El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha reclamado este jueves a Aena una rebaja de las tarifas aeroportuarias para hacer más competitivo el sector aéreo español y desarrollar el potencial de los aeropuertos regionales, que considera infrautilizados. El directivo de la compañía aérea ha advertido de que España puede “perder el tren” si no apuesta por llenar estas infraestructuras y hacerlas más atractivas para las aerolíneas.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, Wilson ha insistido en que el principal problema es que Aena “es un monopolio” que mantiene abiertos numerosos aeropuertos regionales con escaso tráfico de pasajeros. A su juicio, el reto ahora es animar al Gobierno español a impulsar su desarrollo para aprovechar su capacidad.

“Hay que rellenarlos y hacerlos competitivos, porque si no van a perder el tren”, ha señalado el directivo de la compañía irlandesa. Wilson ha puesto como ejemplo el aeropuerto italiano de Bérgamo, que hace años apenas recibía pasajeros y que actualmente supera los 20 millones de viajeros anuales. También ha destacado la competitividad de otros aeropuertos regionales europeos en países como Suecia, Eslovaquia o Albania.

Solo falta ajustar los precios

El consejero delegado de Ryanair ha defendido que España reúne todas las condiciones para seguir creciendo como destino turístico y como mercado aéreo. “España es un país fantástico para invertir, lo tiene todo, tiene las infraestructuras, los medios y la gente”, ha afirmado.

A su juicio, el único elemento que falta es “ajustar los precios”, en referencia a las tarifas aeroportuarias que cobra Aena. Wilson ha recordado además que el gestor aeroportuario español posee la mitad del aeropuerto londinense de Luton y ha ironizado asegurando que allí “sí saben negociar”.

Las críticas se producen en un momento en el que Ryanair ha reducido su capacidad en España y ha anunciado en los últimos meses recortes de operaciones en algunos aeropuertos regionales por desacuerdos con la política tarifaria de Aena.

Ryanair se ofrece a volar desde Casarrubios

Wilson también se ha mostrado dispuesto a que Ryanair opere desde el futuro segundo aeropuerto de Madrid, el de Casarrubios del Monte (Toledo). Si, finalmente, obtiene la autorización del Ministerio de Transportes para funcionar como aeropuerto comercial.

“Todo lo que aporte competencia reducirá los costes y las tarifas y aportará más crecimiento para la economía en general”, ha afirmado. El directivo ha defendido que una mayor competencia entre infraestructuras aeroportuarias permitiría abaratar costes y favorecer el crecimiento del tráfico aéreo en España.

“Si cambian los precios, volveremos”

En cuanto a la posibilidad de recuperar operaciones en algunos aeropuertos regionales españoles, Wilson ha asegurado que Ryanair estaría “encantada” de regresar si cambian las circunstancias económicas.

Es el caso del aeropuerto de Santiago de Compostela, cuya base cerró en octubre del año pasado. “Los precios son muy elevados”, ha lamentado el directivo, aunque ha asegurado que la compañía volvería a operar allí si las condiciones mejoran. “Galicia es un lugar fantástico”, ha añadido.

Wilson ha explicado que Ryanair se encuentra actualmente limitada en España porque no puede crecer en grandes aeropuertos como Madrid o Barcelona, que “están a tope”, mientras que tampoco puede hacerlo en muchos aeropuertos regionales por sus elevados costes.

Esta situación, según ha señalado, explica que otras compañías como Wizz Air o Vueling hayan registrado mayores tasas de crecimiento en el mercado español en los últimos meses.

Un sector con cuatro grandes grupos europeos

El consejero delegado de Ryanair, ha aprovechado su intervención para pronosticar una mayor consolidación del sector aéreo europeo durante los próximos años. En su opinión, el mercado acabará articulándose en torno a cuatro grandes grupos: Ryanair, IAG (al que pertenece Iberia), Air France-KLM y Lufthansa.

Wilson ha defendido que el sector europeo de la aviación es actualmente más fuerte que el estadounidense o el asiático, aunque ha advertido de que el exceso de regulación comunitaria está perjudicando su competitividad. “Hay demasiadas normativas que aplastan al sector”, ha afirmado. “Tenemos que seguir siendo competitivos”.

Por último, ha descartado por el momento la posibilidad de que Ryanair opere vuelos con Arabia Saudí, salvo que el país decida liberalizar su espacio aéreo.

Un neumático suelto y sin control recorrió el pasado sábado por la noche parte de la zona operativa de la pista del aeropuerto César Manrique-Lanzarote donde estaban estacionados varios aviones.

En un vídeo difundido en redes sociales por LanzaroteWebcam, que califica la escena “digna de película de humor”, se puede apreciar el momento en el que la rueda, de la compañía Ryanair, según confirma Aena, recorre parte de la terminal del aeropuerto conejero.

Para poder frenarla hizo falta que varios vehículos de trabajadores del aeródromo se movilizaran para evitar que la rueda impactase contra alguna aeronave, persona o vehículo que se encontrase en la zona.

Según Aena, el suceso no afectó a la operatividad del aeropuerto.

Nuevo revés judicial a Ryanair por su política laboral. El Supremo ha rechazado que un acuerdo de empresa o un convenio colectivo pueda imponer obligatoriamente a las personas contratado a tiempo parcial la realización de horas complementarias, como ocurría con un pacto sobre “horas complementarias imprevistas” entre la aerolínea irlandesa, una subcontrata y el sindicato CCOO.

En una sentencia fechada el pasado 29 de mayo, que ha consultado elDiario.es, la sala de lo social desestima el recurso presentado por Ryanair y dos subcontratas (Azul Handling e IHandlingAviation Airports Airlines) y confirma un fallo de enero de 2025 de la Audiencia Nacional, que acordó anular estas horas por ilegales.

El conflicto colectivo se originó tras un acuerdo sobre horas complementarias de personas trabajadoras a tiempo parcial firmado en noviembre de 2023 entre Ryanair e la subcontrata IHandling (posteriormente sucedida por Azulhandling) y el sindicato CCOO, que introdujo la figura de las “horas complementarias imprevistas” (HCI).

Estas horas complementarias “imprevistas” se comunicaban con menos de tres días de preaviso, como exige el Estatuto de los Trabajadores, incluso de forma verbal, ante cambios de programación de vuelos, retrasos o “incapacidades temporales imprevistas”, tenían carácter obligatorio y podían hasta alcanzar el 60% de la jornada ordinaria del trabajador.

UGT y CGT presentaron sendas demandas de conflicto colectivo solicitando la nulidad de esta regulación por considerarla ilegal, a las que se adhirió USO, y la Audiencia Nacional les dio la razón, fallo que fue recurrido por las empresas.

Las horas complementarias no son como las extra

Lo que ha aclarado el Supremo es si los acuerdos colectivos de empresa pueden imponer la obligatoriedad de realizar horas complementarias a los trabajadores a tiempo parcial, ante lo que las empresas alegaban que prohibir esta regulación vulneraba el principio de autonomía colectiva, informa la agencia EFE.

El Supremo recuerda que el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial de asistencia en aeropuertos (Handling) establecen que el empresario sólo puede exigir horas complementarias si existe un pacto expreso e individual con el trabajador, y que su aceptación es siempre voluntaria.

A diferencia con las horas extraordinarias, donde el Estatuto de los Trabajadores permite que se pacte su obligatoriedad por la vía de la negociación colectiva, la ley no contempla una previsión similar para las horas complementarias.

Por lo tanto, un acuerdo colectivo de empresa no puede transformar en obligatorias unas horas que legalmente requieren la voluntariedad del empleado.

Asimismo, en el caso analizado el preaviso inferior a tres días y de carácter verbal contraviene tanto la ley como el convenio sectorial aplicable.

La Sala constata que el convenio colectivo sectorial prevé las “horas perentorias”, que son de aceptación obligada, únicamente afectan al personal a tiempo completo.

Al asimilar las horas complementarias imprevistas a las perentorias, la empresa pretendía “sortear” la prohibición legal y aplicar de forma encubierta esta obligatoriedad a los trabajadores a tiempo parcial, concluyen los magistrados.

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha modificado su política de asignación de asientos para pasajeros con menores tras una investigación del regulador de competencia en el Reino Unido sobre el cobro de la reserva de plaza para que padres e hijos pudieran sentarse juntos.

La compañía anunció este jueves que, para las reservas efectuadas a partir de hoy, los adultos que viajen con niños y no deseen pagar por la selección de asiento recibirán la asignación de sus plazas de forma gratuita una vez hayan realizado la facturación del vuelo, como ocurre en la mayoría de las aerolíneas europeas.

Ryanair advirtió de que, en esos casos, las familias tendrán más probabilidades de ser ubicadas en la parte trasera del avión, ya que “las filas delanteras suelen agotarse primero”.

Hasta ahora, la aerolínea exigía a los adultos que viajaban con menores de entre 2 y 11 años pagar la reserva de al menos un asiento, denominado por la compañía 'asiento familiar obligatorio', para asegurar que los niños se sentaran junto a ellos, sin ofrecer la posibilidad de una asignación gratuita de plazas contiguas.

La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, en inglés) abrió a principios de mes una investigación para determinar si ese cargo, de unas 8 libras (9,3 euros) por trayecto, podía constituir una cláusula abusiva de acuerdo con la legislación británica de protección al consumidor y si, en la práctica, suponía cobrar a los padres por cumplir sus obligaciones de seguridad hacia los menores.

Con la nueva política, las familias seguirán teniendo la opción de pagar por la selección de asientos para elegir la ubicación que prefieran en el avión, mientras que quienes renuncien a ello recibirán una asignación automática tras el 'check in'.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, acusó a la CMA de estar “empeñada” en obligar a la aerolínea a adoptar una política de asientos “menos transparente y menos favorable para los consumidores”, simplemente porque es la que aplica la mayoría de las compañías.

“Nos adaptaremos con reticencia al estándar del sector”, afirmó en el comunicado O'Leary, quien aseguró que no quiere “perder el tiempo” tratando de explicar a unos reguladores “completamente equivocados” qué es lo que “más conviene a los consumidores”.

Ryanair, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa, se enfrenta a una investigación por la tasa obligatoria que cobra a los padres por sentarse junto a sus hijos. La Autoridad de Competencia y Mercados (CMA) ha señalado que los términos y condiciones de la aerolínea irlandesa exigen que al menos uno de los padres se siente junto a sus hijos, incluidos aquellos con discapacidad, y les cobra unas 8 libras por vuelo por hacerlo.

