La Junta Electoral Central (JEC) ha recordado a PP y Vox que la transparencia del voto por correo, tanto de los residentes en España como en el extranjero, está regulada en la ley y por eso ha rechazado la introducción de las medidas extraordinarias para reforzar la “custodia” de estos sufragios que plantearon los populares y también las que reclamaron los de Santiago Abascal en el caso del voto de los registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), el censo de los españoles que residen de forma permanente en el exterior.

En las dos resoluciones ante estas peticiones, el organismo arbitral recuerda también a PP y Vox que la Administración electoral “debe aplicar los procedimientos dispuestos en la legislación electoral en tanto no sean modificados por el legislador” y les anima a cambiar la ley si consideran que hay que reforzar algún extremo del procedimiento electoral. “Tratándose de un partido político con representación parlamentaria parece más lógico que se utilice esta vía antes que la del traslado al Gobierno y a las Cortes Generales del criterio de la Junta Electoral Central al respecto”, argumenta la JEC.

Además, el 'árbitro' de las elecciones explica a PP y Vox que las juntas electorales únicamente pueden actuar si se le trasladan “denuncias sobre hechos o indicios concretos de irregularidad” como se ha hecho en el pasado, cuando se tomaron las medidas oportunas ante los hechos denunciados. En este punto, recuerdan los hechos ocurridos en el marco de las elecciones de Extremadura en diciembre de 2025 después de un robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) en la que unos ladrones sustrajeron la caja fuerte del establecimiento con 14.000 euros y 124 votos emitidos por correo.

La Guardia Civil lo consideró un acto de “delincuencia común” y la Junta Provincial de Badajoz activó un operativo especial “para asegurar que estos ciudadanos pudieran ejercer su derecho, logrando que 122 de los 124 electorales afectados pudiesen llevarlo a cabo, no siendo posible en 2 casos por hallarse estos fuera del territorio nacional”. Además, con respecto al voto por correo, la JEC insiste en que Correos “adoptará las medidas oportunas y suficientes para la custodia de la documentación electoral que contenga los votos hasta su entrega a las Mesas o a las Juntas Electorales”.

Con respecto a las medidas en el caso del voto CERA, la JEC explica que en el escrito de Vox “tan solo se invoca la existencia de un diferente régimen de acreditación de la identidad del votante, la trazabilidad y la seguridad e integridad en la custodia del voto por correo de los españoles que residen dentro del territorio nacional y el voto de los electores inscritos en el CERA”. “En este sentido, la Sentencia del Tribunal Constitucional 153/2014, de 25 de septiembre, ya declaró que en este caso, ”no considera el Tribunal Constitucional infringido el derecho a la igualdad, toda vez que son distintas circunstancias de los españoles residentes y de los residentes ausentes como bien expresa la necesidad de recurrir a artificios administrativos para hacer posible la condición de vecinos de estos últimos“, argumenta.

La Junta Electoral ya anunció este jueves que daría orden a la Oficina del Censo Electoral de enviar la documentación para poder votar el próximo 29N a los 2,7 millones de electores inscritos en el CERA. La documentación se enviará también, por tanto, a los 163.020 nacionalizados a través de la ley de nietos a los que el Tribunal Supremo ha pedido dejar fuera de estos comicios. El acuerdo incluye un aviso de que habrá electores que no podrán votar de acuerdo al mandato del Alto Tribunal.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha vuelto a situar la seguridad del voto por correo en el centro de la controversia política. Durante un acto institucional celebrado este viernes, la dirigente del PP ha asegurado que “no concibe” que en una democracia del siglo XXI se puedan sustraer sufragios en las oficinas postales y ha reclamado garantizar su correcta custodia para evitar que los ciudadanos sientan “miedo” al ejercer su derecho a voto.

A preguntas de los periodistas tras asistir a la presentación de la memoria del Consejo Económico y Social (CES) de 2025, Guardiola ha justificado la postura mantenida por su formación durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado diciembre. “Aquí en Extremadura hemos vivido cómo se han robado votos y me da igual que sean 128, porque esas 128 personas tienen el mismo derecho a ejercer su voto que si fueran 28.000; es que no puede pasar”, ha afirmado.

Sus palabras rescatan un choque político que marcó el tramo final de aquellos comicios. En vísperas de la cita electoral, el PP abanderó una ofensiva pública que llegó a poner en duda la limpieza del proceso. Voces destacadas del partido, como el dirigente Abel Bautista, llegaron a sostener que les habían “robado la democracia” tras la desaparición de sobres de votación en varias delegaciones de Correos en la provincia de Badajoz.

Sin embargo, las investigaciones desarrolladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional descartaron cualquier tipo de maniobra política, manipulación o trama de fraude electoral. Las pesquisas confirmaron que la sustracción de la documentación fue obra de delincuentes comunes que asaltaron las oficinas postales en busca de dinero en efectivo o paquetes de valor, sin intencionalidad política alguna.

Pese al esclarecimiento de los hechos, Guardiola ha defendido que la gravedad del suceso reside en la brecha de seguridad del sistema postal. La jefa del Ejecutivo extremeño ha calificado de “increíble” que los electores deban preocuparse por el paradero de sus papeletas, con independencia de que el asalto sea cometido por “un caco, sea organizado o no lo sea”.

En la misma línea, ha atribuido las críticas vertidas contra la formación conservadora durante aquellos días a “mucha tergiversación” sobre la postura oficial que adoptaron tras los robos.

En menos de dos meses, más de dos millones de canarios podrán acudir a las urnas para elegir a los próximos representantes del Congreso y el Senado. Sin embargo, quienes se encuentren fuera de la jurisdicción que les corresponde para ejercer este derecho -al menos 212.000 personas- o no puedan acudir a su colegio electoral tendrán que recurrir al voto por correo.

El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la derrota parlamentaria ha fijado la fecha de las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

¿Hasta cuándo se puede solicitar el voto por correo?

Según establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el voto por correo puede solicitarse desde la convocatoria de las elecciones y hasta el décimo día anterior a la votación.

Por tanto, el 19 de noviembre será el último día para solicitar el voto por correo, mientras que el plazo para depositarlo en una oficina de Correos se prolongará hasta el 26 de noviembre.

Cómo solicitar el voto por correo paso a paso

Los electores interesados deberán solicitar ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente el certificado de inscripción en el censo.

La solicitud puede realizarse en cualquier oficina de Correos, donde será necesario presentar el DNI original en formato físico. No se admite una fotocopia del documento de identidad.

