Varios de los partidos políticos de Castilla-La Mancha que no tienen escaño en el Parlamento regional han valorado la situación de la comunidad autónoma coincidiendo con el Día de la Región, este 31 de mayo.

Jesus Plaza Senabre, coordinador del Movimiento Sumar Castilla-La Mancha cree que hoy “no basta con celebrar lo que somos” sino reconocer que hay “problemas estructurales que no pueden seguir siendo normalizados”.

“Reivindicamos una región que no se conforme con resistir, sino que aspire a liderar un modelo de desarrollo justo, sostenible y centrado en las personas”, señala Plaza, apuntando hacia “desafíos” como el acceso a la vivienda “especialmente para jóvenes y familias trabajadoras”. En su opinión, “Castilla-La Mancha no puede convertirse en un territorio donde emanciparse sea un privilegio”. Reclama apostar por aumentar el parque público de vivienda, regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y movilizar viviendas vacías mediante políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por encima de la especulación.

Después, dice, “la sanidad y la educación públicas, orgullo de nuestra región, necesitan un impulso urgente. Las listas de espera, los ratios de alumnos, la falta de profesionales en determinadas áreas y las desigualdades entre territorios requieren una respuesta decidida”. Señala también las “altas tasas de temporalidad y precariedad”. En su opinión falta un modelo productivo que genere empleo estable y de calidad, vinculado a la transición ecológica, la reindustrialización sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo local.

También pone el foco en la despoblación y el abandono de amplias zonas rurales. “Es imprescindible garantizar el acceso a la sanidad, la educación, el transporte y la conectividad digital en todo el territorio” y reclama de forma “urgente” un plan integral de reequilibrio territorial que incluya incentivos reales para fijar población.

Finalmente se apunta la emergencia climática “que ya se siente en nuestra tierra con fenómenos extremos, sequías y presión sobre nuestros recursos hídricos” o la defensa del agua “como bien común, una gestión sostenible y solidaria”. También la apuesta por energías renovables respetuosas con el territorio, comenta, “deben situarse en el centro de la acción política”.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, dice Jesús Plaza, “tendemos la mano para avanzar en ese camino, pero también pedimos al Gobierno regional que esté a la altura de los desafíos”.

Podemos recuerda al PSOE su propuesta con IU sobre el Estatuto

Por su parte, el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón ha señalado, por “su importancia democrática hoy”, la propuesta de enmienda conjunta con Izquierda Unida hecho pública la pasada semana “ofreciendo esta vía al PSOE para la aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso evitando la hipoteca antidemocrática del PP y consiguiendo de verdad democracia y derechos para la región”.

“Además del aumento de representatividad con nuestra enmienda garantizamos el derecho a una vivienda digna, con medidas concretas como la obligatoriedad de un mínimo del 2% de presupuesto anual autonómico para políticas de vivienda”.

Desde la formación morada recuerdan también las modificaciones para incluir en el Estatuto las garantías de los derechos del colectivo LGTBIQA+ “con la obligación por parte de la Junta de impulsar y desarrollar las políticas públicas y medidas necesarias para la protección y garantía de los derechos y la igualdad de trato por ley” y “blindar el aborto en el mismo, garantizando el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos de la región en la mejor de las condiciones de proximidad geográfica”.

“Son reclamaciones históricas y derechos impostergables para la ciudadanía en la región que no pueden quedarse fuera del Estatuto”, han reivindicado.

“Es el momento de cambiar la historia, hemos tendido la mano al PSOE para la aprobación del Estatuto en el Congreso y ya no hay excusas, porque se definirá si Castilla-La Mancha a partir del año que viene tiene democracia y no fascismo, tiene derechos y no agresiones, tiene esperanza para el futuro por venir, un día como hoy de celebración”.

Tanto Podemos como Movimiento Sumar han arropado este domingo a los movimientos sociales convocados por las plataformas ciudadanas 'Stop Ganadería Industrial' y 'Stop Biometano' de Castilla-La Mancha y que se han manfiestado en Cuenca. Ambos partidos han apoyado sus reivindicaciones.

Los ayuntamientos de la provincia de Albacete que tengan menos de 2.000 habitantes podrán optar a una nueva línea de ayudas para la adquisición, rehabilitación y reforma de viviendas municipales, así como para la compra de solares para la construcción de nuevas viviendas.

La Diputación de Albacete, entidad que ha puesto en marcha la convocatoria, ha explicado en un comunicado que las 65 entidades locales de la provincia que cuentan con menos de 2.000 habitantes podrán solicitar estas subvenciones desde este sábado, 30 de mayo, hasta el 18 de junio.

Cada localidad solicitante se comprometerá a una cofinanciación del 10 por ciento y podrá obtener una cuantía máxima de 50.000 euros. Además, las ayudas concedidas se anticiparán al 100 por 100 para facilitar la ejecución de las actuaciones, estableciéndose el plazo de un mes para la resolución y el 15 de abril de 2027 como fecha máxima para la justificación.

“Que se pongan a disposición de la ciudadanía en 5 años”

El vicepresidente de la institución, Fran Valera, ha indicado que esta medida persigue un triple objetivo. Por un lado, facilitar la adquisición de inmuebles por parte de los ayuntamientos para destinarlos a vivienda pública; en segundo lugar, permitir la rehabilitación de viviendas municipales ya existentes; y, finalmente, favorecer la adquisición de suelo para “desarrollar una alternativa ocupacional”, poniéndolo a disposición tanto de la ciudadanía como de actores privados “como ellos consideren”.

“Les vamos a exigir a los ayuntamientos que esas adquisiciones, rehabilitaciones o solares se pongan a disposición de la ciudadanía, siguiendo criterios socioeconómicos, en el plazo de cinco años para que sean una alternativa habitacional real”, ha añadido el vicepresidente, explicando claramente la finalidad de estas ayudas.

La diputada y candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá una iniciativa en el Parlamento para proponer la convocatoria de ayudas nominativas de hasta 4.000 euros, con el fin de fomentar la instalación de establecimientos de hostelería y tiendas de alimentación de proximidad en municipios con alta dispersión territorial y núcleos de población inferiores a 300 habitantes.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en Mirones, donde también ha presentado las alegaciones presentadas por el Partido Regionalista al anteproyecto de Ley de lucha contra la Despoblación y el Reto Demográfico, encaminadas a “garantizar los derechos” de la población rural y evitar que la futura norma quede reducida a “un mero instrumento declarativo, sin protección suficiente de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”.

Fernández ha comparecido públicamente junto al alcalde de Miera, el también regionalista José Miguel Crespo, para presentar ambas iniciativas, cuyo objetivo es -según ha explicado- continuar las políticas de lucha contra el despoblamiento iniciadas durante la pasada legislatura, gobernada por PRC-PSOE y en la que estas competencias dependían de la Consejería que dirigía la regionalista.

A su juicio, las ayudas para bares impulsadas por el actual Gobierno (PP) resultan “claramente insuficientes”, por sus limitaciones de cuantía, alcance, requisitos y “capacidad real para mantener estos servicios”, en un contexto marcado por el incremento de los costes energéticos, los problemas de relevo generacional, la escasa rentabilidad derivada de la baja densidad poblacional y las dificultades para contratar personal o modernizar las instalaciones.

Su propuesta plantea por ello un cambio de orientación y la concesión de subvenciones nominativas adaptadas a la realidad económica y social del medio rural para aquellos establecimientos que mantengan una actividad efectiva, tanto bares como otros locales de hostelería, cafeterías, tiendas de alimentación y supermercados de proximidad.

Asimismo, defiende “criterios de valoración positiva y líneas de ayuda reforzadas” para los establecimientos que presten servicios complementarios a la población rural, especialmente “reparto a domicilio de productos básicos a personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad”.

16 alegaciones

Por otro lado, la candidata del PRC ha puesto en valor las 16 alegaciones presentadas por el PRC al anteproyecto de Ley de Lucha contra la Despoblación sometido a exposición pública por el Ejecutivo, todas ellas encaminadas a reforzar el carácter “garantista” de la futura norma.

Ese enfoque, prioritario en el proyecto que elaboró el anterior Gobierno en 2023, ha sido sustituido ahora por “un catálogo genérico” de medidas administrativas, por lo que los regionalistas quieren “recuperar el reconocimiento expreso de los derechos de los vecinos” en aras a asegurar “la igualdad real en el acceso a servicios públicos y oportunidades”.

“La ley que han presentado retrocede en derechos y garantías y no incluye suficiente protección de servicios como la sanidad, la conectividad o el transporte a demanda”, ha precisado Fernández.

Por ello, las alegaciones introducen medidas como una cláusula de “no regresión territorial”, para impedir reducciones injustificadas de servicios públicos esenciales en el medio rural, y la obligación de motivar cualquier reorganización administrativa que afecte a los municipios en riesgo de despoblamiento.

También incorporan la exigencia de que todas las iniciativas normativas, presupuestarias o de planificación territorial incluyan una evaluación previa de impacto demográfico cuando puedan afectar al medio rural.

Respecto a los servicios públicos, el PRC defiende el transporte a demanda como garantía específica de movilidad para los municipios sin conexiones suficientes con centros sanitarios, educativos o administrativos y reclama refuerzos para asegurar el acceso a los servicios sanitarios, con criterios específicos para la organización de citas, horarios y desplazamientos, sobre todo en atención primaria, pediatría, enfermería y atención a personas mayores o dependientes.

En el ámbito de la vivienda, pide medidas para facilitar la rehabilitación y recuperación de casas vacías o deterioradas, mediante ayudas, incentivos fiscales, simplificación administrativa y tramitación preferente, así como la adaptación de las políticas de eficiencia energética a las singularidades de la vivienda tradicional de los núcleos rurales.

La conectividad digital es otro de los derechos que los regionalistas quieren preservar por su carácter “esencial” para la cohesión territorial, con medidas que aseguren la cobertura móvil y el acceso a Internet de alta velocidad en todos los municipios.

Las alegaciones defienden además un refuerzo del control parlamentario para asegurar el cumplimiento de la futura ley, mediante un debate anual sobre el grado de ejecución de las medidas, la financiación asignada y la evolución demográfica de los municipios afectados.

Por último, el PRC plantea mecanismos específicos de financiación territorializada y medidas fiscales dirigidas a favorecer la residencia, el emprendimiento, la actividad económica y la rehabilitación de vivienda en los municipios en riesgo de despoblamiento.

Los vecinos de San Felices protestaron el otro día porque van a cerrar la única oficina de banco que queda en el pueblo. Quedará solo un cajero automático, que es una de las soluciones que había propuesto el Gobierno de Cantabria para luchar contra la pérdida de población. En 2021 se subvencionó con dos millones de euros la instalación de 38 cajeros en lugares como Bárcena de Pie de Concha, Luena, Tudanca, Aguayo o Los Tojos. Los vecinos los utilizan fundamentalmente para sacar dinero: hasta ahora más de 22 millones de euros en cerca de 144.000 operaciones.

En Cieza, temen que cierre la escuela de Villasuso porque el próximo otoño no quedarán suficientes niños. En otros municipios de la geografía cántabra se quejan de la falta de comunicaciones.

Luena, por ejemplo, es un pueblo sin autobús de ida y vuelta. Si tienes que ir al médico o hacer un trámite en Santander no queda más remedio que hacer noche en la capital, si solo se depende del transporte público. El problema es que hay rutas en zonas rurales con muy pocos viajeros que no son rentables, aunque deberían mantenerse para evitar la desigualdad de servicios a sus vecinos. Precisamente por eso el Gobierno de Cantabria, ahora que está tramitando las nuevas concesiones de rutas, ha planteado el transporte a demanda para las zonas más despobladas. Pero parece que estos cambios no entrarán en funcionamiento durante esta legislatura.

Toros, cajeros automáticos, rebaja de impuestos y alojamientos turísticos. Hasta ahora las recetas para combatir la despoblación en los pueblos de Cantabria no está dando frutos. A duras penas se mantiene el equilibrio entre los escasos empadronamientos que se suman al censo rural y los fallecimientos de una población envejecida que no tiene relevo.

El Gobierno de Cantabria tramita estos días la ley de medidas fiscales contra la despoblación, que ya se puede consultar para hacer alegaciones. Un texto que parte del documento que elaboró el anterior Ejecutivo PRC-PSOE, que no llegó a tramitarse. La receta que propone es fomentar el turismo rural y establecer rebajas fiscales, deducciones y 'medidas de discriminación positiva' en la contratación pública, en las subvenciones y en el acceso al empleo público, para incentivar que los médicos, por ejemplo, acepten trabajar en estos lugares, lo cual cada día es más complicado.

Habrá incentivos administrativos, profesionales o económicos y también se facilitará el teletrabajo a los empleados públicos que residan en estos municipios. También se reservará una parte del crédito de las ayudas para los vecinos de estas zonas y se incrementará -como mínimo- un 20% “la intensidad”, dice el texto legal, de la ayuda.

El apoyo a los bares-tienda es otra de las soluciones que contempla la ley porque estos establecimientos son un servicio indispensable y centro social de la vida de los pueblos. El texto normativo también habla de favorecer el relevo generacional en comercios o actividades rurales, impulsar mercados estacionales y promocionar y dar visibilidad comercial a productos autóctonos, artesanales, ecológicos y de proximidad.

El documento mezcla muchos aspectos como la sanidad, la educación o la lucha contra la soledad no deseada y plantea soluciones en turismo, cultura y seguridad, además de combatir la brecha digital. Es decir, conseguir una buena cobertura para que funcionen sin dificultad los móviles y se pueda teletrabajar desde cualquier punto de la geografía cántabra. Algo que ahora no es posible, hay zonas de sombra y con dificultades de señal.

La nueva Ley garantizará que habrá escuelas abiertas en los municipios en riesgo de despoblamiento, donde se impartirán clases de educación infantil y primaria, con un mínimo de tres alumnos.

Expropiaciones para proyectos se interés público

Entre otras cuestiones, el proyecto de ley autoriza al Gobierno de Cantabria a hacer expropiaciones forzosas para proyectos o actuaciones declarados de interés público y “que puedan generar una significativa incidencia positiva en los municipios en riesgo de despoblamiento”.

Además, en todas las contrataciones del sector público autonómico se favorecerán “las adquisiciones de proximidad”: la utilización de productos locales, ecológicos, frescos y de temporada. En los contratos menores se solicitará la participación “preferentemente” de las pequeñas y medianas empresas, cooperativas y autónomos para ejecutar las prestaciones de que se trate en municipios en riesgo de despoblamiento.

De hecho, en la preparación de los contratos y en los términos legalmente establecidos se procurará adaptar el tamaño de los contratos y su duración para facilitar la participación de las pymes, micropymes y personas trabajadoras autónomas locales.

Otras propuestas, para fijar población, sons recuperar antiguos oficios vinculados a la artesanía y a las artes, favorecer las oportunidades de empleo y asentamiento en el medio rural de personas jóvenes extutelados, dar servicios de cuidado para niños de hasta 3 años e impulsar lo que denominan 'casas amigas', como lugares para cuidar esos menores donde no exista infraestructura pública.