El organismo regulador investigará si se trata de una cláusula contractual abusiva según la legislación en materia de consumo. Se entiende que Ryanair es la única gran aerolínea que opera desde el Reino Unido que impone este cargo.

Ryanair calificó la investigación de “falsa” y añadió que esperaba “refutar estas afirmaciones falsas de la CMA”. La aerolínea afirmó que no cobra ninguna tarifa por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña. Sin embargo, los padres y tutores deben pagar una tarifa de reserva para sentarse junto a ellos.

Las normas de la aerolínea establecen que al menos uno de los padres debe sentarse con sus hijos de entre 2 y 11 años cuando vuelan, a través de un “asiento familiar obligatorio”. Esta tarifa se aplica tanto en los vuelos de ida como en los de vuelta.

Reservar uno de estos asientos cuesta entre 4,50 y 13,50 euros. La CMA ha constatado que este sistema se aplica en la mayoría de las rutas de Ryanair en el Reino Unido. Para el resto de pasajeros, la reserva de asiento es opcional.

La CMA está investigando si la práctica de Ryanair puede suponer que se cobre a los padres para que la aerolínea cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad infantil y discapacidad, tal y como establecen las normas de aviación, con el fin de determinar si esta práctica se ajusta o no a la legislación en materia de consumo.

En concreto, la investigación se centra en si las condiciones contractuales de Ryanair son “abusivas”, es decir, si colocan a los clientes en una situación de desventaja injusta.

La ley aplica un criterio de equidad que evalúa si la redacción inclina el equilibrio de derechos y responsabilidades en el contrato demasiado a favor de la empresa. Las cláusulas abusivas no son legalmente vinculantes para los clientes, y la CMA puede tomar medidas coercitivas para impedir que las empresas las utilicen.

Otras aerolíneas ofrecen sentar a los niños junto a un padre o tutor sin cobrar a los adultos por la reserva de asiento, o asignan asientos juntos automáticamente durante la reserva de forma gratuita.

Hayley Fletcher, directora sénior de protección del consumidor de la CMA, declaró: “Nuestra investigación analizará el enfoque de Ryanair respecto a las reservas de asientos familiares y cómo se presenta el coste a los consumidores para determinar si cumplen con la legislación en materia de consumo. Durante el último año, hemos instado a las empresas a garantizar que se muestre a sus clientes el precio total por adelantado; aquellas que no lo hagan se enfrentan a la posibilidad muy real de que la CMA emprenda acciones contra ellas”.

Ryanair afirmó que su política de asientos para familias “cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes y permite a las familias ahorrar dinero al viajar con la aerolínea de tarifas más bajas del Reino Unido”.

La aerolínea señaló que “al igual que todos los adultos que eligen un asiento reservado, los adultos que viajan con niños pagan una tarifa por asiento reservado, pero pueden elegir asientos reservados junto a ellos para hasta cuatro niños en la misma reserva SIN COSTE ALGUNO”.

Ryanair añadió: “Esta investigación infundada de la CMA es un intento fallido del Gobierno de Starmer de fingir que se preocupa por los consumidores, cuando no ha logrado abolir el APD [impuesto sobre los pasajeros aéreos], lo que supondría de inmediato tarifas más bajas para todos los consumidores y un crecimiento para la aviación, el turismo y la economía en general del Reino Unido”.

Como parte de la investigación, la CMA también examinará si la tarifa obligatoria por asientos familiares se “aplica gradualmente” durante el proceso de reserva sin total transparencia. El “drip pricing”, que consiste en mostrar a los consumidores un precio inicial para luego sorprenderles con tarifas ocultas inevitables más adelante en el proceso, fue prohibido en 2024.

La CMA acaba de iniciar su investigación y ha subrayado que aún no ha llegado a ninguna conclusión sobre si Ryanair ha infringido la ley. Ha señalado que la investigación forma parte de su labor más amplia destinada a aliviar la presión del coste de la vida y proteger a los consumidores vulnerables.

Desde que entraron en vigor sus mayores competencias en materia de consumo, que permiten al organismo regulador multar a las empresas por incumplimientos y garantizar reembolsos, la CMA ha iniciado investigaciones sobre 15 empresas de diversos sectores, entre los que se incluyen la venta de entradas, los gimnasios, los artículos para el hogar y las reseñas en línea.

Ryanair ha alertado este lunes de la reducción de su tráfico aéreo en los los aeropuertos canarios debido a las “elevadas” tasas de Aena. La compañía señala que ha desaparecido del aeropuerto de Tenerife Norte y que en el resto de isla ha caído su capaciad en un 6%.

Ryanair apunta que “a pesar de poseer una participación del 51% y de ser responsable de la política tarifaria, el Gobierno español está provocando la salida de las aerolíneas de las regiones españolas”.

A su juicio, “el Gobierno está optando por maximizar los retornos de caja al permitir que Aena abuse de su posición de monopolio en los principales aeropuertos de España, obteniendo márgenes excesivos del 60 % a expensas de las economías locales, que dependen de unos viajes aéreos asequibles para el turismo y el empleo”.

“El Gobierno también está respaldando inversiones de miles de millones de euros en el extranjero, con 800 millones de euros destinados a los aeropuertos de Aena en el Reino Unido y Brasil en los últimos 12 meses, además de los miles de millones comprometidos anteriormente para otros aeropuertos no españoles”.

La compañía apunta que su tráfico en los aeropuertos regionales seguirá disminuyendo tras una reducción de tres millones de plazas en la capacidad de los aeropuertos regionales en los últimos 18 meses. Ryanair crecerá en los principales aeropuertos de España, donde Aena pretende consolidar el tráfico de aerolíneas a costa de un desarrollo regional equilibrado. 

“Si se introducen tasas aeroportuarias competitivas, Ryanair podría lograr un crecimiento del 40% en España, añadiendo 33 nuevos aviones con base en el país, abriendo 5 nuevas bases regionales y aumentando el tráfico español hasta los 77 millones de pasajeros al año para 2031”, concluye la compañía en la nota.

La aerolínea de bajo coste Ryanair ha vuelto a cargar contra las tasas de Aena. Este lunes ha reconocido que va a recortar plazas de vuelo en aeropuertos pequeños, pero crecerá en los grandes.

“El tráfico de Ryanair en los aeropuertos regionales españoles seguirá disminuyendo, lo que supondrá la pérdida de otros 1,2 millones de plazas”, asegura la compañía a través de un comunicado. En total, cifra en tres millones las “plazas perdidas en total desde el verano de 2024”.

Sin embargo, es una de cal y otra de arena. “Ryanair seguirá creciendo en los principales aeropuertos de España, donde Aena quiere concentrar el tráfico aéreo para obtener los mayores beneficios”, justifica. “La capacidad total en España”, de la empresa irlandesa “se mantendrá plana”. “Mientras tanto, Ryanair crecerá en otras economías turísticas, como Marruecos (un 11%), e Italia (un 9 %), dado que esos países son significativamente más competitivos que España”, asegura, sin dar más detalles.

Hay que recordar que, hace un año, Ryanair ya decidió cerrar sus bases de operaciones en Santiago y canceló vuelos a Vigo, Tenerife, Asturias, Santander y Zaragoza.

El trasfondo es la disputa que Ryanair mantiene con Aena por las tasas aéreas, lo que las aerolíneas pagan por utilizar los aeropuertos. En una rueda de prensa, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, ha asegurado que las tasas propuestas por Aena para el próximo quinquenio regulador hace que los aeropuertos españoles, en especial los “regionales”, no sean competitivos. De ahí que la compañía justifique que asigna sus recursos hacia otros países que le resulten más beneficiosos económicamente, como Croacia, Albania o Marruecos, según recoge Europa Press.

Hay que recordar que esta disputa viene de lejos. Hace unas semanas, el presidente de Aena, Maurici Lucena, ya señaló que “estamos hablando, con independencia del ruido y la furia, de subir las tarifas aeroportuarias y los billetes de avión, de promedio, 0,43 euros” por pasajero. “Estoy escuchando declaraciones hiperbólicas y pueden no subir los precios, pero estamos diciendo que construir los aeropuertos del futuro, que son imprescindibles para la economía y la movilidad de los españoles cuesta 0,43 euros por pasajero”, afirmó en rueda de prensa.

Las críticas de Ryanair

La aerolínea irlandesa carga, en cambio, contra los dividendos de Aena. “El Gobierno español, como principal accionista de Aena, continúa abandonando a la España regional tras haberse vuelto dependiente de los dividendos de Aena, que han ascendido a cerca de 5.000 millones de euros en los últimos cuatro años”, asegura. “Este año, el Gobierno español se embolsará 834 millones de euros como parte de un dividendo récord de 1.650 millones de euros de Aena, mientras que los aeropuertos regionales españoles siguen desangrándose en tráfico, perdiendo conectividad y viendo cómo el empleo local se pone en riesgo”.

“El Gobierno español debe actuar ahora. En primer lugar, debe bloquear las subidas de precios previstas por Aena en el DORA III [el plan de inversión en aeropuertos para los próximos ejercicios, que contamos en este tema] concretamente un aumento del 21% más la inflación”.

“En segundo lugar”, añade, “debe imponer tarifas aeroportuarias más bajas en los aeropuertos regionales para que la infraestructura existente se utilice adecuadamente y las regiones puedan competir por rutas y turistas. Aena puede financiar fácilmente cualquier infraestructura necesaria con sus sustanciales beneficios y reinvertir el dinero que envía a aeropuertos extranjeros en los aeropuertos nacionales. No necesita seguir subiendo las tarifas a las aerolíneas y a los pasajeros a costa del desarrollo económico español”.

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, dijo hoy que si Aena mantiene una “visión comunista del mundo” y aplica las mismas tasas a todos los aeropuertos su aerolínea seguirá reduciendo destinos regionales, y volvió a cargar contra el ministro español de Consumo, Pablo Bustinduy, por el litigio sobre el equipaje de mano gratuito.

“Es un idiota. Y cuanto antes lo echen del cargo, mejor. Y no tenemos ninguna relación con él. Su multa sobre el equipaje de mano, inventada por su departamento, es claramente ilegal”, dijo O'Leary preguntado por EFE por su relación con el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Bustiduy ha respondido al consejero delegado de Ryanair a través de su cuenta en la red social Bluesky: “O'Leary no está acostumbrado a que le planten cara, pero en España ha tocado hueso. por mucho que insulte y patalee, por mucho dinero que tenga, aquí va a tener que cumplir la ley y respetar los derechos de los consumidores. Y pagar 107 millones de multa. Eso también”.

