La paciencia se ha agotado en la Cartuja Baja. El enfrentamiento con el consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha dejado de ser una discrepancia técnica para convertirse en una acusación directa: el barrio sostiene que se está mintiendo deliberadamente para frenar el desarrollo de vivienda que llevan décadas reclamando.

Todo estalló cuando el responsable municipal calificó como “indignante” la oferta de del Gobierno central, a través de la Sareb, de cinco parcelas para vivienda pública en el barrio “porque en realidad son suelos rurales sin desarrollo”. Incluso, describió algunos como terrenos destinados a pastos o ocupados por las piscinas municipales. Un relato que, para los vecinos, no solo es incompleto, sino falso.

Desde el barrio, la respuesta ha sido inmediata y documentada. El alcalde pedáneo, José María Lasaosa, y la asociación vecinal Jerónima Zaporta han puesto cifras y planeamiento sobre la mesa para desmontar ese discurso: esos suelos no son simples terrenos rústicos, sino que forman parte de ámbitos urbanísticos recogidos en el Plan General, con edificabilidad asignada y capacidad para acoger hasta unas 850 viviendas en el sector conocido como La Cartuja 2 (LC2).

“Que no nos digan que esto es humo o pastos, porque no es verdad. Aquí hay suelo con viviendas previstas y lo sabe el Ayuntamiento”, sostienen desde el entorno vecinal, que insisten en que el problema no es la inexistencia de suelo, sino la falta de voluntad para desarrollarlo.

En esa misma línea, el propio alcalde pedáneo subraya que incluso con el grado actual de desarrollo, ya habría margen para actuar si existiera interés real. “Si el Ayuntamiento estuviera de verdad interesado en construir vivienda en La Cartuja, con estos suelos podría levantar en torno a 27 viviendas de forma inmediata y cerca de 100 más en un desarrollo próximo”, apunta, en referencia a los distintos ámbitos urbanísticos donde la Sareb tiene participación. El cálculo de esta cantidad de viviendas procede de un proyecto anterior de una constructora que entró en concurso de acreedores en 2014 con motivo de la crisis y que ya contaba con la aprobación del proyecto de reparcelación de los terrenos del G86.6 y había planteado una concesión anticipada de suelo para equipamientos públicos. “Una constructora no iba a comprar un suelo donde no puede edificar”, justifica el alcalde, José Mª Lasaosa.

Es cierto —admiten— que no se puede construir de forma inmediata en todo el sector. Pero ahí está, precisamente, el núcleo del conflicto: desarrollar ese suelo depende de los propietarios y, sobre todo, del propio Ayuntamiento. Es decir, de la misma administración que ahora lo descalifica.

“No depende de la Sareb”

Para los vecinos, presentar esos terrenos como inútiles es una maniobra que desvirtúa la realidad urbanística. “Sería deseable que se pudiera construir ya, pero eso no depende de la Sareb”, recuerdan, subrayando que cualquier desarrollo exige trámites, financiación y acuerdos entre propietarios, algo habitual en este tipo de suelos en toda la ciudad.

El enfado crece cuando se pone el foco en lo que consideran una contradicción política evidente. Mientras el consejero desacredita estos suelos, el propio Ayuntamiento ha aprobado inicialmente una modificación del Plan General para facilitar la construcción de vivienda precisamente en barrios rurales como la Cartuja Baja. Entre los ámbitos afectados está, de nuevo, el sector LC2.

“Llevamos más de 25 años pidiendo vivienda para que nuestros jóvenes no se tengan que ir del barrio”, lamentan desde la asociación vecinal, que considera especialmente grave que se genere alarma con cuestiones como la parcela de las piscinas. “Se ha llegado a preocupar a vecinos con una historia que no se sostiene urbanísticamente”, critican. “Lo que la SAREB ofrece al Ayuntamiento no es suelo para pastos ni una parcela donde hay unas piscinas, sino suelo urbanizable pendiente de desarrollar”, afirman rotundos.

La pregunta que lanzan es directa y difícil de esquivar: ¿sirven estos suelos para construir vivienda o no? Porque si sirven —como sostiene el propio planeamiento municipal—, entonces el problema no es el suelo, sino la voluntad de desarrollarlo.

Detrás de la discusión técnica hay una realidad mucho más tangible. Durante años, aseguran, la Cartuja Baja ha quedado al margen del crecimiento residencial de Zaragoza. Por eso, lo que para el Ayuntamiento es una oferta “inútil”, para el barrio representa una oportunidad que no debería despreciarse. “Lo único que pedimos es que no se nos engañe y que se trabaje de verdad para que estas viviendas salgan adelante”, resumen desde el entorno del alcalde pedáneo, visiblemente molesto por el rumbo del debate.

En ese choque, que trasciende lo urbanístico, se sitúa también el pulso político entre el Ayuntamiento de Zaragoza, gobernado por el PP, y el Gobierno central, del que depende la SAREB, con los vecinos del barrio atrapados en medio de ese enfrentamiento.

Los suelos

En el área de intervención G86-6, una unidad de ejecución prevista para la construcción de 73 viviendas, considerada como suelo urbano no consolidado, muy avanzada en cuanto a los trámites administrativos previos a su aprobación definitiva, con el 23,54% de participación por parte de la Sareb y 2280m2, supondría un aprovechamiento urbanístico para edificar unas 17 viviendas.

Respecto al desarrollo urbanístico denominado La Cartuja 2 (LC2), previsto para la construcción de unas 730 viviendas, calificado como suelo urbanizable delimitado y que cuenta con la aprobación inicial del proyecto de reparcelación, con el 13,68% de participación por parte de la Sareb y 27.000m2, correspondería un aprovechamiento urbanístico para edificar en torno a 100 viviendas.

Han pasado más de cuatro meses desde que los vecinos de María Guerrero número 1 lograron un leve respiro. El 12 de noviembre, a las 10.24 horas, los agentes desplegados en Carabanchel Bajo desde primera hora retiraron el cordón policial que impedía el acceso al edificio. Estaba previsto que esa mañana desalojaran a familias e inquilinos de hasta seis viviendas, casi la mitad del bloque. Pero las tornas cambiaron con un aviso de última hora: el desahucio se frenaba hasta renegociar condiciones con Sareb, el llamado “banco malo” y actual propietario del inmueble. La noticia se celebró con júbilo entre las decenas de personas que acudieron allí como protesta. Pronto, la realidad se impuso: aquella no era una victoria, sino el inicio de una prórroga.

Escasos días antes, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) remitió al Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid un escrito para suspender el “lanzamiento”, que en la jerga judicial se refiere a la fase final de un desahucio, en la que se toma un inmueble que el inquilino no había abandonado voluntariamente. Cuando la comitiva enviada accedió al edificio y, media hora después, se anunció la tregua con el banco malo todo fueron gritos de alegría o suspiros de alivio. Pero el contador hasta la siguiente vuelta ya estaba en marcha, y ahora Sareb vuelve presionar con el dictamen de sus nuevos estudios de vulnerabilidad.

Fuentes de la entidad indicaron a finales de enero que en cuatro de los seis pisos pendientes del desalojo no se habían superado los filtros exigidos. Dos de ellos, afirman, porque “no habían colaborado” en proceso y otros dos por superar el umbral de ingresos, que ronda los 40.000 euros anuales por unidad familiar, cosa que los sindicatos implicados niegan tajantemente. No obstante, desde Sareb insisten en que sus inquilinos serán desalojados próximamente, mientras que sí permanecerán los apartamentos restantes y podrán renovar sus contratos al considerarles un perfil vulnerable.

“Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan desde la nada”, destaca Diego Sanz, portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca 'PAH Vallekas'. Se refiere a que los pisos que adquiere Sareb y que, en consecuencia, pasarán a Casa 47, cuando estos se han absorbido después de comprar la deuda que deja una empresa privada en quiebra o números rojos, como ha ocurrido con Inversiones Winner S.L. en el caso de María Guerrero. “Quien ha quebrado ahí es la empresa, no sus inquilinos. Pero ellos sufren igualmente ese efecto dominó cuando ponen su casa a la venta y entra en escena Sareb”, resume.

Según la entidad bancaria, hasta ahora han intentado contactar con los inquilinos acudiendo físicamente al domicilio y por comunicaciones mediante burofax, aunque desde el entorno de los vecinos desmienten que las visitas de Sareb hayan llegado a producirse. Sin embargo, el destino inminente de sus habitantes ya parece sellado. Un año antes, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel –que ha representado al bloque en las negociaciones con Sareb, a excepción de uno de los 15 pisos que lo componen– logró paralizar el primer intento de desalojo y abrir negociaciones con la propiedad. Con la crisis inmobiliaria de 2008 la promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra al poco de construirlo y Sareb adquirió la deuda millonaria que dejaron a su paso, y que había acabado en un concurso de acreedores.

Han creado una empresa de vivienda pública sin estructura, porque la levantan de la nada

Diego Sanz — Portavoz de la 'Pah Vallekas'

Fue ahí cuando comenzó el tiempo de descuento, pues según los representantes sindicales la antigua compañía ni siquiera había registrado el edificio en el catastro, por lo que algunos inquilinos tuvieron problemas a la hora de empadronarse. La sociedad limitada siguió firmando cobros vinculados a los pisos, como los de la factura de la luz, hasta que en mayo del año pasado el banco comenzó a rechazar los pagos y las personas que alquilaban los apartamentos descubrieron toda la maniobra, que afirmaban no conocer hasta ese momento.

Una carta de desahucio con un remitente que no esperaban

Entonces, los vecinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual, Inversiones Winner: en su lugar, el escrito lo firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, originada en 2012 para dar salida a activos tóxicos de la banca y propietaria del bloque desde que adquirió su deuda en 2023. El mandato por el que se creó esta entidad también contemplaba su disolución en 2027, dentro de un año, una vez cumplido su fin como herramienta de liquidación temporal. En ese tiempo, deberá transferir más de 40.000 inmuebles a la futura empresa estatal, Casa 47, con idea de que estos pasen a disposición pública en forma de alquileres sociales o asequibles.

El Gobierno central planea que estos activos, cuyo valor de mercado estiman en casi 6.000 millones de euros, alberguen en total unas 55.000 casas en total. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una figura con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible para venta o alquiler. Pero para ello, antes tendrá que absorber los pisos del banco malo. La persona a caballo entre los dos mundos, el banco de activos tóxicos y la futura empresa estatal de vivienda, sostiene que el modelo de alquiler social “es sostenible desde el punto de vista económico”.

En términos generales, los programas de alquiler social necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios

Pau Pérez de Acha — Director de Vivienda Social y Asequible de Sareb

Pau Pérez de Acha, director de Vivienda Social y Asequible de Sareb y uno de los brazos que trabaja en la cesión de inmuebles a Casa 47, detalla a Somos Madrid que aún así el derecho a estos alquileres ha de ser extensible a “cualquier familia que resida en una vivienda de Sareb”. Si se cumplen los requisitos, ni siquiera cabe la negociación. Este modelo está destinado a los hogares más vulnerables, con ingresos que no superan (como regla general) cuatro veces el IPREM, que son en torno a 40.000 euros brutos anuales por unidad familiar. Las rentas son reducidas —habitualmente entre 100 y 200 euros mensuales— y requieren de fondos públicos porque son deficitarias.

“Hay que tener en cuenta que estas viviendas antes solo generaban gastos [en concepto de IBI, gastos de comunidad, etc.] y, con el pago del alquiler, empiezan a prestar ingresos que ayudan a financiar su manteniento”, insiste. Sin embargo reconoce que, en términos generales, este tipo de programas “necesitan apoyo público porque si no, son deficitarios”. Un escalón por encima se sitúa el alquiler asequible, dirigido a clases medias con ingresos de entre cinco y siete u ocho veces el IPREM y precios aproximadamente un 20% más baratos. Estas fórmulas tratan de asegurar que el coste del alquiler libre (que fluctúa solo por lo privado) no impida a determinados grupos sociales acceder a una vivienda.

Sin embargo, el encarecimiento del mercado y el estancamiento de los sueldos hacen que incluso los asalariados habituales tengan problemas para encontrar piso. La situación se tensiona especialmente en grandes urbes como Madrid o Barcelona. En la ciudad condal, el precio medio del alquiler alcanzó los 876,83 euros, según datos oficiales del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) para el último trimestre de 2025. La capital registró una subida interanual de casi el 10% en base a la información que maneja el portal inmobiliario Idealista, que fijó el metro cuadrado en 22,7 euros al mes.

En adelante, el objetivo del Estado es que las viviendas sociales o destinadas al alquiler asequible que trasnfiera Sareb se cedan por fases, con idea de que su cometido fundacional de liquidación se acerque más a una función de utilidad social. Los sindicatos y plataformas de afectados por la hipoteca ponen en duda que eso ocurra, mientras los vecinos en la calle María Guerrero de Carabanchel aguardan al último capítulo de una historia que se alarga.

En plena polémica sobre sobre la adjudicación de las viviendas de protección oficial en Logroño por parte de los promotores, el Parlamento de La Rioja ha aprobado, por unanimidad, una proposición no de ley del Partido Popular por la que pide al Gobierno central, a través del Ejecutivo riojano, que la Sareb ponga a disposición del Instituto Riojano de la Vivienda (IRVI) las viviendas y solares que tiene en La Rioja.

PP: “No hay colaboración del Estado”

El 'popular' Diego Bengoa ha defendido la proposición considerando que es “sensato” y “una oportunidad” que la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), también llamado 'banco malo', ponga a disposición de los ciudadanos viviendas. El Gobierno riojano, ha dicho, está “actuando con política útil, política real, política que llega a la gente”. Pero, ha lamentado, “no hay colaboración del Estado”.

Así, ha relatado, “la Sareb, la sociedad creada para gestionar activos inmobiliarios tras la crisis financiera, dispone de viviendas y suelos que son en gran medida de titularidad pública, recursos que han sido sostenidos con dinero de todos los ciudadanos, y que por tanto deberían estar hoy al servicio del interés general”. Ha destacado que “no tiene sentido que haya viviendas sin uso mientras hay ciudadanos con dificultades para acceder a una vivienda”. “Política útil es esto, detectar un recurso infrautilizado y ponerlo al servicio de la gente”, ha señalado.

IU: “Que no se haga de la política de vivienda el cortijo de los promotores”

La portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, aunque ha visto una iniciativa “de perogrullo” y después de reprochar a Bengoa “consejos vendo pero para mi no tengo”, ha saludado la iniciativa porque le ha parecido lo más lógico. No obstante, lo ha hecho “con el compromiso de que vamos a abordar el problema de la vivienda”. Y es que, ha visto, es necesario que haya viviendas que los ciudadanos puedan pagar. Por otro lado, ha pedido que no se haga “de la política de vivienda el cortijo de los promotores". “La prioridad a proteger debe ser garantizar el derecho a la vivienda”, ha incidido.

Vox: “Es una medida puntual, es un parche”

Desde Vox, Hector Alacid se ha mostrado sorprendido de que traigan “como solución la Sareb”. “Ustedes, junto con el PSOE, son los causantes de la situación que vivimos ahora, triste y dolorosa”, ah dicho. Se ha referido a una realidad de pisos compartidos, “compartiendo una balda del frigorífico”. La Sareb, ha dicho, a día de hoy, “se supone que tiene unas cien viviendas”, pero “la patronal dice que se necesitan 9.000 para equilibrar la oferta y la demanda”. Un déficit “estructural” al que ha pedido “poner coto”. La medida traída al parlamento, ha dicho, es “puntual”. “Vamos a votar a favor porque con una vivienda solucionamos la vida a una familia, pero esto es un parche”, ha dicho.

PSOE: “Hacen falta acuerdos”

El socialista Sergio Martínez Astola, por su parte, ha considerado que, en materia de vivienda, “hacen falta acuerdos”. “Las viviendas que tiene la Sareb tienen que ponerse a disposición de un alquiler asequible”, ha considerado. “Cuando se trata de mejorar la vida de los riojanos, desde luego lo vamos a apoyar”, ha insistido. Además, ha visto que tiene sentido que las viviendas tiene la Sareb a causa de la crisis vuelvan a la ciudadanía.

“Durante años la Sareb fue vista como símbolo de crisis y, desde el Gobierno de España, se está tratando de eliminar ese modelo”, ha resaltado viendo “tremendamente positivo” apoyar la iniciativa.