La futura ley quiere 'empoderar' a las personas mayores para garantizar “un envejecimiento activo” -y a la vez crear una red de voluntarios que las acompañen- y propone utilizar el helicóptero para emergencias sanitarias.

Otra de las cuestiones es que se apuesta por modelos de viviendas colaborativas para personas mayores, con discapacidad, necesidades especiales o en situación de soledad no deseada. Vivienda compartida o vivienda con apoyos e iniciativas compatibles con el cohousing, como modelos de comunidades autogestionadas, también se impulsan en esta nueva normativa.

81 pueblos con menos de diez habitantes

Actualmente hay 41 municipios en riesgo de despoblación de los 102 que tiene Cantabria. 81 pueblos de Cantabria tienen menos de diez habitantes. En seis pueblos solo está empadronada una persona. En otros, ya ha desaparecido hace años todo rastro humano. Porcieda lleva más de veinte años deshabitado y es un pueblo en venta que periódicamente es noticia en los medios. Sigue sin comprador. No es el único pueblo fantasma. Moroso, en Valderredible. Montabliz, en Bárcena de Pié de Concha. Beares y Enterría, en Camaleño. Vegaescobosa, en Luena. En todos ellos habita el silencio y el olvido.

Subvenciones taurinas para estimular empadronamientos

De todas las iniciativas que se ensayan contra la despoblación tal vez la más extravagante y controvertida es subvencionar corridas de toros en pueblos. La polémica medida del Gobierno autonómico del Partido Popular lleva tres años desarrollándose sin éxito: se han gastado 132.000 euros para conseguir cuatro nuevos habitantes en los cinco municipios rurales de Cantabria beneficiados con ayudas publicas para eventos taurinos: Rasines, Pesaguero, Bárcena de Pie de Concha, Molledo y Tudanca. Es decir, cada empadronamiento cuesta 33.000 euros de dinero público.

En paralelo, el Ejecutivo cántabro ha apostado por facilitar la proliferación de alojamientos turísticos en los suelos rústicos, donde se están autorizando viviendas y apartamentos turísticos en suelo no urbanizable. La medida se justificó inicialmente para que los hijos pudiesen construirse una vivienda en el terreno de sus padres y quedarse a vivir en el pueblo. Aunque es común a todos los municipios, no solo como excepcionalidad en ayuntamientos despoblados. En cualquier caso, la normativa no permite específicamente el uso turístico del suelo rústico, pero se autoriza si el propietario lo registra como un único inmueble que integra diferentes apartamentos o alojamientos, por lo que en la práctica lo consiente. También en municipios sin problemas de despoblación.

Un texto legal contra la diáspora rural

Las medidas que propone el Gobierno en la futura Ley para hacer que los pueblos dejen de perder habitantes supone que todas las administraciones se sumen a la estrategia y que integren lo que denominan 'perspectiva demográfica' en todas sus decisiones y acciones. La idea es no solo atraer nuevos habitantes sino, en paralelo, “lograr que permanezcan quienes ya viven en el medio rural”, explica el Gobierno cántabro.

La normativa obliga a que el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento de los Municipios de Cantabria presente un informe anual sobre la situación demográfica y territorial de Cantabria, que analizará las medidas adoptadas. Ese informe se aprobará en el Consejo de Gobierno y después se enviará al Parlamento de Cantabria.

Los municipios se clasificarán en tres categorías: riesgo de despoblamiento, riesgo grave de despoblamiento y municipios con tratamiento especial y diferenciado, aquellos que deben ser protegidos por su ruralidad, el envejecimiento de su población o su emplazamiento geográfico de alta montaña. Los requisitos concretos de estas categorías -que se revisarán cada dos años- los decidirá el Consejo de Gobierno.

Trashumancias 2.6 acaba de celebrar la última jornada del programa formativo de esta iniciativa, con un recorrido de la Cañada Real conquense hasta llegar a la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués, punto tradicional de invernadas de los ganaderos de la Serranía de Cuenca.

La iniciativa, impulsada por la Cátedra UCLM-Diputación de Cuenca de Oportunidades frente al Reto Demográfico y vinculada al proyecto Aula Albura, financiado por el Ministerio de Cultura, reunió a pastores trashumantes, estudiantes, investigadores, artistas y agentes culturales en torno a distintas actividades centradas en la trashumancia, el paisaje pastoril y las prácticas culturales contemporáneas. La programación combinó recorridos formativos, ponencias, intervenciones artísticas y espacios de convivencia vinculados al territorio y a las vías pecuarias.

Como escribió John Berger, citado en varias ocasiones durante las jornadas, “el retrato que cada pueblo hace de sí mismo no está construido con piedras, sino con palabras, habladas y recordadas: con opiniones, historias, relatos de testigos presenciales, leyendas, comentarios y rumores. Y es un relato continuo; nunca se deja de trabajar en él”. Con esa idea de fondo, Trashumancias 2.6 situó la cultura tradicional dentro de debates actuales sobre territorio, memoria y creación cultural, reuniendo alrededor de las vías pecuarias y la cultura pastoril experiencias que siguen formando parte de la vida cotidiana de muchos territorios rurales.

La actividad comenzó el viernes con el denominado 'Bus Trashumante', una propuesta itinerante en la que participaron estudiantes de Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Educación y Trabajo Social. Durante el recorrido, la historiadora Yolanda Fernández Valverde abordó la organización histórica de la Cañada Real Conquense, deteniéndose en cuestiones relacionadas con la circulación de la lana, las economías familiares y las formas de vida ligadas a la trashumancia.

Más tarde, Vicente Caja Real compartió relatos vinculados a la memoria oral de la cañada y a la experiencia cotidiana de quienes todavía mantienen relación con el tránsito ganadero. Las intervenciones permitieron contextualizar la importancia histórica de las vías pecuarias y su permanencia en el paisaje actual.

La sesión de tarde, ya en Viso del Marqués, tuvo lugar en el Museo Etnográfico y Etnológico 'Memoria de lo Popular'. La inauguración institucional contó con la participación de Fátima Victoria Ginés, alcaldesa de la localidad, y Carmen Vázquez Varela, codirectora de la cátedra. Durante esta inauguración se vivió uno de los momentos más intensos de las jornadas, pues Miki Delgado, presidente de la asociación Lala Garta, colaboradora en estas jornadas, quiso dedicarlas al recientemente desaparecido José Fernando Sevilla 'Morci'.

La parte académica comenzó con la intervención de Manuel Antonio Serrano de la Cruz, profesor titular de Geografía Humana de la UCLM, quien presentó la ponencia 'Rastros que se desvanecen, el legado pastoril en el paisaje'“. Durante su exposición analizó distintos elementos vinculados históricamente a la ganadería extensiva, entre ellos majadas circulares, cerramientos ganaderos, lindes de piedra seca y construcciones asociadas a las antiguas vías pecuarias.

Al referirse, por ejemplo, a los sabinares aclarados del Campo de Montiel señaló que “nos están poniendo de manifiesto que en ese territorio existió una actividad pastoril muy importante”. Serrano de la Cruz insistió además en la importancia del conocimiento ecológico acumulado históricamente por los pastores y recordó que muchas de estas arquitecturas menores están desapareciendo progresivamente del paisaje rural.

Posteriormente intervino Antonio Torres Sánchez, gerente del Grupo de Desarrollo Rural Tierras de Libertad, quien presentó el proyecto regional 'La Vereda que nos Une'. La iniciativa reúne a distintos grupos de desarrollo rural alrededor de propuestas vinculadas al patrimonio territorial y las vías pecuarias. Durante la presentación se abordó el papel histórico de estas rutas ganaderas y su capacidad para articular distintos territorios de la península a través de recorridos ligados tradicionalmente a los ciclos ganaderos.

La programación continuó con la intervención de Bewis de la Rosa y la sesión 'Rap Rural, artes escénicas, tradición y performance. El cuerpo como primer territorio'. La artista compartió una reflexión sobre identidad rural, memoria familiar y creación contemporánea a partir de experiencias vinculadas a los pueblos de Cuenca y Guadalajara. Durante la sesión recordó la figura de su abuelo pastor y afirmó que “estando aquí me está reconectando con esos recuerdos”.

También compartió fragmentos de Mi tierra, uno de los trabajos centrales de su proyecto artístico, donde aparecen versos como “Quiero comprender el suelo cuando sé quién soy y de dónde vienen mis abuelos” y también realizó una versión a “en crudo” de su última canción publicada Muchas Casas. La intervención reunió música, performance y relato autobiográfico en torno a experiencias marcadas por los desplazamientos entre ciudad y pueblo.

La tarde concluyó con un encuentro entre trashumantes y universitarios coordinado por Vidal Montoro, catedrático de Veterinaria de la UCLM, y que contó con la colaboración de José Miguel Rodríguez de la Fundación Los Maestros. El espacio permitió compartir experiencias relacionadas con la trashumancia actual y con las transformaciones recientes del oficio pastoril. Durante las conversaciones aparecieron cuestiones vinculadas a la mecanización del trabajo ganadero, la falta de relevo generacional y las dificultades económicas de muchas explotaciones ovinas que continúan invernando en el entorno de Viso del Marqués.

La jornada terminó con el concierto didáctico de Pelejebre Dúo, formado por Miguel Sagrado y Víctor Gallego, celebrado en el Pradillo, bajo la estatua de Álvaro de Bazán, primer señor y marqués de la villa del Viso. La actuación combinó instrumentos tradicionales castellanos con percusiones y sonoridades contemporáneas en un formato abierto al público. Durante el concierto los músicos explicaron el origen y la evolución de distintos instrumentos vinculados históricamente a la música popular y pastoril, desde gaitas serranas elaboradas antiguamente con piel de cabra hasta percusiones realizadas con tejos, huesos de animales o el imprescindible pandero cuadrado de Peñaparda.

El repertorio incorporó piezas tradicionales como 'Esta noche ha llovido, mañana hay barro', acompañada por las palmas del público, además de romances pastoriles y canciones recogidas en distintas zonas de Castilla y León y Madrid. Posteriormente se celebró una cena de convivencia entre pastores y universitarios que prolongó muchas de las conversaciones iniciadas durante las actividades formativas de la jornada.

La mañana del sábado comenzó con una sesión de mentorías coordinada por Miki Delgado, Laura Budía, María Herreros, Sergio Rubio, José An. Montero y José María Martínez Navarro. El trabajo se centró en propuestas culturales y sociales vinculadas al territorio rural, prestando especial atención a proyectos relacionados con memoria local, participación comunitaria y prácticas culturales desarrolladas en municipios rurales.

La primera conferencia de la mañana estuvo a cargo del economista Luis Antonio Sáez Pérez, vinculado a la Cátedra sobre Despoblación y Creatividad de la Diputación de Zaragoza, UNIZAR. Durante su intervención reflexionó sobre cultura, calidad de vida y modelos de desarrollo rural. Entre otras cuestiones, afirmó que “el desarrollo no es crecimiento”, una idea que sirvió para abordar cuestiones relacionadas con la turistificación, la precariedad cultural y las formas de bienestar en municipios rurales. Sáez Pérez defendió también la necesidad de reconocer el valor social de determinadas prácticas culturales y sostuvo que “solo un necio confunde valor y precio”.

Tampoco faltó en este encuentro una representación de los territorios que muchos pastores de la Serranía de Cuenca identificaban tradicionalmente como 'El Reino', denominación popular utilizada para referirse a las zonas de invernada del antiguo Reino de Valencia y parte del sureste peninsular. El geógrafo Xavier Amat Montesinos, de la Universidad de Alicante, en cuya intervención recordó los vínculos históricos entre la Serranía de Cuenca y el Levante a través de la Cañada Real Conquense que atraviesa el actual campus universitario.

Amat presentó distintas iniciativas universitarias que, en los últimos años, la Universidad de Alicante ha desarrollado distintas actividades relacionadas con la trashumancia y la Cañada Real que atraviesa el campus universitario, incluyendo jornadas sobre patrimonio pastoril, recorridos trashumantes y proyectos de divulgación vinculados al reconocimiento de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial. Durante también su intervención recordó que todavía en los años cincuenta podían verse rebaños trashumantes de la Serranía de Cuenca atravesando localidades del interior alicantino y señaló que “está habiendo una cierta sensibilización social con respecto a la trashumancia”, en referencia al creciente reconocimiento cultural e institucional de la ganadería extensiva y de las vías pecuarias tradicionales.

El encuentro concluyó en el entorno del Castillo de Calatrava la Nueva con la intervención del profesor Juan Zapata Alarcón, centrada en la relación histórica entre paisaje, patrimonio defensivo medieval y rutas ganaderas. Durante la visita explicó la importancia estratégica de las veredas en el Campo de Calatrava y desmontó algunos tópicos relacionados con las órdenes militares medievales. En uno de los momentos de la intervención señaló que “no estamos hablando de unos religiosos que se ponen la capa pluvial, dan misa, se quitan la sotana y se imaginan la espada”, en referencia a la complejidad histórica de estas instituciones fronterizas.

Trashumancias 2.6 cerró así su fase formativa e iniciará ahora una nueva etapa centrada en el desarrollo de proyectos culturales impulsados por estudiantes universitarios participantes en el programa. La iniciativa forma parte de Aula Albura, proyecto seleccionado por el Ministerio de Cultura y vinculado a distintas experiencias desarrolladas en Aragón, Castilla y León, Castilla, La Mancha y Navarra.

Las voces que claman contra el intento de abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro se escuchan estos días en Bruselas.

La Plataforma Valle Cañamares–Sierra Norte, que lleva meses luchando para parar el proyecto minero que se cierne sobre la Sierra Norte de Guadalajara, participa desde este miércoles y hasta el próximo viernes en el II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo, en el que una veintena de organizaciones de América Latina y Europa están trasladando a las instituciones europeas su “preocupación” ante los proyectos estratégicos de minería que se están planteando y la “amenaza” sobre la protección europea del agua.

Se celebra en la capital belga y en él participan líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari (la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador); del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la Unión Europea como los de Galicia, Andalucía y Extremadura.

Raúl García es la persona que representa a la plataforma guadalajareña, formada por ayuntamientos, asociaciones y vecinas y vecinos afectados por el proyecto minero de Oroberia en la Sierra Norte de Guadalajara, en este foro.

Cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que durante estos días mantendrán reuniones en el Parlamento Europeo “para trasladar nuestra preocupación ante los proyectos estratégicos de minería y la amenaza sobre la protección europea del agua”.

“Defenderemos una idea clara: la transición ecológica no puede hacerse a costa de destruir territorios rurales, acuíferos, biodiversidad y comunidades que llevan años cuidando y protegiendo la vida”, señala.

Este miércoles ya se han reunido con dos eurodiputados españoles, Ana Miranda, del Grupo de los Verdes, y Nicolás González Casares, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas. “Les hemos contado las problemáticas que tenemos cada organización. En nuestro caso, hemos denunciado que el proyecto minero que quieren empezar a hacer con las catas, en un territorio despoblado de Castilla-La Mancha, sería algo que perjudicaría el medio de vida que tenemos y no traería nada bueno ni al medioambiente ni a la comunidad”, explica Gacía.