También existe la posibilidad de realizar la solicitud por internet a través de la página web de Correos utilizando el DNI electrónico o un certificado digital.

Una vez presentada la solicitud y aceptada por la Oficina del Censo Electoral, el elector ya no podrá votar presencialmente en la mesa electoral el día de las elecciones.

¿Puede otra persona solicitar el voto por correo en mi nombre?

En determinados casos, sí. Si el elector no puede acudir personalmente a una oficina de Correos por enfermedad o incapacidad, otra persona podrá realizar el trámite en su nombre.

Para ello será necesaria una autorización notarial o consular. Esta autorización es individual y únicamente puede incluir a un elector, por lo que una misma persona autorizada no podrá solicitar el voto por correo para varios votantes.

¿Cuándo se recibe la documentación para votar por correo?

Los electores que hayan solicitado el voto por correo recibirán en su domicilio la documentación necesaria para votar entre el 9 y el 22 de noviembre.

El envío incluirá:

¿Hasta cuándo se puede depositar el voto por correo?

Una vez recibida toda la documentación, el elector podrá entregar su voto en cualquier oficina de Correos hasta el 26 de noviembre.

Para depositarlo será obligatorio identificarse. Este requisito fue introducido en 2023 después de las sospechas de fraude relacionadas con el voto por correo en Melilla y otros municipios durante las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

¿Qué ocurre con el voto por correo el día de las elecciones?

Correos conservará hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a las mesas electorales y la trasladará a los colegios a las 9.00 horas.

La ley también contempla que Correos entregue a las mesas los sobres que puedan recibirse durante la propia jornada electoral, hasta las 20.00 horas. Los envíos que lleguen después de esa hora serán remitidos a la Junta Electoral de Zona.

Además, Correos llevará un registro de toda la documentación recibida, que podrá ser consultado por las Juntas Electorales.

Las acusaciones de pucherazo se han convertido ya en un clásico de cada cita electoral en España. Esta vez, el foco está puesto en el voto por correo. Horas después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuestionara su limpieza de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Correos Canarias ha respondido a las acusaciones, garantizando la profesionalidad del proceso.

El secretario de CCOO de Correos en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Segura, ha defendido este jueves en una entrevista en Televisión Canaria que “es un proceso totalmente garantista” y que “hay unos procedimientos detrás donde no hay ningún escape para poder manipular, como se ha insinuado, el voto”. “Hay muchos controles, desde que el ciudadano o solicita el voto en ventanilla hasta que el voto llega a casa y vuelve de nuevo a depositar su voto”, asegura.

Segura ha querido transmitir, además, mediante sus palabras el malestar de los trabajadores tras las declaraciones del PP y ha aprovechado para pedir a los representantes políticos “que saquen a Correos y sus trabajadores del fango electoral” y que “no entren en campaña con Correos, porque”los profesionales bastante tienen con la labor que llevan haciendo todos estos años“.

De esta manera, ha recordado que la entidad lleva en procesos electorales en España desde el año 1977, con elecciones generales, autonómicas, europeas y municipales y que “en esos 50 años ha habido políticos de distintos signos y resultados de cualquier color”. “Los profesionales de Correos han trabajado el voto por correo con profesionalidad y rigor y, hasta ahora, no ha habido ni una sola mancha que pueda tratar de insinuar algo de lo que hablan”, concluye.

A esta defensa se ha sumado también el gerente de Operaciones de Correos en Canarias, Pablo Iván Rodríguez, quien ratifica que “la seguridad es lo que prima en este proceso electoral” y que “en cada fase se toman las las medidas necesarias para que sea un proceso transparente, donde se puede ver claramente dónde se encuentra a cada momento el voto”, señala.

En respuesta al PP, sostiene que no son “ajenos a una realidad, pero no nos afecta” y que les duele y consideran “que no es agradable”. Pero que igualmente, explica Rodríguez, “nos mantenemos al margen y lo que hacemos nosotros es centrarnos en la operativa”.

Correos alerta del impacto de la falta de plantilla

Las elecciones del 29 de noviembre coinciden de pleno con el fin de semana de rebajas por el Blackfriday, que suele celebrarse el último viernes de noviembre, aunque algunas tiendas alargan las ofertas hasta el domingo. Por eso, CCOO de Correos Canarias ha querido recordar que “existe un problema estructural de plantilla” y “que va haber un problema si no se contrata”. Asimismo, a pesar de que están convencidos de que en esta campaña de Navidad y elecciones “la empresa va a contratar trabajadores”, consideran que “no es suficiente”.

Las dudas expresadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre el voto por correo han encontrado respaldo este miércoles en sus dos vicepresidentes. Con distinta intensidad y argumentos, tanto Mar Vaquero como Alejandro Nolasco han alimentado los recelos sobre esta modalidad de sufragio a pocas semanas de las elecciones generales. La vicepresidenta del PP ha defendido que el sistema electoral español “es garantista”, pero ha considerado justificadas las “prevenciones” por las personas que están “detrás”, mientras el vicepresidente de Vox ha ido más lejos y ha pedido directamente acudir a votar de forma presencial.

“Creemos que hay que ir a votar presencialmente”, ha afirmado Nolasco. El vicepresidente aragonés ha justificado su recomendación en su desconfianza hacia el presidente del Gobierno: “No nos fiamos de nada que pueda hacer Pedro Sánchez. No sabemos qué es lo que está tramando, no sabemos qué es lo que puede llegar a hacer, pero puede hacer cualquier cosa, ya lo ha demostrado”.

Nolasco no ha señalado ninguna irregularidad concreta en el funcionamiento del voto por correo, pero ha concluido que “es muy importante que, dentro de las posibilidades, se vaya a votar presencialmente”.

Sus palabras se suman al debate abierto por Azcón, quien aseguró que traerá a sus hijos que estudian fuera para que voten presencialmente en urna, en la misma línea de las dudas planteadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un debate que también ha dejado distintos mensajes dentro de la dirección nacional del PP sobre dónde reside exactamente el motivo de desconfianza.

La posición de Mar Vaquero se sitúa precisamente entre esos mensajes. Por un lado, coincide con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en defender las garantías del voto por correo. Por otro, introduce el matiz planteado por la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, que ha desplazado las dudas desde el procedimiento hacia los responsables de Correos.