A través de esta Proposición de Ley, el Parlamento de La Rioja insta al Gobierno de La Rioja a instar al Gobierno de España a impulsar las acciones necesarias para que la Sareb ponga a disposición del Gobierno de La Rioja, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), las viviendas y solares de su titularidad ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, viviendas que deberán destinarse a alquiler social y/o asequible, y solares que deberán destinarse a viviendas de protección pública. También, poner a disposición de los ciudadanos las viviendas cedidas que estén en condiciones de habitabilidad antes de seis meses y, en el mismo plazo, iniciar los trámites oportunos para rehabilitar el resto.

El Gobierno de España transferirá a la nueva empresa pública estatal 857 viviendas en Cantabria ubicadas en 18 ayuntamientos procedentes del llamado 'banco malo' para destinarlas a alquileres asequibles con precios por debajo del mercado que no podrán superar el 30% de los ingresos de las familias.

Las viviendas provienen de los desahucios de cientos de ciudadanos cántabros que perdieron su casa en el contexto de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Los bancos no pudieron vender este patrimonio expropiado y acabaron por servir de moneda de cambio para el rescate de las propias entidades financieras: 50.000 millones de euros de dinero público a cambio de este paquete inmobiliario que el Gobierno de España ahora cede para alquileres a bajo precio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. De estas cifras, a Cantabria le corresponden 856 viviendas. De esta manera, estas viviendas que perdieron los ciudadanos retornan para un uso social. “Lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”, dijo la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez cuando se presentó la iniciativa.

El mapa elaborado por elDiario.es indica dónde están ubicadas. Ramales (219), Polanco (143) y Torrelavega (125) son los tres municipios donde se ceden más viviendas. En el entorno de la bahía se liberarán 18 en Santander y 81 en El Astillero. En Bezana habrá 60, en Castañeda 43, en Piélagos 33 y otras 30 en Santiurde de Toranzo.

Algunas zonas turísticas como Miengo y Suances ofertarán 48 y 34 casas, respectivamente, para alquileres a bajo precio. A ellas se suman 16 en Reocín y las restantes se reparten entre San Felices, Santiurde de Reinosa, Villaescusa, Ribamontán al Mar, Hazas de Cesto y Solórzano.

La Sareb ya había vendido a Cantabria, en años anteriores, 76 viviendas. Entre ellas, 34 ubicadas en Ganzo (Torrelavega) por un importe de 3,3 millones de euros. Los inmuebles fueron adquiridos a través de Gesvican (Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria). En paralelo, la compañía ha estado comercializando el resto de las viviendas en el mercado de particulares a través de Altamira Asset Management, encargada de la gestión comercial de los activos de Sareb.

Más atrás en el tiempo, en 2016, el Gobierno de Cantabria firmó un acuerdo con la Sareb para la cesión temporal de 40 viviendas destinadas a fines sociales que se integraban en el Parque Público de Viviendas. En esa ocasión, la Sareb percibía una contraprestación fija mensual para hacer frente a los gastos de seguros, comunidad y reparaciones extraordinarias. Por su parte, el Gobierno de Cantabria asumía los cargos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario, entre otros.

40.000 viviendas en toda España

La operación de cesión de inmuebles de la Sareb para alquileres acessibles se puso en marcha en julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó ceder a una nueva empresa pública las más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 casas más, propiedad de la Sareb. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace a través de una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.

Una inyección de 45.218 viviendas para el parque público de vivienda en España, repartida en 1.098 municipios. Es el desglose exacto de las decenas de miles de casas propiedad de la Sareb, el conocido como 'banco malo', que el Gobierno está transfiriendo a la nueva empresa pública y que el Ministerio de Vivienda anunció a principios de julio. La incógnita, hasta este momento, era dónde se encontraban esos inmuebles, que el Ejecutivo quiere destinar a alquiler asequible.

El desglose de la ubicación de estas viviendas –unos datos que elDiario.es ha obtenido a través de una solicitud de información a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) amparada por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno–, permite cartografiar el impacto de esta medida ciudad a ciudad y pueblo a pueblo, pero también realizar una radiografía de la evolución del 'banco malo', uno de los vestigios de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera que costó a las arcas públicas más de 50.000 millones de euros, y de los que solo ha repagado el 44%, según las últimas cuentas de la entidad.

La Sareb se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, aquellas viviendas que las entidades rescatadas financiaron con tasaciones sobrevaloradas y que se habían quedado a medio construir o sin vender tras el estallido de la burbuja sin que los promotores hubieran devuelto esos préstamos o en operaciones tras procesos de desahucios. Esto explica, por ejemplo, la gran concentración de casas que la nueva empresa pública recibe en determinadas provincias, como en la costa mediterránea. “Los mayores activos de Sareb provenían de la extinta Bankia, donde acabaron aglutinadas la caja valenciana Bancaja, Cajamurcia o Cajagranada, de ahí que Castellón, Almería, Murcia o València aparezcan en las primeras posiciones se analiza por provincias”, explica el experto en vivienda del Observatorio CODE Manuel Gabarre.

Como muestra el siguiente gráfico, en Castellón se transfieren 2.496 viviendas. Aunque no es la provincia donde la empresa pública se hará con más casas, sí es en la que la tasa por cada 100.000 habitantes es mayor: 413. En las provincias vascas, sin embargo, el número de viviendas transferidas es menor, algo que el experto Gabarre atribuye posiblemente a que en Euskadi las cajas resistieron el envite de la crisis financiera.

El objetivo inicial de Sareb era dar salida a las casas —y suelos— que había ido asumiendo de las entidades bancarias, para devolver una deuda avalada por el Estado antes de 2027. Pero aquellos activos estaban valorados muy por encima de su precio real de mercado, lo que ha hecho prácticamente inviable saldar esa deuda, que acabará teniendo que asumir el Estado, porque, los que han podido colocarse, se han vendido a precios más bajos de los estimados inicialmente. La entidad estima que ha ido deshaciéndose de unos 10.000 inmuebles al año.

Las 45.000 viviendas que ha transferido ahora a la empresa pública son, por tanto, muchas de las que quedan de aquellos paquetes que fue asumiendo a partir de 2012. Pero no todas, porque el Ministerio de Vivienda ha procurado que sean inmuebles que puedan ponerse a disposición y en alquiler asequible, por debajo del 30% de los ingresos de las familias, “lo antes posible”. De hecho, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos estableció una serie de criterios geográficos, económicos y técnicos, como que estén ubicadas en municipios de áreas metropolitanas e islas, con poblaciones superiores a 5.000 habitantes o de más de 1.000 con incrementos de más del 5% en la última década, que tengan entre 85 y 150 metros cuadrados y que no presenten patologías estructurales. En este lote se encuentran también los 9.800 alquileres sociales que tiene firmados la Sareb, a quien el Gobierno confió en 2023 un mandato social.

Con estos criterios, 14.548 viviendas se ubican en ciudades de entre 50.000 y 250.000 habitantes; 10.423 en municipios de entre 20.000 y 50.000; 8.806 con entre 1.000 y 10.000; 5.762 con entre 10.000 y 20.000; y 5.559 en 18 grandes ciudades, de más de 250.000 habitantes.

Para la socióloga urbana, doctora en gestión y valoración urbana y miembro del Col.lectiu punt6, Blanca Valdivia, la distribución de estas viviendas genera algunas dudas, sobre todo en determinadas zonas con problemas de acceso específicos o tensionadas, con declaración o no, al margen de las grandes urbes metropolitanas. “En toda la periferia sur madrileña, en municipios como Móstoles, Alcorcón, Getafe o Leganés, no parece que haya una tasa muy alta de pisos, sin embargo sabemos que fueron zonas en las que sí se ejecutaron un número elevado de desahucios”, explica.

Con los datos desglosados, la pregunta que se plantea es: ¿puede tener este movimiento un efecto en los precios del alquiler? En la respuesta coinciden todas las voces consultadas. “En las grandes ciudades, su impacto sobre el mercado es muy bajo, por lo que no puede generar grandes efectos que acaben con el problema de los precios”, verbaliza Javier Gil, investigador del CSIC experto en vivienda y vinculado a los movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que, sin embargo, se muestra optimista: “Este debe ser solo el primer paso hacia la construcción de una gran empresa pública de vivienda”.

Cuando la ministra Isabel Rodríguez anunció el traspaso de las casas al parque público, desde la PAH celebraron la decisión como propia, tras una década reclamando y con acciones específicas, como el Plan Sareb o la campaña La Sareb es Nuestra, exigiendo la paralización de los desahucios, la ocupación de bloques o reclamando un censo real de viviendas, que nunca llegó a hacerse público. La propia ministra llegó a verbalizar que esta medida perseguía que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para recatar a las familias”.

Para Gabarre, muy crítico con la finalidad inicial del banco malo, esta medida puede leerse desde dos perspectivas, lo que pudo ser y lo que es. “La Sareb pudo ser el germen de un parque de vivienda pública que España no tenía, porque había viviendas y suelo que ha volado. Con 45.000 casas, aunque es número notable, no vamos a conseguir influir en el parque ni asemejarnos a modelos como el francés, donde hay un 18% de alquiler social, pero al menos es una buena noticia en cuanto a un cambio en las políticas de vivienda. Hace 12 años habría sido importante, hoy es una buena noticia”, resume.

Por municipios, Madrid, Murcia y Roquetas de Mar se encuentran a la cabeza por unidades. Aunque si se analizan los datos por población, suponen un mayor impacto las 219 viviendas transferidas en Ramales de la Victoria, un pueblo cántabro de 3.061 habitantes. En el siguiente buscador pueden consultarse los 1.098 pueblos y ciudades uno a uno.

14.000 viviendas para Catalunya

Aunque aún no se conocía el desglose del traspaso de estas viviendas, desde el Ministerio de Vivienda sí habían dado públicamente algunos pasos, mientras el consejo de administración de Sareb trabajaba en la aprobación del perímetro a traspasar. A mediados de octubre, Rodríguez y el president de la Generalitat, Salvador Illa, firmaron un protocolo para que la empresa pública estatal cediera a Catalunya unas 14.000 casas y más de 300 solares que pertenecían a la Sareb. Como puede verse ahora, gracias a los datos recabados por elDiario.es, 8.767 de esas viviendas están en Barcelona, 2.278 se encuentran en Girona, 2.270 se ubican en Tarragona y 930, en Lleida. Precisamente, desde el Ejecutivo han destacado que se priorizarían aquellas regiones que hubieran declarado zonas tensionadas.

Valdivia recuerda que este mecanismo, que contempla la Ley de Vivienda, sirve para “aplicar políticas que equilibren el precio”, pese a que muchas comunidades autónomas, principalmente las gobernadas por el Partido Popular, pero no solo, no las están declarando. En este sentido, la experta insiste en que recuperar las casas de la Sareb “es un paso” pero que, ante la crisis actual, hay que articular “múltiples soluciones”, que van desde “regular el mercado, a los grandes propietarios y limitar los alquileres”.

Pero va un paso más allá, al considerar que “estás acciones en materia de vivienda no pueden estar aisladas, sino que deben ir de la mano de otras políticas urbanas y económicas, ante la tensión en determinados municipios donde la población está forzada a ir, porque hay más servicios, están mejor dotadas o es donde se encuentran los puestos de trabajo”.

Un contrato de 55 millones con “sensibilidad social”

La nueva empresa estatal de vivienda es una de las herramientas sobre las que el Ejecutivo quiere articular sus políticas para hacer de este área el “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Esta misma semana, el Consejo de Ministros autorizó la licitación de un contrato de servicios para la gestión integral del arrendamiento de las viviendas del parque de alquiler asequible, en cuatro lotes con un presupuesto total de 55,3 millones de euros.

Según ha avanzado el Ministerio de Vivienda, el contrato incluirá requisitos que “garanticen la excelencia y la sensibilidad social del servicio, tales como la experiencia previa en la gestión de vivienda asequible o social” para que “prevalezca el compromiso social y no solo los criterios económicos”, además de un sistema de penalizaciones y bonificaciones, “orientadas a maximizar la calidad del servicio prestado a las personas inquilinas”, como sanciones si no se arreglan los desperfectos en un tiempo determinado o premios si se saca buena nota en una evaluación anual.

Florín y Lucía llevan más de cinco años viviendo en su casa, en el bloque de José Zamoray nº 2, en el barrio del Gancho. El próximo lunes 10 de noviembre podrían ser desahuciados junto a otras cuatro familias, después de que la Sareb —entidad financiera gestionada por el Gobierno— haya interpuesto una demanda para expulsarles del edificio.

Ambos firmaron sus contratos de alquiler con Segle Consulting, una empresa que quebró en 2024 tras la condena de su gerente, Eduardo Lacasta —fallecido el 3 de agosto de 2025—, por un fraude de 45 millones de euros. Tras la quiebra, los pisos fueron adquiridos por la Sareb, que, según denuncian los vecinos, no ha querido reconocer los contratos previos.

Florín y Lucía aseguran que, después de años pagando su alquiler con normalidad, se encontraron de la noche a la mañana con que sus contratos dejaban de tener validez. Al conocer la noticia, contactaron con el Sindicato de Inquilinos de Zaragoza y se organizaron como Bloque en Lucha para intentar negociar con la entidad, pero la Sareb se ha negado a dialogar. “Estas son nuestras casas, y no vamos a parar hasta que tengamos contratos firmados”, afirma Florín.

El Sindicato de Inquilinos denuncia que los juzgados “han ignorado la normativa de suspensión de desahucios para personas vulnerables” y han fijado el lanzamiento de cinco viviendas del bloque para el lunes. Ante esta situación, el colectivo llama a acudir a la calle José Zamoray nº 2 el 10 de noviembre a las 9 de la mañana, bajo el lema 'Nos quedamos', para intentar frenar los desalojos y reclamar nuevos contratos para todos los vecinos.

Mientras, fuentes de la Sareb explican que no es que la entidad “no reconozca sus contratos”, sino que fue un juez el que dijo que no eran “legales”: “La Sareb no se puede subrogar a un alquiler ilegal”, apuntan. A su vez, desde la entidad indican que existe un “programa de alquiler social” para las situaciones en que haya “vulnerabilidad”. “En este caso concreto, hacemos un llamamiento a la colaboración porque no han aportado la documentación necesaria para hacer el estudio de vulnerabilidad a pesar de que hemos intentado contactar con ellos”, destacan las mismas fuentes.

Desde el sindicato, sin embargo, señalan al Ejecutivo de PSOE y Sumar como responsable de la situación. “Es una vergüenza que el Gobierno se llene la boca con el derecho a la vivienda y después lleve a cabo desalojos masivos a través de una entidad pública”, critican. Recuerdan que el caso de Zamoray no es una excepción: “En marzo tuvimos que paralizar 14 desahucios de la entidad, que quería vaciar dos bloques enteros en el barrio del Oliver, y la semana que viene el Sindicato de Carabanchel en Madrid se enfrenta también a otros cinco desahucios de Sareb. Además, esto es solo una pequeña parte del total, porque realizan continuamente desahucios silenciosos si el movimiento de vivienda no está ahí para responder”.

Creada tras la crisis de 2008 para absorber los inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, la Sareb nació con la promesa de dar un uso social a parte de su parque de vivienda. El Sindicato de Inquilinas sostiene que esas promesas se han incumplido y hace un llamamiento a organizarse: “Solos no podemos hacer frente al negocio de la vivienda, pero con el sindicato podemos plantar cara. Vamos a luchar hasta que el derecho a la vivienda sea verdaderamente universal”.

Este periódico ha intentado obtener la versión de la Sareb, pero aún no ha sido posible.

La crisis de la vivienda ha dado alas a un neologismo llamado inquiokupación. Un inquiokupa vendría a ser un inquilino al uso que adquirió su contrato de arrendamiento por vías legales pero que, pasado el tiempo, abandona sus obligaciones contractuales incumpliendo con los pagos o negándose a abandonar el inmueble. El término se ha popularizado a base de repetición por parte de algunos partidos políticos y medios de comunicación, no sin suscitar críticas por la imprecisión del supuesto fenómeno. En paralelo a este debate, hay un rincón de Madrid en el que esta situación sí parece producirse. Solo que a la inversa: fue el propio edificio el que se salió sin previo aviso de lo pactado. Ahora la mitad de sus vecinos ha recibido un nuevo contrato con varias cláusulas abusivas. El resto, una orden de desahucio para el 12 de noviembre.