La aerolínea irlandesa de bajo coste fue sancionada con 107 millones de euros en España por, entre otras cosas, cobrar por el equipaje de mano, multa que Ryanair ha recurrido en los tribunales.

En paralelo, la compañía ha presionado al comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, el griego Apostolos Tzitzikostas, y el Ejecutivo comunitario ha abierto expediente a España al considerar que las restricciones al cobro por el equipaje de mano podrían contravenir la normativa comunitaria.

“La Comisión Europea ya ha iniciado procedimientos de infracción y (Bustinduy) perderá esos procedimientos. Pero, ¿y luego qué? Nunca ha tenido un trabajo en el mundo real. Ya sabe, papá y mamá fueron ministros del Gobierno español y él no tiene ni idea de lo que quieren los consumidores”, dijo una entrevista a EFE en el marco de la reunión anual en Bruselas de las grandes aerolíneas europeas.

Según O'Leary, los consumidores “quieren tarifas más bajas en España, no el derecho a llevar dos bolsas, tres bolsas o cuatro bolsas” y aseguró que la ofensiva del Ejecutivo español contra el cobro por la maleta es una “estupidez” de la que el ministro ahora “está sacando rédito político de ello”.

“Pero, en fin, es otro ministro desconectado de la realidad en un Gobierno español fracasado”, remató.

El máximo responsable de la aerolínea que más pasajeros transporta en la Unión Europea también se explayó contra la empresa pública que gestiona la mayoría de los aeropuertos en España, Aena.

“Seguimos creciendo en España, a pesar de que Aena quiere seguir subiendo las tasas. Estamos reduciendo en la España regional, pero creciendo en Madrid y Barcelona. Así que, como siempre, cuando tienes un monopolio caro como Aena, son los aeropuertos regionales los que salen perdiendo, porque los grandes aeropuertos siguen ganando”, señaló.

O'Leary agregó que “si aumentas las tasas aeroportuarias, puedes trasladarlo en forma de tarifas más altas en Madrid y Barcelona, pero no puedes hacerlo en Valladolid, no puedes hacerlo en Santiago de Compostela”.

“Esos necesitan costes mucho más bajos. Pero Aena tiene esta visión comunista del mundo: que todo el mundo debería pagar las mismas tasas. Esa no es la manera de hacer crecer los aeropuertos regionales. Y por eso los aeropuertos regionales en España se están muriendo”, agregó.

O'Leary, que acostumbra a utilizar las polémicas públicas como palanca de publicidad para su compañía, se ha enfrentado con perfiles políticos tan distantes como el izquierdista Bustinduy y el multimillonario Elon Musk, cercano a la extrema derecha y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Todos están locos. Yo soy el único sensato que hay por ahí”, bromeó el controvertido empresario.

“La base d'operacions es troba a Espanya i, sent resident fiscal espanyol, haurà de tributar a la Hisenda espanyola per la totalitat de les seves rendes”. Es tracta d'una de les conclusions assolides pel Tribunal Superior de Justícia de Balears en relació amb un pilot de Ryanair que reclamava quedar exempt del pagament de l'IRPF en al·legar que treballa per a una empresa amb seu a Irlanda i desenvolupa la seva activitat, en gran mesura, en vols internacionals. La Justícia, tanmateix, desestima la seva petició i avala el criteri defensat per l'Agència Tributària —cada vegada més estès en aquest tipus de resolucions—: encara que l'activitat es projecti fora d'Espanya, el seu centre de treball continua situat a l'aeroport de Palma i, en conseqüència, dins del territori nacional.

Lluny de ser un litigi aïllat, la sentència, a la qual ha tingut accés elDiario.es, s'insereix en una línia cada vegada més consolidada que busca garantir que els contribuents amb arrelament laboral a Espanya tributin pel conjunt de les seves rendes, fins i tot quan la seva activitat té una dimensió clarament internacional. El conflicte, a més, no només afecta els treballadors que operen fora d'Espanya, sinó aquells la estructura laboral o retributiva dels quals continua ancorada al país. Tal com es desprèn de diverses resolucions dictades en aquesta matèria, consultades per aquest mitjà, en els últims anys —especialment entre 2024 i 2025— el Tribunal Suprem (TS) ha analitzat casos relatius a tripulants de bucs de l'Armada desplegats en missions internacionals —com operacions de l'OTAN— en els quals la Justícia ha rebutjat l'aplicació de l'exempció, malgrat que el treball es desenvolupava en aigües internacionals.

La raó és similar a la que s'aplica en el cas dels pilots: Hisenda sosté que el vaixell no implica un veritable desplaçament fiscal a l'estranger, ja que es troba sota jurisdicció espanyola, i que no existeix un beneficiari real no resident dels serveis. En la pràctica, el tribunal trasllada la mateixa lògica: no n'hi ha prou amb treballar fora d'Espanya si l'estructura en què s'integra aquesta activitat continua radicada al país.

La controvèrsia pivota al voltant de l'article 7.p de la Llei de l'IRPF, que permet deixar exempts fins a 60.100 euros anuals quan el treball es realitza efectivament a l'estranger. Però la norma no és automàtica: exigeix que concorrin tres requisits fonamentals —que l'activitat es desenvolupi fora d'Espanya, que el destinatari dels serveis sigui una entitat no resident i que el país de destinació compleixi determinades condicions fiscals—. La clau, en la pràctica, és acreditar-los.

En el cas del pilot de Ryanair, la disputa girava precisament al voltant d'aquesta interpretació. El treballador defensava que s'havia d'aplicar l'exempció pels serveis prestats a l'estranger el 2018, al·legant que treballava per a una companyia amb seu a Irlanda i que la seva activitat es desenvolupava majoritàriament en vols internacionals. Però tant l'Agència Tributària com el tribunal rebutgen aquesta lectura i subratllen que no n'hi ha prou amb operar a l'estranger si l'estructura laboral continua vinculada a Espanya.

El pilot de Ryanair reclamava que se li apliqués l'exempció pels serveis prestats a l'estranger, al·legant que treballava per a una companyia amb seu a Irlanda i que la seva activitat es desenvolupava, en gran mesura, en vols internacionals fora d'Espanya. L'Agència Tributària i el tribunal rebutgen i subratllen que no n'hi ha prou amb operar a l'estranger si l'estructura laboral roman vinculada a territori nacional

L'element decisiu va ser la base d'operacions, és a dir, el lloc des d'on comença i acaba la jornada, s'organitzen els torns i s'assignen els vols. El pilot la tenia fixada a l'aeroport de Palma, fet que porta el tribunal a considerar que el seu centre de treball es trobava a Espanya, encara que part de la seva activitat es desenvolupés en vols internacionals. A manca de proves que acreditessin un trasllat efectiu d'aquesta base o que els serveis es prestessin directament per a la matriu estrangera —i no per a la seva estructura a Espanya—, la Justícia conclou que ha de tributar íntegrament al país.

No en va, durant anys Ryanair va defensar que els conflictes laborals havien de resoldre's a Irlanda, on té la seva seu formal. Tanmateix, aquesta estratègia va quedar en gran part desactivada després de diverses sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), especialment les dictades el 2017, en les quals l'alt tribunal va establir que l'element determinant no és la ubicació jurídica de l'empresa, sinó el lloc des del qual el treballador exerceix habitualment la seva activitat. En el cas dels tripulants aeris, aquest criteri s'identifica amb la base d'operacions. Aquesta doctrina va permetre a pilots i personal de cabina reclamar els seus drets davant els tribunals dels països on estan destinats, consolidant un enfocament que posa l'accent en la realitat laboral per sobre de les estructures societàries.

Iots de luxe i paradisos fiscals

La qüestió sobre l’aplicació de l’article 7.p de la Llei de l’IRPF adquireix una rellevància especial a Balears, una de les economies més internacionalitzades d’Espanya, amb un pes molt elevat del turisme estranger i d’activitats vinculades a mercats globals. Aquest context ha generat perfils laborals cada vegada més mòbils, des de tripulacions aèries fins a treballadors del sector nàutic. Palma és, a més, una de les principals bases operatives de diverses aerolínies europees, entre elles Ryanair, fet que implica la presència de nombroses tripulacions residents fiscals a Espanya però amb activitat internacional. En aquest escenari, la jurisprudència insisteix en la necessitat d’acreditar de manera rigorosa tant on es realitza efectivament la feina com qui n’és el beneficiari.

La qüestió al voltant de l'aplicació o no de l'article 7.p de la Llei de l'IRPF adquireix especial rellevància a Balears, l'economia de la qual és una de les més internacionalitzades d'Espanya, amb un pes molt elevat del turisme estranger i d'activitats vinculades a mercats globals, cosa que ha generat perfils laborals cada vegada més mòbils

No en va, en una sentència de 2022, el TSJIB va analitzar la situació d’un capità de iot que treballava per a una empresa amb seu al paradís fiscal de Guernsey i desenvolupava la seva activitat en aigües internacionals. L’embarcació es dedicava al xàrter per a clients privats en destinacions com França, Itàlia o Grècia, una operativa habitual en el segment dels iots de luxe, àmpliament present a l’arxipèlag i vinculat a clients d’alt poder adquisitiu i estructures empresarials internacionals. De fet, el vaixell estava vinculat a societats domiciliades en territoris considerats paradisos fiscals, cosa que reforça el caràcter globalitzat -i fiscalment complex- d’aquest tipus d’activitat.

En la seva sentència, el tribunal concloïa que, malgrat aquesta aparent projecció exterior, el capità —amb uns ingressos mensuals de 7.000 euros— havia de tributar a Espanya per la totalitat de les seves rendes en considerar acreditada la seva residència fiscal a les illes. El factor determinant no residia tant en on navegava el vaixell com en els vincles del contribuent amb Espanya: el mateix interessat va reconèixer que, quan no estava embarcat, vivia al país, on a més tenia un habitatge en propietat i el seu port base es trobava a Palma.

Amb aquests elements, la Sala entén que concorrien els criteris de l’article 9 de la Llei de l’IRPF, que estableix que una persona és resident fiscal a Espanya en funció de dos eixos principals. El primer és la permanència, que es considera acreditada si el contribuent roman més de 183 dies durant l’any natural en territori espanyol, computant-se també les absències esporàdiques llevat que es demostri la residència fiscal en un altre país. El segon és el centre d’interessos econòmics, que atén a on es concentra la base principal o el nucli de les activitats econòmiques o professionals del contribuent. En la pràctica, n’hi ha prou que es compleixi un d’aquests dos criteris perquè Hisenda entengui que existeix residència fiscal a Espanya i, per tant, l’obligació de tributar per la totalitat de les rendes obtingudes arreu del món.

