La directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ), Judit Carreras, se ha reunido este martes con el alcalde de Andorra (Teruel), el socialista Rafael Guía, y le ha trasladado que desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) trabajan para que Enel optimice el volumen de potencia renovable que puede instalarse en el Nudo Mudéjar, de acuerdo con las condiciones de la declaración de impacto ambiental del proyecto. Carreras ha descartado un nuevo concurso y ha manifestado que la energía sobrante, unos 800 megavatios, se adjudicarán a otras empresas para que “esa capacidad se quede en el territorio”.

Así se lo ha trasladado en una reunión mantenida para abordar la situación del concurso de transición justa, tras la propuesta provisional de Enel Green Power España de modificar su proyecto, ganador del concurso, e instalar 406,3 MW de potencia renovable, apenas una quinta parte de lo que pretendía.

Carreras ha informado a Guía sobre el detallado estudio que el ITJ está realizando sobre dicha propuesta, así como sobre su incidencia sobre los compromisos socioeconómicos vinculados al proyecto, de acuerdo con las reglas del concurso. También ha confirmado a Guía la voluntad del ITJ de que la capacidad de acceso a la red eléctrica del Nudo Mudéjar que finalmente no utilice el proyecto de Enel sea aprovechada por otros proyectos en beneficio del territorio, empleando mecanismos propios de transición justa, descartando la celebración de un nuevo concurso.

La directora del ITJ ha querido dejar claro que la capacidad sobrante “no se pierde”. “Es muy importante asegurar que esa capacidad se quede en el territorio con criterios de transición justa y por eso estamos trabajando en las opciones administrativas para que así sea”. Eso, ha explicado, “no significa un nuevo concurso”, y ha recordado que hubo “una lista de adjudicatarios muy larga”. “Estamos trabajando para ver cómo ofrecérsela a los siguientes adjudicatarios”, ha incidido.

520 millones en ayudas

Carreras ha recordado que el ITJ ya ha concedido 520 millones de euros en ayudas a 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, junto con ayudas sociales; y ha insistido en que el ITJ seguirá trabajando con el alcalde de Andorra y la zona afectada para seguir apoyando el territorio, incidiendo en que en el segundo semestre de este 2026 habrá una nueva convocatoria de ayudas.

Hay que recordar que el que prometía ser el mayor desarrollo de energía renovable proyectado en España se quedará reducido a casi una quinta parte. Endesa comunicó hace diez días que solo ejecutará instalaciones con una potencia conjunta de 406 megavatios en el Nudo Mudéjar de Andorra, en el punto de conexión a la red que quedó libre tras el cierre de la central térmica de carbón de Andorra hace casi seis años. La cifra supone apenas el 22% de los 1.844 MW que su filial renovable, Enel Green Power España, había planificado mediante la combinación de siete parques eólicos, otras tantas plantas fotovoltaicas y sistemas de baterías.

La compañía remitió el pasado 17 de marzo al Instituto para la Transición Justa, del Ministerio de Transición Ecológica, la nueva configuración, dentro del plazo fijado en las bases del concurso adjudicado en 2022. El plan contempla únicamente tres parques solares y uno eólico, frente a las catorce instalaciones del diseño original.

Los municipios afectados por el Nudo Mudéjar han cerrado filas con el Gobierno de Aragón para exigir una respuesta inmediata tras la reducción del proyecto energético de 1.844 a 406 MW. La decisión, conocida tras casi seis años desde el cierre de la térmica de Andorra, genera “incertidumbre” y obliga a buscar alternativas que garanticen inversión, empleo y futuro para la provincia de Teruel.

El origen del proyecto se remonta a 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica convocó el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Nudo Mudéjar) para reindustrializar la zona tras el cierre de la central térmica, clausurada en 2020. La adjudicación, resuelta en 2022 a favor de Endesa —a través de Enel Green Power—, se plantó sobre una petición de más de 1.800 MW vinculados a una inversión millonaria, creación de empleo y proyectos asociados al territorio.

Sin embargo, el desarrollo del proyecto ha acumulado retrasos y no fue hasta febrero de 2026 cuando el Ministerio emitió la declaración de impacto ambiental (DIA), que recortó de forma significativa el alcance inicial por condicionantes ambientales. La situación del proyecto de Enel (Endesa) ha dado un vuelco drástico un mes después debido a limitaciones ambientales que han reducido la potencia solicitada, provocando que la inversión caiga de 1.600 a 350 millones de euros.

Este lunes, los alcaldes de diez municipios afectados por la resolución del Nudo Mudéjar han trasladado al Gobierno de Aragón su preocupación por el impacto del recorte del proyecto energético y han acordado mantener una posición común para exigir soluciones, tanto a la empresa adjudicataria como al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En la reunión han participado Miguel Iranzo (Alcorisa, PP), Pedro Bello (La Puebla de Híjar, IU), Víctor Manuel de la Sierra (Lécera, PP), Rafael Guía (Andorra, PSOE), Alfonso Pérez (Samper de Calanda, PSOE), Celia Trullón (Albalate del Arzobispo, PSOE), Miguel Ángel Estevan (Alcañiz, PP), Jesús Antonio Puyol (Híjar, PP), Carlos Ros Monfort (Ariño, PSOE) y Luis Javier Gómez (Jatiel, PSOE), junto a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la secretaria general técnica, Cristina Asensio; y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

Tras el encuentro, los ediles han coincidido en subrayar la necesidad de actuar con unidad y responsabilidad ante una decisión que, aunque tiene distinto grado de afección en cada municipio, impacta en todo el territorio.

El alcalde de Andorra, Rafael Guía —que ha actuado como portavoz de los regidores municipales—, ha adoptado una postura de máxima exigencia frente a los plazos, denunciando que el territorio lleva casi seis años en una “espera insoportable” desde el cierre de la central térmica. Para el edil, el tiempo de las promesas y las prórrogas ha terminado, y considera inaceptable que la burocracia o los cambios en el proyecto sigan dilatando la llegada de la reindustrialización. Guía sostiene que la comarca ha cumplido con su parte de responsabilidad y paciencia, por lo que ahora urge al Ministerio y a Enel a pasar de los anuncios a las realidades materiales sobre el terreno sin más demoras.

Respecto a las alternativas de Enel (Endesa), el alcalde rechaza tajantemente que el recorte en la potencia instalada de los parques renovables sirva como pretexto para reducir el plan de acompañamiento industrial. Su posición es firme: el compromiso de creación de empleo y las fábricas proyectadas deben mantenerse íntegros, ya que fueron la base por la que la empresa ganó el concurso del Nudo Mudéjar. Guía defiende que, si Endesa no puede ejecutar toda la potencia prevista por las restricciones ambientales, esa capacidad sobrante debe liberarse de inmediato para que otros proyectos y empresas puedan aprovecharla, garantizando así que no se pierda ni un solo puesto de trabajo de los prometidos originalmente.

Además, el mandatario andorrano ve en la resolución de las declaraciones de impacto ambiental un punto de inflexión que elimina cualquier “excusa” técnica que tuviera la compañía. Al ser ahora un proyecto con plenas garantías legales y ambientales, Guía exige que se inicien las obras de las alternativas industriales de forma inminente. Su mensaje es claro: la prioridad absoluta es blindar el desarrollo socioeconómico de los municipios afectados, asegurando que la transición energética sea justa y que la pérdida de megavatios de Enel se compense con una diversificación industrial que no dependa exclusivamente de las decisiones de una sola eléctrica.

Respecto al Miteco, el alcalde —que este martes tiene una entrevista en agenda—  mantiene una postura de exigencia directa, recordando que el Ministerio es el garante último de que la Transición Justa no sea un eslogan vacío. Guía considera que el “varapalo ambiental” emitido por el Ministerio no debe ser el final del camino, sino el inicio de una renegociación urgente. Su mensaje hacia Madrid es que, si el Gobierno ha limitado la potencia a Endesa por razones ecológicas, tiene ahora la responsabilidad política de buscar mecanismos legales para que esos megavatios sobrantes se queden en el territorio y no se pierdan en la red general.

El Gobierno de Aragón abandera

El diagnóstico es compartido con el Gobierno de Aragón porque no se trata solo de un problema local, sino de un golpe a un proyecto estratégico para toda la comunidad. “No estamos hablando solo de unos municipios, sino del conjunto de la provincia de Teruel y de Aragón”, ha señalado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Nudo Mudéjar estaba llamado a ser el eje de la reindustrialización de una zona marcada durante décadas por la dependencia del carbón. La reducción de la capacidad prevista —de 1.200 a 400 megavatios— supone, según ha advertido la vicepresidenta, un freno a las expectativas generadas durante años: “Lo que se consigue es frustrar unas expectativas que tenían que servir para compensar el esfuerzo de tantas décadas del territorio”.

El Gobierno de Aragón ha defendido la necesidad de articular una respuesta conjunta y ha señalado directamente a dos interlocutores: el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y Enel Green Power, adjudicataria del concurso.

Al Ministerio ya se le ha remitido un acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se rechaza la nueva situación y se solicita que la capacidad de acceso a la red que no se utilice pueda destinarse a nuevos proyectos industriales o tecnológicos. “Es necesario que se ofrezcan alternativas”, ha insistido Vaquero.

El Ejecutivo autonómico solicitará una reunión con el Miteco —sin confirmar aún— y aspira a que en ella participen tanto el Gobierno como una representación de los alcaldes. “El Gobierno de Aragón defenderá los intereses de los municipios porque este es un proyecto estratégico para toda la comunidad”, ha afirmado.

En paralelo, se pedirá un encuentro con Enel para que explique las razones de la reducción del proyecto, que la empresa vincula a su viabilidad económica. “A Enel hay que exigirle que cumpla con las condiciones del concurso”, ha añadido.

El calendario sitúa en junio la resolución sobre la autorización administrativa previa, un plazo que el Ejecutivo considera clave para intentar influir en el desarrollo del proyecto. No obstante, ha advertido de que el retraso acumulado es ya irrecuperable: “El retraso de seis años es irrecuperable. Lo que no podemos permitir es seguir acumulando retrasos”.

Por ello, el Gobierno de Aragón reclama que el Ministerio esté trabajando ya en alternativas que permitan atraer nuevas inversiones a la zona. “Hay zonas que no pueden esperar para su reindustrialización”, ha subrayado Vaquero.

En cuanto a posibles compensaciones también desde el Ejecutivo autonómico, Vaquero ha señalado que, por el momento, la prioridad es garantizar alternativas reales. “Las compensaciones que pedimos son alternativas que garanticen inversión, empleo y desarrollo”, ha explicado, sin descartar futuras acciones: “Llegado el caso, se estudiará la necesidad de pedir responsabilidades”.

El Gobierno de Aragón ha reiterado además su apoyo “sin fisuras” a los municipios y su compromiso de acompañarlos en sus reivindicaciones. Sobre los plazos para un eventual plan alternativo, el Ejecutivo autonómico ha insistido en que “es el Ministerio quien tiene que dar los plazos y plantear las alternativas”.

Desbloquear la situación

Pese a la urgente necesidad de no dilatar más procesos en el teimpo, lo que a muchos no se les escapa es que el calendario de la transición justa para el Nudo Mudéjar no será tan rápido, si se tiene que rehacer, invalidando los hitos temporales pactados. Tras seis años de espera desde el cierre de la térmica, el recorte del 75% de la potencia de Endesa y la necesidad de tramitar nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental para cualquier alternativa obligan a reiniciar el cronómetro administrativo. Esta situación sitúa al territorio en una nueva fase, ya que la fabricación de electrolizadores o plantas de reciclaje genera incertidumbre ante la caída de la potencia renovable que debía alimentarlos, así como por los contratiempos en proyectos de hidrógeno verde como Catalina.

Ante este escenario, la posible readjudicación de los 796 MW liberados por Endesa a nuevos actores industriales abre un proceso de licitación que puede añadir años de burocracia adicional. Mientras el alcalde de Andorra y los municipios afectados exigen concreción inmediata para frenar la sangría económica, la realidad técnica dirá si el plan de reindustrialización ha vuelto a la casilla de salida. Lo único seguro es que el vuelco de marzo de 2026 confirma que los plazos originales son ya físicamente imposibles de cumplir, forzando al Ministerio y a las empresas a diseñar un nuevo cronograma que encaje en las actuales exigencias ambientales.

José Bogas pondrá fin en la próxima Junta General de accionistas, que se celebrará el 28 de abril, a su etapa como consejero delegado de Endesa, tras casi 12 años al frente de la eléctrica.

No será la retirada definitiva del directivo, que cumple 71 años este 2026, ya que seguirá en Endesa con un asiento como consejero -con la condición de otro externo- en el órgano rector de la compañía, según consta en la convocatoria de junta general de accionistas remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Bogas ha superado la edad de jubilación incluida en las políticas del grupo Enel, que es de 67 años para puestos ejecutivos.

