El juez de Barcelona que investiga al fundador de Glovo ha acordado sentar en el banquillo a Oscar Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores al mantener como falsos autónomos a sus repartidores pese a las sentencias que le obligaban a contratarles como empleados.

Así lo ha decidido el juez en un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que rechaza archivar la causa, como solicitaba Pierre, y atiende la petición de la Fiscalía y el sindicato CGT, que reclamaban enviar a juicio al empresario.

El auto es una nueva resolución judicial que desnuda el modelo laboral de uno de los emprendedores más elogiados en España (el president de la Generalitat, Salvador Illa, se hizo una foto por los diez años de Glovo con Pierre pese a estar imputado).

El magistrado destaca que mantener como falsos autónomos a los repartidores “menoscaba y suprime los derechos a los trabajadores”, además de no estar permitido por la legislación laboral.

La relación “en apariencia mercantil” de la empresa con sus repartidores, es decir, como falsos autónomos, permitió a Glovo “reducir sus costes empresariales, al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales”, resalta el magistrado.

En su resolución, el juez indica que Glovo “continuó manteniendo la misma relación” laboral con sus repartidores pese a las resoluciones judiciales a favor de los riders.

El consejero delegado de Glovo, según el juez, no solo no contrató como empleados a los repartidores, sino que éstos “se vieron obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si querían continuar prestando los servicios para la empresa”.

La denuncia de la Fiscalía que inició el caso que ahora terminará en un juicio fue el último paso de la lucha de las autoridades laborales contra el modelo de falsos autónomos en el que se sustentó el modelo de negocio de Glovo y que el Supremo declaró ilegal.

El Ministerio de Trabajo impulsó la ley Rider para vetar estas prácticas, y Pierre, antes de su declaración como imputado en Barcelona en 2024, anunció que la firma dejaría atrás su modelo y contrataría a sus repartidores.

En su resolución, el juez remarca que Glovo “no acreditó” en sus respuestas a la Inspección de Trabajo que hubiera regularizado a los trabajadores tras la sentencias que le obligaban a cesar la relación como falsos autónomos.

La empresa, agrega el instructor, “se limitó a contestar que no se mantenía” la relación de falsos autónomos, aunque, para el juez, “la realidad incuestionable era que los trabajadores continuaron realizando sus labores” sin ser contratados, pese a las sentencias laborales a favor de los riders.

A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez sentar en el banquillo al fundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, por mantener a sus repartidores como falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados.

Según informan fuentes jurídicas a elDiario.es, el Ministerio Público ha concluido que de la instrucción del caso existen “indicios suficientes” para continuar la causa y llevar a juicio a Pierre por un delito contra los derechos de los trabajadores.

El pasado mes de julio, Pierre admitió que trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero negó que ello supusiera un delito contra los derechos de los trabajadores, por lo que pidió dar carpetazo a la causa.

Antes de tomar una decisión, el juez preguntó a la Fiscalía y al resto de partes si procedía archivar la causa, a lo que se han opuesto tanto el Ministerio Público como el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular.

La causa contra Pierre se inició en verano de 2024, cuando la Fiscalía presentó su denuncia contra el ejecutivo por “suprimir” los derechos de los trabajadores. A lo largo de más de un año de instrucción, tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

Pierre continúa con un frente judicial abierto en Barcelona tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a la compañía en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que irá a juicio el fundador de la empresa.

La Inspección de Trabajo de la Generalitat de Catalunya ha abierto un expediente sancionador a Glovo y a sus subcontratas por mantener la actividad de sus repartidores durante una alerta roja por calor en Barcelona este verano. El procedimiento terminará con una multa de hasta 49.180 euros.

Según ha avanzado El Periódico y ha confirmado Europa Press, los hechos denunciados por la CGT ante la Inspección de Trabajo ocurrieron el 8 de julio, día en el que se llegó a alcanzar una temperatura de 40 grados en Barcelona, y pese a lo cual la compañía mantuvo la actividad habitual de los repartidores.

Que los riders circulen normalmente en un episodio de altas temperaturas, explica la resolución del organismo, va en contra tanto del propio protocolo de climatología adversa de Glovo como de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo.

La CGT presentó una denuncia ante Trabajo, ahora resuelta con una propuesta de sanción, que puede variar entre un importe de 2.451 euros, en su grado mínimo, y 49.180 euros en su grado máximo, a determinar por el organismo.

Glovo, por su parte, afirma no haber recibido aún dicha resolución de la entidad del departamento de Trabajo, y está a la espera de poder analizarla.

Suena el timbre. Al otro lado del telefonillo, un repartidor responde “Amazon”. Te entrega tu paquete de Amazon, cuyo envío has podido seguir por la aplicación de la multinacional y, en la calle, una furgoneta con el famoso logo de la compañía estadounidense le espera para seguir con la ruta. ¿Es un trabajador de Amazon? No, todos sus repartidores están contratados a través de una o, incluso, de varias empresas. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha difundido esta semana una campaña contra este modelo de negocio, que también impera en España.

Amazon reconoce que “no tiene repartidores”, ya que sostiene que “no realiza transporte”. “Amazon no subcontrata el transporte, dado que no es parte de su actividad. Amazon contrata bajo la normativa de transporte la realización del transporte con una amplia red de empresas de transporte especializadas, que son las que realizan el reparto de la última milla”, responden fuentes de la compañía a este medio.

Esta situación que denuncia Mamdani no es nueva, aunque puede que muchas personas todavía la desconozcan. El gigante del comercio electrónico estadounidense, con grandes centros logísticos en todo el mundo donde se empaquetan millones de pedidos para su envío a hogares y empresas, contrata a terceros una pieza clave de su negocio: el reparto de esos paquetes.

Así, los mensajeros que entregan paquetes de Amazon dependen de otras compañías, que firman acuerdos comerciales con la multinacional. Amazon no les paga el sueldo, ni se responsabiliza de ellos si tienen un accidente laboral o una baja, por ejemplo. Porque no son trabajadores de Amazon.

Los mensajeros están contratados de múltiples maneras. En las empresas de transportes creadas a medida de Amazon, conocidas como DSP (Delivery Service Partner), a las que instruye la propia multinacional para sus repartos. También a través de grandes empresas como SEUR o DHL, o mediante alguna subcontrata de estas compañías, así como Correos. Además, hay trabajadores de negocios locales que reparten paquetes de Amazon en sus barrios, mediante el programa Amazon Hub Delivery.

¿Cuántos trabajadores reparten para Amazon? Es un misterio, ni los sindicatos conocen esa información, sostienen en CCOO y CGT. Amazon tampoco ha dado cifras concretas a elDiario.es y responde solo sobre la existencia de “cientos” de empresas a las que contrata este servicio.

En España, en 2022, tras varias campañas de la Inspección de Trabajo por el uso de falsos autónomos y en el marco del despliegue de la Ley Rider, Amazon prescindió de su sistema Amazon Flex (vigente todavía en otros países), por el que particulares repartían paquetes en sus propios vehículos. “Eso era una barbaridad”, sostiene Luis Mercado, del sector de Transportes y Logística de CCOO, que recuerda que los tribunales invalidaron después esta figura por falsa autonomía.

Sin responsabilidad sobre los repartidores de sus paquetes

La campaña del alcalde Mamdani cuestiona la supuesta falta de responsabilidad de Amazon respecto a los mensajeros, por lo que está impulsando una norma para obligar a la multinacional y otras compañías con prácticas similares a contratar directamente a sus repartidores, la Delivery Protection Act (Ley de Protección del Reparto).

“Grandes empresas como Amazon han construido negocios de miles de millones de dólares basándose en un sistema de subcontratación diseñado para eximirse de responsabilidad. A través de los subcontratistas de reparto, las empresas dictan los criterios de contratación, las rutas de reparto, las exigentes cuotas de productividad y las expectativas en el lugar de trabajo, a la vez que niegan que los trabajadores que realizan esos repartos sean empleados”, defiende la alcaldía de Nueva York.

La compañía fundada por el magnate Jeff Bezos disparó sus beneficios en el primer semestre del año hasta rozar los 93.000 millones de dólares.

“Está claro que no es un problema económico. Amazon podría contratar a los repartidores. Es una cuestión de eludir responsabilidades. De contratar a bajo coste, no asumir bajas, ni problemas sindicales,... No asumir una serie de situaciones que se pueden provocar y que pueden perjudicar a la empresa”, considera Antonio (nombre ficticio), trabajador delegado de CGT en la multinacional. El sindicato comparte la reclamación de Mamdani y considera que los mensajeros deberían ser contratados directamente por Amazon.

