respalde.

Castilla-La Mancha tiene una posición de partida privilegiada para liderar esta iniciativa. Fue la primera comunidad autónoma en legislar específicamente frente a la despoblación, con la Ley de 2021. Sus Grupos de Desarrollo Rural cubren la práctica totalidad del territorio y son eficaces en la gestión de proyectos de promoción y de cooperación.

En el II Foro de Desarrollo Rural, que celebramos hace unos días en Sigüenza, se abordó el tema de la población con vinculación y el micromecenazgo rural y fue recogido en el punto 11 del ‘Manifiesto por los pequeños municipios y el futuro del medio rural’. Este marco se ha convertido en el momento idóneo para lanzar el proyecto piloto.

'Raíces que Sostienen' no es solo un programa de micromecenazgo rural. Es un argumento empírico para la reforma de la financiación local. Cada euro aportado por una o un habitante con vinculación, cada compromiso manifestado, es también un dato que el sistema no puede ignorar.

El pueblo no ha desaparecido. Ha cambiado. Lo que existía como comunidad permanente existe ahora como comunidad distribuida: parte vive allí todo el año, parte vuelve en distintos momentos, parte contribuye desde lejos con su tiempo, su memoria y, si se le da la oportunidad, con su compromiso y su aportación, y ambos sostienen esa comunidad y se sostienen en ella.

El sistema de financiación local fue diseñado para una España que ya no existe. Actualizarlo no es solo una cuestión técnica: es una cuestión de justicia territorial. Los pueblos no piden privilegios. Piden que el sistema los vea y los reconozca tal y como son.

Castilla-La Mancha ha vivido uno de los veranos más virulentos en lo que se refiere a incendios forestales. Solo el incendio de La Mierla -el mayor de la historia de la región-, en la Sierra Norte de Guadalajara, calcinó unas 33.000 hectáreas, obligando a desalojar a más de un millar de personas y 34 municipios. Además, una decena de localidades tuvieron que ser confinadas.

Ahora, a finales de septiembre más del 80% de los efectivos de extinción de incendios han sido desactivados. Una decisión que se ha tomado desde el Plan INFOCAM, a pesar de las altas temperaturas, según denunciaron varios sindicatos.

La propia consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, pedía hace tan solo unos días precaución porque “la situación climatológica sigue siendo muy peligrosa” y hay “mayor riesgo” en las provincias de Toledo y Ciudad Real, donde se van a “extremar medidas” en extinción de incendios.

Dos pueblos sin medidas contra incendios forestales

Precisamente en Ciudad Real está El Hoyo, una entidad local menor (ELM), que pertenece al municipio de Mestanza, la carretera CR-5002 es la única vía de entrada y salida a la población.

Allí los vecinos y vecinas miran con recelo y miedo, desde hace años, la sucesión de grandes incendios forestales que se repiten dentro y fuera de Castilla-La Mancha, y que han devorado amplias zonas rurales. El incendio de los Gallardos, en Almería, el pasado mes de julio, dejó 15 muertos, y puso de manifiesto las dificultades de evacuar casas aisladas con una sola vía de escape.

En esta parte de la provincia de Ciudad Real viven durante todo el año apenas “ciento y pocos habitantes”. La mayoría son personas mayores, según detalla José Ruiz, vecino que ha hablado con elDiario.es Castilla-La Mancha. El Hoyo tiene, además, una orografía peculiar, rodeado por monte y por una finca de caza privada.

De cara a la gestión de los incendios forestales, el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales (PAMIF), es competencia del Ayuntamiento de Mestanza, del que depende administrativamente El Hoyo.

El documento, al que ha tenido acceso este medio, no contempla medidas de protección para la población, según denuncia el propio vecino. Tampoco para la pedanía de Solanilla de Tamaral, otra entidad de ámbito inferior al municipio que depende de Mestanza.

Los vecinos y vecinas reconocen sin rubor que tienen miedo. “Reclamamos desde hace más de dos años que nos den soluciones, porque si la única carretera que tenemos para entrar y salir del pueblo se corta por un incendio forestal u otra desgracia, los vecinos y vecinas no tienen por dónde salir”, explica.

Primero se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Mestanza porque, recuerda José Ruiz, “es quien tiene que poner las medidas ante la previsión de incendios en el PAMIF”, tanto para El Hoyo como para otras pedanías, “pero nadie nos responde”, lamenta.

Ruiz y otros vecinos y vecinas quieren saber qué medidas de protección y evacuación pueden incluirse en el plan. “Nos remiten al PAMIF que ya existe, aprobado por la Sección de Incendios de Ciudad Real y la Sección de Incendios de Toledo, que le dieron el visto bueno a pesar de haber dejado a dos localidades sin ningún tipo de medida contra incendios, Solanilla del Tamaral y El Hoyo”, critica. Al no recibir respuesta del ayuntamiento, contactaron con la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

A través de un escrito, la propia Consejería que dirige Mercedes Gómez les ha respondido que la única medida posible es “el confinamiento de la población” y que corresponde al Ayuntamiento de Mestanza incluirlo en el Plan de Actuación Municipal ante Emergencias por Incendios Forestales.

“Nos parece muy bien, nos confinaremos hasta donde haya que confinarse, pero eso es el paso previo a la evacuación. En caso de que sea lo segundo, que nos digan por dónde nos tienen que evacuar”, replica el vecino, quien insiste en la preocupación que los grandes incendios forestales han generado entre la población en los últimos años.

Proponen evacuar a través de una vía pecuaria que hay que arreglar

El vecino incide en que la única escapatoria en caso de emergencia es la carretera CR-5002, cuya competencia corresponde a la Diputación Provincial, así que proponen una alternativa. “Hay una vía pecuaria, que no está acondicionada, que se llama el Cordel de La Carolina. Discurre a través del campo hasta la localidad de El Centillo (Jaén), es el pueblo más cercano en esa dirección, pero nos dicen que esta opción tampoco es viable”, apunta. Resulta que atraviesa una finca privada de caza, donde abundan especies como el venado o el jabalí.

Además esta vía pecuaria desemboca en la Cañada Real de Encina Alta en una ruta que conecta de manera natural con el área de Baños de la Encina y Vilches, una de las zonas de dehesas más famosas de España, ya en Andalucía, por albergar cotos históricos y fincas de reses bravas y caza, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Los vecinos de El Hoyo sienten que han quedado en el limbo y acusan al Ayuntamiento de Mestanza de “abandono institucional”. Mientras tanto, han optado por enviar una propuesta de deslinde, amojonamiento y acondicionamiento de la vía pecuaria a la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Desde la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad ya han respondido. “Nos dicen que probablemente lo incluyan en el próximo deslinde de vías pecuarias”, pero según advierte el este vecino, “que se inicie el deslinde no siginifca que se acondicione la vía. Esa será nuestra siguiente lucha: que acondicionen un pequeño tramo”.

Desde luego, apunta, “el que discurre por una finca de caza ya está acondicionado”.

Sin protocolos: “A veces estamos días sin cobertura”

Este vecino afea “no haya nadie que dé una solución, o que informe a los vecinos en el pueblo sobre qué protocolo hay que seguir si ocurre un incendio forestal”.

Según detalla José Ruiz, el retén de bomberos más cercano a El Hoyo se encuentra en Solana del Pino, a unos 22 kilómetros de distancia. Expone que durante la Semana Santa de 2026 hubo un incendio a las afueras del pueblo y que “los propios chicos que estaban en la plaza de fiesta fueron los que lo apagaron con cubos. Era abril y todo estaba verde y aun así costó apagarlo. Imagínate en los meses de verano con todo seco, que todo es monte, en cinco minutos el fuego pasa por encima del pueblo y no nos da tiempo ni a cerrar la ventana”.

En la Semana Santa de 2026 hubo un incendio a las afueras del pueblo y los propios chicos que estaban en la plaza de fiesta fueron los que lo apagaron con cubos. Era abril y todo estaba verde y aun así costó apagarlo. Imagínate en los meses de verano con todo seco

José Ruiz — Vecino de El Hoyo

José asegura que el entorno en el que está enclavado El Hoyo es “pleno monte”, y que aunque el Consistorio pide a los vecinos que “mantengan las parcelas limpias, desbrozados los huertos - que lo hacen-, aunque yo limpie mi parcela, a 20 metros ya tengo el monte que será de la finca de turno”.

Defiende que “eso hay que desbrozarlo en condiciones, hacer un cortafuegos y perimetrar el pueblo. Y eso es algo que corresponde al Ayuntamiento de Mestanza, porque el de El Hoyo no tiene autonomía en algunas cosas”. Explica que “la gente del pueblo después de lo que ha ocurrido en verano en Ávila, en Guadalajara o en Castellón está verdaderamente asustada”.

La gente del pueblo después de lo que ha ocurrido en verano en Ávila, en Guadalajara o en Castellón está verdaderamente asustada

Otra problemática es que en El Hoyo “hay etapas en las que se está tres o cuatro días sin cobertura. Por eso queremos saber cómo se avisaría en caso de un incendio”, dado que para recibir un mensaje ES-Alert es necesario tener cobertura en el móvil.

“Aquí tiene que venir alguien a explicarnos el protocolo, Mestanza, la Sección de Incendios de Ciudad Real o quien proceda y establecer un protocolo claro para la gente. En el PAMIF para Mestanza está perfecto, donde se señala que se avisará a los vecinos de X manera, el punto de encuentro será la plaza del pueblo y la evacuación será por tal sitio, pero para El Hoyo no tenemos nada y queremos lo mismo”, explica José Ruiz.

En el PAMIF para Mestanza está perfecto, donde se señala que se avisará a los vecinos de X manera, el punto de encuentro será la plaza del pueblo y la evacuación será por tal sitio, pero para El Hoyo no tenemos nada y queremos lo mismo

Asegura que la gente mayor que reside en El Hoyo “está muy cansada y en los pueblos no siempre tenemos interiorizado el sentimiento de lucha, pero queremos que los políticos que son los que están cobrando un sueldo para solucionarnos estos problemas lo hagan”.

El edil de Mestanza: “No se puede hacer nada, es terreno privado”

Hablamos con Antonio Pareja, alcalde de Mestanza, que desde un primer momento defiende que “el PAMIF está elaborado y está bien hecho”, a pesar de que no se haya incluido a estas dos pedanías en las medidas preventivas.

