Marina Sainz de la Maza tiene 26 años y es técnica en desarrollo rural. Trabaja de lo suyo, con contratos parciales, y también de camarera. Entre Vega de Pas y Selaya, en los Valles Pasiegos. “Soy de ahí y vivo ahí, entre los dos pueblos, desde siempre”. Es la presidenta de la asociación juvenil La Velorta, creada en 2020 para la protección del territorio. La agrupación arrancó contra los parques eólicos en Cantabria y después como un actor más que participa del debate político, como contra el proyecto de teleférico del Gobierno de Cantabria en su comarca, que califica como “proyecto extractivista” porque “exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados”.

Habla rápido, responde concreta y cuando no tiene el dato, admite tranquila que lo desconoce. Sainz de La Maza acaba de participar en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga de Torrelavega, que lleva más de 30 años planteando temas críticos de actualidad cántabra desde la capital del Besaya. Lo ha hecho con una charla que cuestiona el proyecto del teleférico 'Mirador del Pas', contra el que también ha presentado alegaciones con La Velorta. Esta joven no se esconde: “Mis padres son ganaderos y tienen dos casas rurales”, dice, pero responsabiliza a las administraciones de un cambio en su comarca que quiere evitar: “Yo no juzgo a las personas en individual que tienen casas rurales, pero políticamente no se pueden beneficiar a unos pocos, porque mis vecinos no se van a poder comprar una casa en los próximos años”.

¿Qué significa 'velorta' y qué sentido le da a su asociación?

La velorta es una herramienta y técnica agraria de los Valles Pasiegos con una gran carga cultural, porque es una práctica que implicaba a toda la comunidad. Esta labor involucraba a varias familias bajo una dinámica de trabajo comunal: si hoy se trabajaba en una casa, se daba por sentado que al día siguiente se haría en la otra. Debido a su extrema dureza física, esta actividad funcionaba como un baremo social para evaluar a los jóvenes, determinando si valían o no para 'vilurtiar', que es el verbo correcto en pasiego para referirse a esta técnica. La asociación La Velorta funciona de manera informal, sin personal contratado y organizándonos según la disponibilidad de tiempo de un grupo de unos nueve amigos, principalmente del Valle de Carriedo. Nos basamos en la voluntariedad, por lo que la implicación de los miembros puede variar de un año a otro. Trabajamos por proyectos con el objetivo de viabilizar las inquietudes de otros jóvenes, abriendo las puertas a cualquier iniciativa que quieran desarrollar. A través de cursos, charlas y campamentos, buscamos sumar personas para que, en nuestros procesos de incidencia política, seamos una representación sólida de la voz de nuestros ciento y pico socios.

¿Los socios de La Velorta son gente joven?

Hay voces muy diversas porque la realidad de los pueblos es que no hay tanta gente joven y que la gente joven no es la que más se suele implicar, no es todo tan idílico.

La Velorta arrancó con el auge de los parques eólicos, ¿cómo fue?

En un principio, nosotras no estábamos involucradas en estos temas, aunque no estuviéramos totalmente despolitizadas. Todo cambió en 2020 con los proyectos eólicos, al ver los planes de expropiación que amenazaban nuestras casas y el patrimonio por el que nuestras familias siempre han luchado. Desde entonces, nuestra implicación y alerta han sido máximas, algo que se refuerza con la reciente aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en Cantabria. Siempre sostuvimos que los eólicos eran solo la punta del iceberg de un sistema extractivista en la región. Somos una zona poco explotada, especialmente en los Valles Pasiegos, cuyos suelos resultan muy atractivos para la especulación, la urbanización, la turistificación y la industria sin sentido. Nuestro objetivo principal es custodiar esas montañas y garantizar que sigan siendo suelo agropecuario para uso ganadero. El teleférico es uno de esos tantos proyectos que cambiaría el modelo económico y el uso del suelo, afectando directamente a la protección del territorio. Nosotros no estamos en contra del turismo por sí mismo, sino en contra de modelos absurdos, como el modelo turístico que se está proponiendo en este proyecto del teleférico.

¿Qué es un modelo extractivista y de qué manera se traduce en el caso del proyecto de teleferico 'Mirador del Pas'?

Es un modelo que explota los recursos de un lugar sin dejar beneficios reales en la comunidad local, favoreciendo a agentes externos privilegiados. En este proyecto, se traduce en un fuerte impacto ambiental en zonas de especial conservación y en el consumo de recursos básicos sin generar empleo digno, limitándose a un turismo de paso que consume el paisaje y la cultura de forma superficial. Este tipo de turismo se caracteriza por ser superficial, donde los visitantes a menudo solo buscan la fotografía para redes sociales sin tener una voluntad real de protección del territorio. Al final, este modelo acaba “exprimiendo” y rompiendo la cultura local y el tejido social, convirtiendo tradiciones y oficios en un mero espectáculo de consumo rápido que no aporta estabilidad a quienes viven en el valle todo el año.

En la charla que ha dado en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga ha dicho que construir un teleférico es repetir un modelo fallido del siglo XX. ¿Por qué lo considera un modelo fallido?

La incorporación de teleféricos como planes de desarrollo para los pueblos de montaña es muy típico del siglo XX. Aquí tenemos la experiencia de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que ha trabajado mucho en la defensa del territorio; ellos ya lucharon en el pasado contra propuestas de muchísimos teleféricos por toda la región. Por eso hablamos de un modelo fallido y repetido: esos proyectos han demostrado que no tienen capacidad para fijar población ni para generar un tejido económico y social estable. No han conseguido ese supuesto objetivo, como se ve en el caso de Fuente Dé, que fue instalado en los años 60 y los datos de decrecimiento poblacional de Camaleño —municipio al que pertenece Fuente Dé— muestran que ha seguido la tónica estrepitosa del resto de pueblos aislados de España. Por supuesto, el declive no ha sido causado por el teleférico, pero este demuestra que no ha tenido capacidad para fijar a la población. El problema es que este tipo de inversiones sustituyen a otras que quizás sí podrían ayudar a que la gente se quede en el territorio. Son modelos que que ponen como por delante una infraestructura gigante, pero, en este momento de la historia, no es infraestructura lo que nos falta principalmente en los pueblos, sino inversiones y planes que dinamicen estas zonas. En la Vega de Pas no hace falta una infraestructura para que vengan más turistas, el pueblo ya se llena en verano. Cuando digo infraestructuras que no tienen sentido, me refiero también a marcos para hacer fotos, columpios gigantes, el parque del Cuaternario de Dobra, o teleféricos, que no son necesarios porque Cantabria no necesita reclamos. Los flujos de turismo nacionales e internacionales ya están demostrando que Cantabria es un destino elegido, es innegable.

En España hay una decena de teleféricos, en su mayoría con varias décadas, ¿por qué cree que el Gobierno de Cantabria quiere dos teleféricos?

Este es el tema y la pregunta principal que criticamos. Todo lo que hacemos para el desarrollo tiene un impacto, como ocurre con el transporte público. Y aquí hablo por mí, incluso más que por La Velorta: si el impacto de este teleférico repercutiera en oportunidades reales para la Vega de Pas, yo —como vecina de los Valles Pasiegos que ha vivido tres años en La Vega y cuyos abuelos han trabajado esas tierras toda su vida— estaría dispuesta a sacrificar el impacto de la instalación por el desarrollo del pueblo. Lo haría si hubiera datos que nos hicieran pensar que esto va a salvar a la Vega de Pas del despoblamiento, pero está claramente demostrado que no. El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos. Esto figura en las 60 alegaciones que hemos presentado.

El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos

Nada menos que 60 alegaciones... ¿A qué se oponen del teleférico 'Mirador del Pas?

Llamamos a todo esto un proyecto sospechoso porque parece haber una intención de hacerlo a toda costa sin valorar primero si es viable. Los tres argumentos principales de gran peso son, primero, que no han presentado un informe económico. Te mandan presentar un informe financiero hasta para montar una panadería, una quesería o una ganadería; si pides una subvención, te exigen un modelo económico. Para una inversión teóricamente privada de 23 millones de euros en suelo público, lo mínimo sería presentar un informe para asegurar la rentabilidad del teleférico y que los impactos estén compensados. Además, la ley ambiental lo exige: por ley tendría que haber un informe económico y no lo hay en todo el proyecto. No podemos responder por qué no existe, y eso es lo que nos hace pensar que es sospechoso. Por otra parte, esa viabilidad abstracta de la que hablan se basa en la afluencia de turistas. El proyecto pronostica unos 290.000 visitantes anuales, con una estimación de 2.000 personas diarias en verano. Serían más de los que recibe ahora mismo toda la comarca de Valles Pasiegos —17.942 visitantes recibió la comarca en total, entre julio y agosto de 2025, según el ICANE—. El Gobierno de Cantabria está diciendo que un teleférico en la Vega de Pas va a traer el mismo turismo que toda la comarca. Esos datos no se pueden presentar como reales sin ningún fundamento, porque están sacados de ninguna parte; es una estimación inventada que no se justifica en el proyecto, a pesar de ser la base de su viabilidad económica. El tercer argumento que cuestionamos es el modelo de concesión, que tampoco nos hace entender por qué hay tanto interés en este teleférico. El teleférico de Fuente Dé está gestionado por Cantur, una sociedad mercantil pública. Si ese modelo funciona correctamente, no entendemos por qué el de la Vega de Pas se plantea con una inversión privada bajo una forma legal muy extraña. Al ser un proyecto del Gobierno de Cantabria gestionado por Cantur, el modelo concesional tendría que parar ahí. ¿Qué ha pasado con el modelo de Cabárceno? Ha tenido pérdidas. Si un teleférico en Cabárceno no es rentable, ¿qué pérdidas no tendrá uno en Vega de Pas? Otra parte ilegal que han hecho ha sido que no han contado con un informe intercomunidad, porque este proyecto compete también a Castilla y León, donde varios colectivos han presentado sus alegaciones, porque no se le ha consultado y tienen que aprobarlo conjuntamente con Castilla y León.

¿Es comparable el proyecto en Valles Pasiegos con el de Fuente Dé?

Fuente Dé está en Picos de Europa; es un lugar en el que tienes todo tipo de rutas y actividades deportivas. Al 'Mirador del Pas' llegas a una explanada donde no hay más montaña a la que ascender, en una zona en la que no hay actividades deportivas. Tienes el Castro Valnera al lado, pero no es una forma coherente de conectar desde donde llega el teleférico. Es una zona que, por una climatología muy concreta que tienen los Valles Pasiegos, está muy condicionada por el macizo de Castro Valnera, se encuentra casi en una niebla perpetua incluso en los días de verano, pero el clima no se contempla en la parte económica. Además, el teleférico asciende hasta el mirador de Estacas de Trueba, que es un lugar al que se puede llegar en coche de forma gratuita, frente a los 33 euros de entrada que se propone para 'Mirador del Pas'.

Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en La Vega de Pas. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000

Está en contra del proyecto, pero tras analizarlo, ¿cuál es el beneficio económico que reconocería en el teleférico para los Valles Pasiegos y quiénes se beneficiarían?

Es un punto controvertido porque este teleférico no atraería gente en otros momentos del año, fuera del verano, Semana Santa o el puente del Pilar. A qué bares van a acudir los turistas y a qué restaurantes, si los restaurantes ya están saturados. No sabemos si hay alguien que abrirá nuevos restaurantes y ¿de qué van a vivir esos emprendedores el resto del año? Entendemos que el rendimiento económico vendría si se hacen casas rurales. ¿a quién se va a beneficiar? Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en el pueblo. El modelo extractivista exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados. Este proyecto presiona recursos básicos como el agua potable, que es inexistente en más del 80% del municipio de la Vega de Pas, donde el Ayuntamiento incluso prohíbe su consumo mediante bandos oficiales por no ser apta. Resulta indignante que la primera instalación de agua en 20 años se proyecte para dar servicio a un albergue privado vinculado al teleférico, mientras los barrios siguen desatendidos. A diferencia de la ganadería extensiva, el turismo masivo no genera puestos de trabajo dignos ni ayuda a fijar población de forma estable. La ganadería es la verdadera alternativa porque custodia las montañas y previene incendios. El proyecto del teleférico es sospechoso al carecer de un informe económico legal y esta infraestructura fomenta un modelo de consumo superficial. Es inaceptable que se invierta dinero público en accesos y parkings para una empresa privada mientras la especulación inmobiliaria expulsa a los jóvenes. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000 o 100.000 euros en estado ruinoso, e incluso se ofrecen lotes de 20 cabañas por un millón de euros. Con alquileres de 500 euros y entradas de compra de 40.000 euros, los locales no pueden competir contra los fondos de inversión. Debemos apostar por la diversificación de oficios locales y no permitir que se sacrifique el patrimonio del valle por el lucro de unos pocos.

En Carbarceno ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público

¿Qué beneficios detecta La Velorta en la concesión a un privado de la gestión del futuro teleférico?

En primer lugar, el canon de 100.000 euros no está muy bien definido; no se sabe qué pasará si no tienen rentabilidad o si tendrán que seguir pagándolo. Parece bastante claro qué empresa será porque el Gobierno la sigue mencionando en las entrevistas, destacando la buena experiencia en Cabárceno. Allí ya tenemos un ejemplo de lo que sucede: ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público; ellos no van a perder dinero bajo ningún concepto, eso está claro. Lo que nos preocupa no se puede decir tan claramente porque no hay pruebas por escrito. El problema de que su informe económico sea ilegal y no incluya previsiones ante pérdidas es que no podemos demostrar lo que decimos, porque ellos no han declarado qué van a hacer. Como no han dicho qué pasará si hay pérdidas y han fingido que no las habrá...