“Estamos convencidos de que esto es ilegal o, cuanto menos, dudoso”, denuncian con vehemencia desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que hace un año logró paralizar el primer intento de desahucio e iniciar negociaciones con la propiedad. La odisea en el número 1 de la calle María Guerrero, Carabanchel Bajo, comenzó al poco de desatarse la crisis inmobiliaria de 2008. La promotora del edificio, Inversiones Winner S.L., se declaró en quiebra nada más construirlo, así que tanto el bloque como la deuda millonaria que arrastraba pasaron a concurso de acreedores cuando ni siquiera había dado tiempo de registrarlo en el catastro, según el órgano sindical.

Lo curioso es que, desde entonces, un administrador de la antigua propietaria alquiló igualmente las viviendas (15 en total) a familias e inquilinos sin informales, según ellos, de la compleja situación legal que atravesaba. La antigua compañía siguió impulsando contratos y cobrando las rentas durante meses, incluso cuando ya no eran los propietarios oficiales del terreno. El pastel tardó más de una década en descubrirse. Alberto, el vecino que más tiempo lleva en el bloque, comenzó a sospechar el día que quiso empadronarse. “En administración me dijeron que la dirección que les facilitaba no se correspondía con ningún edificio de viviendas, sino con un solar”, rememora en una conversación con Somos Madrid.

Empresa privada, un concurso de acreedores y finalmente la Sareb

Sorprendido, trató de domiciliarse en varias ocasiones e incluso pidió que agentes de la Policía Municipal de Madrid se personaran en su piso para constatarlo. Hace por lo menos diez años desde que vive de alquiler en un apartamento que, actualmente, comparte con su pareja. Otro momento clave fue cuando el banco comenzó a rechazar los pagos mensuales a Inversiones Winner S.L., que hasta el pasado mes de mayo –dos años después de la venta a Sareb y más de 10 desde su quiebre– seguía firmando el cobro de sus facturas de la luz, como ha podido constatar este periódico.

“Cada cierto tiempo venía un cobrador de la empresa a revisar los pagos, Javier Bonmatí [de Cea]”, añade Alberto, que lleva unos meses sin verle por la zona aunque las últimas veces que lo hizo, según este vecino, no informó de los cambios que habían estado produciéndose en la situación legal del edificio. Javier Bonmatí de Cea fue el administrador único de Inversiones Winner S.L. desde su constitución (en 2009) hasta el 14 de enero de 2013, cuando pasa a serlo Rafael Ignacio Calvo Olmos, al que este y otros residentes del bloque dicen no reconocer.

El año pasado, los inquilinos recibieron una carta de desahucio en la que no aparecía el nombre de su arrendador habitual. La firmaba la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como la Sareb o el banco malo. Indagando descubrieron que la Sareb –una sociedad creada en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca– había adquirido en 2023 la deuda del edificio para convertirse en la nueva propietaria. Con este giro radical, los vecinos descubrieron al mismo tiempo que sus casas no aparecían en el registro y “llevaban años utilizando la luz o el agua de una obra cercana”.

Un día, sin previo aviso, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de inquilinos con 12 posibles cláusulas abusivas

Miren Beriain — Sindicato de Vivienda de Carabanchel

Los residentes insisten en que el inmueble tampoco tenía cédula de habitabilidad, un requisito no obligatorio en la Comunidad de Madrid pero sí en otras regiones. Trasladaron el caso conjuntamente al Sindicato de Vivienda de Carabanchel –se desligó únicamente el vecino de un piso–, que tomó las riendas de las negociaciones con la Sareb para las 14 viviendas restantes. “Empezaron con buen pie y logramos parar la expulsión hasta que se alcanzara un acuerdo. La sorpresa llegó cuando un día, sin previo aviso ni justificación, enviaron nuevos contratos solo para la mitad de inquilinos con hasta 12 posibles cláusulas abusivas”, destaca Miren Beriain, una de las integrantes del órgano sindical.

Fuentes de la Sareb niegan que haya una diferencia de criterio entre unos pisos y otros: en realidad, explican, esto se debe a que “no todos los vecinos colaboran por igual” o aportan la documentación requerida para regularizar su situación después de un cambio en la propiedad. “Cuando un agente ha intentado ir a hablar con ellos u obtener esa información y nadie responde o no están dispuestos a ofrecerla, no podemos dejar que se quede de manera irregular”, insisten las mismas fuentes. Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel niegan tajantemente que esta afirmación se corresponda con lo ocurrido en el bloque de María Guerrero. “Nosotros personalmente hemos mandado la documentación de todos los pisos y nunca nos han respondido. Aquí nadie ha venido a verles y, si lo han hecho, se fueron antes de cerciorarse bien”, sentencian.

Alberto fue uno de los residentes que recibió el documento, que considera “absolutamente infirmable”. Una de las exigencias que más llamó su atención fue la del pago de una bonificación, que se sumaría al precio base de la vivienda durante el primer año de contrato. En la guía de cláusulas abusivas elaborada por el movimiento Plan Sareb, un cóctel de colectivos sociales o sindicatos de vivienda que denuncian las prácticas de esta entidad, se describe este procedimiento habitual como una “argucia” del empresario para “aplicar subidas desmedidas a la renta inicial” en cada revisión anual.

Nuevas cartas de desahucio, pero solo para seis viviendas

Las distintas bonificaciones que se han exigido a cada uno de los ocho pisos que recibieron este contrato varía según cada inmueble, pero oscila entre los 40 y 90 euros mensuales como mínimo y hasta más de 200 o 300 euros en las sumas más altas, según la valoración por pisos que muestra el sindicato del distrito. “Yo crecí en esta barrio y fue por contactos en la zona que descubrí esta oferta de alquiler, por la que entré [hace una década] pagando 500 euros al mes. Pero cada vez se revaloriza más, así que intentan sacar lo máximo posible a los contratos”, reflexiona Alberto, que actualmente abona 1.200 euros por el mismo alquiler mensual, en un piso periférico de una habitación.

El viernes pasado, otros seis apartamentos en el edificio recibieron una nueva notificación de desahucio. Dejaron solo un mes de plazo y fijaron la fecha el 12 de noviembre. “Nadie nos ha explicado cuál es el criterio por el que unos tienen que irse ya y al resto los acorralan con un contrato envenenado. Parece que quisieran dividir la fuerza del bloque”, sentencia Beriain, quien asegura no haber tenido noticias de la Sareb después del último aviso. Desliza algunas hipótesis. Este año, el Gobierno central anunció la creación de una empresa estatal de vivienda a la que traspasará unos 40.000 inmuebles de la Sareb, de la que posee un 45% a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El resto pertenece a capital privado.

Liquidar activos que la Sareb no pueda traspasar al Estado

La idea del Ejecutivo es sumar esas propiedades a otras 55.000 de nueva construcción levantadas sobre 2.400 suelos públicos para hacer frente a la grave crisis habitacional que afronta el país. Sareb, que deberá ceder las viviendas voluntariamente, ha comenzado a liquidar activos que no cumplen los requisitos mínimos para el traspaso para solventar su deuda antes de 2027, cuando deberá disolverse según el mandato por el que fue creada. El Estado, avalista de Sareb, deberá asumir el coste que no hayan podido saldar una vez llegados a esa fecha.

“No me extrañaría que quieran acabar con los contratos actuales para vender el edificio o sacarle más rédito económico antes de que pasen dos años”, sugiere la portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel. Además, coincide en que los pisos que han recibido una notificación de desahucio para mediados de noviembre son “los más amplios” de todo el bloque. Por lo general, un apartamento en María Guerrero número 1 puede tener de 50 a 60 metros cuadrados de superficie y una o dos habitaciones, según cada caso.

Pero Sareb corta esta hipótesis de raíz. “Este bloque de viviendas cumple muchos criterios para estar entre los traspasados al Sepes [la Entidad Pública Empresarial de Suelo, que gestionará la futura empresa estatal de vivienda], así que es falso que estemos pensando en venderlas porque casi con seguridad las cederemos gratuitamente [al Gobierno central]”, sostienen desde la entidad de activos inmobiliarios.

Desde este momento y hasta el 12 de noviembre, fecha prevista para el desahucio de seis pisos en el bloque, la hoja de ruta para los vecinos es presionar para que haya una negociación colectiva en la que se cierren contratos sin cláusulas abusivas para todos los vecinos del bloque, no solo para unos cuantos seleccionados. Es lo que confirman fuentes del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, que subrayan las dificultades a la hora de comunicarse de forma regular con una entidad formada por decenas de empresas gestoras.

“Se les ha olvidado que un contrato es una negociación entre dos partes, y no algo que ellos puedan ofrecer sin derecho a réplica. Hemos enviado unos borradores nuevos en los que proponemos condiciones muy similares a las de una vivienda pública; al fin y al cabo, en menos de dos años muchas de sus propiedades pasarán a serlo”, añaden fuentes del órgano sindical, que tratarán de mantener la unión entre los vecinos frente a lo que consideran “una estrategia de desgaste” por parte de la Sareb. “Si el Gobierno pone tanto ímpetu en solucionar el problema de la vivienda, ¿cómo puede estar haciendo esto una empresa que es casi un 50% pública?”, se preguntan en la cuenta atrás para los desahucios.

El president Salvador Illa y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han firmado este viernes el anunciado protocolo para ceder a la Generalitat la gestión de 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que hasta hace poco pertenecían a la Sareb. En un acto en el Palau de la Generalitat, la ministra de Vivienda celebró el acuerdo y ha loado que Catalunya es la comunidad que “hace mejor el trabajo en vivienda”.

Generalitat y Estado han formalizado así el acuerdo que Illa anunció durante el debate de política general en el Parlament la semana pasada, y que contempla la cesión de la gestión a la Administración catalana de todo el patrimonio inmobiliario del llamado banco malo en Catalunya. Además de los 13.000 pisos, los 300 solares se incorporarán a la reserva pública y los inmuebles serán para usufructo de la Generalitat.

Durante el acto, Illa ha resaltado que con el acuerdo se cumple con una medida “muy deseada y reclamada” por los ayuntamientos. Y ha enumerado parte de las políticas de vivienda que ha impulsado el Govern desde el inicio de la legislatura, la principal la de construir 50.000 pisos de protección oficial antes de 2030.

“La solución pasa por la consolidación de un parque público de vivienda asequible y permanente a perpetuidad”, ha agregado la ministra, que ha señalado la necesidad de que haya rigor de las administraciones públicas para revertir los daños de anteriores crisis. Así, ha celebrado que el acuerdo alcanzado va en la dirección opuesta a la respuesta a las anteriores crisis para consolidar el parque público: “Hemos aprendido de los errores”.

“Catalunya lidera el cambio para que el resto de autonomías vayan en esta línea y sigan su directriz”, ha indicado Rodríguez, que también ha celebrado “la alineación de las políticas” entre ambas administraciones.

Según el acuerdo alcanzado, los 300 solares se incorporarán a la reserva pública en los próximos 75 años. En el caso de las viviendas, la Generalitat ostentará su gestión durante los próximos cuatro años –prorrogables–, aunque el Departamento apunta que este plazo puede estar sujeto a cambios. Todos estos inmuebles pasarán a ser vivienda protegida permanente dedicada a alquiler asequible.

Asimismo, remarcaron que el modelo está abierto a otras comunidades autónomas con capacidad para la cogestión del parque estatal y que estén interesadas en intervenir en el mercado de la vivienda “desde todos los frentes”.

Aquest 6 d'octubre havia de complir-se el termini establert per a la subhasta pública que posaria en venda els 56 pisos de l'edifici situat a l'Avinguda Verge del Toro, en el municipi d'Alaior, al ple centre de Menorca, que sortiria a la venda després de la fallida de la promotora que va construir l'immoble. No obstant això, el jutjat número 3 de Maó ha decidit suspendre la subhasta a causa de “deficiències físiques i jurídiques” en el procediment, segons ha informat el tribunal. Consultat per elDiario.es, el personal del jutjat no ha precisat quines deficiències són ni quan es reiniciarà el procés de subhasta.

Des de fora, l'edifici sembla simplement un altre bloc més en una afable i tranquil·la localitat menorquina, però darrere de cada porta i cada escala hi ha una família en suspens des que, en 2019, la promotora de l'edifici, Mussola y Bitácora Asociados, entrés en fallida deixant un deute de gairebé 12,3 milions d'euros –segons ha reclamat en l'execució hipotecària la SAREB–. Sis anys després de la fallida de l'empresa, el jutjat va dictar una sentència el passat 7 de març en la qual nega als inquilins el dret a romandre en els pisos després de la subhasta de l'immoble, tot i que tots ells compten amb contractes d'arrendament i estan, segons les seves pròpies paraules, “religiosament al dia en el pagament”. “El jutjat diu que els contractes no són vàlids”, van denunciar els afectats en un reportatge publicat a elDiario.es poc després de la sortida d'aquella decisió judicial que els deixaria en suspens. Ara, després de la suspensió de la subhasta, hauran de prolongar sine die l'espera per a conèixer qui serà el nou propietari de l'immoble. Algú que podria –o no– expulsar-los de les seves llars.

Laura (nom fictici) viu en la planta baixa des de 2023. Va arribar al pis il·lusionada amb la idea de tenir, per fi, un lloguer a Menorca que li permetés “una mica de pau” en els seus anys de jubilació, segons diu. “Ara em trobo en aquesta situació i no deixo de preguntar-me: si Mussola y Bitácora va entrar en fallida en 2019, per què Balearic em va llogar el pis, si sabia que la promotora ja havia fet fallida? Això és simplement obrar de mala fe”, es pregunta. L'afectada assenyala el rol de l'empresa immobiliària Balearic Consulting International, designada per l'extinta promotora com a intermediària i responsable de cobrar els lloguers dels arrendataris. L'empresa, segons consta en la resolució del jutjat, té –des d'abans de la fallida de la promotora– potestat per a subarrendar els pisos. La pregunta de Laura és la mateixa que es fan tots els veïns que, com ella, fa pocs anys que viuen al bloc. Malgrat els intents d'aquest mitjà per contactar amb l'extinta Mussola y Bitácora, així com amb Balearic Consulting, cap de les empreses ha volgut fer declaracions.

Hi ha altres veïns que fa més temps que viuen a l'edifici, encara que també sospiten de la mala fe de promotors i immobiliàries. Un d'ells és Max. Fa cinc anys va llogar un primer pis amb balcó i insisteix que, com Laura, ell també estava “feliç en haver trobat un lloc a Menorca amb contracte assequible i per diversos anys”. Una felicitat que, en cobrar una pensió d'autònom, li donava “una mica de tranquil·litat” per a la seva economia digna –però fràgil– de jubilat. Fanny, la seva veïna, compta en diàleg amb elDiario.es que ella també es va alegrar quan va trobar, fa diversos anys, el pis que ara no sap quant temps podrà habitar. “En el seu moment vaig signar per deu anys. Ara fa un any que cerco casa i no trobo res que baixi dels 1.000 o 1.000 euros”, lamenta. També sosté que és “impossible trobar pis perquè en aquesta illa les possibilitats de treballar tot l'any són escasses i súper precàries”.

En el seu moment vaig signar per deu anys. Ara fa un any que cerco casa i no trobo res que baixi dels 1.000 o 1.000 euros

Fanny — Veïna afectada

La SAREB o l'espasa de Dàmocles

Una possibilitat remota, però plausible, i no exempta dels rigors de la burocràcia, és que sigui SAREB qui adquireixi finalment l'immoble. Un fet que permetria que la majoria de veïns poguessin romandre a les seves cases i la intenció de la qual fonts de l'organisme han confirmat a aquest mitjà. De guanyar la licitació en la subhasta –que ara com ara es troba suspesa–, el “banc dolent” podria accedir a la propietat de l'edifici i estudiaran, “cas per cas”, els contractes dels inquilins. Malgrat aquesta possibilitat, penja sobre els caps dels habitants de l'Avinguda Verge del Toro la resolució del jutjat número 3 de Maó, el fonament de la qual emana d'una sentència del Tribunal Suprem de l'any 2020, segons la qual “els contractes de lloguer d'habitatge que no s'hagin inscrit en el registre de la propietat i l'immoble de la qual es trobi sota execució hipotecària seran extingits, sigui qui sigui l'adjudicatari”.