“¿El sistema es garantista? Claro que el sistema es garantista. Nuestro sistema electoral es garantista, nuestras instituciones son también garantistas”, ha afirmado Vaquero. Sin embargo, inmediatamente después ha justificado que puedan existir recelos: “El que se ponga en duda o se pueda tener ciertas prevenciones con el voto por correo no es porque el sistema no sea garantista”.

Para la vicepresidenta, el motivo está en “las personas que están detrás de ese sistema o de ese modelo”. De esta forma, Vaquero ha tratado de compatibilizar la defensa formal de las garantías electorales con las sospechas expresadas por Azcón y otros dirigentes de su partido.

Preguntada expresamente por si considera responsable que el presidente de Aragón plantee dudas sobre el voto por correo a pocas semanas de unas elecciones generales, Vaquero no se ha desmarcado de Azcón. “Ni el Gobierno de Aragón ni el presidente de Aragón en ningún momento han dicho que el sistema electoral no sea garantista”, ha señalado, antes de añadir nuevamente que “lo que sí provoca serias dudas es quién está detrás de este sistema y de este modelo”.

La vicepresidenta ha defendido además que las declaraciones de Azcón y Ayuso “no deberían extrañar a nadie” y ha recurrido en varias ocasiones al argumento de que esas sospechas existen entre los ciudadanos. “Esto es lo que se oye en la calle”, ha repetido. “Es muy importante escuchar a la calle” y ha acusado precisamente al PSOE de estar desconectado de la calle.

“Prevenciones”

Vaquero ha utilizado buena parte de su intervención para cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE y justificar en su actuación política esas “prevenciones”. Ha aludido a las investigaciones y polémicas relacionadas con el entorno socialista, a Leire Díez y a las acusaciones formuladas en su día dentro del propio PSOE sobre las primarias que devolvieron a Sánchez a la Secretaría General.

También ha extendido el argumento a otras instituciones. Vaquero ha citado el Tribunal Constitucional y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para defender que sus reparos no se dirigen a las instituciones en sí mismas, sino a las personas que las dirigen y al uso que considera que hace de ellas el Gobierno central.

“¿El CIS es un buen sistema? Por supuesto”, ha señalado. “¿Cuál es el problema que tiene el CIS ahora? ¿Quién lo utiliza, quién lo dirige y para qué se utiliza?”, se ha preguntado, estableciendo un paralelismo con sus argumentos sobre el sistema electoral.

Vaquero ha concluido responsabilizando al propio PSOE de la existencia de estas sospechas y acusando a Sánchez de haber “mentido y hecho trampas a lo largo de todos estos años”. Nolasco, por su parte, ha prescindido de esa distinción entre el sistema y quienes lo gestionan y ha convertido directamente su desconfianza hacia el presidente del Gobierno en una recomendación a los ciudadanos para que, siempre que puedan, voten presencialmente.

Las acusaciones de “pucherazo” empiezan a convertirse en una tradición de cada periodo electoral en España. El propio Feijóo ya alentó este fantasma en 2023 —y antes, en Galicia— y el PP lo repitió en el pasado ciclo electoral. El 29N no iba a ser menos y el mismo día que se convocaba el adelanto electoral ya salió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a recomendar no votar por correo. El mismo consejo dio Santiago Abascal, líder de Vox.

Por el momento, no la ha acompañado Feijóo ni tampoco el portavoz del PP, Borja Sémper. “Nuestro sistema es garantista, garantiza que el procedimiento está controlado por la Junta Electoral Central, donde estamos representados”, respondió Sémper esta mañana al ser preguntado por las dudas lanzadas por Ayuso.

¿Qué gestiona Correos?

Correos tiene la obligación de gestionar el voto por correo de todos los electores que lo pidan, así como el voto del personal embarcado y del personal de las Fuerzas Armadas embarcado o en “situaciones excepcionales vinculadas a la defensa nacional”, y el voto de los internos de centros penitenciarios. Durante el proceso electoral Correos también gestiona los envíos de la Oficina del Censo Electoral, los de propaganda electoral de cada partido y la recogida de documentación electoral en las distintas mesas electorales.

¿Qué recorrido realiza el voto por correo?

El servicio de Correos conserva hasta el día de la votación toda la correspondencia dirigida a mesas electorales. En esa jornada, traslada la documentación a las mesas a las 09:00. Correos sigue tramitando toda la documentación electoral que pueda llegar antes de las 20:00 del día de la votación. El servicio lleva un registro de toda la correspondencia recibida, que ponen a disposición de las Juntas Electorales. La correspondencia que llegue después de las 20:00 del 29 de noviembre se remitirá a la Junta Electoral Central y se destruirá.

Una vez finaliza la votación en las mesas electorales, cada mesa introduce en la urna los votos por correo que hayan llegado. A la hora del escrutinio, el presidente de la mesa abre los sobres de uno en uno y comprueba que el elector ha incluido en su envío el Certificado de Inscripción en el censo y el sobre o los sobres de voto. Tras eso, se comprueba que el elector está inscrito en el censo de la mesa y se introducen el sobre o los sobres en las urnas correspondientes. Por último, se anota al elector en la Lista Numerada de Votantes.

El elector que vota por correo ya no puede hacerlo físicamente el día de las elecciones.

¿Se comprueba la identidad de quien vota?

En caso de solicitud online, el interesado debe acreditar su identidad mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria y el DNI electrónico (DNI-e).

En el caso de que sea en oficinas, debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarialmente o consularmente. En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, Pasaporte o carnet de conducir originales.

Para las presentes elecciones, la Oficina del Censo Electoral solicita que el voto sea entregado por el propio elector. En caso de no poder acudir personalmente, el elector podrá autorizar a otra persona para que lo haga en su lugar. Este representante deberá presentar para ello una autorización, una fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y su propio documento oficial acreditativo. 

¿Cómo se cuenta el voto por correo?

El día de la votación, a las 20 horas, una vez que haya votado el último elector, en la mesa electoral se procederá a introducir en la urna respectiva los sobres que contengan las papeletas del voto remitidos por correo. Durante ese momento están presentes los interventores de los partidos.

Para ello, se abren, de uno en uno, los sobres remitidos y se comprueba que contienen el Certificado de Inscripción en el Censo del elector y el sobre o sobres de voto. Se comprueba que el elector está inscrito en el censo, se introduce en la urna correspondiente el sobre o sobres de votación y se anota al elector en la lista de votantes.

¿Quién está en la Junta Electoral Central?