Bogas deja así las labores ejecutivas de una compañía en la que ha pilotado durante más de una década -con tres mandatos- la transformación en un contexto marcado por la transición energética, el impulso de las renovables y la electrificación de la economía.

Ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI, donde se tituló en 1978, en 1982 desembarcó en la eléctrica, que entonces era todavía empresa pública, como jefe de sección de estudios de mercado en el Departamento de Planificación.

Desde ahí fue escalando en el organigrama de la compañía, pasando prácticamente por todos los principales puestos, hasta que en 2014, cuando era el director general del negocio en España y Portugal, fue designado consejero delegado, sucediendo en el cargo a Andrea Brentan, ya con la energética bajo el paraguas de la italiana Enel, su máximo accionista y que en 2009 había tomado el control mayoritario de la eléctrica española.

Dejó la puerta abierta a su salida

El pasado mes de febrero, con motivo de la presentación de resultados del año pasado, Bogas aseguró sentirse “con fuerza” para continuar al frente de la eléctrica, aunque subrayó que su futuro correspondía abordarlo “al consejo de Endesa y, en última instancia” a la junta general de accionistas.

“La vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa es cierto que estoy más cerca de mi jubilación. Pero acataré lo que sea mejor para el grupo”, dijo.

De todas manera, bromeó con que, en el caso de poner fin a su carrera en la compañía, sería en buen momento, ya que con los resultados de 2025, cuando Endesa elevó un 16% sus ganancias, hasta 2.198 millones de euros, y pulverizar objetivos, “saldría por la puerta grande”.

El elegido que tomará el relevo de Bogas como consejero delegado está en manos de la italiana Enel, principal accionista de Endesa con una participación del 70% en su capital, que deberá llevar a la próxima junta su propuesta.

Enel tendrá así que decantarse por una opción española u italiana, como se ha venido rumoreando últimamente, para pilotar la que es la 'joya de la corona' dentro de sus filiales.

El Nudo Mudéjar de Andorra comienza un proceso de desbloqueo tras la declaración de impacto ambiental (DIA) del Mininisterio de Transición Ecológica y el Reto Demográfica, un documento que, aunque reduce el ambicioso proyecto de energías renovables de la filial de Endesa, Enel, deja la vía abierta para que la eléctrica reformule el proyecto y ponga en marcha el plan de acompañamiento comprometido tras el cierre de la central térmica de Andorra hace casi seis años, que se cobró casi 500 empleos en la zona minera turolense.

La DIA, que está pendiente de publicarse esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha frenado posiciones de los parques en proyecto, si bien ello no tiene por qué afectar a la potencia en términos de megavatios (MW), que quedaría en torno a dos tercios de lo previsto. La potencia de evacuación está vinculada a los 1.200 MW que generaba la térmica, pero el proyecto impulsado por Enel Green Power España (EGPE), filial de Endesa, dentro del denominado Nudo Mudéjar, solicitaba una cantidad superior, 1.844 MV —entre eólica, fotovoltaica y almacenamiento en baterías—, con lo que aspiraba a convertirse en el mayor desarrollo renovable de España. Dicho macrocomplejo quedará reducido a casi el 60% tras la DIA del Miteco, que considera ambientalmente incompatibles buena parte de las instalaciones previstas.

El plan original contemplaba siete parques eólicos, siete plantas solares fotovoltaicas (hibridadas con los parques eólicos), dos sistemas de almacenamiento con baterías, 14 subestaciones eléctricas y 154 kilómetros de líneas de alta tensión.

La inversión prevista oscilaba entre 1.300 y 1.800 millones de euros y formaba parte del concurso público convocado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) tras el cierre de la central de carbón en junio de 2020. El objetivo era doble: descarbonizar el sistema eléctrico y compensar la pérdida de empleo en las comarcas mineras.

Sin embargo, la evaluación ambiental ha obligado a eliminar 104 de los 156 aerogeneradores proyectados, descartar por completo dos parques eólicos (Empeltre y El Castillo), suprimir una planta solar (San Martín), reducir hasta un 50% la superficie de otras cuatro plantas fotovoltaicas y recortar la mayor instalación de baterías, lo que supone que 1.000 MW quedan fuera del desarrollo inicial, tal y como informa 'Heraldo de Aragón'.

Plan garantista: impactos críticos sobre la biodiversidad

La razón del recorte es claramente ambiental por el impacto acumulativo sobre especies protegidas y espacios de alto valor ecológico. La resolución ambiental concluye que varias infraestructuras afectan a zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), áreas críticas y territorios de nidificación y espacios vinculados a la Red Natura 2000.

Entre las especies sensibles figuran el águila real, el águila perdicera, el alimoche, el cernícalo primilla y la alondra ricotí, algunas catalogadas como vulnerables o en peligro de extinción.

Los riesgos no se limitan a la colisión con aerogeneradores o líneas eléctricas. También se señala fragmentación y pérdida de hábitats, alteraciones geológicas y contaminación lumínica significativa en un radio de hasta 35 kilómetros. Este último aspecto es especialmente relevante porque podría comprometer la aspiración de la zona a convertirse en destino de turismo astronómico.

Además, el proyecto deberá cumplir condiciones estrictas como el soterramiento parcial de líneas de alta tensión, instalación de dispositivos salvapájaros cada cinco metros y distancias mínimas de hasta cinco kilómetros respecto a nidos y áreas de descanso de determinadas aves.

A juicio del alcalde de Andorra, Rafael Guía, el plan es “garantista” porque el respeto riguroso de estrictos parámetros ambientales puede evitar futuras judicializaciones.

Desbloqueo a un plan para la comarca

Pese al varapalo, el proyecto no se paraliza. Alrededor de 800 MW han obtenido aval ambiental tras quince meses de análisis técnico y múltiples informes autonómicos y estatales, por lo que el Nudo Mudéjar seguirá siendo una de las mayores actuaciones renovables del país, aunque lejos de la magnitud inicialmente prevista.

Sin embargo, la reducción de potencia no es solo un ajuste técnico: tiene consecuencias económicas directas. EGPE había estimado más de 6.300 empleos durante la fase de construcción hasta 2029; alrededor de 500 empleos duraderos vinculados a un plan de acompañamiento industrial e iniciativas asociadas como fábricas de componentes, plantas de reciclaje de paneles solares, centros logísticos o ampliaciones turísticas.

La empresa depositó 221 millones de euros en garantías ante el ministerio para asegurar el cumplimiento de los compromisos socioeconómicos. Ahora, con el proyecto recortado casi a la mitad, el alcance real de esas inversiones queda en revisión.

No obstante, el alcalde de Andorra valora positivamente que el ministerio “haya desbloqueado el proyecto, porque era el pretexto para no desarrollar el plan de acompañamiento” que la comarca lleva esperando casi seis años. Rafael Guía recuerda que el cierre de la central generó la pérdida de casi 500 empleos directos e indirectos. Desde entonces, de los 370 trabajadores estables, muchos han sido desplazados por la empresa a otros parques pero los de las subcontratas han tenido que salir fuera a trabajar, si bien, la mayoría siguen empadronados en la localidad. “No somos optimistas, somos prudentes, porque la actividad económica no es la misma que hace cinco años”, admite Guía, quien aplaza su valoración final hasta conocer la reformulación del proyecto que deberá presentar Endesa.

‘Renovables sí, pero no a cualquier precio’

El caso del Nudo Mudéjar ilustra un punto clave de la transición energética para sustituir el carbón por renovables pero no es simplemente cuestión de instalar megavatios. La planificación debe equilibrar producción eléctrica, biodiversidad y desarrollo territorial.

El Ministerio ha optado por permitir el avance del proyecto, pero imponiendo una “compatibilidad efectiva” entre generación renovable y preservación ambiental, tal como recoge la DIA comunicada a Endesa el pasado 17 de febrero. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará la declaración dos años después de que el Miteco abriese el proceso de información pública. Fuentes de Endesa, que no han querido ofrecer una valoración sobre la decisión ministerial, han confirmado que tienen un mes para analizar la declaración ambiental y trabajar en un replanteamiento, fase en la que ya se encuentran trabajando equipos de la eléctrica.

El ajuste aplicado al Nudo Mudéjar marca un precedente, del que estarán más o menos satisfechos los colectivos y plataformas que hace una semana anunciaron una demanda penal conjunta contra los macroproyectos renovables de la empresa aragonesa Forestalia, si bien el nudo de Enel, como el de otras grandes empresas, no se incluyen en las reclamaciones de un despliegue renovable que consideran prioritario, pero no a cualquier precio.

Endesa obtuvo un beneficio neto de 2.198 millones de euros en 2025, un 16% más que en 2024, y ha presentado un plan estratégico con un récord de inversión de 10.600 millones para el periodo 2026-2028.

Le eléctrica supera así los objetivos que se había marcado para el año y en los que apuntaba a unas ganancias de unos 2.000 millones de euros.

Los ingresos de la eléctrica el año pasado ascendieron a 21.424 millones de euros, con un aumento del 0,5% frente a los 21.307 del ejercicio 2024.

Según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación (ebitda) ascendió a 5.756 millones, un 9% más que un año antes, mientras que el beneficio ordinario neto fue de 2.351 millones, un 18% más.

La energética también ha presentado su plan estratégico para 2026-2028, en el que eleva un 10% el volumen inversor respecto al plan anterior y reserva 5.500 millones para reforzar la red eléctrica.

En él, Endesa ha defendido que se extienda la vida de las centrales nucleares en España, en función del cumplimiento de las hipótesis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), respecto de las fechas de cierre previstas “para seguir aportando firmeza, y reduciendo costes y emisiones del sistema eléctrico”.

La compañía ha explicado que, en condiciones de igualdad fiscal respecto de otras tecnologías, el coste de sustituir el perfil de dicha energía por un 'mix' de solar, baterías y centrales de gas “resultaría ser el doble que el de la nuclear”, informa la agencia EFE.

En este sentido, Endesa ha destacado que la tecnología nuclear resulta “la más competitiva y eficiente” respecto a cualquier alternativa.

Por ello, ha reiterado la necesidad de adaptar el calendario de cierre nuclear a la evolución real del Pniec, para reforzar la seguridad de suministro “ante el retraso significativo” en los objetivos de potencia eólica y almacenamiento de cara a 2030.

Tal como recuerda en la misma nota, Endesa pidió a finales del año pasado la prórroga para los dos reactores de la central extremeña de Almaraz hasta 2030. Lo hizo junto con las otras dos propietarias de la planta: Iberdrola (primer accionista con el 53 %) y Naturgy.

En 2019, las propietarias de las instalaciones (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) acordaron el cese de explotación ordenado de las centrales nucleares en el horizonte 2027-2035.

La decisión vino motivada principalmente por el incremento de los costes fiscales, que dejaron a las plantas al borde de la inviabilidad económica.

Si no se modifica el calendario, Almaraz I será la primera en cerrar (1 de noviembre de 2027), seguida de Almaraz II (31 de octubre de 2028). En 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II y Trillo.

Sobre este horizonte se yergue la política energética del Gobierno, que en su Pniec certificó el acuerdo e impulsó una transición energética basada en el despliegue de fuentes autóctonas, las renovables.

La energética italiana Enel, propietaria de Endesa, invertirá más de 5.200 millones de euros en redes en España, según ha informado este lunes la compañía en la presentación de su plan estratégico 2026-2028.

El grupo Enel ha anunciado su estrategia de inversiones por 53.000 millones entre 2026 y 2028, cerca de 10.000 millones más que en los dos años anteriores.

De esos 53.000 millones, 26.000 millones se invertirán en redes, de los cuales el 55% será en Italia (unos 14.300 millones de euros) y más del 20% en Iberia (España), unos 5.200 millones, “con previsión de una nueva aceleración después de 2028”.

La empresa, cuyo máximo accionista es el Estado italiano, prevé también destinar el 25% de esos 26.000 millones a América Latina, es decir, unos 6.500 millones, en un mercado en el que también se encuentra presente.

Inversión en redes en la Península Ibérica

La apuesta de Enel por las redes permitirá a su filial Endesa continuar impulsando su inversión en España en esta infraestructura, considerada clave para la electrificación de la demanda y, con ello, de la economía en su conjunto.

En concreto, el plan estratégico de Endesa para el periodo 2025-2027 contemplaba una inversión bruta en redes de 4.000 millones de euros, esto es, un 45% más respecto a su hoja de ruta anterior. Precisamente este martes, la energética presentará sus resultados y una actualización de su estrategia para 2026-2028.

La decisión del gigante italiano de reforzar la inversión es relevante, ya que llega después de las tensiones entre las eléctricas y el regulador español a cuenta de la tasa de retribución financiera y la metodología para la actividad de redes de distribución de electricidad.

En este contexto, las compañías llegaron a cuestionar los objetivos de inversión al considerar que la propuesta retributiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) situaba a España en el “vagón de cola” de la Unión Europea en seguridad jurídica y atractivo regulatorio.