En términos generales y más allá de Amazon, “cuanto más subcontratas, más se divide la cadena y peores son las condiciones laborales de los trabajadores”, explica Luis Mercado, que subraya que a CCOO “no se cierra a la subcontratación”, pero siempre “desde la legalidad y con condiciones de los trabajadores que sean las del sector”.

Roberto (nombre ficticio), en el pasado repartidor de Amazon Flex como particular y ahora responsable de una pequeña compañía de transportes, señala que a las pymes se les hace “muy difícil” competir frente a las grandes compañías debido a las condiciones que establece Amazon para sus repartos. Y las cadenas de subcontratación, en las que DHL y SEUR externalizan entregas a empresas de menor tamaño para atender todos los pedidos de Amazon, “bajan tanto el precio por paquete que ya no resultan rentables”.

En este contexto, los sindicatos sostienen que proliferan rebajas de las condiciones de los repartidores, con las que las empresas intermediadoras intentan sacar algo más de margen de beneficio. Roberto menciona el negocio de los 'andarines', como denominan popularmente en el sector a “las personas que van andando entregando paquetes” desde un punto en el que la empresa en cuestión aparca la furgoneta con la mercancía. “Lo puedes ver en cualquier calle del centro de Madrid”, explica Roberto, que tiene un conocido que ha trabajado como 'andarín'.

“Yo creo que las grandes contratan a otras y son esas las que organizan una ruta de personas caminando para entregar los paquetes”, explica el transportista, que duda mucho de que estos mensajeros estén contratados de alta. “Con lo costoso que es contratar a una persona, lo dudo mucho”, sostiene Roberto.

¿Subcontratación o cesión ilegal de trabajadores?

Aquí se abre una importante discusión: si la subcontratación que practica Amazon de sus repartos es legal con la legislación española, donde existe la figura de la “cesión ilegal” de trabajadores.

La ley impide la subcontratación cuando esta se limita “a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria”, o cuando “la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”.

Especialmente en el llamado reparto de “última milla”, en el que se entregan los paquetes a los hogares a menudo por contratas 'ad hoc' que se crean solo para esta función, CGT y CCOO consideran que se incurre en una cesión ilegal. Es decir, que Amazon es la verdadera responsable de los mensajeros, como defiende Mamdani en Nueva York.

“El Ministerio de Trabajo respalda la campaña del alcalde de Nueva York, como no puede ser de otra manera, ya que va en la línea de lo que ha defendido siempre este departamento”, responden desde el departamento de Yolanda Díaz. “La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado en varias ocasiones el modelo laboral de aquellas plataformas digitales que utilizan fórmulas, como la de la cesión ilegal de trabajadores, que impiden que se garanticen los derechos laborales de los y las repartidores y repartidoras”, añaden en el Ministerio.

Fuentes de Amazon niegan la mayor. “El transporte de última milla no es contratado a través de subcontratas. La relación entre Amazon y las empresas de mensajería que realizan el reparto de la última milla, es la propia de un contrato de transporte”, según la legislación española, indican, “en la que Amazon opera como Operador de Transporte (cargador) y las empresas de reparto como porteador”.

Sin embargo, la Inspección de Trabajo ha sancionado a Amazon en varias ocasiones por cesión ilegal de sus repartidores a través de subcontratas, situación también denunciada por sindicatos como ELA en Euskadi, con distintos resultados en los tribunales. En algunos casos han recibido el respaldo, considerando a Amazon la verdadera empleadora y organizadora del trabajo de los mensajeros, pero también hay revocaciones por parte de los tribunales, como ha ocurrido con varias sanciones impuestas en Catalunya.

En la multinacional solo dan cifras de las sentencias firmes ganadas, que sitúa en cuatro hasta la fecha y con varios procedimientos abiertos “con resultado igualmente favorable”. “Los juzgados y tribunales han entendido y validado el modelo de contratación de Amazon con las empresas de transporte, confirmando que no existe dicha cesión ilegal de trabajadores”, indican fuentes de la compañía.

En marzo, hubo una importante sentencia del Tribunal Supremo en esta materia, que concluyó la existencia de cesión ilegal de DHL con varias subcontratas de última milla. “Es muy relevante señalar cómo el Tribunal Supremo prima la dirección de los trabajadores sobre si existen medios productivos en juego por parte de la contratista”, analiza el profesor de Derecho del Trabajo de la Univerdad de Valencia, Adrián Todolí.

Es decir, las subcontratas gestionan elementos como las vacaciones, las bajas y la formación preventiva de los repartidores, pero los jueces concluyen que DHL es la que controla la organización del trabajo diario. “No se trata de un mero control técnico o de calidad, como se pretende por DHL, sino de un control efectivo y exhaustivo de la actividad laboral”, recoge la sentencia. En CCOO consideran que el criterio del alto tribunal puede ser extensible a muchas otras subcontrataciones en la última milla, como el caso de Amazon.

El gigante de comercio electrónico lo niega y señala que el modelo de DHL es “muy diferente” al suyo. “Amazon no es un transportista que subcontrata: es un operador logístico que, en su condición de cargador, contrata los servicios de empresas de transporte que actúan como porteadores”, sostienen fuentes de la multinacional, lo que insisten en que “se ajusta plenamente a la normativa vigente y no implica ningún tipo de dirección laboral sobre las personas trabajadoras de dichas empresas de transporte”.

El Ministerio de Trabajo también destaca la importancia de este fallo del Supremo para delimitar “las fronteras entre la subcontratación y cesión ilegal”. “La subcontratación no puede ser meramente especulativa y sin ejercicio de los poderes empresariales por parte de las empresas auxiliares, y esa realidad no puede cambiar cuando se usan algoritmos o fórmulas tecnológicas que permiten, en la práctica, a la empresa principal controlar y organizar el trabajo de los trabajadores de las subcontratistas”, argumentan en el departamento de Yolanda Díaz.

Subcontratas a medida, la estrategia tras los falsos autónomos

Antonio, que estuvo hace unos años en el proceso de formación y selección de Amazon para abrir una DSP (Delivery Service Partner), sostiene que la multinacional “controla todo, te impone las condiciones de negocio”. Por ejemplo, explica que la empresa te plantea una amplitud geográfica en la que repartir, en la que te dice cuántas furgonetas y trabajadores necesitarías para cumplir con los estándares de Amazon. En ese momento, explica que la compañía asignaba un precio por paquete que se duplicaba (“de 5 a 10 céntimos”) si la subcontrata serigrafiaba su furgoneta con el logo de Amazon.

“La estructura la pone Amazon. Tú como empresa no necesitas infraestructura, 'disfrutas' –por así decirlo– de una infraestructura que te pone Amazon”, sostiene el trabajador de la multinacional, que asegura que la multinacional “hasta exige los proveedores” de las empresas de renting de las furgonetas, de la serigrafía o de la asesoría laboral y fiscal. “No decides nada, ni los proveedores. Toda la estructura es Amazoniana”,

La campaña de Mamdani en Nueva York visibiliza una batalla más amplia, que “se da en todas partes”, considera Raquel Boto, de la Secretaría de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO. La “estrategia” de muchas empresas de acudir a la subcontratación –y a veces la cesión ilegal– tras invalidarse modelos de falsos autónomos, como está ocurriendo también en el reparto de comida a domicilio en España, en empresas como Glovo y Uber Eats para cumplir con la Ley Rider.

“La primera lucha con este tipo de empresas era conseguir la laboralidad. El fin de los falsos autónomos. Esto empieza a estar bastante acotado, pero ahora hay estas otras estrategias”, explica la sindicalista.

Se abre así una nueva vía de “rebajar condiciones laborales” en muchos casos, en la que los sindicatos tienen que acudir a los tribunales cuando detectan cesión ilegal y tratar de vigilar el cumplimiento de las condiciones y derechos laborales en las contratas y subcontratas. “Pero es muy difícil. Esto es también una manera de impedir la organización sindical”, sostiene Boto, ya que estas compañías son más pequeñas, cambian con más frecuencia y a los sindicatos les cuesta más organizar a sus plantillas.

La causa abierta al fundador de Glovo, Oscar Pierre, por los falsos autónomos encara una fase decisiva. El juez instructor tiene que decidir si envía el caso a juicio, tal y como ha pedido la acusación que ejerce el sindicato CGT, o si accede a la solicitud de la defensa del empresario y lo archiva.

El escrito del abogado de Pierre, al que ha tenido acceso elDiario.es, admite que Glovo trató de “desvirtuar” la Ley Rider al intentar mantener como autónomos a los repartidores, pero niega que ello suponga un delito contra los derechos de los trabajadores y pide dar carpetazo a la causa.