De guanyar la licitació en la subhasta que finalitza en els pròxims dies, el “banc dolent”, la SAREB, podria accedir a la propietat de l'edifici i estudiaran “cas per cas” els contractes dels inquilins

Per part seva, els veïns al·leguen que aquesta interpretació omet “diverses sentències del Tribunal Constitucional, segons les quals aquest procediment no pot habilitar un desallotjament, ja que es tracta d'una peça separada de la llei d'execució hipotecària”. Sigui com sigui, i més enllà de les interpretacions legals, des de SAREB sostenen que hi ha una condició perquè els inquilins –alguns dels quals porten gairebé una dècada vivint en els seus domicilis– puguin continuar habitant l'immoble. Aquesta condició és que acreditin la seva “vulnerabilitat o risc d'exclusió”, per a això han de presentar el que alguns a l'edifici ja nomenen com a “certificats de pobresa”.

“Aquí la vulnerabilitat està més que acreditada pel simple fet que, si no visc en aquest pis, em vaig al carrer. I, com jo, gairebé tots els veïns”, explica Eva, qui fa cinc anys que viu a l'edifici. Per part seva, Rosa comenta: “Tinc el 33% de discapacitat i estic malalta d'esclerosi múltiple. Tot aquest estrès de no saber si podré continuar vivint aquí no em fa bé, estic ansiosa des de fa mesos”. Mentrestant, es pregunta per què l'Ajuntament d'Alaior encara no ha instrumentat els protocols necessaris per a certificar l'evident: que els veïns de Verge del Toro es troben en risc de vulnerabilitat i exclusió social. Alguns per motius de salut, uns altres per motius econòmics, uns altres per circumstàncies socials. Tots per una realitat concreta: si no continuen a les seves cases, se'n van al carrer.

L'Ajuntament o esperant Godot

Després d'una recent reunió mantinguda amb els veïns, l'alcalde d'Alaior, Josep Lluís Benejam (PP), ha declarat que “en cas que la SAREB adquireixi l'immoble” els gestors de l'anomenat banc dolent “visitaran els habitatges de l'edifici per a conèixer de primera mà la situació dels residents”. Segons ha assenyalat l'edil, els inspectors recaptaran informació “cas per cas” per a analitzar l'entorn social i econòmic de cada bloc de pisos, per això ha sol·licitat als veïns “la seva col·laboració en el procés”. “Que proporcionin les seves dades i donin accés als habitatges perquè la SAREB pugui avaluar correctament les situacions particulars”, ha dit. Els veïns, per part seva, sospiten que es tracta d'una maniobra política: “Vol adjudicar-se una gestió que no li correspon. Si hi ha hagut algun diàleg amb la SAREB ha estat exclusivament per la pressió dels veïns organitzats que, insisteixo, tenim clar que d'aquí no ens treu ningú”.

Després de conèixer-se la suspensió de la subhasta, elDiario.es ha contactat amb fonts de l'Ajuntament: “No podem aportar res fins que es resolguin les deficiències de la subhasta. Estem a l'espera que torni a posar-se en marxa i de rebre notícies per part del jutjat, però, de moment, no podem afegir molt més. Mantenim un contacte permanent amb els veïns, amb la SAREB, amb el Ministeri d'Habitatge i amb la Direcció Insular de l'Administració General de l'Estat”.

En el terreny local, el cas de Verge del Toro ha suscitat el suport i la solidaritat d'un ampli ventall d'organitzacions socials, veïnals i polítiques. El diputat autonòmic del PSOE per Menorca, Marc Pons, va exigir al Govern durant la seva última compareixença en el Parlament la necessitat de modificar el reglament de l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), controlat pel Govern, perquè l'organisme pugui exercir dret a tanteig i retracte quan existeixi risc d'exclusió social acreditat per a inquilins a punt de ser desallotjats. En aquest sentit es pronuncia Rosa en diàleg amb elDiario.es: “Sabem que, per exemple, a Eivissa, l'IBAVI ha intervingut per a destinar part del parc d'habitatge públic per a policies i guàrdies civils. Nosaltres aquí paguem tots els mesos el nostre lloguer, haurien de tenir-nos la mateixa consideració, o no?”.

Sabem que, per exemple, a Eivissa, l'IBAVI ha intervingut per a destinar part del parc d'habitatge públic per a policies i guàrdies civils. Nosaltres aquí paguem tots els mesos el nostre lloguer, haurien de tenir-nos la mateixa consideració, o no?

Rosa — Veïna afectada

L'assumpte de l'edifici de Verge del Toro ha escalat políticament fins al Congrés dels Diputats, on la secretària general de Podemos, Ione Belarra, s'ha fet ressò de les demandes dels veïns. “Més de la meitat de les famílies que resideixen en Verge del Toro es troben en situació de vulnerabilitat. Resulta imprescindible que les administracions públiques implementin les mesures necessàries per a assegurar que les famílies residents no es vegin obligades a abandonar les seves llars”, va assenyalar la dirigent durant la seva intervenció en el ple del Congrés durant la qual va reclamar la compareixença de la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, per a saber quines mesures implementarà per a evitar el desallotjament de l'edifici.

Subhasta ve del llatí, sub - hasta, “sota la llança”. És una paraula que remet a un ritual romà en el qual els vencedors, els poderosos, es repartien el botí dels vençuts, sota una panòplia d'armes conquistades. En les setmanes pròximes, gairebé 60 famílies d'Alaior sabran si els seus habitatges queden en mans d'algun inhòspit grup d'empresaris que destinin Verge del Toro al lloguer turístic o si, per contra, per una vegada, el sentit comú s'imposa a la lògica bèl·lica i rapinyaire del mercat, i tots ells poden continuar vivint a les seves cases.

Este 6 de octubre debía cumplirse el plazo establecido para la subasta pública que pondría en venta los 56 pisos del edificio situado en la Avenida Virgen del Toro, en el municipio de Alaior, en pleno centro de Menorca, que saldría a la venta tras la quiebra de la promotora que construyó el inmueble. Sin embargo, el juzgado número 3 de Maó ha decidido suspender la subasta debido a “deficiencias físicas y jurídicas” en el procedimiento, según ha informado el tribunal. Consultado por elDiario.es, el personal del juzgado no ha precisado qué deficiencias son ni cuándo se reiniciará el proceso de subasta. 

Desde fuera, el edificio parece simplemente otro bloque más en una apacible y tranquila localidad menorquina, pero detrás de cada puerta y cada escalera hay una familia en vilo desde que, en 2019, la promotora del edificio, Mussola y Bitácora Asociados, entrara en quiebra dejando una deuda de casi 12,3 millones de euros –según ha reclamado en la ejecución hipotecaria la SAREB–. Seis años después de la quiebra de la empresa, el juzgado dictó una sentencia el pasado 7 de marzo en la que niega a los inquilinos el derecho a permanecer en los pisos después de la subasta del inmueble, a pesar de que todos ellos cuentan con contratos de arrendamiento y están, según sus propias palabras, “religiosamente al día en el pago”. “El juzgado dice que los contratos no son válidos”, denunciaron los afectados en un reportaje publicado en elDiario.es poco después de la salida del aquel fallo judicial que los dejaría en vilo. Ahora, tras la suspensión de la subasta, deberán prolongar sine die la espera para conocer quién será el nuevo propietario del inmueble. Alguien que podría –o no– expulsarlos de sus hogares.

Laura (nombre ficticio) vive en la planta baja desde 2023. Llegó al piso ilusionada con la idea de tener, por fin, un alquiler en Menorca que le permitiera “algo de paz en sus años de jubilación”, según cuenta. “Ahora me encuentro en esta situación y no dejo de preguntarme: si Mussola y Asociados entró en quiebra en 2019, ¿por qué Balearic me alquiló el piso, si sabía que la promotora ya había quebrado? Eso es simplemente obrar de mala fe”, se pregunta. La afectada señala el rol de la empresa inmobiliaria Balearic Consulting International, designada por la extinta promotora como intermediaria y responsable de cobrar los alquileres de los arrendatarios. La empresa, según consta en el fallo del juzgado, tiene –desde antes de la quiebra de la promotora– potestad para subarrendar los pisos. La pregunta de Laura es la misma que se hacen todos los vecinos que, como ella, llevan pocos años en el bloque. A pesar de los intentos de este medio por contactar con la extinta Bitácora y Mussola, así como con Balearic Consulting, ninguna de las empresas ha querido hacer declaraciones.

Hay otros vecinos que llevan más tiempo en el edificio, aunque también sospechan de la mala fe de promotores e inmobiliarias. Uno de ellos es Max. Lleva cinco años alquilando un primer piso con balcón, e insiste en que, como Laura, él también estaba “feliz al haber encontrado un sitio en Menorca con contrato asequible y por varios años”. Una felicidad que, al cobrar una pensión de autónomo le daba “algo de tranquilidad” para su economía digna –pero frágil– de jubilado. Fanny, su vecina, cuenta en diálogo con elDiario.es que ella también se alegró cuando encontró, hace varios años, el piso que ahora no sabe cuánto tiempo podrá habitar. “En su momento firmé por diez años. Ahora llevo un año buscando casa y no encuentro nada que baje de los mil euros”, lamenta. También sostiene que es “imposible encontrar piso porque en esta isla las posibilidades de trabajar todo el año son escasas y súper precarias”. 

En su momento firmé por diez años. Ahora llevo un año buscando casa y no encuentro nada que baje de los 1.000 o 1.500 euros

Fanny — Vecina afectada

La SAREB o la espada de Damocles

Una posibilidad remota, pero plausible, y no exenta de los rigores de la burocracia, es que sea SAREB quien adquiera finalmente el inmueble. Algo que permitiría que la mayoría de vecinos pudieran permanecer en sus casas y cuya intención fuentes del organismo han confirmado a este medio. De ganar la puja en la subasta –que por ahora se halla suspendida–, el “banco malo” podría acceder a la propiedad del edificio y estudiarán, “caso por caso”, los contratos de los inquilinos. A pesar de esta posibilidad, pende sobre las cabezas de los habitantes de la Avenida Virgen del Toro el fallo del juzgado número 3 de Maó, cuyo fundamento emana de una sentencia del Tribunal Supremo del año 2020, según la cual “los contratos de alquiler de vivienda que no se hayan inscrito en el registro de la propiedad y cuyo inmueble se encuentre bajo ejecución hipotecaria serán extinguidos, sea quien sea el adjudicatario”.

De ganar la puja en la subasta que finaliza en los próximos días, el “banco malo”, la SAREB, podría acceder a la propiedad del edificio y estudiarán “caso por caso” los contratos de los inquilinos

Por su parte, los vecinos alegan que esta interpretación omite “varias sentencias del Tribunal Constitucional, según las cuales este procedimiento no puede habilitar un desalojo, ya que se trata de una pieza separada de la ley de ejecución hipotecaria”. Sea como fuere, y más allá de las interpretaciones legales, desde SAREB sostienen que hay una condición para que los inquilinos –algunos de los cuales llevan casi una década viviendo en sus domicilios– puedan seguir habitando el inmueble. Esa condición es que acrediten su “vulnerabilidad o riesgo de exclusión”, para lo cual deben presentar lo que algunos en el edificio ya nombran como “certificados de pobreza”.

“Aquí la vulnerabilidad está más que acreditada por el simple hecho de que, si no vivo en este piso, me voy a la calle. Y, como yo, casi todos los vecinos”, explica Eva, quien lleva cinco años en el edificio. Por su parte, Rosa comenta: “Tengo el 33% de discapacidad y estoy enferma de esclerosis múltiple. Todo este estrés de no saber si voy a poder seguir viviendo aquí no me hace bien, estoy ansiosa desde hace meses”. Mientras, se pregunta por qué el Ayuntamiento de Alaior aún no ha instrumentado los protocolos necesarios para certificar lo evidente: que los vecinos de Verge del Toro se encuentran en riesgo de vulnerabilidad y exclusión social. Algunos por motivos de salud, otros por motivos económicos, otros por circunstancias sociales. Todos por una realidad concreta: si no siguen en sus casas, se van a la calle.

El Ayuntamiento o esperando a Godot

Tras una reciente reunión mantenida con los vecinos, el alcalde de Alaior, Josep Lluís Benejam (PP), ha declarado que “en caso de que la SAREB adquiera el inmueble” los gestores del llamado banco malo “visitarán las viviendas del edificio para conocer de primera mano la situación de los residentes”. Según ha señalado el edil, los inspectores recabarán información “caso por caso” para analizar el entorno social y económico de cada bloque de pisos, para lo cual ha solicitado a los vecinos “su colaboración en el proceso”. “Que proporcionen sus datos y den acceso a las viviendas para que la SAREB pueda evaluar correctamente las situaciones particulares”, ha dicho. Los vecinos, por su parte, sospechan que se trata de una maniobra política: “Quiere adjudicarse una gestión que no le corresponde. Si ha habido algún diálogo con la SAREB ha sido exclusivamente por la presión de los vecinos organizados que, insisto, tenemos claro que de aquí no nos saca nadie”.

Tras conocerse la suspensión de la subasta, elDiario.es ha contactado con fuentes del Ayuntamiento: “No podemos aportar nada hasta que se resuelvan las deficiencias de la subasta. Estamos a la espera de que vuelva a ponerse en marcha y de recibir noticias por parte del juzgado, pero, por el momento, no podemos añadir mucho más. Mantenemos un contacto permanente con los vecinos, con la SAREB, con el Ministerio de Vivienda y con la Dirección Insular de la Administración General del Estado”.

En el terreno local, el caso de Verge del Toro ha suscitado el respaldo y la solidaridad de un amplio abanico de organizaciones sociales, vecinales y políticas. El diputado autonómico del PSOE por Menorca, Marc Pons, exigió al Govern durante su última comparecencia en el Parlament la necesidad de modificar el reglamento del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), controlado por el Govern, para que el organismo pueda ejercer derecho a tanteo y retracto cuando exista riesgo de exclusión social acreditado para inquilinos a punto de ser desalojados. En ese sentido se pronuncia Rosa en diálogo con elDiario.es: “Sabemos que, por ejemplo, en Eivissa, el IBAVI ha intervenido para destinar parte del parque de vivienda pública para policías y guardias civiles. Nosotros aquí pagamos todos los meses nuestro alquiler, deberían tenernos la misma consideración, ¿o no?”.

Sabemos que, por ejemplo, en Eivissa, el Institut Balear De La Vivienda ha intervenido para destinar parte del parque de vivienda pública para policías y guardias civiles. Nosotros aquí pagamos todos los meses nuestro alquiler, deberían tenernos la misma consideración ¿o no?

Rosa — Vecina afectada

El asunto del edificio de Verge del Toro ha escalado políticamente hasta el Congreso de los Diputados, donde la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha hecho eco de las demandas de los vecinos. “Más de la mitad de las familias que residen en Verge del Toro se encuentran en situación de vulnerabilidad. Resulta imprescindible que las administraciones públicas implementen las medidas necesarias para asegurar que las familias residentes no se vean obligadas a abandonar sus hogares”, señaló la dirigente durante su intervención en el pleno del Congreso durante la que reclamó la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para saber qué medidas implementará para evitar el desalojo del edificio.

Subasta viene del latín, sub - hasta, “debajo de la lanza”. Es una palabra que remite a un ritual romano en el que los vencedores, los poderosos, se repartían el botín de los vencidos, debajo de una panoplia de armas conquistadas. En las semanas próximas, casi 60 familias de Alaior sabrán si sus viviendas quedan en manos de algún inhóspito grupo de empresarios que destinen Verge del Toro al alquiler turístico o si, por el contrario, por una vez, el sentido común se impone a la lógica bélica y rapaz del mercado, y todos ellos pueden seguir viviendo en sus casas. 

Khaoula retira una losa del suelo de su casa y se asoma al vacío. No es una grieta ni una hendidura pequeña: es un agujero que da directamente a la vivienda de abajo, a varios metros de altura. El techo del piso inferior se desplomó hace semanas, y el suelo que ella pisa, donde juegan sus hijos, donde cocinan, donde duermen todos juntos, ya no es más que una superficie temblorosa. Por eso, los seis miembros de su familia duermen desde hace meses en el mismo salón, apiñados entre colchones y cajas, con la esperanza de que ese trozo de casa aguante.

