Las eléctricas han cobrado al menos 2.225 millones por el servicio de control de tensión que falló en el apagón

Las compañías eléctricas han cobrado entre 2020 y 2024 más de 2.225 millones de euros por el obsoleto servicio de control de tensión que, según los informes del Gobierno, de Red Eléctrica (REE) y los expertos europeos, no funcionó como debía en el histórico apagón del pasado 28 de abril, y que hasta ahora solo podía prestar la generación convencional (sobre todo gas y nuclear).

La cifra resulta de las estimaciones publicadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de los datos que hizo públicos la semana pasada el propio Gobierno.

En su comparecencia en el Senado pasado el jueves en la Comisión de Investigación sobre el apagón, la primera de un miembro del Ejecutivo, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, explicó que “el año pasado entre todos en la factura pagamos 600 millones para programar grupos” de generación eléctrica mediante las denominadas restricciones técnicas para el control dinámico de tensión. 

Según Groizard, “si la conclusión”, como han señalado hasta ahora diversos informes, es que el día del apagón las prestadoras de ese servicio “ni siquiera estaban proporcionando este sistema, desde luego que es muy preocupante para todos los españoles y eso deberá ser una de las conclusiones a la que llegue” la CNMC en el expediente que tiene abierto sobre este cero energético sin precedentes.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, el secretario de Estado dijo que antes del apagón “desde luego al ministerio no le llegó que hubiera un incumplimiento y mucho menos generalizado de las obligaciones de control de tensión”, que recordó “es un servicio retribuido” para las centrales de generación que lo prestan.

A esos 600 millones de 2024 que avanzó Groizard se suman los 1.625 millones que, según las cifras publicadas por la CNMC, cobraron las eléctricas por el servicio de control de tensión entre los años 2020 y 2023.

“En 2023, el sobrecoste imputado a los consumidores por este concepto ha superado la cifra de 600 millones, mientras que en 2020 fueron 306 millones, 347 millones en 2021 y 372 millones en 2022”, explicó el organismo en el informe sobre la propuesta de modificación de aspectos puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado en enero de 2024 por el Pleno del organismo que preside Cani Fernández.

A esas cifras se sumarían las cuantías destinadas este año, cuya cuantía se desconoce. Teniendo en cuenta los 600 millones de 2024, podría situarse solo hasta abril en otros 150 millones, lo que elevaría lo cobrado desde 2020 hasta el apagón en unos 2.375 millones.

“Graves problemas”

En ese informe de 2024, la CNMC analizó, entre otras modificaciones, la incorporación a la red de nuevos equipos (cuatro reactancias) “cuyo fin último es corregir los graves problemas de control de tensión que se presentan en el sistema, atendiendo al mandato de planificación de la reducción de restricciones técnicas”.

Añadía que “el coste de las restricciones técnicas derivadas del control de tensión ha crecido de manera exponencial en los últimos años, derivado fundamentalmente del incremento del precio de la electricidad y del menor despacho de centrales térmicas en el mercado ante una mayor penetración de renovables”. 

Todo ello para remunerar un servicio basado en una normativa que, según reconoció antes del apagón la CNMC [organismo responsable de ponerla al día], hasta este año estaba “obsoleta”, porque databa del año 2000, y que además no incluía penalizaciones por posibles incumplimientos para las generadoras. 

Fue en 2020 cuando REE sacó a consulta la modificación del procedimiento de operación para el control de tensión, conocido como 7.4, que la CNMC (responsable de dar luz verde a estos procedimientos) no ha aprobado hasta después del apagón, tras haber puesto en marcha dos proyectos piloto en los últimos años, mientras en Portugal las renovables controlan tensión desde 2020.

En el país vecino, que tiene su mercado eléctrico interconectado con el español a través del Mercado Ibérico de la Electricidad (Mibel), no se produjeron incumplimientos en ese servicio, a diferencia de lo que ocurrió en España, según el informe factual sobre el apagón ibérico publicado en octubre por los expertos europeos.

En aquel informe de 2024 sobre las modificaciones puntuales de la planificación eléctrica, la CNMC consideró “conveniente”, para “asegurar que las decisiones que se toman son eficientes económicamente”, que los análisis de la implantación de esas cuatro reactancias, con un coste de 14,6 millones, “tuvieran en cuenta diferentes escenarios de sensibilidad donde se contemplara el momento previsto de la puesta en marcha de estas instalaciones y la posible evolución favorable del coste del servicio del control de tensión, actualmente en revisión”. 

El servicio de control de tensión vigente hasta este año en España se aprobó cuando las renovables eran testimoniales. Ahora cubren en torno al 56% de la demanda eléctrica.

Ya en 2019, Competencia reconocía que debía aprobar un nuevo servicio de tensión porque el vigente entonces pertenecía a normativas que “no se han tocado en 20 años”. Pero no anunció la luz verde a la nueva normativa (que introduce penalizaciones por incumplimientos y permite prestar ese servicio a las energías renovables) hasta el pasado junio, tras los informes sobre el apagón del Gobierno y REE que pidieron implementarlo ya. Sin embargo, el nuevo control de tensión con renovables no estará en funcionamiento hasta principios de 2026. 

REE aplica desde el apagón la denominada “operación reforzada”, con más presencia del gas, que ha tenido un coste hasta ahora para los usuarios de unos 486 millones, “unos cuatro céntimos de euro al día para los consumidores de PVPC”, según dijo la semana pasada la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor. El operador del sistema ha cifrado el coste de mayo a octubre un 2,34% de los costes totales del sistema eléctrico español, que en ese periodo superaron los 18.000 millones de euros.

Según la exministra, “puede ser una cantidad astronómica para según que consumidor”, pero “ni un solo euro va a la cuenta de resultados de REE, que es independiente del precio de la electricidad”, sino que “va a la cuenta de resultados de las compañías generadoras de electricidad”. Y la operación reforzada se mantendrá, según Corredor, hasta que se sepa “la causa” de la oscilación anómala que forzó media hora antes del apagón una gran fotovoltaica en Extremadura que, como reveló elDiario.es, es propiedad de Iberdrola.

Tras las nuevas variaciones bruscas de tensión detectadas el pasado septiembre, en un contexto similar al de abril (baja demanda y alta penetración fotovoltaica), la CNMC ha aprobado una serie de medidas urgentes y temporales para estabilizar el sistema hasta que esté plenamente en funcionamiento el nuevo procedimiento 7.4.

Hasta ahora el organismo ha aprobado dos prórrogas de estas medidas, la última, la semana pasada, y hasta ahora “no se ha detectado un incremento del coste para el consumidor, ni un impacto sobre el detectado un incrementado del coste para el consumidor”, según lo trasladado por REE al regulador. El plazo máximo para aplicar estas medidas finaliza el próximo 20 de enero.

Entretanto, el Gobierno ha encargado a la CNMC informes trimestrales sobre el grado de cumplimiento del control de tensión por parte de los generadores pese a que Competencia se resistía a elaborarlos.