La Junta Electoral Central es el órgano superior de la administración electoral y, como ha dicho este martes Sémper, tiene miembros que eligen los partidos de forma conjunta. Está compuesta por ocho vocales magistrados del Tribunal Supremo, designados mediante sorteo por el Consejo General del Poder Judicial, y cinco vocales catedráticos de Derecho o de Ciencias Políticas y Sociología designados a propuesta conjunta de los partidos con representación en el Congreso.

Estos son, actualmente, Carlos Vidal Prado, Francisco Javier García Roca, María da Alba Nogueira López, Javier Tajadura Tejada y María Luz Martínez Alarcón.

¿Y la ley de nietos?

A esta polémica se ha sumado otra paralela, la del censo electoral. El Tribunal Supremo decidió limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo hace unas semanas después de que lo llevasen Iustitia Europa y Vox. Los magistrados se basaron en la existencia de un supuesto “peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afectara a las elecciones.

La ley electoral prevé que el censo del 29N sea el que se cerró el 1 de agosto, antes del fallo que privaba del ejercicio de ese derecho a estos ciudadanos salvo que pudieran acreditar la condición de exiliados de sus antepasados. Fuentes consultadas por elDiario.es tanto en la Junta Electoral Central como en el Supremo apuntan a que el adelanto electoral, en la práctica, puede acabar dejando en papel mojado la exclusión de los nacionalizados a través de la ley de nietos. Sostienen que el proceso electoral debe regirse por el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior al mes en que se decreta la convocatoria. Esto es, cuando no existían las medidas cautelares dictadas en septiembre. Y que tratar de aplicar la suspensión de forma retroactiva supone colisionar con la ley electoral, que es la que fija el censo aplicable.

Sin pruebas, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, se ha sumado a las tesis sobre una presunta manipulación del voto por correo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre alimentada antes por cargos de su partido como Isabel Díaz Ayuso o de Vox, como Santiago Abascal. “El voto por correo siempre ha tenido un halo de sospecha”, ha sentenciado en una rueda de prensa en Vitoria.

De Andrés, de hecho, ha retomado una senda que Génova había querido evitar tras los primeros comentarios de Díaz Ayuso. “Nuestro sistema es garantista. Que los españoles vayan a votar. Por tierra, mar y aire. Por voto presencial o por correo”, había manifestado, de su lado, otro dirigente vasco del PP, Borja Sémper, ahora muy cercano a Alberto Núñez Feijóo.

“La verdad es que se están viendo cosas un poquito raras. Ya ha habido casos un tanto extraños. En las anteriores elecciones los hubo”, ha lanzado De Andrés, si bien ha dicho no recordar “exactamente” esas supuestas “irregularidades” cuando una periodista le ha repreguntado por sus palabras en reiteradas ocasiones. “Lo voy a confirmar, pero creo que hubo algunos casos, desde luego chocantes. Creo recordar”, ha señalado.

De Andrés, después, ha vinculado sus dudas a la “presencia” de Leire Díez en Correos. La socialista vizcaína, a la que ha llamado “fontanera”, está actualmente investigada por corrupción y antes era alto cargo de la entidad postal. Estuvo en Correos de 2022 a 2024, pero en funciones relativas a la filatelia y a las relaciones institucionales.

“Seríamos tontos si no sospecháramos. Es una mafia. ¡Cómo no vamos a sospechar!”, ha insistido el dirigente 'popular', que ha asegurado que si Díez fue capaz de contratar “sicarios” también lo era de manipular unos votos. Correos, eso sí, ya desmintió en un comunicado oficial que Díez tuviese funciones electorales: “Nunca fue responsable del voto por correo”. Más tarde, De Andrés ha reconocido que “indudablemente” no se puede “cambiar una saca por otra”, aunque ha recalcado que tiene la “sospecha” de que “hay gente que lo puede intentar”.

La vivienda es el primer problema de los españoles. Así lo reconocía la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, al anunciar los reales decretos aprobados por el Ejecutivo este martes, en paralelo a las protestas sociales tras el desahucio de Maricarmen. La vivienda es un problema con múltiples soluciones y, en una de ellas, puede entrar en liza el papel de una banca pública que, a día de hoy, no existe. Una de las bazas más factibles para conseguir una entidad estatal es la conversión de Correos en un 'banco postal', que siga el modelo que existía en España hasta principios de la década de 1990, que derivó en la privatización de Argentaria. Un modelo que, además, seguiría el ejemplo que ya existe en otros países de nuestro entorno, como Francia o Italia.

Esa banca pública tendría como principal misión defender el interés ciudadano, por encima de la rentabilidad y, sobre todo, luchar contra la exclusión financiera. “Cada vez dependemos más de los bancos, estamos atados a un negocio que es inestable”, explicó en el Congreso de los Diputados Manolo Nolla, portavoz de la Plataforma por una Banca Pública, que esta semana ha presentado la propuesta de una Proposición no de Ley (PNL), para que se debata en la Cámara Baja la conversión de Correos en una entidad financiera estatal.

“Hay dos posiciones”, argumentó Nolla. Por un lado, “regular y vigilar el sector privado”. Por otro, apostar por “tener un sector público con protagonismo como para condicionar de verdad el servicio financiero”. “Tenemos a pocos metros de aquí –en referencia a la acampada en la Puerta del Sol– el problema de la vivienda. Todo el mundo está diciendo que hace falta vivienda pública, porque regula el conjunto del mercado de la vivienda. Aquí nosotros decimos que tiene que haber banca pública, no hablamos de regular. Hablamos de un servicio esencial”. 

Frenar la especulación inmobiliaria

“Un banco postal, ligado a las familias, asociado a las oficinas de Correos, podría contribuir a mejorar la financiación de la vivienda”, explicó en el Congreso, Julio Rodríguez, expresidente Banco Hipotecario y miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. También, a “mejorar el acceso a la vivienda de los hogares vulnerables”. 

En su opinión, una banca pública “es precisa para tratar de reducir la exclusión bancaria, para mejorar la retribución del ahorro”, dado que el modelo actual ha reforzado “la especulación inmobiliaria y el rentismo” porque con las retribuciones actuales de ese ahorro “la gente prefiere comprarse una casa, alquilarla o venderla”.