Reconoce que la solución planteada por los vecinos de El Hoyo para la evacuación, en caso de incendio forestal, es la que a él “le gustaría” o que es “el primero” que lo apoya, pero asegura que “no se puede hacer nada, porque son terrenos privados”.

Por otro lado, dice, a la hora de acondicionar esa vía pecuaria “habría que invertir mucho dinero para poder hacer una carretera, porque por la ley regional tiene tener una anchura para poder pasar vehículos, seis o siete metros como mínimo. ¿Y quién le pone la solución? ¿Qué hacemos?”, se pregunta.

El edil asegura que “de El Hoyo no sale ninguna vía pecuaria, lo hace a unos cuatro o cinco kilómetros antes de llegar al pueblo, el Cordel de la Carolina. ¿Quién hace una carretera por allí? Eso cuesta un dinero”, insiste.

Insiste en afirmar que a él le gustaría que se acondicionase esa vía: “Soy el primero que lo he luchado, que lo he hablado por todos sitios, pero ¿quién se gasta ese dinero? Hay que hacer unos puentes, porque hay un arroyo bastante grande, y esa infraestructura no sé si se podría. Desde un ayuntamiento como este no podemos hacer nada, ojalá lo hagan”.

Añade que “hay pueblos en toda España en zonas donde hay muchos montes, que son prácticamente inaccesibles y que el PAMIF solo ponen confinamiento, porque es la única solución que hay, no hay carreteras, no hay más medios ni nada”.

Lo único que se puede hacer es iniciar un expediente para expropiar ese camino, declararlo bien de interés público, pero luego se necesita dinero, máquinas, para hacer el camino, y es muy costoso

Antonio Pareja — Alcalde de Mestanza

Pareja nos explica que lleva “muchos años” al frente de ayuntamiento, y que “solo le queda un trámite por intentar hacerlo” para conseguir ese acondicionamiento de la vía pecuaria, pero que “las elecciones están aquí en dos días, no sé si me voy a presentar o no, y si me presento no sé si voy a ganar, pero mi obligación no es estar pendiente de eso, sino de hacer todo lo que pueda por los vecinos”.

Apunta que “lo único que se puede hacer es iniciar un expediente para expropiar ese camino, declararlo bien de interés público, pero luego se necesita dinero, máquinas, para hacer el camino, y es muy costoso”.

“El Servicio de Incendios dijo que no se puede usar como escape”

La Consejería de Desarrollo Sostenible ha derivado aclarar su postura en la figura de Víctor Díez, jefe de servicio del Servicio de Medio Natural en Ciudad Real, quien explica que la vía pecuaria de el Cordel de la Carolina se deslindó por última vez en 1928.

“Se trata de un cordel de 10 kilómetros, que efectivamente pasa por Mestanza y se dirige hacia Jaén, uniendo las localidades de Solanilla y El Hoyo. Pero el deslinde se quedó suspenso por una comprobación de los Servicios de Ganadería que, en aquel entonces, llevaban las vías pecuarias y el proceso se quedó parado”, relata.

Tras recibir los requerimientos de los vecinos de El Hoyo, señala que “esta vía está absolutamente metida en el monte. El jefe del Servicio de Incendios les dijo que era imposible usarlo como vía de escape”.

No obstante, apunta que desde la Administración regional han introducido en los presupuestos de 2027 el deslinde de esta vía pecuaria, que conllevaría un gasto “de más de 25.000 euros” y que, si es posible, se arreglaría: “Si se hace algún tipo de acondicionamiento sería para el tránsito ganadero, no para el tránsito de coches, pero bueno se podría estudiar”, matiza.

Si se hace algún tipo de acondicionamiento sería para el tránsito ganadero, no para el tránsito de coches, pero bueno se podría estudiar

Víctor Díez — Jefe de Servicio de Medio Natural en Ciudad Real

“Hemos recogido su solicitud y vamos a hacer el deslinde para saber dónde estamos y dónde podemos actuar. Si desde Incendios dicen que es una buena idea como vía de evacuación, pues podríamos proceder al acondicionamiento, pero es complicado porque transcurre por un barranco y es una zona muy complicada como para hacer un camino”, concluye.

Una reunión del Comité de las Regiones en Ciudad Real en ciernes

De momento no se atisban soluciones en esta parte de una comunidad autónoma que la próxima semana se va a convertir, precisamente, en punto de referencia de la prevención y extinción de incendios de la Unión Europea.

Los días 1 y 2 de octubre, se celebrará un encuentro de los miembros de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones, en varios puntos de Ciudad Real y Toledo. Hablarán de incendios forestales.

“Podremos contar qué es lo que hace Castilla-La Mancha, ponerlo de ejemplo y poner sobre la mesa también las dificultades que afrontamos las regiones”, aseguraba la pasada semana la directora general de Asuntos Europeos, Nazareth Rodrigo.

El caso de El Hoyo es una de esas 'dificultades', asociadas a la despoblación rural en un territorio, como Ciudad Real, muy amplio, disperso y en el que muchas vías pecuarias o caminos públicos han terminado siendo privatizados. Basta con mirar en el entorno cercano otro caso similar, el de Minas de Horcajo, también por su situación de incomunicación en ocasiones, al sufrir otro tipo de emergencias, las inundaciones.

El Estatuto del Pequeño Municipio en el que está trabajando el Gobierno de Castilla-La Mancha incluirá una normativa urbanística diferenciada para las zonas rurales. En concreto, va a incluir fórmulas para reforzar la capacidad administrativa de los pequeños ayuntamientos ante la problemática que se enfrentan por la falta de secretarios.

Así lo ha afirmado este viernes el vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha añadido que se va a plantear, en colaboración con las diputaciones provinciales, establecer “oficinas de apoyo a la gestión de pequeños municipios” que permitan afrontar dificultades como la falta de medios técnicos y administrativos.

Esto se justifica, según palabras de Martínez Guijarro, porque la normativa urbanística de la región es “una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo” una realidad muy distinta a la de los pequeños municipios.

Durante su participación en la inauguración del II Foro de Desarrollo Rural organizado por RECAMDER y que se ha desarrollado en el Parador de Sigüenza (Guadalajara), el vicepresidente primero ha recordado que la LOTAU – la normativa urbanísima de la región—“es una legislación pensada para administrar las plusvalías que se generan con el urbanismo, algo que no sucede en los pequeños municipios”.

Ley de medidas contra la despoblación

Todo esto forma parte de una política más amplia de lucha frente a la despoblación que Castilla-La Mancha lleva desarrollando desde hace años y que está dando resultados: las zonas catalogadas como despobladas cuentan hoy con 4.672 habitantes más que hace cinco años y han registrado un saldo migratorio positivo de 20.236 personas entre 2021 y 2024.

En este punto, ha recordado la importancia de garantizar los servicios públicos en las zonas rurales para frenar la pérdida demográfica y seguir atrayendo población a los pueblos de la región.

Y para ello, Martínez Guijarro ha reclamado que el futuro sistema de financiación autonómica tenga en cuenta “el coste efectivo de la prestación de los servicios en el conjunto del territorio”, porque la ciudadanía de los pequeños municipios tiene el mismo derecho a acceder a los servicios públicos “en igualdad de condiciones” que quienes viven en las ciudades.

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha sugerido una fórmula por la cual el mundo urbano pueda empezar a pagar los “beneficios” que recibe del medio rural, algo que ha venido a llamar “externalidades ambientales”.

Durante su intervención en la apertura del II Foro de Desarrollo Rural organizado por la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER) en Sigüenza (Guadalajara), Martínez Guijarro ha deslizado que “habría que cuantificar los beneficios” que el medio rural da al medio urbano.

Y es que entiende que “la gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua”. “Y eso no lo pueden pagar solo los habitantes de un pequeño municipio”, ha agregado, precisamente días después de que el Gobierno de Emiliano García-Page haya anunciado que argumentará su rechazo a ceder más agua del río Sorbe -en la cuenca del Tajo- a la Comunidad de Madrid, porque se necesita para el desarrrollo de Guadalajara.

La gente que vive en la ciudad quiere que, al llegar a municipios rurales, al abrir el grifo haya agua. Eso no lo pueden pagar solo sus vecinos

“Quieren dar paseos por sus montes, recoger setas en la época de setas... unas externalidades ambientales que genera el medio rural que tiene que pagarlas el que vive en el medio urbano”, ha insistido, planteando que esta discusión se ponga “encima de la mesa para debatirlo desde lo económico, porque es fundamental”, según recoge Europa Press.

Hay más población en Sigüenza, “toca garantizar servicios”

En el mismo foro, la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, ha destacado cómo los últimos años han servido en Castilla-La Mancha para ver cómo se están incrementando los habitantes en zonas rurales, si bien ha avisado que todo el trabajo realizado necesita ahora ser rematado. “Ahora toca garantizar servicios”.

Ha sido durante la intervención con la que ha aperturado el II Foro de Desarrollo Rural que se celebra en el Parador Nacional de Sigüenza bajo el lema 'El avance del medio rural', donde representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores y responsables de Grupos de Desarrollo Rural se dan cita para avanzar en las líneas maestras a ejecutar en el corto plazo para seguir dando pasos hacia una repoblación real

Merino, como anfitriona, ha exhibido cómo muchas comarcas de la Comunidad Autónoma están creciendo en los últimos años, poniendo como ejemplo el caso de ADEL Sierra Norte, la agrupación local que preside, “que en los últimos seis años ha crecido un 13%”.

En todo caso, quedan “cosas por hacer”, decía, y ahora que se consigue que la gente vuelva a vivir a los pueblos, el reto es “garantizar todos los servicios”, unos servicios que “cuestan más en el medio rural”.

Ese es el objetivo de este encuentro, poner cosas en común de cara a “avanzar en el siguiente paso a dar, que los municipios pequeños puedan sacar las cosas adelante” ahora que tienen “las ideas” e incluso “el dinero”.

En este punto, ha ansiado que en el próximo marco financiero a nivel presupuestario en torno a los Fondos Leader se pueda seguir acaparando fondos. “Si cambia el marco, los perjudicados serán nuestros pueblos”.