Dice que en el proyecto han fingido que no habrá pérdidas...

Es objetivamente muy desmontable: no pueden asegurar que no va a haber pérdidas. ¿Qué va a pasar en este caso? En el anteproyecto tienen que presentar las alternativas de ubicación; han presentado tres y en las tres no se justifica por qué las eligen. Y luego, la alternativa cero, que implica la opción de no construir el proyecto y que es obligatoria también por la ley ambiental, no está desarrollada, no se ha evaluado cómo serían las implicaciones de no hacerlo.

¿Cuál diría que es el sentir de la población en los Valles Pasiegos respecto al teleférico? ¿Comparten este rechazo de La Velorta?

Nosotros no tenemos el objetivo de representar solo a la Vega de Pas, porque señalamos con mucho hincapié que este es un proyecto en el que ya se han invertido 3,7 millones de euros de dinero público en fraude de ley. En el momento en el que se compromete suelo y dinero público y se perfila un modelo económico para Cantabria, el tema ya no compete solo a la Vega de Pas. Los turistas no aparecen por arte de magia; para llegar, tienen que pasar por Santander, Torrelavega, Corvera de Toranzo, Renedo, Selaya o Villacarriedo.

Pero el proyecto, según el Gobierno de Cantabria, buscaría fijar población...

Sí. Evidentemente la gente de la Vega además es la que más tiene que decir. La realidad de lo que pasa en la Vega es la siguiente: este teleférico se lleva hablando de él más de 15 años. La gente no es algo que tenga muy en su pensamiento. Hay una parte de la gente que lo ve positivo porque, aunque lo ven como un horror, sienten que es la única cosa que les va a salvar. Esto son palabras textuales de una vecina: “Yo sé que el turismo nos va a destruir, pero si es lo último a lo que nos podemos agarrar para sobrevivir, yo lo quiero”. Luego hay otro tipo de gente que al principio estaba de acuerdo, pero cuando ha escuchado de qué consiste, se les han encendido las alarmas. Luego, esta es la parte más triste para mí, que es que tristemente la gente de la Vega de Pas y de otros sitios nos da las gracias por teléfono, pero no vinieron a la manifestación que hicimos contra el teleférico. ¿Por qué nadie organiza firmas a favor del teleférico? ¿Por qué el alcalde no recoge firmas de sus vecinos que están a favor? Porque no es cierto que haya ese apoyo respecto a ese proyecto. Existe una mezcla de desinformación, escepticismo tras años de promesas, y miedo. Además, hay un temor real a represalias sociales o administrativas por parte de la Alcaldía porque hace una gestión arbitraria en asuntos vitales como los accesos al agua.

¿Qué propone La Velorta para fijar población?

Hablamos de un contexto de aislacionismo grande, hablamos de un terreno muy complicado que no da mucha cabida a otras actividades como la cultura... Este es nuestro principal punto, pero también creemos que en torno a eso se desarrollan otras actividades económicas como es transformación de productos, también tendrá que haber una parte de oficios: no hay mecánicos, no hay electricistas, no hay carpinteros... Es que no es como proponer un cambio concreto para Valles Pasiegos porque probablemente va a ser muy parecido a un pueblo de Ávila o de Extremadura. Habría que cambiar, diversificar los modelos, por supuesto. Y claro, esto implica, contratar al carpintero de tu pueblo y comprar lechugas a tu vecino. Te puedo decir que no hay ganadero de Selaya que compre queso o yogures que producen sus vecinos. Que haya turismo, pero no como único modelo.

¿Hay gente que opina que es naif pensar que el teleférico no promovería el impulso turístico de la zona?

Nosotros enfocamos el turismo de forma sostenible; no podemos depender tanto de un sector que representa una cantidad alarmante del PIB en Cantabria. Este modelo genera beneficios para unos pocos, pero crea condiciones de vida inviables para otros, algo ya demostrado en sitios como Canarias o Baleares. En Vega de Pas, la especulación hace que los jóvenes no compren casa aunque tengan trabajo. No juzgo individualmente a quien busca rentabilidad, como antiguos ganaderos o mis propios padres, que tienen sus dos casas rurales, pero políticamente no se puede beneficiar a una minoría sobre el bien común. Con alquileres de 500 euros y entradas de 40.000, quienes no hereden una vivienda acaban siendo expulsados del territorio.

Teóricamente, el teleferico generaría entre 15 y 20 empleados directos y en su mayoría serían indirectos. ¿Qué viabilidad ve dejarlo todo en manos de los negocios que se puedan crear alrededor del proyecto?

No entiendo cómo tenemos que rebatir nosotros un dato inventado, que me digan en qué se ha fundamentado para para decir eso. No te puedo responder porque es que es una cosa totalmente aleatoria.

Se está construyendo un acceso al túnel de la Engaña. Hace unos años iba a ser una vía verde. El consejero de Fomento, Roberto Media, defiende que no tiene nada que ver ese acceso con el teleférico. ¿Cómo lo interpreta usted?

Lo interpreto como un insulto. Es inexplicable que el proyecto ahora cueste 23 millones de euros cuando en el anterior proyecto, con una dificultad técnica mucho mayor al plantearse subir al Castro Valnera, se presupuestó en 14 millones. Nos preguntamos en qué se basa ese aumento de 9 millones cuando el coste técnico debería haber disminuido. Además, denunciamos la fragmentación del proyecto, un motivo similar al que usó el MITECO para paralizar el polígono eólico de El Escudo. El acceso se licitó inicialmente por unos 970.000 euros, pero se paralizó para incluir asfaltado y aparcamientos, elevando el coste a 3,7 millones de dinero público. Resulta ridículo tener que justificar que esa vía es el acceso al teleférico cuando la carretera y el parking terminan exactamente en su base. No tiene sentido asfaltar un camino hacia unas ruinas donde no hay nada, y ellos mismos se contradicen en entrevistas informales al admitir su verdadera función. Son ellos quienes deberían justificar por qué gastan dinero público en una infraestructura que claramente sirve a un interés privado

Almonacid del Marquesado acogerá esta sesión, que se iniciará con un bloque académico en el Monasterio de Uclés y continuará por la tarde con una jornada abierta al público en el Museo de La Endiablada y un concierto en el Salón Municipal. La iniciativa forma parte del itinerario formativo impulsado por la Cátedra UCLM–Diputación de Cuenca de Oportunidades frente al Reto Demográfico, en el marco de Aula Albura, y mantiene su enfoque de trasladar el aprendizaje al territorio y conectar a los participantes con prácticas culturales vinculadas al medio rural .

La jornada académica a partir de las 10:00 horas, la profesora Carmen Vázquez Varela ofrecerá la ponencia “La trashumancia, una visión interdisciplinar”, en la que abordará esta práctica desde la perspectiva del territorio, la cultura y el desarrollo rural. A las 11:00 horas, la artista visual y gestora cultural Ana Yedros impartirá la conferencia “De la idea al proyecto. Del proyecto a la realidad”, centrada en los procesos de creación cultural en contextos rurales. La sesión de la mañana concluirá a las 12:00 horas con un espacio de mentorías de proyectos dirigido a los participantes del programa, en el que intervendrán Laura Budia, José An. Montero, José María Martínez Navarro y María Herreros, ofreciendo acompañamiento en el desarrollo de propuestas vinculadas al territorio.

Por la tarde, la actividad se trasladará al Museo de La Endiablada de Almonacid del Marquesado con una jornada abierta al público, de acceso libre hasta completar aforo. A las 17:00 horas tendrá lugar la inauguración institucional con la participación de Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, y Carmen Vázquez Varela, en representación de la Cátedra.

El programa continuará con dos conferencias centradas en la dimensión cultural y vivencial de la trashumancia. A las 17:30 horas, el catedrático Martín Muelas Herráiz ofrecerá la ponencia “El pastor como personaje literario y cultural”, en la que analizará la presencia del mundo pastoril en la tradición literaria. A continuación, a las 18:15 horas, Vicente Caja Real, pastor y alcalde de Buenache de la Sierra, compartirá su experiencia en la conferencia “Vivencias de un trashumante”, aportando una visión directa desde la práctica.

La jornada concluirá con una propuesta musical en el Salón Municipal de Almonacid del Marquesado, también de acceso libre. A las 19:30 horas, el músico e investigador Carlos Herrero presentará “Trashumante”, un proyecto que explora los sonidos, ritmos e instrumentos asociados a la trashumancia en la península ibérica, integrando tradición oral y creación contemporánea en un mismo discurso artístico. Un concierto gratuito y abierto al público en general.

Trashumancias 2.6 continúa así su desarrollo como un laboratorio de prácticas culturales en el medio rural, donde formación, investigación y creación se articulan en diálogo con el territorio. A lo largo de este itinerario, los participantes desarrollan proyectos vinculados a la cultura trashumante que tendrán continuidad en las siguientes fases del programa ya bajo la denominación de Aula Albura, reforzando el vínculo entre conocimiento académico y acción cultural situada

En Setiles se niegan a que la vida se concentre solo en unas pocas semanas al año. En este pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, sus calles se llenan de vida y bullicio durante los meses de verano, pero quedaban condenadas al silencio y la rutina fuera de la temporada estival.

Y es que más de un millar de personas se congregan en las calles de Setiles durante el estío. Pero, fuera de esas fechas, la ausencia de vida social y la monotonía se convierten en habituales para los apenas sesenta habitantes que permanecen en el pueblo, en una realidad que comparte con otros pueblos de la España Vaciada. Sin tienda, ni panadería ni otros servicios, lo único que ofrecía una alternativa de ocio era el bar. Y fue, precisamente, en ese local donde surgió un proyecto para darle la vuelta a esa situación.

“Que Setiles tenga vida más allá de verano”, fue la idea sobre la que debatieron aquel día Rocío, Raquel, Natalia, Bea, Noelia y Silvia. Un pensamiento que se materializó casi de forma inmediata en la asociación cultural Tierra de Girasoles. “Esa misma tarde fuimos a hablar con el alcalde para ver qué pasos teníamos que seguir para hacerlo oficial”, cuenta Raquel, una de las implicadas.

Generar lazos en el pueblo

“Hay mucha gente que vive en Guadalajara, Madrid, Valencia o Zaragoza, que son ciudades que están cerca y que para un fin de semana vale la pena venir al pueblo. Pero sin actividades, sin espacios públicos donde estar aparte del bar, pues echa para atrás. Si haces actividades, la gente se anima a venir”, explica Silvia, otra de las impulsoras de la asociación, quien, a diferencia de las demás, sí reside en Setiles de forma estable durante todo el año tras volver al pueblo hace cinco inviernos con su marido y tres hijos, procedentes de Sabadell.

Las promotoras también señalan la necesidad de generar lazos entre las personas que acuden al pueblo. “Hay gente que solo va por los niños, pero que no llega a establecer amistades. Y nosotras queremos hacerles participar, que se sientan parte del pueblo. Y que la gente que no va tenga un motivo para ir”, afirma Natalia. En esa línea, también buscan abrir las actividades a vecinos de localidades cercanas: “Cuantos más seamos, mejor. No es solo nuestro pueblo, queremos que vengan los de alrededor”.

Todos estos ideales se concretaron en una primera actividad realizada el pasado 17 de enero. Coincidiendo con la festividad de San Antón, la asociación organizó una hoguera y cena que ya reunió a 60 personas. A esa actividad le siguió en febrero la fiesta de ‘las merendillas’, una tradición popular de Carnaval que consistía en salir al campo y cocinar ‘rancho’. La última fue este pasado 21 de marzo celebraron la fiesta de la primavera con una tradicional calçotada catalana.

Recuperar esas tradiciones es, precisamente, uno de los pilares del proyecto: “La idea es que cada actividad tenga un vínculo con lo que se hacía antes en el pueblo”, explican.

De momento, todos los costes corren de su cuenta. Entre los socios de la asociación y empresas del pueblo se organizan para ir cubriendo las necesidades materiales que puedan requerir las actividades. “Vamos aportando lo que podemos hasta que tengamos unos cuantos socios con los que tener un dinero del que ir tirando”, relata Natalia.

Actualmente, la asociación cuanta con más de 60 socios y se plantea por objetivo a corto plazo hacer una actividad mensual. Pero más allá de los números, destacan el ambiente generado: “Todo el mundo colabora. Nadie va a mesa puesta. La gente viene a ayudar, a cortar leña, a preparar las cosas…”.

Planes de futuro

Al preguntarles por el futuro, a las impulsoras se les disparan las ideas.

Entre los proyectos que la asociación se plantea llevar a cabo están la creación de una pequeña ludoteca para que los niños puedan jugar en invierno, recuperar la biblioteca e incluso lograr llevar al pueblo un servicio de autobús o una pequeña tienda para las necesidades del día a día. Incluso un servicio de peluquería. “Yo me casé en Setiles, llevé ese día la peluquera al pueblo y funcionó muy bien”, recuerda Raquel. También plantean iniciativas para los mayores, como excursiones culturales o servicios a domicilio que faciliten su día a día.

Esos planes, eso sí, los ven a largo plazo y condicionados a que el dinero y el apoyo social acompañe, ya que reconocen que son metas difíciles dado el poco tiempo que la asociación lleva activa.

Tampoco creen que la idea pueda llevar a muchas personas a establecerse de forma definitiva en Setiles. Los inviernos, duros y fríos —“estamos en lo que llaman el triángulo del frío de España”—, y la falta de servicios o empleo son obstáculos importantes.