15.000 hectáreas afectadas

El plan minero que afectaría a la Sierra Norte de Guadalajara plantea buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

Oroberia ya quitó hierro a las preocupaciones expresadas por vecinos y vecinos, en declaraciones a este medio, sobre el impacto en el territorio. Mantiene que su proyecto generará “empleo directo e indirecto” y que lo hará respetando “el entorno”. En su argumento, esgrimen también la necesidad de “autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. 

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, la propia Oroberia confirmó en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha que seguirá adelante con el proyecto y presentará una evaluación completa tal y como le han pedido desde Desarrollo Sostenible, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios.

Un problema global

Otra de las plataformas que acompaña a García dentro de este foro lucha contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, que tiene permiso para retomar su actividad y empezar a producir de nuevo en 2028, justo cuando se cumplirían 30 años del desastre ambiental que se produjo tras la rotura de la balsa de residuos.

Cristóbal López, portavoz de Ecologistas en Acción, cuenta desde Bruselas que los asistentes van a decidir líneas de actuación, establecer estrategias comunes y afrontar el problema de forma global. “La minería de metales es un problema global, no es un problema solo de Guadalajara. La misma empresa que trabaja en una zona también está en otros países. Entonces tenemos un problema transnacional y no solo local”.

Desde Ecologistas en Acción señalan que la coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, “cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia”.

Por ello, este nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, “quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE”, señalan desde la organización ecologista.

La vía verde a través del antiguo tunel ferroviario de La Engaña en los Valles Pasiegos ha pasado de medir tres kilómetros y medio a un tramo de 849 metros, según proyecta el Gobierno de Cantabria. La reducción del 77% de la superficie de senda para peatones y ciclistas es una modificación sustancial del primer proyecto. Ahora se ha convertido en una carretera convencional para tráfico de vehículos de más de cuatro kilómetros para llegar al futuro teleferico bautizado como Mirador del Pas. Solo el último tramo, casi novecientos metros, es en realidad una 'vía verde'.

Pese a ello, el consejero de Fomento del Gobierno de Cantabria, Roberto Media (PP), ha insistido en utilizar el término en su reciente visita a las obras de la carretera que -según el comunicado oficial- “es el primer paso de la gran transformación turística” del entorno del barrio de Yera, a las afueras del municipio de Vega de Pas, en dirección Burgos.

Ese día Media anunció que la vía verde estaría concluida a finales de junio. La vía, por la que circularán exclusivamente peatones y ciclistas, será solo una pequeña parte de la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo para vehículos, peatones y ciclistas. Es decir, será en esencia una carretera.

En 2018, el proyecto de vía verde contemplaba 2,6 kilómetros a través de tres tuneles y 849 metros desde un futuro aparcamiento hasta la boca norte del túnel de La Engaña. En el proyecto actual, solo queda el segundo tramo de vía verde, que ocupa el sendero posterior al histórico y abandonado tunel construido por presos republicanos, pensado en el siglo XIX para unir Cantabria con el Mediterráneo y que nunca llegó a utilizarse.

Hace ocho años, la idea era hacer exclusivamente una vía verde que arrancase directamente sobre la abandonada plataforma ferroviaria -en el barrio de Yera, a las afueras de Vega de Pas- y llegase hasta la boca norte del tunel de La Engaña. El proyecto, que no llegó a licitarse, no incluía el acceso desde la carretera al Puerto de Estaca de Trueba, como sí sucede ahora.

Así se mantuvo sin avances hasta que el Gobierno del PP solicitó a ADIF —propietario del suelo por tratarse de un trazado de ferrocarril— y a la Unión Europea, que financia la iniciativa —cambiar el enfoque del proyecto a acceso al tránsito rodado con un carril-bici-senda ciclable, obtuvo su aprobación y siguió su curso, con cuestionamientos de grupos políticos, ecologistas y colectivos sociales.

El teleférico, “la culminación”

El consejero de Fomento ha dicho que la inversión en este acceso servirá “para desarrollar todos los proyectos turísticos que tiene el Gobierno de Cantabria en esta comarca y que culminarán con el teleférico del Mirador del Pas”. Un proyecto fallido que el Ejecutivo autonómico recuperó en el verano de 2025 y que una década antes se había bautizado como 'Mirador del Pas'.

Según consta en la memoria de la carretera, en agosto de 2024, el Gobierno retomó “la voluntad de promover” un teleférico en la comarca de Vega de Pas. El nuevo diseño ubica el aparcamiento y la estación inferior junto a la boca norte del túnel El Majoral. El Gobierno de Cantabria decidía “actualizar el proyecto de rehabilitación como vía verde de la antigua plataforma del ferrocarril Santander-Mediterráneo”.

El nuevo proyecto de teleférico ha incorporado cambios de ubicación y de gestión -ahora privada- y discurrirá en paralelo a otras obras en el entorno, como una nueva carretera desde Estacas de Trueba, la reforma de la antigua estación de ferrocarril de Yera como albergue, un aparcamiento y la transformación en vía verde de parte del trazado.

En noviembre, la presidenta María José Sáenz de Buruaga aseguró que estaba ultimando el estudio de viabilidad financiera para la nueva instalación, ubicada justo encima del acceso. Seis meses después, tras pasar por su primera consulta pública en febrero, el informe de viabilidad económica aún no ha sido hecho público.

El proyecto de acceso desde la carretera autonómica ha tenido un recorrido que ha evolucionado de vía verde a “carril-bici-senda”. Un proyecto que el Gobierno ha distinguido en todo momento del proyecto del teleférico. Una desvinculación que no estaba tan clara para la formación política Podemos que llevó a la Fiscalía el acceso de la carretera por un posible fraccionamiento de obra. La denuncia fue archivada en marzo.

El actual proyecto está distribuido en tres tramos: por un lado, la mejora de una cuesta de 720 metros, exclusivo para tráfico rodado, desde el inicio en la carretera CA-631 hasta la plataforma del ferrocarril. Por otro, la segunda parte mide 2,6 kilómetros, es la más extensa y esta calificada como “carril-bici-senda”, sobre la antigua plataforma ferroviaria. Funcionará como una plataforma compartida: un acceso rodado, con un paseo para peatones y ciclistas donde según los planos consultados, en algunos túneles implicaría que los peatones no podrán transitar por dentro y construirán un paso peatonal de pista, con vallado de madera, a un costado de la senda principal.

El último tramo es lo que queda de vía verde, para peatones y para ciclistas, pasando por el último de los cuatro túneles de La Engaña: el túnel del Majoral, lo que será la antesala de la estación inferior del teleférico 'Mirador del Pas', si sale adelante.

En Las Majadas, todo el mundo está encantado con Kiara. “Las mujeres mayores enseguida me dicen que se la deje un ratito”, cuenta su madre, Verónica Fernández. La pequeña tiene dos años y medio, empezó a caminar hace poco y en el pueblo ya la conocen todos.

La familia llegó desde Valencia a esta localidad conquense de apenas 200 habitantes hace poco más de un año, después de dejar atrás una vida condicionada por un diagnóstico médico inesperado y un negocio arrasado por la dana en octubre de 2024, justo cuando estaban a punto de abrir. Todos esos factores se sumaron para que tanto Verónica como su marido, Juan Armada, decidieran hacer las maletas para abrir El Rincón de Kiara, una tienda de productos locales y artesanía en plena Serranía de Cuenca.

La idea de cambiar de vida había empezado antes. Juan, de 42 años, había trabajado como albañil y después pasó trece años en la UME, pero un accidente truncó aquella etapa. “Me pusieron titanio en las dos piernas y perdí las aptitudes psicofísicas para el desempeño de mis funciones”, recuerda. Por su parte, Verónica, de 35, trabajaba desde hacía más de una década en una fábrica de alimentación cárnica, donde llegó a ser encargada de línea.

Pero la pareja tenía claro que quería cambiar de vida, un anhelo que se incrementó tras el diagnóstico de Kiara. Con cuatro meses de vida, a la pequeña le detectaron amaurosis congénita de Leber, una enfermedad rara que provoca ceguera.

La dana arrasó con el camping que iban a abrir en Cheste

Fue entonces cuando se animaron a realizar un cambio de rumbo y montaron un camping en Cheste. Lo tenían prácticamente listo para abrir justo antes de las carreras de motociclismo que se iban a celebrar en noviembre de 2024, pero, el mes anterior, llegó la dana que inundó Valencia. “Arrasó con todo lo que teníamos preparado. Estaba listo para abrir”, recuerda Verónica. El agua destruyó el camping y también afectó a parte de su vivienda. “Fue la gota que colmó el vaso”, resume Juan. Esa circunstancia, sumada al diagnóstico de Kiara, fue la que les dio el impulso definitivo.

“Pensamos que allí había mucho ruido, mucha masificación”, recuerda Verónica sobre la vida que tenían en Valencia. El matrimonio consideró que se trataba de un ambiente poco acogedor para criar a una hija con ceguera, en la que el sentido del oído va a jugar un papel fundamental a la hora de relacionarse con el entorno. Por eso, la familia decidió apostar por un lugar “más tranquilo y natural, donde ella pudiera pasear tranquilamente y nosotros estuviéramos seguros de que todo el mundo la iba a conocer”, afirma la madre.

Encontraron ese lugar en la Serranía de Cuenca, donde se instalaron en febrero del año pasado. Primero estuvieron trabajando en unos alojamientos rurales de El Hosquillo y después apareció la oportunidad de instalarse en Las Majadas, donde inauguraron El Rincón de Kiara justo el 30 de octubre, día en que la pequeña cumplió dos años.

Así nació la tienda que hoy gestionan. Se trata de un pequeño supermercado donde venden quesos, embutidos, infusiones artesanas, jabones naturales y velas de cera de abeja, entre otros productos. También tienen un pequeño rincón con productos valencianos, para tener siempre presentes sus raíces. “Apostamos mucho por lo artesano y por los productos naturales, que desgraciadamente cada vez quedan menos”, explica Verónica.

Con el tiempo han aprendido a hacer pan y magdalenas en un horno de leña tradicional que ya existía en la nave. Su 'profesora' fue una panadera de la zona que iba a dejar el oficio por motivos de salud, por lo que Verónica y Juan decidieron tomar el relevo para que el pueblo no perdiera el servicio. Ahora reciben clientes de otros municipios que llegan buscando los productos de su obrador, “porque les han dicho que hacemos unas magdalenas y un pan estupendo”, presume Verónica, que asegura que eso les “inspira” a seguir hacia adelante.

Aparte de a vecinos y vecinas, El rincón de Kiara también recibe a turistas que llegan atraídos por los encantos de esta zona, ya que la mayoría visitan el entorno natural, pero apenas encontraban comercios con gastronomía o artesanía local.

A pesar de que no todo es idílico -no tienen en Las Majadas más familia aparte de ellos tres y los inviernos son duros- los padres de Kiara tienen la sensación de haber encontrado un lugar donde su hija puede crecer de otra manera.

“Kiara necesita escuchar para saber, para ver”, explica su madre. “Su vista entra por los oídos y por el tacto”. En el campo escucha el agua, el aire o los animales. Y eso, dice, cambia completamente su relación con el entorno. “Kiara puede ver la naturaleza aunque no tenga visión”.

La niña todavía no tiene un diagnóstico definitivo sobre el grado exacto de visión que conserva. Sus padres creen que aprecia cambios de luz, aunque las pruebas aún no son concluyentes. Mientras tanto, se mueve sin miedo. “Los vecinos alucinan porque no parece que no vea”, cuenta Verónica. “Es tan aventurera y tirada para adelante que no hay nada que la frene”.

Y a pesar de los prejuicios que recaen a menudo sobre las zonas rurales, Verónica y Juan explican que su hija está bien atendida y que no les faltan servicios. “Hay mucha gente que cree que aquí estás desatendido, pero tenemos escuelas, transporte y médicos. No nos hace falta nada”, aseguran. Kiara acude a un CRA, un colegio rural agrupado, donde comparte clase con solo seis niños. “En Valencia habría estado en un aula con treinta alumnos”, asegura Verónica, que también pone en valor la labor de la ONCE, que trabaja con Kiara dos días a la semana. “Es un trato mucho más familiar y personalizado”.

Hay mucha gente que cree que aquí estás desatendido, pero tenemos escuelas, transporte y médicos. No nos hace falta nada

Así que la familia mira al futuro y se sigue viendo en Las Majadas. Por eso, quieren que El Rincón de Kiara siga creciendo y vaya a más. Ya planean la apertura de una página web para vender productos artesanos. Y quieren también que su historia sirva para otras familias que atraviesan situaciones parecidas. “No se frena la vida con un caso así”, dice Verónica. “Al contrario. Siempre hay una salida para todo”.

La Asamblea General de Cuenca Ahora, celebrada este sábado en Cuenca, ha aprobado por unanimidad la concurrencia de la formación a las elecciones municipales y autonómicas de 2027 como una alternativa política “municipalista, provincialista y centrada en la defensa de los intereses de la provincia”.

Durante la reunión, en la que participaron representantes y afiliados de distintos puntos del territorio conquense tanto de manera presencial como telemática, la organización defendió la necesidad de construir un proyecto político “arraigado en los pueblos, útil para la ciudadanía y capaz de aglutinar sensibilidades diversas bajo un objetivo común: garantizar el futuro de la provincia de Cuenca”.

La asamblea sirvió también para hacer balance del trabajo desarrollado durante el último año, marcado por la participación activa de Cuenca Ahora en distintos conflictos y reivindicaciones territoriales, como la defensa del ferrocarril convencional, las movilizaciones contra determinados proyectos de biogás o las reivindicaciones vinculadas a los servicios públicos y la lucha contra la despoblación.

Apuestan por fortalecer la estructura comeral de la formación

Uno de los principales acuerdos de la jornada fue continuar fortaleciendo la estructura comarcal de la organización, entendida como una herramienta para reforzar la presencia política y social de Cuenca Ahora en todo el territorio provincial. En este sentido, se resaltó el trabajo realizado en diferentes zonas de la provincia y la necesidad de coordinar esfuerzos entre colectivos, plataformas vecinales y representantes independientes que comparten una visión común de defensa del territorio.

Desde la organización se insistió en que Cuenca Ahora quiere convertirse en “un paraguas amplio de defensa provincial”, capaz de canalizar demandas sociales y problemáticas locales desde una perspectiva claramente conquensista. La formación considera que existe un espacio político “huérfano” entre la ciudadanía de la provincia y apuesta por construir una alternativa que priorice las necesidades reales de los municipios frente a las dinámicas partidistas tradicionales.

Asimismo, durante la Asamblea se renovaron por unanimidad los cargos del Consejo Provincial, con David Cardeñosa como coordinador del movimiento a nivel provincial, así como Milagros Herreros al frente de la representación por Cuenca en el órgano del E20 de la Revuelta de la España Vaciada, y se acordó incorporar representación de Enguídanos al órgano de dirección de la formación.