En su grupo de Acción Local, con esos fondos, ya se han puesto en marcha hasta 27 viviendas, uno de los ejemplos que ha puesto la alcaldesa seguntina de los avances experimentados en las zonas rurales.

Para Merino, la “ilusión y el optimismo”, unido a las “ganas”, hacen que los “problemas identificados” puedan atajarse en el corto plazo.

“Espero que en esta jornada podamos hacer frente a estos problemas, que salgan propuestas y compromisos. Hoy reitero esa petición, todavía nos quedan cosas por hacer, mantengamos lo que funciona y mejoremos lo necesario”, ha rematado su intervención.

Jesús Ortega: “Sin medio rural no hay vida”

El presidente de la Red Castellanomanchega de Desarrollo Rural (RECAMDER), Jesús Ortega, también ha participado e el evento ante un auditorio que “representa a 5,7 millones de personas” que viven en zonas despobladas de España y en pueblos de menos de 5.000 habitantes, tal y como ha verbalizado en su intervención.

Hay, ha alertado, un 61% de pueblos de menos de mil habitantes en España, “un dato importante a tener en cuenta” que a veces eclipsa el “enorme potencial” del medio rural.

“Sin medio rural no hay vida. No hay agua, no hay alimentos. El medio rural necesita que se le tenga en cuenta con leyes y fiscalidad adaptadas a la realidad de nuestros municipios”, ha abundado.

Por eso, este foro es “una llamada de atención” ante todos esos aspectos, intentando ser un espacio para “poner en valor el gran trabajo que realizan los grupos de desarrollo rural”, que son “quienes mejor conocen las posibilidades de sus territorios”.

A este evento se han acreditado cerca de mil personas procedentes de toda España, representantes del municipalismo y de otras administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación, además de jóvenes estudiantes.

La despoblación, el futuro de Leader, las posibilidades que ofrece el medio rural y el importante papel que juegan los Grupos de Desarrollo Rural son algunos de los asuntos que se abordarán en la jornada en una cita organizada por la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder) y los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Guadalajara (ADAC, Adasur, ADEL Sierra Norte, Fadeta y Molina de Aragón-Alto Tajo).

El Festival de Música ChachoRock 26, que organiza la asociación cultural del mismo nombre que lo puso el marcha, se celebrará este sábado, 26 de septiembre, en Cardiel de los Montes (Toledo) y prevé un impacto económico superior a los 150.000 euros en la localidad y la comarca.

Los organizadores explican que es “el único festival de acceso libre y gratuito que se va a celebrar en Castilla-La Mancha antes de final de año”. Además, dispondrá de comida y bebida para todos los asistentes, ya que se prevé la presencia de más de 1.500 personas ese día.

Los organizadores estiman que los ingresos “repercutirán favorablemente” entre los comercios y los negocios de casas rurales y hoteles de la comarca, además de los proveedores, especialmente de los sectores de los espectáculos, la restauración y la distribución.

Con el Festival ChachoRock'26 culmina un año en el que la asociación cultural que lo organiza ha jugado un “papel dinamizador de la cultura” en la comarca toledana de la Sierra de San Vicente, recuperando distintas actividades como la tradicional Cencerrada de los Quintos en San Sebastián, la Romería y el tradicional Cocido Cardielejo, competiciones populares como el mus y la petanca, exposiciones y presentaciones literarias y culturales, visitas turísticas a localidades de interés de la comarca de Talavera, una Jornada Multideporte con un campeón de Europa de boxeo y, en este mes de septiembre, el primer Festival de Música ChachoRock.

Ocho grupos en un festival que arranca a las 13 horas

Este festival, que comenzará en Cardiel a las 13.00 horas del 26 de septiembre, contará con ocho grupos, cinco de ellos de Madrid (Riada, WelcomeBonus, Más que Balas, AK97 y Rumbas Brothers) y tres de Talavera de la Reina (La Niche, Varanasi y La Bombe). El Festival será amenizado en los descansos y en el cambio de turnos entre grupos por dos dj de Talavera, que todavía pinchan vinilos y que tienen un estilo muy especial, que les acredita como “los mejores de toda la comarca de Talavera”.

Cuenta con el apoyo principal de la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Cardiel de los Montes y con el patrocinio principal de ocho empresas (JCCP-Fenie Energía, Eboracom, Pato Martín SL, Save Football, Talavera Higiene, Multiservicios Valderas, Grupo Pulido y Radio Segurilla). Además, otras 24 empresas de la comarca, de Talavera y de Madrid apoyan también el evento.

Es uno de los servicios más demandados del medio rural y el Gobierno de La Rioja prometió instalar once en distintos pueblos pequeños de La Rioja. El objetivo era favorecer que los vecinos de todos los municipios riojanos, incluidos de las zonas más aisladas, tengan acceso directo a un cajero automático para mitigar así la incidencia de la exclusión financiera en el desarrollo económico y social de los territorios más desfavorecidos por el fenómeno de la despoblación.

Así, el denominado Plan de Inclusión Financiera, bautizado como ‘+ CAR’, impulsaría la instalación de cajeros automáticos en once localidades riojanas y dos vehículos con cajero automático para recorrer de forma periódica 117 municipios diferentes. Sobre el papel visitaría cada uno de ellos “al menos dos veces al mes” para que el vecindario de los 128 municipios riojanos que en la actualidad no cuentan con oficina bancaria ni cajero puedan de este servicio financiero. En octubre de 2025 se presentó dicho Plan y en abril de 2026, la licitación. La adjudicación llegó a finales de julio por un importe de más de 2,3 millones de euros, “un hito pionero en la lucha contra la despoblación que garantizará el acceso a dinero en efectivo”, decía el Gobierno de La Rioja el 29 de julio.

Pero, de momento, el vecindario de estos pueblos de La Rioja siguen sin tener acceso a dinero en efectivo. Y es que hasta la fecha se han interpuesto hasta dos recursos que están paralizando la implementación de este servicio. Desde el Gobierno de La Rioja insisten en que no hay fecha concreta para la puesta en marcha, “la única referencia temporal es el plazo máximo de puesta en servicio de 60 días naturales desde la finalización del contrato”. Una fecha, áun lejana, por lo dos recursos presentados. El primero llegó en junio de este año, el segundo en agosto y por el que se mantiene la suspensión del lote 1 por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Los motivos de la empresa que ha presentado los dos recursos

Una de las empresas concurrentes es la autora de los dos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. En junio impugnó un acto de trámite de la Mesa de Contratación por la admisión de otra empresa como licitadora antes de valorar y adjudicar por “incumplir el pliego de condiciones”. Entonces esta empresa exigió la expulsión de su competidora por “no tener autorización del Banco de España y por competencia desleal”. Y es que tal y como ha explicado el Gobierno de La Rioja en las presentaciones de este servicio, los licitadores deben estar autorizados por el Banco de España como 'entidades de pago, autorización que, al parecer carece. “La licitadora no debería haber sido admitida porque carece de la condición de Entidad de Pago autorizada pro el Banco de España”, argumenta la empresa autora del recurso. También en el escrito de junio, el recurso hablaba de “competencia desleal y juego sucio financiero”.

Ya en junio, el Gobierno de La Rioja, además de rechazar realizar cualquier tipo de valoración “por respeto a las garantías del procedimiento” reconoció que este recurso retrasaría la puesta en marcha del servicio. Este recurso se desestimó y el procedimiento recuperó la normalidad hasta agosto cuando un nuevo recurso ha vuelto a paralizar la llegada de los cajeros automáticos a los pueblos de La Rioja. En este caso, se impugna la resolución de adjudicación definitiva del contrato de uno de los lotes a la empresa. En concreto, el primer lote que corresponde a la instalación de once cajeros automáticos fijos por un valor superior a los 781.000 euros.

Los argumentos, los mismos que los esgrimidos en junio. Lo único diferente es la fase en la que se ha interpuesto el recurso: en junio, el proceso estaba en fase intermedia de calificación de ofertas. El último, cuando el proceso estaba en la fase final de adjudicación y licitación. Y en este último caso, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha resuelto “mantener la suspensión del lote 1 del expediente de contratación”.

Y todo esto se resuelve la llegada de los cajeros los pueblos de La Rioja todavía tendrá que esperar porque si el Tribunal Administrativo Central de Recursos contractuales paraliza o anula la adjudicación, el retraso podría ser de meses. ¿Cuántos? Desde el Ejecutivo regional se remiten al pliego que “establece un plazo de 60 días para la instalación de los cajeros a partir de la formalización del contrato que todavía no se ha producido”.

Más de 130.400 estudiantes de ESO, Bachillerato, FP y Adultos comienzan las clases este martes en Andalucía. La normalidad será la nota dominante, pero hay lugares donde no se alcanza esa normalidad a veces deseada. Cabo de Gata empieza otro curso sin el instituto que los vecinos llevan años reclamando para la zona. La propuesta pasa por construir un centro de Secundaria en Pujaire que dé servicio a varios núcleos de Níjar y Almería capital y evite los desplazamientos que cada día tienen que hacer los alumnos. La plataforma ciudadana que reclama el proyecto sostiene que hay terreno disponible y que la zona reúne las condiciones para acoger el centro. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedarían aquí”, explica Lola Alonso, vecina de la zona y madre de un niño que este curso comienza la ESO.

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, también defiende la construcción del instituto y asegura que ya ha abordado el proyecto con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno andaluz no concreta si tiene previsto levantar el centro ni pone fecha al proyecto. Su respuesta se limita a señalar que “la escolarización está garantizada” y que Educación continúa priorizando las necesidades de infraestructuras. Mientras, los vecinos denuncian desplazamientos de hasta 45 minutos para acudir a clase y relacionan la falta de servicios con la pérdida de población en estos núcleos.

Un instituto para toda la costa

Porque la reivindicación no se limita a Pujaire, que es un anejo de Níjar, sino que la plataforma ciudadana plantea el instituto para varios núcleos del entorno de Cabo de Gata, una zona marcada por la dispersión geográfica. El Ayuntamiento de Níjar habla de ocho pedanías de los municipios de Níjar y de la propia Almería capital que podrían beneficiarse del centro. De este modo, Pujaire, Ruescas, San José, Cabo de Gata, El Pozo de los Frailes, Barranquete y Cortijo Abajo son los principales núcleos de población que se beneficiarían de esta infraestructura que se llamaría Puerta del Cabo por situarse, precisamente, a las puertas del parque natural.