Rodríguez apuntó durante la jornada –bajo el título 'Necesidad de un banco postal'– que la conversión de Correos no puede hacerse de un día para otro, sino que llevará tiempo, aprovechando la estructura de oficinas del operador postal público. “Después de la experiencia de la crisis”, de 2008, “los bancos han sido más reacios a entrar en la promoción inmobiliaria. Vuelven, pero el protagonismo de los fondos de inversión es muy fuerte”. Unos actores que “rápidamente se quitan del medio”. “Esta es una relación muy negativa, no solo por ser fondos buitres. Resulta anómalo en España que los fondos de inversión tengan la libertad tremenda de quedarse con bloques enteros y echar a la gente”, concluyó Julio Rodríguez. 

Un paso más lejos que Correos Cash

Correos ya opera en actividades que van más allá del reparto de cartas y, de hecho, está dando pasos hacia el negocio financiero, pero de forma limitada. Desde hace más de un año, la ley permite al operador público la prestación de servicios financieros básicos, pero para los operadores bancarios o las entidades aseguradoras. Por ejemplo, recoge la entrega o la recogida en efectivo en las pequeñas localidades rurales. “Los bancos comerciales no responden al desarrollo rural, ni a una gestión descentralizada”, afirmó en la misma jornada Aurora Martínez, profesora de Economía y coordinadora de la Plataforma por una banca pública. 

No se trata de innovar, sino de seguir el modelo de Francia o de Italia. En el caso del país vecino, La Banque Postale –filial de Groupe La Poste– centraliza el negocio de banca y seguros. “El grupo postal francés tiene 750.000 millones de activos, es similar a Caixabank”, indicó Jorge Pérez, exresponsable de Regulación Contable del Banco de España. “Ganó 1.500 millones el año pasado”, ahondó. De hecho, la entidad francesa tiene un alto peso en su balance de los créditos hipotecarios. Según sus últimas cuentas de resultados, de casi 80.000 millones de euros de exposición crediticia, más de 71.000 millones correspondían al negocio hipotecario. 

En Italia, Poste Italiane también es activa en el negocio financiero, con unos ingresos que superaron los 5.600 millones en el último ejercicio. Sin embargo, en el caso de este operador estatal transalpino, su actividad se está diversificando, también, en sectores que no tienen nada que ver con la banca, como las telecomunicaciones. El último paso ha sido una oferta de adquisición (OPA) sobre Telecom Italia (TIM), de la que controlaba el 27% del capital y que quiere adquirir en su totalidad en una operación valorada en más de 11.300 millones de euros.

Además, la reconversión de Correos hacia la actividad financiera tendría otras derivadas, como el mantenimiento de su red de más de 1.000 oficinas y la continuidad de una plantilla que supera los 48.000 empleados, en un momento donde cada vez se mandan menos cartas y donde crecen los envíos de paquetería a través de gigantes de la logística o de Amazon. “Si queremos que la España vaciada no siga vaciándose, tendremos que aumentar los servicios. No es un proyecto de Correos, es un proyecto de país”, defendió el representante de CCOO, Andrés Fernández, en una jornada en la que también participaron representantes de UGT, CGT o Cesif, entre otros. En cuanto a la PNL en sí, el portavoz de Economía de Sumar en el Congreso, Carlos Martín Urriza, se comprometió a que su grupo llevará la proposición no de ley a la Comisión de Economía.

Consideran que están desmantelando el reparto. Los trabajadores de Correos en Haro se han concentrado este martes 29 de septiembre para protestar ante las reestructuraciones que se están ejecutando. La huelga, convocada por la Confederación Sindical CGT, responde a una nueva reestructuración impulsada por la empresa que supone la eliminación de secciones de reparto en la localidad, así como un cambio de horario que afecta directamente a las condiciones de trabajo de esta unidad. Una reestructuración, explican, “que se enmarca en una dinámica que la empresa viene aplicando en distintas unidades de reparto de La Rioja, reduciendo la plantilla y empeorando el servicio postal bajo el amparo de un Acuerdo Marco que CGT no ha firmado y que rechaza por perjudicar a trabajadores y ciudadanía”.

Claudia (nombre ficticio) es una de las trabajadoras de la Ofician de Correos en Haro y reconoce que “aunque la situación es complicada en cualquiera de las oficinas de La Rioja, en Haro es casi insostenible porque la plantilla ha padecido dos reestructuraciones en menos de dos años: la primera a principios de 2025 y la actual”.

Un tijeretazo que se materializa en la supresión de cuatro puestos de trabajo, “un reparto a pie y tres rutas rurales circulares”, explica. Cuatro puestos de trabajo menos y más carga para el personal restante. Es el día a día de esta cartera rural de la zona de Haro que cuenta que tras la primera reorganización, su ruta habitual ha cambiado drásticamente, pasando de atender tres municipios a asumir ocho. “De la ruta que llevaba en 2024 ya no me queda ningún pueblo. Son todos nuevos y me tocará llevar ocho localidades: Ochánduri, Herramélluri, Velasco, Leiva Tormantos, Villalobar, Castañares de Rioja y Baños de Rioja”. Calcula que hará unos 70 kilómetros diarios, “a los que hay sumar la zona de reparto en el propio Haro de regalo al terminar la ruta”, apunta.

Unas reestructuraciones que además de perjudicar al propio personal de Correos también está afectando a los usuarios y especialmente a los de los municipios más pequeños y envejecidos. “Cuando una carta o una cita médica no llega a tiempo, la cara la damos nosotros. Te encuentras con reclamaciones, sobre todo de las personas mayores, porque muchas no tienen vehículo para desplazarse hasta la oficina de Haro a buscar su correspondencia. Les dejamos prácticamente incomunicados”, denuncia esta profesional.

Y si todo esto no fuera suficiente, ahora también están obligados a vender productos ajenos al servicio postal público con unos objetivos semanales obligatorios. “Nos obligan a ser mediadores de seguros bajo presión. Nos exigen colocar dos al mes, y si no lo haces, toca dar explicaciones. Pretenden que vayamos a pueblos donde ni siquiera hay un cartero fijo y venderles un seguro. Una situación que roza el absurdo”, asevera indignada. Y así, han convertido el hartazgo y malestar en paros y huelga de dos horas para protestar por las reestructuraciones que están afectando a La Rioja y en particular a la oficina de Haro.