La petición de la defensa se ha encontrado con el rechazo de la CGT, que ejerce la acusación popular. El abogado del sindicato, Raúl Maíllo, ha solicitado en un escrito que el juez siente el banquillo a Pierre para que pueda ser acusado por un delito contra los derechos de los trabajadores por mantener su modelo de falsos autónomos.

La central sindical argumenta que hay suficientes indicios de que Pierre impuso “condiciones ilegales” a sus trabajadores mediante su contratación “con fórmulas ajenas al contrato de trabajo”, y que después los mantuvo como falsos autónomos “en contra de requerimiento” de la Inspección de Trabajo.

La causa abierta a Pierre en Barcelona es la única que investiga penalmente si Glovo cometió un delito al mantener como falsos autónomos a sus repartidores tras la histórica sentencia del Tribunal Supremo de 2020 y a la denominada Ley Rider de 2021, que obligaban a la compañía a contratarles como empleados.

El caso nació a partir de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona, que en los próximos días tendrá que pronunciarse sobre si apoya llevar a juicio a Pierre o si, por contra, considera que no hay suficientes indicios y se debe archivar.

La denuncia fiscal fue la puntilla a una serie de actuaciones de la Inspección de Trabajo para lograr que, de una vez por todas, Glovo se atendiera a la legalidad tras su batalla con el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz por los falsos autónomos. Después de más de un lustro de pleitos, la compañía anunció en 2025 que contrataría a sus repartidores.

El ahorro en los costes laborales que esta figura suponía se ha constatado con el ERE que Glovo ha presentado este año, que se ha cerrado con el despido de 436 repartidores, 300 menos de lo previsto inicialmente. Pierre vendió la mayoría de la empresa que había fundado a la multinacional alemana Delivery Hero a finales de 2021, si bien se mantuvo como consejero delegado.

La empresa intentó solventar su crisis de imagen producida por la causa judicial a través del fichaje de expolíticos de PSC, PP, ERC y Junts para su consejo asesor y con una foto con el president de la Generalitat, Salvador Illa, y dirigentes sindicales en el acto por los 10 años que Glovo cumplió el año pasado.

La instrucción ha contado con testigos de varios repartidores, abogados y responsables de Glovo así como diversos inspectores de Trabajo que indagaron en el funcionamiento de la compañía. Los funcionarios ratificaron que Glovo no contrató como empleados a repartidores que estaban reconocidos por los tribunales como falsos autónomos.

La defensa de Pierre, que ejercen los penalistas Cristóbal Martell y Pau Ferrer, argumenta en su petición de archivo que Glovo “implementó cambios para tratar de desvirtuar la presunción de laboralidad” que le imponía la Ley Rider, pero que de toda la instrucción de la causa “no se ha evidenciado la conducta desobediente” que determina el delito contra los derechos de los trabajadores investigado.

La defensa resalta que la causa está construida a partir de resoluciones judiciales y requerimientos de Inspección de Trabajo desfasadas, porque son anteriores al nuevo modelo que rigió las relaciones laborales con los repartidores desde agosto de 2021. Mantener como autónomos a los repartidores, alega la petición de archivo, era “perfectamente válido” y legal en España.

El escrito aprovecha para poner en duda la actuación de la Inspección de Trabajo. Menciona la defensa resoluciones de la Audiencia Nacional favorables a la empresa en su conflicto con los riders que han criticado el “sesgo y afán recaudatorio” de la Inspección, lo que, a juicio del abogado de Pierre, “apunta a la existencia de posibles motivaciones secundarias ajenas a una aproximación imparcial y neutras hacia las relaciones entre Glovo y sus repartidores”.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado que el despido por correo electrónico de un trabajador es improcedente al no haberse podido demostrar que accedió a dicha comunicación.

En una sentencia fechada el pasado 24 de febrero, la Sala de lo Social rechaza el recurso de Takeaway -Uber Eats- contra un fallo de junio de 2024 del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo.

Faltas reiteradas

El caso es el de un repartidor con contrato indefinido cuya jornada era de 16 horas semanales con un salario bruto anual de algo más de 6.000 euros, al que en agosto de 2024 le fue comunicado su despido por faltas reiteradas al puesto trabajo.

El correo electrónico en el que se le informaba de su despido indicaba que no había sido posible ponerse en contacto con él, ya que ni atendía al teléfono ni contestó a otros mensajes anteriores.

El medio

De acuerdo con el juzgado de lo social, el TSJ considera que la entrega de una carta de despido por correo electrónico es “perfectamente válida”, siempre y cuando la empresa que elige ese medio para comunicar el despido actúe de buena fe.

Ello requiere de una “previa concertación de voluntades entre empresa y trabajador acerca del uso del correo electrónico para fines laborales, en particular cuando el utilizado sea el personal o reservado del propio trabajador”.

Correo reservado

Y en este caso, a falta de hechos probados que permitan afirmar que el utilizado fuera un correo profesional proporcionado por la propia empresa al trabajador para una comunicación de ese tipo, se entiende que el utilizado era correo reservado del propio trabajador.

La empresa debe adoptar “cuantos medios al uso permitan asegurar que el trabajador reciba la carta de despido”, y en este caso el empleado no lo había vinculado a la prestación de servicios, y mucho menos a la recepción de una carta de despido, añade la sentencia,

Lo único que consta como hecho probado es que se le envió el correo, pero no que este hubiera sido recibido, por lo que no puede darse por cumplido “el requisito previo de notificación escrita y motivada del despido”. 

Que suene el timbre es un momento cotidiano que se hace aún más frecuente en Navidad. En nuestras ciudades, especialmente desde la pandemia, repartidores hay muchos, pero carteros de toda la vida, que hayan visto la evolución de nuestras familias, de nuestro consumo… no tantos.  

Hoy nos situamos al otro lado del timbre. Los periodistas de elDiario.es David Noriega y Marcos García Santonja acompañan a Ángeles, una cartera de Madrid, y a Frank, un cartero de Alicante, en un recorrido navideño en el que la observación de estos profesionales es la base para apreciar la transformación de nuestros barrios en los últimos años: turistificación, envejecimiento de la población, desaparición de comercios de toda la vida y de elementos que vertebran una ciudad.

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“Todo venía del CEO”. Así se ha expresado ante el juez la exjefa legal de Glovo. Según han explicado fuentes jurídicas, la antigua directora jurídica de la compañía ha indicado que las decisiones sobre los falsos autónomos las tomaba su fundador y consejero delegado, Óscar Pierre, y que ella se limitaba a ejecutarlas.

Ante el juzgado de instrucción 31 de Barcelona ha declarado este miércoles como testigo la exjefa legal de Glovo en la causa abierta por un delito contra los derechos de los trabajadores contra Pierre por incumplir, según la Fiscalía y la acusación que ejerce el sindicato CGT, las sentencias que obligaban a la compañía a contratar como empleados a los repartidores y terminar con el modelo de falsos autónomos.

La exresponsable legal de la firma, que según fuentes jurídicas ha explicado que no es experta en derecho laboral, ha indicado que las decisiones sobre los sucesivos modelos laborales de falsos autónomos que ha implantado Glovo (solo el pasado mes de diciembre, tras su imputación, Pierre anunció que regularizaría a los repartidores) provenían de Pierre.

Sin embargo, han añadido las mismas fuentes, la jurista no ha detallado ningún correo electrónico o elemento objetivo para corroborarlo. Cuando alguna de las partes ha insistido para saber cómo actuó concretamente la compañía respecto a los repartidores que han comparecido como testigos y que contaban con sentencias firmes que obligaban a Glovo a contratarles, la exjefa jurídica ha expresado consideraciones generales sobre los cambios de modelo laboral tras las sentencias del Supremo.

Según han indicado fuentes jurídicas, la exdirectiva ha explicado que después de la sentencia del Supremo de 2020 que obligaba a que los riders fueran contratados como empleados, se produjo un “apagón” de la antigua plataforma con la que Glovo se relacionaba con los repartidores. Y fue decisión de Pierre, ha agregado, el lanzamiento de la nueva plataforma y del nuevo modelo laboral, que las acusaciones cuestionan que se ajustara a la sentencia del Supremo y que solo sirvió, a su juicio, para mantener los falsos autónomos.

El caso en el que está investigado Pierre llega así a un momento determinante de la instrucción tras una importante victoria de la Seguridad Social frente a Glovo en su pelea judicial millonaria por las cotizaciones sociales de sus repartidores. La Audiencia Nacional tumbó a principios de septiembre una de las sentencias de lo contencioso-administrativo favorables a la multinacional, que avalaron su sistema de 'riders' autónomos pese a la condena del Supremo de 2020, y que Glovo había utilizado como tesis defensiva en la causa de Barcelona.

