El Ayuntamiento de Logroño privatiza el reparto de vivienda protegida: elimina el sorteo público y deja la selección en manos de las constructoras

Logroño ha vuelto a poner en marcha la construcción de vivienda protegida en plena crisis de acceso a la vivienda. Pero lo ha hecho con un cambio sustancial: el Ayuntamiento ha dejado en manos de las constructoras la selección de las personas que comprarán hasta 104 viviendas de protección oficial, rompiendo así con años de control estricto de condiciones y adjudicaciones mediante sorteo público. 

El pliego de condiciones elaborado por el Ayuntamiento de Conrado Escobar en 2024 para la enajenación de parcelas municipales presenta una importante simplificación administrativa. A diferencia de etapas anteriores y con diferentes corporaciones, como se puede ver en los expedientes de los años 2005, con ayuntamiento del PP y del 2009, con el PSOE, el pliego ahora es de carácter genérico y reduce los requisitos de acceso al mínimo: estar inscrito en el Registro de Solicitantes del IRVI y cumplir los topes de renta.

Sin embargo, los expedientes anteriores recogen que la selección recaía de manera obligatoria en la administración local. De hecho, en 2009, el Ayuntamiento de Logroño disponía un mecanismo técnico articulado y público para garantizar que recogía un procedimiento de sorteo ante notario basado en fórmulas matemáticas de 'cadencia' y 'número de origen'. Además, entonces se recogían cupos específicos para destinar un porcentaje de las viviendas a jóvenes y baremos de puntuación por situación sociofamiliar, discapacidad y niveles de renta. Cupos y baremos que en el pliego de 2024 han desaparecido. 

Es decir, el Ayuntamiento de Logroño ha delegado la venta de viviendas protegidas en empresas privadas y con ello, también la forma de elegir a los compradores aunque la ley obligue a garantizar la igualdad de oportunidades. En concreto, este giro que puede estar contradiciendo la Ley 2/2007 de Vivienda de La Rioja, el mismo marco regulador que en el expediente de 2009, cuando sí se aplicaban sorteos y cupos estrictos. Por tanto, la desaparición del control social no responde a una adaptación a nuevas leyes, sino a un cambio en la interpretación de los pliegos que, bajo el mismo paraguas legal de hace 17 años, ahora decide otorgar todo el poder de decisión a las constructoras.

El artículo 46 de esta ley es claro al señalar que los procedimientos de adjudicación de vivienda protegida deben ser “en todo caso, procedimientos de concurrencia pública y publicidad”. No obstante, la concurrencia pública se debilita con la eliminación del sorteo por parte de la Administración pública y la utilización de unos criterios que quedan en manos de empresas privadas, que solo tienen que presentar al Ayuntamiento una relación con los datos de los adquirentes una vez realizada la selección. 

Para justificar este cambio, el equipo de Gobierno municipal sostiene una distinción técnica: diferencia entre la “promoción pública de VPO” (gestionada por instituciones) y la “promoción privada de VPO sobre suelo municipal”. De esta manera, el consistorio argumenta que al ser la constructora quien compra el suelo, debe tener libertad para elegir a sus clientes. Sin embargo, ni la ley autonómica de 2007 ni la reciente Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda (12/2023) eximen al suelo público de su función social. 

De hecho, la ley estatal refuerza esta idea en su artículo 6: “Se prohíbe cualquier forma de discriminación en el acceso a la vivienda [...] incluyendo la discriminación indirecta, entendiéndose por tal aquella disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que pueda poner a personas en desventaja particular.” Y en el artículo 27.2 recoge: “Los bienes y recursos que integran los patrimonios públicos de suelo se destinarán a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública [...] de acuerdo con las necesidades de los sectores de la población con mayores dificultades de acceso”. 

Este procedimiento del equipo de Gobierno ha encendido las críticas de la oposición. Desde el PSOE, denuncian que se está “mercantilizando” un derecho básico y han pedido la dimisión de la concejala de Vivienda, Patricia Sáinz. Igualmente, ha exigido al alcalde Conrado Escobar que “obligue a las promotoras a hacer público el procedimiento”, en concreto, “dónde se publicó la posibilidad de inscribirse, qué plazos hubo y cómo se eligió a los 104 adjudicatarios”. También el PR+ ha criticado duramente esta política municipal y ha exigido un pleno extraordinario para pedir todas estas explicaciones. Por su parte, el Ayuntamiento de Logroño, consultado sobre este asunto, ha remitido sus explicaciones a una rueda de prensa convocada a primera hora del lunes.

Logroño vuelve a construir vivienda protegida cuando es más necesario, pero con la transparencia en la selección de adquirentes en el aire. Los tradicionales sorteos de las viviendas de protección oficial se han sustituido ahora por un proceso de gestión comercial de las promotoras. Logroño reduce a la mínima expresión legal los cupos que antes favorecían a colectivos vulnerables o jóvenes y el Ayuntamiento deja de ser un árbitro que garantiza la igualdad en la enajenación del suelo público.