31 secciones eliminadas en La Rioja en un año

Desde el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) justifican las movilizaciones y los paros convocados ante el paulatino recorte de personal y derechos laborales. Las protestas, que contemplan huelga general y paros parciales en las dos últimas horas de la jornada para todos los turnos y centros de La Rioja, se extienden desde el verano y abarcan todo el mes de octubre. En poco más de un año, calculan que se han eliminado 31 secciones “que son asumidas por el resto de carteras y carteros. Y además eliminan la posibilidad de hacer contratos para sustituir a compañeras que, por jubilación o traslado, no van a volver a trabajar en esas oficinas”. En concreto, las 31 secciones se han eliminado en Logroño (19), Lardero (7 puestos de servicio rural con kilometraje); Haro (3 puestos de servicio rural con kilometraje) y Autol (2).

El principal motivo del conflicto radica en la implantación del nuevo modelo de reparto promovido por la dirección de Correos. “Quieren eliminar la figura del cartero vinculado a una sección concreta. El objetivo es que llegues a tu puesto de trabajo sin saber qué zona vas a hacer ese día, dependiendo únicamente de la carga de correo que estimen que ha entrado. Es una medida improvisada, aplicada con total precariedad, que genera un enorme estrés psicosocial en una plantilla envejecida, donde hay compañeros con 20 o 30 años en la misma ruta a lo que de un día para otro lanzan a zonas desconocidas sin darles ni las hojas de itinerario”.

Pero quizás, lo que más preocupa a la formación sindical es que detrás de estas reestructuraciones está la intención de reducir la masa salarial del 90 al 70 por ciento, es decir, “una política de contratación cero lo que implica que no se cubren las vacantes ni las bajas y se amortizan los puestos de trabajo”. Es lo que va a ocurrir en Haro. “El 1 de octubre entra en vigor la eliminación de otra sección con más de 90 kilómetros de recorrido”. Y no es un caso aislado porque “en Lardero se han llegado a suprimir hasta siete secciones del servicio rural de un plumazo”, reiteran.

Y las consecuencias ya son “evidentes y están repercutiendo en la ciudadanía porque las demoras se están convirtiendo en algo habitual y el hecho de que las citas médicas hospitalarias lleguen días después de la fecha fijada está afectando a las personas mayores del entorno rural porque muchos de ellos no utilizan internet”. De hecho, desde la Confederación alertan de que el deterioro de este servicio público ya ha tenido consecuencias. “La Seguridad Social ha rescindido su contrato de notificaciones en papel con Correos debido a los reiterados incumplimientos de plazos de entrega, priorizando la vía digital”.

Por todo ello, CGT exige, y lo ha hecho también este martes en Haro, “la retirada inmediata de esta reestructuración y el mantenimiento de las secciones de reparto y los horarios actuales en la unidad de reparto de Haro porque somos un servicio público”, concluyen.

Por su parte, y preguntado por todas estas cuestiones, Correos ha respondido asegurando que “no hace valoraciones de declaraciones sindicales”.

El Pleno del Parlamento ha debatido este lunes dos proposiciones no de ley (PNL) de Partido Popular y PRC, respectivamente, con aspectos comunes como el apoyo a los trabajadores de Correos, la necesidad de más contrataciones o el papel referente de los carteros en el entorno rural de Cantabria con un alto número de población envejecida, que también han sido reconocidas por el resto de grupos de la Cámara.

Sin embargo, las diferencias en cómo ha sido la gestión del Gobierno central (PSOE-Sumar) al frente de la entidad o el papel que desempeña el Gobierno cántabro (PP) dentro de sus competencias, entre otros, han hecho que ninguna de las dos obtuviera un apoyo unánime.

Ambas iniciativas han registrado enmiendas de PSOE, que no han sido admitidas. Y de Vox, que sí ha aceptado el PP pero no el PRC. De este modo, la PNL del Partido Popular ha salido adelante con los 19 votos a favor de su partido y Vox, mientras 15 diputados de PSOE y PRC se han abstenido.

Por su lado, la propuesta regionalista ha logrado el apoyo de los 7 diputados del PRC presentes en el Hemiciclo y ha registrado 27 abstenciones de los miembros de PP, PSOE y Vox.

El primero en intervenir ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Vargas, que ha calificado a Correos de “servicio esencial” en el que se han registrado dos formas diferentes de gestionar. Por un lado ha puesto el ejemplo del Gobierno de Cantabria, que en su ámbito de competencias propició un convenio entre el ICAD y Correos durante el Covid.

Y por otro, ha criticado duramente a la Administración Nacional, con un “Partido Socialista que en vez de preocuparse por la gestión, las condiciones de los trabajadores y por garantizar un servicio postal efectivo a los ciudadanos, estaba preocupado en amañar contratos y en colocar a 'fontaneras' al servicio del PSOE en la empresa pública de Correos. Esto es inadmisible”, ha remarcado.

En su iniciativa, Vargas ha planteado que el “Gobierno de Cantabria inste al Gobierno de España a realizar las gestiones necesarias para revertir la política de recortes de contratación cero instaurada en la empresa pública en los últimos tres años y asegurar la cobertura de los puestos de trabajo necesarios”.

Y que, “de acuerdo con la inminente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, se incluya al personal de la empresa pública de correos y telégrafos en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Por su parte, la portavoz del PRC, Paula Fernández, ha expuesto las diferentes iniciativas que su partido ha venido desplegando en los últimos años en defensa del servicio de Correos y ha hecho incidencia en el trabajo de los carteros rurales en Cantabria.

En este sentido, ha afirmado que “el código postal no puede condicionar” los servicios a los que se prestan a los ciudadanos.

Fernández ha remarcado que detrás de un servicio público “están sus trabajadores” y ha destacado el “sobreesfuerzo” que está desplegando el personal de Correos y lo importante que es “su inclusión dentro del Estatuto Básico del Empleado Público”.

Ha demandado “más financiación, un empleo suficiente y estable, promover una oferta de empleo pública y reducir temporalidad para lograr un servicio de calidad y eficiente”.

Y ha dicho que la iniciativa regionalista es “inequívocamente territorial”, va dirigida a mantener la población y garantizar un red cotidiana de servicios. “Correos continua llegando aunque cada vez con mas dificultades”, ha señalado.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Leticia Díaz, ha manifestado que Correos es “fundamental” y ha hablado de “colapso operativo y nefasta gestión” del Gobierno central, que ha puesto “al borde del colapso” a la empresa “debido a la falta de personal con trabajadores al limite”.

Y ha resaltado su papel “conectando” a las personas mayores con la Administración.