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria ha convocado de nuevo unas ayudas destinadas a facilitar la organización de “espectáculos” taurinos en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento de la comunidad autónoma, ligando por tercer año consecutivo estas subvenciones para las entidades locales en los supuestos beneficios para fijar población en el ámbito rural.

La orden reguladora y el extracto de convocatoria se han publicado este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y las ayudas cuentan en este próximo ejercicio con un presupuesto de 41.000 euros. La consejera, Isabel Urrutia (PP), ha defendido “el alcance de los eventos taurinos en el mundo rural como recurso dinamizador de la vida económica y social de estos lugares”. Al mismo tiempo, ha resaltado “la importancia del fomento de estas actividades para promover el acercamiento de la tauromaquia en todo el territorio como una parte más de nuestro patrimonio cultural”.

En un comunicado, Urrutia ha apuntado que el año pasado el Gobierno subvencionó espectáculos taurinos en cuatro municipios -Pesaguero, Tudanca, Rasines y Bárcena de Pie de Concha-, que, a su juicio, “permitieron poner a esos ayuntamientos en el foco del mundo taurino”. En el caso de Pesaguero, con una población de 400 habitantes, acudieron a este espectáculo unos 1.800 aficionados, según las cifras aportadas por el Ejecutivo del PP.

“Ayudamos con pequeñas ayudas a luchar contra el despoblamiento y poner en el mapa a estos municipios, muchos de ellos con una gran tradición de la tauromaquia. Las ayudas están cumpliendo su objetivo”, ha subrayado la titular de Presidencia.

Convocatoria de ayudas

Según el anuncio publicado en el BOC, las subvenciones van dirigidas a “la organización de festejos y espectáculos taurinos en estos municipios como elementos dinamizadores de la vida social y económica”.

La cuantía de las subvenciones, que podrán alcanzar el 90% del gasto proyectado, prevé un límite máximo de 14.500 euros para corridas o rejoneo de toros, 10.000 euros para novilladas con picadores o rejoneo de novillos, 6.000 euros para novilladas sin picadores, becerradas o festivales, y 2.000 euros para espectáculos o festejos taurinos populares.

Como gastos subvencionables se incluyen la impresión, publicidad y difusión de los festejos taurinos; la contratación de servicios específicos para el desarrollo de los festejos, como limpieza, mantenimiento o seguridad, y gastos directamente relacionados con la organización y realización de eventos, como el alquiler de plazas de toros portátiles, contratación de profesionales taurinos, seguros de suscripción obligatoria para la celebración de festejos y compra de reses bravas.

Para adjudicar estas ayudas, el Gobierno tendrá en cuenta la clasificación del municipio como en riesgo grave de despoblamiento o de tratamiento especial y diferenciado por este mismo motivo, y también el tipo de espectáculo o festejo taurino. El plazo de presentación de solicitudes y documentación correspondiente será de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOC.

Marina Sainz de la Maza tiene 26 años y es técnica en desarrollo rural. Trabaja de lo suyo, con contratos parciales, y también de camarera. Entre Vega de Pas y Selaya, en los Valles Pasiegos. “Soy de ahí y vivo ahí, entre los dos pueblos, desde siempre”. Es la presidenta de la asociación juvenil La Velorta, creada en 2020 para la protección del territorio. La agrupación arrancó contra los parques eólicos en Cantabria y después como un actor más que participa del debate político, como contra el proyecto de teleférico del Gobierno de Cantabria en su comarca, que califica como “proyecto extractivista” porque “exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados”.

Habla rápido, responde concreta y cuando no tiene el dato, admite tranquila que lo desconoce. Sainz de La Maza acaba de participar en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga de Torrelavega, que lleva más de 30 años planteando temas críticos de actualidad cántabra desde la capital del Besaya. Lo ha hecho con una charla que cuestiona el proyecto del teleférico 'Mirador del Pas', contra el que también ha presentado alegaciones con La Velorta. Esta joven no se esconde: “Mis padres son ganaderos y tienen dos casas rurales”, dice, pero responsabiliza a las administraciones de un cambio en su comarca que quiere evitar: “Yo no juzgo a las personas en individual que tienen casas rurales, pero políticamente no se pueden beneficiar a unos pocos, porque mis vecinos no se van a poder comprar una casa en los próximos años”.

¿Qué significa 'velorta' y qué sentido le da a su asociación?

La velorta es una herramienta y técnica agraria de los Valles Pasiegos con una gran carga cultural, porque es una práctica que implicaba a toda la comunidad. Esta labor involucraba a varias familias bajo una dinámica de trabajo comunal: si hoy se trabajaba en una casa, se daba por sentado que al día siguiente se haría en la otra. Debido a su extrema dureza física, esta actividad funcionaba como un baremo social para evaluar a los jóvenes, determinando si valían o no para 'vilurtiar', que es el verbo correcto en pasiego para referirse a esta técnica. La asociación La Velorta funciona de manera informal, sin personal contratado y organizándonos según la disponibilidad de tiempo de un grupo de unos nueve amigos, principalmente del Valle de Carriedo. Nos basamos en la voluntariedad, por lo que la implicación de los miembros puede variar de un año a otro. Trabajamos por proyectos con el objetivo de viabilizar las inquietudes de otros jóvenes, abriendo las puertas a cualquier iniciativa que quieran desarrollar. A través de cursos, charlas y campamentos, buscamos sumar personas para que, en nuestros procesos de incidencia política, seamos una representación sólida de la voz de nuestros ciento y pico socios.

¿Los socios de La Velorta son gente joven?

Hay voces muy diversas porque la realidad de los pueblos es que no hay tanta gente joven y que la gente joven no es la que más se suele implicar, no es todo tan idílico.

La Velorta arrancó con el auge de los parques eólicos, ¿cómo fue?

En un principio, nosotras no estábamos involucradas en estos temas, aunque no estuviéramos totalmente despolitizadas. Todo cambió en 2020 con los proyectos eólicos, al ver los planes de expropiación que amenazaban nuestras casas y el patrimonio por el que nuestras familias siempre han luchado. Desde entonces, nuestra implicación y alerta han sido máximas, algo que se refuerza con la reciente aprobación del Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en Cantabria. Siempre sostuvimos que los eólicos eran solo la punta del iceberg de un sistema extractivista en la región. Somos una zona poco explotada, especialmente en los Valles Pasiegos, cuyos suelos resultan muy atractivos para la especulación, la urbanización, la turistificación y la industria sin sentido. Nuestro objetivo principal es custodiar esas montañas y garantizar que sigan siendo suelo agropecuario para uso ganadero. El teleférico es uno de esos tantos proyectos que cambiaría el modelo económico y el uso del suelo, afectando directamente a la protección del territorio. Nosotros no estamos en contra del turismo por sí mismo, sino en contra de modelos absurdos, como el modelo turístico que se está proponiendo en este proyecto del teleférico.

¿Qué es un modelo extractivista y de qué manera se traduce en el caso del proyecto de teleferico 'Mirador del Pas'?

Es un modelo que explota los recursos de un lugar sin dejar beneficios reales en la comunidad local, favoreciendo a agentes externos privilegiados. En este proyecto, se traduce en un fuerte impacto ambiental en zonas de especial conservación y en el consumo de recursos básicos sin generar empleo digno, limitándose a un turismo de paso que consume el paisaje y la cultura de forma superficial. Este tipo de turismo se caracteriza por ser superficial, donde los visitantes a menudo solo buscan la fotografía para redes sociales sin tener una voluntad real de protección del territorio. Al final, este modelo acaba “exprimiendo” y rompiendo la cultura local y el tejido social, convirtiendo tradiciones y oficios en un mero espectáculo de consumo rápido que no aporta estabilidad a quienes viven en el valle todo el año.

En la charla que ha dado en la Semana de la Ecología del Barrio Covadonga ha dicho que construir un teleférico es repetir un modelo fallido del siglo XX. ¿Por qué lo considera un modelo fallido?

La incorporación de teleféricos como planes de desarrollo para los pueblos de montaña es muy típico del siglo XX. Aquí tenemos la experiencia de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que ha trabajado mucho en la defensa del territorio; ellos ya lucharon en el pasado contra propuestas de muchísimos teleféricos por toda la región. Por eso hablamos de un modelo fallido y repetido: esos proyectos han demostrado que no tienen capacidad para fijar población ni para generar un tejido económico y social estable. No han conseguido ese supuesto objetivo, como se ve en el caso de Fuente Dé, que fue instalado en los años 60 y los datos de decrecimiento poblacional de Camaleño —municipio al que pertenece Fuente Dé— muestran que ha seguido la tónica estrepitosa del resto de pueblos aislados de España. Por supuesto, el declive no ha sido causado por el teleférico, pero este demuestra que no ha tenido capacidad para fijar a la población. El problema es que este tipo de inversiones sustituyen a otras que quizás sí podrían ayudar a que la gente se quede en el territorio. Son modelos que que ponen como por delante una infraestructura gigante, pero, en este momento de la historia, no es infraestructura lo que nos falta principalmente en los pueblos, sino inversiones y planes que dinamicen estas zonas. En la Vega de Pas no hace falta una infraestructura para que vengan más turistas, el pueblo ya se llena en verano. Cuando digo infraestructuras que no tienen sentido, me refiero también a marcos para hacer fotos, columpios gigantes, el parque del Cuaternario de Dobra, o teleféricos, que no son necesarios porque Cantabria no necesita reclamos. Los flujos de turismo nacionales e internacionales ya están demostrando que Cantabria es un destino elegido, es innegable.

En España hay una decena de teleféricos, en su mayoría con varias décadas, ¿por qué cree que el Gobierno de Cantabria quiere dos teleféricos?

Este es el tema y la pregunta principal que criticamos. Todo lo que hacemos para el desarrollo tiene un impacto, como ocurre con el transporte público. Y aquí hablo por mí, incluso más que por La Velorta: si el impacto de este teleférico repercutiera en oportunidades reales para la Vega de Pas, yo —como vecina de los Valles Pasiegos que ha vivido tres años en La Vega y cuyos abuelos han trabajado esas tierras toda su vida— estaría dispuesta a sacrificar el impacto de la instalación por el desarrollo del pueblo. Lo haría si hubiera datos que nos hicieran pensar que esto va a salvar a la Vega de Pas del despoblamiento, pero está claramente demostrado que no. El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos. Esto figura en las 60 alegaciones que hemos presentado.

El proyecto que han presentado para instalar un teleférico en Vega de Pas es absolutamente fraudulento e ilegal, independientemente de que nos guste más o menos

Nada menos que 60 alegaciones... ¿A qué se oponen del teleférico 'Mirador del Pas?

Llamamos a todo esto un proyecto sospechoso porque parece haber una intención de hacerlo a toda costa sin valorar primero si es viable. Los tres argumentos principales de gran peso son, primero, que no han presentado un informe económico. Te mandan presentar un informe financiero hasta para montar una panadería, una quesería o una ganadería; si pides una subvención, te exigen un modelo económico. Para una inversión teóricamente privada de 23 millones de euros en suelo público, lo mínimo sería presentar un informe para asegurar la rentabilidad del teleférico y que los impactos estén compensados. Además, la ley ambiental lo exige: por ley tendría que haber un informe económico y no lo hay en todo el proyecto. No podemos responder por qué no existe, y eso es lo que nos hace pensar que es sospechoso. Por otra parte, esa viabilidad abstracta de la que hablan se basa en la afluencia de turistas. El proyecto pronostica unos 290.000 visitantes anuales, con una estimación de 2.000 personas diarias en verano. Serían más de los que recibe ahora mismo toda la comarca de Valles Pasiegos —17.942 visitantes recibió la comarca en total, entre julio y agosto de 2025, según el ICANE—. El Gobierno de Cantabria está diciendo que un teleférico en la Vega de Pas va a traer el mismo turismo que toda la comarca. Esos datos no se pueden presentar como reales sin ningún fundamento, porque están sacados de ninguna parte; es una estimación inventada que no se justifica en el proyecto, a pesar de ser la base de su viabilidad económica. El tercer argumento que cuestionamos es el modelo de concesión, que tampoco nos hace entender por qué hay tanto interés en este teleférico. El teleférico de Fuente Dé está gestionado por Cantur, una sociedad mercantil pública. Si ese modelo funciona correctamente, no entendemos por qué el de la Vega de Pas se plantea con una inversión privada bajo una forma legal muy extraña. Al ser un proyecto del Gobierno de Cantabria gestionado por Cantur, el modelo concesional tendría que parar ahí. ¿Qué ha pasado con el modelo de Cabárceno? Ha tenido pérdidas. Si un teleférico en Cabárceno no es rentable, ¿qué pérdidas no tendrá uno en Vega de Pas? Otra parte ilegal que han hecho ha sido que no han contado con un informe intercomunidad, porque este proyecto compete también a Castilla y León, donde varios colectivos han presentado sus alegaciones, porque no se le ha consultado y tienen que aprobarlo conjuntamente con Castilla y León.

¿Es comparable el proyecto en Valles Pasiegos con el de Fuente Dé?

Fuente Dé está en Picos de Europa; es un lugar en el que tienes todo tipo de rutas y actividades deportivas. Al 'Mirador del Pas' llegas a una explanada donde no hay más montaña a la que ascender, en una zona en la que no hay actividades deportivas. Tienes el Castro Valnera al lado, pero no es una forma coherente de conectar desde donde llega el teleférico. Es una zona que, por una climatología muy concreta que tienen los Valles Pasiegos, está muy condicionada por el macizo de Castro Valnera, se encuentra casi en una niebla perpetua incluso en los días de verano, pero el clima no se contempla en la parte económica. Además, el teleférico asciende hasta el mirador de Estacas de Trueba, que es un lugar al que se puede llegar en coche de forma gratuita, frente a los 33 euros de entrada que se propone para 'Mirador del Pas'.

Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en La Vega de Pas. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000

Está en contra del proyecto, pero tras analizarlo, ¿cuál es el beneficio económico que reconocería en el teleférico para los Valles Pasiegos y quiénes se beneficiarían?