“El problema para ello es el tema laboral. Hay trabajo en los oficios porque no hay relevo para los que se van jubilando. Pero si tú tienes cualquier otra profesión, la oferta de trabajo es muy escasa”, afirma Silvia. A ello se suman otras dificultades, como la falta de servicios educativos, que condiciona a muchas familias jóvenes.

Por tanto, las integrantes de la asociación tienen muy claros sus objetivos. Y, de momento, los están consiguiendo. No aspiran, al menos por ahora, a revertir por completo la despoblación, pero sí a reactivar el pulso del pueblo, aunque sea los fines de semana.

“En tan poco tiempo ya hemos conseguido juntar a 60 personas tres veces. Y al final las cosas saldrán o no saldrán, pero lo importante es que vamos con muchas ganas. La gente está contenta porque repiten y vienen. Todo el mundo colabora. Todo el mundo que va tiene ganas de hacer cosas”, zanja Beatriz, otra de las creadoras de la asociación cultural Tierra de Girasoles.

Un esfuerzo colectivo entre meriendas, hogueras y ganas de dar vida a un pueblo para demostrar que, incluso en la España vaciada, la vida es posible más allá del verano.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una “ordenanza tipo” para exigir un impuesto sobre las viviendas deshabitadas. De esta forma, cada municipio podrá desarrollar su propia normativa para “movilizar” la vivienda sin habitar y “ampliar la oferta disponible”.

El objetivo de la medida, según ha afirmado su presidente, Xabier Alcuaz, es que los ayuntamientos dispongan con una herramienta jurídica “sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones”.

Además, la Federación ha remitido una circular informativa a los consistorios sobre cómo se aplicaría este impuesto, de forma que quede claro “el marco legal, los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica”. En la circular figura que el impuesto sobre viviendas deshabitadas “tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal”.

Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser “un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia”. El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, “no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad” de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la “voluntariedad” de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a “garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo” de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un “paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas”. Puesto que este impuesto “solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, “reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia”.

Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o “experiencias concretas desarrolladas en el sector local”. “Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos”, ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la organización quiere “contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo”

El Gobierno de Cantabria ha propuesto al Consejo Regional de Caza declarar la situación de emergencia cinegética temporal en cinco municipios de la comunidad ante los problemas de seguridad vial y sanidad animal que está ocasionando el aumento de la población de jabalí.

Así, la Consejería de Desarrollo Rural ha planteado al Consejo de Caza analizar la viabilidad de declarar la emergencia cinegética de forma selectiva y temporal en Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado que “el jabalí tiene una capacidad reproductiva muy alta, y cuando el aprovechamiento cinegético ordinario no es suficiente para ajustar la población, la normativa permite adoptar medidas extraordinarias”. Ha recordado también que el Programa Nacional de Erradicación del Jabalí pone el foco en la necesidad de controlar la interacción entre fauna silvestre y ganado en áreas donde ya se ha detectado la circulación de patógenos.

Accidentes de tráfico y enfermedades

Según la consejera, el aumento de siniestralidad en algunas carreteras de la región, asociado a la presencia de fauna silvestre, especialmente jabalí, “requiere una respuesta urgente”. La Dirección General de Tráfico y otras comunidades autónomas ya han recomendado gestionar adecuadamente la población de estas especies cuando su presencia representa un riesgo para la seguridad vial, ha recordado

También ha llamado a la colaboración entre todos los sectores implicados porque, como ha destacado, el jabalí y los tejones son reservorios importantes de diversas enfermedades, como la tuberculosis, la peste porcina africana y la enfermedad de Aujeszky, que pueden ser transmitidas tanto a animales domésticos como al ser humano.

“La tuberculosis es una infección multihospedadora que afecta a humanos, animales domésticos y fauna silvestre, y hemos observado una prevalencia elevada de la enfermedad en varios municipios, por lo que es necesario tomar medidas especiales”, ha señalado.

“La mina impide que Naharros tenga futuro”. Este municipio es el espejo en el que el resto de los pueblos de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara no se quieren ver reflejados. Una pequeña localidad (apenas cuatro habitantes censados y una decena de residentes) que muestra cuál podría ser el futuro de toda la zona de salir adelante un proyecto minero que quiere abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro.

En Naharros hay en funcionamiento una mina desde hace 40 años. Es una instalación a cielo abierto a apenas un kilómetro de distancia del pueblo. En ella se extrae cuarcita, roca que se muele en la misma cantera, generando polvo de sílice en suspensión que, de ser inhalado, puede causar enfermedades respiratorias e incluso cáncer de pulmón, según los distintos estudios médicos. Los habitantes de Naharros también sufren constantes explosiones y ruidos, y ven cómo el paisaje se ha degradado poco a poco.

Su alcalde, Ricardo Antón, es muy crítico con la actividad de la mina. Suya es la frase que abre este reportaje, y la justifica asegurando que la cantera no da trabajo a la gente de la zona e impide que se desarrollen actividades como el turismo rural y la caza. Pero, sobre todo, la mina choca con la mayor ambición de Antón: atraer población. “Hay gente que se interesa en estos pueblos para comprarse una casa. Para vivir, para pasar sus vacaciones o para teletrabajar. Pero cuando llegan a Naharros y ven la cantera...”, lamenta el regidor.

Cuarenta años después, la historia podría repetirse. Esta vez, con un proyecto minero mucho más grande que afectaría a buena parte de la comarca en esta parte de Guadalajara.

'GUA, DALA y JARA'

El plan es buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, los vecinos de la comarca, que desde el primer momento se organizaron impedir que el plan minero saliera adelante, sospechan que la empresa no se dará por vencida y volverá a presentar su proyecto, ya unificado.

Centenares de recursos de alzada

“Contaminación, ruido, camiones, polvo, olvídate de la caza a la caza, un impacto medioambiental tremendo...”. María José Martín Perucha es tajante a la hora de argumentar las contras que supondrían para estos pueblos la puesta en marcha del proyecto minero.

Ella pertenece a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, una de las entidades contrarias a estas prospecciones. En esa oposición también están particulares, ayuntamientos o asociaciones. Cuando se enteraron de los proyectos, se organizaron para frenarlos con los medios a su alcance. Celebraron numerosas reuniones informativas y presentaron más de 800 alegaciones a GUA, DALA y JARA.

Ahora, la plataforma sigue monitorizando todo el proceso para impedir que Oroberia resucite el proyecto de investigación. Por eso, está recabando recursos de alzada contra la autorización que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes concedió a la empresa para llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva.

“Cultura dice que antes de iniciar cualquier proyecto minero hay que presentar un proyecto arqueológico, ya que hay muchos yacimientos en la zona que están muy cerca de las catas que quieren hacer. Entonces, antes de hacer ninguna cata, un arqueólogo tiene que ver qué es lo que hay ahí”, explica Martín Perucha.

En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello

Javier Cantero — Alcalde de La Toba

Dicho plan para llevar a cabo un estudio arqueológico fue presentado por la empresa apenas unos días después de que se lo demandase la Delegación de Cultura. Un hecho que levanta suspicacias entre los vecinos, ya que sospechan que Oroberia tiene de antemano toda la documentación preparada con vistas a presentar más adelante el proyecto unificado.

“En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello”, apuesta Javier Cantero, alcalde de La Toba, una de las localidades en cuyo término municipal quiere excavar Oroberia.

De momento, gracias a la movilización ciudadana se han conseguido presentar casi 400 recursos de alzada de particulares que piden la nulidad de la orden de Cultura en la que solicitaba a la empresa el estudio arqueológico. Tienen hasta el próximo 25 de marzo para seguir sumando.

La empresa ve “positivo” el debate, pero defiende su proyecto

Oroberia traslada, en declaraciones a este medio, “un mensaje de respeto hacia las inquietudes expresadas por vecinos, ayuntamientos y colectivos sociales de la zona”. La promotora dice “entender” que cualquier proyecto vinculado al territorio pueda generar “preocupación”, sobre todo cuando se habla de medio ambiente o la salud, e incluso ven “positivo que exista un debate informado y exigente”.

En una respuesta por escrito a la solicitud de elDiario.es Castilla-La Mancha, la empresa resta importancia al nivel de exigencia del Gobierno regional para que el proyecto - íntegro y no troceado- pueda superar el trámite de evaluación ambiental. “Forma parte del procedimiento habitual en este tipo de permisos de investigación”, señala, y lo enmarca dentro de un “proceso reglado”.

Seguirán adelante tras analizar la actual situación administrativa “con el objetivo de presentar una evaluación completa con mayor nivel de detalle en los aspectos clave como la hidrogeología, la biodiversidad o la interacción con los usos del territorio”, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios, los cuales tendrán, aseguran, “el máximo rigor”. También comentan que “cumplirán con la normativa vigente, como no podría ser de otra manera, tanto autonómica como estatal y europea”.

“Queremos otro tipo de desarrollo”

Oroberia también quita hierro a las preocupaciones de vecinos y vecinos sobre el impacto en el territorio y defiende que su proyecto generará “empleo directo e indirecto”, respetando “el entorno” y, de paso, creen que servirá de “impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. No es la primera empresa con intereses mineros en la comunidad autónoma que esgrime que este es “un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias”.

Apelan también a la idea de que, una vez en marcha, habrá “participación de proveedores y servicios locales, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial en el entorno”, y se muestran abiertos al “diálogo con todos los actores implicados”.

El proyecto se enmarca en un contexto más amplio, como es el impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas, un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias

Oroberia

Pero quienes viven en esta parte de Guadalajara no lo ven igual. “Nosotros queremos para nuestra tierra y para nuestros pueblos otro tipo de desarrollo, no el de una industria minera”, explica el alcalde del pequeño pueblo de La Toba. “Queremos un desarrollo sostenible con el medio ambiente, que es nuestro principal tesoro”, añade.

Además, todos los consultados desechaban la idea de que un proyecto minero de estas características sea una fuente de empleo y riqueza en la zona.

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, asegura que “afectaría a otras actividades que ahora mismo están generando riqueza y población, como son la ganadería, la agricultura, la caza o el turismo rural”.

Y aunque reconoce que la minería puede crear puestos de trabajo, afirma que las empresas suelen traer empleados de otras zonas. “Aquí, en la Sierra Norte, hay muy poca población activa desempleada, y menos para dedicarse a llevar esas maquinarias grandes o a picar o a poner voladuras”.

Un extremo que confirma el alcalde de Naharros según su experiencia. “No dan trabajo. La minería es un trabajo muy mecanizado y apenas emplea sobre el terreno a algunos operarios. Y los que están no sirven para fijar población, porque viven en otras zonas”, afirma Ricardo Antón. El regidor ironiza diciendo que si la minería diera trabajo, el pueblo tendría al menos 50 habitantes. “Y somos cuatro censados”.

Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos

Desde el punto de vista ambiental, Alberto Mayor asegura que el 65% de esas 14.500 hectáreas que tiene proyectadas Oroberia son hábitats de interés comunitario. Además, afirma que es el hábitat de especies protegidas como el águila perdicera, y que habría proximidad e interacción con Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000, como el Valle del Río Cañamares o Riberas del Río Nares, o Valle y Salinas del Río Salado. “Son hábitats únicos con una biodiversidad tremenda en la que hemos contabilizado alrededor de 500 especies de flora y casi 200 especies de vertebrados. El impacto sería muy importante”.

Por todo ello, la oposición en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara al proyecto de investigación minera continuará. “Estamos en el mismo punto en el que estuvo Naharros hace 40 años. Pero ahora sabemos las consecuencias de tener una cantera abierta”, defiende Ricardo Antón.

“Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos”, zanja María José Martín Perucha.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Sesenta estudiantes participarán este sábado, 21 de marzo, en la primera jornada de Trashumancias 2.6, un programa que traslada la formación académica a la Vereda Real Conquense. La iniciativa la impulsa la Cátedra UCLM-Diputación de Cuenca de Oportunidades para el Reto Demográfico junto con el proyecto Aula Albura y busca conectar a los estudiantes con la cultura y el territorio rural.

La jornada se desarrollará entre Rada de Haro y Belmonte y marca el inicio de un programa formativo que se extenderá durante los meses de marzo, abril y mayo en distintos municipios vinculados a las rutas trashumantes de la provincia. La sesión comenzará a las 10:15 horas en Rada de Haro, con la bienvenida del alcalde, Francisco Arjona Torrijos. A continuación, se realizará una toma de contacto con la Cañada Real, guiada por Susana Zapata López, responsable de Vías Pecuarias en la provincia de Cuenca en la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta.

Las actividades continuarán en el Palacio del Infante Don Juan Manuel de Belmonte, donde a las 12:00 horas se celebrará la inauguración oficial con la participación de la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado Fernández; representantes de la Diputación de Cuenca; y Carmen Vázquez Varela, directora de la Cátedra Oportunidades.

El programa incluirá dos conferencias sobre cultura pastoril y tradiciones artesanales. La primera, 'El vagar hace cucharas. Pasado, presente y futuro del arte de los pastores', la impartirá Pedro Javier Cruz Sánchez, investigador de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Después, la arqueóloga Beatriz Sánchez Valdelvira hablará sobre 'ARTE, arte popular, artesanía. Unas diferencias no tan claras', en una ponencia centrada en las relaciones entre creación artística y cultura tradicional.