Otras inversiones

Enel prevé asimismo inversiones en 26.000 millones de euros al negocio integrado, de los cuales aproximadamente 20.000 millones de euros será en renovables, con un incremento de aproximadamente 8.000 millones de euros en comparación con el plan anterior. De estos, 3.000 millones se destinarán a inversiones en América Latina.

Los 1.000 millones de euros restantes se destinarán a la ejecución de un nuevo tramo del programa de recompra de acciones.

Según informó la empresa, se espera que el beneficio neto por acción ordinaria crezca entre 0,80 y 0,82 euros en 2028, en comparación con los aproximadamente 0,69 euros previstos en 2025.

También se anunció que, tras los resultados de 2025, se propondrá a la próxima Junta General de Accionistas de Enel la distribución de un dividendo total de 0,49 euros por acción y se espera que aumente aproximadamente un 6% entre 2025 y 2028.

“Enel presenta hoy un Plan Estratégico ambicioso y creíble, con una fuerte aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en Brownfield y Greenfield, lo que conducirá a una mejora adicional en el perfil de riesgo/rentabilidad del Grupo”, declaró el consejero delegado, Flavio Cattaneo.

La compañía eléctrica Endesa ha comunicado a sus clientes que ha sufrido un ciberaataque en el que se ha producido la sustracción de sus datos personales y financieros. Los afectados pertenecen tanto a Endesa Energía, la comercializadora de mercado libre, como a Energía XXI, que opera en el mercado regulado. Fuentes de la compañía han explicado a este medio que aún no pueden informar del número exacto de afectados.

Según detalla el comunicado enviado a los usuarios, la investigación interna indica que los ciberdelincuentes han tenido acceso a una base de datos que incluye nombres, apellidos, datos de contacto y números de Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, la brecha de seguridad ha expuesto información relativa a los contratos de energía y, en determinados casos, los códigos IBAN de las cuentas bancarias asociadas a los pagos. La compañía especifica que las contraseñas de acceso de los usuarios no se han visto comprometidas en este incidente.

Entre ambas comercializadoras suman unos diez millones de usuarios en total. Sin embargo, antiguos clientes de Endesa también están recibiendo la notificación del robo de datos, según han informado algunos de ellos a elDiario.es.

La empresa ha notificado los hechos a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal como establece la normativa. En respuesta al ataque, la compañía ha bloqueado a los usuarios cuyo acceso había sido comprometidos y ha lanzado un análisis de los registros de actividad. Endesa asegura que sus servicios operan con normalidad tras la contención del incidente.

La comunicación advierte sobre el riesgo de que los datos sustraídos sean utilizados para intentos de suplantación de identidad o para la ejecución de campañas de phishing (envío de correos fraudulentos) y spam. La eléctrica recomienda a los usuarios desconfiar de comunicaciones sospechosas y evitar facilitar información personal a fuentes no verificadas. También ha habilitado un canal de contacto (800 760 366 para los clientes de Endesa Energía, y 800 760 250 para los de Energía XXI) para resolver las dudas de los afectados.

Como alerta la compañía, este tipo de ataques suelen ser la antesala de las estafas de suplantación de identidad. En ellas, los ciberdelincuentes se hacen pasar por empresas o instituciones confiables para la víctima, ganándose su confianza gracias a los datos robados. En caso de sospecha de haber clicado en un enlace fraudulento o de haber introducido datos bancarios en páginas que podrían estar operadas por ciberestafadores, la recomendación de las fuerzas de seguridad es comunicar lo sucedido de inmediato al banco y denunciar los hechos a la Policía.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad dispone del número gratuito 017 y del teléfono de WhatsApp 900 116 117 para resolver dudas de seguridad. Atiende a ciudadanos, empresas y profesionales y es confidencial.

Alberto Sánchez Sánchez nunca pensó que rehabilitar una casa del pueblo acabaría convirtiéndose en una batalla administrativa de más de un año. Arquitecto, natural de Used (Zaragoza) y promotor de un proyecto cultural ligado a la recuperación del patrimonio, lleva catorce meses esperando la conexión eléctrica de su vivienda, un inmueble protegido del casco histórico. Mientras él denuncia un bloqueo injustificado pese a haber cumplido todos los requisitos legales, Endesa sostiene que el retraso se debe a desacuerdos técnicos y a un conflicto con un vecino colindante que ha derivado en la paralización de la licencia municipal.

La solicitud de acometida eléctrica la presentó en octubre de 2024 ante E-Distribución, filial de Endesa y única distribuidora autorizada en Aragón. Desde entonces, según relata, ha acumulado más de cincuenta escritos, siete reclamaciones sin respuesta y meses de silencio administrativo. “He hecho todo como marca la ley, con licencias, proyectos visados y respeto absoluto al patrimonio. Y aun así estoy bloqueado”, resume.

La vivienda, situada en el casco histórico, cuenta con protección patrimonial, lo que condiciona cualquier intervención en su fachada principal. “No es un capricho: es mi obligación como propietario no tocar los muros históricos”, explica. Tras varios meses de intercambio técnico, Endesa aceptó en enero de 2025 una solución que evitaba la fachada protegida y contemplaba una acometida subterránea por la parte posterior del inmueble. Alberto firmó, pagó, ejecutó las obras con licencia municipal y remitió las fotografías que acreditaban que todo estaba listo.

En junio, un ingeniero de la compañía visitó Used y dio el visto bueno. Sin embargo, a partir de ese momento el proceso se torció. Un trazado alternativo —planteado de manera informal para facilitar la convivencia con un vecino— acabó convirtiéndose, según Alberto, en el origen del bloqueo. El vecino retiró su consentimiento y comenzó un conflicto que, a juicio del afectado, Endesa no debería haber asumido como propio. “No hay ningún pleito judicial ni duda legal sobre los límites de mi propiedad. Todo está inscrito en el Registro. Endesa no tiene potestad para cuestionarlo”, sostiene.

Desde agosto, la compañía empezó a exigirle que “adecuara la fachada”, un término que, como arquitecto, considera vacío de contenido. “Adecuar no es un concepto técnico. Durante cinco meses me han repetido lo mismo sin explicarme qué querían exactamente. Ni Consumo entendía las respuestas”, denuncia. Mientras tanto, el contador seguía sin instalarse y la casa continuaba funcionando con un generador eléctrico.

Más allá del perjuicio personal, Alberto insiste en que el proyecto trasciende lo privado. Desde 2017, la rehabilitación de la vivienda se ha concebido como un espacio para talleres de construcción tradicional, encuentros formativos y actividades culturales. “Han venido albañiles, arquitectos, estudiantes, incluso una clase de la Universidad de California. Queremos que el patrimonio sea una oportunidad, no un lastre. Pero sin luz es imposible avanzar”, lamenta.

El agotamiento ha acabado trasladándose a las redes sociales. En una publicación reciente, reconoce que es el primer año en el que no consigue cerrar el ciclo con un mensaje positivo. “Esto es violencia administrativa. Catorce meses esperando para tener luz en mi casa”, escribe.

Desde Endesa aseguran que el retraso “no es responsabilidad de la compañía” y lo atribuyen a “diversas causas”. Según su explicación, inicialmente se ofrecieron al cliente dos alternativas técnicas que fueron rechazadas. La solución final implica una red subterránea compleja y la instalación de un equipo de medida que debe colocarse en fachada.

La empresa sostiene que el punto propuesto para el contador se situaba en la fachada del vecino, que denunció la actuación ante el Ayuntamiento, lo que derivó en la paralización de la licencia de obras. En este contexto, Endesa plantea dos únicas opciones: que el cliente aporte un permiso del vecino para el paso de una red aérea o que recrezca y adecue su propia fachada para alojar el tubo de conversión, una solución que, según la compañía, el afectado rechazó inicialmente.

Asimismo, Endesa afirma que mantiene contacto con Alberto y que habló con él la semana pasada, insistiendo en que ha habido comunicación durante todo el proceso.

“Si me rindo, ellos ganan”

Para Alberto, la explicación no se sostiene. “Si el problema es el vecino, que lo digan por escrito. Lo que no es aceptable es tenerme seis meses mareándome con una supuesta ‘adecuación’ que nadie define”, afirma. Su temor es que el paso del tiempo juegue en su contra: “Si me canso y lo dejo, ellos se han librado”.

Mientras tanto, la casa sigue sin electricidad y el proyecto permanece en pausa. “He hecho todo bien, con un cumplimiento normativo estricto. Y aun así da igual. Esa es la parte más dura: sentir que cumplir la ley no sirve de nada”, concluye.

El culebrón del cierre de las centrales nucleares va a vivir otro capítulo este jueves en el Congreso de los Diputados, con la votación de una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible aprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado que pretende alargar la vida de las centrales de Almaraz (Extremadura), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia). 

En la enmienda, que el Gobierno no ha vetado por entender que no tiene impacto para las cuentas públicas, la llave la tiene Junts, partidaria de alargar la vida de las nucleares catalanas, y que ya se abstuvo en la votación de esa enmienda en el Senado.

Si sale adelante, esta treta parlamentaria de los populares, una enmienda a una ley que nada tiene que ver con las nucleares, y de cuya aprobación depende la entrega de 10.000 millones de euros en fondos europeos, puede apuntalar las peticiones que llevan meses realizando las eléctricas para revisar el calendario de cierre de las nucleares.

Sin embargo, expertos del sector advierten de que, en la práctica, esa hoja de ruta ya está entredicho con la prórroga que han pedido las empresas para que la central de Almaraz siga operando hasta 2030.

Tras jugar al despiste durante meses con el cierre o la prórroga de la planta extremeña, sus propietarias, Iberdrola (52,7%), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) acordaron en octubre (la propietaria de Almaraz es una comunidad de bienes, que requiere unanimidad de los socios en sus decisiones) solicitar alargar hasta junio de 2030 el permiso de la planta cacereña. Almaraz es la primera que debe cerrar en el calendario pactado en 2019 con la empresa pública Enresa, responsable del desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos.

El plan pactado hace seis años contemplaba un apagón gradual del parque nuclear entre noviembre de 2027 y mayo de 2035, con el cierre del primer reactor de Almaraz como primera parada y la clausura del segundo grupo de la planta extremeña ya en octubre de 2028. Al margen de esta maniobra del PP, el retraso en cadena del calendario de cierre nuclear (que genera el rechazo frontal del socio de Gobierno del PSOE, Sumar) es un escenario que está sobre la mesa si se materializa la prórroga de la planta extremeña.

Retrasar a 2030 el cierre de Almaraz supondría abordar a la vez en un solo ejercicio el cierre de cuatro reactores nucleares: los dos de la planta extremeña y los de Ascó I (octubre de 2030) y Cofrentes (noviembre de 2030). Serían 4 gigavatios (GW) desconectándose en cuestión de meses. En opinión de Pedro Fresco, director general de la patronal valenciana de renovables Avaesen, este escenario “no es gestionable, y por tanto el gobierno que haya en 2030 (o año y medio antes) tendrá la soga al cuello”. 

Según Fresco, de cara a 2030 “las compañías podrán plantear las condiciones que quieran ante su posición de fuerza. Si permites esto de Almaraz, el gobierno pierde el control de la política energética y pasan a dominarla las propietarias de las nucleares”.

Como ha explicado el ex diputado de ICV y ex director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera, con ese aplazamiento “se consigue para 2030 la tormenta perfecta” y ese año las empresas “pretenderán poner las condiciones para el alargue de la vida de los reactores”, con lo que Herrera ha calificado como “el cuarto rescate nuclear. Así, la política energética podría volver a decidirse ”en un taxi“, como tantas veces en el pasado”.

Por los aires

En un reciente artículo en Agenda Pública, Fresco apuntaba que cerrar casi de golpe esos cuatro reactores en 2030 haría saltar “por los aires cualquier criterio de cierre escalonado y progresivo” y supondría “la detonación de la política energética del país”, porque haría muy difícil instalar los 30.000 megavatios (MW) de renovables que actualmente tienen autorización de construcción y cerca de 5.000 MW proyectos de almacenamiento en baterías que están en tramitación. La explicación es sencilla: no hay hueco para tanto.

En palabras de Fresco, “si mañana el Gobierno de España reabre el melón nuclear seguramente no se construirá prácticamente nada. Deshacer el pacto nuclear destruiría la previsibilidad de nuestra política energética, paralizaría la inversión y dejaría morir miles de proyectos que han estado muchos años en tramitación, tirando a la basura grandes esfuerzos y llevando a la ruina a cientos de empresas”. 

Hay que recordar que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyos objetivos el Gobierno revisó al alza hace poco más de un año, establece que de aquí a 2030 tendrían que instalarse en España otros 30 GW de fotovoltaica, sumando autoconsumo (ahora hay unos 47 instalados) y otros 37 GW de eólica (ahora hay unos 33). Esto es ya prácticamente inviable con el escenario actual, aun sin prórroga nuclear, con una demanda eléctrica que no despega, lo que reduce drásticamente la rentabilidad de los proyectos renovables. El PNIEC prevé un aumento del consumo de unos 80 TWh entre 2019 y 2030 que no se está materializando ni por asomo.