En cuanto al PSOE, su portavoz, Nórak Cruz, ha calificado las iniciativas de su grupo como “más concretas” y ha comentado que las propuestas de PRC y PP “aciertan en reconocer el carácter esencial de Correos y la profesionalidad de sus plantillas pero son genéricas” y no asumen las competencias o herramientas del que tiene el Gobierno de Cantabria.

Ha reconocido el papel vertebrados del correos y ha apelado a la corresponsabilidad institucional.

Cruz ha desgranado una serie de medidas “concretas” como la “implantación de la ventanilla única”, que el Gobierno regional declare a Correos “operador postal preferente” para comunicaciones administrativas, se efectúe el “cobro de recibos y tasas de las entidades locales” o garantice personal suficiente.

El portavoz popular no admitió su enmienda por ser “un lavado de cara”.

Marea Postal Cantabria ha convocado para este lunes, 28 de septiembre, una jornada de huelga en Correos Cantabria promovida por el sindicato CGT, organización que está apoyando en la comunidad las movilizaciones impulsadas por esta plataforma en defensa de la inclusión del personal de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La jornada de huelga coincide con la celebración del Pleno del Parlamento de Cantabria en el que se debatirán dos proposiciones no de ley, una presentada por el Partido Popular y otra por el Partido Regionalista de Cantabria, que plantean instar al Gobierno de España a promover la inclusión del personal de Correos en el EBEP, que Marea Postal Cantabria considera fruto, entre otras actuaciones, del trabajo desarrollado por la plataforma y de las reuniones mantenidas con representantes de diferentes formaciones políticas.

Precisamente, con motivo de la jornada de huelga del día 28, se celebrará también una concentración frente al Parlamento de Cantabria, de 11.00 a 14.00 horas, coincidiendo con la celebración del Pleno en el que se debatirán las dos proposiciones.

Marea Postal Cantabria ha hecho un llamamiento a la plantilla de Correos en Cantabria para que conozca la convocatoria de huelga y participe en la concentración “en defensa de la inclusión del personal de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público y de un modelo de Correos orientado a la prestación de un servicio público de calidad”.

En junio, Marea Postal Cantabria trasladó a representantes del PSOE, PRC y PP la situación que atraviesa actualmente la plantilla de Correos. Entre las cuestiones planteadas se encuentra la denominada “política de contratación cero”, que, según la plataforma, se viene produciendo desde hace tres años y está provocando que no se cubran adecuadamente bajas, jubilaciones y necesidades de personal durante los periodos vacacionales, “lo que está generando una importante sobrecarga de trabajo”.

La reivindicación de Marea Postal Cantabria también se ha trasladado a diferentes ayuntamientos: el PSOE presentó mociones en Santander y Torrelavega, mientras que el PRC presentó una iniciativa en Camargo. Las tres mociones fueron aprobadas.

Por otra parte, el colectivo ha destacado que la reivindicación de la inclusión del personal de Correos en el EBEP ha comenzado a trascender el ámbito de Cantabria, con una concentración en Euskadi, convocada por los sindicatos LAB, ELA y ESK el 8 de octubre.

La plataforma ha señalado que, una vez finalizada la jornada de movilización del 28 de septiembre, su intención es continuar trabajando para trasladar esta reivindicación al Congreso de los Diputados, con el objetivo de que pueda registrarse y debatirse una proposición de ley que permita modificar el marco legal necesario para la inclusión del personal de Correos en el EBEP.

En este sentido, Marea Postal Cantabria informa de que ya se han mantenido contactos con diferentes formaciones políticas y que Izquierda Unida y Podemos han mostrado su predisposición a trabajar para que esta iniciativa pueda llegar a las Cortes Generales y ser debatida.

La candidata del PRC a la Presidencia de Cantabria, Paula Fernández, defenderá este lunes, 28 de septiembre, en el pleno del Parlamento de Cantabria una proposición no de ley para reclamar al Gobierno de España (PSOE-Sumar) que refuerce la financiación y la plantilla de Correos y garantice la prestación de un servicio postal público “de calidad, eficaz, eficiente y accesible” en todo el territorio de Cantabria.

Fernández ha reivindicado en un comunicado la importancia de Correos como “elemento de cohesión y vertebración territorial” y ha advertido de las consecuencias de la falta de recursos y personal que sufre actualmente el servicio, con “repercusiones tanto en las condiciones laborales de los trabajadores como en la calidad de la atención que reciben los ciudadanos”.

“No podemos permitir que la falta de personal acabe debilitando un servicio público que es esencial y especialmente necesario para quienes viven en nuestros pueblos”, ha subrayado la regionalista, quien ha exigido “una cobertura adecuada con independencia del lugar de residencia”.

En este sentido, ha puesto en valor la labor que realizan los carteros en los municipios rurales y en riesgo de despoblamiento, donde su presencia “trasciende la prestación del propio servicio postal”.

“Son una pieza fundamental para mantener vivos nuestros pueblos, donde cumplen también una importante función de acompañamiento a los vecinos, especialmente a las personas mayores y más vulnerables”, ha detallado.

Así, la iniciativa que llega al Pleno del lunes reclama al Gobierno de Cantabria (PP) que inste al Ejecutivo central a reforzar la financiación del servicio público postal para garantizar su calidad y contribuir a la cohesión social y económica de todos los territorios.

Asimismo, plantea la convocatoria de una oferta de empleo público “suficiente” para cubrir los puestos estructurales y reducir la temporalidad y la parcialidad existentes actualmente en Correos.

En este sentido, Fernández ha advertido de las consecuencias de “la insuficiente reposición de las plazas que quedan vacantes y la falta de sustitución de las bajas”, que se traducen en “una sobrecarga de trabajo creciente” y una temporalidad que “supera el 30 por ciento de la plantilla”.

“No se puede exigir un servicio público de calidad si no dotamos a quienes tienen que prestarlo de los medios y del personal necesarios”, ha recalcado la dirigente del PRC.

En su opinión, reforzar la plantilla permitirá mejorar las condiciones de los trabajadores, pero también garantizar que Correos “pueda cumplir adecuadamente su función y ofrecer el mismo servicio a los ciudadanos de las zonas rurales que a quienes residen en los principales núcleos de población”.

Estabilidad para el personal laboral

Por otra parte, la proposición regionalista reclama además el cumplimiento de la Ley del Servicio Postal Universal, especialmente en lo relativo al mantenimiento de un servicio de calidad y accesible a toda la población, y plantea promover la inclusión del personal laboral de Correos en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La candidata del PRC ha explicado que los trabajadores de Correos desarrollan su actividad en una empresa pública y desempeñan tareas esenciales, pero están encuadrados como personal laboral, lo cual genera “incertidumbre e inestabilidad” y “limita” sus posibilidades de promoción interna y de desarrollo de una carrera profesional.