Pero sin ella, la situación actual obliga a los estudiantes a desplazarse fuera de sus localidades para continuar sus estudios. Y no hablamos de un trayecto puntual. Es el viaje de ida y vuelta de cada día lectivo. “Si tú metes a un niño en un autobús 45 minutos para ir y otros 45 para volver a su instituto, es una barbaridad”, lamenta Francisco Palenzuela, uno de los portavoces de la plataforma que pone el foco en la gran dispersión geográfica que hay entre unas zonas y otras.

El problema, casi como la propia dispersión, viene de lejos. Palenzuela explica que la reclamación ya existía antes de los últimos comicios locales de 2023 y que, pese al cambio de corporación municipal del PSOE al PP, los vecinos han seguido reclamando el centro, contando incluso con el respaldo consistorial, pese a que Gobierno regional y local comparten signo político.

Además, personas como Lola Alonso tienen un motivo especialmente cercano para seguir reclamando el instituto: su hijo tiene 11 años y este curso comienza la ESO. Si el centro que reclaman los vecinos estuviera construido, no tendría dudas sobre dónde estudiaría. “Si estuviera el instituto, mi hijo iría a este instituto. No iría a uno tan grande como el de Puerto Carrero”, explica. En Cabo de Gata, según relata, los alumnos pueden cursar actualmente primero y segundo de ESO, pero después tienen que desplazarse para continuar sus estudios. En el caso de las familias de San José, algunas optan por llevar a sus hijos a Cabo de Gata durante esos primeros cursos y después deben buscar otro centro cuando terminan esa etapa.

La falta de un instituto propio hace que los desplazamientos formen parte de la trayectoria educativa de estos niños. Y, para algunas familias, también empieza a pesar en la decisión de dónde vivir. “Muchos padres se están yendo de aquí y vendiendo sus casas”, asegura Alonso. “Estamos perdiendo población en los pueblos rurales porque se van buscando una mejoría para su hijo”.

Un solar de 18.000 metros cuadrados

Por eso, los vecinos no solo reclaman el instituto. También tienen identificado dónde quieren que se construya ya que el propio Ayuntamiento de Níjar ha ofrecido a la Junta de Andalucía una ubicación concreta. Según la información que maneja la plataforma, se podría construir en una parcela situada en Pujaire y que cuenta con una superficie gráfica de 17.833 metros cuadrados, más que suficiente para adecuar un centro educativo que absorva a una población que supera ampliamente el millar de menores en edad para cursar sus estudios allí.

Palenzuela asegura que se trata de un terreno municipal de alrededor de dos hectáreas y considera que reúne las condiciones necesarias para acoger el instituto. “Está todo: el solar despejado, la carretera... cumple todo”, sostiene. De hecho, el Ayuntamiento de Níjar confirma que Pujaire es una de las opciones planteadas. En la información facilitada a este periódico, el Consistorio señala que el instituto, “por ubicación y requisitos”, podría construirse en la localidad.

Además, el Consistorio también asegura que ha mostrado públicamente su apoyo al proyecto. Los concejales de Educación y Urbanismo se han reunido con la plataforma para abordar la necesidad de un centro de Secundaria para toda la zona. Pero que exista un terreno disponible no significa que el proyecto esté en marcha. Falta saber si la parcela ha sido formalmente puesta a disposición de la Junta, qué trámites urbanísticos serían necesarios y, sobre todo, si Educación ha dado algún paso para convertir la propuesta en una obra.

“La escolarización está garantizada”

El Consistorio nijareño asegura que la reivindicación ha llegado a la Administración autonómica. Según explica, ha mantenido “varias reuniones” con la Delegación de Educación para abordar tanto las inversiones que ya se están realizando en los centros del municipio como futuras actuaciones. Entre ellas está, según el ayuntamiento, “la del instituto para la costa”. La plataforma, sin embargo, reclama avances concretos. Lola Alonso asegura que llevan más de un año esperando una reunión con la Junta.

“Educación lleva ya un año y pico diciendo que sí, que sí, que iríamos, y no hemos ido”, afirma. Los vecinos sostienen que la Junta les ha trasladado que poner en marcha un instituto supone una inversión importante y que hay distintos requisitos que cumplir. Palenzuela asegura que una de las explicaciones que han recibido es que “no hay fondos”. Pero la Junta no confirma esa versión. Preguntada por este periódico sobre el proyecto, su financiación y los plazos para construir el centro, la respuesta oficial no concreta ninguno de esos extremos.

El Gobierno regional se limita a defender que los alumnos de la zona tienen actualmente garantizada su escolarización. “Actualmente, la escolarización del alumnado de la zona está garantizada a través de los centros de referencia y de los recursos establecidos”, señala la Junta. Educación añade que “se sigue priorizando el plan de infraestructuras, dando respuesta a aquellas necesidades que se puedan presentar” y que continúa “atendiendo y priorizando las necesidades de infraestructuras educativas conforme se presentan”.

La Junta no aclara si contempla construir el instituto de Pujaire. Tampoco concreta en qué fase estaría el proyecto, si existe un expediente abierto, qué requisitos considera que debe cumplir la zona, cuál sería el coste de la actuación o cuándo podría ejecutarse. La respuesta deja así dos posiciones enfrentadas: para la Junta, la escolarización está garantizada con los centros y recursos existentes y para los vecinos, eso no resuelve el problema de fondo: los alumnos siguen teniendo que desplazarse y las familias siguen reclamando un centro educativo de Secundaria en su entorno.

Educación y despoblación

Pero el instituto es también una cuestión de población. La falta de servicios públicos, dicen los lugareños, está haciendo más difícil que las familias se queden. “Cada vez más gente de Pujaire y de Ruescas se está yendo a Retamar”, asegura Palenzuela. Y apunta directamente a la falta de servicios: “La gente se va, sobre todo porque no hay servicios, y la educación es fundamental”. Alonso coincide. Según su experiencia, hay familias que están optando por marcharse cuando sus hijos llegan a la edad de estudiar Secundaria. “Si el instituto estuviera aquí en Pujaire, muchos de los que se van fuera no se irían. Se quedan aquí”, insiste.

La reivindicación se produce en una zona con una fuerte actividad turística durante los meses de verano, pero donde los vecinos reclaman servicios que permitan mantener población durante todo el año. El instituto se ha convertido así en uno de los símbolos de esa demanda. “Si no tuviéramos niños, no lucharíamos ni buscaríamos nada”, dice Alonso. “Pero tenemos espacio y nos dan el terreno”. El curso ya comienza. Los alumnos siguen teniendo plaza y la Junta insiste en que la escolarización está garantizada. Lo que no hay es un calendario para el instituto que los vecinos llevan años reclamando. Y en Pujaire siguen esperando la misma respuesta: si hay alumnos, hay terreno y el Ayuntamiento defiende el proyecto, qué falta para que la Junta dé el siguiente paso.

Hay batallas que comienzan por reivindicar cosas muy pequeñas, pero que son importantes para los jóvenes, y que pueden cambiar el modo de vida en un emplazamiento concreto. Tener acceso a unos estudios, a un trabajo, a una vivienda. Derechos que parecen básicos, pero que cuesta conseguir.

Sin embargo, a veces para llegar a lograr metas más ambiciosas hay que dar un paso adelante, y mientras que llegan esas oportunidades, luchar por objetivos a corto plazo como, por ejemplo, contar con “un DJ digno” para las fiestas de un pueblo. Así es como Irene Ferrer, de 27 años, llegó a presidir la Asociación El Castillejo de Alcantud en municipio de Cuenca.

Estudia el tercer año del Grado en Educación Social y esa vocación es la que implementa en su pueblo. Aunque por sus estudios vive en Alcalá de Henares, regresa a Alcantud siempre que puede. “Me enfoco en que todo el mundo tenga oportunidades, sobre todo de ocio en este pueblo que es tan pequeño. Se trata de darlo a conocer y que se mantenga vivo”, explica.

Alcantud, ubicado en la provincia de Cuenca, pero justo en la frontera con la de Guadalajara, suele tener en torno a unos 50 o 60 habitantes, “aunque en invierno la población baja muchísimo más”, recalca Irene. No obstante, han llegado hasta los 300 en verano.

La asociación cultural que ella preside tiene más de veinte años de vida y en el pasado estaba gestionada por personas de la edad de sus padres. Hace cinco años se renovó la Junta Directiva y “nadie quería coger el relevo”. Irene señala que ella veía cómo se programaban muchas actividades para gente mayor y para niños, pero los jóvenes “estaban un poco olvidados” y decidió dar un paso adelante.

“Yo entré principalmente por la lucha de tener un DJ digno para una fiesta. Dije: 'me meto en la asociación y así hago un poco de presión para conseguirlo'. Al cabo del tiempo vi que quienes estaban en la Junta Directiva son gente con familia, trabajo y otras preocupaciones y me quedaba un poco sola. Así que arrastré a mis amigos, a mi hermana y a mis primos”, relata.

Y así, la Asociación El Castillejo de Alcantud tiene en la actualidad seis miembros, con edades comprendidas entre los 23 y los 38 años. Asegura que la ventaja de que todo quede en familia es que “no hay discusiones, siempre estamos de acuerdo”.

Irene está en búsqueda de empleo, ya que el trabajo en la asociación no es remunerado, con el objetivo de “volver a vivir en Alcantud”.

Diseñar actividades para revivir el pueblo

Ferrer destaca que muchas veces la gente con raíces en Alcantud “se queja mucho” de la falta de recursos, ya que la mayoría se encuentran en Priego —localidad cercana de casi mil habitantes—donde está el centro médico, la farmacia, los bancos o el supermercado.

“Aquí a las 10.00 horas suena el pito de que llega el pan, los martes la fruta, el miércoles el médico y el bar que tenemos abre de vez en cuando. La gente se queja mucho de que si hubiese más servicios vendrían al pueblo. ¿Pero qué más necesitas si a diez minutos tienes todo en el pueblo de al lado? La gente busca una pulsera de Marina D'Or, ciudad de vacaciones con todo accesible. Yo en Alcalá si quiero ir al hospital también tardo 10 minutos”, matiza.