Una de las claves que explican el giro de las empresas con la nuclear está en el precio del gas. Esta materia prima determina lo que cobran los reactores en el mercado mayorista. Cuando en 2019 se pactó el cierre escalonado del que ahora las eléctricas reniegan, cotizaba por debajo de los 15 euros el megavatio hora (MWh), cuando ahora está en unos 30 euros. 

Y una muestra de cómo ha cambiado la situación es un vistazo a la evolución de las cuentas de la filial nuclear de Iberdrola, que en 2020, meses después de la firma de ese protocolo de intenciones con Enresa, y con los precios del ‘pool’ en mínimos históricos, se anotó unos números rojos récord de 240 millones. Sin embargo, en 2021, con el gas empezando a dispararse, Iberdrola Generación Nuclear puso fin a las pérdidas que venía registrando de forma constante desde su creación en 2012 (casi 1.100 millones).

Y en los últimos cuatro ejercicios se ha anotado un beneficio total de cerca de 1.270 millones, pese a la “asfixiante” presión fiscal que soportan los reactores, según la expresión que utiliza desde hace años el principal lobby del sector, Foro Nuclear, y que ha hecho suya el PP. En el caso de Iberdrola, su filial nuclear ya ha borrado de sobra las pérdidas de la década anterior, cuando la mayor eléctrica española forzó el cierre de la nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) en contra de los deseos del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las empresas han aprovechado el apagón del 28 de abril para poner sobre la mesa una supuesta capacidad de las nucleares para controlar la tensión eléctrica (clave en ese histórico cero energético) de la que estas plantas carecen, según ha reconocido recientemente la patronal sectorial Aelec. 

El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado la decisión sobre Almaraz en manos de lo que determine el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). La vicepresidenta Sara Aagesen, que este miércoles convocó a los medios para presentar un nuevo paquete de ayudas a la descarbonización y la competitividad en un acto que discurrirá paralelo al debate de este jueves en el Congreso, asegura que no ha cambiado su posición sobre este asunto porque no se han cruzado “las tres líneas rojas” que marcó en mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: que la prórroga garantice la seguridad del suministro, que no esté en riesgo la seguridad radiológica y que no suponga un extracoste para el contribuyente.

Pragmatismo

El pasado fin de semana, Pedro Sánchez aseguró en una entrevista en El País que el Gobierno “no tiene una posición en absoluto dogmática, sino pragmática” sobre las nucleares. “¿A qué me refiero? A que si las propietarias de las centrales nucleares garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética, y no nos piden a los españoles que paguemos más impuestos para ellos hacer caja, pues estamos dispuestos a estudiar cuál es su alternativa, cuál es su propuesta. Pero tienen que cumplir con esas tres exigencias que, a mi juicio, son de puro sentido común”.

El pasado lunes, el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se mostró “seguro” de que el Ejecutivo central “va a prorrogar” la vida útil de Almaraz y afirmó que había un “compromiso” para ello.

Las empresas han pedido la prórroga tras anunciar la presidenta extremeña, María Guardiola, una rebaja progresiva de la ecotasa que cobra la región a la planta, poco antes de anticipar las elecciones autonómicas del próximo diciembre.

Las eléctricas han pedido esa miniprórroga sin poner “ninguna condición”, en palabras de Aagesen, y tras “renunciar a la rebaja fiscal” que exigían al Gobierno central desde hace meses. Una rebaja definida por el anterior presidente de Enresa, José Luis Navarro, como un “rescate” y un “farol” de Iberdrola, el accionista mayoritario de la planta. Según Navarro, en 2019 la eléctrica “quería cerrar a toda costa a los 40 años de operación comercial (en 2023-2024), porque pensaba que en pocos años la energía nuclear dejaría de ser rentable”. 

“Ahora Iberdrola cree que se equivocó, por el incremento de las expectativas de precios futuros de la electricidad a medio plazo (”It’s the economy, stupid“). Y para justificar su giro de 180º, otro más de una larga lista, ha invertido ingentes recursos en campañas mediáticas para trasladar al imaginario colectivo la supuesta asfixia fiscal y las bondades de lo que antes denostaba, marcándose el farol, por si colaba, de exigir condiciones. Afortunadamente, no se ha pagado el rescate”, según Navarro.

En un artículo en Cinco Días, el extremeño ha avisado de que, aun con la subida, en vigor desde el año pasado, de la denominada Enresa, que financia la gestión de los residuos y el almacenamiento (y que pagan los reactores mientras funcionan), “el importe acumulado que Almaraz habrá dedicado a la gestión de sus residuos y a su desmantelamiento, hasta el final de su vida, será muy inferior al de centrales semejantes de Europa y EE. UU.”

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este jueves presentar al Gobierno la solicitud formal para aplazar hasta junio de 2030 el cierre de la central nuclear de Almaraz, cuyos dos reactores está previsto que se desconecten en 2027 y 2028, según el calendario que las empresas y el Gobierno pactaron en 2019. La prórroga haría coincidir el cierre de la planta extremeña con los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), y Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030).

La junta de administradores y la asamblea de socios de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E. (CNAT), donde son socios las tres grandes eléctricas (Iberdrola tiene un 53%, Endesa un 36% y Naturgy un 11%), ha acordado en sesión extraordinaria este jueves solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la modificación de la autorización de explotación de los dos grupos de la Central Nuclear de Almaraz “para extender su operación hasta junio del año 2030”, informaron en un comunicado.

CNAT reiteró su compromiso para seguir operando la planta “de forma segura, fiable y eficiente, manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo”. Las eléctricas consuman así la petición que ya avanzaron hace unos días, renunciando por ahora a la exigencia de reducir la fiscalidad de las plantas, una de las líneas rojas que ha planteado el Gobierno para estudiar la ampliación del calendario de cierre de Almaraz.

Transición Ecológica ha confirmado que ha recibido la petición formal y ahora la trasladará al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “al objeto de que el regulador pueda valorar la solicitud y emitir su preceptivo informe”.

Este mismo jueves, la ministra Sara Aagesen reiteró, en declaraciones a la prensa, que “el Gobierno no abre ni cierra instalaciones” y que “son las empresas las que en el año 2019 dijeron que querían cerrar”, por lo que serán ellas las que tendrán que presentar la solicitud para ampliar esa vida útil. Aagesen insistió en esas “tres condiciones contundentes” marcadas por el Gobierno, que pasan por garantizar la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica, que no suponga un mayor coste para los ciudadanos y los contribuyentes y que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro.

En su comunicado, CNAT señaló que Almaraz es una “infraestructura esencial” que suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares, “gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia (además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga)”.

Asimismo, puso en valor que la instalación es “el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura”, generando puestos de trabajo de alta cualificación y larga duración, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias.

También destacó que, situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el CSN en el año 2020, y vigente hasta el año 2030.

“Además, cuenta con un riguroso sistema de control basado en evaluaciones externas y auditorias. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, la Central de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE. UU.), gemela de Almaraz”, añadió al respecto.

El detonante que ha finalmente ha inclinado a las empresas a pedir la prórroga (al ser una comunidad de bienes, se requiere unanimidad en las decisiones de los socios) ha sido la rebaja gradual de la ecotasa extremeña que anunció hace unas semanas la presidenta regional, María Guardiola, antes de convocar elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre.

El pasado mes de junio, Endesa e Iberdrola ya presentaron por carta al Ministerio (y al margen de Naturgy) una propuesta para extender la vida útil de las centrales nucleares. El gabinete dirigido por Sara Aagesen trasladó también por carta a ambas compañías la posición del Gobierno, que pasaba por marcar esas líneas rojas para tramitar una petición formal.

A principios de la pasada semana el tema nuclear dio ese nuevo giro, después de que tras la rebaja fiscal gradual anunciada por Guardiola, Iberdrola, Endesa y Naturgy acordaran trabajar en la gobernanza para presentar “cuanto antes”, al Ministerio la solicitud formal de continuidad para Almaraz, con carácter previo a la entrega de documentación al CSN.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España.

El beneficio conjunto de Iberdrola, Endesa y Naturgy ha alcanzado los 8.686 millones de euros hasta septiembre de este año, lo que supone un aumento del 2,7% frente a los 8.455 millones del mismo periodo de 2024, en un ejercicio en el que, según las presentaciones de resultados que acaban de comunicar las tres compañías, se disponen a superar ampliamente los 10.000 millones de beneficio anual, frente a los cerca de 9.400 millones de ganancias que obtuvieron en todo 2024.

De esos 8.686 millones ganados hasta septiembre, 5.307 millones corresponden a Iberdrola, otros 1.711 millones a Endesa, y 1.668 millones a Naturgy. En el caso de Iberdrola, presentó sus resultados el martes, con un descenso de los beneficios del 3% en los nueve primeros meses de este año, por las menores plusvalías de este ejercicio.

La primera eléctrica española, cuyo presidente, Ignacio Sánchez Galán, confirmó el martes que la solicitud de prórroga de la central nuclear de Almaraz (cuya propiedad Iberdrola comparte con Endesa y Naturgy) se extenderá hasta 2030, ha mejorado sus previsiones para 2025, con un crecimiento de dos dígitos en el beneficio neto ajustado, hasta el entorno de los 6.600 millones, mientras que el resultado neto de Iberdrola superará al cierre del año los 6.200 millones, sin contar con 389 millones ya cobrados por costes pasados de redes en los Estados Unidos.

Por su parte, Endesa ha anunciado este miércoles un beneficio de 1.711 millones hasta septiembre, un 21,9% más, y ha ratificado sus objetivos para el ejercicio 2025, en el que apunta a un beneficio neto ordinario de unos 2.000 millones y un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de entre 5.400 y 5.600 millones.

Hasta septiembre, los ingresos de Endesa crecieron un 1,2%, hasta 15.948 millones, y el Ebitda fue de 4.224 millones, un 8,8% más, impulsado, entre otros factores, por la desaparición del impuesto extraordinario al sector del 1,2% que se puso en marcha en la crisis energética tras la invasión de Ucrania.

El resultado neto ordinario de Endesa alcanzó hasta septiembre los 1.735 millones, un 26,1% más. Las inversiones brutas fueron de 1.358 millones, un 0,9% más, y la deuda neta creció un 11% respecto al cierre de 2024, hasta 10.300 millones, como consecuencia del pago de unos 1.500 millones en dividendos y la ejecución del segundo tramo del plan de recompra de acciones -unos 450 millones-. La ratio de apalancamiento de la filial de la italiana Enel se mantiene en 1,8 veces a finales del periodo.

En una conferencia con analistas, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, cifró en 17 euros de promedio los costes asociados a la operación reforzada que está aplicando Red Eléctrica (REE) tras el histórico apagón del pasado 28 de abril, por el que ninguna empresa ha dotado provisiones (tampoco Redeia, matriz de REE, que también este miércoles ha anunciado un beneficio de 390 millones hasta septiembre, un 4,6% menos).

Una operación reforzada cuyo impacto Iberdrola ha cifrado en 180 millones y que Endesa calcula en unos 150 millones en el conjunto de 2025, y que según Bogas “no está claro” cuánto tiempo seguirá vigente. Las empresas ya están trasladando ese coste de forma paulatina a los clientes en mercado liberalizado, a medida que vencen sus contratos, aunque no de forma inmediata. 

Bogas aseguró a los analistas que la nueva propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para retribuir la red de distribución entre 2026 y 2031 contiene algunas mejoras pero “desincentiva” la inversión y no facilita la consecución de los objetivos de la política energética del país. Y puso como ejemplo la retribución que acaba de proponer el regulador portugués, ERSE, que cifró en una rentabilidad del 7,2%, frente al 6,46% que ha propuesto el regulador español.

Endesa pide “un marco retributivo justo y razonable acorde al desafío” que se afronta y reclama que la la tasa de retribución del sector resuelva “con urgencia las asimetrías con otros países europeos y con otros sectores regulados en España”.

Bogas ha asegurado que este año Endesa ha tenido que rechazar un “significativo” número de peticiones de acceso a la red por la saturación de los nudos. A la pregunta de si es “realista” pensar que se vayan a instalar las decenas de miles de MW de proyectos de centros de datos que hay solicitados, el director Financiero de Endesa, Marco Patuano, ha dicho que parte de esa demanda es de “muchos pequeños empresarios”, sin capacidad para ponerlos en marcha, pero que piden cantidades de capacidad “pequeñas”, y los proyectos “relevantes” son de grandes nombres del sector.

Más de 2.000 millones

Por su parte, Naturgy ha anunciado también este miércoles que ganó 1.668 millones en los nueve primeros meses del año, un 5,6% más, y ha confirmado su objetivo de superar la cifra récord de 2.000 millones de ganancias en 2025 y alcanzar un Ebitda superior a los 5.300 millones.

