La Rioja incorporará once cajeros automáticos fijos y dos itinerantes en el medio rural

El Gobierno de La Rioja ha impulsado el Plan de Inclusión Financiera, bautizado como ‘+ CAR’, que comenzará con las instalación de cajeros automáticos en once localidades riojanas y dos vehículos con cajero automático para recorrer de forma periódica en 117 municipios diferentes, de manera que visitarán cada uno de ellos “al menos dos veces al mes”. Esto significa que los vecinos de los 128 municipios riojanos que en la actualidad no cuentan con oficina bancaria ni cajero dispondrán de este servicio financiero.

“En los últimos años, hemos asistido a una desaparición progresiva tanto de las oficinas bancarias como de cajeros automáticos que ha desfavorecido especialmente a los municipios más despoblados”, ha señalado el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés. El Plan +CAR cuenta con un presupuesto de 2.028.000 euros en los próximos 4 años.

En primer lugar, se instalarán cajeros automáticos en 11 localidades riojanas que han sido elegidas en base a su ubicación geográfica dentro de cada valle, y a la disponibilidad de espacios públicos para la habilitación de los cajeros. Estos estarán ubicados en Viniegra de Abajo, Villavelayo y Anguiano, dentro del valle del Alto Najerillla; en Villanueva de Cameros y El Rasillo (Camero Nuevo); en Soto en Cameros y Jalón de Cameros (Camero Viejo); en Santa Engracia del Jubera (Valle del Jubera); en Los Molinos de Ocón (Ocón); en Aguilar del Río Alhama (Valle del Alhama); y en San Millán de la Cogolla (Valle del Cárdenas). 

La actuación será licitada en dos lotes diferentes (uno para los cajeros fijos y otro para los móviles), garantizará el acceso a dinero en efectivo a los habitantes de todos los pueblos riojanos, incluidos los de las zonas más aisladas, mitigando así la incidencia negativa de la exclusión financiera en el desarrollo económico y social del entorno rural y sus repercusiones evidentes sobre el fenómeno de la despoblación.

Osés, que ha agradecido la colaboración de los ayuntamientos implicados, ha señalado que los cajeros móviles se coordinarán con el ‘ofibus’, que actualmente presta una entidad bancaria, “para que no se solapen en la prestación del servicio”.

Operativos las 24 horas y con cualquier tarjeta

Los cajeros empezarán a funcionar en un plazo máximo de 60 días naturales desde la formalización del contrato. El plazo podrá ampliarse a 90 días naturales por causas debidas al incumplimiento de los plazos de las obras por parte de los ayuntamientos Estos terminales se instalarán preferentemente en el exterior de edificios públicos municipales y abrirán las 24 horas del día durante todo el año. Además, cualquier avería que se produzca tendrá que ser atendida en un máximo de 3 días laborables.

Por su parte, los cajeros automáticos móviles visitarán aquellos municipios que no cuenten con terminales fijos. El servicio dispondrá de dos vehículos con cajero y dará soporte a los usuarios en el funcionamiento y funcionalidades del equipo. La empresa dispondrá de un plazo máximo de 120 días naturales desde la fecha de formalización del contrato para comenzar operar el servicio.

Tanto los cajeros fijos como los móviles, deberán permitir la extracción de efectivo mediante el uso de cualquier tarjeta de crédito, débito o prepago, la consulta de saldo y últimos movimientos, y el cambio de idioma y de pin. En el caso de los equipos itinerantes, incluirán lectores de tarjetas bancarias, admitiendo lectura por chip, por contactless y a través de tecnología NFC (a través del móvil). 

Además, también se valorará a la hora de adjudicar ambos lotes que los cajeros posibiliten el pago de recibos y tributos y otros ingresos de derecho público emitidos por las administraciones, el ingreso en efectivo, lector de libretas, realización de transferencias y recarga de móviles, entre otras funcionalidades. En los dos casos, los licitadores estarán autorizados por el Banco de España como ‘Entidades de pago’ y los equipamientos deberán cumplir con todos los requisitos de accesibilidad universal que exige la ley en cada caso.