Irene nos cuenta que, al igual que en muchos pueblos pequeños, todos hacen “piña y a nadie le falta nunca de nada” y que incluso ahora les han instalado la fibra óptica: “La gente decía mucho: es que yo me vendría aquí a teletrabajar, pero no llegaba bien el internet tal, y ahora ya lo tenemos, así que a ver si así se van animando más personas”.

Desde El Castillejo de Alcantud ha diseñado un proyecto cultural que abarca todo el año. “Antes se enfocaba más en la semana cultural de agosto y alguna actividad suelta en Semana Santa o Halloween”, dice Irene, mientras que ahora todos los meses hacen unas jornadas gastronómicas.

“Es el padre de un amigo nuestro el que cocina comidas típicas de la zona y lo usamos como reclamo para la gente que quiere venir al pueblo y dice que no hay nada en el fin de semana. También organizamos excursiones... Bueno y en Navidad organizamos una cena. Acudimos unas 70 personas y porque no pudo venir más gente. No se cabía en las antiguas escuelas del pueblo, que es donde lo celebramos”, relata.

Varias personas del pueblo viven en Barcelona o en Andalucía, y tal como explica Irene, “se quejan de que hagamos las jornadas los fines de semana que no hay puente o cuando ellos no están de vacaciones. Y es que el enfoque de la actividad es precisamente ese, venir al pueblo el resto del año, no cuando se espera”.

Además, cree que las actividades no tienen por qué ser especiales o de gran dimensión. Basta con que puedan ser participativas, para todos los públicos. “Las personas mayores también necesitan ese ocio, bien porque antes no han podido salir o porque no lo han tenido. Hacemos básicas desde echar unas cartas, un taller de tecnología o traerles música de su edad. Están muy agradecidos de que trabajemos tanto por el pueblo, y es que nuestros abuelos nos dejaron el mejor legado, que es cuidar Alcantud”.

Recuperar tradiciones y seguir luchando por el ocio

Otro de los objetivos de la asociación es recuperar tradiciones perdidas. “Nos contaba la gente mayor que antiguamente se celebraba San Antonio: entonces las calles se llenaban de hogueras, o también un evento llamado La Moneda, que es como una especie de subasta y que eso se había pedido. Pues hace ya tres años que lo hemos recuperado”.

Asegura también que en las actividades “participan más la gente que viene los fines de semana que los que viven en el pueblo, y la verdad que nos choca mucho, pero a ver si conseguimos romper un poco esas barreras”.

La asociación sobrevive y trabaja con pequeñas subvenciones de la Diputación de Cuenca “que siempre podría ser un poco más, pero lo que tenemos nos vale”, pero también echan mano de la cercanía con los recursos. “Un amigo de un amigo ha conseguido que venga un concierto de guitarras a la iglesia, también para las excursiones un chico joven del pueblo de al lado tiene una empresa que hace excursiones. Nos ponemos en contacto con pequeñas empresas de la zona para hacer las actividades. Yo por ejemplo los fines de semana me encargo haciendo la ludoteca para cuatro niños en Alcantud, pero ellos también tienen derecho a tener ese ocio en finde”, apunta.

Irene comenta entre risas que el próximo objetivo es ver si pueden contratar una carpa para la segunda edición de la cena de Navidad “para que nadie se nos quede fuera, porque fue una locura. Nosotros éramos los camareros, nuestros padres los cocineros, nos lo pasamos muy bien”.

Regresar a Alcantud sin excusas y fomentar la participación

Esta localidad conquense posee una población mayormente envejecida. Irene nos cuenta apenada que a comienzos del 2026 tuvieron un mes muy malo donde “empezó a fallecer gente muy mayor, que empezamos a decir, madre mía, ¿qué está pasando? Pero es una realidad y es ley de vida. Si el pueblo termina muriendo vamos a acabar siendo una pedanía o un pueblo abandonado”.

Por ello, otro objetivo es traer a gente joven a vivir allí. Ferrer señala que hay personas jóvenes que quieren irse a vivir a Alcantud, pero “lo que echa mucho para atrás son los servicios, aunque yo siempre les digo que tenemos todo al lado. También es cierto que yo soy una persona que le gusta mucho el silencio, salir a la calle a dar de comer a los gatos de la calle, pero hay gente que necesita el ocio en la puerta de casa”.

El problema de la vivienda, que nos afecta a muchos jóvenes, allí lo tendríamos resuelto, porque tenemos la casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, y el gasto es mínimo

“El problema de la vivienda, que nos afecta a muchos jóvenes, allí lo tendríamos resuelto, porque tenemos la casa de nuestros padres o de nuestros abuelos, y el gasto es mínimo. Siempre se lo digo, que aquí viviríamos genial, y el ocio lo tendríamos entre nosotros. Desde mi perspectiva lo veo muy fácil, aunque en mi caso mi perfil de trabajo por la zona no lo encuentro, pero bueno en algún momento aparecerá”, explica Irene esperanzada.

Las redes sociales son un gran altavoz para contar lo que hacen. Además de sus perfiles en Instagram y Facebook, cuentan con 'El Pregón de Alcantud', un grupo de WhatsApp con actualmente 254 miembros que no solo sirve para anunciar las actividades, sino que también es “como el pregonero del pueblo. Si alguien pierde una camiseta, si nos encontramos un accidente en la carretera, o por ejemplo el otro día que hubo un incendio forestal en El Recuenco que está al lado, pues íbamos informando de lo que pasaba. Cada vez se une más gente”.

De igual manera, Irene también invita a visitar Alcantud y su entorno. Mientras, ellos seguirán luchando “muchísimo” para que cualquier persona les visite y se interese por la zona.

La Diputación de Cáceres plantea extender al conjunto de las comarcas cacereñas el proyecto TRAE (Trabajo para Repoblar Activamente Extremadura), una iniciativa orientada a atraer trabajadores y familias a municipios con demanda de mano de obra sin cubrir y facilitar su asentamiento en el entorno rural.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, ha planteado esta posibilidad tras reunirse con representantes del tejido empresarial de Campo Arañuelo, Coria y Sierra de Gata para diagnosticar las necesidades laborales y las posibilidades residenciales de cada territorio.

En el encuentro han participado Ramón Barbado, del Círculo Empresarial Moralo (CEM); Casto Pereira, de la Asociación Rivera de Gata; y Raúl Trapote, de la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (ASECOC). El objetivo de esta alianza es analizar las vacantes en los sectores productivos locales e identificar las viviendas y recursos disponibles en los municipios para garantizar la llegada e instalación de las familias.

“No queremos que se sigan cerrando bares o comercios, no queremos que haya un pueblo sin panadero, cuando tenemos a gente que estaría encantada de venir si se les da facilidades”, ha subrayado Barbado a la salida de la reunión.

Incentivos y balance del programa

El proyecto TRAE suma actualmente más de un millar de solicitudes recibidas y una veintena de expedientes de personas que llegarán en los próximos meses a la provincia. Para facilitar su arraigo, la iniciativa ofrece un paquete de medidas que incluye un contrato de trabajo indefinido desde el primer momento, un año de vivienda gratuita durante el periodo inicial de adaptación y acompañamiento personalizado en el proceso de instalación e inserción comunitaria.

Hasta la fecha, la iniciativa ha trabajado de manera prioritaria con personas procedentes de países como Chile o Perú, aunque el nuevo impulso busca captar también a trabajadores y familias procedentes de otros puntos de España.

Para materializar esta extensión comarcal, la Diputación de Cáceres estudiará la firma de un convenio de colaboración enfocado en identificar oportunidades de empleo y emprendimiento, así como en articular el proceso de acogida. Morales ha defendido la necesidad de “profundizar de forma activa en la revitalización de nuestros pueblos” para consolidar la actividad económica y combatir la despoblación en la provincia.

El Gobierno de Cantabria (PP) ha movilizado, de 2024 a la fecha, alrededor un millón de euros de fondos públicos para dotar, reponer o restaurar vehículos municipales, también llamados de uso común, a pueblos en riesgo de despoblamiento. Con ayudas de hasta 40.000 euros por ayuntamiento, un total de 25 localidades ya han adquirido furgonetas o camionetas pick-up destinadas al transporte de vecinos y/o materiales.

El objetivo es acelerar lo máximo posible el despliegue para alcanzar las metas antes del final de la legislatura (PP). Según ha anunciado la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, durante la entrega de un pick-up en la Vega de Pas, la meta es cubrir, antes de que acabe la legislatura, 33 de los 41 municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, gastando hasta 1,2 millones de euros en vehículos municipales.

ElDiario.es ha consultado a tres alcaldes que han tramitado la adquisición de este transporte si un vehículo municipal es un mecanismo útil contra la despoblación. Y las posturas son diversas: el alcalde de Santiurde de Reinosa afirma que “si no hay población, no se puede dar servicio”; el de Miera dice que “no lo tenía pensado” y el de Herrerías opina que es una medida que “contribuirá de alguna manera a combatir este destino que tenemos, que tiene muy difícil retorno a pesar de las medidas, pero al menos intentarlo”.

Cantabria ha definido 41 municipios en riesgo de despoblación dentro de un medio rural que arrastra una preocupante crisis demográfica desde hace décadas. Hay un contraste muy grande, el 80% de la población cántabra –más de 451.000 habitantes– se concentra únicamente en 20 municipios y el 20% restante debe sostener la mayor parte de la región de baja densidad demográfica, según datos que el Gobierno expone en la licitación de las ayudas para vehículos.

Es una brecha que sobre todo castiga a las localidades de menos de 1000 habitantes, como Santiurde, Miera y Herrerías. Esto desencadena “un mayor envejecimiento, aislamiento geográfico o falta de conexiones de transporte”, causando así que el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sea insuficiente.

El uso real y la rentabilidad de estas inversiones conviven con distintas realidades según el servicio y la localidad. Según explican desde el Gobierno, depende de cada municipio: un ayuntamiento compró una furgoneta para llevar a los vecinos en transporte interno. Otros lo tienen mixto: tanto para llevar a vecinos como para servicios municipales. Y otros directamente compraron una furgoneta en la que no se puede llevar vecinos, pero sí el material del Ayuntamiento.