El Ebitda del grupo, primera gasista y tercera eléctrica de España, alcanzó hasta septiembre los 4.214 millones, un 1,8% menos, en un periodo marcado por unos precios del gas y la electricidad más altos, en un contexto de tensiones geopolíticas e incertidumbre macroeconómica. Estos factores contribuyeron a un desacoplamiento entre los índices de precios del gas y del petróleo, con precios del petróleo inferiores a los de 2024. El grupo disparó el Ebitda de su negocio de generación térmica en España un 83,1%, hasta 304 millones, gracias a “una mayor demanda y producción en los mercados de servicios de ajuste”, que corresponde a esa operación reforzada de Red Eléctrica.

Así, la energética destacó que este “sólido desempeño refleja la diversificación y resiliencia de la compañía, con una combinación equilibrada de riesgos, actividades y geografías”.

Durante los nueve primeros meses del año, el grupo presidido por Francisco Reynés invirtió 1.389 millones, principalmente en redes de distribución y desarrollos renovables selectivos.

Naturgy cerró septiembre con 3,87 clientes de luz en España, un 0,6% más, frente a los 11,6 millones de Iberdrola (un 0,9% más) y los 9,71 millones de Endesa, que ha perdido casi medio millón de clientes desde enero (un 4,9% menos).

La deuda neta de Naturgy a septiembre alcanzó 12.913 millones, un 5,8% más que al cierre del año anterior. El consejo de administración de la compañía ha aprobado el pago de un segundo dividendo de 0,6 euros por acción el próximo 5 de noviembre que, junto al abonado el pasado mes de julio, totaliza 1,2 euros por acción hasta el momento. El plan estratégico de Naturgy contempla una remuneración mínima de 1,7 euros para sus accionistas, sujeta al mantenimiento del rating 'BBB'.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han acordado este martes que van a presentar “cuanto antes” al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la solicitud formal de continuidad para la central nuclear de Almaraz (Cácerez), antes de entregar la documentación correspondiente al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Fuentes conocedoras de la reunión que han mantenido las empresas explican que han renunciado por ahora a exigir al Gobierno la rebaja de impuestos al sector, como venían reclamando en los últimos meses.

Iberdrola, máximo accionista de la planta extremeña (53%), ha reafirmado “su compromiso con la extensión de vida de la central de Almaraz, al igual que han venido haciendo públicamente Endesa y Naturgy” tras la reunión, este martes, de la junta de administradores de Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo (CNAT), en la que también participan Endesa (36%) y Naturgy (11%). 

La eléctrica vasca, que es la que lidera las reuniones y las propuestas relativas a la planta extremeña, ha explicado que en la reunión se han analizado las operaciones de la central nuclear de Almaraz, donde se trabaja en el escenario de continuidad, manteniendo la instalación “en perfectas condiciones técnicas”, como ha reconocido recientemente la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés), al otorgar el nivel de “excelencia” a la planta. 

Ahora cada una de las empresas que forman parte de CNAT tienen que aprobar la petición de prórroga, que en principio alcanzaría hasta 2030. En el sector no descartan que pueda volver a ponerse sobre la mesa el asunto de los impuestos en los próximos días. Esa prórroga no implicaría grandes inversiones adicionales como cuando se afronta una renovación de explotación por un periodo de diez años. Y no está condicionada al futuro de otras instalaciones nucleares.

Tanto Iberdrola como Endesa han puesto claramente sobre la mesa en los últimos meses la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, siempre que se den las condiciones propicias para ello, defendiendo la ventaja económica para los consumidores, la seguridad de suministro y la garantía estratégica de autonomía del país.

También Naturgy ha respaldado en varias ocasiones una ampliación de la vida útil de Almaraz hasta 2030 para, posteriormente, repensar el futuro de la nuclear en España. Este lunes, el presidente de esta compañía, Francisco Reynés, instó a “volver a hacer los números”, ya que “las cosas que han pasado por medio nos pueden hacer cambiar de opinión” sobre el cierre de las nucleares que las empresas y la empresa pública Enresa pactaron en 2019.

La fiscalidad ha sido uno de los grandes asuntos que las compañías propietarias han pedido poner sobre la mesa en los últimos meses a la hora de abordar esta extensión. La Junta de Extremadura, gobernada por el PP, propuso recientemente rebajar la ecotasa autonómica de manera gradual para asegurar la continuidad de la central.

La propiedad de Almaraz debe facilitar al CSN antes de finales de este mes la información necesaria para iniciar los trabajos de estudio del desmantelamiento del primero de los reactores.

Ese calendario que pactaron las eléctricas y el Gobierno estipula que tras el cierre del primer grupo de Almaraz, en noviembre de 2027, en octubre de 2028 llegaría el cese de explotación del grupo II de la planta extremeña. Los siguientes ceses de explotación serían los de Ascó I, en Tarragona (octubre de 2030), Cofrentes, en Valencia (noviembre de 2030); Ascó II (septiembre de 2032), Vandellós II (febrero de 2035) y Trillo (mayo de 2035)

La propietaria de la central lleva meses advirtiendo de que el cese de la explotación supondría “la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además del enorme impacto que arrastrará al Campo Arañuelo en materia económica y de despoblación”.

En junio, Endesa e Iberdrola presentaron por carta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una propuesta para extender la vida útil de las centrales. El departamento de Sara Aagesen reiteró entonces que las líneas rojas para tramitar una petición formal son que haya seguridad para el público, que se garantice la seguridad de suministro y que no suponga un mayor coste para los ciudadanos.

La carta de junio que proponía una prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola no la suscribían Naturgy ni la portuguesa EDP, las otras dos compañías firmantes del protocolo de cierre que alcanzaron en 2019 las propietarias con Enresa y que fija un calendario para clausurar el parque nuclear entre 2027 y 2035.

En varias centrales, entre ellas Almaraz, que según el calendario sería la primera en echar el cierre a su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028, hay una comunidad de bienes que obliga a la unanimidad de los partícipes, con independencia de su porcentaje de participación.

Los expertos europeos de la asociación de transportistas de electricidad ENTSO-E que, conforme a la normativa comunitaria, han presentado este viernes su “informe factual” sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril, no han señalado por ahora responsables del incidente y han presentado una secuencia de hechos similar a la del informe que elaboró en su momento el Gobierno español, y que apuntó que fue un evento “multifactorial”.

El informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, de la que forma parte Red Eléctrica (REE), a la que las eléctricas culpan del apagón, se da un plazo de unos “cuatro meses” desde la publicación de este “informe factual” para publicar un “informe final” en el primer trimestre de 2026. Porque todavía falta información.

El informe apunta que, 158 días después del gravísimo incidente que dejó a oscuras toda la Península Ibérica, “todavía faltan algunos datos, particularmente relacionados con algunas de las pérdidas de generación que ocurrieron antes el apagón”.

“Aunque Red Eléctrica (el TSO español) obtuvo el consentimiento de 33 empresas de generación y DSO (en referencia a las empresas distribuidoras, fundamentalmente Iberdrola, Endesa y Naturgy) para compartir datos relevantes, otras ocho no dieron su consentimiento”.

Durante la presentación del informe, los responsables de ENTSO-E han indicado que han encontrado “significativas dificultades” para obtener la información de varias compañías generadoras en España, en expresión de Kaschnitz. Hay que recordar que en junio el Gobierno mandó cartas al sector expresando su “preocupación” por la “ralentización” en el envío de los datos para la elaboración del informe que entonces estaba elaborando una comisión interministerial.

Ese informe final de ENTSO-E incluirá un “análisis detallado” de las “causas raíz”, del “control de tensión” realizado en la red durante ese día por los generadores, “el comportamiento de diferentes actores durante el incidente” y algunos comentarios “adicionales”. 

Entre ellos, sobre las causas de la “oscilación local” que, como reveló elDiario.es, está en el origen del apagón y provocó la megaplanta fotovoltaica Núñez de Balboa, de Iberdrola, a las 12.03 de esa mañana (a la que el informe no cita). Esa oscilación fue un fenómeno “inusual”, como ha señalado el experto austriaco que ha coliderado el panel, Klaus Kaschnitz.

Los expertos van a seguir analizando esa oscilación “para aclarar si algún mal funcionamiento local podría generar un fenómeno oscilatorio forzado”, aunque “por el momento, ningún generador ha reportado fallas significativas en la regulación de la potencia reactiva, por lo que se realizarán investigaciones adicionales en la próxima fase de análisis para confirmar la hipótesis de la oscilación forzada”.

El informe apunta que el apagón, un evento único en el mundo, se debió a una “cascada de sobretensión” iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por toda la península. “El problema aquí no es que hubiera renovables sino que necesitamos generación que tenga control de tensión. La buena noticia es que se puede hacer del mismo modo que en la generación clásica”, explicó el presidente de Entso-E, Damián Cortinas, preguntado por la responsabilidad de las fuentes de generación verde.

El informe de ENTSO-E explica que la mañana del 28 de abril de 2025 se caracterizó por “una creciente generación de renovables”, lo que provocó “una disminución de los precios en el mercado diario y un aumento de las exportaciones de España” hasta un total de cinco gigavatios. Desde las 9:00 de la mañana, la variabilidad de la tensión en España comenzó a aumentar hasta poco después de las 10:30 , “cuando la tensión en una parte de la red de transmisión de 400 kV se acercó brevemente, pero sin superar, los 435 kV”, dentro de los valores admitidos.

El experto austriaco que ha coordinado el informe ha explicado que el 28 de abril era un “típico día de primavera”, con alta penetración de fotovoltaica, y a partir de las 10.30 horas empezaron variaciones “significativas” de la tensión en España pero dentro de los valores admitidos. También que la víspera del apagón, una unidad de generación que debía prestar control de tensión se declara indisponible y REE decide sustituirla por otra pero finalmente opta por no utilizarla.

El informe confirma que no hubo “oscilaciones significativas” en la red hasta las 12:03, cuando empieza esa primera oscilación que los informes del Gobierno y REE atribuyeron (sin citarla expresamente) a la megaplanta Núñez de Balboa.

Se trata de una primera oscilación que tuvo “carácter local” precedida de una segunda más amplia, de tipo interárea, correspondiente a la zona Este-Centro-Oeste del sistema eléctrico europeo. Las medidas adoptadas por los operadores del sistema de España, Portugal y Francia (incluyendo un descenso del flujo de energía entre España y Francia) mitigaron esas oscilaciones, pero llevaron a un aumento de la tensión en el sistema ibérico, aunque todavía “dentro de los valores operacionales”. 

Posteriormente, y una vez empezaron a desconectarse instalaciones, “dado que algunas unidades de generación consumían potencia reactiva”, lo contrario de lo que supuestamente debían hacer, “con el efecto de reducir la tensión, las desconexiones de estas unidades sin una compensación adecuada de la pérdida de potencia reactiva por otros recursos del sistema con capacidad para inyectar/absorber potencia reactiva supusieron un aumento de las tensiones en el sistema, no solo en España, sino también en Portugal”.

A partir de las 12.32, en un lapso de 57 segundos, se desconectan 208 MW eólicos y solares en el norte y sur de España, que corresponden a la red de distribución. y se observa un aumento de la carga neta de las redes de distribución de unos 317 MW, que “podría” deberse a la desconexión de pequeñas instalaciones de autoconsumo, aunque “se desconocen” las razones. La tensión empieza a aumentar “realmente rápido”, ha explicado el experto austriaco. 

A partir de las 12.32.57 horas llegan grandes desconexiones de potencia en Granada, Badajoz, Sevilla, Huelva y Cáceres. Se pierden “al menos” 2 gigavatios, milisegundos después del disparo de las protecciones de un transformador en Granada que conecta varias instalaciones de generación allí y estaba inyectando en ese momento 355 MW. 

Motivos que “se desconocen”

A continuación se pierden otros 725 MW de fotovoltaica y termosolar en Badajoz; y desconexiones de eólica y solar en Segovia, Huelva, Badajoz, Sevilla y Cáceres por otros 1.200 MW. “Algunas de estas desconexiones se produjeron debido a la protección contra sobretensión”, pero los motivos en “la mayoría de ellas se desconocen”, dice el documento.

Entre las 12:33:18 y las 12:33:21, el voltaje de la zona sur de España aumentó bruscamente y, en consecuencia, también en Portugal. La sobretensión provocó una cascada de pérdidas de generación que causó una disminución de la frecuencia del sistema eléctrico español y portugués. A las 12:33:19, los sistemas eléctricos de España y Portugal comenzaron a perder sincronismo con el resto del sistema europeo, saltan las interconexiones con Marruecos y Francia y se produce el cero absoluto.

A este informe se sumará el que está elaborando el regulador español, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que también ha participado en este panel de expertos.

Como ha explicado el presidente de ENTSO-E, este “informe factual” no pretende cargar “ninguna responsabilidad” sobre ningún agente del sector, sino trazar una “secuencia” de los hechos.

Preguntado por el papel de las energías renovables en el apagón, Cortinas ha señalado que “la cuestión no es si hay renovables o no”, sino cómo se realizó ese día el control de tensión en la red, que ha citado como uno de los asuntos clave que explicaría el histórico apagón. Según el informe que elaboró REE, hubo “incumplimientos” de las generadoras en ese control de tensión. Pero el Gobierno también apuntó a una “insuficiente” programación de REE en la víspera en la selección de centrales que debían controlar tensión (y cobrar por ello).