En plena crisis judicial, Glovo, además del anuncio del cambio en su modelo laboral, ha llevado a cabo una campaña de imagen en la que ha conseguido que el president de la Generalitat, Salvador Illa, y los sindicatos se hicieran una foto con Pierre por los diez años de la empresa el pasado mes de julio, además de fichar a expolíticos de varios partidos para su consejo asesor.

Tras declarar todos los testigos del caso y Pierre como investigada, una acusación popular de un colectivo de 'riders' ha pedido que el caso pase a la Audiencia Nacional, si bien el juez todavía no se ha pronunciado.

Tanto los repartidores como los inspectores de Trabajo que han comparecido han ratificado que Glovo no regularizó a los falsos autónomos pese a las sentencias judiciales que le obligaban a contratarles como empleados, extremo que desmiente la defensa de Pierre, quien asegura que la empresa siempre operó legalmente.

La defensa del consejero delegado de Glovo alega que las inspecciones no versaban sobre requerimientos concretos para que fueran contratados como empleados, tal y como exige el delito contra los derechos de los trabajadores por el que se investiga al fundador de la empresa.

En su declaración como investigado del pasado mes de diciembre, Pierre, alegó ante la jueza que la regularización de las condiciones laborales de miles de 'riders' anunciada por la empresa el pasado mes de diciembre busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, aunque la desligó de su causa penal.

La clave para que la jueza decida si envía o no el caso a juicio será la existencia de suficientes indicios que constaten que Glovo mantuvo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal en 2020. Así lo cree la Fiscalía, que acusa al directivo de “suprimir” los derechos de los repartidores.

En los pasados Premios del Cine Europeo, en diciembre de 2024, la categoría de Mejor actor acabó con sorpresa. En el quinteto de nominados se encontraban nombres que sonaban para los Oscar como Daniel Craig, por Queer, o Ralph Fiennes —que acabó logrando la nominación por Cónclave— además de uno de los niños bonitos del cine de autor como Franz Rogowski, por Bird. Sin embargo, cuando se leyó el nombre del ganador, casi todo el auditorio de Lucerna se sorprendió. El actor de origen guineano Abou Sangaré era elegido como el mejor intérprete del año por su papel en La historia de Souleymane, donde da vida a un rider ilegal que se juega la vida a un ritmo frenético para llevar los pedidos a tiempo.

Sangaré no pudo recoger el premio en persona, ya que su situación legal no se lo permitía. El actor no tenía los papeles. Era, todavía, un ciudadano considerado ilegal, que no podía ni siquiera viajar para recoger un galardón por su trabajo. Unas semanas después, los medios franceses daban la noticia de que por fin los había logrado. Poco tiempo después de conseguirlos, el actor atendió en un hotel del centro de París, junto al director del filme, a un reducido grupo de periodistas internacionales, entre los que se encontraba elDiario.es.

Sangaré explicaba que hasta ese momento había sido como un fantasma por las calles. “Cuando no tienes los documentos no eres visible para la sociedad. Estás físicamente, pero no estás presente, estás completamente aislado, porque no puedes hacer nada”, decía el actor que, a pesar de los premios y de que la película se convirtiera en un éxito en las salas de cine francesas, se niega a aceptar que su vida ha cambiado. Ni siquiera se considera, de momento, actor. “Dejo que la gente me valore, pero yo soy Sangare. Llegué hace siete años. Me he esforzado mucho estos siete años y he pasado por un infierno. Ahora, gracias a esta película, tengo mis papeles, pero soy el mismo Sangare. Cuando me preguntan a qué me dedico digo la verdad, que soy mecánico de camiones pesados”, aseguraba entonces. 

El director del filme, el belga Boris Lojkine recordaba cómo dio con Sangaré. Tras acabar el guion y cuando tuvieron la financiación del filme abrieron “un casting a gran escala” para encontrar al protagonista. La búsqueda comenzó en las calles de París, ya que la idea iniciar era encontrar un rider guineano que pudiera, de alguna forma, interpretar su propia historia. Contactaron con la comunidad guineana y escucharon a más de 200 personas, pero seguía sin encontrar a su Souleymane, por lo que ampliaron la búsqueda.

Cuando abrieron el casting a zonas de fuera de París, se percataron de que mucha gente de Guinea que vivía en Amiens, en el norte de Francia. “Llegamos y había una ONG que nos reunió a 25 jóvenes guineanos. Les expliqué que estábamos haciendo una película y en qué consistiría el proceso y que contrataría a la persona que estaba elegida”, rememora sobre la primera vez que vio a Abou Sangaré. 

Gracias a esta película, tengo mis papeles, pero soy el mismo Sangare. Cuando me preguntan a qué me dedico digo la verdad, que soy mecánico de camiones pesados

Abou Sangare — Actor

Cuando se le pregunta al actor por su visión de ese casting se apresura a aclarar algo, y es que su historia no es un logro individual, sino algo que pone en valor el poder de lo común. “Somos seres sociales y siempre debemos participar en esfuerzos colectivos, por eso en Amiens siempre participé como voluntario en varias asociaciones. Había una, a la que iba a menudo, que me dijo que venía un equipo de una película a hacer unas audiciones y eso fue lo que pasó. Yo estaba allí casi por casualidad. Yo estaba entre esos 25 jóvenes guineanos, pero ese día tenía prisa porque tenía que reparar el coche de un cliente y me estaba esperando, así que no podía quedarme mucho tiempo. Hice una entrevista corta, de cinco o diez minutos y tuve que irme”, dice de esa primera prueba.

Aun así, algo vieron en él, porque de todos ellos pidieron a cuatro que volvieran. Él estaba entre los elegidos. Le llamaron, pero no podía ir cuando le dijeron. “Al final, justo antes de que se volvieran a París fui a la estación y grabamos un par de escenas en un parque con Boris y su director de casting antes de que cogieran el tren. Cuando llegaron a París me llamaron y me dijeron que fuera para allá en un par de semanas”, concluye. Aquel encuentro a última hora en una estación le cambió la vida y le hizo protagonista de un filme que también trata sobre la identidad, sobre cómo los migrantes muchas veces deben incluso inventarse una para que su historia sea más atractiva de cara a conseguir los papeles. 

Aunque él no fuera un rider, la historia real de Abou Sangaré permeó toda la película. Sus experiencias personales otorgan una profundidad al filme, y es su vida la que cuenta cuando el personaje dice, por fin, su historia real. Lo primero que hizo el director fue interesarse por esa historia, por su viaje real, sus motivos para venir a Europa. Fue ahí cuando le preguntó si le importaba que su personaje la contara en ese emotivo momento. “Para mí fue importante porque esa es mi verdadera historia, la que les conté a las autoridades francesas, y no me dieron el reconocimiento que esperaba. Así que me pareció bueno arrojar luz sobre mi historia personal a través de esta película y presentársela al público”, opina.

No extraña “nada” de Guinea. Tiene la rara sensación de haber pasado más tiempo en Francia que allí. “Estoy más conectado con lo que pasa en Francia que en Guinea, quizás me pasa eso porque fuimos colonizados por Francia y hablamos el mismo idioma. La lengua que aprendí en mi casa fue el francés, así que al final me siento un poco como en casa porque se habla el mismo idioma. Pero lo que me gusta de Francia tiene que ver con su aspecto colectivo, con lo social, la solidaridad y la preocupación mutua. La gente se ayuda. Es cierto que no he visto eso en todas las partes de Francia, pero en Amiens, donde vivo, es así, y eso es algo muy valioso”, subraya poniendo en valor las redes comunales que le acogieron cuando no tenía papeles. Antes de que fuera elegido el mejor actor europeo y la vida cambiara. O no tanto. Porque por muchos premios él sigue siendo un mecánico que solo buscaba una vida mejor.

Os días de temporal penso en meu pai. Foi sempre así desde que teño memoria. Antes de nacer eu, el comezou a traballar como repartidor por primeira vez. Ata entón, montaba cociñas. Tiña vinte anos. En febreiro cumprirá 52. Nas tres últimas décadas, meu pai vendeu e repartiu todo tipo de alimentos conxelados: carne, peixe, marisco, croquetas, verduras xa cortadas e mesturadas... Ás veces traballando para outros e ás veces como autónomo. En furgonetas ou en camións. Varían as rutas, os clientes. Se penso en meu pai nos días de temporal, é porque así mo ensinou miña nai dende pequeno. E non quero dicir con isto que miña nai estivese preocupada ou agardase con angustia na casa polo marido condutor os días chuvia ao caer a noite. Non, nunca foi desas. A primeira vez que viaxei en avión, por exemplo, sendo aínda eu un adolescente, estaba asustado. Conteillo a miña nai e contestou: “Pero ti queres ir? Pois se queres ir e o avión cae e morres, morres contento. E o máis importante, sabemos nós que morriches feliz”. Ela é así.