Es un punto controvertido porque este teleférico no atraería gente en otros momentos del año, fuera del verano, Semana Santa o el puente del Pilar. A qué bares van a acudir los turistas y a qué restaurantes, si los restaurantes ya están saturados. No sabemos si hay alguien que abrirá nuevos restaurantes y ¿de qué van a vivir esos emprendedores el resto del año? Entendemos que el rendimiento económico vendría si se hacen casas rurales. ¿a quién se va a beneficiar? Ya estamos viendo inversiones de gente que se compra 10 casas rurales y que no vive en el pueblo. El modelo extractivista exprime los recursos locales sin dejar una repercusión positiva, beneficiando únicamente a terceros privilegiados. Este proyecto presiona recursos básicos como el agua potable, que es inexistente en más del 80% del municipio de la Vega de Pas, donde el Ayuntamiento incluso prohíbe su consumo mediante bandos oficiales por no ser apta. Resulta indignante que la primera instalación de agua en 20 años se proyecte para dar servicio a un albergue privado vinculado al teleférico, mientras los barrios siguen desatendidos. A diferencia de la ganadería extensiva, el turismo masivo no genera puestos de trabajo dignos ni ayuda a fijar población de forma estable. La ganadería es la verdadera alternativa porque custodia las montañas y previene incendios. El proyecto del teleférico es sospechoso al carecer de un informe económico legal y esta infraestructura fomenta un modelo de consumo superficial. Es inaceptable que se invierta dinero público en accesos y parkings para una empresa privada mientras la especulación inmobiliaria expulsa a los jóvenes. Cabañas que hace 25 años valían 8.000 euros hoy se venden por 90.000 o 100.000 euros en estado ruinoso, e incluso se ofrecen lotes de 20 cabañas por un millón de euros. Con alquileres de 500 euros y entradas de compra de 40.000 euros, los locales no pueden competir contra los fondos de inversión. Debemos apostar por la diversificación de oficios locales y no permitir que se sacrifique el patrimonio del valle por el lucro de unos pocos.

En Carbarceno ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público

¿Qué beneficios detecta La Velorta en la concesión a un privado de la gestión del futuro teleférico?

En primer lugar, el canon de 100.000 euros no está muy bien definido; no se sabe qué pasará si no tienen rentabilidad o si tendrán que seguir pagándolo. Parece bastante claro qué empresa será porque el Gobierno la sigue mencionando en las entrevistas, destacando la buena experiencia en Cabárceno. Allí ya tenemos un ejemplo de lo que sucede: ha habido pérdidas y se han compensado con dinero público; ellos no van a perder dinero bajo ningún concepto, eso está claro. Lo que nos preocupa no se puede decir tan claramente porque no hay pruebas por escrito. El problema de que su informe económico sea ilegal y no incluya previsiones ante pérdidas es que no podemos demostrar lo que decimos, porque ellos no han declarado qué van a hacer. Como no han dicho qué pasará si hay pérdidas y han fingido que no las habrá...

Dice que en el proyecto han fingido que no habrá pérdidas...

Es objetivamente muy desmontable: no pueden asegurar que no va a haber pérdidas. ¿Qué va a pasar en este caso? En el anteproyecto tienen que presentar las alternativas de ubicación; han presentado tres y en las tres no se justifica por qué las eligen. Y luego, la alternativa cero, que implica la opción de no construir el proyecto y que es obligatoria también por la ley ambiental, no está desarrollada, no se ha evaluado cómo serían las implicaciones de no hacerlo.

¿Cuál diría que es el sentir de la población en los Valles Pasiegos respecto al teleférico? ¿Comparten este rechazo de La Velorta?

Nosotros no tenemos el objetivo de representar solo a la Vega de Pas, porque señalamos con mucho hincapié que este es un proyecto en el que ya se han invertido 3,7 millones de euros de dinero público en fraude de ley. En el momento en el que se compromete suelo y dinero público y se perfila un modelo económico para Cantabria, el tema ya no compete solo a la Vega de Pas. Los turistas no aparecen por arte de magia; para llegar, tienen que pasar por Santander, Torrelavega, Corvera de Toranzo, Renedo, Selaya o Villacarriedo.

Pero el proyecto, según el Gobierno de Cantabria, buscaría fijar población...

Sí. Evidentemente la gente de la Vega además es la que más tiene que decir. La realidad de lo que pasa en la Vega es la siguiente: este teleférico se lleva hablando de él más de 15 años. La gente no es algo que tenga muy en su pensamiento. Hay una parte de la gente que lo ve positivo porque, aunque lo ven como un horror, sienten que es la única cosa que les va a salvar. Esto son palabras textuales de una vecina: “Yo sé que el turismo nos va a destruir, pero si es lo último a lo que nos podemos agarrar para sobrevivir, yo lo quiero”. Luego hay otro tipo de gente que al principio estaba de acuerdo, pero cuando ha escuchado de qué consiste, se les han encendido las alarmas. Luego, esta es la parte más triste para mí, que es que tristemente la gente de la Vega de Pas y de otros sitios nos da las gracias por teléfono, pero no vinieron a la manifestación que hicimos contra el teleférico. ¿Por qué nadie organiza firmas a favor del teleférico? ¿Por qué el alcalde no recoge firmas de sus vecinos que están a favor? Porque no es cierto que haya ese apoyo respecto a ese proyecto. Existe una mezcla de desinformación, escepticismo tras años de promesas, y miedo. Además, hay un temor real a represalias sociales o administrativas por parte de la Alcaldía porque hace una gestión arbitraria en asuntos vitales como los accesos al agua.

¿Qué propone La Velorta para fijar población?

Hablamos de un contexto de aislacionismo grande, hablamos de un terreno muy complicado que no da mucha cabida a otras actividades como la cultura... Este es nuestro principal punto, pero también creemos que en torno a eso se desarrollan otras actividades económicas como es transformación de productos, también tendrá que haber una parte de oficios: no hay mecánicos, no hay electricistas, no hay carpinteros... Es que no es como proponer un cambio concreto para Valles Pasiegos porque probablemente va a ser muy parecido a un pueblo de Ávila o de Extremadura. Habría que cambiar, diversificar los modelos, por supuesto. Y claro, esto implica, contratar al carpintero de tu pueblo y comprar lechugas a tu vecino. Te puedo decir que no hay ganadero de Selaya que compre queso o yogures que producen sus vecinos. Que haya turismo, pero no como único modelo.

¿Hay gente que opina que es naif pensar que el teleférico no promovería el impulso turístico de la zona?

Nosotros enfocamos el turismo de forma sostenible; no podemos depender tanto de un sector que representa una cantidad alarmante del PIB en Cantabria. Este modelo genera beneficios para unos pocos, pero crea condiciones de vida inviables para otros, algo ya demostrado en sitios como Canarias o Baleares. En Vega de Pas, la especulación hace que los jóvenes no compren casa aunque tengan trabajo. No juzgo individualmente a quien busca rentabilidad, como antiguos ganaderos o mis propios padres, que tienen sus dos casas rurales, pero políticamente no se puede beneficiar a una minoría sobre el bien común. Con alquileres de 500 euros y entradas de 40.000, quienes no hereden una vivienda acaban siendo expulsados del territorio.

Teóricamente, el teleferico generaría entre 15 y 20 empleados directos y en su mayoría serían indirectos. ¿Qué viabilidad ve dejarlo todo en manos de los negocios que se puedan crear alrededor del proyecto?

No entiendo cómo tenemos que rebatir nosotros un dato inventado, que me digan en qué se ha fundamentado para para decir eso. No te puedo responder porque es que es una cosa totalmente aleatoria.

Se está construyendo un acceso al túnel de la Engaña. Hace unos años iba a ser una vía verde. El consejero de Fomento, Roberto Media, defiende que no tiene nada que ver ese acceso con el teleférico. ¿Cómo lo interpreta usted?

Lo interpreto como un insulto. Es inexplicable que el proyecto ahora cueste 23 millones de euros cuando en el anterior proyecto, con una dificultad técnica mucho mayor al plantearse subir al Castro Valnera, se presupuestó en 14 millones. Nos preguntamos en qué se basa ese aumento de 9 millones cuando el coste técnico debería haber disminuido. Además, denunciamos la fragmentación del proyecto, un motivo similar al que usó el MITECO para paralizar el polígono eólico de El Escudo. El acceso se licitó inicialmente por unos 970.000 euros, pero se paralizó para incluir asfaltado y aparcamientos, elevando el coste a 3,7 millones de dinero público. Resulta ridículo tener que justificar que esa vía es el acceso al teleférico cuando la carretera y el parking terminan exactamente en su base. No tiene sentido asfaltar un camino hacia unas ruinas donde no hay nada, y ellos mismos se contradicen en entrevistas informales al admitir su verdadera función. Son ellos quienes deberían justificar por qué gastan dinero público en una infraestructura que claramente sirve a un interés privado

Almonacid del Marquesado acogerá esta sesión, que se iniciará con un bloque académico en el Monasterio de Uclés y continuará por la tarde con una jornada abierta al público en el Museo de La Endiablada y un concierto en el Salón Municipal. La iniciativa forma parte del itinerario formativo impulsado por la Cátedra UCLM–Diputación de Cuenca de Oportunidades frente al Reto Demográfico, en el marco de Aula Albura, y mantiene su enfoque de trasladar el aprendizaje al territorio y conectar a los participantes con prácticas culturales vinculadas al medio rural .

La jornada académica a partir de las 10:00 horas, la profesora Carmen Vázquez Varela ofrecerá la ponencia “La trashumancia, una visión interdisciplinar”, en la que abordará esta práctica desde la perspectiva del territorio, la cultura y el desarrollo rural. A las 11:00 horas, la artista visual y gestora cultural Ana Yedros impartirá la conferencia “De la idea al proyecto. Del proyecto a la realidad”, centrada en los procesos de creación cultural en contextos rurales. La sesión de la mañana concluirá a las 12:00 horas con un espacio de mentorías de proyectos dirigido a los participantes del programa, en el que intervendrán Laura Budia, José An. Montero, José María Martínez Navarro y María Herreros, ofreciendo acompañamiento en el desarrollo de propuestas vinculadas al territorio.

Por la tarde, la actividad se trasladará al Museo de La Endiablada de Almonacid del Marquesado con una jornada abierta al público, de acceso libre hasta completar aforo. A las 17:00 horas tendrá lugar la inauguración institucional con la participación de Álvaro Martínez Chana, presidente de la Diputación de Cuenca, y Carmen Vázquez Varela, en representación de la Cátedra.

El programa continuará con dos conferencias centradas en la dimensión cultural y vivencial de la trashumancia. A las 17:30 horas, el catedrático Martín Muelas Herráiz ofrecerá la ponencia “El pastor como personaje literario y cultural”, en la que analizará la presencia del mundo pastoril en la tradición literaria. A continuación, a las 18:15 horas, Vicente Caja Real, pastor y alcalde de Buenache de la Sierra, compartirá su experiencia en la conferencia “Vivencias de un trashumante”, aportando una visión directa desde la práctica.

La jornada concluirá con una propuesta musical en el Salón Municipal de Almonacid del Marquesado, también de acceso libre. A las 19:30 horas, el músico e investigador Carlos Herrero presentará “Trashumante”, un proyecto que explora los sonidos, ritmos e instrumentos asociados a la trashumancia en la península ibérica, integrando tradición oral y creación contemporánea en un mismo discurso artístico. Un concierto gratuito y abierto al público en general.

Trashumancias 2.6 continúa así su desarrollo como un laboratorio de prácticas culturales en el medio rural, donde formación, investigación y creación se articulan en diálogo con el territorio. A lo largo de este itinerario, los participantes desarrollan proyectos vinculados a la cultura trashumante que tendrán continuidad en las siguientes fases del programa ya bajo la denominación de Aula Albura, reforzando el vínculo entre conocimiento académico y acción cultural situada

En Setiles se niegan a que la vida se concentre solo en unas pocas semanas al año. En este pequeño municipio de la provincia de Guadalajara, sus calles se llenan de vida y bullicio durante los meses de verano, pero quedaban condenadas al silencio y la rutina fuera de la temporada estival.

Y es que más de un millar de personas se congregan en las calles de Setiles durante el estío. Pero, fuera de esas fechas, la ausencia de vida social y la monotonía se convierten en habituales para los apenas sesenta habitantes que permanecen en el pueblo, en una realidad que comparte con otros pueblos de la España Vaciada. Sin tienda, ni panadería ni otros servicios, lo único que ofrecía una alternativa de ocio era el bar. Y fue, precisamente, en ese local donde surgió un proyecto para darle la vuelta a esa situación.

“Que Setiles tenga vida más allá de verano”, fue la idea sobre la que debatieron aquel día Rocío, Raquel, Natalia, Bea, Noelia y Silvia. Un pensamiento que se materializó casi de forma inmediata en la asociación cultural Tierra de Girasoles. “Esa misma tarde fuimos a hablar con el alcalde para ver qué pasos teníamos que seguir para hacerlo oficial”, cuenta Raquel, una de las implicadas.

Generar lazos en el pueblo

“Hay mucha gente que vive en Guadalajara, Madrid, Valencia o Zaragoza, que son ciudades que están cerca y que para un fin de semana vale la pena venir al pueblo. Pero sin actividades, sin espacios públicos donde estar aparte del bar, pues echa para atrás. Si haces actividades, la gente se anima a venir”, explica Silvia, otra de las impulsoras de la asociación, quien, a diferencia de las demás, sí reside en Setiles de forma estable durante todo el año tras volver al pueblo hace cinco inviernos con su marido y tres hijos, procedentes de Sabadell.

Las promotoras también señalan la necesidad de generar lazos entre las personas que acuden al pueblo. “Hay gente que solo va por los niños, pero que no llega a establecer amistades. Y nosotras queremos hacerles participar, que se sientan parte del pueblo. Y que la gente que no va tenga un motivo para ir”, afirma Natalia. En esa línea, también buscan abrir las actividades a vecinos de localidades cercanas: “Cuantos más seamos, mejor. No es solo nuestro pueblo, queremos que vengan los de alrededor”.

Todos estos ideales se concretaron en una primera actividad realizada el pasado 17 de enero. Coincidiendo con la festividad de San Antón, la asociación organizó una hoguera y cena que ya reunió a 60 personas. A esa actividad le siguió en febrero la fiesta de ‘las merendillas’, una tradición popular de Carnaval que consistía en salir al campo y cocinar ‘rancho’. La última fue este pasado 21 de marzo celebraron la fiesta de la primavera con una tradicional calçotada catalana.

Recuperar esas tradiciones es, precisamente, uno de los pilares del proyecto: “La idea es que cada actividad tenga un vínculo con lo que se hacía antes en el pueblo”, explican.

De momento, todos los costes corren de su cuenta. Entre los socios de la asociación y empresas del pueblo se organizan para ir cubriendo las necesidades materiales que puedan requerir las actividades. “Vamos aportando lo que podemos hasta que tengamos unos cuantos socios con los que tener un dinero del que ir tirando”, relata Natalia.

Actualmente, la asociación cuanta con más de 60 socios y se plantea por objetivo a corto plazo hacer una actividad mensual. Pero más allá de los números, destacan el ambiente generado: “Todo el mundo colabora. Nadie va a mesa puesta. La gente viene a ayudar, a cortar leña, a preparar las cosas…”.

Planes de futuro

Al preguntarles por el futuro, a las impulsoras se les disparan las ideas.

Entre los proyectos que la asociación se plantea llevar a cabo están la creación de una pequeña ludoteca para que los niños puedan jugar en invierno, recuperar la biblioteca e incluso lograr llevar al pueblo un servicio de autobús o una pequeña tienda para las necesidades del día a día. Incluso un servicio de peluquería. “Yo me casé en Setiles, llevé ese día la peluquera al pueblo y funcionó muy bien”, recuerda Raquel. También plantean iniciativas para los mayores, como excursiones culturales o servicios a domicilio que faciliten su día a día.