Por la tarde tendrá lugar una sesión de mentorías de proyectos culturales, coordinada por Álex Rodríguez, Natalie Camoez, Laura Budia y José An. Montero. La jornada concluirá en el Palacio del Infante Don Juan Manuel a las 18:00 horas con la actuación de Neønymus, quien presentará su concierto didáctico Historia inventada de la música inventada. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

La convocatoria de participación a Trashumancias 2.6 ha tenido una gran acogida, con más de 130 estudiantes preinscritos y las plazas completadas en apenas once minutos. Entre los participantes hay estudiantes de Bellas Artes, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Educación Social, Derecho, Trabajo Social, los másteres de Profesorado e Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (MUIPAV) y el Doctorado en Humanidades, Artes y Educación, entre otras titulaciones, así como de estudios oficiales no universitarios.

Un laboratorio de procesos culturales

Trashumancias 2.6 se presenta en esta edición como un laboratorio de procesos culturales en el que los participantes diseñarán proyectos vinculados al territorio y a la cultura trashumante. El programa se integra también en Aula Albura, uno de los cinco proyectos seleccionados en la primera convocatoria estatal del Ministerio de Cultura de Ayudas para Proyectos de Cooperación Cultural en el Medio Rural 2025.

Tras la fase formativa, el programa continuará en distintos territorios a través de estancias formativas remuneradas en proyectos culturales del medio rural. Los estudiantes seleccionados se incorporarán a equipos con amplia trayectoria en pueblos y entornos naturales y participarán en tareas de producción, documentación, mediación y creación.

Aula Albura es una red de colaboración entre proyectos culturales de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, coordinada por el grupo Andante. La integran el programa cultural Estoesloquehay, el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, la compañía navarra de circo contemporáneo La Trapecionista, la Fundación Los Maestros y el proyecto editorial y cultural La Circular.

Bajo la dirección de José María Martínez y José An. Montero, Trashumancias se ha consolidado como un espacio de encuentro entre academia, cultura y territorio: un laboratorio que vincula la formación académica con la acción cultural en el ámbito rural y que permite a los estudiantes idear y desarrollar proyectos reales. El programa aborda, desde una mirada optimista, la cultura rural, la preservación de las tradiciones y la trashumancia como patrimonio, al tiempo que impulsa nuevas narrativas desde la creatividad contemporánea.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

El silencio de la despoblación siempre llega un día después, cuando se apagan los focos y el país cambia de tema. Yo llevo unos años escribiendo precisamente ahí, en el día después.

En una España que presume de igualdad, hay un silencio que casi nunca entra en los discursos: el de las mujeres de los pueblos que pierden gente, servicios y oportunidades. Ellas no salen en las fotos del 8M ni encajan en el relato amable del feminismo que queda bien en los escaparates. Rara vez se sientan en un plató, pero llevan décadas sosteniendo pueblos, familias y economías enteras sin que nadie se pare a preguntarles qué les pasa, qué necesitan o qué piensan de verdad.

Mientras en las capitales discutimos sobre cuotas, ministerios y grandes leyes, ellas siguen haciendo las cuentas con el tiempo y el dinero justos para llegar a fin de mes. Son las que se levantan antes de que amanezca para encadenar cuidados, trabajos mal pagados, explotaciones agrarias o pequeños comercios en lugares donde cada cierre es una despedida. A su alrededor se vacían las aulas, se cierran consultorios, se recortan líneas de autobús. Y, sin embargo, cuando se habla de igualdad, casi nadie gira el mapa hacia esos territorios donde el morado de las manifestaciones apenas se ve.

En estos años se ha asentado un feminismo muy visible, sobre todo urbano, que también habla en nombre de 'las mujeres de lo rural'. Tiene un perfil reconocible: mujer de ciudad, con estudios, con el lenguaje afinado para las redes y los foros. No es que ese feminismo sobre ni que esté equivocado, pero muchas mujeres rurales no se reconocen en ese código. No porque estén 'atrasadas', sino porque su agenda diaria va por otro lado: que no desaparezca la escuela, que haya médico más de un día a la semana, que el autobús siga pasando, que sus hijas puedan quedarse sin tener que conformarse con un futuro de segunda.

También falta en el relato oficial otra constelación de mujeres: las que se quedaron cuando lo fácil era irse, las que se fueron y se arruinaron para empezar un proyecto que fracasó. Las que sostuvieron asociaciones, cooperativas, parroquias, fiestas y tejido social sin cobrar un euro, mientras partidos e instituciones utilizaban su trabajo como decorado de actos, campañas o promesas. Las que creyeron una y otra vez en proyectos que nunca llegaban, en planes de desarrollo rural que se quedaban en foto y titular. De ellas casi nadie se acuerda cuando llega la temporada de proclamar lo mucho que importan la igualdad y la España interior.

Y están, además, las que no encajan en el guion político de moda. Las que son creyentes, las que votan distinto a lo que se espera de 'una mujer concienciada', las que no se identifican con ciertos símbolos pero sí con la palabra justicia. Mujeres que han aprendido a sobrevivir a la violencia económica, a la soledad forzada, a la ausencia de servicios básicos, a un Estado que llega tarde o directamente no llega. Su rebeldía no siempre se grita en la calle; muchas veces se ejerce quedándose, organizándose, diciendo “no” a abandonar el territorio aunque todo empuje en otra dirección.

Falta en el relato oficial otra constelación de mujeres: las que se quedaron cuando lo fácil era irse, las que se fueron y se arruinaron para empezar un proyecto que fracasó. Las que sostuvieron asociaciones, cooperativas, parroquias, fiestas y tejido social sin cobrar un euro, mientras partidos e instituciones utilizaban su trabajo como decorado de actos, campañas o promesas. Faltan las que no encajas en el guion político de moda

La despoblación también tiene rostro de mujer: pensiones mínimas, viudedad, trabajos de cuidado sin salario ni reconocimiento, renuncias acumuladas a lo largo de años. Sin embargo, esa dimensión rara vez aparece en los grandes planes para 'salvar' el medio rural. Se habla de infraestructuras, de ventajas fiscales, de digitalización, pero casi nunca de quién decide, quién firma, quién cobra y quién se queda atrapada cuando no hay alternativas.

Si queremos hablar en serio de feminismo en este país, habrá que dejar de utilizar a las mujeres rurales como postal costumbrista y empezar a escucharlas como lo que son: sujeto político con criterio propio. Ellas distinguen sin esfuerzo lo que es pura decoración de lo que les cambia la vida: ven la diferencia entre un cartel morado y un consultorio abierto, entre un discurso sobre conciliación y una red real de servicios que permita trabajar y cuidar sin romperse por el camino.

En la España disponible, el feminismo no es una moda ni un eslogan de temporada: es la pregunta incómoda de si una mujer puede vivir, decidir y quedarse en su pueblo sin pagar por ello el precio de la invisibilidad. Tal vez haya llegado la hora de que el silencio de las mujeres de la despoblación deje de servir como coartada para seguir ignorándolas y se escuche por fin como lo que siempre ha sido: un grito que sostiene, a duras penas y desde abajo, el territorio del que tanto se habla y tan poco se cuida.

El Gobierno de Cantabria ha reconstruido el edificio que alberga el cajero automático del municipio de Villafufre, un municipio en riesgo de despoblamiento en los Valles Pasiegos, que fue destruido en un acto vandálico en 2024. En la renovación del cajero se han invertido 19.739 euros.

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia ha visitado el municipio de los Valles Pasiegos y ha dicho que disponer de cajero “contribuye a fijar población en el entorno rural”.

Las obras han incluido una nueva cimentación, muros perimetrales de hormigón armado, cubierta a dos aguas, acometida eléctrica, puerta de seguridad, vidrio protector, bolardos antialunizaje y un acabado en piedra para mantener la estética del entorno. 

La Consejería de Presidencia ha informado de que ha invertido en esta legislatura cerca de 340.000 euros en algunos servicios de Villafufre. Desde 2023 ha invertido 41.000 euros en la rehabilitación de la antigua Casa del Médico como centro cívico, ha invertido en cuatro equipos informáticos dentro del programa autonómico de digitalización y ha destinado más de 196.000 euros del Fondo de Cooperación Municipal en 2024 y 2025.

El Gobierno de España ha presentado este miércoles en Piloña la II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, un documento que fija las líneas de actuación frente a la despoblación y que incorpora como principal novedad la creación de un Observatorio de Equidad Territorial para analizar la situación de cada zona y orientar las políticas públicas.

El plan, que se someterá ahora a consulta pública antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros, se estructura en cinco pilares —resiliencia climática, acceso a servicios e infraestructuras, dinamización económica local, igualdad e inclusión y cultura y arraigo— y dos ejes transversales centrados en el conocimiento y la gobernanza multinivel. Su objetivo es garantizar el acceso a vivienda, movilidad de proximidad y servicios básicos en todo el territorio y que vivir en un municipio rural sea “una opción viable, digna y libre”.

Durante el acto, celebrado en el marco de la European Rural Youth Forward Conference 2026, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subrayó que la equidad territorial requiere “cooperación de todos los niveles administrativos” y la implicación de comunidades autónomas, entidades locales y sociedad civil.

Un problema de Estado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, aprovechó la presentación para reclamar que las políticas estatales incorporen de forma explícita el impacto demográfico en ámbitos como la financiación autonómica y las infraestructuras, al considerar que el reto demográfico es “un problema de Estado que demanda respuestas de Estado”. También defendió reforzar el apoyo a la agricultura y la ganadería, estimular la innovación en el campo y consolidar el Pacto por el Medio Rural como eje de la acción autonómica.

Barbón apeló a “redoblar la complicidad con el medio rural” para evitar que se imponga el desánimo y destacó que Asturias encadena cuatro años consecutivos de crecimiento de población, un dato que vinculó a la combinación de oportunidades laborales y servicios públicos. El presidente incidió en que las políticas demográficas del Principado incluyen una ley específica, ayudas a la natalidad, desgravaciones fiscales, apoyo a los concejos más afectados y programas de retorno.

Más de cien medidas

La nueva estrategia estatal da continuidad al plan aprobado en 2019 y al paquete de 130 medidas que movilizó más de 13.000 millones de euros entre 2021 y 2024. Según el Ejecutivo, los municipios más pequeños han ganado más de 150.000 habitantes en los últimos siete años y han registrado saldo migratorio positivo.

El Observatorio de Equidad Territorial permitirá realizar análisis con indicadores específicos para adaptar las políticas a las necesidades de cada territorio y facilitar la elaboración de estrategias locales, uno de los instrumentos con los que el Gobierno pretende mejorar la eficacia de las medidas frente a la despoblación.

La España rural no se muere por falta de amor al pueblo; se muere por falta de manos. Y mientras las Comunidades Autónomas de interior, ven apagarse luces, el país se enfrenta a una regularización masiva de 500.000 personas migrantes sin un plan de empleo claro que la acompañe. La situación encaja bien con esa vieja ironía: la política como el arte de crear problemas… a los que luego promete dar solución.

Porque es evidente: regularizar de golpe, sin una estrategia territorial y laboral, es a priori un problema. Coloca sobre la propia población –autónomos, pymes, ayuntamientos pequeños, cooperativas– la responsabilidad de organizarse, absorber, integrar. Una vez más, el territorio se despierta con el marco ya decidido en el Gobierno de la Nación y la obligación de 'arreglárnoslas'.

Sin embargo, en Castilla-La Mancha no hablamos de un tema abstracto, hablamos de sectores tradicionales de empleo muy concretos que llevan años pidiendo manos:

• En el campo: vendimia, olivar, ajo, pistacho, almendro, hortícolas, ganadería extensiva, trabajos en cooperativas y almazaras.

• En la construcción: albañilería para rehabilitación de vivienda rural, reformas de casas viejas, adaptación de viviendas para mayores, mantenimiento de tejados e infraestructuras.

• En la hostelería y el turismo rural: bares y restaurantes de pueblo, casas rurales, pequeños hoteles, servicios de limpieza y mantenimiento, cocina y sala.

• En los cuidados y servicios personales: atención domiciliaria a mayores, residencias pequeñas o comarcales, servicio doméstico y limpieza.

• En los servicios básicos locales: comercio de proximidad, logística ligera, talleres, pequeñas industrias agroalimentarias que necesitan personal de planta.

Sería un gran error quedarnos solo mirando el problema, como quien se queda paralizado ante una tormenta que, nos guste o no, ya está encima. Para muchos pueblos del país, lo que se dibuja es una ventana de oportunidad: ahí fuera –y ya dentro– hay personas con ganas de trabajar en estos oficios tradicionales que sostienen la vida cotidiana y para los que aquí no encontramos relevo generacional.

La clave está en quién asume el liderazgo de esta oportunidad.

Las regiones y las empresas tienen una misión crucial:

• Las comunidades autónomas pueden orientar formación, vivienda, servicios y programas de reconducción hacia estos sectores y hacia las comarcas que realmente necesitan manos.

• Las empresas, cooperativas agrarias, pequeñas constructoras, hosteleros rurales pueden dejar de vivir la migración como “parche urgente” de campaña y empezar a verla como inversión en estabilidad, por supuesto, apoyados por sus gobiernos con fiscalidad diferenciada, desburocratización y fomento al empleo, para ofrecer contratos más dignos, proyecto de vida y no sólo temporadas.

No es un ideal, es que el único camino que se puede tomar para esta patata caliente que tenemos en las manos, es el de la unidad sociopolítica, económica y de la calle, porque lejos de rupturas, la realidad nos conduce hacia la reconstrucción de los territorios, dejándonos fluir.