De mamá herdei esa sorte de pragmatismo extremo. De papá, o don de xentes. E dos dous, creo eu, esta preocupación xenuína polos descoñecidos. Sobre todo, polos descoñecidos que están traballando. A miña nai nunca lle preocupa que meu pai poida ter un accidente. Tampouco a min. Parécenos que iso é algo máis ou menos fortuíto. Cuestión de sorte (e do empresario). Preocúpanos en cambio pensar nel saíndo do coche e descargando mercancía cunha chuvia que asoballa. Facendo carreiras pequenas entre o camión e a porta dun restaurante ou dunha casa. Preocúpanos que estea mollado ou teña frío. Imaxínoo entrando en calor: vinlle mil veces ese xesto de cuspir nas mans e fretalas moi forte e moi rápido antes de devolvelas ao volante.

Pómoslles nomes ás borrascas —Éowyn, Herminia, Ivo— pero na cidade apenas reparamos na xente que traballa para nós e supoño que eles farán o mesmo comigo. Se miro pola ventá, teño unha vista nesgada a unha das principais rúas comerciais de Compostela. As luces dos escaparates seguen acendidas aínda despois do peche das tendas e reflíctense sobre o pavimento. “Chove de lado”, comenta Luis detrás de min. E vexo apenas unha ou dúas persoas intentando avanzar mentres empurran co paraugas contra o vento que insiste. É entón, sobre as dez da noite, cando comezan a chegar eles: riders en moto ou bicicleta. Primeiro un, logo dous. Ata que son máis dunha ducia en cuestión dunha hora. De alí a un anaco, algún mesmo repite. Refúxianse como poden baixo a roupa de augas. As motos tremen e métenas case dentro dos portais.

Nun verso que adoro, Lucía Aldao escribe: “isto é un poema e hai xente detrás”. Nas aplicacións de Glovo, Uber Eats ou Just Eat, ás veces un pode saber o nome do repartidor que vai chegar coa comida. Nalgúns casos mesmo hai unha pequena foto do rostro, pero non creo que ninguén repare nelas. Se cadra, os días de temporal, a app debería indicar nada máis abrirse: “Esta é unha empresa explotadora que deshumaniza os seus falsos empregados e te deshumaniza a ti e hai xente detrás”. Pero claro, iso é demasiado longo e tampouco moi agradable. Quita o apetito. Pregúntome se a xente que pide que lles leven comida á casa en días coma estes, o seguiría facendo se, ademais da foto e do nome, se visen obrigados a falar cos repartidores un anaquiño ao chegaren ás súas portas, se soubesen como se chaman os seus fillos ou as súas parellas, se soubesen por onde lles gusta saír a bailar ou a que equipo de fútbol animan.

Non sei se todos os clientes de meu pai son boa xente. Seguramente non. Pero el coñécelles o nome a case todos e case todos coñecen o seu. Tamén lle regalan cousas, sobre todo nas casas: froita, verdura, ovos. “Lévao que se non vaise perder!”. Nos bares e restaurantes convídano ao café e avísano cando saio no xornal. Porque esa xente á que non coñezo, sabe o meu nome de memoria. Sabe que son o fillo de meu pai e que son escritor. Esa xente descoñecida coida del mentres eu o penso. E iso é unha sorte, porque cada vez hai menos quen coide de nós. Ou se cadra non coidan abondo. Porque xa case ninguén repara en que iso que levan ao lombo os riders é unha mochila, si, pero hai xente detrás. E cada vez máis, esa xente vese obrigada a confiar na bondade dos descoñecidos. Sobre todo, crédeme, nos días de temporal.

El Ayuntamiento de Barcelona se ha propuesto salvar la 'tasa Amazon', que fue pionera en España, y ha recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que anuló la normativa el pasado julio. Así lo han avanzado fuentes municipales a elDiario.es.

En febrero de 2023, Barcelona se convirtió en pionera a la hora de gravar el uso del espacio público por parte de las grandes empresas de reparto a domicilio, pero la Justicia tumbó la medida a raíz de un recurso de la patronal del transporte UNO. El consistorio ya aseguró en su momento que, si bien respetaba las decisiones judiciales, estaba disconforme y estudiaría cómo defenderla.

En su sentencia, los magistrados reconocieron la “obsolescencia actual de las normas vigentes” frente a sistemas de comercio como el de Amazon, pero igualmente anulan la tasa barcelonesa al considerar “injusto” que grave únicamente la carga y descarga en la calle de los operadores de comercio electrónico y no del conjunto de transportistas.

Por su parte, el consistorio justificó que la tasa no debía recaer sobre repartidores autónomos y pequeñas empresas, sino sobre los operadores que trabajen con “cierta intensidad”.

“La economía y la sociedad avanzan hacia nuevos modelos económicos y las administraciones públicas necesitan tener herramientas legales para regular estos nuevos modelos y gestionar los usos privativos que hacen del espacio público”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Por eso, el consistorio presentó un recurso el pasado octubre para defender “la necesidad de gestionar este tipo de actividades”. En su impugnación a la sentencia, los servicios jurídicos municipales quieren aprovechar que el fallo del TSJC no fue unánime y que una magistrada sí avaló la tasa, aunque quedó en minoría en el tribunal.

En su argumentación, la magistrada consideró que la tasa sí debía autorizarse al recordar que el uso del espacio público que realizan las furgonetas del comercio electrónico “es insostenible para el medio ambiente y colapsa el tráfico en la ciudad”. La actividad de reparto de empresas como Amazon, agregó el voto particular, se realiza “en perjuicio de los demás usuarios, comerciantes o no, que sí tributan para financiar servicios e infraestructuras”.

De manera paralela, el consistorio ya está trabajando en los cambios legislativos “necesarios” para asegurar “el poder tributario municipal en esta materia”, tal como han explicado fuentes del Ayuntamiento que, por otro lado, no han querido adelantar en qué podría cambiar la tasa.

2,6 millones anuales a las arcas públicas

La norma inicial gravaba el uso del espacio público que hacen las furgonetas de las empresas de transporte que facturan más de un millón de euros al año. En Barcelona hay 26 operadoras que entran en esta consideración; entre todas obtienen 200 millones de euros anuales, el 62% de los cuales corresponden a los cinco primeros, liderados por empresas como Amazon, DHL, SEUR o UPS.

Pero Amazon, paradójicamente, se salvó de pagar la tasa que lleva su nombre debido a que una sentencia de la Audiencia Nacional, que falló el octubre pasado que la empresa no es un operador postal, sino un e-commerce.

El Ayuntamiento calculó inicialmente que la tasa supondría añadir 2,6 millones de euros al erario público. El peso de este monto se repartía entre las compañías en función de su grueso de negocio y, aproximadamente, cada una de ellas debía acabar aportando el 1,25% de sus ingresos anuales.

La normativa fue diseñada como una medida compensatoria para el pequeño comercio y las tiendas físicas, que sí están sujetas a impuestos como el IBI que los e-commerce no abonan. “Era una manera de proteger al comercio de proximidad de la amenaza que suponen las grandes plataformas”, aseguran desde el Ayuntamiento.

Además, la tasa equiparaba las furgonetas de reparto a otros negocios que también hacen uso del espacio público como los servicios de bicicletas y motos compartidas. Según datos municipales, las zonas calificadas como carga y descarga tienen una ocupación diaria del 47%, hecho que congestiona una ciudad que “no estaba pensada” para este alto número de furgonetas, tal como apuntó el alcalde Jaume Collboni durante la sesión en la que se aprobó la norma.

Esta contó con el apoyo del PSC, ERC -partido que llevaba años impulsando el tributo-, Comuns y Junts. El PP y Vox votaron en contra.  

Just Eat España presentó una demanda el pasado viernes 29 de noviembre contra Glovo ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona, ejercitando una acción de competencia desleal por violación de normas y contratar a falsos autónomos y reclama 295 millones de euros en concepto de daños y perjuicios, según informa la plataforma de 'delivery' en un comunicado.

Precisamente este lunes, Glovo ha comunicado un cambio de modelo laboral y contratará a sus repartidores en España, lo que permitirá a la compañía de 'delivery' operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos.