Las catas técnicas que han hecho en las vigas para evaluar el estado del edificio han abierto nuevas vías de entrada para las cucarachas, que emergen por las noches, cruzan las habitaciones y se enredan entre las cabezas de sus hijos mientras duermen. Más de una vez, de madrugada, uno de los niños se ha despertado sobresaltado. “Mamá, esto no es una casa, esto es un infierno”.

El edificio, en el número 19 de la calle Javier de Burgos, en pleno casco histórico de Cádiz, está en ruinas. Pero en lugar de estar desalojado, sigue habitado por cinco familias. Allí viven niños, ancianos, madres solas... Todos con contratos de alquiler legal, todos pagando una renta mensual a pesar del derrumbe físico, y emocional, que hay alrededor.

Khaoula Ben vive con su marido y sus cuatro hijos, de entre 5 y 14 años. Llegaron hace años y su casa ha ido deteriorándose sin que el propietario primigenio, ni ahora la Sareb, hayan hecho nada por reparar o cuidar de ese inmueble. Cada día que pasa en la casa es como una coreografía del miedo: suben por escaleras resquebrajadas, cruzan pasillos con cables colgando y losas frágiles, esquivan humedades y charcos cuando llueve. En invierno, el agua se cuela por las paredes como una corriente subterránea. Ha habido ratas, malos olores y plagas de cucarachas que aparecen como un ejército. “Una noche mi hija se despertó gritando. Le había entrado una cucaracha en el pelo. ¿Cómo se le explica a un niño que tiene que dormir en medio de eso?”, se pregunta.

El edificio es propiedad de la Sareb, el llamado “banco malo”, que lo adquirió tras un proceso de embargo y cuya intervención ha sido tardía. Solo cuando su caso empezó a hacerse público. Desde la sociedad lamentan el estado de la vivienda, han ofrecido un realojo, y se ha limpiado la finca y empezado unas catas técnicas para analizar el estado del edificio, que es lo que les ha generado que tengan unos agujeros en el techo por donde entran cucarachas.

La Asociación Proderechos Humanos y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz denunciaron públicamente hace semanas este caso tan flagrante de infravivienda, en el que se vulneran a diario derechos básicos. Es más grave porque no depende de la voluntad de un privado, sino de una sociedad con capital público, que, según estos colectivos, no debería permitir que en un edificio de su propiedad malviviesen de esta manera ni adultos ni ocho menores de edad. Por eso en las calles aledañas cuelgan carteles y pancartas pidiendo una solución urgente.

La única alternativa ofrecida por ahora ha sido una vivienda en San Fernando, también propiedad de la Sareb. Khaoula la ha visitado. La vivienda es nueva, pero es muy pequeña para los seis miembros de la familia. Tiene dos habitaciones. Además de la falta de espacio, el cambio implicaría abandonar su barrio, el colegio de los niños, su trabajo. Khaoula trabaja como auxiliar a domicilio, con turnos muy ajustados y personas mayores que dependen de su puntualidad. Un traslado a otra ciudad haría imposible que mantuviera ese empleo. “Una de las abuelas que cuido necesita sus pastillas por la mañana. Si yo llego tarde, ¿quién se hace cargo de eso?”.

El Ayuntamiento de Cádiz les ha instado a marcharse, a aceptar esa casa en San Fernando. Se ha ofrecido a pagarles un bonobús. No puede proponerles una casa de realojo porque, por delante de ellos, hay numerosas familias gaditanas en una lista de espera. Para la oposición, especialmente para Adelante Izquierda Gaditana, la solución municipal del gobierno de Bruno García (PP) es “ofensiva”.

Las familias no se niegan a salir. Se niegan a ser desplazadas sin garantías. “No nos dan nada por escrito. Nos dicen que es algo provisional, pero no sabemos si volveremos, ni cuándo. Solo palabras. Yo he pedido una cosa muy sencilla: que si tenemos que irnos, que sea con un papel que lo diga, con fechas claras, con una solución digna. Pero hasta ahora todo es aire”. Khaoula ha llamado decenas de veces a los técnicos, a Urbanismo, a los responsables de la Sareb. “Si no llamo yo, nadie se entera de nada. Estamos siempre a la espera, como si no existiéramos”.

Mientras tanto, la finca sigue deteriorándose. Los técnicos han hecho inspecciones, pero los vecinos dudan de los informes. “Nos dijeron que iban a venir con el arquitecto, que iban a mirar las vigas, pero después nos dicen que ya tienen la evaluación hecha. ¿Cómo? ¿Si nadie ha entrado todavía?”. Los puntales que deberían reforzar los techos se retrasan. Los escombros aún no han sido retirados del todo. La rehabilitación no ha comenzado, y el plazo inicial que se manejaba —entre nueve meses y un año— ya ha sido desmentido por los propios operarios. “Este edificio necesita, al menos, dos años y medio, tres, quizás más”, les han dicho los obreros que han ido pasando por allí.

Y mientras todo eso se dilata de forma infinita, la vida en el número 19 sigue siendo una ruleta. Khaoula recuerda el día en que el techo falso del dormitorio bajo el de sus hijos cayó de golpe. “Pensé que era un terremoto. El estruendo fue brutal. Salimos todos corriendo. Los niños lloraban. Nos metimos todos en el salón, por miedo. Desde entonces no dormimos separados”.

A pesar del miedo, a pesar del desgaste, nadie se ha rendido. Las vecinas se han organizado, han hecho públicas sus denuncias, han acudido a plataformas, han exigido al Ayuntamiento que actúe. Han repetido que no quieren privilegios, que no piden caridad. Solo justicia. Solo un lugar seguro donde criar a sus hijos, donde poder descansar por las noches sin sobresaltos. Donde la infancia no se viva como una amenaza continua, donde una casa no sea el infierno para un niño. Khaoula no desea milagros ni le gusta hablar de una vida soñada. “Es que yo no quiero soñar, yo quiero que se cumpla un derecho básico. Yo quiero una casa digna”.

La Sareb, el conocido como 'banco malo' que se creó en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca, ingresó en 2024 un total de 3.060 millones de euros, con los que ha podido amortizar 1.230,3 millones de esa parte del rescate bancario. Según las cuentas de la entidad, aprobadas por la junta de accionistas, se trata de unos ingresos “récord”, que suponen un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, pero que no salvan a la compañía del pozo de números rojos en el que lleva años inmerso. En el último año ha sumado pérdidas por 2.826 millones, un 28,6% más que en 2023.

El banco malo arrancó en 2012 con una deuda senior de 50.781 millones de euros, avalada por el Estado, y el mandato de deshacerse de todos los activos tóxicos procedentes de las cajas de ahorro que recibieron ayudas públicas durante la crisis financiera. El objetivo era vender esas casas, locales o solares para repagar la deuda, pero hace tiempo que la compañía ha asumido que no podrá devolver toda la deuda antes de 2027, porque sus activos se tasaron muy por encima de su valor real actual.

Según los últimos datos, hasta marzo de 2025, Sareb había repagado el 44,5% de la deuda, unos 28.183 millones de euros. Quedan pendientes 22.598 millones, de los que el Estado es avalista y que, previsiblemente, deberá asumir en 2027. De hecho, en 2021, Europa obligó a España a incluir al banco malo en sus cuentas, lo que elevó la deuda pública en 35.000 millones.

A principios de 2022, el Estado se hizo con más del 50% de su capital, tomando el control de la entidad. Ese año, a la actividad desinversora se le sumó un mandato social, que ha revertido en 9.000 alquileres sociales aprobados en 2024. El 1 de julio, el Consejo de Ministros aprobó la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahroa vamos a devolver a la gente”, aseguró la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez. Aunque se habló de una “donación”, ese paquete, que incluye suelos y está valorado en 5.900 millones de euros, no podrá venderse y, por tanto, reducir la deuda avalada por el Estado.

En 2024, Sareb ingresó 1.753 millones por la venta de activos inmobiliarios, un 6% más que el año anterior, lo que atribuye a “la buena marcha de las ventas de activos terciario y obras paralizadas”. En total, el año pasado vendió 8.900 viviendas particulares, una actividad que en 2025 se paralizó tras la decisión de la junta de accionistas el 20 de marzo, tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero, de su intención de destinar estos activos al parque público de vivienda.

En el apartado de desarrollo inmobiliario, ingresó 588 millones de euros. Aquí se incluyen los 414 millones de su promotora Árqura Homes, que se creó para construir y comercializar promociones en aquellos suelos propiedad de la Sareb y a los que no se daba salida. En 2024, la promotora entregó 1.650 viviendas, frente a las 1.620 del año anterior.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la cesión a la nueva empresa pública de vivienda de 40.000 inmuebles de la Sareb, el conocido como banco malo, para ponerlos “a disposición de la ciudadanía en forma de alquiler asequible” de forma “urgente y estratégica”. Este traspaso responde a la intención de levantar, en torno a la Entidad Pública del Suelo (Sepes), una empresa estatal, con capacidad de promover y construir vivienda a precio asequible, tanto para venta como para alquiler.

“Se trata de poner a disposición de la ciudadanía estas viviendas en forma de alquiler asequible, por debajo del precio de mercado y, en ningún caso, superando el 30% de los ingresos de las familias”, ha desarrollado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que ha incidido en que “lo que sirvió para rescatar a los bancos, hoy sirve para rescatar a las familias”. En concreto, el Ejecutivo ha hecho una evaluación de los activos de la Sareb para comprobar “cuáles pueden estar lo antes posible” en alquiler.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anunciado en enero su intención de incorporar a esta nueva empresa pública decenas de miles de viviendas de la Sareb. “Es una bolsa de inmuebles que se financió con dinero público y que ahora vamos a devolver a la gente”, afirmó entonces. Bajo esa premisa, la de recuperar “las casas que nunca debimos perder”, el Ministerio de Vivienda lleva meses trabajando en este cambio de titularidad con el “objetivo prioritaro” de “reconstruir el parque público de vivienda”. “Entre salvar a los bancos o salvar a las familias, nuestro modelo es lo público, salvar a las familias”, ha destacado Rodríguez.

La Sareb se constituyó en 2012, en el contexto del rescate bancario, que costó a los contribuyentes unos 50.000 millones de euros, y tenía el objetivo de deshacerse de los inmuebles y suelos a los que los bancos no podían dar salida tras miles de desahucios. En 2022, el Gobierno incluyó en su mandato una función social, a través de la cual se han firmado más de 7.700 contratos de alquiler social, según los datos del Ministerio.

Con el traspaso aprobado este martes en el Consejo de Ministros, la empresa pública de vivienda sumará más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos, con capacidad para que se edifiquen sobre ellos otras 55.000 viviendas. Según los cálculos del Ministerio, este lote tendría un valor estimados de 5.900 millones de euros. El cambio de titularidad se hace, ha dicho Rodríguez, sin coste para el Estado, a través de “una donación, primero a Patrimonio del Estado y después a la empresa pública de vivienda y suelo”.

Vivienda lleva meses perfilando esta acción, con el objetivo de que las casas y suelos que se transfieran sean útiles ante la crisis residencial que asola al país. En concreto, desde la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos se han establecido criterios geográficos, como que estén ubicadas en municipios de las áreas metropolitanas y las islas, con poblaciones superiores a los 5.000 habitantes o de más de 1.000 pero con crecimientos de más del 5% en la última década; económicos, como todas aquellas de hasta 85 metros cuadrados y de hasta 150, si el valor de tasación no supera en un 40% el de la estadística de valor tasado de vivienda; y técnicos, como que los inmuebles no presenten patologías estructurales.

Además, el Gobierno ha habilitado a la empresa pública 593 millones de euros para adecuar estas viviendas, desarrollar los suelos adquiridos y continuar con las compras en marcha para, ha dicho Rodríguez, “conformar ese parque público de vivienda” con carácter permanente.

Aquest divendres estava previst el desnonament d'Encarna M., una veïna del municipi d'Alaior (Menorca) que, malgrat trobar-se al corrent de pagament i comptar amb diversos informes de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, ha estat a punt de ser desallotjada per la SAREB, després que l'immoble on viu fa anys quedés en mans del “banc dolent”. Després de conèixer-se la sentència, ha assenyalat a elDiario.es que es tracta d'una “victòria de tots els veïns organitzats en defensa de l'habitatge” i ha subratllat la importància de “resistir junts i apostar pels espais col·lectius”.

Segons ha assegurat a aquest periòdic, Encarna ha viscut un calvari en els últims dos anys intentant que es respectés la validesa del seu contracte, després que l'empresa promotora del pis que habita al carrer Ramal 79 anés a la fallida i els apartaments que gestionava passessin a ser propietat de SAREB. “Des que l'empresa va entrar en embargament hipotecari, jo he pagat religiosament el lloguer en un compte judicial habilitat, estic al corrent de pagament i tinc un contracte vigent, no tenien ni tenen dret a tirar-me d'aquí”, ha expressat l'afectada visiblement emocionada.

El drama de l'accés a l'habitatge digne i assequible a Menorca afecta cada vegada a més persones i, des de fa alguns mesos, el cas d'Encarna, aquesta infermera oriünda de Sogorb i establerta a l'illa des de fa més de deu anys, s'ha convertit en un símbol de les conseqüències socials d'aquesta crisi. “Soc personal de salut, pago els meus impostos, pago el lloguer, he presentat cinc informes a la SAREB de la meva situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, he parlat amb serveis socials, amb regidors i, fins i tot, amb diputats de diferents forces per a intentar evitar aquest desnonament”, explica l'afectada. Reconeix estar alleujada per la suspensió del llançament, però subratlla que és “trist haver d'arribar a pensar a encadenar-te a la porta de la teva casa amb gairebé seixanta anys per a defensar el teu dret a dormir en un sofà-llit”, compta en relació al pis de tot just 60m2 que comparteix amb un dels seus fills.

Encarna viu en un pis de tot just 60m2 que comparteix amb un fill i assegura que és 'trist haver d'arribar a pensar a encadenar-te a la porta de la teva casa amb gairebé seixanta anys per a defensar el teu dret a dormir en un sofà-llit'

Fonts de la SAREB consultades per elDiario.es han subratllat la importància de l'articulació amb els serveis socials de l'Ajuntament d'Alaior per a “acreditar la situació de vulnerabilitat” d'Encarna i avançar en un lloguer social amb acompanyament en el mateix pis que habita l'afectada. “Nosaltres estem obligats a denunciar quan rebem un pis que ve d'una situació irregular, però, després d'acreditar la situació de la inquilina, sol·licitem formalment al jutjat que detingués el llançament per a poder negociar un nou contracte bonificat i amb acompanyament per a la persona en situació de vulnerabilitat”, expliquen.

Per part seva, veïns de la Plataforma Menorca per l'Habitatge, de la qual forma part Encarna, assenyalen que els informes de vulnerabilitat van ser enviats fins a cinc ocasions i mai tinguts en compte per SAREB. “Va haver-hi una altra data de llançament abans d'aquesta i la d'avui s'ha detingut sobre l'hora. Nosaltres romanem alerta. El tema no està resolt”, han subratllat els activistes.

“Estem pròxims al col·lapse”

Encarna va arribar en 2013 a Alaior pràcticament sense res i amb els seus tres fills a càrrec, totalment sola després que la seva exparella desaparegués sense deixar rastre. Durant un temps va treballar com a cambrera de pis, com a cuinera en diversos restaurants i en empreses de neteja en col·legis, oficines i cases particulars. “Al principi van ser anys molt difícils, vam haver de demanar ajuda a Càritas i Creu Roja perquè no arribàvem”, recorda en diàleg amb elDiario.es.

Amb els últims efectes de la recessió en 2008 després de l'esclat de la bombolla immobiliària i havent complert cinquanta anys, Encarna va decidir dedicar alguna cosa del seu poc temps lliure a estudiar un grau superior en farmàcia. “Després de transitar per treballs ocasionals, vaig acabar en la Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca. Jo tinc dues operacions, una en la columna i una altra en la clavícula, que m'impedeixen treballar normalment. Tinc reconegut un 51% de discapacitat”, compta i afegeix que, malgrat aquestes circumstàncies, va decidir “continuar endavant”. “Em vaig animar a estudiar el Grau en Infermeria i actualment treball com a personal de salut, encara que haig de reconèixer, tristament, que la precarietat i les males condicions del sector moltes vegades em fan plantejar-me tornar a l'hostaleria o a netejar cases”, reflexiona.