El gobierno central, una vez más, ha movido la primera ficha creando una situación que supone un reto mayúsculo y nos saca de la comodidad, incluso nos abruma. Podría haberse hecho mejor, más ordenado, más pensado con el territorio, sin duda. Pero, aunque no así y no de este modo, ese movimiento era necesario para lo que podríamos llamar la 'España Disponible': esa España de pueblos, oficios y casas vacías y que lleva años esperando personas que los habiten, los trabajen y los quieran.

Ahora la pregunta ya no es sólo qué ha hecho el Gobierno, sino qué vamos a hacer nosotros con lo que ha puesto sobre la mesa. En primer lugar, y en la antesala del séptimo aniversario de la Revuelta de la España Vaciada, estaría bien pedir masivamente de nuevo una fuerte entrada de inversión, mejor fiscalidad, más acompañamiento a emprendedores y empresas y facilitación financiera por parte de las entidades bancarias para poner en marcha los proyectos necesarios, sin ahogos, porque hay muchas personas que quieren trabajar, pero están con una mano delante y otra atrás.

Recordemos para finalizar, lo que nos enseña el papel geopolítico de España en la historia: un país que siempre ha construido territorio ligando poder político y poblamiento y donde había interés estratégico, se atraía gente con ventajas claras (tierras, fueros, menos impuestos, autogobierno) y es que los territorios que se salvan y que siguen vivos no son los que reciben menos problemas, sino los que son capaces de convertirlos en oportunidad antes de que se cierre la ventana.

En el estudio publicado este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas para Castilla y León (CIS) no solo se recogen resultados electorales en el que se da un empate técnico de PP y PSOE en Castilla y León. También recogen cuestiones como los principales problemas para los ciudadanos de la Comunidad. El CIS ha clasificado las respuestas citadas espontáneamente con el reto demográfico —“La España vaciada, la despoblación”— como primera preocupación con el 17,6% de respuestas. La sanidad sería el segundo problema con un 12,9%1, siendo la principal preocupación relacionada con los servicios públicos. El tercer y cuarto puesto están prácticamente empatados, con el paro con un 8,9% y la vivienda con un 8,8%.

En un segundo nivel de preocupaciones aparecen “los problemas políticos en general”, con un 6,3%; las infraestructuras (tren, peajes, carreteras), con un 4,6% y la gestión del Gobierno autonómico, con 3,8%. Finalmente, cierran la lista de las preocupaciones más destacadas, por encima del 3%, temas estructurales como problemas relacionados con la juventud —falta de apoyo y oportunidades—, con un 3,3%; el modelo productivo y su falta de inversión en industria e I+D, con un 3,0%.

En esta encuesta del CIS para Castilla y León destaca la diferencia de percepción de problemas en esta comunidad con temas polémicos en el debate nacional, ya que cuestiones como la inmigración (2,0%) o la ocupación —no figura entre los principales destacados—, tienen aquí una incidencia mucho menor en la percepción espontánea de los ciudadanos.

Los resultados cambian si los datos se observan por provincias, en zonas urbanas con en Valladolid es la vivienda, con el 13,8%, el problema número uno frente al 8,8% de la comunidad. En Soria y Zamora, la preocupación por la despoblación sube hasta el 33,1% y el 25,1%, respectivamente, el doble de la media. En el caso de Ávila, Burgos y León su principal problema no es la despoblación, sino la sanidad (20%, 15,4% y 15,5% respectivamente).

Situación general de Castilla y León

El CIS también ha preguntado sobre la situación general de Castilla y León. A este respecto, los datos de la encuesta para el conjunto de la comunidad muestran un resultado muy parejo: hay una ligera mayoría del 43,6% que tiene una visión desfavorable —el 31,5% la considera “Mala” y un 12,1% “Muy mala”—, frente a un 42,8% que tiene una visión favorable —el 40,1% la califica de “Buena” y un 2,7% de “Muy buena”—. Un 12,5% se sitúa en un punto intermedio calificando la situación de “Regular”.

Si se compara con hace cuatro años, al inicio de la legislatura pasada, predomina la sensación de que nada ha cambiado significativamente —el 46,6% de los encuestados creen que todo sigue “igual”— , y entre quienes ven cambios, estos son mayoritariamente negativos con un 31,9% que cree que la comunidad está peor y un 5,5% “Mucho peor”. Por contra, solo un 12,9% considera que está “Mejor” y un 1,1% “Mucho mejor”.

En resumen, aunque un porcentaje considerable está satisfecho con la situación actual (“Buena”), casi nadie percibe que la comunidad haya progresado en la última legislatura; la sensación dominante es de inmovilismo o retroceso.

Valoración del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta

En el informe también se ha preguntado sobre la gestión del Gobierno de Castilla y León durante los últimos cuatro años. Los datos de la encuesta revelan un balance mayoritariamente crítico o tibio parte de la ciudadanía. El sentimiento predominante no es ni de aprobación rotunda ni de rechazo total, sino de un punto medio. La respuesta más frecuente, elegida por el 37,5% de los encuestados, es calificar la gestión como “Regular”.

La siguiente opción es la más crítica: un 36,8% considera como mala o muy mala la gestión del Ejecutivo autonómico: un 21,8% la califica de “Mala” y un 15,0% es más severo, tildándola de “Muy mala”. El bloque más favorable define como “Buena” o “Muy Buena” la gestión de Alfonso Fernández Mañueco, con el 22,6% y el 2,2% respectivamente.

Los líder mejor valorados: Ceña (Soria Ya) y Pascual (Por Ávila)

También se ha puesto nota a los principales líderes políticos de Castilla y León. El resultado: suspenso generalizado salvo para los líderes de partidos locales. Los más valorados son Ángel Ceña Tutor, de Soria Ya, siendo el líder con la nota más alta de toda la tabla, obteniendo un 5,891. Le sigue Pedro Pascual, de Por Ávila, con un 5,211 y cierra Alicia Gallego, que suspende con un 4,9, aunque superando a los partidos nacionales.

Mañueco (PP) vs. Martínez Mínguez (PSOE)

Si la encuesta del CIS acierta, serán los candidatos de PP y PSOE quienes disputen la victoria electoral. El 'popular' Alfonso Fernández Mañueco y el socialista Carlos Martínez Mínguez no llegan al 5. En el caso del primero, suspende con un 4,6, aunque es el primero de líderes de partidos nacionales. Además, solo un 4,3% afirma no saber quién es. Esa visibilidad, sin embargo, tiene una doble visión: un 20% le otorga la nota mínima, aunque un 14,4% le concede la máxima puntuación.

Por su parte, Martínez Mínguez, con un 4,43, sufre en la notoriedad: un 34,5% de los encuestados no le conoce, una gran desventaja frente al presidente autonómico. En el resto de formaciones, las valoraciones descienden y el desconocimiento aumenta. Juan Gascón, de Izquierda Unida, obtiene un 3,61 y es desconocido para el 46,5%. Carlos Pollán, presidente de las Cortes y dirigente de Vox, alcanza un 3,47; un 37,6% no sabe quién es y, entre quienes sí lo hacen, el 27,1% le otorga la nota mínima, el mayor nivel de rechazo directo de la tabla. Miguel Ángel Llamas, de Podemos, cierra la clasificación con un 3,16 y un 47,8% de desconocimiento.

En cuanto a la preferencia presidencial, el CIS recoge dos preguntas al respecto en donde la diferencia metodológica es relevante: la primera recoge la opción espontánea sobre el total de la muestra, incluyendo indecisos y quienes no prefieren a nadie; la segunda recalcula los porcentajes solo entre quienes sí eligen candidato, ofreciendo un resultado más preciso de la fuerza relativa de cada aspirante. Sabiendo esto en ambos casos, Mañueco mantiene la ventaja. En el conjunto de la población, la primera cuestión, es el preferido por el 28,1% de los castellanos y leoneses, frente al 22,2% que opta por Martínez Mínguez, una diferencia cercana a los seis puntos. Cuando se excluye a indecisos y a quienes no eligen a ninguno, el apoyo al candidato del PP sube al 38,3% y el del candidato socialista al 30,2%. La brecha se amplía hasta los ocho puntos, consolidando la posición del líder 'popular' entre el electorado previamente decidido.

Con todo, la cantidad de indecisos y escépticos es significativa. En la primera de estas cuestiones, el 14,2% responde “no sabe”, el 8,9% “ninguno” y el 3,5% no contesta. En total, más del 26% no se inclina por ningún candidato, un porcentaje superior al respaldo que obtiene el aspirante socialista y que deja abierta la duda a la abstención de los votantes.

En tercera posición aparece el candidato de Vox, Pollán obtiene un 10% en el total de la muestra (13,7% entre decididos), consolidando a Vox como tercera fuerza en la preferencia presidencial, aunque lejos del eje PP-PSOE. Gallego, de UPL, por su parte, alcanza un 3,9% en el conjunto (5,3% entre decididos), confirmando que el regionalismo leonés mantiene capacidad de influencia más allá de su ámbito estrictamente provincial.

El desglose por provincias muestra diferencias. Aunque Mañueco es el preferido en Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora —con sus mejores datos en Palencia (37%) y Salamanca (34,2%)—, no lidera en toda la comunidad. En Soria, provincia del candidato del PSOE, Martínez Mínguez se impone con un 32,2% frente al 21,6% del presidente, en una provincia donde Ceña también registra un 15,2% de preferencia. En León, el socialista supera por la mínima al 'popular' (22% frente a 20,8%), en una provincia en el que Gallego alcanza un 14,3%.

Interés sobre asuntos de la Comunidad

En relación con el seguimiento de la campaña y las noticias electorales, los datos del CIS para el conjunto de Castilla y León muestran a una ciudadanía dividida y con una tendencia mayoritaria hacia la desconexión o el interés moderado. La indiferencia gana por la mínima con el 50% de las personas alegando que tienen “Poco interés” (35,9%) y “Ningún interés” (14,1%). Por contra, con “Mucho interés” siguen los asuntos de Castilla y León el 14,8% y con “Bastante interés” el 32,5%.

El clima de opinión no es idéntico en todas las provincias. Hay zonas más movilizadas y otras más apáticas. Entre las primeras está Segovia: donde se sigue la campaña con mayor atención. El bloque de interés alcanza el 51,3% —destaca un 37,0% de “Bastante interés”—, superando claramente al desinterés. Zamora también muestra un saldo positivo de interés con el 49,3% de interesados frente a 46,6% no interesados.

Las provincias más desconectadas son Soria, que es la provincia con mayor desapego. El desinterés se dispara al 55,7% (con un 41,5% de “Poco interés”, el dato más alto de la comunidad). Por su parte, Palencia: Muestra una fuerte polarización. Tiene un alto porcentaje de “Mucho interés” —19,2%, el más alto de la región—, pero el bloque general de desinterés gana con un 52,1%.

Temas propios de Castilla y León o temas generales de España

Otra pregunta es sobre el peso de la política nacional frente a la autonómica. Los datos del CIS revelan que, pese a la polarización de la política nacional, el electorado de Castilla y León prefiere los asuntos de comunidad a la hora de decidir su voto. La respuesta es contundente: los temas de Castilla y León pesan el doble que los de España. Según las respuestas, el 61,0% votará pensando en los temas propios de Castilla y León frente al 29,5% lo hará pensando en temas generales de España. Además, hay un 7,7% afirma que tendrá en cuenta ambos por igual

Soria, con el 66,5%, es la provincia donde más pesan los problemas autonómicos, respuesta que casa con la preocupación por la despoblación. Palencia (64,9%) y Segovia (64,1%) también muestran una preferencia superior a la media por decidir el voto en base a lo que ocurre en su territorio.

Las provincias donde 'más pesan' los temas nacionales son Salamanca, que aunque ganan los temas autonómicos con un 56,3%, las respuestas reflejan que el 33% está más preocupado por los asuntos nacionales, siendo la provincia que más ha marcado esta respuesta. Le sigue Zamora con un 31,3%.

En las provincias marcadas por la huella de la escasez de habitantes, se repite una idea: todos los pueblos juegan, supuestamente, en la misma liga de planes contra la despoblación, fondos europeos y grandes programas de cohesión territorial.

Sin embargo, al mirar el mapa real de inversiones, aparece otra fotografía: hay municipios que encadenan proyectos, asfaltos y titulares, mientras otros siguen esperando que les toque algo más que migas. Ese desajuste entre el discurso igualitario y la realidad del reparto es a lo que he descrito como luz de gas entre pueblos, una forma de gaslighting territorial aplicada a la España disponible como la llamamos unos o a la España vaciada como la siguen nombrando otros.

El relato oficial subraya que las convocatorias están abiertas a todos, que 'el que quiere, puede' y que todo depende del esfuerzo de cada ayuntamiento. Al mismo tiempo, se observan localidades pequeñas que han concentrado en pocos años varios millones en subvenciones, frente a otras de tamaño similar que apenas consiguen tramitar una ayuda al año. En la conversación pública, cuando estos desequilibrios se señalan, a menudo se responde atribuyéndolos a falta de iniciativa o de trabajo por parte de los pueblos que se quedan atrás, reforzando la sensación de que el problema no está en el sistema, sino en quienes lo padecen.

Esta narrativa tiene efectos muy concretos. Por un lado, invisibiliza las diferencias de partida: no es igual gestionar un municipio con técnicos, consultorías externas en Madrid y contactos políticos, que hacerlo con una plantilla mínima y múltiples cargos acumulados en una misma persona. Por otro, convierte cualquier crítica en sospecha: quien pregunta por qué determinadas localidades están sobrerrepresentadas en convocatorias y mapas de inversión puede ser acusado de envidia, victimismo o desconocimiento.