La Justícia balear va rebutjar aplicar l'exempció en el cas d'un capità de iot resident a Palma que treballava per a una empresa amb seu al paradís fiscal de Guernsey i desenvolupava la seva activitat en aigües internacionals: llogava el vaixell a clients amb elevat poder adquisitiu per desplaçar-se per França, Itàlia i Grècia

Militars desplegats al Líban

L’evolució de la jurisprudència del TS en aquest àmbit apunta a una aplicació una mica més flexible de l’exempció, amb la finalitat d’afavorir la mobilitat internacional dels treballadors, però mantenint límits clars. Al febrer de 2021, l’Alt Tribunal va establir que l’article 7.p pot aplicar-se fins i tot quan els desplaçaments a l’estranger siguin breus o no continuats, descartant la necessitat d’una estada prolongada fora d’Espanya. Aquest criteri s’ha reforçat en resolucions posteriors, en les quals el Suprem ha estès l’exempció a perfils com directius o empleats desplaçats a organismes internacionals, incloent-hi tasques de coordinació o supervisió.

Tanmateix, en dues sentències de febrer de 2026, el TS va analitzar el cas de diversos militars espanyols desplegats al Líban en missions de les Nacions Unides. Malgrat que els recurrents al·legaven haver treballat durant mesos a l’estranger, l’Alt Tribunal va rebutjar l’exempció en entendre que les retribucions eren abonades pel Ministeri de Defensa, i no per una entitat no resident.

En dues sentències recents, el Suprem va analitzar el cas de diversos militars espanyols desplegats al Líban en missions de les Nacions Unides. Malgrat que els recurrents al·legaven haver treballat durant mesos a l'estranger, l'Alt Tribunal va rebutjar l'exempció en entendre que les retribucions eren abonades pel Ministeri de Defensa

A més, en sengles resolucions, els magistrats de la Sala del Contenciós-Administratiu recorden que la República Libanesa es trobava, en els exercicis analitzats, dins la relació de països i territoris qualificats com a paradisos fiscals, cosa que exclou automàticament l’aplicació de l’exempció. Aquesta llista està determinada pel Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol, que identifica aquelles jurisdiccions que, a efectes fiscals, presenten una baixa o nul·la tributació, manca de transparència o absència de mecanismes efectius d’intercanvi d’informació amb l’Administració espanyola. La inclusió en aquest llistat —que històricament ha incorporat territoris com Gibraltar, les Illes Caiman o Guernsey— comporta un tractament fiscal més restrictiu i limita l’accés a beneficis com l’exempció per treballs realitzats a l’estranger.

En paral·lel, els tribunals superiors de justícia autonòmics estan aplicant aquests criteris amb matisos en diferents sectors. En una altra sentència recent, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia analitza el cas d’un treballador embarcat en un vaixell de l’Armada en missions internacionals i rebutja l’exempció en no acreditar-se que els serveis generessin una utilitat real per a una entitat estrangera diferent de la mera participació en una organització internacional. El tribunal insisteix que no n’hi ha prou amb treballar fora d’Espanya: cal demostrar que la feina es presta per a un destinatari estranger concret i que produeix un avantatge efectiu per a aquest.

Empleats del Banc d'Espanya

En canvi, altres resolucions mostren una aplicació més flexible quan es compleixen aquests requisits. En una sentència dictada el passat mes de gener, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid analitza la situació de diversos empleats del Banc d’Espanya desplaçats temporalment al Banc Central Europeu en el marc de projectes i tasques de coordinació tècnica. En aquest supòsit, els treballadors mantenien el seu vincle laboral amb la institució espanyola, però desenvolupaven part de la seva activitat a l’estranger, participant en funcions que beneficiaven directament un organisme internacional.

Altres resolucions mostren una aplicació més flexible. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid va atorgar l'exempció a diversos empleats del Banc d'Espanya desplaçats temporalment al Banc Central Europeu en considerar que els seus projectes generen una utilitat real per a una entitat no resident

La Sala recull la doctrina del Tribunal Suprem i conclou que l’exempció prevista en l’article 7.p de l’IRPF pot aplicar-se en aquests casos, fins i tot encara que els desplaçaments no siguin permanents o es combinin amb feina a Espanya. L’element clau, segons el tribunal, és que els serveis es prestin materialment fora del país i generin una utilitat real per a una entitat no resident, en aquest cas el Banc Central Europeu, amb independència que també existeixi un benefici indirecte per a l’ocupador espanyol.

El mateix tribunal va introduir un altre matís rellevant en una sentència del passat mes de desembre, relativa a un tripulant que treballava com a capità i primer oficial en un iot amb base a l’estranger. Fins i tot quan es compleixen els requisits per aplicar l’exempció, aquesta no opera de manera automàtica ni total, sinó que s’ha de calcular de forma proporcional en funció del temps real de treball a l’estranger. Segons la resolució, el treballador havia prestat serveis durant 152 dies en aigües internacionals i en diversos països europeus, amb uns ingressos anuals superiors a 82.000 euros. El tribunal valida el criteri de l’Agència Tributària, que limita l’exempció als dies efectivament treballats fora d’Espanya i fixa en uns 34.168 euros la quantitat exempta, mentre que la resta ha de tributar a Espanya.

“La base de operaciones se encuentra en España y, siendo residente fiscal español, deberá tributar a la Hacienda española por la totalidad de sus rentas”. Se trata de una de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Superior de Justicia de Balears en relación a un piloto de Ryanair que reclamaba quedar exento del pago del IRPF al alegar que trabaja para una empresa con sede en Irlanda y realiza su actividad, en gran medida, en vuelos internacionales. La Justicia, sin embargo, desestima su petición y avala el criterio defendido por la Agencia Tributaria, cada vez más extendido en este tipo de resoluciones: aunque la actividad se proyecte fuera de España, su centro de trabajo sigue estando en el aeropuerto de Palma y, en consecuencia, dentro del territorio nacional.

Lejos de ser un litigio aislado, el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se inserta en una línea cada vez más asentada que busca garantizar que los contribuyentes con arraigo laboral en España tributen por el conjunto de sus rentas, incluso cuando su actividad tenga una dimensión claramente internacional. El conflicto, además, no solo afecta a los trabajadores que operan fuera de España, pero cuya estructura laboral o retributiva permanece anclada al país. Tal como se desprende de las distintas resoluciones dictadas en esta materia, consultadas por este medio, en los últimos años -especialmente entre 2024 y 2025-, el Tribunal Supremo (TS) ha estudiado casos relativos a tripulantes de buques de la Armada desplegados en misiones en el extranjero -como operaciones de la OTAN- en los que la Justicia ha rechazado la aplicación de la exención pese a que el trabajo se desarrollaba en aguas internacionales.

La razón es similar a la que se aplica en el caso de los pilotos: Hacienda sostiene que el buque no supone un verdadero desplazamiento fiscal al extranjero, al considerarse bajo jurisdicción española, y que no existe un beneficiario real no residente de los servicios. En la práctica, el tribunal traslada la misma lógica: no basta con trabajar fuera de España si la estructura en la que se integra esa actividad sigue radicada en el país.

La controversia pivota en torno al artículo 7.p de la Ley del IRPF, que permite dejar exentos de impuestos hasta 60.100 euros anuales cuando el trabajo se realiza efectivamente en el extranjero. Pero la norma no es automática: exige que concurran tres requisitos fundamentales –que la actividad se desarrolle fuera de España, que el destinatario de los servicios sea una entidad no residente y que el país de destino cumpla determinadas condiciones fiscales–. La clave, en la práctica, está en acreditarlos.

En el caso del piloto de Ryanair, la disputa giraba precisamente en torno a esa interpretación. El trabajador defendía que debía aplicarse la exención por los servicios prestados en el extranjero en 2018, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales. Pero tanto la Agencia Tributaria como el tribunal rechazan esta lectura y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada con España.

El piloto de Ryanair reclamaba que se le aplicara la exención por los servicios prestados en el extranjero, alegando que trabajaba para una compañía con sede en Irlanda y que su actividad se desarrollaba, en gran medida, en vuelos internacionales fuera de España. La Agencia Tributaria y el tribunal rechazan y subrayan que no basta con operar en el extranjero si la estructura laboral permanece vinculada a territorio nacional

El elemento decisivo fue la base de operaciones, el lugar desde donde empieza y termina la jornada, se organizan los turnos y se asignan los vuelos. El piloto la tenía fijada en el aeropuerto de Palma, lo que lleva al tribunal a considerar que su centro de trabajo se encontraba en España, aunque parte de su actividad se desarrollara en vuelos internacionales. A falta de pruebas que acreditaran un traslado efectivo de esa base o que los servicios se prestaban directamente para la matriz extranjera –y no para su estructura en España–, la Justicia concluye que debe tributar íntegramente en el país.

No en vano, durante años, Ryanair defendió que los conflictos laborales debían resolverse en Irlanda, donde cuenta con su sede formal. Sin embargo, esta estrategia quedó en gran parte desactivada tras varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente las dictadas en 2017, en las que el alto tribunal estableció que el elemento determinante no es la ubicación jurídica de la empresa, sino el lugar desde el que el trabajador desempeña habitualmente su actividad. En el caso de los tripulantes aéreos, ese criterio se identifica con la base de operaciones. Esta doctrina permitió a pilotos y personal de cabina reclamar sus derechos ante los tribunales de los países en los que están destinados, consolidando un enfoque que pone el acento en la realidad laboral por encima de las estructuras societarias.

Yates de lujo y paraísos fiscales

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles, desde tripulaciones aéreas hasta trabajadores del sector náutico. Palma es, además, una de las principales bases operativas de varias aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, lo que implica la presencia de numerosas tripulaciones residentes fiscales en España pero con actividad internacional. En este contexto, la jurisprudencia insiste en la necesidad de acreditar de forma rigurosa tanto dónde se realiza efectivamente el trabajo como quién es el beneficiario de los servicios.

La cuestión en torno a la aplicación o no artículo 7.p de la Ley del IRPF adquiere especial relevancia en Balears, cuya economía es una de las más internacionalizadas de España, con un peso muy elevado del turismo extranjero y de actividades vinculadas a mercados globales, lo que ha generado perfiles laborales cada vez más móviles

No en vano, en una sentencia de 2022, el TSJIB analizó la situación de un capitán de yate que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: la embarcación se dedicaba al chárter para clientes privados en destinos como Francia, Italia o Grecia, una operativa habitual en un segmento, el de los yates de lujo, ampliamente presente en el archipiélago y dirigido a clientes de alto poder adquisitivo. De hecho, el barco estaba vinculado a sociedades domiciliadas en territorios considerados paraísos fiscales, lo que refuerza el carácter globalizado -y fiscalmente complejo- de este tipo de actividad.