El informe ha sido elaborado por un panel de expertos de 45 miembros, el mayor que se ha formado hasta ahora, tanto de los operadores del sistema (17) como de los reguladores nacionales de toda Europa, y lo han liderado dos expertos de Austria y Hungría. Tras cinco meses de “intenso trabajo”, será la base de las recomendaciones que se llevarán a cabo próximamente.

Tras la publicación de este documento, REE ha asegurado en una nota que el informe confirma la secuencia de hechos que recogía en su análisis del 18 junio del apagón del sistema eléctrico peninsular. Destaca que el informe, “que se centra en una relación de hechos probados”, acredita que a partir de las 12.03 horas se registraron dos oscilaciones fuertes en el sistema, la primera de carácter local y la segunda típica de alcance europeo, denominada interárea, y que los TSO español y francés “resolvieron exitosamente estas situaciones mediante la aplicación de medidas de mitigación que se encuentran protocolizadas”. Y que las primeras desconexiones de generación se dieron en la red de distribución.

Alumnos, profesores y familias del CEIP Arias Montano, en Sevilla, han sacado este martes los pupitres a la calle para denunciar que los continuos cortes de luz hacen “inviable dar clase” en el interior del centro. Este acto de protesta recrea una situación real que vivieron los docentes el pasado viernes, cuando decidieron vaciar las clases y llevarse al alumnado al patio, ya que en las aulas superaban los 30º C y no podían encender los ventiladores debido a “los fallos que está provocando la nueva instalación eléctrica”.

El motivo por el que este colegio ubicado en el barrio de la Macarena ha comenzado el curso sin luz, sin pizarras digitales y sin ventiladores conecta con unas obras que “se han alargado más de la cuenta”. El curso pasado, la comunidad educativa del Arias Montano convivió con los trabajos de renovación de la instalación eléctrica, una reforma que debía poner fin a los problemas de suministro que arrastraba el centro desde hacía años. “Se suponía que este curso ya iba a estar terminado, pero a la vuelta del verano nos hemos encontrado con que la luz salta constantemente”, explica Bernat Costa, portavoz de las familias de este centro sevillano.

Después de notificar el problema a la administración local, y viendo que persiste dos semanas después del inicio de las clases, la asociación de madres y padres del alumnado ha decidido movilizarse con una protesta organizada al finalizar la jornada escolar, que ha contado con la participación de toda la comunidad educativa. “Sin luz no se puede aprender” o “queremos aulas, no saunas” son algunas de las reivindicaciones que se podían leer en las pancartas que sostenían los pequeños, elaboradas por ellos mismos en casa.

Desde el Ayuntamiento –responsable del mantenimiento de los colegios públicos– aseguran que los trabajos de renovación del sistema eléctrico del CEIP Arias Montano encaran ya “su recta final”, a falta de unas actuaciones que acometerá Endesa. Sin concretar fechas, la delegada de Educación y Edificios Municipales, Blanca Gastalver, ha garantizado que este colegio público va a contar con una “instalación totalmente modernizada y con mayor potencia de uso”, según ha expresado en una nota de prensa difundida horas antes de la protesta convocada para este martes.

Aulas saturadas

El anuncio de la delegada no ha frenado la movilización que tenía prevista el AMPA. “Nos da igual de quién sea la responsabilidad, queremos que haya luz para que puedan dar clases en condiciones dignas y el servicio de comedor esté garantizado, pues los cortes también dejan sin funcionar los frigoríficos, hornos y lavavajillas”, reivindica Bernat en nombre del resto de familias.

A la falta de suministro eléctrico, se suma otro problema que preocupa a la comunidad educativa: la saturación de las aulas. “Este curso se ha cerrado una línea en Infantil de 5 años y otra en 1º de Primaria, una medida que la Consejería de Educación justifica en la bajada de la natalidad, cuando desde el centro se lleva años pidiendo una bajada de ratios en lugar de la supresión de clases, que provoca que las aulas estén abarrotadas y ahora, además, a oscuras”, lamentan desde el AMPA del Arias Montano.

Al hilo, Bernat Costa recuerda que el “exceso de alumnos en las clases” genera un problema que afecta sobre todo al alumnado con necesidades educativas especiales. “Se necesitan más recursos para que los niños que necesiten un apoyo extra no vean sus necesidades desatendidas porque el profesorado está desbordado con aulas masificadas”, defiende este padre que lleva 11 años vinculado al centro.

Con la protesta de este martes, las familias del CEIP Arias Montano han querido manifestar que están “cansadas de sufrir el abandono por parte de las instituciones públicas”. “Patios peligrosos, retirada de líneas en pleno verano (con el aumento en la ratio que eso implica), y por supuesto, un sistema eléctrico que se ha demostrado deficiente”, resumen desde el AMPA de este colegio sevillano.

La concentración del Arias Montano no es un caso aislado, sino que comparte las mismas reivindicaciones que otros centros de Sevilla que han celebrado acciones de protesta desde que arrancó el curso el pasado 10 de septiembre. Esta misma mañana, la comunidad educativa del CEIP Pedro Garfias se ha manifestado para denunciar la falta de apoyo educativo en las aulas para el alumnado NEE y NEAE, mientras que la semana pasada fue la del CEIP Borbolla la que denunció la “falta de climatización digna para los niños y profesores”.

Por todo ello, las familias perciben que las deficiencias de los colegios de sus hijos son el reflejo de las carencias que arrastra la escuela pública en Andalucía: aulas masificadas, falta de climatización, retirada de líneas y obras “interminables” que convierten la educación en “un cuento de nunca acabar”.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha abogado este lunes por cerrar a la vez los dos reactores de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), y no con un año de diferencia (en 2027 y 2028), como estipula el apagón escalonado pactado por el Gobierno y las eléctricas en 2019, que el sector lleva meses pidiendo aplazar.

Según Bogas, “no tiene sentido” ese decalaje de un año y “hay que cerrarlos los dos en el 27 o los dos en el 28”. El ejecutivo ha subrayado que los almacenes temporales para guardar los residuos (conocidos como ATIs) de Almaraz, en la que participan todas las eléctricas, “no van a estar” a tiempo.

Se ha dicho “optimista” sobre la negociación porque el Gobierno “siempre ha estado abierto al diálogo”. Pero ha insistido en la necesidad de rebajar la carga fiscal de los reactores, pese a que, como ha reconocido, esta es una de las “líneas rojas” que ha marcado el Ejecutivo, que ha dicho entender “perfectamente”.

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, el primer ejecutivo de Endesa ya subrayado que nuclear y renovables son “complementarias” y que en el contexto actual “no salen las cuentas” para invertir en energías limpias en España. Ha confiado en que se llegue “a un punto de acuerdo razonable” con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la tasa de retribución de las distribuidoras, que el regulador ha propuesto elevar a un 6,46% que el sector considera insuficiente.

También ha pedido una “simplificación” de esta normativa, que es “muy compleja”. Citando al alquimista Paracelso, ha subrayado que “la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis”.

Bogas ha subrayado que la red de transporte y distribución ha sido “la gran olvidada en esta transición energética” cuando es “la gran columna vertebral del sistema que permite integrar renovables” y electrificar la demanda.

Ha recordado que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) cifra la inversión en redes hasta 2030 en 53.000 millones, cuando “a 31 diciembre 2024 teníamos invertidos 13.000 millones”. “Multiplicar por tres la inversión que se ha hecho en los cinco primeros años” es “imposible” porque “no tiene España los recursos necesarios ni en personas ni en instalaciones, en un momento en que se está trabajando en reforzar la red en todos los países europeos”.

Bogas se ha mostrado “convencido” de que los costes de la electricidad en España “van a bajar en cuanto crezca la demanda”, que es uno de los grandes “desafíos” que enfrenta el sector en un contexto de “crecimiento tremendo de las renovables” en los últimos años. Ha explicado que el PNIEC) “hasta hoy” ha sido un éxito, porque se ha duplicado en cinco años la potencia renovable, “prácticamente” se ha cerrado el carbón y se han reducido a la mitad las emisiones del sector, con un descenso de los precios mayoristas, pero se ha producido “un desequilibrio” entre el auge renovable, con un aumento de unos 23 gigavatios (GW), basado un crecimiento de la solar del 400%, y esa demanda que no despega.

Algo que en su opinión, puede cambiar si España, con una regulación adecuada, consigue “aprovechar” la avalancha de peticiones de acceso y conexión a la red, que es una oportunidad para “la industrialización del país” y se enfrenta a un enorme atasco de solicitudes: solo en la red de distribución 122 GW han pedido conectarse, lo que supone un 70% de la energía contratada en España. Mientras, el hidrógeno verde “se va retrasando”, sigue costando “el triple” que el gas, “y esto es un gran problema”.

Bogas ha subrayado que otro “de los grandes problemas” que tiene el sector y en particular Endesa, por las áreas en las que distribuye electricidad, es el fraude con las plantaciones ilegales de marihuana; a ello se suma y el fraude “de algunas pequeñas empresas comerciales de captación de clientes” que están “creando muchísima confusión” entre los clientes. “Todo el mundo estamos un poco hartos de que nos llamen. A mí me llaman de la distribuidora de Endesa para hacerme una oferta” y “luego no son verdad”.

Respecto al apagón del pasado 28 de abril, Bogas ha insistido en que la gran responsable es Red Eléctrica (REE), que como operador del sistema por ley es “responsable absoluto de la continuidad del suministro y de la estabilidad de las tensiones en la red” y tiene la capacidad “de modificar el mix en cada momento para garantizar estabilidad de la red”. La razón del apagón, en su opinión, fue “una escasa planificación de los medios de generación síncronos” (nucleares, ciclos combinados e hidráulica) por parte de REE.

Respecto a los incumplimientos de las generadoras que recogieron los informes del Gobierno y de la propia REE como causas del apagón, “que una determinada instalación tenga un determinado problema en un determinado momento no es razón para que se caiga el sistema”. “Tuvimos muchos avisos de lo que podía ocurrir durante este año y en el propio mes de abril. REE ”se enfrenta a algo muy difícil de hacer con una regulación que no ha cambiado con respecto a la de 2000“, en alusión a la normativa de control de tensión que el operador del sistema pidió cambiar en 2020 y la CNMC no ha actualizado hasta junio de este año.

Ante muchos directivos del sector y, entre otras, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría o la exministra popular María Dolores de Cospedal, Bogas ha sido presentado por el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, que ha destacado que “estamos en un momento crucial” en el ámbito energético y ha pedido “que nos dejemos de ideología” y “que se trabaje con seriedad”.

En opinión de Garamendi, el apagón “ha demostrado” que “no se puede prescindir de la energía nuclear” y las empresas “necesitan una energía seria”. “Dejémonos de populismo”, ha dicho el jefe de la patronal, que ha afirmado que “todos los españoles” deben “celebrar” los buenos resultados de Endesa, que hasta junio ganó 1.041 millones, un 30% más.

Los vecinos de la barriada Santa Isabel, en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), han convocado una manifestación nocturna este miércoles 20 de agosto a las 22:00 horas contra “los persistentes cortes eléctricos que sufre la zona” y han alertado de que “dado el estado obosleto de las instalaciones, nadie en el pueblo está a salvo de una situación similar”.

En una nota, el grupo interdistritos de Sevilla Barrios Hartos ha recordado que la situación de los cortes de luz afecta también a pueblos de la provincia, como Guillena o Alcalá del Río, y “se ha agravado en plena ola de calor”. Los residentes de la localidad han denunciado en el comunicado que han “llegado a padecer cortes de más de 30 horas, con graves consecuencias para la salud de personas mayores y bebés”. La manifestación de esta noche da continuidad, según ha comentado el grupo, a las protestas de la semana pasada, cuando los vecinos cortaron en varias ocasiones las calles del municipio.

La alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya, en declaraciones a Europa Press, ha expresado su preocupación por este “problema social” que afecta a aquellas personas que “tienen sus contratos de luz, que pagan sus facturas y que se ven perjudicados”. Además, ha explicado que ha mantenido reuniones con los vecinos afectados, así como con la empresa eléctrica Endesa y con la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, de quien ha afirmado que no ha obtenido “ninguna solución ni respuesta” al respecto de la problemática.

El ayuntamiento, “desamparado”

Por ello, ha recalcado que la administración local está haciendo de “hidrotransmisor” entre los actores implicados, pero se siente “muy desamparada” ante la “falta de respuesta” por parte de la Subdelegación. “Actualmente no tenemos solución alguna ni ninguna respuesta por parte de la Subdelegación del Gobierno”, ha lamentado.

En ese sentido, ha reconocido que “es lógico que los vecinos de alguna manera se manifiesten ante la calor que están pasando”. Ante ello, ha expresado el dolor desde el Ayuntamiento por “todas esas personas que se ven afectadas y que sí tienen regularizada su situación”. “No vamos a parar de trabajar hasta poner encima de la mesa soluciones”, ha recalcado la alcaldesa.