Así, el foco se desplaza de las reglas del juego a la supuesta incapacidad de quienes levantan la voz.

En el debate sobre el reparto de fondos en los diferentes marcos, aparece de forma inevitable, el papel de quienes ocupan cargos de representación más allá del ámbito local. Un diputado provincial, regional o nacional nace políticamente de un pueblo concreto, pero su responsabilidad se extiende a toda la provincia que le ha confiado la voz. Hay voces del territorio que consideran deseable que esa doble pertenencia debería reflejarse en una actitud especialmente cuidadosa: poner su conocimiento, sus contactos y su capacidad de influencia al servicio del conjunto del territorio, evitando cualquier apariencia de que el municipio de origen se beneficia de una prioridad no escrita.

En contextos donde la despoblación y la falta de oportunidades son heridas compartidas, se valora mucho que estos representantes se conviertan en garantes de equilibrio, y no en sospechosos de favoritismo y de barrer para casa.

La diplomacia institucional, en este sentido, pasa por dos gestos muy concretos: explicar con transparencia cómo se han conseguido los proyectos de su pueblo y, al mismo tiempo, trabajar activamente para que herramientas similares estén al alcance del resto de municipios de la provincia. De ese modo, su éxito local se percibe como puerta abierta para los demás, y no como un privilegio difícil de replicar.

Manifiesto de los pueblos que no quieren más luz de gas

Este manifiesto recoge las demandas que se escuchan cada vez con más frecuencia en ayuntamientos pequeños, asociaciones y foros comarcales de la provincia. No habla en nombre de una persona concreta, sino de un malestar colectivo que empieza a tomar forma:

1. Reconocimiento del desequilibrio. Muchos municipios no ponen en duda el mérito de quienes han logrado atraer inversiones, pero sí reclaman que se reconozca la desigualdad de condiciones administrativas, técnicas y políticas a la hora de concurrir a las ayudas.

2. Transparencia total. Se demanda la publicación anual, clara y accesible, de todas las subvenciones concedidas por municipio: importe, programa, finalidad y cofinanciación. Solo con ese cuadro completo puede saberse quién está realmente en primera línea y quién sigue en la cuneta.

3. Límites a la concentración de fondos. Cuando los programas están pensados para un territorio amplio, se reclama que se evite que localidades monopolicen convocatoria tras convocatoria, dejando al resto en lista de espera permanente.

4. Apoyo técnico real a los pueblos pequeños. Se pide reforzar oficinas comarcales, equipos supramunicipales y servicios de asistencia que permitan a cualquier ayuntamiento presentar proyectos dignos, sin depender de favores partidistas ni de la buena voluntad ocasional de otras administraciones.

5. Debate público sobre el mapa de inversiones. Se propone abrir espacios comarcales y provinciales donde se presenten los datos y se puedan formular preguntas sin que ello se interprete como ataque personal o partidista. Interrogar al sistema de reparto es una forma de cuidar el territorio, no de dañarlo.

6. Coherencia entre discurso y práctica contra la despoblación. La lucha por la supervivencia de los pueblos no puede quedarse en fotos y consignas; debe traducirse en servicios básicos, conectividad, transporte, vivienda y un reparto de recursos acorde con la gravedad del problema en cada lugar.

7. Fin del gaslighting territorial. La demanda central es que se deje de responsabilizar a los pueblos más débiles de los fallos del sistema. La igualdad de oportunidades no puede reducirse a una frase hecha mientras unos juegan con autopista administrativa y otros siguen transitando por caminos de cabras burocráticos.

Desde esta posición de observadora y relatora, lo que se pone sobre la mesa no es un ajuste de cuentas entre pueblos, es un debate que está en las redes sociales y medios de comunicación y también una invitación a encender la luz completa sobre cómo se está repartiendo el futuro de las provincias de la despoblación y quiénes tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir a un reparto más equitativo. Sólo a partir de esa claridad será posible hablar, de verdad, de cohesión y justicia territorial.

“Solo quien sabe cuidar lo ajeno puede poseer lo propio”. Es una frase de George Gurdjieff que habla sobre el respeto, la responsabilidad, los cuidados y la confianza. Arándiga, es un municipio de la provincia de Zaragoza, situado en la comarca de la Comunidad de Calatayud. Ronda los 279 habitantes (según el INE en 2025) y es una localidad que ha sufrido una importante reducción poblacional histórica, pero que está trabajando para lidiar con la despoblación a través de iniciativas de desarrollo rural y cultural.

Arándiga y la frase de George Gurdjieff tienen mucho que ver. En el año 2023 un grupo de arandiguinas y arandiguinos pusieron en marcha el proyecto “Quédate en Arándiga”, con un doble objetivo: no solo que gente nueva decida hacer de esta localidad su hogar, sino que quienes un día se marcharon, mantienen su casa y se han jubilado, fijen en el pueblo su residencia habitual. ¿Personas mayores volviendo al pueblo? Es la pregunta que muchos se han hecho con incredulidad, sobre todo porque los servicios médicos, la oferta cultural y la movilidad sufren en estos momentos precarización en el medio rural aragonés, y en toda España; es un mal común. 

Sin embargo, los habitantes de Arándiga creen firmemente que es posible cambiar el foco y lo están consiguiendo porque el proyecto presentado al MITECO, al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, está entre los diez primeros de España, y cuenta con financiación para poner en marcha en paralelo dos líneas de actuación con un primer propósito: “Que los que ahora viven en el pueblo no sientan la necesidad de irse”, apunta Irene Marco, concejala de esta localidad aragonesa. 

Salud y cuidados: aprendiendo a cuidar para cuando seamos mayores

El proyecto titulado 'Laboratorio de regeneración urbana y economía de los cuidados', se conoce popularmente como 'Quédate en Arándiga'. La fórmula para alcanzar los objetivos no es sencilla, implica muchos factores y llevará tiempo, pero sus promotores han comenzado a trabajar ya y lo han hecho primero en los espacios públicos y en los servicios, con el fin de ampliar la oferta asistencial y cultural en el pueblo. 

“El proyecto tiene una rama más social y otra más de carácter medioambiental”, explica la concejala de Arándiga, que reconoce que, en las zonas rurales, al final “ambas se retroalimentan”. En esta segunda etapa del proyecto 'Unidad de innovación en economía de los cuidados' apoyado por el MITECO, se centra en programar e impartir formación gratuita orientada a obtener formación sobre salud y cuidados. Está abierta a todo aquel que se quiera acercar hasta Arándiga a recibir la formación, y cuenta con la colaboración de la Cátedra de Despoblación de la Universidad de Zaragoza. Habrá varios cursos y talleres de hasta 40 horas, “no se da título reglado, pero sí un diploma que puede ayudar a personas de la zona a encontrar trabajo como cuidadores, muy necesarios en áreas como está donde viven muchas personas mayores que los necesitan”, apunta la concejal. 

El objetivo de esta formación es que el mayor número de personas del pueblo, y de otras zonas rurales, tengan formación suficiente para, llegado el momento, poder asistir a personas mayores de su entorno afectadas por demencia u otras patologías “aprender técnicas para cuidar de sus familiares, autocuidado de los propios cuidadores, y como salida laboral para personas en entornos con tanta necesidad de cuidados”, defiende la concejal. 

Recuperar espacios comunes donde todos somos familia

Con la subvención obtenida en 2023, que recientemente ha agotado el plazo de dos años para ser ejecutada, se han llevado a cabo mejoras en diferentes espacios del pueblo, edificios públicos que se han reconvertido en puntos de convivencia y encuentro para niños, jóvenes y personas mayores. Una de las infraestructuras que se ha reabierto es la biblioteca, que llevaba años cerrada: “Se ha rehabilitado y le hemos puesto el nombre de la escritora aragonesa Ana Alcolea, que no se perdió el acto de presentación”, explica la concejala. Este encuentro con la escritora desencadenó la organización de las Jornadas Literarias que este año celebrarán ya su tercera edición. 

La biblioteca se ha convertido en espacio de encuentro para los vecinos que participan en el Club de Lectura, muy arraigado en el pueblo, y también para hacer actividades con el alumnado del colegio, y clases gratuitas de español para la vecindad migrante de Arándiga, gracias a la buena voluntad de una profesora jubilada del pueblo. En verano, son varios los vecinos que hacen uso de ella como espacio coworking, lo que les permite pasar temporadas largas conciliando familia, amigos, trabajo y tiempo libre en su pueblo. 

También se le ha dado una nueva vida al club, rehabilitando el espacio, mejorando su accesibilidad y contratando a una persona que se encarga de abrirlo por las tardes y de dinamizar su actividad: desde artesanía, hasta ejercicios de memoria para mayores, y un día a la semana, juegos para los más pequeños en invierno. Este espacio es ahora como “el salón de casa” para las mujeres más mayores del pueblo, que no están acostumbradas a salir al bar, y que han encontrado en el club social un lugar donde reunirse todas las tardes para hablar o jugar a las cartas, acompañadas por su monitora que les proporciona actividades variadas. 

“La soledad no deseada está muy presente en los pueblos, donde hay muchas mujeres que viven solas y que sus hijos las visitan en fin de semana, pero entre semana sienten esa soledad, sobre todo en las tardes de invierno que se hacen muy largas”, confiesa Irene Marco, “ahora se reúnen todas en el Club, también las más jóvenes y si alguna falta, nos acercamos a ver qué pasa”, añade. Una forma de cuidar los unos de los otros. 

El tercer espacio en el que se ha actuado ha sido el campo ubicado detrás del antiguo lavadero municipal del pueblo. Una zona poco accesible, pero “con muchas posibilidades” que ahora se ha reconvertido en Aula de la Naturaleza. Se ha construido un parque con distintas especies de árboles con su QR con su explicación botánica que se completan con paneles con información sobre la fauna y la flora de la zona. También se ha mejorado el camino que da acceso al río, ahora es un recorrido que se puede hacer caminando dando la vuelta al pueblo, una zona verde que “saca a los paseantes de la carretera, por donde teníamos que ir antes literalmente”, apunta Irene Marco. Un merendero completa este nuevo espacio natural municipal. 

El pueblo se mueve y se involucra mirando al futuro

La vecindad del pueblo se ha ido involucrando más con el paso del tiempo. “Al principio todo cuesta”, pero conforme se van viendo resultados, “la gente se anima más a participar”. Los espacios comunes son solo el primer paso hacia una vida en comunidad mucho más compartida, “las relaciones en los pueblos son estrechas, pero compartir espacio y tiempo, las estrecha todavía más”. Y eso es lo que pretenden desde “Quédate en Arándiga”, que la gente no tenga ni sienta la necesidad de marcharse, ir cubriendo los servicios, sobre todo de cuidados, de cara a futuro con personas formadas para ello en el entorno, y lo más importante “que exista esa confianza que se necesita para pedirnos ayuda los unos a los otros”, independientemente de la edad. 

En la nueva etapa que se abre en este proyecto, otra de las novedades, vinculadas a las de la primera fase, es la ampliación de horas de contrato de la monitora, que no solo podrá hacer más actividades para todos los vecinos, sino que se encargará de la gestión de otro de los espacios más queridos del pueblo, la biblioteca pública. Otro de sus cometidos es buscar financiación y subvenciones, vitales para sacar adelante proyectos en zonas sin recursos debido a la baja densidad de población. “Para un pueblo tan pequeño, tener una persona trabajando en estos servicios sería imposible sin la aportación que recibimos gracias a este proyecto”, confiesa Irene Marco, que recuerda que los pequeños pueblos y sus habitantes, también necesitan la implicación de todas las instituciones para seguir en pie, vertebrando y cuidando de las zonas rurales. 

La Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo y la Asociación Elebo celebran este jueves 12 de febrero la sesión de apertura en España del proyecto europeo 'Rural Connect', una iniciativa transnacional financiada por la Unión Europea a través del programa CERV, orientada a fortalecer la participación cívica y la capacidad de incidencia de los territorios rurales en las políticas europeas.

El encuentro contará con la presencia de delegaciones procedentes de España, Italia, Rumanía, Irlanda y Luxemburgo, reforzando el carácter internacional del proyecto y el intercambio de propuestas entre territorios rurales europeos.

Kike Collada, alcalde de El Recuenco y que además preside la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo explica que este proyecto consta de “compartir experiencias, organizar y conectar a la gente de los distintos territorios de la Unión Europea para proponer medidas y comunicar las necesidades que tenemos”.

Es por ello que este punto de partida tendrá un espacio de diálogo abierto en el Centro de Interpretación de Zaorejas el 12 de febrero entre las 16:00 y las 17:30 horas, al que podrán acudir agentes del territorio, asociaciones, colectivos y empresarios de la comarca, así como cualquier entidad interesada.

Las principales necesidades del Alto Tajo: vivienda y transporte público

Collada señala que hay medidas que pueden llevar a cabo por ellos mismos, pero que hay otras en la que es necesario contar con la colaboración de otras administraciones. “Por ejemplo, con la vivienda que es de competencia autonómica, pero que al final los ayuntamientos hacemos lo posible por poner medidas, y notamos que en cuanto ponemos viviendas en el mercado del alquiler o arreglarlas siempre hay demanda”, expone. Por otro lado, sobre el transporte público explica que en la actualidad “es muy sensible a la demanda, recientemente en la comarca de Molina y que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, porque antes brillaba por su ausencia”.