En su sentencia, el tribunal concluía que, pese a esa aparente proyección exterior, el capitán, que contaba con unos ingresos mensuales de 7.000 euros, debía tributar en España la totalidad de sus ingresos al considerar acreditada su residencia fiscal en las islas. El criterio determinante, por tanto, no residía tanto en dónde navegaba el barco como en los vínculos del contribuyente con España: el propio interesado reconoció que, cuando no estaba embarcado, vivía en España, donde además tenía una vivienda en propiedad y su puerto base se encontraba en Palma.

Con estos mimbres, la Sala entiende que concurrían los criterios del artículo 9 de la Ley del IRPF, que establece que una persona es residente fiscal en España en función de dos ejes principales. El primero es la permanencia, que se considera acreditada si el contribuyente permanece más de 183 días durante el año natural en territorio español, computándose también las ausencias esporádicas salvo que se demuestre la residencia fiscal en otro país. El segundo es el del centro de intereses económicos, que atiende a dónde se concentra la base principal o el núcleo de las actividades económicas o profesionales del contribuyente, directa o indirectamente. En la práctica, basta con que se cumpla uno de estos dos elementos para que Hacienda entienda que existe residencia fiscal en España y, por tanto, la obligación de tributar por la totalidad de las rentas obtenidas en todo el mundo.

La Justicia balear rechazó aplicar la exención en el caso de un capitán de yate residente en Palma que trabajaba para una empresa con sede en el paraíso fiscal de Guernsey y desarrollaba su actividad en aguas internacionales: alquilaba el barco a clientes con elevado poder adquisitivo para desplazarse por Francia, Italia y Grecia

Militares desplegados en Líbano

La evolución de la jurisprudencia del TS en este sentido apunta a una aplicación algo más flexible de la exención con la finalidad de favorecer la movilidad internacional de los trabajadores, aunque sigue manteniendo límites bastante claros. En febrero de 2021, el Alto Tribunal estableció que el artículo 7.p puede aplicarse incluso cuando los desplazamientos al extranjero sean breves o no continuados, descartando la necesidad de una estancia prolongada fuera de España. Un criterio que los magistrados han reforzado en resoluciones posteriores, en las que el Supremo ha extendido la exención a perfiles como directivos o empleados desplazados a organismos internacionales e incluso a trabajos de coordinación o supervisión.

Mientras tanto, en dos sentencias de febrero de 2026, el TS analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa y no por una entidad no residente.

En dos recientes sentencias, el Supremo analizó el caso de varios militares españoles desplegados en el Líbano en misiones de Naciones Unidas. Pese a que los recurrentes alegaban haber trabajado durante meses en el extranjero, el Alto Tribunal rechazó la exención al entender que las retribuciones eran abonadas por el Ministerio de Defensa

No solo eso. En sendas resoluciones, los magistrados de la Sala de lo Contencioso–Administrativo recuerdan que la República Libanesa se encontraba, en los ejercicios analizados, dentro de la relación de países y territorios calificados como paraísos fiscales, lo que excluye automáticamente la aplicación de la exención. Se trata de una lista determinada por el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, que identifica aquellas jurisdicciones que, a efectos fiscales, presentan una baja o nula tributación, falta de transparencia o ausencia de mecanismos efectivos de intercambio de información con la Administración española. La inclusión en este listado -que históricamente ha incorporado territorios como Gibraltar, Islas Caimán o Guernsey- conlleva un tratamiento fiscal más restrictivo y limita el acceso a beneficios como la exención por trabajos realizados en el extranjero prevista en el IRPF.

En paralelo, los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos están aplicando estos criterios con matices en distintos sectores. En otra reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia analiza el caso de un trabajador embarcado en un buque de la Armada en misiones internacionales y rechaza la exención al no acreditarse que los servicios generasen una utilidad real para una entidad extranjera distinta de la mera participación en una organización internacional. El tribunal insiste en que no basta con trabajar fuera de España: es necesario probar que el trabajo se realiza para un destinatario extranjero concreto y que produce una ventaja efectiva para este.

Empleados del Banco de España

En cambio, otras resoluciones muestran una aplicación más flexible cuando se cumplen esos requisitos. En una sentencia dictada el pasado mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estudia la pretensión de varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo en el marco de diversos proyectos y tareas de coordinación técnica. En este supuesto, los trabajadores mantenían su vínculo laboral con la institución española, pero desarrollaban parte de su actividad en el extranjero, participando en funciones que beneficiaban directamente a un organismo internacional.

Otras resoluciones muestran una aplicación más flexible. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó la exención a varios empleados del Banco de España desplazados temporalmente al Banco Central Europeo al considerar que sus proyectos generan una utilidad real para una entidad no residente

La Sala recoge la doctrina del Tribunal Supremo y concluye que la exención prevista en el artículo 7.p del IRPF puede aplicarse en estos casos, incluso aunque los desplazamientos no sean permanentes o se combinen con trabajo en España. El elemento clave, según el tribunal, es que los servicios se presten materialmente fuera del país y generen una utilidad real para una entidad no residente, en este caso el Banco Central Europeo, con independencia de que también exista un beneficio indirecto para el empleador español. La resolución refuerza así la idea de que la exención no queda descartada por la mera existencia de vínculos con España, siempre que se acredite de forma suficiente la dimensión internacional efectiva del trabajo.

El mismo tribunal aplicó en otro procedimiento judicial un matiz relevante: incluso cuando se cumplen los requisitos para aplicar la exención, ésta no opera de forma automática ni total, sino que debe calcularse de manera proporcional en función del tiempo real de trabajo en el extranjero. Lo hizo constar en una sentencia del pasado mes de diciembre, relativa a un tripulante que trabajaba como capitán y primer oficial en un yate con base en el extranjero y que reclamó la aplicación de la exención del artículo 7.p del IRPF por trabajos realizados fuera de España.

Según consta en la resolución, el trabajador prestó servicios durante 152 días en aguas internacionales y en distintos países europeos, percibiendo unos ingresos anuales superiores a 82.000 euros. En este caso, el tribunal no cuestiona que el trabajo se realizara efectivamente en el extranjero ni que la empresa empleadora fuera no residente, sino que centra el debate en el alcance de la exención: por ello, rechaza que pueda aplicarse a la totalidad de los ingresos y confirma el criterio de la Agencia Tributaria, que limitó su aplicación únicamente a los días efectivamente trabajados fuera de España y determinó que solo quedaban exentos unos 34.168 euros de los más de 82.000 percibidos. El resto debía tributar en España.

Un avión de la aerolínea de bajo coste Ryanair fue embargado el pasado día 9 debido al impago de una indemnización a una pasajera, según ha confirmado este miércoles el aeropuerto donde sucedió el incidente, y ratifica el protocolo judicial que publica un diario austríaco.

“Existía la correspondiente orden judicial. Nosotros llevamos al agente judicial hasta la aeronave. Allí realizó su acto oficial y, como se ha mencionado, colocó el sello de embargo (sobre el avión). Después, el avión despegó hacia Londres según lo previsto”, ha indicado a EFE Ingo Hagedorn, jefe de comunicación del aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena.

El juzgado de la localidad de Traun, cercana a Linz, emitió un protocolo que certifica que “el 9 de marzo de 2026 se procedió al embargo judicial de: 1 avión de pasajeros de Ryanair, matrícula EI-EXE, modelo Boeing 737-8AS”, según publica el diario Oberösterreichischen Nachrichten, el más leído en la región de Alta Austria, de la que es capital Linz.

Ese medio señala que Ryanair tiene la opción de abonar los 890 euros que debe: 355 de la indemnización más los intereses y gastos asociados al proceso.

Si la compañía no paga, el aparato podría ser incluso subastado.

A preguntas de EFE sobre si la compañía planea saldar la deuda, Ryanair se ha limitado a contestar que ninguno de sus aviones ha sido embargado.

“Cualquier información que indique lo contrario sería objetivamente incorrecta”, ha señalado sin dar más explicaciones sobre lo ocurrido.

El embargo del avión se originó en una reclamación presentada por una mujer que debía viajar a Palma, capital de la isla española de Mallorca, en julio de 2024 junto a dos acompañantes y que, debido al retraso de más de diez horas, buscó un vuelo alternativo que pagó de su bolsillo.

Ryanair reembolsó el precio del billete original pero no los 250 euros de indemnización por estos casos ni los que corresponde a los pasajeros por este tipo de retrasos ni los 105 de más que costó el billete alternativo.

Un agente judicial que se personó en el aeropuerto de Linz trató incluso de cobrar la suma al piloto del avión, pero la tripulación no disponía de efectivo, ya que los pagos a bordo se realizan únicamente con tarjeta.

Como consecuencia, el funcionario judicial procedió al embargo formal del aparato, que no ha quedado de momento inmovilizado.

Marta (nombre ficticio), tripulante de Ryanair desde hace 15 años, está en medio de un expediente disciplinario con amenaza de despido porque rechazó hacer dos vuelos repentinos más de los que tenía programados porque tenía que recoger a su hijo. “No es que no quisiera hacerlos, es que no podía. No pude buscar ninguna alternativa”, sostiene la azafata, cuyo hijo además tiene “un 75% de discapacidad”. El sindicato USO, del que es delegada, denuncia este tipo de prácticas por imposibilitar la conciliación y los cuidados familiares, una necesidad de las personas trabajadoras en la que van avanzando las empresas, pero sobre la que todavía quedan retos y obstáculos, que perjudican sobre todo a las mujeres.

En la escala del último vuelo antes de terminar su horario, le comunican a Marta que van a tener que hacer dos vuelos más. “Me entero cuando íbamos a cerrar puertas, previo al despegue, que no tienes tiempo de nada. La prioridad es que despegue el avión lo antes posible, para evitar retrasos. Y, claro, no tenemos permitido utilizar el móvil personal mientras estamos de servicio, así que no tuve la mínima oportunidad de avisar a nadie ni de buscar una alternativa”, explica la azafata. 

Marta tenía que ir a recoger a su hijo a casa del padre del menor, del que está separada, y que no podía quedarse a dormir esa noche con el pequeño. “Analizo el tiempo de vuelo, la duración de los dos más que teníamos que hacer... Veo que voy a terminar yendo a por mi hijo a las 3 de la mañana, era inviable. Así que les digo que no puedo. No pude comunicarme y avisar al menos de que estaba en medio de esa situación”, relata la tripulante de vuelo.