Este último es el caso de Santiurde de Reinosa, en un pueblo de 254 habitantes, su alcalde Borja Ramos (PP) explica que emplean un vehículo pick-up Maxus T-60 —mismo modelo entregado en Vega de Pas el pasado 26 de agosto— para labores de mantenimiento municipal y traslado de herramientas, descartando hasta este momento el transporte directo de pasajeros. El vehículo es útil porque “mantener los pueblos limpios y bien conservados favorece a vivir en ellos”.

Miera, con 397 habitantes y catalogado en riesgo de despoblamiento, cumple los requisitos fijados en la Orden PRE/53/2024 para optar a la ayuda de hasta 40.000 €. En su caso, han pedido esta ayuda para llevar a cabo las labores de mantenimiento y para poder acudir a lugares de difícil acceso. No ha considerado usarlo para transportar personas: “Es algo que no tenía pensado”, dice el alcalde José Miguel Crespo (PRC).

Cuenta que es la tercera vez que realiza el trámite; tiene una resolución provisional y está a la espera de una definitiva, tras la cual licitará para tener un vehículo de uso común. Cree que es la mejor opción: “Es más versátil, permite llevar un remolque, cargarlo y usarlo para todo”.

En ocasiones, el alcalde de Miera ha tenido que recurrir a su propio transporte personal por falta de recursos para poder acudir a los lugares de trabajo, o bien los miembros de las cuadrillas contratadas debían usar sus propios coches para desplazarse. Todos en el pueblo están condicionados por el coche; esto quiere decir que no pueden depender de tener transporte público, debido a que las líneas de autobús son muy reducidas: «Nosotros tenemos un servicio con el que hemos contado toda la vida, que es una línea regular que nos une con la capital; se hace una vez por la mañana y una por la tarde».

Por otro lado, está el caso de Ramón Jesús Cuesta (PRC), alcalde de Herrerías, un municipio que cuenta con 570 habitantes. En este caso la ayuda del vehículo está en tramitación, pero el objetivo es claro: trasladar a las personas, no se va a usar como vehículo de labores de trabajo. “Va a ser una furgoneta, transporte para desplazar a los ciudadanos a los talleres que tenemos en el taller comunitario”.

Marcial, que siempre fue el poeta de El Margen, una pedanía de Cúllar Baza (Granada), tenía previsto leer una obra dedicada a su madre el mismo día en que 'Los Paraísos', un documental contra la desmemoria rural, se iba a emitir por primera vez en su propio pueblo. No llegó a tiempo. Murió días antes de poder verse en un film que, con el destino de por medio, ha acabado contando, dentro y fuera de la pantalla, lo que queda cuando las miradas y la gente se marchan de unas calles y unas casas que albergaron mucha vida.

Aunque esta obra audiovisual, creada por los hermanos Armando y Mercedes Camacho, no pretende ser un llanto que recuerde el pasado, sino una oda a quienes lo construyeron, lo cierto es que Los Paraísos sirve de ejemplo perfecto de cómo escuchar brinda las mejores historias. Los relatos de Genoveva Castillo, Antonio Simón, Benita Barea, que sigue cantando copla a sus 'noventa y tantos' y el propio Marcial Rodríguez construyen lo que un día fue El Margen, en un mundo que parece destinado a convertir en realidad su nombre y que documentales como este están dispuestos a cambiar.

Así, durante algo más de media hora, las cuatro personas, que ya han superado las nueve décadas de vida, hablan de un pasado rural que sigue muy presente en cada uno de sus poros. Alternado con imágenes captadas por dron que dan muestra de la belleza del paisaje que rodea el altiplano de Granada, el corazón del documental es un ejercicio de respeto y memoria. Sobre todo memoria. Por y para quienes nunca han deseado perderla.

Un ejercicio de memoria

Porque ese fue, precisamente, el punto de partida de sus autores. Hijos de un padre de Cúllar y una madre de Galera, Armando y Mercedes Camacho crecieron vinculados a esta comarca del norte de la provincia y decidieron convertir ese arraigo en un homenaje a sus padres, a sus antepasados y a una forma de entender la vida que se desvanece al mismo ritmo que la despoblación. “Ha surgido como un homenaje a nuestros padres, a nuestros ancestros, a nuestra tierra y a poner en valor unas costumbres que ya se están perdiendo”, explica Armando Camacho en conversación con este periódico.

El proyecto, completamente autofinanciado, se prolongó durante un año. Armando asumió la grabación, tanto con cámara como con dron, el montaje y hasta la composición musical. Sin embargo, pronto comprendieron que el documental dejaría de pertenecerles para convertirse en un espacio donde los protagonistas hablaran con total libertad. “Les planteamos unas preguntas básicas, pero han sido ellos quienes han querido contar lo que han querido contar. No queríamos una fórmula exacta, sino que se sintieran cómodos y transmitieran sus sensaciones”, explica.

Y lo que cuentan no es únicamente la historia de un pueblo. Es la historia de toda una generación. La de quienes nacieron entre finales de los años veinte y mediados de los treinta, crecieron marcados por la Guerra Civil y la posguerra, apenas pudieron acceder a la escuela y aprendieron a leer gracias a vecinos que enseñaban lo imprescindible entre faenas agrícolas. También la de quienes hicieron del campo una escuela de vida, fabricando sus propios aperos, conservando alimentos durante años o aprendiendo a cultivar una tierra donde el agua siempre fue escasa.

“Son personas de 90 años, pero muy jóvenes. No son los típicos abuelos ancianos”, insiste Camacho. De hecho, uno de los momentos más espontáneos del documental llega cuando Benita rompe a cantar con la naturalidad de quien sigue celebrando la vida. Esa vitalidad fue una constante durante todo el rodaje. Los directores compartieron comidas, migas junto a la lumbre, canciones, bailes y también lágrimas. “Esto ha superado el mero hecho técnico o artístico de hacer un documental. Hemos acabado teniendo una relación de amistad con cada uno de ellos”, reconoce.

Un pueblo que resiste

La realidad que rodea a El Margen hace aún más valiosos esos testimonios. La pedanía, que llegó a reunir a miles de habitantes durante el siglo pasado, apenas supera hoy los tres centenares de vecinos. La emigración hacia Cataluña y el Levante, primero, y el envejecimiento posterior han ido vaciando sus calles hasta el punto de que este ha sido el último curso de su colegio, que cerrará definitivamente tras quedarse con solo dos alumnos.

Sin embargo, Los Paraísos evita caer en la nostalgia fácil. No idealiza el pasado ni esconde la dureza de unas vidas atravesadas por el hambre, el trabajo desde la infancia o las privaciones. Algunas de esas historias, reconoce Camacho, ni siquiera aparecen en el montaje final. “Había testimonios de cosas muy duras y preferimos dejar algunas fuera”. La intención nunca fue recrearse en el sufrimiento, sino conservar la dignidad de quienes lo vivieron.

Quizá por eso el documental está despertando una respuesta que trasciende el propio pueblo. Personas que emigraron hace décadas a Barcelona, Madrid o el norte de España reconocen en estas conversaciones la voz de sus abuelos y la memoria de unos lugares que también forman parte de su identidad. “Todo el mundo que lo está viendo dice que le recuerda a su abuelo”, dice con orgullo su director.

El efecto, además, ya se deja notar en El Margen. Gracias al impulso generado por la película volverá este año una antigua cuadrilla musical que llevaba tres décadas desaparecida, mientras sus autores ya preparan nuevos documentales en otras localidades del Geoparque de Granada con el mismo propósito: registrar la memoria antes de que sea demasiado tarde.

Porque eso es, en el fondo, Los Paraísos. No un documental sobre cuatro personas mayores ni sobre un pueblo que pierde habitantes. Es el intento de conservar una forma de mirar el mundo antes de que desaparezca con quienes todavía pueden contarla. Y en tiempos en los que todo parece medirse por la velocidad, detenerse durante treinta y siete minutos para escuchar a Genoveva, Antonio, Benita y Marcial quizá sea la mejor forma de recordar que la memoria también necesita quien la escuche.

Aragón está ganando población, pero mirar únicamente la cifra global oculta una evolución mucho más desigual entre sus municipios. Detrás del aumento de habitantes de la comunidad hay localidades que llevan una década creciendo de forma prácticamente continuada, otras que han conseguido cambiar una tendencia anterior y, en el extremo contrario, pequeños municipios que siguen perdiendo vecinos. Las cifras oficiales permiten observar dónde se concentra el crecimiento y qué territorios mantienen una evolución descendente.

Los datos del padrón permiten reconstruir esa evolución municipio a municipio. El Instituto Aragonés de Estadística dispone de los datos de población de todos los municipios aragoneses a 1 de enero de cada año y mantiene una serie histórica que permite comparar la evolución durante la última década.

Uno de los ejemplos más claros del crecimiento está en el entorno inmediato de Zaragoza. Cuarte de Huerva tenía 12.141 habitantes en 2015 y alcanzó los 15.408 en 2025. Son 3.267 vecinos más en diez años, un incremento del 26,9%. Además, la evolución ha sido prácticamente continua durante todo el periodo. La localidad pasó de 12.581 habitantes en 2016 a 13.450 en 2020, 13.773 en 2021, 14.169 en 2022, 14.701 en 2023, 15.112 en 2024 y 15.408 en 2025.

Cuarte de Huerva ha pasado así de ser un municipio de poco más de 12.000 habitantes a superar los 15.000 en una década. Su evolución está relacionada con el desarrollo residencial y económico del entorno de Zaragoza y forma parte de una zona metropolitana en la que varias localidades han experimentado un crecimiento significativo.

María de Huerva ofrece otro ejemplo. Tenía 5.425 habitantes en 2015 y alcanzó los 6.558 en 2025, lo que supone un incremento de 1.133 vecinos en una década, equivalente a un aumento del 20,9%. La población aumentó de forma continuada durante buena parte del periodo: 5.550 habitantes en 2016, 5.619 en 2017, 5.663 en 2018, 5.812 en 2019, 5.970 en 2020, 6.021 en 2021, 6.168 en 2022, 6.335 en 2023, 6.371 en 2024 y 6.558 en 2025.