Just Eat recuerda en su demanda que numerosas sentencias han condenado a Glovo por contratar a repartidores como falsos autónomos y vulnerar la normativa de Derecho Laboral, por lo que sitúa a Just Eat España en una “clara situación de desventaja competitiva”, ya que esta compañía sí contrata a los repartidores por cuenta ajena, incurriendo en elevados costes adicionales, tal y como exige la ley.

Ahorro de 645 millones para Glovo

De esta forma, Just Eat España estima que Glovo ha ahorrado más de 645 millones de euros contratando a falsos autónomos en los últimos años, lo que le ha permitido adquirir una ventaja competitiva significativa.

Just Eat España ha recordado que es pionera en el mercado de plataformas de 'delivery' donde opera desde 2010, con una plantilla de empleados de más de 2.500 personas y fue la primera plataforma en firmar un convenio colectivo de empresa con los principales sindicatos del país en diciembre de 2021.

Glovo anuncia que contratará a los repartidores

Una sentencia que se conoce justo el mismo día que Glovo ha informado de un nuevo modelo en España que le permitirá operar con repartidores laborales en vez de trabajadores autónomos, señalando que su decisión es parte de su “firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país”.

El cambio de modelo incluirá la totalidad de ciudades en las que Glovo está disponible, que actualmente superan las 900, y se aplicará a todas las verticales de la aplicación.

En este sentido, la empresa ha asegurado que su nuevo modelo mantendrá en todo momento la experiencia de usuario y de los restaurantes y establecimientos que colaboran con la aplicación en todo el país.

En paralelo, la compañía abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar de todas las garantías al proceso y asegurar que el cambio de operativa se desarrolle con consenso. Dicho foro estará abierto al resto de operadores del sector para que puedan realizar procesos de transición similares y sumarse a los acuerdos alcanzados.

La decisión se ha hecho pública el día antes de que el consejero delegado de la empresa, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.

El proceso penal, que se encuentra en fase de instrucción, surge de una denuncia presentada por el ministerio público, que acusa a la empresa de la presunta comisión de delitos relacionados con los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En la denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, el ministerio fiscal acusaba a la compañía de menoscabar y suprimir los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos y pedía citar a Pierre para tomarle declaración como investigado.

El sindicato CGT ha anunciado este lunes que se ha personado en el procedimiento penal contra Glovo iniciado por la Fiscalía “con el objetivo de poner fin a las prácticas abusivas y fraudulentas que atentan contra la dignidad y los derechos laborales”.

Está previsto que el CEO de Glovo, Óscar Pierre, declare como investigado en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona este martes 3 de diciembre.

Desde CGT lamentan que, aunque hay procedimientos judiciales previos que establecen que los 'riders' tienen una relación laboral y no mercantil con esta empresa, la compañía “ha continuado imponiendo tales condiciones a su plantilla alegando supuestas modificaciones que pretenderían eludir la relación laboral, obligando a darse de alta como autónomos”.

De esta forma, desde CGT critican que los 'riders' quedan desprovistos “de las garantías y derechos que la normativa reserva a las personas trabajadoras en régimen general de Seguridad Social”, unos hechos que podrían constituir un delito castigado con penas que hasta 6 años de prisión y hasta 12 meses de multa.

Impacto de 100 millones para Glovo

Por su parte, la plataforma alemana Delivery Hero, propietaria de Glovo, ha estimado que el cambio de modelo laboral de su filial en España, tendrá un impacto de unos 100 millones de euros en su resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado para el ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, la alemana espera aumentar la contingencia general en su informe anual completo de 2024 a entre 440-770 millones, frente a los 330-550 millones indicados en su informe financiero semestral de 2024.

Este importe cubre las cotizaciones a la seguridad social, multas, reclamaciones de IVA y otros cargos por pagos que cubren el período hasta finales de 2024 para Glovo España, ha explicado

Por primera vez en España un directivo del capitalismo de plataformas acudirá a declarar a un juzgado como investigado. Se trata de Oscar Pierre, fundador y director general de Glovo, que este martes comparecerá ante la magistrada del juzgado de instrucción 31 de Barcelona imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores. El polémico modelo laboral de la compañía sigue en los juzgados, pero ha pasado de la jurisdicción social a la penal.

El caso está abierto por un delito contra los derechos de los trabajadores, aunque el colectivo de los riders (anglicismo por el que se conocen los repartidores de Glovo y otras empresas) está organizándose para intentar ampliar los tipos penales a los que se enfrente Pierre al entender que la Fiscalía “se ha quedado corta”, según fuentes de los trabajadores.

El colectivo RidersxDerechos, pionero en la lucha de los repartidores contra los falsos autónomos en el sector, junto al Observatorio del Trabajo Algoritmo y Sociedad (TAS) intentó personarse como acusación popular del caso, pero la jueza fijó una fianza muy alta (20.000 euros). Ahora se baraja que los repartidores se personen como acusaciones particulares para intentar ampliar la causa a delitos fiscales y contra la Seguridad Social, estafa y falsedad documental.

A la espera de si este salto cuantitativo en cuanto a los delitos tiene éxito, la clave y el futuro del caso dependen de la respuesta a una pregunta. ¿Mantuvo Glovo su modelo laboral de falsos autónomos después de que el Tribunal Supremo lo declarara ilegal? Para la Fiscalía sí, pero para la empresa y su fundador, no. La decisión final corresponderá a la jueza instructora, María Isabel Hernando Vallejo, que deberá resolver si envía la causa a juicio.

Sobre la mesa de la magistrada acusación y defensa han presentado documentos para reforzar sus respectivas tesis, consistentes en sentencias y actas de Inspección de Trabajo. Según la Fiscalía, muestran que Glovo mantuvo su modelo de relación laboral con los riders con posterioridad a la histórica decisión del Supremo de 2020. Por el contrario, la defensa de Pierre sostiene que sí cambió su modelo de relaciones laborales con los riders, adecuándolo a las condiciones fijadas por el Supremo para mantener como autónomos a los repartidores.

Así lo acreditan, aducen, recientes sentencias de la Audiencia Nacional (también posteriores a la sentencia del Supremo) que han revocado sanciones de la Seguridad Social al constatar que los repartidores sí “podían conectarse o no a la aplicación cuando quisieran, con total y absoluta libertad”, a diferencia del modelo que el Supremo tumbó y que premiaba a los repartidores con reservas de las franjas horarias con mayor demanda.

En su denuncia, la Fiscalía no se centra tanto en la cuestión de las franjas horarias, sino que atribuye otras estrategias de Pierre para mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores. Por ejemplo, no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes. Todo ello tendría, a juicio de la fiscal, el objetivo “reducir costes empresariales” de Glovo, esto es, el mismo que el modelo de falsos autónomos.

A toda la documentación de las partes hay que añadir los más de 20 riders que hasta ahora han comparecido como testigos. Según fuentes jurídicas, todos ellos han expuesto varias quejas sobre el funcionamiento de la empresa, si bien no ha habido unanimidad a la hora de declararse autónomos o empleados de Glovo.

La denuncia de la Fiscalía supuso un salto a la vía penal tras las diversas sanciones que, por vía administrativa, Inspección de Trabajo ya interpuso contra la compañía por desoír el fallo histórico del Alto Tribunal que declaró que los riders de la compañía eran falsos autónomos.

El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ha mantenido la presión sobre la empresa para vigilar si mantenía su modelo de falsos autónomos hasta llegar a la vía penal. El Gobierno aprobó la Ley Rider en 2021 con el objetivo de acabar con el abuso sistemático de la figura de los falsos autónomos entre las principales empresas de reparto a domicilio. La norma estuvo apoyada por la CEOE, pero no por la patronal catalana Foment del Treball, que apoyó el modelo de Glovo.

En su afán de perseguir estas prácticas, el Gobierno modificó además el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años y sanciona a los empresarios que restringen los derechos de sus trabajadores abusando de su situación, incluidos los que abusan de los falsos autónomos.

La causa abierta en Barcelona a instancias de la Fiscalía no tiene por ahora réplicas en el resto de España, a diferencia del carrusel de juicios laborales en todas las ciudades donde opera Glovo que el Tribunal Supremo zanjó en 2020 y que casi un lustro después sigue ocupando a los juzgados.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la multa de 187.000 euros que la Generalitat impuso en abril de 2022 a la empresa de reparto de comida a domicilio Just Eat por subcontratar a 183 ‘riders’.