Collada vuelve a apostar por el aprovechamiento de los recursos forestales: “España es muy diversa, al igual que Europa, pero el hecho de estar en una zona forestal nos hace que muchos de nuestros proyectos quieran sacar riqueza de nuestros pastos, nuestra madera, nuestros ríos, y cómo podemos hacer una gestión responsable de estos recursos”, apunta.

Al mismo tiempo, el alcalde de El Recuenco señala que en la Mancomunidad del Alto Tajo ha existido un rejuvenecimiento de los Ayuntamientos y que esa es una de las “claves principales”. Para él es importante que “la gente joven coja esas entidades locales para hacer cosas nuevas no solo para arreglar dos o tres baches que hay en las calles del pueblo, sino de apostar por proyectos como este, de conectarnos con instituciones europeas y utilizar las nuevas tecnologías para promocionar el territorio”.

Collada considera que “lo que más falta hace en el mundo rural es el talento y recurso humano, personas formadas y preparadas que puedan hacer frente a estos retos, porque muchas veces lo que nos falta a las entidades locales es personal técnico suficiente para hacer frente a toda la burocracia que hay”.

Encontrar puntos comunes “para cambiar el mundo”

Rural Connect es un proyecto europeo que estará en funcionamiento durante dos años. En primer lugar, parte en Zaorejas, pero Kike Collada expone que “en el trascurso del proyecto haremos encuentros en los que consigamos atraer a figuras que sean interesantes para nuestros territorios y que pongan soluciones interesantes, donde se va a ir generando una batería de propuestas con la idea de compartirlo con las instituciones europeas que son las que financian y nos tutorizan en este proyecto”.

El alcalde de El Recuenco explica que otro objetivo es “precisamente fortalecer la democracia en Europa, acercando las instituciones europeas a las personas, empresas, asociaciones y colectivos del territorio”, teniendo en cuenta que “aunque los diferentes países participantes podemos ser distintos, pero pondremos en común los principales retos y soluciones que tenemos”. Apunta que “en ocasiones sin mala intención, en las instituciones europeas se toman decisiones erradas, donde no se tienen en cuenta algunos puntos de vista, pero estos procesos ayudan a dar voz a la ciudadanía y trasladar necesidades que no están siempre en la agenda”.

Kike Collada expresa que encontrar puntos comunes entre diferentes países “es más necesario que nunca”, teniendo en cuenta “el contexto internacional en el que vivimos”. Para él, “estamos preocupados por hacer comunidades, en los que se pueda vivir y mejorar las condiciones de vida de la gente que los habita”, teniendo también en cuenta a las asociaciones y las ONG porque “la idea es poder sumar más, son las minorías organizadas las que cambian el mundo”.

El alcalde de El Recuenco expone que en la actualidad en el panorama internacional surgen temas como “la defensa y la competitividad o el mercado interior, cuestiones que eclipsan otras que tenemos que poner sobre la mesa. Porque cuando se habla de autonomía estratégica, ¿dónde están los recursos? Los tenemos en el territorio, lo que comemos, la energía, los materiales, etcétera”. Para él “el mundo rural es un activo estratégico muy importante”, pero el problema llega cuando “se utiliza como espolio y no funciona para mejorar la vida de las personas que viven en ese entorno”. Por ello, considera “interesante poner en diálogo lo que ocurre en oros países” y contar con un espacio en el que “hacer un poco de Pepito Grillo y poner en valor lo que tenemos para que se nos escuche”.

“Para mí tiene muchas más ventajas criar en el rural que en una ciudad. Aquí nos cuidamos todas a todos. No sé si esto es así o si es mi visión condicionada porque a mí me gusta esto y es donde he vivido siempre”. Así empieza su reflexión Eva Rodríguez, ganadera en Cesuras (A Coruña) y madre monomarental de una niña de 11 años. “Al estar yo sola con mi hija, necesito muchísima más ayuda para poder conciliar, pero tengo la suerte de tener apoyo tanto a nivel de familia extensa como con otras amigas y vecinas. Y al contrario de lo que se pueda pensar, ser ganadera me da muchísima flexibilidad, porque aunque los animales marcan los horarios, he conseguido montar un sistema en el que si falto un rato, no pasa nada”, explica Rodríguez, responsable de la granja de leche ecológica Ameixeira.

Según datos del padrón municipal del INE y del Ministerio de Agricultura, más de siete millones y medio de personas viven en municipios considerados rurales —con menos de 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 habitantes por km2—. Esto supone aproximadamente un 15,5% de la población total en España. El INE apunta también que la población rural ha aumentado en nuestro país en los últimos siete años, debido fundamentalmente a la llegada de nuevos residentes.  

Ruralidades distintas y ambivalentes

Las fuentes consultadas para este reportaje coinciden en señalar que, para hablar del entorno rural, hay que hacerlo necesariamente en plural, abarcando realidades muy diferentes. Así lo explica Rosa Otero, psicóloga general sanitaria del proyecto En La Matriz y residente en Cabranes, un concejo de Asturias con poco más de 1.000 habitantes en censo. “Hablar de ‘lo rural’ en singular es simplificar una realidad que es mucho más diversa. No es lo mismo criar en una aldea de Soria que hacerlo en las Alpujarras o en determinadas zonas de Asturias. El grado de aislamiento, la distancia a núcleos urbanos con servicios, la llegada de nuevas familias o la presencia de turismo son factores que moderan de manera directa cómo se vive la crianza en el contexto rural. Además, la vivencia de cada persona situada en un núcleo rural es muy diversa”, aclara Otero. 

El grado de aislamiento, la distancia a núcleos urbanos con servicios, la llegada de nuevas familias o la presencia de turismo son factores que moderan de manera directa cómo se vive la crianza en el contexto rural

Rosa Otero — psicóloga

Un criterio en el que coincide la también asturiana Elena Plaza, periodista especializada en proyectos de desarrollo rural y reto demográfico: “Existen diferentes tipologías en lo rural; hay muchas ruralidades diferentes y cada territorio tiene sus particularidades. Aquí en Asturias, por ejemplo, hay poblaciones dispersas, concejos y cabeceras de comarca o villas donde está la concentración de servicios. También hay zonas periurbanas, cercanas a las grandes ciudades, y espacios más periféricos, más alejados de las ciudades. Eso marca mucho las ventajas y desventajas de los diferentes territorios”, expone.

Plaza vive con dos adolescentes en la zona rural de Oviedo, a cinco kilómetros de la ciudad. “Las zonas rurales o zonas no masificadas dan ventajas por ejemplo en las crianzas con apego o crianzas alternativas. Las relaciones sociales aquí permiten a ‘la guajada’ [los niños y niñas] aprender de sus iguales y se dan aprendizajes intergeneracionales. Tienen espacio para aburrirse e inventar y mucho más contacto con la naturaleza”, explica. Y pone un ejemplo reciente: “Este fin de semana mi hijo se fue al pueblo de la familia de un amigo y volvió contando que fueron al bosque, estuvieron picando leña, con el ganado. En las ciudades todo esto se pierde”, reflexiona Elena. 

La ganadera gallega Eva Rodríguez también cree que vivir en una granja en medio del campo aporta beneficios a su familia: “La naturaleza y los animales son un parque enorme, para los niños y niñas criarse así es una pasada. Además, creo que aquí hay más solidaridad entre vecinos, más tranquilidad para vivir”, expone. Ejemplo de esto para ella fue su forma de organizarse durante la pandemia: “Aunque fue dura, como para todo el mundo, nosotros podíamos salir al aire libre a diario y casi no teníamos que utilizar mascarillas porque no nos encontrábamos con nadie”, explica. Pero también señala algunos inconvenientes, que tienen que ver sobre todo con la carencia de servicios públicos y con las distancias: “Tenemos colegio, pero no instituto, y para ir al pediatra tenemos que desplazarnos a otro ayuntamiento o incluso al hospital provincial. Tampoco tenemos matrona, nos falta un servicio de continuidad”, reconoce. Y añade: “Tienes que disponer de coche privado, porque transporte público tampoco hay, y muchas veces hay que desplazarse a la ciudad para encontrar cosas que no tenemos aquí”. 

Las relaciones sociales aquí permiten a ‘la guajada’ [los niños y niñas] aprender de sus iguales y se dan aprendizajes intergeneracionales. Tienen espacio para aburrirse e inventar y mucho más contacto con la naturaleza

Elena Plaza — periodista especializada en desarrollo rural y reto demográfico

Para Elena Plaza, las principales limitaciones también se relacionan con los servicios de educación y sanitarios, a los que ella añade un tercer elemento: “La falta de oferta de actividades extraescolares penaliza sobre todo a las madres —que somos las que nos seguimos encargando más de las tareas de cuidado—; incide en la falta de medidas de conciliación”. Sin embargo, esto puede compensarse con las “redes extensas de cuidados”, tanto con circuitos alternativos como sus “matrifocos”, espacios de reunión para madres donde se comparten cuidados y charlas, como a través de apoyo mutuo en el vecindario: “Siempre hay la típica vecina que te echa un cable cuando lo necesitas y se queda con los críos si tienes que ir a hacer la compra”, asegura. 

Familias neorrurales y “de toda la vida”

La psicóloga Rosa Otero pone sobre la mesa un fenómeno en auge: el de las familias que se van al campo o al pueblo desde una ciudad y conviven con las vecinas “de toda la vida”. “Conviene tener en cuenta a la hora de analizar estas realidades el fenómeno del neorruralismo: familias procedentes de grandes ciudades que deciden asentarse en el medio rural. En algunos territorios este proceso se integra con relativa facilidad y genera comunidad; en otros, no tanto”, explica Otero. 

Para ella, es clave huir de visiones idealizadas o estereotipadas de la vida en el campo. Aunque existen ventajas “evidentes”, como el contacto con la naturaleza o la libertad de movimientos, “vivir en el rural también tiene sus límites”. “En comunidades pequeñas la privacidad es menor y la información circula rápido. El acceso a recursos y servicios no siempre es sencillo y, en determinadas zonas, las inclemencias meteorológicas pueden implicar periodos de aislamiento real. Esto, cuando eres una persona adulta y autónoma, puede parecer sencillo de gestionar, pero cuando tienes una criatura con fiebre de madrugada y el hospital más cercano está a más de media hora, cambia la perspectiva”.

Otero añade algunas otras variables a tener en cuenta, como la gestión del tiempo o el aislamiento: “La vida rural suele exigir dedicar muchas horas a tareas básicas de mantenimiento —cortar leña, cuidar la huerta, arreglar la casa— y eso afecta, inevitablemente, al tiempo disponible para compartir con las criaturas. A esto se suma una carga mental y emocional que no siempre se ve. El aislamiento no pesa igual en todas las etapas: en momentos como el posparto, los primeros años de crianza o la adolescencia, el contexto rural puede amplificar tanto el sostén como la soledad. Cuando hay comunidad, el acompañamiento puede ser muy profundo; cuando no la hay, la sensación de estar sola puede intensificarse”, explica.

La familia de Abel es un ejemplo claro de habitantes “neorrurales”. Él es padre de dos niños pequeños, y junto a su expareja abandonaron Madrid hace ya cinco años “escapando de la vida acelerada” de la gran ciudad. Ahora Abel vive en un pequeño pueblo de Ávila. “Nos mudamos en 2020 para estar más presentes en la crianza, porque veíamos que el ritmo de la gran ciudad no nos permitía disfrutar con los niños. Personalmente, yo no quería ser un padre ausente, quería estar presente con mis hijos. Así que nos fuimos buscando la calma pero nos movimos por varios pueblos hasta encontrar un lugar adecuado”, cuenta. Al principio no les resultó fácil: no encontraban su sitio y la pareja terminó separándose. “Tampoco es todo precioso, no nos vamos a engañar. Ahora nos organizamos como podemos con los niños. Su madre y yo nos llevamos bien pero vivimos en pueblos distintos y eso complica un poco la logística”, explica. 

La familia de Esther también se asentó en el medio rural procedente de un ámbito urbano; en su caso, de una ciudad más pequeña, Ciudad Real, a una localidad de la misma provincia, Picón, que no llega a los 700 habitantes. “Vivimos en mitad del campo literalmente, estamos solas, no hay casas alrededor”, explica Esther. Ella misma se hace una pregunta a la que responde a continuación: “¿Es todo perfecto? Ni mucho menos”, reflexiona esta madre de cuatro criaturas en una familia “no normativa”. “Nuestras hijes van al colegio a la ciudad, ya que aunque en el pueblo hay escuelita, no coincidía con nuestros valores. Nosotras somos veganas y todas las decisiones que tomamos en la vida tienen una parte política y de activismo, de hecho nuestra forma de vivir lo es”, asegura. Ella afirma que no se ha sentido especialmente juzgada por aplicar métodos de crianza alternativos, “aunque siempre seremos forasteras”, comenta entre risas.

Muchas familias valoran que criar en el rural les permite sostener proyectos de vida más coherentes con sus valores, aunque eso implique asumir retos adicionales

Jose Herrero — portavoz de la cooperativa de salud COS

Jose Herrero es portavoz de la Cooperativa de Salud COS, un proyecto catalán que, entre otras iniciativas, trata de impulsar un programa sobre crianza y tribu en ámbitos rurales. Herrero explica que “muchas familias valoran que criar en el rural les permite sostener proyectos de vida más coherentes con sus valores, aunque eso implique asumir retos adicionales”. Esos retos, según él, pasan por “generar espacios de encuentro, confianza y aprendizaje compartido entre familias que viven en territorios rurales o remotos”. “Nos interesa especialmente pensar en la importancia de favorecer dinámicas en red, crear sensación de tribu, aunque sea mediada por la tecnología, y fortalecer la capacidad de agencia de las familias en la gestión cotidiana de la crianza y la salud”, asegura Herrero. 