No es casualidad que Cuarte de Huerva y María de Huerva aparezcan entre los municipios que más han crecido. Ambas localidades están situadas a pocos kilómetros de Zaragoza y forman parte de su área de influencia residencial. En el caso de María de Huerva, el desarrollo de actividad industrial se ha producido paralelamente al crecimiento de población.

La Puebla de Alfindén presenta una evolución diferente. Su población también ha aumentado durante la última década, pero la trayectoria no ha sido lineal. El municipio tenía 5.948 habitantes en 2015 y se situó en torno a los 6.500 en 2025, después de varios años de descenso y posterior recuperación. Es un ejemplo de los municipios que han cambiado de tendencia durante el periodo analizado.

Esta diferencia permite distinguir entre varias situaciones. Por un lado están los municipios que han mantenido un crecimiento continuado; por otro, aquellos que han pasado de perder población a recuperarla; y, finalmente, los que acumulan varios años de descenso.

El crecimiento más intenso se concentra en buena parte del entorno de Zaragoza. Utebo, La Muela, Cadrete, María de Huerva, La Puebla de Alfindén, Pinseque o La Joyosa forman parte de un espacio en el que la evolución residencial ha sido diferente a la de buena parte del Aragón rural.

Menor tasa de envejecimiento

El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) ha identificado precisamente una menor tasa de envejecimiento en varios de estos municipios. La estructura por edades permite observar una de las diferencias entre los municipios que ganan población y aquellos que la pierden. Los primeros cuentan en muchos casos con un mayor peso de población en edad laboral y de menores, mientras que en los municipios rurales más pequeños es mayor la proporción de personas de 65 años o más.

Mientras algunas localidades del entorno de Zaragoza incorporan cientos o miles de habitantes, Aragón mantiene un amplio grupo de municipios en los que la población se cuenta por decenas. A 1 de enero de 2025 había localidades como Almohaja, Salcedillo, Pozuel de Ariza, Bagüés, Aguatón, Torre de las Arcas o Balconchán con menos de veinte habitantes.

En estos municipios, pequeñas variaciones tienen un efecto importante en términos porcentuales. La pérdida de cinco habitantes en una localidad de 50 supone un descenso del 10%, mientras que esa misma reducción apenas tiene efecto en un municipio de varios miles de residentes. La evolución demográfica también tiene una relación directa con la estructura de edad. El índice de envejecimiento de Aragón se situó en 2025 en 125,1 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 20 años. En Teruel alcanzó 141,5 y en Huesca 130,5.

Los municipios de menor tamaño presentan, en general, mayores niveles de envejecimiento, mientras que varios de los municipios que han registrado un crecimiento sostenido alrededor de Zaragoza cuentan con una estructura de población más joven. Cuarte de Huerva, por ejemplo, figura entre los municipios aragoneses con menor porcentaje de población mayor de 65 años.

La diferencia no se limita a la población total. Un municipio que incorpora familias jóvenes aumenta al mismo tiempo el número de adultos en edad laboral y el de menores. En los municipios con pérdida prolongada de población, la salida de personas jóvenes y la llegada a edades avanzadas de las generaciones más numerosas modifican progresivamente la estructura demográfica.

La distancia respecto a los principales núcleos urbanos es otro de los elementos que aparece en la evolución de los municipios. Las localidades del entorno de Zaragoza tienen acceso al mercado laboral y a los servicios de la capital, al tiempo que ofrecen suelo residencial y una estructura urbana diferente.

El crecimiento de Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Muela, Cadrete o Utebo responde en buena medida a esa relación con Zaragoza. Son municipios que han experimentado un importante desarrollo residencial y que mantienen una conexión diaria con la capital. Pero el crecimiento demográfico aragonés no se limita al área metropolitana de Zaragoza. También hay municipios que funcionan como cabeceras territoriales, con una concentración de empleo, servicios, comercio y equipamientos que les permite mantener una evolución diferente a la de las localidades más pequeñas de su entorno.

Huesca, Teruel, Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Alcañiz, Ejea de los Caballeros o Calatayud son algunos de los principales núcleos urbanos de Aragón y presentan una dimensión y unas funciones territoriales diferentes a las de los municipios rurales de menor tamaño. La población de las tres capitales también permite observar estas diferencias. Según los datos oficiales de 2025, Zaragoza cuenta con 699.007 habitantes, Huesca con 55.033 y Teruel con 36.521. La capital aragonesa concentra por sí sola más de la mitad de la población de la comunidad. Municipios como Jaca, Barbastro, Monzón, Fraga, Alcañiz o Ejea concentran servicios y actividad económica para un territorio más amplio.

La evolución de los municipios más pequeños es diferente. En muchos casos se combinan una población reducida, un elevado peso de las personas mayores y una menor capacidad para atraer nuevos residentes. El resultado es una pérdida de población que se prolonga durante varios ejercicios.

El CESA ha señalado que los municipios más pequeños, con mayor envejecimiento y pérdida de población durante la última década, presentan además una menor proporción de población extranjera y se sitúan con mayor frecuencia en zonas de mayor altitud. Son factores que aparecen relacionados en el análisis territorial, aunque no determinan por sí solos la evolución de cada localidad.

La comparación de 2015 y 2025 también permite separar el crecimiento absoluto del crecimiento porcentual. Los municipios más grandes pueden sumar cientos o miles de habitantes sin registrar necesariamente los mayores porcentajes de crecimiento. En los pueblos pequeños, en cambio, unas pocas decenas de vecinos pueden representar variaciones porcentuales muy elevadas. La población aragonesa se sitúa en 2025 en torno a 1,37 millones de habitantes, repartidos entre 731 municipios.

El Gobierno de Cantabria (PP), a través de la Consejería de Inclusión Social, ha reducido este año a la mitad el presupuesto para el mantenimiento de bares, en municipios en riesgo de despoblamiento, respecto de 2025, que fue el primer ejercicio en que se ofreció la ayuda para prevenir el aislamiento social y la soledad no deseada.

En 2025, el Gobierno del PP concedió 19.230 euros, quedando el 81% de los 100.000 euros disponibles. La nueva convocatoria ha bajado a 50.000 euros el presupuesto total.

Las subvenciones para ambos ejercicios son hasta 2.000 euros para costear agua, electricidad, gas, combustibles, internet, televisión y plataformas del año anterior. Pero, mientras en 2025, las ayudas tenían que ser para el único bar en el pueblo, en 2026, la ayuda permite que sean dos bares en un mismo municipio.

En 2025, el montante de la ayuda hubiera permitido subvencionar hasta 50 bares, pero se postularon solo 15. De estos, 4 no eran el único bar del pueblo y un propietario desistió del proceso. Finalmente, nueve bares recibieron las ayudas con el importe máximo de 2.000 euros y uno obtuvo 1.230 euros. En 2026, el periodo para postular a la subvención actual concluye en octubre y alcanzaría para unos 25 bares, si percibiesen el monto completo individual.

El año pasado, las ayudas fueron subvencionadas con fondos europeos Next Generation y obligaban a que fuese el único bar del municipio, mientras que en 2026 han salido del presupuesto autonómico y pueden ser hasta dos bares por localidad.

Cantabria cuenta con un Consejo Asesor de Lucha contra el Despoblamiento y tramita una ley de lucha contra el despoblamiento, pero su fórmula hasta ahora se ha centrado en corridas de toros y cajeros automáticos, además de potenciación de los alojamientos turísticos.

A finales de 2025, el Gobierno autonómico anunció que había destinado 126,6 millones para luchar contra la despoblación en ese año, mediante 180 medidas, de las que 163 fueron ejecutadas directamente por el ejecutivo. También ha aplicado la receta de la lucha contra la despoblación mirando a futuro, con el proyecto de teleférico 'Mirador del Pas', con el que el Gobierno del PP aspira a fijar población con 20 puestos de trabajo fijos.

Rudagüera, un pintoresco rincón de interior de Cantabria en el municipio de Alfoz de Lloredo, está a punto de perder su único espacio de encuentro. Dividido en tres barrios tradicionales -San Pedro, Lloredo y Fresnedo- que suman 316 habitantes según el censo municipal, este núcleo rural se enfrenta a la desaparición de su único bar-restaurante.

La situación de este pueblo contrasta fuertemente con la hegemonía de la hostelería en el conjunto de España y, particularmente, en la zona occidental de Cantabria donde se ubica, con importantes localidades turísticas como Cóbreces, Santillana del Mar o Comillas, a 8,6, 11 y 17 kilómetros, respectivamente.

En paralelo, el cierre de este emblemático espacio coincide con la reciente aprobación del Gobierno de Cantabria (PP), que establece subvenciones de 2.000 euros financiadas por la Unión Europea (fondos NextGenerationEU) bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El próximo mes de septiembre, la histórica Casa Solariega San Pedro de Agüera, un edificio señorial de 1825 que durante la última década ha albergado el único restaurante, bar y hostal de la zona, La Ermita 1826, cerrará sus puertas definitivamente. La causa de este cierre es la finalización del contrato de arrendamiento de diez años de sus actuales gestores y la decisión de los propietarios del inmueble de recuperar el uso de la propiedad y, por el momento, acometer obras de actualización y reparar el tejado.

Este cierre deja a los vecinos de las tres pedanías huérfanos de su único espacio de socialización, acelerando el aislamiento en una comunidad con una población notablemente envejecida.

Para quienes habitan en Rudagüera durante todo el año, el bar representa mucho más que un negocio de hostelería. Es el centro de contacto comunitario. Alfred, un vecino originario de Barcelona que se instaló en el pueblo hace siete años junto a su mujer, Carmen, describe con tristeza el impacto de la noticia: “Nos quedamos sin ningún bar que haga de bar. Es el único sitio para hablar entre los vecinos, vernos las caras y comentar nuestras cosas cotidianas”, lamenta.

La gravedad de la situación se acentúa por la absoluta falta de alternativas públicas en el pueblo. En Rudagüera no existe ningún local del Ayuntamiento, centro cívico o espacio común de titularidad pública donde poder reunirse. Además, la bolera local se encuentra abandonada y ya no queda ni rastro de “los torneos y ligas como los que antaño, que unían a los pueblos de la comarca”, recuerda Alfred con nostalgia.