Encarna porta amb si dues bosses de roba grans on acumula la suma de tots els expedients, papers, burofaxos, avisos, notificacions, cartes i documents que proven el calvari d'aquests últims dos anys passejant per oficines, ajuntaments i jutjats. En una llibreta amb les tapes color verd té detallades les dates més importants. “El 30 de novembre de 2018 ens mudem a la casa del carrer Ramal amb els meus tres fills. Atapeïts, però feliços de tenir un sostre. Signem un contracte per set anys amb l'empresa Provico Andica SL, que més tard es va declarar en fallida. Els promotors i responsables de l'empresa mai més van respondre una crida o un mail”, compta a aquest mitjà. Al febrer de 2021 els arribarà a Encarna i els seus fills una carta del Jutjat informant que l'empresa estava subjecta a un embargament hipotecari per deute i un número de compte per a realitzar els pagaments del lloguer en dipòsit judicial.

El 8 de març de 2022 va rebre una intimació del mateix jutjat que li indicava que havia de presentar el contracte de lloguer davant la Justícia. Ella el va portar i va adjuntar els rebuts de tots els pagaments mensuals realitzats. No obstant això, la secretària del tribunal es va negar a rebre'ls, segons la seva versió. A l'abril d'aquest mateix any va ser citada novament i, durant l'audiència, l'advocada representant de la SAREB va declarar que el seu contracte no era vàlid perquè no estava inscrit en el registre de la propietat, a pesar que aquesta certificació no és obligatòria. “A més, em va acusar de no estar pagant el lloguer. Jo em vaig quedar gelada. Encara sort que portava els rebuts amb mi i vaig poder demostrar el compliment de tots els pagaments, tot i que la SAREB continuava negant la seva validesa fins i tot en seu judicial”.

La SAREB em va acusar de no estar pagant el lloguer. Jo em vaig quedar gelada. Encara sort que portava els rebuts amb mi i vaig poder demostrar el compliment de tots els pagaments, tot i que la SAREB continuava negant la seva validesa fins i tot en seu judicial

Encarna — Persona en situació de vulnerabilitat que ha paralitzat un desnonament

A partir d'aquí es van obrir diverses instàncies de negociació amb el “banc dolent”, que ella descriu com “un joc de desgast físic, mental i emocional”. Segons compta Encarna mentre continua traient papers de les seves bosses de roba que llueixen capçaleres de diferents bufets d'advocats i empreses associades de la SAREB, en algun moment de 2022 va ser contactada per un despatx d'advocats que li va sol·licitar un nou informe de vulnerabilitat. “Vam fer un altre informe i l'enviem amb justificant de recepció, però no vam obtenir cap resposta durant mesos. A vegades em contactaven altres intermediaris per a demanar-me tota la documentació una altra vegada i després, en preguntar per l'estat del meu expedient, afirmaven no conèixer-me, al·legaven que el meu expedient no existia o que hi havia dos amb el mateix número. Va ser un calvari”, recorda.

Tot i que tant l'Ajuntament com la SAREB sostenen que s'avançarà en un nou contracte de lloguer bonificat amb acompanyament, Encarna sap que serà una llarga negociació que podria durar diversos mesos fins a la signatura d'aquest contracte. “Temo que es trobi un buit legal i el jutge decideixi reprendre el llançament després que s'acabi el contracte actual, el mes de novembre, i abans que se signi el nou amb SAREB, els terminis del qual no manejo jo”.

Per a Encarna, negociar amb el 'banc dolent' ha estat 'un joc de desgast físic, mental i emocional'

Encarna sosté que són moltíssims els veïns en la seva situació i que, en molts casos, no surten a la llum “per vergonya, per desgast, per tirar la tovallola”. Reivindica l'organització veïnal com un pilar d'acompanyament no sols en l'aspecte legal, sinó també en l'aspecte afectiu. “És important secundar-se en els altres. Els bancs han d'entendre d'una vegada que no som números, sinó persones, famílies, projectes de vida”. Compta que des de 2022 recorre amb freqüència a la medicació per a poder dormir i tranquil·litzants per a evitar col·lapsar. Està exhausta. “Faig feina des dels nou anys i he tirat endavant a tres fills. Com és possible que hagi de suplicar a una entitat quasi pública que no em deixi al carrer?”, comenta.

Faig feina des dels nou anys i he tirat endavant a tres fills. Com és possible que hagi de suplicar a una entitat quasi pública que no em deixi al carrer?

Encarna — Persona en situació de vulnerabilitat que ha paralitzat un desnonament

La punta d'un iceberg

El cas d'Encarna s'ha convertit en un exemple paradigmàtic a Menorca i especialment a Alaior, ja que, a pocs carrers de la casa d'Encarna, sobre l'avinguda Verge del Toro, l'empresa promotora Mussola y Bitácora SL va fer fallida i va deixar a 56 famílies en uns llimbs legals i a la vora del desnonament. El mes de març passat el jutjat 3 de Maó va resoldre que els veïns (diversos d'ells en situació de vulnerabilitat) no tenen dret a romandre allí després de la fallida de l'empresa promotora. “Ens han dit que els nostres contractes no són vàlids i que se'ns avisarà directament per al desnonament”, explicava José Antonio Andueza, un dels afectats, en declaracions a elDiario.es.

Segons assenyalen des de l'Ajuntament, el cas dels veïns de Verge del Toro és diferent del d'Encarna perquè l'edifici encara no ha sortit a subhasta i no pertany al parc d'habitatge del “banc dolent”. Des de SAREB confirmen a elDiario.es que la subhasta no s'ha realitzat i que “va per a llarg”. “Si es dona el cas que l'immoble passa a les nostres mans, intentarem garantir que tots aquells que tinguin dret a romandre [ho facin] i, per descomptat, si hi ha situacions de vulnerabilitat, seran tingudes en compte”, subratllen des de l'entitat. Mentrestant, els veïns d'Alaior celebren amb timidesa que una de les seves veïnes podrà continuar dormint a la seva casa. Almenys ara com ara.

Este viernes estaba previsto el desalojo de Encarna M., una vecina del municipio de Alaior (Menorca) que, a pesar de encontrarse al corriente de pago y contar con varios informes de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, ha estado a punto de ser desalojada por la SAREB, después de que el inmueble donde vive hace años quedara en manos del “banco malo”. Tras conocerse la sentencia, ha señalado a elDiario.es que se trata de una “victoria de todos los vecinos organizados en defensa de la vivienda” y ha subrayado la importancia de “resistir juntos y apostar por los espacios colectivos”.

Según ha asegurado a este periódico, Encarna ha vivido un calvario en los últimos dos años intentando que se respetara la validez de su contrato, después de que la empresa promotora del piso que habita en la calle Ramal 79 fuera a la quiebra y los apartamentos que gestionaba pasaran a ser propiedad de SAREB. “Desde que la empresa entró en embargo hipotecario yo he ido pagando religiosamente el alquiler en una cuenta judicial habilitada, estoy al corriente de pago y tengo un contrato vigente, no tenían ni tienen derecho a echarme de aquí”, ha expresado la afectada visiblemente emocionada.

El drama del acceso a la vivienda digna y asequible en Menorca afecta cada vez a más personas y, desde hace algunos meses, el caso de Encarna, esta enfermera oriunda de Segorbe y afincada en la isla desde hace más de diez años, se ha convertido en un símbolo de las consecuencias sociales de esta crisis. “Soy personal de salud, pago mis impuestos, pago el alquiler, he presentado cinco informes a la SAREB de mi situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, he hablado con servicios sociales, con concejales e, incluso, con diputados de distintas fuerzas para intentar evitar este desalojo”, explica la afectada. Reconoce estar aliviada por la suspensión del lanzamiento, pero subraya que es “triste tener que llegar a pensar en encadenarte a la puerta de tu casa con casi sesenta años para defender tu derecho a dormir en un sofá-cama”, cuenta en relación al piso de apenas 60m2 que comparte con uno de sus hijos.

Encarna vive en un piso de apenas 60m2 que comparte con un hijo y asegura que es 'triste tener que llegar a pensar en encadenarte a la puerta de tu casa con casi sesenta años para defender tu derecho a dormir en un sofá-cama'

Fuentes de la SAREB consultadas por elDiario.es han subrayado la importancia de la articulación con los servicios sociales del Ayuntamiento de Alaior para “acreditar la situación de vulnerabilidad” de Encarna y avanzar en un alquiler social con acompañamiento en el mismo piso que habita la afectada. “Nosotros estamos obligados a denunciar cuando recibimos un piso que viene de una situación irregular, pero, tras acreditar la situación de la inquilina, solicitamos formalmente al juzgado que detuviera el lanzamiento para poder negociar un nuevo contrato bonificado y con acompañamiento para la persona en situación de vulnerabilidad”, explican.

Por su parte, vecinos de la Plataforma Menorca per l'Habitatge, de la que forma parte Encarna, señalan que los informes de vulnerabilidad fueron enviados hasta en cinco ocasiones y nunca tenidos en cuenta por SAREB. “Hubo otra fecha de lanzamiento antes de esta y la de hoy se ha detenido sobre la hora. Nosotros permanecemos alerta. El tema no está resuelto”, han subrayado los activistas.

“Estamos al borde del colapso”

Encarna llegó en 2013 a Alaior prácticamente con lo puesto y con sus tres hijos a cargo, totalmente sola después de que su ex pareja desapareciera sin dejar rastro. Durante un tiempo trabajó como camarera de piso, como cocinera en varios restaurantes y en empresas de limpieza en colegios, oficinas y casas particulares. “Al principio fueron años muy difíciles, tuvimos que pedir ayuda a Cáritas y Cruz Roja porque no llegábamos”, recuerda en diálogo con elDiario.es.

Con los últimos coletazos de la recesión en 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y habiendo cumplido cincuenta años, Encarna decidió dedicar algo de su poco tiempo libre a estudiar un grado superior en farmacia. “Después de transitar por trabajos ocasionales, terminé en la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca. Yo tengo dos operaciones, una en la columna y otra en la clavícula, que me impiden trabajar normalmente. Tengo reconocido un 51% de discapacidad”, cuenta y añade que, a pesar de estas circunstancias, decidió “seguir adelante”. “Me animé a estudiar el Grado en Enfermería y actualmente trabajo como personal de salud, aunque tengo que reconocer, tristemente, que la precariedad y las malas condiciones del sector muchas veces me hacen plantearme volver a la hostelería o a limpiar casas”, reflexiona.

Encarna lleva consigo dos bolsas de tela grandes donde acumula la suma de todos los expedientes, papeles, burofaxes, avisos, notificaciones, cartas y documentos que prueban el calvario de estos últimos dos años paseando por oficinas, ayuntamientos y juzgados. En una libreta con las tapas color verde tiene detalladas las fechas más importantes. “El 30 de noviembre de 2018 nos mudamos a la casa de la calle Ramal con mis tres hijos. Apretados, pero felices de tener un techo. Firmamos un contrato por siete años con la empresa Provico Andica SL, que más tarde se declaró en quiebra. Los promotores y responsables de la empresa nunca más respondieron una llamada o un mail”, cuenta a este medio. En febrero de 2021 les llegará a Encarna y sus hijos una carta del Juzgado informando que la empresa estaba sujeta a un embargo hipotecario por deuda y un número de cuenta para realizar los pagos del alquiler en depósito judicial.

El 8 de marzo de 2022 recibió una intimación del mismo juzgado que le indicaba que debía presentar el contrato de alquiler ante la Justicia. Ella lo llevó y adjuntó los recibos de todos los pagos mensuales realizados. Sin embargo, la secretaria del tribunal se negó a recibirlos, según su versión. En abril de ese mismo año fue citada nuevamente y, durante la audiencia, la abogada representante de la SAREB declaró que su contrato no era válido porque no estaba inscrito en el registro de la propiedad, a pesar de que esta certificación no es obligatoria. “Además, me acusó de no estar pagando el alquiler. Yo me quedé helada. Menos mal que llevaba los recibos conmigo y pude demostrar el cumplimiento de todos los pagos, a pesar de que la SAREB continuaba negando su validez incluso en sede judicial”.

La SAREB me acusó de no estar pagando el alquiler. Yo me quedé helada. Menos mal que llevaba los recibos conmigo y pude demostrar el cumplimiento de todos los pagos, a pesar de que la SAREB continuaba negando su validez incluso en sede judicial

Encarna — Persona en situación de vulnerabilidad que ha paralizado un desahucio

A partir de ahí se abrieron diversas instancias de negociación con el “banco malo”, que ella describe como “un juego de desgaste físico, mental y emocional”. Según cuenta Encarna mientras sigue sacando papeles de sus bolsas de tela que lucen membretes de distintos bufetes de abogados y empresas tercerizadas de la SAREB, en algún momento de 2022 fue contactada por un despacho de abogados que le solicitó un nuevo informe de vulnerabilidad. “Hicimos otro informe y lo enviamos con acuse de recibo, pero no obtuvimos ninguna respuesta durante meses. A veces me llamaban otros intermediarios para pedirme toda la documentación otra vez y luego, al preguntar por el estado de mi expediente, afirmaban no conocerme, alegaban que mi expediente no existía o que había dos con el mismo número. Fue un calvario”, recuerda.

A pesar de que tanto el Ayuntamiento como la SAREB sostienen que se avanzará en un nuevo contrato de alquiler bonificado con acompañamiento, Encarna sabe que será una larga negociación que podría durar varios meses hasta la firma de ese contrato. “Temo que se encuentre un vacío legal y el juez decida retomar el lanzamiento después de que se acabe el contrato actual, en el mes de noviembre, y antes de que se firme el nuevo con SAREB, cuyos plazos no manejo yo”.

Para Encarna, negociar con el 'banco malo' ha sido 'un juego de desgaste físico, mental y emocional'

Encarna sostiene que son muchísimos los vecinos en su situación y que, en muchos casos, no salen a la luz “por vergüenza, por desgaste, por tirar la toalla”. Reivindica la organización vecinal como un pilar de acompañamiento no sólo en lo legal, sino también en lo afectivo. “Es importante apoyarse en los otros. Los bancos tienen que entender de una vez que no somos números, sino personas, familias, proyectos de vida”. Cuenta que desde 2022 recurre con frecuencia a la medicación para poder dormir y tranquilizantes para evitar colapsar. Está exhausta. “Llevo trabajando desde los nueve años y he sacado adelante a tres hijos. ¿Cómo es posible que tenga que suplicar a una entidad cuasi pública que no me deje en la calle?”, comenta.

Llevo trabajando desde los nueve años y he sacado adelante a tres hijos. ¿Cómo es posible que tenga que suplicar a una entidad cuasi pública que no me deje en la calle?

Encarna — Persona en situación de vulnerabilidad que ha paralizado un desahucio

La punta de un iceberg

El caso de Encarna se ha convertido en un ejemplo paradigmático en Menorca y especialmente en Alaior, ya que, a pocas calles de la casa de Encarna, sobre la avenida Verge del Toro, la empresa promotora Mussola y Bitácora SL quebró y dejó a 56 familias en un limbo legal y al borde del desahucio. El pasado mes de marzo el juzgado 3 de Maó resolvió que los vecinos (varios de ellos en situación de vulnerabilidad) no tienen derecho a permanecer allí tras la quiebra de la empresa promotora. “Nos han dicho que nuestros contratos no son válidos y que se nos avisará directamente para el desahucio”, explicaba José Antonio Andueza, uno de los afectados, en declaraciones a elDiario.es.

Según señalan desde el Ayuntamiento, el caso de los vecinos de Verge del Toro es diferente al de Encarna porque el edificio aún no ha salido a subasta y no pertenece al parque de vivienda del “banco malo”. Desde SAREB confirman a elDiario.es que la subasta no se ha realizado y que “va para largo”. “Si se da el caso de que el inmueble pasa a nuestras manos, intentaremos garantizar que todos aquellos que tengan derecho a permanecer [lo hagan] y, por supuesto, si hay situaciones de vulnerabilidad, serán tenidas en cuenta”, subrayan desde la entidad. Mientras tanto, los vecinos de Alaior celebran con timidez que una de sus vecinas podrá seguir durmiendo en su casa. Al menos por ahora.