Por tanto, Marta avisó a sus superiores de que no podía hacer estos vuelos adicionales y a los responsables de la aerolínea que la llamaron para preguntarle por qué no realizaba esta jornada adicional. “La persona que me llamó me dio las gracias por la llamada y me dijo que me ponía un no show, que es una ausencia no justificada, algo así como 'no presentarse”, dice la azafata. Ante el motivo de su ausencia, la trabajadora ni siquiera “podía imaginar” entonces “lo que iba a pasar”.

Poco después, Ryanair le abrió un expediente disciplinario –“el primero en mis 15 años de trabajo”, destaca Marta–, ahora en plazo de alegaciones y con la advertencia del despido sin indemnización a la trabajadora. La aerolínea dice a la tripulante que “entiende” sus compromisos personales y que “tenía el compromiso de recoger a su hijo”, pero considera que ello no justifica su negativa. Ryanair, que no ha respondido a las preguntas de elDiario.es, le acusa de “indisciplina”, incluso de “desprecio” a sus compañeros y de “una posible transgresión de la buena fe contractual”.

“Tengo mucha preocupación y temor de perder mi trabajo. Y una gran sensación de injusticia. Porque no he hecho nada intencional y se me quiere aplicar la máxima sanción, que es el despido”, lamenta Marta.

Una política de horarios que “impide” la conciliación

El caso de Marta no es el único de este tipo en Ryanair: la aerolínea exige a los tripulantes durante su jornada programada que la amplíen porque tienen que atender algún vuelo más de manera sobrevenida, lo que se conoce como “cambios en ejecución”. Aunque la aerolínea tiene personal de guardia en los aeropuertos y también de guardia en casa (con la obligación de estar en el aeropuerto en una hora), Ryanair de manera “más habitual de lo deseable” está requiriendo a los tripulantes que amplíen su horario durante la propia jornada de trabajo, sostiene Ernesto Iglesias, coordinador de vuelo del sector aéreo de USO.

“Ryanair dice que los trabajadores tienen que hacer estos vuelos si están dentro de las jornadas máximas que se pueden realizar en aviación. Nosotros decimos que, si no estaban programados, la gente organiza su vida e incluso su descanso, y que eso no impide que se pueda decir que no por una causa de este tipo. Que la trabajadora no es que no quisiera hacer los vuelos, es que no podía”, alega Iglesias.

Aunque la legislación española establece que las horas extraordinarias son voluntarias, Ryanair ha sancionado a más trabajadores por no cumplir con estos vuelos adicionales repentinos. Carlota Bermúdez Cabrera, delegada sindical de USO en Madrid, fue despedida por este motivo, explica la tripulante, que recurrió ante los tribunales y está a la espera de sentencia. “Yo no me negué por cuidado de hijos, sino por otros temas personales. Pero es mi derecho, esto son horas extra, que son voluntarias, no obligatorias. Lo que no es normal es que me retengan en el trabajo, eso no es legal”, denuncia la trabajadora.

En la base de Valencia, a la que pertenece Marta, todos los sindicatos del comité de empresa han mandado un escrito a Ryanair preguntando por la frecuencia con la que la aerolínea está recurriendo a esta práctica, por la afectación “a la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores, dificultándola en gran medida o impidiéndola”.

“No puedes tener ningún tipo de vida. Planear una boda, ir a un bautizo, ir al cine... o cuidar de tus hijos, que en este último caso ya me parece criminal. Una compañera tuvo problemas porque, con una hija pequeña y el marido en el extranjero, la niña se puso mala y tenía que recogerla del colegio”, sostiene Carlota Bermúdez.

Los problemas para conciliar expulsan a las mujeres del empleo

Las políticas para conciliar en las empresas y los derechos para compatibilizar los cuidados, la vida familiar y la laboral están cada vez más presentes, por ejemplo con permisos remunerados que han ido ampliándose en la legislación europea y española en los últimos años, con varias lógicas de fondo. Por un lado, garantizar los cuidados de los menores y de otras personas dependientes y, por otro, para avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Porque los cuidados todavía recaen de manera muy mayoritaria en ellas, lo que lastra sus carreras profesionales y sus salarios en muchos casos, así como sus posibilidades “de autonomía, de independencia, su capacidad de elegir”, recuerda Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO. Un par de datos que ilustran este desequilibrio: el 83% de las excedencias por cuidado de familiar en 2025 correspondió a mujeres y ellas protagonizan el 73% de los contratos a tiempo parcial, con un importante peso de los motivados por cuidar (380.000 frente a 31.700 hombres).

Así, cuando no hay posibilidad de conciliar la vida laboral y los cuidados familiares, las perjudicadas son muy mayoritariamente las mujeres. “La llegada de los/as hijos/as suele suponer un problema para la continuidad laboral de las mujeres, lo que en la literatura académica se conoce como Child penalty”, que en general no existe para los hombres, explica la economista Lucía Gorjón, directora de la Fundación Iseak.

“Esta penalización puede verse reflejada directamente en la salida total del mercado laboral de las madres o también en una reducción de la jornada para compatibilizar empleo y cuidados/responsabilidades familiares”, añade Gorjón.

Además, la penalización se centra, especialmente, en las mujeres más vulnerables, “con empleos más precarios, con menores niveles educativos e inmigrantes”, subraya Gorjón. “Generalmente, mujeres con alta cualificación y empleos de calidad pueden permitirse contratar a personas que cuiden de sus personas dependientes y así, evitar o reducir su penalización laboral”, explica la economista. Un reciente estudio de Funcas también advierte de esa doble penalización a las mujeres migrantes.

En cambio, cuando se dan facilidades para conciliar y hay políticas públicas de cuidados, se reducen estas penalizaciones sobre las mujeres. “En una investigación que hicimos desde Iseak demostramos que la equiparación de permisos por nacimiento en España ha conseguido que los hombres reduzcan ligeramente su implicación laboral, permitiendo a las mujeres reducirse menos la jornada de lo que lo hacían cuando estos permisos no tenían la misma duración”, añade la directora del centro de estudios.

Carolina Vidal apuesta por avanzar en la negociación colectiva por fórmulas de flexibilidad pactadas entre empresas y trabajadores, en las que “no se pierda dinero, jornada, cotizaciones, ni proyecto profesional”. Porque eso supone que “al final de nuestra vida profesional seamos mujeres pobres, que hemos trabajado toda la vida cuidando y que hemos tenido que elegir entre los cuidados que traen consigo la maternidad o una vida profesional”, añade la responsable sindical. 

Las políticas de conciliación avanzan en muchas empresas, sostiene Carlos Arcas, director de The Adecco Group Institute, con prácticas como horarios más flexibles, algún día de teletrabajo y permisos adicionales para cuidar, “no solo a niños sino también a personas mayores”. “Ahora todo es bajo el paraguas importante de la corresponsabilidad, que nos está marcando la UE”, indica Arcas, que sitúa los cuidados no como algo de mujeres, sino “una responsabilidad de los dos” progenitores (si existen), también los hombres.

No obstante, Arcas reconoce “una brecha” entre los avances de las empresas y “lo que los trabajadores consideran que es suficiente”. En la medida en “uno de los temas más preocupantes del mercado de trabajo es la retención del talento” y que la conciliación es cada vez más una prioridad para muchos trabajadores, el director de The Adecco Group Institute recomienda que las compañías incorporen estas medidas como un elemento central de las políticas de recursos humanos. “Todo lo relacionado con la conciliación no es solo para el trabajador, sino un beneficio para mantener al personal en la empresa”, destaca. 

El pasado miércoles 4 de febrero, día en que se cerraron prácticamente todos los colegios de Andalucía por la llegada de la borrasca Leonardo, Ryanair denegó el permiso para ausentarse de su puesto de trabajo en Málaga a una madre soltera con dos hijas de 3 y 5 años a su cargo. Inicialmente, la empresa le negó el permiso retribuido, y después se ha negado a considerar que, al menos, ese día de ausencia se le impute a un día libre sin remunerar. El pasado lunes, la responsable de recursos humanos le dijo que el cuidado de los hijos no es problema de la empresa: “Elegiste trabajar en el sector de la aviación”.

El sindicato USO cree que la ausencia de María [nombre ficticio] está justificada porque las niñas no son autónomas. Denuncia la vulneración del derecho a atender a sus hijas, del derecho a la igualdad de trato (pues otras trabajadoras sí han disfrutado de la alternativa del día libre no remunerado) y una discriminación de género. “No existía una alternativa razonable para la atención del familiar”, señalan en una denuncia ante la Inspección de Trabajo: “Sumar un descuento en el salario de la trabajadora, además del reproche disciplinario que conlleva” sería “manifiestamente discriminatorio”. El sindicato recuerda que la Directiva europea para la conciliación de la vida familiar y profesional garantiza el derecho a ausentarse del trabajo “por causa de fuerza mayor por motivos familiares urgentes o inesperados”.

Por ahora, Ryanair sigue considerando su ausencia como no justificada (“no show”), lo que implica una falta grave que puede suponer una amonestación por escrito o hasta tres días de suspensión de empleo y sueldo (sin perjuicio de la deducción de la ausencia). “No había ninguna limitación de movimiento por las autoridades competentes. El hecho de que tengas niños no justifica tu solicitud”, le dijo en una reunión mantenida el lunes. “¿Qué querías que hiciera? ¿Que los dejara solos? ¿Cuál es el procedimiento?”, preguntó ella. “No es mi problema. Es tu responsabilidad”, replicó la responsable de recursos humanos, según ha podido acreditar este medio. Cuando la mujer admitió que los niños eran su prioridad y el representante del sindicato USO recordó la conciliación familiar, la responsable de recursos humanos replicó: “Elegiste trabajar en el sector de la aviación”.

La empresa alega que el mismo miércoles, a las 12:51, llamó a la trabajadora pero que ella no quiso hablar. “Te di la oportunidad y colgaste el teléfono. Es inaceptable”, le reprochó el lunes la representante de la empresa, asegurando que su intención con la llamada era ofrecerle el día libre. La mujer asegura que estaba atendiendo a las niñas, y cree que si la intención era esa (como ella misma había propuesto), se lo podría haber dicho en cualquiera de los mensajes que se intercambiaron en la jornada previa, en los que la actitud de la empresa fue denegar cualquier posible ausencia.