Endesa apunta al fraude masivo derivado de la marihuana

Por su parte, Endesa asegura que los centros de transformación que abastecen a la zona cuentan con “potencia suficiente para más de 2.500 hogares”, en un lugar en el que hay “308 clientes con contrato de suministro en vigor”. Al hilo, ha subrayado que las instalaciones están afectadas por “el fraude masivo derivado de las plantaciones de marihuana en el interior de pisos, casas o edificios, las conocidas como plantaciones 'indoor', que utilizan sofisticadas instalaciones eléctricas enganchadas ilegalmente a la red con grandes consumos durante las 24 horas del día que causan estragos en las instalaciones eléctricas”.

Por último, ha indicado que en el mes de junio la empresa eléctrica desdobló las redes existentes para “intentar repartir las cargas de las líneas y así evitar las sobrecargas” y que “la actuación alivió momentáneamente la situación que se ha vuelto a registrar con el aumento de temperaturas”.

Críticas de la oposición

Desde el PSOE de San Juan de Aznalfarache han lamentado que sean los propios vecinos, ante la “incompetencia” y el “abandono” institucional, los que hayan tenido que “organizarse para sobrellevar una situación inhumana”. La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache, Inmaculada Muñoz, ha exigido a la alcaldesa que “dé la cara y se haga cargo de los permanentes cortes de luz que vienen sufriendo casi 300 familias del municipio desde hace meses”.

“¿Dónde estaba la alcaldesa mientras los vecinos sufrían cortes de luz de hasta 26 horas, viéndose obligados muchos de ellos a refugiarse en casas de familiares?”, ha cuestionado Muñoz, para seguir preguntándose “dónde estaba cuando los comerciantes de la zona perdían dinero por la falta de suministro eléctrico”. Asimismo, la secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache ha confirmado que participará, como en ocasiones anteriores, en la manifestación ciudadana convocada este miércoles a las 22,00 horas, en la glorieta Angelita Vargas.

En la madrugada de este lunes ha salido ardiendo un centro de transformación de Endesa ubicado en la calle Mago de Oz, en el Polígono Sur de Sevilla, uno de los barrios más castigados por los apagones. La empresa explica que el incidente –que ha vuelto a dejar sin luz a los vecinos y comercios de la zona durante varias horas– obedece al “fraude masivo y a las plantaciones de marihuana”.

La instalación que ha quedado “completamente calcinada” por quinta vez (desde 2020 viene ardiendo una vez al año) tenía una potencia instalada de 2.000 kilovoltioamperios (KVA), a pesar de tener solo 111 contratos de suministro en vigor que “no superarían los 450 kilovatios de energía”, según ha explicado la compañía eléctrica.

En ese sentido, Endesa incide en que pese a estar “sobredimensionando” la instalación –que quedó completamente renovada el pasado año cuando en el mes de agosto se volvió a calcinar– esta no ha resistido la consecuencia del “fraude masivo” provocado por las plantaciones de marihuana que demandan energía las 24 horas, “afectando no solo a las instalaciones eléctricas, sino también a la seguridad de las personas que viven en estos entornos”, ha declarado.

Plan de acción tras el incidente

Para garantizar el suministro a los clientes con contrato en vigor, Endesa va a instalar dos grupos electrógenos de 1.600 y 1.200 KVA respectivamente, mientras lleva a cabo las tareas de revisión de la instalación. En total, la compañía invertirá más de 350.000 euros en la sustitución de este centro de transformación, ya que se tendrá que cambiar las máquinas transformadoras, volviendo a colocar dos transformadores con una potencia cada uno de 1.000 KVA, es decir, potencia suficiente como para 1.400 clientes, a pesar de que los contratos en vigor siguen siendo 111.

Asimismo, la empresa ha recordado que desde 2020 esta instalación “ha salido ardiendo una vez al año, a pesar de contar con 20 veces más potencia de los clientes con contrato que lejos de aumentar a lo largo de estos años ha disminuido de 119 a 111 clientes con contrato de suministro en vigor”.

En este contexto, Endesa ha explicado que “se trata de una zona sobredimensionada donde la problemática del fraude por cultivo de marihuana se vuelve cada vez más acuciante”. Al hilo, explica que una plantación de marihuana en una vivienda de unos 100 metros cuadrados “puede consumir como 80 viviendas a la vez”.

Además, desde la distribuidora han subrayado que la manipulación de las instalaciones para este fin y este consumo “desmesurado” son “las causas principales de los problemas de suministro que se registran en la zona”, y pueden suponer “un peligro para la seguridad e integridad de las personas”.

Nuevos centros de transformación en los barrios afectados

Por este motivo Endesa y el Ayuntamiento de Sevilla, hace tres años, llevaron a cabo un plan de refuerzo de las infraestructuras eléctricas y se instalaron doce nuevos centros de transformación en los barrios de Sevilla en los que se registraba más incidencias por fraude.

La medida se ha visto ampliada en la actualidad con la firma este verano de un nuevo protocolo de actuación con otros doce nuevos centros de transformación en estos barrios, con el fin de dotar de “más potencia y nuevas infraestructuras” a zonas que “ya cuentan con la última tecnología y el doble de potencia de los clientes que tienen contrato de suministro legalizado”.

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate, donde se instalarán ocho nuevos centros de transformación; Distrito Este-Torreblanca con dos nuevos; Distrito Sur y Distrito Norte con uno respectivamente.

Igualmente, cada una de estas instalaciones contarán con un centro de transformación que albergará dos máquinas transformadoras de 1.000 KVA cada una, es decir, la potencia suficiente para abastecer a 800 nuevos suministros.

Finalmente, la compañía ha asegurado que “está trabajando ya en la instalación de varios de estos nuevos centros de transformación a la vez que se une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones”, puesto que en los primeros seis meses del año “se han abierto 106 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla, lo que supone cuatro expedientes a la semana en operaciones lideradas por Policía Nacional”.

En plena ola de calor, mientras muchos sevillanos amanecen con el aire acondicionado encendido y el café recién hecho, Mamen Caballero, vecina de Las Letanías (en el Polígono Sur) empieza el día con una carrera contrarreloj para garantizar que su hijo Jorge pueda seguir respirando: “Todo el mundo se levanta, va al baño, desayuna... yo me levanto y lo primero que hago es ir enchufando aparatos para que se vayan cargando”.

Jorge, de 32 años, es electrodependiente: su vida depende de cinco aparatos eléctricos. Entre ellos, un respirador y un convertidor de oxígeno. En uno de los barrios más castigados por los continuos cortes de luz, eso significa vivir en vilo las 24 horas del día. “Hasta de madrugada, si escucho que ha vuelto la luz, me levanto de la cama y corriendo enchufo las baterías porque no sabes a qué hora se va a ir de nuevo”, confiesa esta madre, que se ha gastado cientos de euros en baterías para mantener encendido el respirador y un ventilador que alivie el calor sofocante.

“Encima de que yo pago mis facturas, a mí me está costando el dinero que mi hijo pueda vivir”, lamenta Mamen. Al igual que ella, otros tantos vecinos de barrios obreros de Sevilla llevan años denunciando constantes interrupciones en el suministro eléctrico, pese a tener al día sus recibos. “Pagar la luz no garantiza el servicio, pues se presentan fallos reiterados en la electricidad cuando las altas temperaturas ponen en riesgo la salud y la vida de la población”, advierten desde la plataforma Nosotros también somos Sevilla, al término de una semana en la que los termómetros no han bajado de los 40 °C.

Bajo la amenaza de un apagón constante

El 28 de abril de 2025 España sufrió un gran apagón que, durante unas horas, dejó a millones de personas sin electricidad. Esa realidad es la que viven a diario familias del Polígono Sur, Su Eminencia, Torreblanca, Palmete, Padre Pío y La Plata en Sevilla capital. Para ellos, el gran apagón “fue un día más”. En estos barrios, los apagones son una constante durante todo el año, pero se disparan durante los episodios de intenso calor, como los que se han vivido durante la primera quincena de agosto. Manuel Rosa, miembro de la citada plataforma ciudadana, insiste en conversación con elDiario.es en Sevilla que “la ola de calor es algo coyuntural, pero nosotros hablamos de un problema estructural que nos afecta desde hace años”.

Así lo confirma Inma Jiménez, que vive en el mismo bloque sin ascensor que Mamen, junto a su hermana y sus padres (de 83 y 79 años). “Estamos aguantando como podemos, llevamos muchos años así, pero esta semana ha sido insoportable”, lo dice una tarde de agosto, tras varias horas sin luz. Durante la semana más calurosa del año, en el piso de Inma se han formado “colas en el baño para echarnos agua y así refrescarnos”. Su padre, también electrodependiente, es quien peor lo ha pasado: “Está siempre en alerta y se agobia mucho porque depende de sus máquinas para todo”.

Mientras el calor lo asfixia en una habitación donde “el ventilador solo mueve aire caliente”, su mujer, diabética, también convive con la preocupación de que los cortes prolongados echen a perder su medicación, que tiene que conservar en el frigorífico. La situación ha ido complicándose a lo largo de los años hasta el punto de llevar a Inma a decir: “Odio el verano”. Pero lo que más le afecta no son las noches tórridas ni que su casa parezca un horno, sino el estigma: “Nos toman como un barrio marginal cuando somos muchas familias las que sufrimos estas condiciones, estando al corriente de los pagos”.

A unos kilómetros de allí, en el barrio de Su Eminencia-La Plata, una de las zonas más vulnerables del distrito Cerro-Amate, Rocío Moreno también define su día a día como “un sinvivir”. Su marido tiene 49 años y un implante medular que requiere “un aparato siempre conectado”. Además, como depende de una grúa para moverse –y con los apagones no la puede utilizar–, fruto del calor y de estar “todo el día en la cama”, le ha salido una úlcera en la cadera. Rocío reconoce que las personas afectadas “psicológicamente estamos fatal” porque los cortes se producen siempre sobre la misma hora –las de mayor pico de consumo eléctrico– y, conforme se acerca el momento, “nos va entrando la angustia”.

Como estar de camping dentro de casa

Testimonios como los de Rocío, Inma y Mamen demuestran que “las personas electrodependientes están en situación de riesgo vital, y el resto de vecinos y vecinas se enfrentan a golpes de calor, deshidratación y un deterioro generalizado de su salud física y mental”, alertan desde Nosotros también somos Sevilla. “Hoy en día todos somos dependientes de la electricidad para cualquier función diaria, la energía eléctrica es indispensable para una vida digna”, defiende Manuel Rosa.

Durante el verano, las escenas cotidianas que se viven en los barrios afectados evocan un camping dentro de casa: colchones en las azoteas, cocinar en hornillas de gas, jóvenes estudiando a la luz de las linternas, camisetas mojadas para soportar los 40 grados... Así se sobrevive los meses de calor en pisos como el de Santos Piña, en Su Eminencia. Junto a esta vecina de 56 años, viven su nieto de 17 y su nieta de 5. “Cuando tenemos mucha calor durante el día, vamos al patio, abrimos la goma, nos ponemos la ropa mojada y nos sentamos en el sofá con dos plásticos, como el que se sienta a comer en la playa”, relata Santos, con la voz empapada de indignación.

Por las noches, “si no podemos dormir por el calor, subimos los colchones a la azotea”. Santos, además, se asegura de cargar las linternas “como la que carga un móvil”. Pero, más allá de cómo alteran los apagones su rutina diaria, lo que peor lleva es tener que tirar la comida. “Después del trabajo que me cuesta hacer la compra, hay veces que la comida se estropea porque se rompe la cadena de frío y eso me da mucha angustia”, reconoce.

Manuel, otro vecino afectado por los cortes de luz en el Polígono Sur, explica que “tenemos que vivir al día porque en el frigorífico no podemos tener comida” por el riesgo de que se eche a perder tras tantas horas sin suministro eléctrico. “Vivimos como si estuviéramos en un camping”, resume este vecino que lleva 40 años en el barrio. Se refiere a que “hemos tenido que comprar hornillas de gas para cocinar, de noche tenemos que andar por casa con linternas frontales y alumbramos las casas con focos recargables”. A todo ello se suma que las personas que, como él, precisan para dormir la máquina de la apnea del sueño, “cuando no podemos conectarla por las noches, nos levantamos reventados”.

“Nos sentimos estafados”

La reivindicación vecinal no se limita al día a día ni al calor del verano. Apuntan directamente a la falta de inversión en las infraestructuras eléctricas en las barriadas más desfavorecidas de la capital andaluza. “La solución es cambiar todo el cableado, que tiene 50 o 60 años, y lo único que hacen es parchear”, critica Santos, expresando un pensamiento extendido entre la mayoría de vecinos.