Esos planes, eso sí, los ven a largo plazo y condicionados a que el dinero y el apoyo social acompañe, ya que reconocen que son metas difíciles dado el poco tiempo que la asociación lleva activa.

Tampoco creen que la idea pueda llevar a muchas personas a establecerse de forma definitiva en Setiles. Los inviernos, duros y fríos —“estamos en lo que llaman el triángulo del frío de España”—, y la falta de servicios o empleo son obstáculos importantes.

“El problema para ello es el tema laboral. Hay trabajo en los oficios porque no hay relevo para los que se van jubilando. Pero si tú tienes cualquier otra profesión, la oferta de trabajo es muy escasa”, afirma Silvia. A ello se suman otras dificultades, como la falta de servicios educativos, que condiciona a muchas familias jóvenes.

Por tanto, las integrantes de la asociación tienen muy claros sus objetivos. Y, de momento, los están consiguiendo. No aspiran, al menos por ahora, a revertir por completo la despoblación, pero sí a reactivar el pulso del pueblo, aunque sea los fines de semana.

“En tan poco tiempo ya hemos conseguido juntar a 60 personas tres veces. Y al final las cosas saldrán o no saldrán, pero lo importante es que vamos con muchas ganas. La gente está contenta porque repiten y vienen. Todo el mundo colabora. Todo el mundo que va tiene ganas de hacer cosas”, zanja Beatriz, otra de las creadoras de la asociación cultural Tierra de Girasoles.

Un esfuerzo colectivo entre meriendas, hogueras y ganas de dar vida a un pueblo para demostrar que, incluso en la España vaciada, la vida es posible más allá del verano.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) ha remitido a los ayuntamientos de la Comunidad foral una “ordenanza tipo” para exigir un impuesto sobre las viviendas deshabitadas. De esta forma, cada municipio podrá desarrollar su propia normativa para “movilizar” la vivienda sin habitar y “ampliar la oferta disponible”.

El objetivo de la medida, según ha afirmado su presidente, Xabier Alcuaz, es que los ayuntamientos dispongan con una herramienta jurídica “sólida, clara y adaptable que permita a cada municipio desarrollar su propia ordenanza conforme a su realidad y a sus decisiones”.

Además, la Federación ha remitido una circular informativa a los consistorios sobre cómo se aplicaría este impuesto, de forma que quede claro “el marco legal, los pasos necesarios para su puesta en marcha y facilitar la labor de los ayuntamientos en una materia de notable complejidad técnica”. En la circular figura que el impuesto sobre viviendas deshabitadas “tiene carácter obligatorio en la Ley Foral de Haciendas Locales, si bien su exacción efectiva requiere la aprobación de la correspondiente ordenanza municipal”.

Alcuaz ha instado a los ayuntamientos a que tramiten, aprueben y desarrollen esta herramienta legal que, a su entender, puede ser “un instrumento útil dentro de una política local de vivienda más amplia”. El presidente de la FNMC ha señalado que cada ayuntamiento decidirá el alcance de este impuesto según los rangos que fija la normativa. Así, el primer año va del 0,25% a un 0,50%, el segundo de un 0,50% a un 1% y, a partir del tercero, el 1,5%. La Federación, ha insistido, “no dirá qué tipo tiene que poner cada entidad local, ni si tiene la obligatoriedad” de aplicarlo, sino que recurrir a este impuesto dependerá de la “voluntariedad” de cada entidad local.

Por otro lado, ha llamado al Gobierno de Navarra a “garantizar un aporte automatizado, actualizado y continuo” de la información de Registro de Viviendas Deshabitadas, como un “paso imprescindible para poder implementar luego de forma práctica estas ordenanzas”. Puesto que este impuesto “solo puede aplicarse a viviendas que hayan sido declaradas deshabitadas por el Departamento y que figuren, inscritas en el Registro de Viviendas Deshabitadas”.

La Federación Navarra de Municipios y Concejos va a organizar talleres formativos dirigidos tanto a personal técnico como político de las entidades locales, “reforzando, si es necesario, los recursos ya previstos en los presupuestos de 2026 y recurriendo también a la asistencia técnica para poder abordarlo con solvencia”.

Estos talleres abordarán cuestiones como las viviendas deshabitadas, la rehabilitación, las viviendas colaborativas, las zonas de mercado tensionado, el plan de vivienda rural o “experiencias concretas desarrolladas en el sector local”. “Queremos que las medidas anunciadas no se queden en el papel y que la vivienda sea abordada como una prioridad pública compartida desde la cooperación institucional y desde el reconocimiento del papel que juegan ayuntamientos y concejos”, ha destacado Alcuaz, quien ha subrayado que la organización quiere “contribuir a esa tarea con seriedad, con propuestas útiles y con la voluntad de acuerdo”

El Gobierno de Cantabria ha propuesto al Consejo Regional de Caza declarar la situación de emergencia cinegética temporal en cinco municipios de la comunidad ante los problemas de seguridad vial y sanidad animal que está ocasionando el aumento de la población de jabalí.

Así, la Consejería de Desarrollo Rural ha planteado al Consejo de Caza analizar la viabilidad de declarar la emergencia cinegética de forma selectiva y temporal en Cabezón de Liébana, Vega de Liébana, Pesaguero, Val de San Vicente y Ribamontán al Mar, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado que “el jabalí tiene una capacidad reproductiva muy alta, y cuando el aprovechamiento cinegético ordinario no es suficiente para ajustar la población, la normativa permite adoptar medidas extraordinarias”. Ha recordado también que el Programa Nacional de Erradicación del Jabalí pone el foco en la necesidad de controlar la interacción entre fauna silvestre y ganado en áreas donde ya se ha detectado la circulación de patógenos.

Accidentes de tráfico y enfermedades

Según la consejera, el aumento de siniestralidad en algunas carreteras de la región, asociado a la presencia de fauna silvestre, especialmente jabalí, “requiere una respuesta urgente”. La Dirección General de Tráfico y otras comunidades autónomas ya han recomendado gestionar adecuadamente la población de estas especies cuando su presencia representa un riesgo para la seguridad vial, ha recordado

También ha llamado a la colaboración entre todos los sectores implicados porque, como ha destacado, el jabalí y los tejones son reservorios importantes de diversas enfermedades, como la tuberculosis, la peste porcina africana y la enfermedad de Aujeszky, que pueden ser transmitidas tanto a animales domésticos como al ser humano.

“La tuberculosis es una infección multihospedadora que afecta a humanos, animales domésticos y fauna silvestre, y hemos observado una prevalencia elevada de la enfermedad en varios municipios, por lo que es necesario tomar medidas especiales”, ha señalado.

“La mina impide que Naharros tenga futuro”. Este municipio es el espejo en el que el resto de los pueblos de la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara no se quieren ver reflejados. Una pequeña localidad (apenas cuatro habitantes censados y una decena de residentes) que muestra cuál podría ser el futuro de toda la zona de salir adelante un proyecto minero que quiere abrir en canal la provincia de Guadalajara para extraer oro.

En Naharros hay en funcionamiento una mina desde hace 40 años. Es una instalación a cielo abierto a apenas un kilómetro de distancia del pueblo. En ella se extrae cuarcita, roca que se muele en la misma cantera, generando polvo de sílice en suspensión que, de ser inhalado, puede causar enfermedades respiratorias e incluso cáncer de pulmón, según los distintos estudios médicos. Los habitantes de Naharros también sufren constantes explosiones y ruidos, y ven cómo el paisaje se ha degradado poco a poco.

Su alcalde, Ricardo Antón, es muy crítico con la actividad de la mina. Suya es la frase que abre este reportaje, y la justifica asegurando que la cantera no da trabajo a la gente de la zona e impide que se desarrollen actividades como el turismo rural y la caza. Pero, sobre todo, la mina choca con la mayor ambición de Antón: atraer población. “Hay gente que se interesa en estos pueblos para comprarse una casa. Para vivir, para pasar sus vacaciones o para teletrabajar. Pero cuando llegan a Naharros y ven la cantera...”, lamenta el regidor.

Cuarenta años después, la historia podría repetirse. Esta vez, con un proyecto minero mucho más grande que afectaría a buena parte de la comarca en esta parte de Guadalajara.

'GUA, DALA y JARA'

El plan es buscar oro y otros metales en varias parcelas que suman una superficie de casi 15.000 hectáreas en este entorno natural de alto valor ecológico.

La empresa promotora de esta iniciativa, la minera australiana Global Mining Enterprises PTYLD -que opera a través de su filial española Oroberia SLU- planteó de inicio tres proyectos: GUA, DALA, y JARA, registrados en agosto de 2025.

El proyecto GUA se desarrollaría en las localidades de San Andrés del Congosto, La Toba, Pinilla de Jadraque y Medranda; el proyecto DALA comprendería a Congostrina, Robledo de Corpes, La Bodera, Atienza, Hiendelaencina y Pálmaces de Jadraque; mientras que JARA afectaría a La Miñosa, La Bodera, Riofrío del Llano, Atienza, Sigüenza y La Olmeda de Jadraque -estos cuatro últimos municipios aspiran a convertirse en Patrimonio de la Humanidad-.

El permiso inicialmente solicitado por Oroberia arrancaría con una investigación durante tres años para llevar a cabo una fase inicial de seis sondeos en cada uno de los proyectos, a la que seguiría una segunda fase con otros seis sondeos en cada una de las tres ubicaciones, con una profundidad de entre 300 y 400 metros.

Que la promotora decidiera dividir en tres su proyecto tiene su razón de ser en el tipo de evaluación de impacto ambiental al que se deberían someter: sería más simple y rápida en caso de que la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible hubiera dado el visto bueno. Pero no resultó. El Gobierno de Castilla-La Mancha resolvió el pasado mes de noviembre que, si Oroberia quería seguir adelante con sus planes mineros, tendría que presentar un único proyecto que se sometería a un 'examen' de impacto ambiental más exigente y minucioso.

Quedaba así cerrado el expediente para GUA, DALA y JARA. Sin embargo, los vecinos de la comarca, que desde el primer momento se organizaron impedir que el plan minero saliera adelante, sospechan que la empresa no se dará por vencida y volverá a presentar su proyecto, ya unificado.

Centenares de recursos de alzada

“Contaminación, ruido, camiones, polvo, olvídate de la caza a la caza, un impacto medioambiental tremendo...”. María José Martín Perucha es tajante a la hora de argumentar las contras que supondrían para estos pueblos la puesta en marcha del proyecto minero.

Ella pertenece a la Plataforma Valle del Río Cañamares-Sierra Norte, una de las entidades contrarias a estas prospecciones. En esa oposición también están particulares, ayuntamientos o asociaciones. Cuando se enteraron de los proyectos, se organizaron para frenarlos con los medios a su alcance. Celebraron numerosas reuniones informativas y presentaron más de 800 alegaciones a GUA, DALA y JARA.

Ahora, la plataforma sigue monitorizando todo el proceso para impedir que Oroberia resucite el proyecto de investigación. Por eso, está recabando recursos de alzada contra la autorización que la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes concedió a la empresa para llevar a cabo una intervención arqueológica preventiva.

“Cultura dice que antes de iniciar cualquier proyecto minero hay que presentar un proyecto arqueológico, ya que hay muchos yacimientos en la zona que están muy cerca de las catas que quieren hacer. Entonces, antes de hacer ninguna cata, un arqueólogo tiene que ver qué es lo que hay ahí”, explica Martín Perucha.

En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello

Javier Cantero — Alcalde de La Toba

Dicho plan para llevar a cabo un estudio arqueológico fue presentado por la empresa apenas unos días después de que se lo demandase la Delegación de Cultura. Un hecho que levanta suspicacias entre los vecinos, ya que sospechan que Oroberia tiene de antemano toda la documentación preparada con vistas a presentar más adelante el proyecto unificado.

“En cuanto que tengan el informe arqueológico hecho, adaptarán el proyecto para unificarlo y lo tendremos a los cuatro días encima de la mesa. Estoy convencido de ello”, apuesta Javier Cantero, alcalde de La Toba, una de las localidades en cuyo término municipal quiere excavar Oroberia.

De momento, gracias a la movilización ciudadana se han conseguido presentar casi 400 recursos de alzada de particulares que piden la nulidad de la orden de Cultura en la que solicitaba a la empresa el estudio arqueológico. Tienen hasta el próximo 25 de marzo para seguir sumando.

La empresa ve “positivo” el debate, pero defiende su proyecto

Oroberia traslada, en declaraciones a este medio, “un mensaje de respeto hacia las inquietudes expresadas por vecinos, ayuntamientos y colectivos sociales de la zona”. La promotora dice “entender” que cualquier proyecto vinculado al territorio pueda generar “preocupación”, sobre todo cuando se habla de medio ambiente o la salud, e incluso ven “positivo que exista un debate informado y exigente”.

En una respuesta por escrito a la solicitud de elDiario.es Castilla-La Mancha, la empresa resta importancia al nivel de exigencia del Gobierno regional para que el proyecto - íntegro y no troceado- pueda superar el trámite de evaluación ambiental. “Forma parte del procedimiento habitual en este tipo de permisos de investigación”, señala, y lo enmarca dentro de un “proceso reglado”.

Seguirán adelante tras analizar la actual situación administrativa “con el objetivo de presentar una evaluación completa con mayor nivel de detalle en los aspectos clave como la hidrogeología, la biodiversidad o la interacción con los usos del territorio”, aunque no se ponen plazos para realizar los estudios, los cuales tendrán, aseguran, “el máximo rigor”. También comentan que “cumplirán con la normativa vigente, como no podría ser de otra manera, tanto autonómica como estatal y europea”.

“Queremos otro tipo de desarrollo”

Oroberia también quita hierro a las preocupaciones de vecinos y vecinos sobre el impacto en el territorio y defiende que su proyecto generará “empleo directo e indirecto”, respetando “el entorno” y, de paso, creen que servirá de “impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas”. No es la primera empresa con intereses mineros en la comunidad autónoma que esgrime que este es “un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias”.

Apelan también a la idea de que, una vez en marcha, habrá “participación de proveedores y servicios locales, favoreciendo la creación de empleo y el fortalecimiento del tejido empresarial en el entorno”, y se muestran abiertos al “diálogo con todos los actores implicados”.

El proyecto se enmarca en un contexto más amplio, como es el impulso de la autonomía estratégica de Europa en el acceso a materias primas, un objetivo cada vez más relevante en las políticas comunitarias

Oroberia

Pero quienes viven en esta parte de Guadalajara no lo ven igual. “Nosotros queremos para nuestra tierra y para nuestros pueblos otro tipo de desarrollo, no el de una industria minera”, explica el alcalde del pequeño pueblo de La Toba. “Queremos un desarrollo sostenible con el medio ambiente, que es nuestro principal tesoro”, añade.

Además, todos los consultados desechaban la idea de que un proyecto minero de estas características sea una fuente de empleo y riqueza en la zona.

Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción Guadalajara, asegura que “afectaría a otras actividades que ahora mismo están generando riqueza y población, como son la ganadería, la agricultura, la caza o el turismo rural”.