Es en este último ámbito, el sanitario, donde inciden muchas de las medidas de su cooperativa, una de las carencias que coinciden en señalar las madres y padres que participan en este reportaje. Un ejemplo concreto: las formaciones en primeros auxilios. “Muchas familias quieren contar con unos mínimos conocimientos y recursos para saber cómo actuar ante situaciones cotidianas: primeros auxilios, gestión de fiebre, accidentes domésticos, lactancia, etc. Por eso hay mucho interés en talleres de primeros auxilios en pueblos donde el hospital más cercano está a más de una hora”, asegura Herrero.

Apenas tenemos propuestas de ocio para los niños ni para los mayores. Y tampoco servicios: no tenemos ni pediatra ni urgencias, necesitamos el coche para todo

Nadia — madre de tres niñas

Desde un pequeño pueblo en la provincia de Almería, Nadia, madre de tres hijas, separada, reconoce que su situación criando sola “tiene pocas ventajas”. En 2012, ella y sus hijas huyeron de Siria por la guerra, pasaron por Emiratos Árabes y finalmente acabaron en Almería, de donde Nadia y su madre son originarias. La vuelta al pueblo le ha simplificado la vida, según reconoce: “Mi madre vive cerca, que es la que más me ayuda, y también algunas amigas. Aquí nos conocemos todos, así que si llego tarde al trabajo o al colegio puedo avisar y me echan una mano”, asegura. También encuentra algunas ventajas en la autonomía de las niñas: “La mayor, de 14 años, ya puede ir sola al colegio o a la tienda”. En cuanto a carencias, nota que en el pueblo hay “poca vida”. “Apenas tenemos propuestas de ocio para los niños ni para los mayores. Y tampoco servicios: no tenemos ni pediatra ni urgencias, necesitamos el coche para todo”.  

La psicóloga perinatal Rosa Otero sostiene que es importante saber reconocer las ventajas y las limitaciones de los entornos rurales para evitar caer en idealizaciones que, a la larga, pueden generar frustración. “Desde la salud mental es importante considerar esta ambivalencia. El rural puede ser profundamente enriquecedor y, al mismo tiempo, exigente. Ambas cosas conviven. Entenderlo así permite una mirada más realista, menos idealizada, donde el bienestar no depende solo del lugar en el que se cría, sino de cómo se entrelazan las condiciones externas con los recursos personales y relacionales de cada familia”, concluye.

El relevo generacional en el sector agrario es una prioridad para el Gobierno de La Rioja, ya que “rejuvenecer nuestro campo es clave para mantener población en el mundo rural y evitar el abandono de explotaciones”, ha afirmado la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, con motivo de la presentación de la nueva convocatoria de ayudas para la incorporación de jóvenes que en 2026 “suma a las mejoras cualitativas ya aprobadas la campaña pasada un importante aumento en lo que es la ayuda directa máxima a percibir, que podrá llegar a los 70.000 euros”.

Manzanos ha recordado que desde 1994 La Rioja viene apoyando económicamente a 1.674 jóvenes a iniciar su actividad como agricultores y ganaderos, destinando a esta línea de ayuda 54 millones de euros en este período. El esfuerzo económico estimado para este año será de 3.500.000 euros.

La nueva convocatoria de ayudas contempla como base una cuantía de 48.000 euros para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria con dedicación exclusiva, y de 24.000 euros para aquellos que lo hagan en modalidad pluriactiva, es decir, compatibilizando la actividad agraria con otro empleo. Estos importes podrán incrementarse en función de determinadas características vinculadas a la explotación, pudiendo alcanzar hasta un máximo de 70.000 euros.

Así, un joven riojano podrá acceder a una prima de 60.000 euros si la agricultura es su ocupación principal y de 30.000 euros en el caso de pluriactividad. Para ello, ha detallado la consejera, “será necesario realizar inversiones con un gasto mínimo de 12.000 euros si es en la modalidad exclusiva y de 6.000 euros en la pluriactiva, desde el momento de la incorporación a la actividad hasta el inicio del plan empresarial”. 

Estas inversiones consistirán en la compra de tierras, ganado, derechos o maquinaria de segunda mano que “son, precisamente, inversiones no financiables a través de otras líneas de ayudas contempladas en el Plan Estratégico de la PAC”, ha argumentado Manzanos, que ha estado acompañada por el director de Desarrollo Rural, David Martín.

Por otro lado, la consejera ha explicado que también podrán beneficiarse de esta mejora en la cuantía de las ayudas aquellos jóvenes que se instalen en alguno de los 71 municipios situados en zonas con limitaciones naturales, así como los titulares de explotaciones que cuenten mayoritariamente con parcelas que hayan sido objeto de cualquiera de los 56 procesos de concentración parcelaria o de alguna de las zonas donde se ha realizado una modernización de regadíos.

La convocatoria 2026 también contempla estos incentivos con el objetivo de fomentar modelos productivos sostenibles y de calidad. De este modo, también podrán aumentar la ayuda base aquellas explotaciones que dediquen más del 50 por ciento a la producción ecológica, así como aquellas en las que al menos el 25 por ciento de su dimensión económica proceda de producciones amparadas por marcas de calidad minoritarias. Entre ellas se incluyen la DOP Queso Camerano, la IGP Pimiento Riojano, la IGP Coliflor de Calahorra, la DOP Nuez de Pedroso y la DOP Alubia de Anguiano.

Por otro lado, los jóvenes que se incorporen en sustitución de un agricultor que se jubile y aquellos que decidan dedicarse a la ganadería extensiva, contarán con ayudas que oscilarán entre los 35.000 y los 70.000 euros. “Consideramos que existe relevo generacional cuando el joven se instale en la explotación de un agricultor que se haya jubilado totalmente en los dos años anteriores a la solicitud de incorporación y siempre que se produzca la transmisión de, al menos, el 60 % de los elementos de la explotación”, ha precisado la consejera Manzanos.

La subvención se recibirá en dos plazos por la misma cuantía a lo largo de un periodo máximo de cuatro años desde la concesión de la ayuda. El primer plazo estará condicionado a que se dicte resolución por la que se acredite que el joven ha iniciado su plan empresarial y el último pago estará condicionado a su correcta ejecución, lo que implicará la consolidación de los jóvenes en la actividad agraria.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), el próximo lunes 9 de febrero, y permanecerá abierto hasta el 6 de marzo.

La Biblioteca Nómada de La Rioja lleva ocho meses recorriendo la comunidad autónoma y llevando libros y cultura a diez pueblos y ahora aumenta su ruta. Con motivo del Día del Bibliobús en España, que se celebra el 28 de enero, el Gobierno de La Rioja ha anunciado que el servicio sumará seis municipios. A los diez de la primera edición (Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos), se unen seis localidades nuevas: Arenzana de Abajo, Camprovín, Préjano, Medrano, Tudelilla y Torrecilla en Cameros

De esta forma, la región cuenta con “un servicio que faltaba”, ha subrayado el consejero José Luis Pérez Pastor, y que se puso en marcha “para acercar la lectura a los núcleos rurales”, inicialmente vinculados a los Colegios Rurales Agrupados, “porque allí donde hay niños hay mayor esperanza de generar lectores”, sin dejar de atender también a la población adulta.

En el el acto, que se ha desarrollado en Nalda, han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja, José Luis Pérez Pastor; el director general de Cultura, Roberto Iturriaga; la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta; y el gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes.

Desde su puesta en marcha a finales de mayo de 2025, la Biblioteca Nómada ha realizado el servicio de préstamo en diez municipios con una población inferior a 1.250 habitantes y que no contaban con un servicio de biblioteca integrado en la Red de Bibliotecas de La Rioja. A través de unas rutas con una frecuencia quincenal, esta biblioteca móvil presta servicio a una población total de 6.738 personas, 3.144 mujeres y 871 menores de 16 años. En los CRA elegidos se realizaron talleres de dinamización y animación a la lectura, así como de corresponsabilidad. La Biblioteca Nómada en sus primeros meses ha fidelizado a 2.251 usuarios, ha realizado 1.022 préstamos y 65 carnés, y ha contado con la participación directa de 1.462 escolares.

En el primer trimestre de activación, se realizó un taller de explicación sobre una biblioteca móvil y sus servicios con el objetivo de que lo aprendieran los niños jugando. Todo ello se realizó basado en el libro ‘El bibliobús de Alce’. Durante el segundo trimestre de funcionamiento, el comprendido entre julio y septiembre, en los meses de verano, el servicio de préstamo se llevó en algunos casos a las piscinas de las localidades y se realizaron talleres en coordinación con las ludotecas municipales de verano de cada localidad. 

Con el regreso a las aulas, a partir del mes de octubre se continuó realizando el servicio de préstamo en los lugares habituales y se retomaron los talleres en los CRA. Se desarrollaron diferentes talleres de fomento a la lectura y coeducación dirigidos al alumnado de Educación Infantil y Primaria de los diferentes C.R.A. de La Rioja, con el objetivo de fomentar la lectura, el pensamiento crítico y la igualdad de género. 

Como suma al proyecto de préstamo y para incentivar la lectura en adultos y promover el servicio de la Biblioteca Nómada se desarrollaron cuatro actividades complementarias; una en Nalda, otra en Santurde, y otras dos en Ausejo y San Vicente, relacionadas con presentaciones de libros de autores nacionales y un taller coordinado con el Hospital San Pedro para los pacientes ingresados en Pediatría.

Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja, ha valorado la importancia de este proyecto para la entidad. “En el ámbito operativo, el servicio está sustentado en tres patas: Fundación Caja Rioja, ejerce la dirección y coordinación técnica del servicio, una profesional del mundo de las bibliotecas ejerce la coordinación científica del mismo y se encarga de la programación, y una empresa externa, con otros dos profesionales, que se ocupan de la ejecución: conducir el vehículo por cada una de las rutas, desarrollan los talleres ofertados y ofrecer el préstamo de libros en cada municipio”. La Biblioteca Nómada, ha añadido, “no solo transporta libros, acerca oportunidades, igualdad y futuro a cada pueblo. Este es un proyecto al que se sumó Fundación Caja Rioja porque encaja directamente con nuestra misión: transformar la sociedad y mejorar la vida de los riojanos y riojanas, vivan donde vivan, y la cultura y la educación son claves para lograrlo”, ha añadido Fuentes, quien ha explicado que en 2026 “habrá más actividades que complementarán el servicio”.

Por su parte, la alcaldesa de Nalda, Raquel Arrieta, ha señalado que para Nalda e Islallana “es un orgullo” contar con este servicio y ha destacado que, además de facilitar y promover la lectura entre niños y personas adultas, la Biblioteca Nómada “favorece la socialización a través de los talleres”.

La Biblioteca Nómada en 2026

La Biblioteca Nómada seguirá funcionando como una biblioteca más de la red de bibliotecas de La Rioja y recorrerá 16 municipios riojanos que no disponen de un servicio público de lectura. Cada dos semanas, la Biblioteca Nómada volverá a cada municipio para proporcionar el servicio de orientación bibliográfica y recoger las devoluciones de lo ya leído. 

Ofrecerá una amplia colección de libros, revistas y material educativo para todas las edades. Acercará la cultura y el conocimiento a comunidades rurales o alejadas, fomentando el hábito de la lectura y apoyando el desarrollo educativo de cada localidad. Además, ofrecerá herramientas para que los niños y jóvenes ocupen su tiempo de ocio leyendo. 

El calendario es el siguiente: 

Semanas 1ª y 3ª de cada mes: 

Lunes: Camprovín y Arenzana de Abajo. 

Martes: Santurde de Rioja y Alesanco. 

Miércoles: Arnedillo y Préjano. 

Jueves: Ollauri y San Vicente de la Sonsierra.

Semanas 2ª y 4ª de cada mes: 

Lunes: Medrano y Nalda. 

Martes: Tudelilla y Ausejo. 

Miércoles: Villoslada de Cameros y Torrecilla en Cameros. 

Jueves: Uruñuela y Huércanos. 

Los horarios establecidos para el servicio de préstamo serán de 16:00 a 16:45 en el primer municipio y de 17:00 a 17:45 en la segunda localidad. 

Este año incluye también el desarrollo de 100 talleres de Incentivación Lectora que se realizarán en los distintos CRAs de los municipios participantes en horario escolar, cada día en un municipio diferente y con una duración estimada de una hora y media. El público objetivo de estos talleres son los escolares de estas localidades y todos los contenidos, planificaciones y materiales están adaptados a ellos. 

También habrá actividades complementarias con el objetivo de enriquecer la experiencia general del proyecto, incorporando al público en general. Las localidades donde se realizarán son Alesanco, Arnedillo, Santurde, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Nalda, Ausejo, Villoslada de Cameros, Uruñuela y Huércanos, es decir los municipios que ya estaban en 2025. 

Su objetivo es el de captar y mantener la actividad y conseguir atraer a usuarios que aún no se han acercado. Se prevé la realización de un total de 20 actividades (dos por municipio) que comenzarán en el mes de febrero y terminarán a finales de noviembre. Estas actividades estarán repartidas a lo largo de cada mes. 

Asimismo, se propone continuar con la tarea de crear clubes de lectura en las localidades y en primavera se pondrá en marcha un gran evento, que se está ultimando en la actualidad, relacionado con la lectura y que contará con la presencia de escritores, editoriales, charlas y otras actividades.