USO denuncia que ese día se produjeron otros dos casos similares en Málaga. En el otro que este medio ha podido constatar se repite el mismo patrón en la reunión con la empresa. La trabajadora explica que debía atender a sus hijos pequeños, y la responsable de recursos humanos insiste en que no tenía el permiso y le reprocha que no atendiera su llamada. “Ese día no estaba activa y además no atiendo llamadas de números desconocidos, salvo que sean de Irlanda, Inglaterra o Crew room [de donde suele llamar Ryanair]”.

Ryanair no ha respondido a las preguntas remitidas por este medio.

Denuncia ante Inspección de Trabajo

María, asesorada por el sindicato, ha denunciado el caso ante Inspección de Trabajo. La denuncia hace un relato documentado del desencuentro entre esta trabajadora y la empresa durante la tarde del 3 de febrero, previa al impacto de la borrasca Leonardo sobre Andalucía.

A las 13:46 solicitó que se le asignara el día para cuidados familiares, a la vista de las comunicaciones que se estaban enviando por iPasen, la plataforma web de la Junta de Andalucía, y de las informaciones de prensa que anunciaban de la suspensión de clases.

Más tarde, a las 15:10, la mujer recibió un correo de la dirección del colegio en el que se confirmaba que la actividad lectiva presencial quedaba suspendida al día siguiente ante la elevación de la situación operativa 2 del Plan de Emergencias de Andalucía. “Por favor, no acudan al centro educativo”, terminaba el mensaje. Cinco minutos después la mujer escribió a la empresa solicitando permiso para quedarse con sus hijas “debido a la suspensión de las clases”, reenviando la comunicación del colegio.

También solicitaba que le fuera retribuido puesto que entraría, según ella, en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que concede hasta cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo” debido a las “recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento” o “riesgo grave e inminente”, que incluye fenómenos meteorológicos adversos. También alegaba causa de fuerza mayor, por “motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes”.

La empresa le denegó el permiso retribuido, recordando que no había limitaciones o prohibiciones de desplazamientos en la zona. El 3 de febrero la Junta de Andalucía pidió (pero no ordenó) restringir los “desplazamientos no esenciales” desde la madrugada del 4 de febrero hasta la medianoche del día 5, especialmente en zonas con avisos meteorológicos activos (incluyendo Málaga y la Costa del Sol). “Lejos de esto, el hecho de que el colegio de tus hijas esté cerrado no justifica tu solicitud”, le contestó la responsable de recursos humanos.

El intercambio de mensajes no paró ahí. “Como bien sabes soy madre soltera de dos niñas de 3 y 5 años. Puesto que no hay colegio tengo que estar en casa con ellas cuidándolas”, insistió la trabajadora, antes de recordar que el permiso climático concede cuatro días retribuidos en situaciones de alerta meteorológica. Y replicó la empresa: “Entiendo que seas madre soltera, pero esta situación no cualifica para el permiso retribuido que estás solicitando”.

“Obligada a seguir disponible”

El 4 de febrero decenas de miles de niños y niñas andaluces se quedaron en casa. Y entre ellas, las dos hijas de la trabajadora, con ella. Ese mediodía, a las 12:51 la trabajadora recibe una llamada de la empresa. Responde, pero para decirle que no podía hablar en ese momento. Más tarde, escribe de nuevo a Ryanair: les dice que las circunstancias la obligan a quedarse en casa con sus hijas y propone una alternativa: trasladar su día libre al 4 de febrero, recordando que esa ha sido la solución aplicada a otras madres en situación similar.   

Pero Ryanair no cede: al día siguiente le niega el cambio y le afea la supuesta negativa a abordar la cuestión por teléfono, a pesar de que “estaba obligada a seguir disponible”. Según la explicación que le ha dado después, el propósito de la llamada era precisamente ofrecerle el cambio de día libre.

El pasado lunes la trabajadora fue convocada a una reunión. En ese encuentro, muy tenso, la mujer recordó sus circunstancias, y preguntó a Ryanair por qué sigue considerando que faltó a su puesto sin justificación. Ryanair insistió en que no había ninguna limitación de movimiento por las autoridades competentes. El sindicato está valorando si presenta una denuncia por el “trato denigrante”.

Una magistrada de un juzgado de lo Mercantil de Barcelona ha dado un ultimátum de 10 días a la aerolínea Ryanair para que cumpla con la condena por actos de denigración desleal contra la agencia de viajes eDreams, que le impuso el pasado julio. Si en ese plazo no cesa en su campaña, con acusaciones de “piratería” y de ofrecer servicios “ilegales”, la jueza le impondrá multas mensuales y le advierte además de que podría incurrir en un delito.

En un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, el Juzgado de lo mercantil número 12 de Barcelona ordena a Ryanair que cumpla en todos sus términos la condena impuesta, recurrida por Ryanair. La compañía eDreams exigió el cumplimiento cautelar de la sentencia, a la espera de que se resuelva el recurso de la aerolínea, lo que ha sido respaldado por la magistrada.

Así, ordena de nuevo a Ryanair que cese en la difusión y publicación de manifestaciones (incluidas las imágenes) que afirmen, sugieran o den a entender a los consumidores o inversores de eDreams que la agencia de viajes “engaña”, “estafa”, “es un pirata”, realiza actividades u ofrece productos o servicios “ilícitos o ilegales”, entre otras manifestaciones que Ryanair repite en su campaña en contra de eDreams.

Ryanair tiene también que retractarse públicamente

La condena no solo obliga a Ryanair a que abandone su campaña contra eDreams a partir de ahora, sino también a retirar todas las publicaciones denigratorias contra la compañía que figuran en la página web y redes sociales de Ryanair.

Además, Ryanair debe retractarse públicamente. La magistrada le ordenó a publicar una rectificación en la portada de su página web corporativa, en la que la aerolínea de bajo coste difunda que ha sido condenada por actos de denigración desleal contra eDreams y que afirme que “se retracta” de las declaraciones que ha realizado hasta el momento. Una publicación que deberá mantenerse durante un periodo de seis meses.

Aviso de multas cada mes de incumplimiento

La jueza da un plazo de 10 días para que Ryanair cumpla la condena íntegra y, si no lo hace, le avisa de que le impondrá “una multa por cada mes que transcurra” de incumplimiento.

Además, la magistrada pide a la aerolínea que se abstenga de reiterar el quebrantamiento de la condena, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

En un comunicado, eDreams ha afirmado este miércoles que “la escalada legal es consecuencia de la desobediencia persistente por parte de Ryanair” a la sentencia que condenó a la compañía en julio de 2025 por competencia desleal. eDreams ha calificado de “desafío continuado” y de “un nuevo quebrantamiento” la actuación de la aerolínea.

Ryanair insiste en que eDreams es “engañoso” y “manipulador”

El miércoles por la tarde Ryanair difundió un comunicado en el que insiste en sus ataques a eDreams. “El giro de la última publicación de eDreams es solo otro esfuerzo fallido para distraer de la realidad de que los tribunales y las autoridades de toda Europa siguen fallando en contra de su modelo de negocio 'engañoso' y 'claramente manipulador”, sostuvo Dara Brady, de Ryanair.

La aerolínea menciona, por ejemplo, una multa de un Tribunal de Hamburgo “por promover descuentos inalcanzables y ocultar precios reales” “En lugar de corregir estas prácticas engañosas, eDreams continúa difundiendo falsas noticias sobre las decisiones judiciales y continúa cobrando de más a los consumidores desprevenidos”, continúa la portavoz de Ryanair.

El auto del juzgado de lo Mercantil número 12 de Barcelona no es “falso”, como ha comprobado este medio, pero fuentes de Ryanair insisten en que eDreams “ha tergiversado la resolución afirmando que Ryanair ha incumplido repetidamente la orden”, algo que niegan porque sostienen que “Ryanair eliminó todas las declaraciones prohibidas poco después de recibir la resolución en julio” y, además, consideran que no estaban obligados a hacerlo hasta el “10 de febrero”, con la orden de ejecución de la condena.

En Ryanair denuncian también que la agencia de viajes ha insinuando que el tribunal ha impuesto “multas”, cuando aún no se ha impuesto ninguna.

Un treballador de Ryanair ha estat agredit per un passatger després de discutir pel pes permès del seu equipatge a l'aeroport de Palma, segons ha informat Comissions Obreres. Els fets han succeït aquest divendres a l'espai de facturació, quan l'usuari volia volar cap a Madrid.

Segons CCOO, l'empleat de la cadena low-cost va haver de ser atès pels sanitaris pels cops de puny que va rebre a la cara. El sindicat ha condemnat l'agressió en considerar que és “del tot inadmissible” que passatgers reaccionin violentament contra treballadors de l'aeroport.

“Ens solidaritzem amb el treballador agredit i reclamem una revisió de les actuals mesures de seguretat”, han manifestat en un comunicat. CCOO contactarà amb Aena per revisar l'actual situació i millorar les mesures de seguretat a l'aeroport.

A més, per al sindicat, és important que les companyies siguin conscients de quines situacions poden augmentar el risc de patir agressions i prenguin mesures per evitar-les.

Un trabajador de Ryanair ha sido agredido por un pasajero tras discutir por el peso permitido de su equipaje en el aeropuerto de Palma, según ha informado Comisiones Obreras. Los hechos han sucedido este viernes en el mostrador de facturación, cuando el usuario iba a tomar un avión hacia Madrid.

Según CCOO, el empleado de la cadena low-cost tuvo que ser atendido por los sanitarios por los puñetazos que recibió en la cara. El sindicato ha condenado la agresión al considerar que es “del todo inadmisible” que pasajeros reaccionen violentamente en contra de trabajadores del aeropuerto.

“Nos solidarizamos con el trabajador agredido y reclamamos una revisión de las actuales medidas de seguridad”, han manifestado en un comunicado. CCOO contactará con Aena para revisar la actual situación y mejorar las medidas de seguridad en el aeropuerto.

Además, para el sindicato, es importante que las compañías sean conscientes de qué situaciones pueden aumentar el riesgo de sufrir agresiones y tomar medidas para evitarlas.

eDreams Odigeo ha obtenido dos fallos judiciales del Tribunal Regional de Hamburgo en el que la justicia alemana sanciona a Ryanair por desobedecer las órdenes de dicho tribunal y declara ilegales varias de las prácticas comerciales principales de la aerolínea.

La compañía española explica que esta nueva sanción vuelve a evidenciar “el desprecio de la aerolínea por el Estado de derecho” y por la autoridad judicial, “una conducta que se repite en múltiples jurisdicciones europeas”.

En la primera decisión, el tribunal ha impuesto una multa a Ryanair por incumplir las medidas cautelares dictadas en mayo de 2025.