Y aunque reconoce que la minería puede crear puestos de trabajo, afirma que las empresas suelen traer empleados de otras zonas. “Aquí, en la Sierra Norte, hay muy poca población activa desempleada, y menos para dedicarse a llevar esas maquinarias grandes o a picar o a poner voladuras”.

Un extremo que confirma el alcalde de Naharros según su experiencia. “No dan trabajo. La minería es un trabajo muy mecanizado y apenas emplea sobre el terreno a algunos operarios. Y los que están no sirven para fijar población, porque viven en otras zonas”, afirma Ricardo Antón. El regidor ironiza diciendo que si la minería diera trabajo, el pueblo tendría al menos 50 habitantes. “Y somos cuatro censados”.

Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos

Desde el punto de vista ambiental, Alberto Mayor asegura que el 65% de esas 14.500 hectáreas que tiene proyectadas Oroberia son hábitats de interés comunitario. Además, afirma que es el hábitat de especies protegidas como el águila perdicera, y que habría proximidad e interacción con Zonas de Especial Conservación (ZEC), Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) y la Red Natura 2000, como el Valle del Río Cañamares o Riberas del Río Nares, o Valle y Salinas del Río Salado. “Son hábitats únicos con una biodiversidad tremenda en la que hemos contabilizado alrededor de 500 especies de flora y casi 200 especies de vertebrados. El impacto sería muy importante”.

Por todo ello, la oposición en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara al proyecto de investigación minera continuará. “Estamos en el mismo punto en el que estuvo Naharros hace 40 años. Pero ahora sabemos las consecuencias de tener una cantera abierta”, defiende Ricardo Antón.

“Esto es una carrera de fondo. Lo que está claro es que vamos a luchar y que no queremos esto en nuestros pueblos”, zanja María José Martín Perucha.

Apenas llega a los nueve habitantes, pero lleva años resistiéndose a su desaparición. Durante generaciones, varias familias de la pedanía de Minas del Horcajo, en el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), han conseguido que menos de una docena de viviendas y una casa rural se mantengan en pie. Se encuentra junto al Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, pero hay un único acceso, un camino público no asfaltado que se inunda a la menor tormenta, y durante décadas sus vecinos han tenido que lidiar con su proximidad a un gran latifundio: esta aldea está a menos de dos kilómetros de la finca La Garganta, propiedad del actual duque de Westminster, de la aristocracia británica, y una de las zonas privadas recreativas y de caza más grandes de España. Parte de su territorio se encuentra, de hecho, en la provincia de Córdoba.

En el Día de los Caminos Públicos y Vías Pecuarias, hablamos con Conchi Díaz Caballero. Tiene 64 años y es vecina de la pedanía, aunque reside en Puertollano. Nació en esta última ciudad, pero desde muy pequeña Minas del Horcajo fue, primero su residencia, donde vivía con sus abuelos hasta que fue escolarizada en la ciudad minera (donde trabajaban sus padres), y después el lugar al que ha acudido durante toda su vida, a la casa que ahora es propiedad de su madre y de su padre. Este último falleció recientemente.

“Nunca he dejado de venir, pese a que la población no ha parado de bajar. Mi padre, en cuanto tenía dos días de descanso, nos traía de vuelta a todos, y todas las vacaciones las hemos pasado aquí. Para mí, es mi sitio, mi lugar, mi vida”, cuenta.

Por eso conoce de primera mano uno de los principales problemas de la aldea. Su único acceso es un camino público de tierra de unos cinco kilómetros que sale de la N-420. Transcurre en paralelo al Arroyo de Caballeros, que cuando llega a la carretera nacional toma el nombre del río Montoro.

Había hasta 13 caminos, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación

“Históricamente, no ha sido así, había otros caminos, hasta 13, pero todos se han ido cerrando con los años, por la cercanía con La Garganta, para la que siempre hemos sido como un grano en la nariz, porque no hemos parado de quejarnos por la situación”.

Porque no se trata solo de que exista un único camino de acceso. Para más inri, parte de su tramo está bajo un puente grande y alto, que se construyó para una antigua línea ferroviaria que transportaba minerales, conocida popularmente como ‘La Eléctrica’, hoy ya cerrada.

La vía se abandonó, pero el puente sigue ahí y por debajo pasan los coches y habitantes de la pedanía. Cuando pueden: a la más mínima tormenta o precipitación, todo se inunda.

“El arroyo empieza a desbordarse, se sale de su cauce, y cuando llega a este puente, confluye con otro. En el verano están secos, pero el resto del año, aquí llueve bastante y eso coge un nivel de metro y medio de agua. Lo suficiente para inundarlo todo y que no sepas ni por dónde va el camino. No puedes cruzar, no ves nada, nos quedamos aislados”, relata.

En este camino hay también una serie de badenes que impiden que pasen los autobuses, porque se quedan “estancados”. “Venían cuando celebrábamos las fiestas de la aldea, pero ahora ya no pueden pasar. Meten el morro y se quedan en vilo, estancados. Imposible que pasen”.

Uno de esos badenes está “pegado” al puente de la antigua vía ferroviaria. Es el punto donde el agua llega a su mayor altura cuando llueve. “Es que incluso el agua puede llegar por encima del capó del coche. Ocurre constantemente, todos los años varias veces”. Después, cuando se seca, todo es barro y “totalmente intransitable”.

La experiencia más reciente la han tenido con el tren de borrascas de enero y febrero, pero también en primavera. Ahora los vecinos temen que al mínimo episodio de lluvias, la situación vuelva a ser la misma.  

De Minas del Horcajo se puede salir por otro camino que está “todavía peor”, lleno de zanjas y sin arreglar ni asfaltar. Tampoco es una solución porque, al final, termina uniéndose (“como en un círculo”) a la primera vía mencionada, por lo que “el problema sigue siendo el mismo”.

Una tercera posibilidad es otro camino que va hacia el sur, hasta la localidad cordobesa de Conquista y desde allí, hay que dar un gran rodeo “porque no se puede atravesar La Garganta”, la finca privada de los aristócratas británicos.   

“Desde hace décadas, desde que yo tengo memoria, se han cortado o vallado hasta 12 caminos públicos y solo nos han dejado de acceso el primero, el del túnel, el que se inunda”. Lo achaca a que Minas del Horcajo está prácticamente “pegado” a la finca.

No quieren que nadie esté cerca de la finca

“Para ellos siempre hemos sido un estorbo y nos tratan como un estorbo. No quieren que nadie esté cerca de la finca, ni sepan lo que ahí se hace. Han intentado siempre por todos los medios que Minas del Horcajo desapareciera”. ¿Cómo lo han hecho? Primero, con los vallados, y después con otras actuaciones disuasorias. “Ibas paseando, y los guardas intentaban que no pasases. Se ponían ahí con sus coches o incluso llegaban a ir detrás de ti, paseando a tu ritmo”.

Afirma que hace años que no ocurre porque los vecinos y vecinas de la pedanía han dado mucho la batalla en los medios de comunicación. Ahora “se han sujetado un poco”, pero “aquí seguimos, casi incomunicados”.

En la aldea apuntan directamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo, que tiene la competencia en caminos públicos. “No ha hecho nada nunca por facilitar los accesos. Tendrán sus acuerdos con La Garganta y a saber…”. Según explica, hace unas semanas llegaron unas máquinas que echaron carrujo (ramas y rastrojos) en cuatro parches del camino, lo que convirtió la zona “en un barrizal, todavía peor, porque en verano será todo polvareda”.

Para los vecinos de la pedanía, la única solución sería la limpieza del cauce del arroyo, abriendo más zona para su caudal y “para que el agua pueda correr sin salirse e inundar el camino”. “Lo que no puede ser es que tengamos que salir pitando en cuanto vemos que empieza a llover. Si te quedas aislado, aquí no hay servicios públicos de ningún tipo. Es un peligro”.

Tanto Conchi como otras vecinas han dirigido varios escritos al Ayuntamiento de Almodóvar del Campo para pedir soluciones. Ella incluso ha acudido recientemente a un pleno municipal. “No he conseguido nada, me escucharon y ya”.

Este medio también ha intentado ponerse en contacto con el Consistorio local y con su alcalde, José Lozano García, para recoger sus impresiones sobre la situación de la pedanía y sus relaciones con La Garganta. Por el momento no ha habido respuesta.

Una de las fincas privadas más grandes de España

La Garganta es una de las fincas privadas más grandes y exclusivas de España. Está situada en el sur de la provincia de Ciudad Real, dentro del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, entre los municipios de Almodóvar del Campo y Brazatortas. Tiene aproximadamente 15.000 hectáreas y es conocida por sus monterías y por recibir a miembros de la aristocracia europea.

Aunque hoy es famosa por la caza, la finca tiene origen en la minería del siglo XIX. En la zona existían minas de plomo y plata explotadas por compañías vinculadas a la Río Tinto Company Limited. Para transportar el mineral se construyeron líneas de ferrocarril, estaciones y poblados mineros.

Dentro del terreno se encuentra la estación de La Garganta, situada en la línea ferroviaria entre Ciudad Real y Badajoz. Históricamente se utilizó para transportar mineral y posteriormente para facilitar la llegada de invitados a las cacerías.

La finca fue adquirida en los años 90 del siglo pasado por Gerald Grosvenor, VI duque de Westminster. Actualmente pertenece a su hijo Hugh Grosvenor, VII duque de Westminster, cuya familia es una de las más ricas del Reino Unido. Allí acuden miembros de la realeza y la aristocracia británica a descansar y cazar.

Entre quienes han pasado por allí se encuentran el rey Carlos III (cuando era príncipe), la reina Camilla, el príncipe William, el príncipe Harry y el rey emérito Juan Carlos I.

En el área habitan especies como el lince ibérico, el buitre negro, el águila imperial ibérica, así como grandes poblaciones de ciervos y jabalíes. Y dentro de la finca aún existen antiguos poblados mineros, casas de ingenieros británicos e infraestructuras ferroviarias que quedaron abandonadas tras el fin de la actividad minera en la zona. Este medio ha intentando ponerse en contacto con los propietarios, sin éxito.

Tanto las denuncias de Conchi y sus vecinas como la situación de la aldea pegada a esta finca son muy conocidas. De ella se ha hecho eco en varias ocasiones la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP). Manuel Trujillo, integrante de este colectivo, apoya las reivindicaciones de Minas del Horcajo: “Es lo mismo que sucede en muchos sitios de España. La peculiaridad de este caso es que la pedanía está pegada a La Garganta, una de las mayores fincas privadas de España y tiene cerrados casi todos los caminos públicos”.

Las fincas subvencionan y patrocinan a los ayuntamientos, y claro, pasa lo que pasa, y casi nadie levanta la voz, son muy pocos

Manuel Trujillo — Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP)

La plataforma denuncia que estas acciones de cerrar caminos públicos por parte de fincas privadas “cercena la libertad de los vecinos” y los ayuntamientos, titulares de los mismos, “no hacen nada para resolver estas situaciones”. “Las fincas les subvencionan y patrocinan, y claro, pasa lo que pasa, casi nadie levanta la voz, son muy pocos”.

El Ayuntamiento también es pequeño y su margen de maniobra es “mínimo”. “Es que incluso aunque quisiera actuar, también lo tendría muy difícil, porque al fin y al cabo tiene pocos medios. Estas fincas pueden contratar a muy buenos abogados. Son nobles con mucho dinero y mucha influencia. Los ayuntamientos tampoco cuentan con mucho respaldo por parte de las diputaciones o de las comunidades autónomas. El caciquismo sigue ahí”.

Precisamente, la PICP ha convocado para este 22 de marzo, varias movilizaciones en toda España, principalmente rutas senderistas, para reivindicar el freno al cierre de caminos públicos y vías pecuarias. En el caso de Castilla-La Mancha, estas acciones se llevarán a cabo en Orgaz (Toledo), Manzanares (Ciudad Real), Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), Cuenca, Peñascosa (Albacete) y Cifuentes (Guadalajara).

El Día de las Vías Pecuarias surgió por iniciativa de la Plataforma Ibérica en 2019, para contribuir a la protección de estas antiquísimas vías ganaderas y del “rico patrimonio natural y cultural que atesoran y potenciar sus funcionalidades para la ciudadanía y valor ecológico”.

“El problema fundamental de las vías pecuarias y caminos públicos es la usurpación total o parcial por propietarios colindantes que impide su uso público ante la dejación de funciones de las administraciones competentes. También la degradación y pérdida progresiva a través de las actuaciones propiciadas o autorizadas de dichas administraciones”, afirman en su manifiesto.

La cita busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de preservarlas como espacios con funciones ecológicas (corredores de biodiversidad) y reclaman a las autoridades la necesidad efectiva de protección: catalogación, defensa, recuperación y conservación.

Sesenta estudiantes participarán este sábado, 21 de marzo, en la primera jornada de Trashumancias 2.6, un programa que traslada la formación académica a la Vereda Real Conquense. La iniciativa la impulsa la Cátedra UCLM-Diputación de Cuenca de Oportunidades para el Reto Demográfico junto con el proyecto Aula Albura y busca conectar a los estudiantes con la cultura y el territorio rural.

La jornada se desarrollará entre Rada de Haro y Belmonte y marca el inicio de un programa formativo que se extenderá durante los meses de marzo, abril y mayo en distintos municipios vinculados a las rutas trashumantes de la provincia. La sesión comenzará a las 10:15 horas en Rada de Haro, con la bienvenida del alcalde, Francisco Arjona Torrijos. A continuación, se realizará una toma de contacto con la Cañada Real, guiada por Susana Zapata López, responsable de Vías Pecuarias en la provincia de Cuenca en la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta.

Las actividades continuarán en el Palacio del Infante Don Juan Manuel de Belmonte, donde a las 12:00 horas se celebrará la inauguración oficial con la participación de la alcaldesa de Belmonte, Cristina Delgado Fernández; representantes de la Diputación de Cuenca; y Carmen Vázquez Varela, directora de la Cátedra Oportunidades.

El programa incluirá dos conferencias sobre cultura pastoril y tradiciones artesanales. La primera, 'El vagar hace cucharas. Pasado, presente y futuro del arte de los pastores', la impartirá Pedro Javier Cruz Sánchez, investigador de la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Después, la arqueóloga Beatriz Sánchez Valdelvira hablará sobre 'ARTE, arte popular, artesanía. Unas diferencias no tan claras', en una ponencia centrada en las relaciones entre creación artística y cultura tradicional.

Por la tarde tendrá lugar una sesión de mentorías de proyectos culturales, coordinada por Álex Rodríguez, Natalie Camoez, Laura Budia y José An. Montero. La jornada concluirá en el Palacio del Infante Don Juan Manuel a las 18:00 horas con la actuación de Neønymus, quien presentará su concierto didáctico Historia inventada de la música inventada. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

La convocatoria de participación a Trashumancias 2.6 ha tenido una gran acogida, con más de 130 estudiantes preinscritos y las plazas completadas en apenas once minutos. Entre los participantes hay estudiantes de Bellas Artes, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Educación Social, Derecho, Trabajo Social, los másteres de Profesorado e Investigación en Prácticas Artísticas y Visuales (MUIPAV) y el Doctorado en Humanidades, Artes y Educación, entre otras titulaciones, así como de estudios oficiales no universitarios.