A partir de septiembre, para poder tomar un café o jugar una partida de cartas, los residentes de San Pedro, Lloredo y Fresnedo se verán obligados a desplazarse a la localidad de Golbardo, a unos cinco kilómetros de distancia. “Eso implica tener que coger el coche obligatoriamente”, señala Alfred, un obstáculo insalvable para muchos de los vecinos de avanzada edad que ya no conducen y que dependen enteramente de la vida que se genera dentro de los límites de su pedanía.

Preguntado por si se han planteado hacer una petición común al Ayuntamiento de Alfoz de Loredo para que habilite algún local o espacio de reunión vecinal, Alfred responde que “todavía no”, pero que “quizás es buena idea”. Dice tener una buena relación con el Consistorio, ya que estuvo unos meses a cargo de una biblioteca municipal.

Rentabilidad estival frente al vacío del invierno

La perspectiva del matrimonio que actualmente gestiona el establecimiento ofrece la otra cara de la moneda de la hostelería rural. Reconocen que mantener un restaurante abierto todo el año en un pueblo tan pequeño es complejo. “El verano se trabaja muy bien, pero en invierno, si no hubiera habitaciones, nos comeríamos los mocos”, explica.

Durante los meses fríos, el local abría de viernes a domingo, ofreciendo cenas y comidas para clientes de fuera atraídos por el renombre del restaurante, dado que el consumo diario de los pocos vecinos habituales resultaba “insuficiente” para sostener la estructura. Es por ello que decidieron ni siquiera plantear a los propietarios una posible renovación del contrato. Sobre los rumores que entre vecinos del pueblo apuntan a que se convertirá en apartamentos turísticos admiten que lo comprenden: “El modelo de alojamiento turístico es infinitamente más cómodo y requiere mucho menos trabajo”.

El haber sabido con tiempo la no renovación del contrato -vencía en julio pero les han dejado trabajar este último verano- dice que les ha permitido organizarse para buscarse otra salida laboral en Santander.

La paradoja de la subvención autonómica

Las ayudas de 2.000 euros del gobierno autonómico, gestionadas por la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, buscan financiar el mantenimiento de establecimientos que sean el único bar de localidades “en riesgo de despoblamiento”, con el objetivo de combatir “el aislamiento social y la soledad no deseada”.

Sin embargo, en Rudagüera la iniciativa se ha convertido en una paradoja inútil. “La ayuda está muy bien, pero si no hay bar, no hay subvención”, apunta Alfred. Al no renovarse el contrato de alquiler, el pueblo pierde el único local que podía optar a ello. Los 2.000 euros resultan testimoniales ante las expectativas de beneficio de lo que puede generar otra actividad como el alojamiento vacacional, impulsado a su vez por el cambio climático que, en opinión de este vecino, “atrae cada vez más a compradores del centro de España que huyen del calor”, lo que a su vez “ha disparado en los últimos años el precio de la vivienda local”, añade.

Rudagüera, a pesar de su rico patrimonio civil, que destaca por su Torre medieval de Lloredo o sus históricas casas solariegas, está a punto de engrosar esta lista de pueblos desprovistos de un espacio de reunión social.

CORRECCIÓN sobre versión publicada el 24 de agosto de 2026

En una primera versión de esta noticia se informaba, a partir de los testimonios de dos vecinos y los actuales gerentes del bar-restaurante, que la intención de la propiedad era transformar el edificio en alojamientos turísticos. Amparo Salmón, como copropietaria del mismo junto a sus dos hermanos, se ha puesto en contacto con este periódico para expresar su malestar por no haber sido consultada al respecto, ya que “aún no se tiene decidido lo que se hará” y “no es cierto que el edificio familiar se vaya a convertir, de momento, en apartamentos turísticos”. Salmón ha explicado que “lo que sí se va a hacer por ahora son obras de actualización que el edificio ya necesita, debido a su antigüedad, y reparar el tejado”. Igualmente ha señalado que el inmueble tiene actualmente “licencia de hostal”, es decir, “habitaciones con servicio de comedor y de bar”.

En base a su testimonio se ha procedido a modificar el titular (Fin a la vida social de Rudagüera: el único bar cierra para convertirse en pisos turísticos) y a eliminar todas las alusiones a ello incluidas en la primera versión de la información como: “El histórico edificio será transformado en alojamientos turísticos y viviendas vacacionales”, “Esta reconversión comercial” y “cambiar el uso del inmueble hacia el alquiler vacacional turístico”.

Durante décadas, marcharse del pueblo ha sido casi un rito de paso para muchos jóvenes. Estudiar, encontrar un empleo estable, independizarse o simplemente buscar nuevas oportunidades significaba abandonar el municipio de origen y trasladarse a una ciudad. Hoy, sin embargo, existe una pregunta cada vez más importante: ¿qué precio tiene quedarse en el campo?

Los datos muestran la dimensión del desafío. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 2024 había 7,52 millones de personas viviendo en municipios rurales, apenas el 15,5% de la población española, aunque estos municipios ocupaban el 83,8% del territorio nacional. Son 6.644 municipios rurales, con una densidad de población de solo 17,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

La situación demográfica resulta especialmente preocupante. En los municipios rurales hay menos jóvenes en relación con la población mayor. En 2024 había 39,7 menores de 15 años por cada 100 personas de 65 años o más en los municipios rurales pequeños, frente a 68,7 en los municipios urbanos. Además, este indicador ha empeorado desde 2015: en los municipios rurales pequeños cayó un 9,4 %.

Pero detrás de estas cifras hay decisiones personales. Un joven que decide quedarse en su pueblo puede encontrarse con menos posibilidades de empleo, formación o transporte que otro que vive en una ciudad. El propio Ministerio señala que la tasa de ocupación en las áreas rurales fue del 47,8 % en 2024, 4,7 puntos porcentuales inferior a la registrada en las ciudades.

Un joven puede trabajar para una empresa situada a cientos de kilómetros sin necesidad de abandonar su localidad. Pero para que esta posibilidad sea real hacen falta conexión digital, espacios de trabajo, transporte y servicios básicos

El problema no es únicamente encontrar trabajo. También está la vivienda. Paradójicamente, mientras en muchas zonas rurales existen viviendas vacías o infrautilizadas, rehabilitarlas o acceder a ellas no siempre resulta sencillo. Y el problema de la vivienda afecta al conjunto de los jóvenes españoles: según el INE, en 2025 el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3 % señaló que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda como principal motivo.

En los pueblos, sin embargo, la vivienda puede convertirse también en una oportunidad. Los precios pueden ser más asequibles que en las grandes capitales y el teletrabajo ha abierto posibilidades que hace unos años eran difíciles de imaginar. Un joven puede trabajar para una empresa situada a cientos de kilómetros sin necesidad de abandonar su localidad. Pero para que esta posibilidad sea real hacen falta conexión digital, espacios de trabajo, transporte y servicios básicos.

Cuando se habla de juventud rural, existe una tendencia a relacionarla exclusivamente con la agricultura y la ganadería. Sin embargo, el campo del siglo XXI ofrece muchas más posibilidades: turismo rural, transformación de alimentos, comercio electrónico, energías renovables, servicios sociales, artesanía, pequeñas industrias o actividades vinculadas al medio ambiente.

Además, el sector agrario sigue necesitando relevo generacional. La incorporación de jóvenes a las explotaciones puede contribuir a modernizar el campo y facilitar la introducción de nuevas tecnologías, sistemas de producción más eficientes y modelos de negocio diferentes.

El problema es que emprender en un pueblo requiere, en ocasiones, superar obstáculos que en una ciudad pueden ser menores. La distancia de los mercados, la escasez de determinados servicios profesionales, las dificultades de transporte o la falta de financiación pueden hacer que una buena idea empresarial no llegue a convertirse en realidad.

Por eso, hablar de juventud rural no es hablar únicamente de despoblación. Es hablar de qué modelo de país queremos construir.

La decisión de permanecer en un pueblo debería ser una elección y no una renuncia. Un joven no debería tener que escoger entre vivir cerca de su familia y tener oportunidades profesionales. Tampoco debería verse obligado a marcharse para acceder a una educación de calidad, a determinados servicios sanitarios o a una oferta cultural.

El reto, por tanto, no consiste simplemente en pedir a los jóvenes que se queden. Consiste en crear las condiciones para que quieran quedarse.

Eso implica mejorar el transporte público, garantizar una conexión a internet rápida, facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a los emprendedores y asegurar servicios públicos suficientes. También significa favorecer la llegada de nuevas empresas y aprovechar las posibilidades del teletrabajo y de la economía digital.

La cuestión es especialmente importante porque los jóvenes no solo representan el futuro de los pueblos: también son quienes pueden mantenerlos vivos en el presente. Allí donde hay jóvenes hay familias, escuelas, comercios, asociaciones, actividad económica y nuevas ideas.

España dispone de un enorme territorio rural. En él vive una parte relativamente pequeña de la población, pero se concentra buena parte de los recursos naturales, agrícolas y paisajísticos del país.

Por eso, hablar de juventud rural no es hablar únicamente de despoblación. Es hablar de qué modelo de país queremos construir.

Si quedarse significa aceptar menos oportunidades, muchos jóvenes seguirán marchándose. Si quedarse significa poder estudiar, trabajar, emprender, formar una familia y acceder a una vivienda digna, entonces vivir en un pueblo dejará de ser visto como una alternativa de segunda categoría.

El futuro de muchos municipios dependerá de esa diferencia. Porque el verdadero éxito no será conseguir que los jóvenes se queden a cualquier precio, sino conseguir que puedan elegir quedarse porque allí también pueden construir el futuro que desean.

Porque el verdadero éxito no será conseguir que los jóvenes se queden a cualquier precio, sino conseguir que puedan elegir quedarse porque allí también pueden construir el futuro que desean

España se enfrenta asía una de sus grandes contradicciones demográficas. El mundo rural necesita jóvenes, pero los jóvenes necesitan oportunidades.

Resolver esa contradicción determinará el futuro de cientos de municipios.

Porque el objetivo no debería ser que los jóvenes se queden a cualquier precio. El verdadero desafío es conseguir que puedan quedarse sin renunciar a sus aspiraciones, a su profesión y a su proyecto de vida.

Y, en última instancia, que vivir en un pueblo no sea entendido como quedarse atrás, sino como otra manera —perfectamente válida— de avanzar.