El fallo del TSJC, del pasado diciembre, considera que esos 183 ‘riders’ que reparten la comida no están dirigidos, controlados y organizados por Just Eat a través de su aplicación móvil, sino por una empresa subcontratada llamada Fleet que paga a Just Eat un cánon para poder usar su tecnología.

La Generalitat consideró en su sanción que quedaba “acreditado” que Just Eat era la verdadera empresa para la que trabajan esos 183 repartidores y apuntaba que Fleet estaba “suministrando mano de obra de forma ilegal” a Just Eat. Debido a esta cesión de trabajadores que acreditó la Inspección, la Generalitat consideró que los empleados tenían “condiciones económicas inferiores” ya que se les aplicaba un convenio menos favorable que a los empleados de la multinacional de reparto de comida.

La sentencia afirma que Fleet es la única que tiene acceso a la gestión del reparto, la asignación de pedidos y control de los repartidores “siendo independiente” de la plataforma Just Eat “para la gestión de los pedidos” y por tanto descarta la subcontratación ilegal de los empleados. 

“Es la empresa Fleet la que crea un usuario independiente para cada uno de los repartidores, con su contraseña y les da de alta en la aplicación Driver, debiendo comunicar a Just Eat el número de dispositivos en que se activa la aplicación; y cada repartidor ha de instalarse, en el dispositivo móvil, la aplicación, a fin de que pueda recibir y gestionar los pedidos asignados”, sostiene el fallo.

El TSJC asegura que la empresa de reparto de comida “únicamente tiene acceso a datos relativos a la fase y tiempo en que se encuentra el pedido” y “el porcentaje de conectividad de los repartidores”. Según el fallo, esto se justifica “en la coordinación que como contratista principal ha de realizar con la empresa subcontratada”

El tribunal también considera que, si bien los repartidores llevan el logotipo de Just Eat en su ropa y bolsas para transportar los alimentos, ha quedado probado que muestran esa marca debido a “un contrato de servicios de marketing y publicidad, suscrito por ambas mercantiles”, por el que Just Eat, además de proporcionar el material, le abona una cantidad a la compañía subcontratada. 

El TSJC argumenta a su vez que no existe “ninguna constancia” de que Just Eat intervenga “en la selección y contratación de los Jefes de Tráfico y repartidores, ni que adopte decisiones en relación a los mismos a efectos de descansos, vacaciones, turnos de trabajo, régimen disciplinario, etc”.

El Tribunal Supremo británico rechazó este martes que los repartidores (o 'riders') de la compañía de entrega de comida a domicilio Deliveroo puedan estar representados por un sindicato para negociar de manera colectiva sus condiciones laborales y salariales.

Se trata de la última decisión judicial dentro de una larga disputa que mantienen esos empleados con la compañía, y que surgió a raíz de que el Sindicato de Trabajadores Independientes del Reino Unido (IWGB) quisiera representar a ese colectivo en el norte de Londres para negociar con la dirección varios asuntos relacionados con sus sueldos, sus horas de trabajo y sus vacaciones.

El citado grupo sindical perdió en 2017 un recurso presentado ante un Tribunal especial para obtener el permiso para que esos 'riders' accedieran a la negociación colectiva a fin de mejorar sus condiciones, con el argumento de que no eran considerados “trabajadores” de la empresa, por lo que no estaban sujetos a los términos de la legislación que regula las relaciones laborales.

Tras ese fracaso, el sindicato llevó el caso ante el Tribunal Superior y ante la Corte de Apelaciones y, el pasado abril, el IWGB lo trasladó ante el Supremo, la máxima instancia judicial de este país. En un veredicto unánime, cinco jueces de esa corte rechazaron la apelación.

En su dictamen, los magistrados se mostraron de acuerdo con las decisiones previas que avalaban que los 'riders' no mantienen “una relación laboral” con Deliveroo y, por ello, no tienen derecho a negociar de manera colectiva sus derechos laborales y salariales.

Los jueces argumentaron que varios factores, como el hecho de que esos repartidores sean libres para rechazar ofertas de trabajo y para trabajar para otros competidores, son “fundamentalmente inconsistentes” con esa relación laboral.

Por su parte, el sindicato ha tildado la decisión judicial de “decepción”. “Como sindicato, no podemos aceptar que miles de 'riders' deban trabajar sin protecciones clave como el derecho a la negociación colectiva”, apuntó hoy el grupo sindical.

El dictamen se percibe como una victoria significativa para Deliveroo en la batalla entre los trabajadores de la llamada “economía bajo demanda” (o 'gig economy') y las empresas y supone, por otro lado, un varapalo para esos empleados que no podrán beneficiarse de la influencia y el poder que otorgan los sindicatos en las negociaciones colectivas.

El Tribunal Constitucional ha rechazado declarar inconstitucional la conocida como ley Rider a petición de Vox. La mayoría progresista del pleno ha desestimado el borrador de sentencia del conservador Ricardo Enríquez, que planteaba según ha adelantado El Periódico de Cataluña dar la razón al partido de Santiago Abascal, y deja las deliberaciones para más adelante, teniendo pendiente todavía otro recurso contra la norma interpuesto por el PP.

La norma recurrida por las derechas fue aprobada por el Gobierno en 2021 para hacer frente al abuso sistemático de la figura del falso autónomo por parte de empresas de reparto a domicilio con plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats.

El recurso de Vox se centraba, sobre todo, en la tramitación de la norma como un real decreto-ley. “No tiene sentido que se haya utilizado la figura del real decreto-ley sobre una materia tan sensible, sin un debate entre todos los grupos representados en las Cortes y todos los afectados”, lamentaba Vox en su escrito de más de 20 folios. El partido ultraderechista también calificaba de “operación de marketing político” la puesta en marcha de la ley, “usurpando al Parlamento la función que constitucionalmente le es propia”, zanjaba.

El recurso del PP, según anunció el propio partido, también atacaba su proceso de tramitación. “No hay extraordinaria y urgente necesidad”, dijo entonces Cuca Gamarra cuando en julio de 2021 interpusieron el recurso. El ponente de esta segunda sentencia será el progresista Ramón Sáez.

La empresa de entregas ultrarrápidas Getir ha desvelado sus números del despido colectivo en España, que anunció en mayo. La compañía turca ha puesto sobre la mesa este jueves un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad de la plantilla en España, integrada por casi 1.600 trabajadores, repartidos entre Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla.

El sindicato CCOO ha lanzado una nota en la que cifra exactamente los despidos en 1.560 personas, “optando por el cese total de la actividad” en España. 

La compañía se ha reunido este jueves con la representación legal de los trabajadores para iniciar la negociación del proceso de despido colectivo en España.

El ERE se presenta por causas económicas, productivas y organizativas y, según ha explicado CCOO, la empresa ha retrasado el inicio de la negociación del ERE porque en un comienzo pensaba mantener a parte de la plantilla. “Debido a una financiación que no han recibido, han optado por el cese total de la plantilla”, añade el sindicato.

Indemnización mínima

CCOO ha condenado “la nefasta gestión empresarial” de Getir, al considerar que “no ha sabido crecer ni tener una estrategia de mercado en España”.

La compañía nació en 2015 en Estambul “como la primera empresa del mundo de compra 'online' ultrarrápida”, destacaba la propia Getir el pasado diciembre, al anunciar la compra de la alemana Gorillas. En ese momento, la multinacional operaba “en nueve países de tres continentes, estando presentes en ciudades europeas como Londres, Amsterdam, Madrid, Berlín y París”.

El sindicato ha explicado que la compañía ha propuesto la indemnización mínima a los trabajadores afectados por los despidos, de 20 días por año trabajado con el máximo de 12 mensualidades.

Además, la dirección ha planteado a la parte sindical “un plan de recolocación para la plantilla y convenio especial para aquellas personas mayores de 55 años, como exige la ley”. En CCOO han sostenido que se lo van a poner “muy difícil” a la compañía en las negociaciones, que continuará el próximo 5 de julio.

Recorren nuestras ciudades a toda velocidad para traernos el último pedido. Se juegan el físico y la salud en uno de los trabajos más precarizados que hay. Son repartidores de comida y un día con ellos revela una fotografía de nuestra sociedad. 

Pasamos un día con repartidores de Glovo. Uno de ellos se llama Santi, vive y trabaja en Bilbao y es asalariado. También escuchamos un día a día cualquiera de reparto de Carlos, que trabaja en Madrid y que tiene un contrato en fraude de ley: es uno de los llamados ‘falsos autónomos’ que Glovo no ha regularizado. 

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Las empresas que reiteradamente recurran a fórmulas ajenas al contrato de trabajo de manera ilícita se exponen a penas de prisión de hasta seis años.