A la intersecció de la carretera general i l'avinguda Verge del Toro, al municipi d'Alaior, 56 famílies esperen a casa seva -de moment- que arribi l'ordre de desallotjament que les deixarà sense sostre. El 7 de març passat la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 3 de Maó va resoldre que els veïns d'aquest edifici de l'extraradi alaiorenc no tenen dret a quedar-s'hi després de la fallida de l'empresa propietària de l'immoble.

Segons consta en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, la companyia Mussola y Bitácora S.L., la seu social de la qual es trobava en el número 13 del carrer Agamèmnon des Castell, va començar les seves operacions el 2 de desembre de 2011 amb un capital de tot just 3.000 euros i tenia com a únic soci i administrador a J. F. Carretero, qui no ha respost als intents d'eldiario.es per conèixer la seva versió sobre l'efímera vida de l'empresa, que va acabar per fer fallida a penes dos anys després, i la fallida de la qual avui amenaça amb desnonar a més d'un centenar de persones. Això sí, amb l'aval de la Justícia.

“Ens han dit que els nostres contractes no són vàlids i que se'ns avisarà directament per al desnonament”, explica José Antonio Andueza, un dels afectats en diàleg amb elDiario.es, i detalla que, segons els han indicat, “als inquilins se'ls respectarà el contracte fins que finalitzi, però tots dubten que hi hagi possibilitat de renovació”. “En tot cas, [l'edifici] encara no s'ha subhastat, quan succeeixi, veurem”, assenyala amb preocupació. El cas d'Alaior s'ha convertit en el símbol de la crisi residencial a Menorca, un territori especialment afectat per la falta d'habitatge i el responsable del qual és, segons els col·lectius per l'habitatge, el model turístic.

Els contractes no “consten al Registre de la Propietat”

Després de conèixer-se la primera intimació judicial, els veïns de l'edifici del carrer Verge del Toro van recórrer ràpidament a la Plataforma Menorca per l'Habitatge Digne. Es van convertir en activistes i, des del juny del 2023, organitzen i impulsen assemblees setmanals per brindar assessorament jurídic a altres afectats per casos similars, com els veïns de l'edifici situat al número 22 del carrer Pintor Calbo de Maó.

“L'any passat vam rebre un burofax en el qual se'ns instava a abandonar els nostres habitatges, que havien passat a les mans de SAREB després de la fallida de l'empresa que administrava la finca fins llavors. Han estat mesos de molta incertesa, però, finalment, després de la intervenció de les autoritats i les negociacions, s'ha aconseguit que es reconegui la legalitat dels nostres contractes”, ha expressat a aquest mitjà un dels veïns afectats, qui reconeix que la intercessió de l'Ajuntament de Maó va ser “clau” per a establir contacte i obrir les negociacions amb el “banc dolent”.

Com si fos una foto estenopeica, la similitud dels dos casos és idèntica, encara que el resultat final està invertit. Mentre els veïns de Maó han aconseguit fer valer els seus drets, els veïns d'Alaior esperen amb preocupació els passos següents del Jutjat número 3 de la localitat. Des de la Plataforma per l'Habitatge insisteixen que redoblaran l'aposta per defensar els llogaters. “Des d'un primer moment hem estat presents. Els aconsellem que es preparin bé en tots els sentits, tant jurídicament com socialment”, expressa una integrant de la Plataforma.

Consultada per elDiario.es sobre la diferència entre tots dos casos, Raquel, portaveu de la Plataforma i veïna de l'edifici en vies de desnonament, assenyala que “el procediment al qual s'enfronten és una peça separada de l'execució hipotecària, que no té possibilitat de recurs i, per això mateix, segons sentències del Tribunal Constitucional, aquest procediment no pot habilitar un desallotjament”. La dona, que prefereix mantenir el seu anonimat, afegeix: “Ara bé, hi ha molts jutges que ometen la sentència del Constitucional i no sols determinen provisionalment sobre la validesa dels contractes de lloguer, sinó que s'atreveixen a determinar data de llançament judicial. A Maó el jutjat va reconèixer els contractes de lloguer del bloc de Maó, però a Alaior ens topem amb una jutge més conservadora i desnonadora que ha resolt que els contractes no són vàlids malgrat ser iguals als de Maó”.

A Alaior ens topem amb una jutge més conservadora i desnonadora que ha resolt que els contractes no són vàlids

Raquel — Portaveu de la Plataforma per l’Habitatge

ElDiario.es ha tingut accés en exclusiva a la interlocutòria judicial emesa per la magistrada, que assenyala com a fonaments de dret que les 56 famílies podrien quedar-se al carrer perquè els contractes no “consten com a inscrits al Registre de la Propietat” i, per tant, “els ocupants no tenen dret a romandre a l'immoble”. Des de la Plataforma han perdut la fe en què el Jutjat Número 3 de Maó faci justícia. “Segurament, després de la subhasta i l'adjudicació, [la jutgessa] intentarà determinar un llançament que entenem il·legal tant perquè els contractes són vàlids i són de bona fe per part de les famílies inquilines i perquè, encara que no fossin vàlids, aquest procediment d'execució no es podria desnonar. No ho diem nosaltres, ho diu el Constitucional”.

Segurament, després de la subhasta i l'adjudicació, [la jutgessa] intentarà determinar un llançament que entenem il·legal tant perquè els contractes són vàlids i són de bona fe per part de les famílies inquilines i perquè, encara que no fossin vàlids, aquest procediment d'execució no es podria desnonar. No ho diem nosaltres, ho diu el Constitucional".

José Antonio Andueza — Afectat pel desnonament

Després de conèixer-se l'acte de la jutgessa, l'alcalde d'Alaior, José Luis Benejam, va imitar al seu homòleg maonés i va organitzar una trobada amb les famílies afectades al costat de la directora insular de l'Institut Balear d'Habitatge, Águeda Reynés, qui va aprofitar l'ocasió per a explicar que el Institut Balear De l'Habitatge (IBAVI) ha decidit no exercir el dret de tanteig i retracte per a avaluar la compra dels pisos en qüestió, cosa que significa que no intervindrà per a facilitar que els inquilins passin a ser propietaris. “Aquí el que hi ha és un problema polític, no jurídic ni comercial. És un problema de règim. El Govern podria adaptar la legislació hipotecària a la sentència del Constitucional demà mateix en el BOE, però es nega a fer-ho, i les administracions municipals a penes s'interessen per aquests casos”, assenyalen des de la Plataforma.

Soroll de claus

L'acte judicial que obre la porta al desallotjament dels veïns d'Alaior una vegada es concreti la subhasta de l'immoble ha coincidit en el temps amb un altre esdeveniment paradigmàtic en matèria d'habitatge a Menorca: l'III Fòrum Immobiliari organitzat en l'Ateneu de Maó i al qual va assistir el més granat del sector, així com el president del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, i el conseller d'Habitatge del Govern, José Luis Mateo.

En l'esdeveniment, el corredor immobiliari José Pons Yela, de la signatura Bonnin Sansó, va assenyalar que “el problema són els polítics que només saben construir promeses, però no cases, polítics com un dels ministres del Govern d'Espanya, que tenia a sou a diverses de les seves amigues perquè li llevessin l'estrès”. Finalment, Yela va acabar la seva al·locució assenyalant que la falta d'habitatges està relacionada amb la “immigració il·legal” i va afirmar que “els joves” no accedeixen a crèdits hipotecaris perquè “volen canviar l'Iphone o viatjar pel món per a buscar-se a si mateixos en lloc de treballar”.

Diversos integrants de l'edifici del carrer Verge del Toro d'Alaior es van acostar a l'activitat malgrat que, segons van dir, no va ser anunciada ni publicitat en pràcticament cap lloc. “Vam haver d'escoltar un enfilall de deliris de mal gust i pitjor educació que només fomenten l'odi i el racisme. Ni tan sols ens van deixar intervenir aquells que ens vam quedar fins al final i vam voler plantejar les coses que vam xerrar a la Plataforma o en altres espais on vam discutir l'enorme crisi d'habitatge que travessen Menorca i Espanya”.

Tant els veïns de l'edifici de Maó com els de l'edifici d'Alaior han confirmat que assistiran a la pròxima mobilització del 5 d'abril. “En els llocs com Menorca els lloguers de temporada i el model turístic expulsen als veïns i precarizen als treballadors del sector. A l'illa hi ha almenys 9.000 habitatges buits destinats al turisme i nosaltres paguem més del 50% del nostre salari per un pis precari. Ens semblaria genial el fet que el govern de Marga Prohens canviés totalment de discurs i, d'un dia per a un altre, digués que cal declarar Menorca com a Zona Tensionada per a regular una mica els preus dels lloguers”, emfatitzen integrants de la Plataforma, mentre omplen de cartells la ciutat cridant a mobilitzar-se.

En la intersección de la carretera general y la avenida Verge del Toro, en el municipio de Alaior, 56 familias esperan en sus casas -de momento- a que llegue la orden de desalojo que las dejará sin techo. El pasado 7 de marzo la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó resolvió que los vecinos de ese edificio del extrarradio alaiorense no tienen derecho a permanecer allí tras la quiebra de la empresa propietaria del inmueble.

Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la firma Mussola y Bitácora S.L., cuya sede social se encontraba en el número 13 de la calle Agamenón de Es Castell, comenzó sus operaciones el 2 de diciembre de 2011 con un capital de apenas 3.000 euros y tenía como único socio y administrador a J. F. Carretero, quien no ha respondido a los intentos de elDiario.es por conocer su versión sobre la efímera vida de la empresa, que terminó por quebrar apenas dos años después, y cuya bancarrota hoy amenaza con desahuciar a más de un centenar de personas. Eso sí, con el aval de la Justicia.

“Nos han dicho que nuestros contratos no son válidos y que se nos avisará directamente para el desahucio”, explica José Antonio Andueza, uno de los afectados en diálogo con elDiario.es, y detalla que, según les han indicado, “a los inquilinos se les respetará el contrato hasta que finalice, pero todos dudan de que haya posibilidad de renovación”. “En todo caso, [el edificio] aún no se ha subastado, cuando suceda, veremos”, señala con preocupación. El caso de Alaior se ha convertido en el símbolo de la crisis habitacional en Menorca, un territorio especialmente afectado por la falta de vivienda y cuyo responsable es, según los colectivos por la vivienda, el modelo turístico.

Los contratos no “constan en el Registro de la Propiedad”

Tras conocerse la primera intimación judicial, los vecinos del edificio de la calle Verge del Toro rápidamente recurrieron a la Plataforma Menorca per l'Habitatge Digne. Se convirtieron en activistas y, desde junio de 2023, organizan e impulsan asambleas semanales para brindar asesoramiento jurídico a otros afectados por casos similares, como los vecinos del edificio situado en el número 22 de la calle Pintor Calbo de Maó.

“El año pasado recibimos un burofax en el que se nos instaba a abandonar nuestras viviendas, que habían pasado a manos de SAREB tras la quiebra de la empresa que administraba la finca hasta entonces. Han sido meses de mucha incertidumbre, pero, finalmente, tras la intervención de las autoridades y las negociaciones, se ha logrado que se reconozca la legalidad de nuestros contratos”, ha expresado a este medio uno de los vecinos afectados, quien reconoce que la intercesión del Ayuntamiento de Maó fue “clave” para establecer contacto y abrir las negociaciones con el “banco malo”. 

Como si fuera una foto estenopeica, la similitud de ambos casos es idéntica, aunque el resultado final está invertido. Mientras los vecinos de Maó han logrado hacer valer sus derechos, los vecinos de Alaior esperan con preocupación los siguientes pasos del Juzgado número 3 de la localidad. Desde la Plataforma per l’Habitatge insisten en que redoblarán la apuesta por defender a los inquilinos. “Desde un primer momento hemos estado presentes. Les aconsejamos que se preparen bien en todos los sentidos, tanto jurídica como socialmente”, expresa una integrante de la Plataforma. 

Consultada por elDiario.es sobre la diferencia entre ambos casos, Raquel, portavoz de la Plataforma y vecina del edificio en vías de desahucio, señala que “el procedimiento al que se enfrentan es una pieza separada de la ejecución hipotecaria, que no tiene posibilidad de recurso y, por eso mismo, según sentencias del Tribunal Constitucional, este procedimiento no puede habilitar un desalojo”. La mujer, que prefiere mantener su anonimato, añade: “Ahora bien, hay muchos jueces que omiten la sentencia del Constitucional y no sólo determinan provisionalmente sobre la validez de los contratos de alquiler, sino que se atreven a determinar fecha de lanzamiento judicial. En Maó el juzgado reconoció los contratos de alquiler del bloque de Maó, pero en Alaior nos topamos con una juez más conservadora y desahuciadora que ha resuelto que los contratos no son válidos a pesar de ser iguales a los de Maó”. 

En Alaior nos topamos con una juez más conservadora y desahuciadora que ha resuelto que los contratos no son válidos

Raquel — Portavoz de la Plataforma per l’Habitatge

ElDiario.es ha tenido acceso en exclusiva al auto judicial emitido por la magistrada, quien señala como fundamentos de derecho que las 56 familias podrían quedarse en la calle porque los contratos no “constan como inscritos en el Registro de la Propiedad” y, por lo tanto, “los ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble”. Desde la Plataforma han perdido la fe en que el Juzgado Número 3 de Maó haga justicia. “Seguramente, después de la subasta y la adjudicación, [la jueza] intentará determinar un lanzamiento que entendemos ilegal tanto porque los contratos son válidos y son de buena fe por parte de las familias inquilinas y porque, aun si no fueran válidos, este procedimiento de ejecución no se podría desahuciar. No lo decimos nosotros, lo dice el Constitucional”, insiste Andueza.

Seguramente, después de la subasta y la adjudicación, [la jueza] intentará determinar un lanzamiento que entendemos ilegal tanto porque los contratos son válidos y son de buena fe por parte de las familias inquilinas y porque, aún si no fueran válidos, este procedimiento de ejecución no se podría desahuciar. No lo decimos nosotros, lo dice el Constitucional

José Antonio Andueza — Afectado por el desahucio

Tras conocerse el auto de la jueza, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, imitó a su homólogo maonés y organizó un encuentro con las familias afectadas junto a la directora insular del Instituto Balear de Vivienda, Águeda Reynés, quien aprovechó la ocasión para explicar que el Institut Balear De La Vivienda (IBAVI) ha decidido no ejercer el derecho de tanteo y retracto para evaluar la compra de los pisos en cuestión, lo que significa que no intervendrá para facilitar que los inquilinos pasen a ser propietarios. “Aquí lo que hay es un problema político, no jurídico ni comercial. Es un problema de régimen. El Gobierno podría adaptar la legislación hipotecaria a la sentencia del Constitucional mañana mismo en el BOE, pero se niega a hacerlo, y las administraciones municipales apenas se interesan por estos casos”, señalan desde la Plataforma.

Ruido de llaves

El auto judicial que abre la puerta al desalojo de los vecinos de Alaior una vez se concrete la subasta del inmueble ha coincidido en el tiempo con otro evento paradigmático en materia de vivienda en Menorca: el III Foro Inmobiliario organizado en el Ateneu de Maó y al que asistió lo más granado del sector, así como el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y el conseller d'Habitatge del Govern, José Luis Mateo.

En el evento, el corredor inmobiliario José Pons Yela, de la firma Bonnin Sansó, señaló que “el problema son los políticos que solo saben construir promesas, pero no casas, políticos como uno de los ministros del Gobierno de España, que tenía a sueldo a varias de sus amigas para que le quitaran el estrés cada tanto”. Finalmente, Yela terminó su alocución señalando que la falta de viviendas está relacionada con la “inmigración ilegal” y afirmó que “los jóvenes” no acceden a créditos hipotecarios porque “quieren cambiar el Iphone o viajar por el mundo para buscarse a sí mismos en lugar de trabajar”.

