La rebelión de Glovo y Uber Eats llega a la justicia penal por demandas de riders a la espera de la denuncia de Trabajo

En verano del año pasado, la llamada Ley Rider cumplía su primer aniversario y no lo hacía en su mejor momento. Uber Eats se sumaba a Glovo en el desafío de la norma y volvía a repartir con autónomos. Tras varios avisos de Trabajo de que sería “implacable” para hacer cumplir la norma, Yolanda Díaz anunció en septiembre que llevaría a las compañías “rebeldes” ante la Fiscalía para que fueran juzgadas en los tribunales de lo penal por posibles delitos contra los trabajadores. Un año después, Trabajo aún no ha ejecutado la medida y finalmente quienes han dado el primer paso han sido colectivos de riders y de taxistas.

La primera demanda, contra Glovo, la anunció RidersxDerechos, colectivo pionero en la lucha de los repartidores contra los falsos autónomos en el sector, que la ha presentado junto al colectivo Taxi Project 2.0, con los que confluyen en la Asociación Observatorio del Trabajo Algoritmo y Sociedad (TAS). La querella –aún pendiente de su admisión a trámite– denuncia la presunta comisión de delitos contra Hacienda, contra la Seguridad Social, delito de estafa y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Este último señala el incumplimiento del artículo 311 del Código Penal, “por cuanto Glovo contrató a los falsos autónomos, con engaño y abusando de su estado de necesidad, por su especial situación de vulnerabilidad, y con grave perjuicio a sus condiciones laborales y de seguridad social”, explica la plataforma de trabajadores.

Fuentes de Trabajo responden a elDiario.es que se prevé que las actuaciones de la Inspección culminen en la segunda mitad de octubre, “momento en el que se remitirán a la Fiscalía para su consideración”. El Gobierno reformó el año pasado el Código Penal, incluyendo en concreto penas de hasta seis años de cárcel por el abuso reiterado de falsos autónomos.

“Según el nuevo delito del art. 311.2 del Código Penal, que entró en vigor en enero de este año, la conducta sancionable penalmente es no atender los requerimientos de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. Para ello, la Inspección ha procedido a detectar los casos de incumplimientos, avalados por sentencia firme, para requerir a la empresa transgresora”, explican en el Ministerio de Trabajo, donde añaden que “es un proceso muy laborioso, que requiere de tiempo y en el que la Inspección ha invertido muchos esfuerzos”.

Glovo, el mayor pulso a Trabajo

“Hace mucho tiempo que llevábamos diciendo que había que ir por lo penal contra estas empresas, incluso antes de la reforma del Código Penal. Era el segundo aniversario de la Ley Rider y pensábamos que no podía pasar más tiempo”, explica Nuria Soto, de RidersxDerechos. El colectivo de repartidores considera que el Gobierno “está yendo tardísimo” en la persecución penal de estas empresas, con algún ejemplo en otros países como Francia contra Deliveroo.

Glovo ha sido la compañía que ha mantenido su pulso a Trabajo en todo momento, frente a la normativa que diseñó el Ministerio de Yolanda Díaz contra el abuso sistemático de falsos autónomos en esta y otras compañías del sector. La legislación salió adelante después de mucha negociación, con el apoyo de sindicatos y de empresarios.

La multinacional de las mochilas amarillas, sancionada por el Tribunal Supremo por el abuso de falsos autónomos, modificó algunos elementos de su sistema de riders, lo que en la compañía han defendido que se adapta a la nueva legislación aunque sigan repartiendo con autónomos. En sindicatos y colectivos de repartidores como RidersxDerechos, así como en Trabajo, insisten en cambio en que el nuevo modelo sigue infringiendo la legislación laboral.

Uber Eats, que retornó a los autónomos

La segunda demanda se dirige a Uber Eats, que tras denunciar que Glovo infringía la Ley Rider y les dificultaba la competencia, retornó a un modelo mixto en el que recuperó la posibilidad de repartir como autónomos y mantuvo el sistema de flotas de repartidores subcontratados.

En este caso, la demanda ha sido liderada por Élite Taxi, que mantiene una batalla de años contra Uber y que fue sancionada por la autoridad de competencia catalana por hacerle boicot.

“No tenemos constancia de ninguna demanda penal contra Uber Eats. Estamos comprometidos con hacer las cosas bien en todo el mundo y España no es una excepción. Hemos adaptado nuestro modelo para garantizar el pleno control de los repartidores autónomos sobre su trabajo, cumpliendo plenamente con la regulación vigente”, afirma un portavoz de Uber Eats.

Todavía sin una resolución de la Inspección de Trabajo sobre el nuevo modelo de autónomos de Glovo ni de Uber Eats, como destacan en esta segunda empresa, RidersxDerechos y estos colectivos de taxistas han tomado la iniciativa de llevar a ambas compañías a los tribunales de lo penal por años de incumplimientos, en los que consideran que han incurrido en varios delitos.

En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT también han defendido dar el salto a la vía penal, que apunte a las empresas y sus máximos responsables ante las resistencias de las multinacionales a acatar las normas laborales, incluso pese a las numerosas multas de la autoridad laboral, de más de 205 millones de euros en el caso de Glovo.