Un laboratorio de procesos culturales

Trashumancias 2.6 se presenta en esta edición como un laboratorio de procesos culturales en el que los participantes diseñarán proyectos vinculados al territorio y a la cultura trashumante. El programa se integra también en Aula Albura, uno de los cinco proyectos seleccionados en la primera convocatoria estatal del Ministerio de Cultura de Ayudas para Proyectos de Cooperación Cultural en el Medio Rural 2025.

Tras la fase formativa, el programa continuará en distintos territorios a través de estancias formativas remuneradas en proyectos culturales del medio rural. Los estudiantes seleccionados se incorporarán a equipos con amplia trayectoria en pueblos y entornos naturales y participarán en tareas de producción, documentación, mediación y creación.

Aula Albura es una red de colaboración entre proyectos culturales de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra, coordinada por el grupo Andante. La integran el programa cultural Estoesloquehay, el Colectivo de Mujeres Creadoras de Castilla y León, la compañía navarra de circo contemporáneo La Trapecionista, la Fundación Los Maestros y el proyecto editorial y cultural La Circular.

Bajo la dirección de José María Martínez y José An. Montero, Trashumancias se ha consolidado como un espacio de encuentro entre academia, cultura y territorio: un laboratorio que vincula la formación académica con la acción cultural en el ámbito rural y que permite a los estudiantes idear y desarrollar proyectos reales. El programa aborda, desde una mirada optimista, la cultura rural, la preservación de las tradiciones y la trashumancia como patrimonio, al tiempo que impulsa nuevas narrativas desde la creatividad contemporánea.

Un 20% de las personas ocupadas en Castilla-La Mancha están vinculadas al trabajo autónomo. No es un porcentaje desdeñable. Se sabe que la mayoría de quienes se decantan por el autoempleo tienen edades que oscilan entre los 46 y los 65 años. O que los menores de 25 años representan, tan solo, el 3,21% de este colectivo. “Eso nos dice que necesitamos relevo generacional”, reconoce la directora general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Ana Carmona.

La buena noticia es que las personas más jóvenes que salen de la universidad o de la FP ahora apuestan más por crear su propio negocio como opción laboral. “Hay una clara tendencia en los jóvenes por el empleo autónomo. Se está rompiendo el estándar. No todos quieren ser funcionarios, como se ha dicho tantas veces. Hay cada vez más jóvenes y más mujeres que se acercan al mundo del autónomo. Y muchos dejan las ciudades para irse al medio rural”.

Emprender ya no es lo mismo y la motivación también ha cambiado. “Está surgiendo una cultura emprendedora en jóvenes y en mujeres muy significativa”, señala. La mentalidad es diferente. “Ahora se ve más como posibilidad, no tanto como necesidad”. Una transformación que, dice, “quizá” tenga que ver con el cambio en la estructura laboral: más teletrabajo, mayores cotas de flexibilización, reducciones de jornada, avance de la conciliación personal y profesional…

Este cambio ha condicionado la forma de hacer políticas de empleo. Hace apenas unos días se oficializó la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha (2026-2030), que da relevo a la anterior “hoja de ruta” iniciada en 2022. Han pasado apenas cuatro años, “con buenos resultados porque se han ejecutado más del 98% de las medidas”, presume Ana Carmona, pero lo cierto es que el panorama es ahora muy distinto.

Con los aranceles y la guerra de Irán estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar

De entrada, se han puesto sobre la mesa 100 millones de euros contando con el “consenso y la colaboración” de los agentes sociales y de las asociaciones que representan al colectivo. “Es un documento flexible al que se pueden ir sumando medidas”. Incluso las que puedan llegar derivadas de los conflictos internacionales, ya sean económicos o bélicos, como la guerra en Irán o la imposición de aranceles por parte de EEUU.

¿Habrá medidas paliativas para los autónomos, por ejemplo los transportistas o el sector agrario para amortiguar posibles impactos?, preguntamos. En este aspecto Ana Carmona se remite a las palabras del presidente regional, Emiliano García Page, que puso en manos del análisis que pueda hacer el recién creado Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles, por un lado, y por otro a las posibles medidas que este mismo viernes pueda anunciar el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “Estaremos vigilantes para ver los efectos económicos y qué medidas podemos tomar. Evidentemente va mucho más allá de la propia estrategia de la que estamos hablando”.

De momento, esa estrategia incorpora seis retos, cuatro objetivos y 70 medidas que incluyen la creación de un Observatorio del Emprendimiento y un nuevo Portal de Emprendimiento. Al reto de seguir fomentando la cultura de emprender se suma asesorar a este tipo de profesionales. “Queremos seguir reforzando la ‘Red Acompaña’, reducir trámites administrativos y facilitar el acceso a los instrumentos financieros”.

Crece el número de autónomos en el ámbito técnico y científico

El colectivo de los autónomos tiene un notable peso en el tejido económico castellanomanchego, copando sectores como el relacionado con los Servicios. Hay un 21,84% de trabajadores autónomos en el sector comercio. En la agricultura y ganadería el porcentaje llega al 22,15%. Mientras, en la construcción el 13,47% de personas empleadas son autónomas y en hostelería lo son un 8,47%.

“El mayoritario es el conjunto del sector Servicios, con más de un 61% de autónomos, pero también sube la cifra en el ámbito de las profesiones técnicas o científicas”, comenta Ana Carmona. En este último campo ya hay más de un 6% de autónomos. “Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados”.

Si hablamos de provincias, Toledo se lleva la palma al aglutinar casi un 34% del total regional.

Otro dato relevante es la elevada consolidación de los negocios relacionados con el autoempleo. En buena medida, las iniciativas resisten con el paso del tiempo. “Dos de cada tres autónomos acumulan más de cinco años de antigüedad y un 46% de ellos supera los diez años en activo”.

El año 2025 cerró con un total de 150.459 autónomos y autónomas en Castilla-La Mancha. Es una cifra que ha variado poco en una década: en 2015 había 148.806. Ha crecido incluso con la crisis de la COVID-19 de por medio que amenazó con que muchos negocios se viesen obligados a echar el cierre.

“Hay más autónomos, pero son más pobres”. Toda una paradoja que UPTA ponía de manifiesto a principios del pasado mes de febrero y que la directora general rechaza. “No tenemos esa percepción en la comunidad autónoma”.  Sobre otro dato de esa misma asociación, que apunta que el 90% del nuevo empleo autónomo corresponde a personas migrantes, Ana Carmona dice que en Castilla-La Mancha el 91,4% de quienes optan por el autoempleo tienen nacionalidad española, pero reconoce que se está detectando que “cada vez más estos negocios los están impulsando personas migrantes”.

Están surgiendo nuevos nichos de empleo relacionados con la sostenibilidad, la digitalización o los cuidados

Con cifras del año pasado solo un 33,23% de las mujeres optan por el autoempleo, aunque lo cierto es que ellas son las que más están emprendiendo en los últimos años. “Son datos objetivos”, señala Ana Carmona, aludiendo a la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) que ha crecido de manera notable en las mujeres, cerrando la brecha de género en el emprendimiento en la región en el entorno del 7,2, según el Informe GEM 2024-2025 en Castilla-La Mancha.

En la estrategia hay hasta siete medidas que tienen que ver con la igualdad para, entre otras cosas facilitar el liderazgo femenino, favorecer la conciliación con ayudas directas o poner en marcha un Plan de Emprendimiento Femenino.

Los impuestos, la Tarifa Plana y la Tarifa Plana Plus

Entre las medidas de la nueva estrategia, que todavía habrá que ‘aterrizar’ y desarrollar, están las diferentes modalidades de la llamada ‘Tarifa Plana’, con cuatro líneas distintas. “Se busca en particular dinamizar las zonas rurales y el autoempleo en mujeres, jóvenes y mayores de 52 años”.

Son ayudas directas que se convocaron por primera vez el año pasado. “Han funcionado muy bien y son compatibles con las distintas líneas de financiación. Están además abiertas a los autónomos que trabajan dentro de empresas”, explica. Se recibieron cerca de 10.500 solicitudes. Ahora acaba de salir la convocatoria de 2026, abierta hasta el 15 de julio, y ya hay 3.547 peticiones.

¿Y los impuestos que pagan los autónomos? UPTA ha denunciado de forma reciente que pagan hasta 14 puntos más de tipo medio efectivo que los grandes grupos empresariales. Es una cuestión que no aborda la estrategia, por ejemplo en lo que tiene que ver con el tramo autonómico de la Renta. Además, la Comisión Europea acaba de multar a España por no trasponer la directiva que les exime de pagar IVA si su facturación no supera los 85.000 euros anuales. Las comunidades autónomas reciben una parte de esta cuota que les deriva el Estado, aunque lo cierto es que no tienen competencias sobre este impuesto.

Eso sí, una de las novedades es la reciente colaboración abierta con asesorías y gestorías, colegios de abogados o expertos en relaciones laborales. “Nos hemos dado cuenta de la importancia de trabajar con quienes actúan como intermediarios con el autónomo. Estamos programando todos los meses con ellos diversos webinars con temas que puedes interesarles, con la propia estrategia. El siguiente es ese viernes 20 de marzo y tenemos 360 personas apuntadas”.

La estrategia de trabajo autónomo trata también de captar o de recuperar “talento”, con dos medidas que llevan un tiempo funcionando: el Bono Talento Rural o el programa de Retorno del Talento. “Queremos también acelerar la innovación de proyectos incipientes”, dice Carmona, sin olvidar que hay que afrontar el relevo generacional. “Hay un envejecimiento claro del colectivo”, remarca, para avanzar que esta cuestión será objeto de análisis en colaboración con la universidad. Existe una desconocida página web sobre esta cuestión que no se publicita lo suficiente, según reconoce la propia estrategia como necesidad.

Además, la seguridad y salud laboral del colectivo está muy presente en esta hoja de ruta. “Vamos a trabajar de forma directa con el nuevo Instituto de Seguridad y Salud Laboral, para adaptar la cultura preventiva a la realidad del trabajador por cuenta propia”.

El silencio de la despoblación siempre llega un día después, cuando se apagan los focos y el país cambia de tema. Yo llevo unos años escribiendo precisamente ahí, en el día después.

En una España que presume de igualdad, hay un silencio que casi nunca entra en los discursos: el de las mujeres de los pueblos que pierden gente, servicios y oportunidades. Ellas no salen en las fotos del 8M ni encajan en el relato amable del feminismo que queda bien en los escaparates. Rara vez se sientan en un plató, pero llevan décadas sosteniendo pueblos, familias y economías enteras sin que nadie se pare a preguntarles qué les pasa, qué necesitan o qué piensan de verdad.

Mientras en las capitales discutimos sobre cuotas, ministerios y grandes leyes, ellas siguen haciendo las cuentas con el tiempo y el dinero justos para llegar a fin de mes. Son las que se levantan antes de que amanezca para encadenar cuidados, trabajos mal pagados, explotaciones agrarias o pequeños comercios en lugares donde cada cierre es una despedida. A su alrededor se vacían las aulas, se cierran consultorios, se recortan líneas de autobús. Y, sin embargo, cuando se habla de igualdad, casi nadie gira el mapa hacia esos territorios donde el morado de las manifestaciones apenas se ve.

En estos años se ha asentado un feminismo muy visible, sobre todo urbano, que también habla en nombre de 'las mujeres de lo rural'. Tiene un perfil reconocible: mujer de ciudad, con estudios, con el lenguaje afinado para las redes y los foros. No es que ese feminismo sobre ni que esté equivocado, pero muchas mujeres rurales no se reconocen en ese código. No porque estén 'atrasadas', sino porque su agenda diaria va por otro lado: que no desaparezca la escuela, que haya médico más de un día a la semana, que el autobús siga pasando, que sus hijas puedan quedarse sin tener que conformarse con un futuro de segunda.

También falta en el relato oficial otra constelación de mujeres: las que se quedaron cuando lo fácil era irse, las que se fueron y se arruinaron para empezar un proyecto que fracasó. Las que sostuvieron asociaciones, cooperativas, parroquias, fiestas y tejido social sin cobrar un euro, mientras partidos e instituciones utilizaban su trabajo como decorado de actos, campañas o promesas. Las que creyeron una y otra vez en proyectos que nunca llegaban, en planes de desarrollo rural que se quedaban en foto y titular. De ellas casi nadie se acuerda cuando llega la temporada de proclamar lo mucho que importan la igualdad y la España interior.

Y están, además, las que no encajan en el guion político de moda. Las que son creyentes, las que votan distinto a lo que se espera de 'una mujer concienciada', las que no se identifican con ciertos símbolos pero sí con la palabra justicia. Mujeres que han aprendido a sobrevivir a la violencia económica, a la soledad forzada, a la ausencia de servicios básicos, a un Estado que llega tarde o directamente no llega. Su rebeldía no siempre se grita en la calle; muchas veces se ejerce quedándose, organizándose, diciendo “no” a abandonar el territorio aunque todo empuje en otra dirección.

Falta en el relato oficial otra constelación de mujeres: las que se quedaron cuando lo fácil era irse, las que se fueron y se arruinaron para empezar un proyecto que fracasó. Las que sostuvieron asociaciones, cooperativas, parroquias, fiestas y tejido social sin cobrar un euro, mientras partidos e instituciones utilizaban su trabajo como decorado de actos, campañas o promesas. Faltan las que no encajas en el guion político de moda

La despoblación también tiene rostro de mujer: pensiones mínimas, viudedad, trabajos de cuidado sin salario ni reconocimiento, renuncias acumuladas a lo largo de años. Sin embargo, esa dimensión rara vez aparece en los grandes planes para 'salvar' el medio rural. Se habla de infraestructuras, de ventajas fiscales, de digitalización, pero casi nunca de quién decide, quién firma, quién cobra y quién se queda atrapada cuando no hay alternativas.

Si queremos hablar en serio de feminismo en este país, habrá que dejar de utilizar a las mujeres rurales como postal costumbrista y empezar a escucharlas como lo que son: sujeto político con criterio propio. Ellas distinguen sin esfuerzo lo que es pura decoración de lo que les cambia la vida: ven la diferencia entre un cartel morado y un consultorio abierto, entre un discurso sobre conciliación y una red real de servicios que permita trabajar y cuidar sin romperse por el camino.

En la España disponible, el feminismo no es una moda ni un eslogan de temporada: es la pregunta incómoda de si una mujer puede vivir, decidir y quedarse en su pueblo sin pagar por ello el precio de la invisibilidad. Tal vez haya llegado la hora de que el silencio de las mujeres de la despoblación deje de servir como coartada para seguir ignorándolas y se escuche por fin como lo que siempre ha sido: un grito que sostiene, a duras penas y desde abajo, el territorio del que tanto se habla y tan poco se cuida.