El juez ha dictaminado que la aerolínea actuó de forma “culpable” al mantener cláusulas prohibidas en su web pese a tener orden expresa de retirarlas.

El tribunal ha desestimado como infundada la defensa de Ryanair, que alegaba que el retraso estaba “fuera de su control”, y subrayó que, como gran aerolínea europea, dispone de los recursos necesarios para cumplir de manera inmediata con las resoluciones judiciales, pero “optó deliberadamente por no hacerlo”. A día de hoy, la aerolínea continúa incumpliendo dicha orden.

eDreams recuerda que estas sentencias llegan poco después de que la aerolínea haya sido objeto de sanciones en otros países, entre ellas una multa de 256 millones de euros en Italia por abuso de posición dominante y una sanción de 108 millones de euros en España por de la normativa de protección de los consumidores.

Además, señala que el dictamen de “mala fe” en Alemania “confirma un patrón de obstrucción idéntico al de otros países” y “ante esta conducta ilícita sistemática”, hace un llamamiento a las autoridades de toda Europa para “que actúen con urgencia, ejerzan su deber de hacer cumplir la ley y protejan a los consumidores frente al incumplimiento deliberado de Ryanair”.

Prácticas ilegales

El Tribunal de Hamburgo ha declarado ilegales varias de las estrategias de la aerolínea por considerarlas ilegales, como el “consentimiento engañoso”, un mecanismo mediante el que Ryanair fuerza el consentimiento del usuario a través de un botón de 'Buscar' que marca automáticamente una casilla de aceptación de los términos y condiciones.

Así, la sentencia considera que el diseño es engañoso, ya que hace creer al usuario que “ha tomado una decisión activa cuando no es así, lo que invalida los propios términos que Ryanair pretende imponer”.

También considera ilegal la política de “no reembolso” de Ryanair al considerar que contradice de forma ilegal la normativa aplicable y “engaña a los pasajeros sobre su derecho al reembolso en ciertos casos”.

Asimismo, ha anulado la tasa administrativa que cobra la aerolínea por tramitar la devolución de impuestos gubernamentales. El juez considera que es “irrazonablemente desventajosa”, ya que a menudo supera el importe a devolver, permitiendo a Ryanair “apropiarse indebidamente de impuestos que pertenecen al cliente”.

Cantabria ha licitado el contrato para recuperar la ruta aérea con Milán, que la compañía Ryanair dejó de operar esta temporada de invierno, con el objetivo de que vuelva a estar operativa a partir de la próxima campaña de verano, con dos vuelos semanales y un mínimo de 90 frecuencias anuales.

En concreto, el Gobierno autonómico ha sacado a licitación el contrato de servicios de publicidad para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado de la ciudad italiana en soportes y medios de compañías aéreas que operen o puedan operar en Cantabria con dicho mercado como origen, “con el objetivo de atraer turistas y contribuir al desarrollo económico de la comunidad autónoma”.

Este contrato tendrá una duración de siete meses desde el 29 de marzo de 2026 y su presupuesto base de licitación es de 338.800 euros. Las ofertas se pueden presentar durante un mes, ha informado el Ejecutivo.

Entre los requisitos establecidos en el pliego de licitación se especifica que las aeronaves deberán tener una capacidad mínima de 100 asientos y que la oferta anual deberá alcanzar, como mínimo, 16.200 plazas.

Este destino se sumará a las próximas licitaciones anunciadas recientemente por el Ejecutivo cántabro para operar vuelos a Tirana, la capital de Albania, y París, así como las rutas adjudicadas, también para la próxima temporada de verano, a diferentes aerolíneas para enlazar Santander con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía.

Con la planificación establecida, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, suponiendo un “récord histórico”, tras los 29 que estuvieron operativos durante los ejercicios 2023 y 2024.

La licitación de Milán se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la fecha límite para la presentación de ofertas finalizará el próximo 26 de enero.

En las ofertas se valorará especialmente la conectividad y número de frecuencias presentadas por cada aerolínea, los impactos de las acciones de marketing online y offline, así como el porcentaje de vinilado de la superficie de las aeronaves con la promoción turística de Cantabria.

Nuevo varapalo judicial a Ryanair por vulnerar el derecho a huelga y la libertad sindical en España. El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de la Audiencia Nacional a la aerolínea irlandesa de bajo coste por la “gravedad” de sus conductas para tratar de minimizar las huelgas convocadas en verano de 2022 y enero de 2023 por los sindicatos USO y SITCPLA para el personal de tripulantes de cabina. Por ello, condena a la multinacional a indemnizar a ambas organizaciones de trabajadores con 187.515 euros por daños morales.

La sentencia, de este noviembre, constata cómo Ryanair grabó asambleas de sindicalistas para recabar pruebas contra ellos, que no ha admitido el tribunal, así como cambió los servicios mínimos y recurrió al esquirolaje –sustitución de trabajadores en huelga por otros– para limitar el impacto de los paros convocados, entre otras prácticas.

El Supremo recuerda que en 2023, el mismo tribunal condenó a Ryanair por conductas muy similares que vulneraron el derecho de huelga y la libertad sindical en los paros de 2019, por las que le impuso una compensación de 30.000 euros a los sindicatos. Por ello, la suma de la indemnización impuesta en este nuevo fallo es muy superior, ya que “esas indemnizaciones no cumplieron su función preventiva porque esta misma compañía continúa realizando conductas vulneradoras de los mismos derechos fundamentales”, recoge la sentencia.

Pese a las quejas de Ryanair, los magistrados del Supremo respaldan el criterio de la Audiencia Nacional y concluyen que “la cuantía de la indemnización por daños morales establecida por el órgano de instancia no puede considerarse desorbitada, injusta, desproporcionada, ni irrazonable”.

USO-Sector Aéreo, aunque “satisfecho” con la sentencia, considera “que el derecho a la huelga en este país está esencialmente limitado a unos servicios mínimos abusivos que, aunque, posteriormente sean revisados en el orden jurisdiccional, llegan tarde en su reparación puesto que las conductas observadas son cuestionadas muy tarde”. “Por tanto, la justicia tardía pierde su valor”, lamenta el sindicato, que en 2022 durante el desarrollo de la huelga ya denunció la vulneración de los servicios mínimos por parte de la aerolínea.

Ryanair grabó asambleas de trabajadores

La sentencia refleja que Ryanair accedió y grabó asambleas del sindicato USO con los trabajadores sobre el desarrollo de las jornadas de huelga. “Ryanair DAC tuvo acceso a ellas, las grabó y aportó al proceso las grabaciones de esas asambleas en las que, a su juicio, se vertieron expresiones que animaban a los asistentes a incumplir los servicios mínimos”.

La Audiencia Nacional no admitió esas grabaciones porque consideró que vulneraban la libertad sindical y, ante el recurso de Ryanair para que el Supremo utilizara estas grabaciones, los magistrados del alto tribunal respaldan el criterio de la Audiencia.

La sentencia argumenta que, si se admitiera como pruebas las grabaciones de las asambleas de trabajadores hechas por las empresas en el curso de una huelga, “con la finalidad de probar afirmaciones hechas por los sindicalistas en ellas en perjuicio de sus sindicatos, se estaría cercenando la libertad sindical, en la medida en que, en futuras asambleas de trabajadores en el seno de huelgas, las intervenciones de los sindicalistas y de los demás trabajadores estarían condicionadas por la eventual virtualidad probatoria de dichas grabaciones en perjuicio suyo”.

“Las mentadas asambleas, aunque se celebraron telemáticamente de forma abierta, estaban dirigidas a los trabajadores de Ryanair DAC, no a la empresa Ryanair DAC, que se conectó a ellas sin estar invitada”, subrayan los jueces.

Cambios en los servicios mínimos y esquirolaje

El Supremo ratifica además que los vuelos protegidos fueron objeto de cambios indiscriminados por la empresa, quien informó a los trabajadores de que podían adoptar medidas disciplinarias, como despidos. En este marco de huelgas, Ryanair despidió a varios trabajadores, entre los que se encontraban destacados sindicalistas que había convocado los paros. El Supremo advierte de que algunos de estos ceses, como el de una azafata en Galicia, han sido considerados nulos.

A través de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en varias ciudades afectadas por las huelgas, los tribunales constatan prácticas vulneradoras de los servicios mínimos decretados por Transportes, con continuos cambios en los vuelos protegidos, que se comunicaron a la plantilla incluso en días de descanso y vacaciones. También, el llamado “esquirolaje interno”, cuando el empresario utiliza a trabajadores de su empresa para sustituir a los huelguistas, vulnerando su derecho de huelga. En este caso, la Inspección constató en varias bases que Ryanair recurrió “a tripulaciones basadas en terceros Estados” para operar vuelos durante los paros en España.

“Revelan un patrón de conducta empresarial durante las jornadas de huelga consistente en cambiar los servicios mínimos con poca antelación, asignando vuelos diferentes a los indicados inicialmente mediante el envío masivo de comunicaciones, sin respetar un mínimo de antelación y sin que conste que los nuevos vuelos asignados formen parte de los servicios mínimos. Estos cambios se hicieron también en vacaciones y en periodos de descanso de la tripulación. Los cambios se reiteraron hasta en seis ocasiones al día”, subrayan los jueces.

El Supremo concluye que Ryanair “no se limitó a llevar a cabo unas actuaciones similares al funcionamiento ordinario de la compañía” sino que “intentó minimizar” las consecuencias de la huelga realizando una pluralidad de cambios en los servicios mínimos, por lo que “vulneró los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical”.

Ryanair ha pasado oficialmente a aceptar solo tarjetas de embarque 100% digitales, por lo que los pasajeros no podrán descargar e imprimir una tarjeta de embarque en papel.

De esta forma, los clientes de la aerolínea tendrán que usar la tarjeta de embarque digital generada en su aplicación myRyanair durante el 'check in' para embarcar en su vuelo de Ryanair. Ryanair alega que esta transición ofrecerá una experiencia de viaje más “rápida, inteligente y sostenible”. Además, la compañía estima que la medida supondrá un ahorro de hasta 40 millones de euros al año.

El director de Marketing de Ryanair, Dara Brady, ha declarado que la compañía está a menos de una semana de su paso a tarjetas de embarque 100% digitales, lo que significa que a partir del miércoles los pasajeros ya no podrán descargar e imprimir una tajerta de embarque en papel.

Por ello, la aerolínea ha señalado que el 80% de los pasajeros ya utilizan las tarjetas de embarque digitales, pero recuerda al resto que aún imprimen tarjetas de embarque que descarguen la app myRyanair antes del paso a tarjetas digitales.