Varios integrantes del edificio de la calle Verge del Toro de Alaior se acercaron a la actividad a pesar de que, según dijeron, no fue anunciada ni publicidad en prácticamente ningún lugar. “Tuvimos que escuchar una sarta de delirios de mal gusto y peor educación que solo fomentan el odio y el racismo. Ni siquiera nos dejaron intervenir a aquellos que nos quedamos hasta el final y quisimos plantear las cosas que charlamos en la Plataforma o en otros espacios donde discutimos la enorme crisis de vivienda que atraviesan Menorca y España”, comenta Andueza.

Tanto los vecinos del edificio de Maó como los del edificio de Alaior han confirmado que asistirán a la próxima movilización del 5 de abril. “En los lugares como Menorca los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a los vecinos y precarizan a los trabajadores del sector. En la isla hay al menos 9.000 viviendas vacías destinadas al turismo y nosotros pagamos más del 50% de nuestro salario por un piso precario. Nos parecería genial que el gobierno de Marga Prohens cambiara totalmente de discurso y, de un día para otro, dijera que hay que declarar Menorca como Zona Tensionada para regular un poco los precios de los alquileres”, enfatizan integrantes de la Plataforma, mientras llenan de carteles la ciudad llamando a movilizarse. 

El Gobierno tenía un plan para construir hasta 15.000 viviendas de alquiler asequible. Sareb pondría los suelos durante 80 años y el capital levantaría y gestionaría los edificios con una rentabilidad limitada. Después, los edificios revertirían a lo público. Pero esa colaboración público-privada que busca el Ejecutivo falló. La licitación, que ya salió con retraso sobre el calendario previsto, quedó desierta en enero. Más de dos meses después y con la emergencia residencial apretando, los Ministerios de Economía y Vivienda siguen analizando qué falló y si es posible redefinir ese proyecto Viena, una de las patas con la que pretendían reforzar el parque público de vivienda.

La semana pasada, la Junta General de Accionistas de Sareb acordó paralizar “temporalmente la comercialización y la venta de todos los activos inmobiliarios susceptibles de formar parte del parque estatal de viviendas de alquiler asequible y social”, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El objetivo, indica la nota, es trabajar “en coordinación con SEPES (la entidad de suelo público estatal) y con los departamentos ministeriales competentes” para encontrar “alternativas que permitan a Sareb colaborar en la generación del parque estatal de vivienda de alquiler social o asequible”.

Así, todos los suelos o activos residenciales susceptibles de formar parte de ese parque público, actualmente en propiedad de la Sareb, están paralizando al menos hasta el 30 de junio a la espera de ser analizados de nuevo. Esta decisión llega tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el banco malo transferiría estos activos al Sepes, sobre la que se levantaría la nueva empresa pública de vivienda en la que trabaja el Ministerio de Isabel Rodríguez. Precisamente, Sánchez anunció esta intención el pasado 13 de enero, una semana antes de que se cerrase la licitación del proyecto Viena que quedó desierta.

El proyecto, aprobado en julio de 2024 por el Consejo de Administración de Sareb, el conocido como 'banco malo', permitiría la construcción de más de 10.600 viviendas sobre los suelos de la entidad. La cifra podría ampliarse a 15.000 viviendas pero, ocho meses después, no tiene comprometido ni un ladrillo. Viena se enmarca dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA) aprobado por el Gobierno dentro del compromiso del presidente Pedro Sánchez para la movilización de más de 184.000 viviendas a precio por debajo de mercado.

“Tras quedar desierta la licitación, Sareb inició una ronda de contactos con los inversores para analizar las causas e intentar relanzar el proyecto en el futuro”, indican fuentes de la entidad. Aunque ese futuro no tiene fecha, esta sociedad, dependiente del Ministerio de Economía, si ha identificado algunos de los “escollos” para la puesta en marcha del plan: “La estructura con la que se habían diseñado los lotes geográficos, incorporando suelos localizados en distintos municipios y mezclando distintas comunidades autónomas”.

En una primera parte del proyecto fallido, Sareb había licitado 50 suelos en 39 municipios, agrupados en siete lotes, en los que se podrían construir 3.770 viviendas. “Los inversores prefieren localizaciones más concretas, ya que hay determinadas zonas que no despiertan tanto interés”, admiten desde la entidad, que habían contactado previamente con posibles interesados en participar en el proyecto, tanto en España como en Londres. Además, habían encargado a la consultora PwC un estudio sobre la hipotética rentabilidad del proyecto, en torno al 7%.

¿Dónde estaba el problema? La Sareb se creó en 2012 para asumir los activos tóxicos de los bancos tras la crisis financiera, con el objetivo de deshacerse de ellos y recuperar una parte del milmillonario rescate bancario con dinero público. “Lo que queda como suelo libre de edificación después de 13 años son solares pequeños en general, bastante residuales y en sitios diversos”, indica el vocal secretario de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Josep Donés. Es decir, lo bueno ya está colocado.

El proyecto estaba centrado principalmente en la búsqueda de inversores, que financiaran los cerca de 480 millones de euros previstos para la primera fase, para lo que Sareb mantuvo reuniones con un centenar de actores nacionales e internacionales. “En este tipo de colaboraciones público-privadas, el capital viene de lo que llamamos core, que quiere obtener muy poca rentabilidad pero con un negocio muy seguro”, indica el director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Jorge Ginés. Y esa seguridad es lo que, a su juicio, fallaba en el plan.

“Para tener una rentabilidad a 80 años, tienes que garantizar una ocupación por encima del 95% y una morosidad tendente a cero. Estos son los requisitos que no cumplía el proyecto Viena, porque los suelos no están donde la gente quiere vivir, así que no tienes garantizado que lo vayas a llenar, y son zonas de renta per cápita baja, así que tampoco te garantiza la renta”, considera Ginés. “Esto era vox populi en el sector y se le había dicho a Sareb desde el primer momento. El pliego estaba mal parido desde el principio por ese tipo de inversor al que iba dirigido que, por una cuestión operativa y de eficiencia en la gestión, busca la mayor concentración”, añade.

Esta fórmula, la de la concentración, la comparte también Donés. “Sareb siempre ha ido en la línea de trabajar en el ámbito local. Si vas a una localidad pequeña y tienes un solar, los promotores locales son los que van a ir”, propone.

Mientras se resuelve y concreta el nuevo Proyecto Viena, sobre lo que algunas fuentes cercanas a la Sareb aclaran que hay voluntad, el Ministerio de Vivienda ha conseguido incrementar el porcentaje de viviendas públicas que, si bien supone solamente el 3,3% del total, según los datos del Observatorio Social de la Vivienda, ha crecido desde el 2,5%. Además, la ministra Rodríguez señaló este miércoles durante una intervención en el Congreso que el indicador de esfuerzo de los hogares al pago del alquiler se ha reducido 13 puntos en tres años y se sitúa ahora en la cifra más baja desde 2013. En total, según los datos de Eurostat, el 28,1% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler.

El PSOE ha impedido este martes en el Congreso la tramitación de una proposición de ley del Parlament de Catalunya, que pedía la cesión del 80% de las viviendas de la Sareb a comunidades y ayuntamientos para “garantizar el retorno social del rescate bancario”. La medida, defendida por diputados de Junts, ERC y los Comuns en el parlamento autonómico, choca frontalmente con el plan del Ejecutivo de transferir a la futura empresa estatal de vivienda cerca de 40.000 inmuebles del conocido como 'banco malo'. Los socialistas han votado en contra, al considerar que la iniciativa ya se está aplicando con las medidas impulsadas por el Gobierno en los últimos tres años.

La propuesta, que ha llegado este martes al Congreso, surgió en el Parlament hace siete años. “Ha tenido un recorrido largo, que significa que en 2018 el acceso a la vivienda ya era un problema”, ha recordado desde la tribuna el diputado autonómico Jordi Munell i Garcia, de Junts. Desde entonces se han activado varias herramientas para tratar de poner coto a un aumento de precios desbocado. “Una ley de vivienda en 2023, una regulación de los precios del alquiler, la regulación de las zonas tensionadas, del alquiler de temporada y de uso turístico, pero no se ha resuelto el problema”, ha lamentado.

El Parlament de Catalunya aprobó en enero de 2024 pedir al Congreso que obligase a la Sareb a hacer una cesión social del 80% de las viviendas de su propiedad, fruto del rescate bancario. El contexto ha cambiado desde entonces. Porque, si bien el Ejecutivo ya había realizado en 2022 modificaciones en la normativa para que el banco malo, que debía deshacerse de miles de activos inmobiliarios tóxicos, asumiese también una función social, en enero de este año, el presidente Pedro Sánchez anunció en enero su intención de transferir a la nueva empresa pública estatal de vivienda unos 30.000 inmuebles del banco malo.

“Nos gusta la música de esta proposición, pero creemos que la letra ha quedado algo desactualizada”, argumentó el diputado socialista Gonzalo Redondo, porque “buena parte de esta iniciativa ya se ha llevado a cabo mediante las medidas y modificaciones legislativas puestas en marcha por el Gobierno de España en los últimos años, como la creación de la empresa estatal de vivienda y la incorporación de 30.000 viviendas de la Sareb, poniendo el patrimonio del Estado al servicio de la ciudadanía”.

“Es cierto que hay cosas que han ido cambiando desde el inicio de esta iniciativa legislativa”, concedía la diputado de los comuns, Susana Segovia, que pedía el voto a favor para la tramitación de la norma. Su objetivo, decía, es que la cesión de los inmuebles pase “a formar parte de las medidas urgentes para afrontar esta emergencia en materia de vivienda”. “Hay propuestas que ha realizado el presidente Pedro Sánchez, como crear una empresa pública, que puede ser bienvenida, pero creemos que llega tarde y es insuficiente. Hace falta firmeza para que los inmuebles y solares en manos de la Sareb pasen a esta empresa pública”, dijo. Los comuns forman par de Sumar, dentro del Gobierno de coalición.

Fuentes del Ministerio de Vivienda trasladan que la apuesta del Gobierno sigue siendo la creación de una empresa pública, en la que se está trabajando “de forma intensa”. “El objetivo final, compartido por todos, es movilizar cuanto antes vivienda asequible”, indican estas voces, que hablan de “coincidencia absoluta con los partidos que apoyan al Gobierno”. Ello, pese a que ERC, Junts y Comuns hayan presentado una iniciativa que choca con el plan del Ejecutivo, como hizo notar la diputada del PNV Idoia Sagastizabal. La formación votó a favor de la tramitación, “con dudas” sobre el texto. Por ejemplo, si se compensaría a las administraciones que compraron viviendas a Sareb.

No es tampoco el primer choque parlamentario en el seno del Gobierno, y con los socios, en materia de vivienda. El PNV llevó a la Cámara a finales de febrero la Ley del Suelo de la ministra Isabel Rodríguez, para toparse por segunda vez con la negativa de Sumar, los socios a la izquierda y del PP. Los socialistas tenían puestas entonces las esperanzas en los de Alberto Núñez Feijóo, al considerar que la reforma la solicitaban también ayuntamientos 'populares'. En este caso, sin embargo, algunas voces del grupo parlamentario mostraban sorpresa por la llegada al Congreso de una petición sobre algo “que la Sareb ya está haciendo”, como es el aprovechamiento de las viviendas para uso social.

Según datos de la entidad, participada por el Estado en un 51%, en Catalunya hay unas 12.900 viviendas de la Sareb, de las que 1.400 están conveniadas con ayuntamientos o con la propia Generalitat y otras 5.450 tienen aprobado o firmado un alquiler social por familias vulnerables. En todo el país hay 9.000 viviendas en esta situación. “Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2022, la Sareb puede llegar a acuerdo con otras administraciones públicas para ceder viviendas”, ha recordado Redondo.

La diputada de ERC en el Parlament, Mar Besses, lamentó, en cambio, que la Sareb tenga “pisos vacíos, cerrados y que se están cayendo a pedazos” y denunció el “periplo” de las administraciones para conseguir el uso de esas viviendas. “Son cesiones temporales, teniendo que asumir los costes de su rehabilitación y adecuación y, una vez termina ese periodo, esas viviendas vuelven a la Sareb, que vuelve a hacer negocio”, señaló.

Han ganado tiempo, pero su batalla frente a la Sareb continúa. Quince familias del barrio Oliver de Zaragoza se arriesgan a perder su vivienda porque la Sareb, actual propietaria de las viviendas tras los impagos del promotor, quiere rescindir los contratos de arrendamiento para traspasar las viviendas. La presión social ha hecho que el denominado 'banco malo' –en manos mayoritariamente del Estado– aplace su decisión hasta estudiar cada caso y poder detectar situaciones de vulnerabilidad. Los vecinos, sin embargo, reclaman seguir alquiladas como hasta ahora.

“Esto no es una solución, solo nos dan un respiro. Pedimos que nos renueven los contratos: están rescatando bancos y lo que tienen que hacer es rescatar personas”, lamenta Cristian Checa, uno de los inquilinos. Él y su pareja viven en un estudio de poco más de 32 m² por el que pagan 450 euros, más otros 185 euros de comunidad, con lo que quiere dejar claro que lo suyo “no es ningún chollo”.

Las otras 14 familias tienen cada una distintas casuísticas, con alquileres y facturas de la contribución con distintos precios. Hay núcleos monoparentales, parejas con tres niños, alguno de ellos recién nacido, y vecinos que viven solos. Sus viviendas se distribuyen tres calles del barrio –Pedro Porter, Miguel Artigas y Obispo Paterno–.

Todas ellas fueron impulsadas antes de la crisis del 2008 por la misma promotora, Promociones 2552 SL, pero los sucesivos impagos, que llegaron a superar los siete millones de euros, llevaron a Hacienda a embargar las viviendas. Hace pocos meses pasaron a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que ahora quiere ejecutar los lanzamientos, y en un plazo muy breve de tiempo: están previstos para el 26 y 28 de marzo y el 2 de abril. 

La repercusión que ha tenido el caso de estas quince familias en los últimos días ha llevado a la Sareb a aplazar la resolución. “Sareb ha tomado esta decisión con el objetivo de analizar la situación socioeconómica de cada familia y conocer así si existen casos de vulnerabilidad entre los vecinos, cuyos contratos de alquiler no han sido reconocidos como válidos por el Juzgado”, explicó el miércoles la entidad en una nota de prensa. 

De encajar en los parámetros de “familias vulnerables”, según la Sareb, se les ofrecerá “un contrato de alquiler social por un plazo de siete años”. De lo contrario, tendrán la posibilidad de “adquirir las viviendas de forma preferente”.

Esta última opción, por ejemplo, no le encaja a Cristian Checa. “Me ha dicho mi abogado que el piso está valorado en 234.000 €. Pero ¡si es un estudio de 32 metros cuadrados con una habitación en el barrio Oliver!”, lamenta sin creérselo aún. En su caso, además, explica que el arrendamiento no vencía hasta 2027 –firmó en 2020– y que lo tiene registrado en el Gobierno de Aragón. “No me echan por no pagar: no he dejado de pagar un solo mes. Estamos un limbo legal”, se queja.

Desde el Sindicato de Inquilinas, que ha acompañado a las familias en este proceso, Paula Gil apunta que los afectados son una treintena de personas y rechaza los criterios de vulnerabilidad planteados. “A la hora de la verdad, consideramos que estas 15 familias son todas vulnerables”, incide, antes de lamentar que “una empresa pública” se comporte “como cualquier banco”. “Solo quieren hacer negocio con la vivienda. No es de recibo en una empresa de capital mayoritariamente público”, denuncia.

Disputa partidista

La amenaza de desahucio para estas quince familias tampoco ha sido ajena a la disputa partidista. Días atrás, el grupo de Zaragoza en Común en el Ayuntamiento de Zaragoza pidió al Ayuntamiento, en poder del PP, que se interesara por la situación, obtuviera toda la información necesaria y se posicionara como mediador en el conflicto. Gran parte de la situación, según ZEC, es producto de la “desidia” del Gobierno municipal, que “sistemáticamente en las gerencias de urbanismo está mucho más interesado en la venta de suelo público para movimientos especulativos de vivienda libre, en muchos casos de lujo, que en la protección de la vivienda social como un derecho ciudadano básico”.

Desde el equipo de gobierno llegó la respuesta ese mismo día. Así, el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, instó a ZEC a que se dirigiera “a sus compañeros de Sumar que dirigen algunos ministerios del Gobierno de España para que la Sareb paralice los desahucios”, porque, según añadió Serrano, el Ayuntamiento de Zaragoza “es completamente ajeno” a esta situación.