En 2017 se publicó en el New York Times un artículo que describía el modo en que Uber gestionaba lo que ellos llamaban “la nueva economía del trabajo independiente” y lo que en España conocemos como empresas cuya fuerza laboral son los falsos autónomos. Uber explicaba que, como sus trabajadores no tenían contrato laboral, no podían exigirles que estuvieran en un lugar y hora determinados ni que cumplieran con los objetivos de la empresa. Sin embargo, hallaron el modo de hacerlo a través de trucos similares a los que usan las plataformas de streaming para que te des un atracón de series (pasar automáticamente a otro capítulo o aconsejarte una película similar antes de que acaben los títulos de crédito de la que has visto). Los algoritmos de la empresa hacían posible, a través de un sistema de videojuegos, gráficos y recompensas no vinculadas al salario, que los conductores trabajaran más y con mayor rapidez y, lo que resulta aún más perverso, tuvieran mayor vinculación con la empresa a bajo coste. Todas las ventajas del contrato laboral sin ninguna de las protecciones para el trabajador y sin las obligaciones fiscales de los contratos de trabajo.

Era el momento de expansión de la gig economy, la economía de las pequeñas tareas. Vinculada a trabajos puntuales por periodos temporales cortos bajo demanda del cliente, precisan de las plataformas online, que ejercen de intermediarios entre la empresa proveedora de servicios y el cliente o consumidor. Su expansión y eficacia esta vinculada al desarrollo de inteligencia artificial y la gestión de los datos. Los conductores, los riders que se ocupan de los repartos a domicilio de bienes de consumo, son el ejemplo más frecuente y citado, pero este sistema de falsos autónomos afecta, y cada vez más, a periodistas, profesores, enfermeras, cuidadores, administrativos, traductores y cualquiera que pueda realizar tareas individualizables, aunque continuas, para una empresa y cuyo salario depende casi en su totalidad de esa compañía.

El punto débil de esta cadena entre empresas y clientes es el trabajador, por cuenta propia a su pesar, aparentemente autónomo, sin vínculo laboral ni protecciones sociales o derecho a pensión contributiva, pero dependiente de las empresas propietarias de esas plataformas, que son las que asignan las entregas o tareas. En Europa, con una tradición y una legislación claramente favorables a la protección del trabajador, la gig economy siempre ha supuesto un reto tanto tecnológico como social. Resultó evidente desde el principio que estas compañías, casi siempre multinacionales, tendían a evadir cualquier marco regulatorio, y especialmente aquel que les obligara a tener un vinculo laboral con sus trabajadores.

La llamada Ley Rider, aprobada en agosto de 2021, vino a poner las cosas en su sitio y a confirmar lo que dictaminó el Tribunal Supremo: los falsos autónomos son trabajadores de pleno derecho. Empresas como Deliveroo optaron por abandonar España mientras otras se han adaptado a la legislación y algunas incumplen sistemáticamente la ley y las sentencias judiciales, aunque tengan que pagar multas millonarias.

El pasado viernes, a través de una enmienda en el Congreso del artículo 311 del Código Penal, presentada por PSOE y Unidas Podemos, se dio un paso más en la protección de los derechos laborales de los llamados falsos autónomos. Esta reforma afectará especialmente a las plataformas digitales de reparto como Glovo o Uber Eats, donde se han producido numerosos casos de vulneración de la Ley Rider, pero también a cualquier empresa que base su rentabilidad en incumplir la legislación laboral. Una reforma que parece, pues, necesaria. Al Gobierno le queda resolver y fortalecer los sistemas de inspección de trabajo que vigilarán el cumplimiento de la norma, y que ahora necesitan más personal y mejores herramientas.

Y, como sociedad, como consumidores, nos toca plantearnos si somos capaces de asumir el coste que suponga que estas empresas cumplan con la legislación laboral. Si somos capaces de consumir de manera ética. Ese es el gran reto.

El Ayuntamiento de Barcelona ha iniciado la tramitación de una nueva tasa a grandes comercios online que realizan entrega en el domicilio. Más conocido como 'tasa Amazon', este gravamen no solo se aplicará a esta empresa, sino que afectará a cualquier operador postal que facture más de un millón de euros en entregas a domicilio en Barcelona.

Esta tasa grava el uso del espacio público que ocupan los vehículos al realizar la entrega y regula una utilización de la ciudad que, hace años, no estaba planteada. Se equilibra así la ventaja comparativa del e-comerce respecto al comercio tradicional, que paga otros impuestos como el IBI por tener un local físico. “Queremos que el comercio local tenga igualdad de condiciones fiscales respecto a las grandes plataformas de comercio electrónico, que tienen una cuota de mercado muy elevada”, ha dicho Jaume Collboni, teniente de alcaldía de Economía y candidato del PSC en las elecciones municipales.

Se trata de una iniciativa impulsada gracias a un acuerdo con el grupo de ERC y se espera que se apruebe en el Pleno del día 28 de febrero de 2023. De cumplirse este calendario, Barcelona sería la primera ciudad en España en aplicar esta tasa, que fue recomendada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Además, tal como recuerdan desde el consistorio, la Ley de Comercio de Catalunya también insta a los municipios a gravar la entrega postal a domicilio.

“Creemos en el comercio de proximidad como eje vertebrador de la ciudad y las grandes empresas online requieren de una regulación”, ha dicho Jordi Castellana, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona. La tasa, según los republicanos, debe perseguir también un cambio de hábitos de consumo y “vaciar esta ciudad de furgonetas”. “Barcelona es de todos”, ha añadido Collboni.

De esta manera, las empresas de comercio online que entregan a domicilio se equiparan a las de bicicletas o motos compartidas, que también pagan una tasa de ocupación del espacio público. Con esta iniciativa, se quiere incitar a un consumo más sostenible, ya que no se aplicará cuando los paquetes se dejen en un punto de recogida. “Que un paquete de 300 gramos lo transporte hasta tu casa un vehículo que pesa más de una tonelada es algo que este planeta no se puede permitir. Es una actividad no sostenible, y por eso la gravamos”, ha apuntado Jordi Martí, concejal de Presupuestos de los comuns.

Hasta 2,6 millones de euros anuales para el erario

Para calcular la tasa, se ha encargado un informe a la Universitat de Barcelona, que ha cuantificado el precio que tiene el espacio público de Barcelona. Este se ha valorado en 2,6 millones de euros. Además, se ha repartido el peso de la tasa entre las empresas en función de su grueso de negocio en la ciudad y cada una de ellas deberá pagar el 1,25% de sus ingresos brutos. Eso sí, el importe total no podrá superar esos 2,6 millones.

El Ayuntamiento asegura que uno de los asuntos que tenía claro a la hora de diseñar la tasa es que ésta no debía recaer sobre los repartidores autónomos, pequeñas empresas de reparto, ni sobre la ciudadanía, sino sobre los operadores postales que trabajen “con una cierta intensidad”. En Barcelona hay 26 operadores postales con una facturación superior al millón anual. Entre todas ellas obtienen 200 millones de euros anuales, el 62% de los cuales corresponden a los cinco primeros, liderados por Amazon.

Sobre el riesgo de que la tasa acabe aumentando el precio del servicio que paguen los ciudadanos, el Ayuntamiento ha apuntado que, de darse, será un incremento que no será demasiado destacable. En todo caso, sí se ha apuntado que “recibir la compra en casa sea más caro que salir a comprar al barrio no debería ser extraño ni negativo”, tal como ha apuntado Martí. En todo caso, un aumento del precio supondría también “un aumento de la facturación y, por tanto, un aumento del gravamen”, ha asegurado Montserrat Ballarín, concejala de Hacienda del Ayuntamiento.

Según datos del Ayuntamiento hay una ocupación diaria de las DUM (Distribución Urbana de Mercancías, es decir, las zonas de carga y descarga) de un 47,6% durante 4.830 horas al año. Este uso del espacio público, que se ha intensificado a raíz de la pandemia, supone un coste para el Ayuntamiento en concepto, por ejemplo, de mantenimiento. Los cálculos que hay detrás del diseño de esta tasa se han querido hacer “con prudencia” y garantías jurídicas para poder superar cualquier impugnación que puedan realizar las empresas.

Estas garantías son los motivos que ha dado el consistorio para explicar la tardanza en la aprobación de esta tasa, que lleva sobre la mesa desde 2019 y que, finalmente, entrará en vigor tres meses antes de las elecciones municipales. Este pacto a tres, entre PSC, Comuns y ERC, a pesar de estar apartado de la negociación de los presupuestos, supone “un clima de entendimiento que facilita los acuerdos”, ha declarado Collboni.