Endesa, por su parte, reconoce que las medidas adoptadas hasta ahora –como elevar la carga eléctrica o invertir en nuevos transformadores– son solo paliativos a corto plazo, ya que las soluciones de más calado “se escapan del ámbito de responsabilidad de una distribuidora”. En este punto, la compañía insiste en que la raíz del problema radica en los enganches ilegales vinculados con el cultivo de marihuana, que “cometen unos pocos”, pero terminan afectando a muchos clientes con contrato en vigor porque sobrecargan la red al demandar una potencia “excesiva”.

Mientras tanto, las familias afectadas siguen viviendo con el miedo permanente a un nuevo apagón. Según los datos recopilados por Nosotros también somos Sevilla, entre los meses de junio y julio se han registrado un 35% más de cortes que en el mismo periodo del año pasado. Y a esas cifras aún hay que sumar las relativas al mes de agosto. Como resume Rocío Moreno, “ha llegado un momento en el que contamos las horas de luz, en vez de las que no tenemos”. Por eso dice sentirse “estafada” al estar “pagando por un servicio que no me están dando”. En ese mismo sentido se expresa Inma Jiménez: “Exijo lo que pago”. Y concluye verbalizando el sentir compartido por el resto de sus vecinos: “Esto no es forma de vivir”.

La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha mandado una carta al consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y al consejero de Endesa, José Bogas, en las que solo se abriría a revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares siempre y cuando los costes sean asumidos por las compañías eléctricas, además de otras exigencias, según ha adelantado El País y ha confirmado elDiario.es.

La postura del Gobierno no es nueva. El pasado 7 de mayo durante la sesión de control al Gobierno, el presidente Pedro Sánchez llegó a llamar “lobistas amateur” de las grandes empresas energéticas a los diputados de PP y Vox y lanzó un mensaje explícito a esas compañías, a las que pidió una propuesta formal sobre el futuro de las centrales nucleares siempre y cuando asuman tres requisitos previos.

“Si las empresas acuerdan entre ellas otro calendario que prorrogue las centrales, las escucharemos como escuchamos a todos los sectores. Pero lo haremos siempre y cuando se cumplan tres requisitos de absoluto sentido común. El primero, que esa prórroga garantice la seguridad de los ciudadanos. Segundo, que sea económicamente viable y no sea a costa del bolsillo del contribuyente, sino de los ultrarricos que presiden esas grandes energéticas que son propietarias de esas centrales. Y tercero, que la medida sea conveniente para garantizar la seguridad del sistema eléctrico”, dijo entonces el presidente del Gobierno.

Son las mismas exigencias que ahora la ministra Aagesen ha trasladado a los CEO de las dos compañías eléctricas en su carta. La misiva de la ministra de Transición Ecológica responde a otra carta que enviaron en junio los directivos en las que se recogía una propuesta de Iberdrola y Endesa para extender la vida útil de las centrales nucleares. Entonces el Ministerio afirmó que que se trataba de una mera “declaración de intenciones” y no una “petición formal”, que no incluía al resto del sector y que iba “en perjuicio de consumidores y ciudadanos”.

Entonces fuentes del Ministerio explicaron que habían recibido “una carta relativa a la prolongación de la vida útil de varias centrales nucleares de Endesa e Iberdrola que no firman ni Naturgy ni EDP, las otras dos compañías firmantes del Protocolo de cierre de 2019” con el que se pactó un apagón progresivo de los reactores que empezaría con el cierre del primer grupo de la central de Almaraz (Cáceres) en 2027 y se prolongaría hasta 2035.

Transición Ecológica subrayó que dicha carta de las eléctricas “no cumple con las tres líneas rojas establecidas por el Gobierno para tramitar una petición formal (la carta no lo es)”: esas tres premisas, recuerda Transición Ecológica, son “que haya seguridad para las personas”, que se garantice la seguridad de suministro y “que no suponga un mayor coste para los ciudadanos”.

En su intervención en el Congreso el presidente del Gobierno quiso dejar claro que fueron las empresas las que tomaron la iniciativa en su día para concretar el calendario de cierre. Y que hasta ahora ninguna de ellas ha movido un dedo para prolongar la actividad de las centrales programadas para el cierre porque, aseguran fuentes del Ejecutivo, ni siquiera esas empresas tienen claro si resulta rentable. Y de ahí que Sánchez insistiera en que los planes de su Gobierno no pasan por asumir el coste de las inversiones necesarias ni tampoco que esos costes repercutan en la factura de la luz.

La intervención del presidente fue pocos días después del apagón del 28 de abril. el líder del Ejecutivo hizo una defensa encendida de las energías renovables, a las que mantuvo al margen de la crisis de la semana pasada. “El 28 de abril nuestro sistema operaba con niveles de renovables inferiores a los de otros días anteriores. El asunto es un poco más complejo, por no decir mucho más complejo. Vincular el debate a las nucleares es irresponsable y una gigantesca manipulación”, aseguró.

Las eléctricas piden que les rebajen los impuestos

Las empresas llevan meses planteando que se retrase el cierre, pero exigen una bajada tanto de la tasa Enresa como de los impuestos que pagan las centrales a los Gobiernos autonómicos de Extremadura y Catalunya (Valencia acaba de anunciar su eliminación) Y a la Administración central.

Transición Ecológica sigue, por tanto, a la espera de que las eléctricas a que planteen una propuesta formal si quieren que se revise el calendario de cierre que acordaron en 2019, antes de la guerra en Ucrania y de la mayor crisis energética en décadas. Lo más inmediato es el futuro de la central de Almaraz (Cáceres), cuyo primer grupo está previsto que cierre en noviembre de 2027, mientras que la unidad 2 cerraría en octubre de 2028. Su futuro depende en primer lugar de que se pongan de acuerdo sus propietarias, Iberdrola, Endesa y Naturgy (cuyo negocio nuclear es residual).

De entrada, y ante los bajos precios del mercado mayorista de electricidad que han traído consigo las renovables que hacen muy difícil que los reactores operen en el mercado, las eléctricas exigen algo que el Gobierno rechaza, porque entiende que sería una socialización del problema: que se reduzcan los impuestos a los reactores. Tanto las tasas estatales, como las autonómicas, que suponen unos 18 euros por megavatio hora (MWh) producido, como la denominada tasa Enresa, que nutre el Fondo para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos.

Con esa tasa con la que esta empresa pública recaudó el año pasado 600 millones, los reactores financian (mientras funcionan) el fondo que debe sufragar el coste del desmantelamiento y de la gestión de los residuos nucleares, estimado en 26.000 millones. El fondo, que las eléctricas alimentan desde 2005 (hasta entonces lo pagan los consumidores en su tarifa) acumulaba a cierre de 2023 (último dato disponible) 8.000 millones.

Las compañías han recurrido en los tribunales la subida del 30% de esa tasa que el Gobierno aprobó el año pasado para sufragar un nuevo plan de residuos radiactivos que estaba caducado desde 2010 y que se adaptó a la nueva realidad: ante la falta de consenso para construir el almacén temporal centralizado (ATC) en ninguna comunidad autónoma, los residuos nucleares se van a dispersar en siete almacenes individuales (ATIs), con el consiguiente sobrecoste (de unos 2.000 millones). Todo ello, a la espera de un almacén geológico profundo (AGP) para el último tercio de este siglo donde se enterrará esa basura radiactiva que mantiene su peligrosidad durante decenas de miles de años.

Conflicto en el seno del Ejecutivo

La postura de Transición Ecológica, sin embargo, abre un nuevo conflicto entre los socios de Gobierno. La vicepresidencia Segunda, Yolanda Díaz, ha recalcado que rechaza la extensión de la vida de la centrales nucleares. Díaz explica que “alargar la vida útil de las nucleares significa no dejar espacio suficiente para el imprescindible despliegue de las energías renovables en nuestro país. Es imprescindible recordar que España está siendo uno de los lideres mundiales en la transición energetica con excelentes resultados económicos y de creación de empleo”.

También insiste que la nuclear “no es una energía flexible y por lo tanto no es ninguna solución a los problemas derivados del apagón de hacer unos meses”. Por otro lado añade que “alargar el calendario de cierre significa incumplir los compromisos adquiridos con inversores en renovables que han tomado decisiones en base a un calendario acordado” e incumplir “el acuerdo de gobierno de coalición”.

Endesa afronta un nuevo arbitraje por un contrato de suministro de gas natural licuado (GNL) a largo plazo, cuya reclamación asciende a 240 millones de dólares (unos 207,3 millones de euros). Según consta en la documentación de sus cuentas del primer semestre del año remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el pasado mes de enero una compañía productora GNL inició un procedimiento arbitral contra Endesa Generación para la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo.

En su escrito de demanda, presentado este mes de junio, la contraparte solicita un ajuste de precio que podría dar lugar a un desembolso por parte de Endesa de aproximadamente esos 240 millones de dólares, incluidos intereses hasta el pasado 30 de junio. No obstante, la energética indicó que este importe podría variar en el curso del arbitraje, cuya conclusión no se espera hasta el último trimestre de 2026.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del semestre, el director general de Administración, Finanzas y Control, de Endesa, Marco Palermo, afirmó que, por motivos de confidencialidad, no se podían detallar “los motivos de este arbitraje”. “Ni siquiera lo que pensamos, ni cuál será nuestra defensa”, dijo, añadiendo, de todas maneras, no mostrarse especialmente preocupado por este arbitraje.

Ya el pasado mes de febrero, en rueda de prensa con motivo de los resultados del ejercicio 2024, Palermo apuntó que este nuevo arbitraje “acababa de empezar” y que todavía no se conocían los detalles. En noviembre de 2023, Endesa ya sufrió el revés en un arbitraje por un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de GNL con Qatar que le supuso el abono de unos 530 millones de euros. Además, tuvo abierto otro frente, en este caso con Nigeria, por unos 600-700 millones de euros, que se cerró a final de 2024 con la decisión a su favor del tribunal.

Beneficio de 1.041 millones, un 30% más

Endesa registró un beneficio neto de 1.041 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 30,1% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, impulsada por el buen comportamiento de los negocios liberalizados de generación y comercialización y la caída del gravamen temporal energético, informó la compañía.

Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a junio ascendieron a 10.880 millones de euros, con un aumento del 4,5% frente al primer semestre de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre del pasado mes de junio en los 2.711 millones de euros, un 12,3% más.

El flujo libre de caja del grupo se ha duplicado en términos interanuales hasta 2.400 millones de euros, lo que reconfirma la capacidad de la compañía para autofinanciar las inversiones orgánicas y el pago de dividendos.

Con estas cifras hasta junio, Endesa reafirmó el cumplimiento de sus objetivos para 2025, en el que, según anunció en su último Capital Markets Day, prevé un beneficio neto ordinario de entre 1.900-2.000 millones de euros y un Ebitda de entre 5.400-5.600 millones de euros.

La deuda financiera neta de la energética a finales del primer semestre era de 9.901 millones de euros, con un incremento del 6,5% con respecto a los 9.298 millones de euros a 31 de diciembre de 2024.

Sin provisiones por el apagón

Respecto al apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, Endesa indicó que, tras los informes presentados por el Gobierno, Red Eléctrica o Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) “no es posible actualmente establecer de forma clara, objetiva y concluyente las causas que motivaron el incidente.

No obstante, atendiendo a la información propia o pública de que se dispone y del resultado de las investigaciones desarrolladas por la eléctrica, afirmó que “todas las evidencias muestran que, en ningún caso, la interrupción del suministro pudo tener su origen en instalaciones de generación o distribución propiedad de sociedades del Grupo Endesa”.

Asimismo, añadió que, hasta la fecha de aprobación de estas cuentas del primer semestre, las sociedades del Grupo Endesa no han recibido reclamaciones de terceros de relevancia, sin que, por tanto, se haya registrado provisión contable alguna al respecto.

Por otra parte, la eléctrica señaló el contexto de precios, especialmente desde el apagón del 28 de abril, está marcado por la volatilidad, que se acrecienta por el modo de operación del sistema que se está realizando desde esa fecha

Contra la nueva retribución de distribución

Endesa ha advertido de que la propuesta de nuevo modelo retributivo para la red de distribución para el periodo 2026-2031 abierto a consulta pública por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que plantea una tasa de retribución financiera para esta actividad del 6,46%, frente al 5,58% actual, aunque muy lejos de las expectativas de las empresas eléctricas, limita la inversión en electrificación de la demanda que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y “va en contra de la Transición Energética”.

En un comunicado, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, reiteró que la remuneración de la red “debe ser justa y atractiva para que permita las inversiones masivas que requiere el proceso de descarbonización de la economía”.

La eléctrica consideró que el modelo retributivo del regulador para la red “introduce limitaciones estructurales que dificultan la capacidad del sector para cumplir los objetivos de electrificación y modernización de la red”.

Así, Bogas alertó de que esta propuesta “pone en grave peligro alcanzar el nivel de inversión que España precisa para alcanzar sus objetivos de descarbonización, electrificación de la demanda e inversión en redes que contempla el PNIEC, además de estar desalineada con las guías de política energética del Gobierno”.