Por último, Fernández espera el respaldo del resto de los grupos parlamentarios a una iniciativa que, a su juicio, “no pretende otra cosa que asegurar que Correos siga llegando a todos los cántabros, vivan donde vivan, con los recursos humanos y económicos que necesita”.

Repartir el correo en un pueblo no consiste únicamente en recorrer sus calles y dejar cartas en los buzones. Para un cartero rural, la jornada puede comenzar en una oficina, continuar al volante durante cientos de kilómetros y llevarle por una sucesión de pueblos separados por carreteras secundarias. Periódicos, cartas, paquetes, trámites de oficina y, cada vez más, también tareas comerciales forman parte de unas obligaciones que los trabajadores aseguran que se ha ido cargando de responsabilidades mientras las plantillas se reducen.

La muerte de Rosana, una cartera rural que falleció mientras realizaba su trabajo, ha vuelto a poner el foco sobre estas condiciones. Los sindicatos reclaman que se investiguen las circunstancias del accidente y que se determine qué ocurrió. Correos, preguntada por las denuncias sindicales, señala que “no hace valoraciones de las manifestaciones de la representación sindical”.

Para Beatriz Pardos, responsable de CSIF Correos en Aragón, lo ocurrido ha sido especialmente duro. “Era una persona muy querida”, señala. Desde el sindicato reclaman una “investigación exhaustiva” que permita conocer las circunstancias del accidente, pero también ponen el foco en el contexto en el que trabajan los carteros rurales. “Lo fundamental es que haya plantilla suficiente”, sostiene Pardos. Según explica, la falta de trabajadores provoca que algunos empleados tengan que asumir rutas más extensas y una mayor carga de trabajo. A ello se suma, según denuncia, el estado de algunos vehículos, que recorren muchos kilómetros y pasan por diferentes manos: “No puede ser que una persona tenga que hacer el trabajo de tres”, expone.

Más pueblos, más kilómetros

José Alegre conoce bien esa realidad. Ha trabajado como cartero rural y actualmente desarrolla su trabajo en Zaragoza. Explica que, a su juicio, el problema viene determinado por la falta de reposición de las plazas que quedan vacantes por jubilaciones y por las dificultades para cubrir bajas y vacaciones. “Si antes un cartero llevaba cinco pueblos, ahora igual tiene que hacer diez”, afirma. Pone como ejemplo la comarca de las Cinco Villas, donde, según relata, dos secciones correspondientes a dos carteros que se jubilaron han acabado siendo asumidas por una sola persona. Y advierte de que la situación puede volver a repetirse con las próximas jubilaciones.

Los carteros rurales también recorren largas distancias con vehículos de la empresa o, en algunos casos, con sus propios vehículos. Alegre denuncia que el kilometraje que reciben quienes aportan coche propio permanece congelado en 0,23 euros por kilómetro, una cantidad que, asegura, no cubre el coste real del uso y mantenimiento del vehículo. “No es solo la gasolina”, explica, también están el desgaste, las averías y las condiciones de las carreteras por las que circulan diariamente.

Los vehículos de Correos tampoco están, según los trabajadores consultados, al margen de los problemas. Alegre recuerda, por ejemplo, el caso de una furgoneta en Aniñón en la que falló el freno de mano y el vehículo acabó vencido. Para los trabajadores, el mantenimiento de la flota está relacionado con la seguridad de unas rutas en las que se pasan muchas horas al volante. Una cartera rural que prefiere mantener el anonimato describe una situación similar. Trabaja con una ruta de unos 15 pueblos y considera que la carga acumulada genera un “estrés” que no siempre resulta visible desde fuera. “No es normal 20 pueblos como Rosana, o yo con 15 pueblos”, afirma.

La dificultad, explica, no está en una única tarea concreta, sino en la acumulación de kilómetros, circular por carreteras secundarias o los horarios de las oficinas. Además, tienen que repartir periódicos que deben llegar diariamente, cartas y paquetes, a lo que se suman nuevas responsabilidades comerciales para vender seguros. “La muerte de Rosana puede ser por un error humano, pero acumulativo por la presión que soportamos”, resume.

La cartera recuerda que “antes podías ir y ponerte a hablar con los vecinos”. Ahora, el ritmo de las rutas hace que muchas veces se vaya “por inercia” de un municipio a otro. En algunas rutas de la provincia de Zaragoza, explica, hay que entrar diariamente en hasta 15 pueblos. En algunos existen además horarios concretos de oficina que obligan a cuadrar los desplazamientos.

Cartas, paquetes y también seguros

A las tareas tradicionales se han sumado otras funciones. Los trabajadores consultados coinciden en señalar la presión para comercializar productos y seguros en los municipios: “Nos presionan para vender seguros”, denuncia Alegre, que considera que mientras existen dificultades para cubrir las rutas y las bajas, la empresa está incorporando nuevas exigencias a los carteros.

Pardos también señala esta cuestión. A su juicio, los trabajadores soportan cada vez “más presión” para hacer más tareas: repartir cartas y paquetes, atender a los usuarios y asumir objetivos comerciales.

Para la cartera que trabaja en una ruta rural, esa presión comercial resulta especialmente difícil de compatibilizar con la propia naturaleza del trabajo. “Quieren que nos paremos a hablar con la gente, vender seguros, ofrecer el servicio”, explica. Pero el tiempo disponible, asegura, cada vez es menor.

Una plantilla envejecida

Desde CSIF apuntan además a la edad de la plantilla. Pardos sitúa la media por encima de los 52 años y reclama medidas para facilitar el relevo generacional. También denuncia la existencia de numerosas jornadas parciales. En las zonas rurales, explica, se necesita que esas jornadas puedan convertirse en jornadas completas para disponer de más trabajadores y repartir mejor la carga. El sindicato reclama salidas voluntarias y una reducción de jornada por debajo de las 35 horas semanales, al considerar que se trata de un trabajo físicamente exigente.

Los trabajadores consultados insisten en que no quieren que la muerte de Rosana quede reducida a una cifra dentro de las estadísticas de accidentes laborales. “No sé cuenta la sobrecarga que llevamos”, resume la cartera que prefiere permanecer en el anonimato. Reclama que se analice el conjunto de circunstancias en las que trabajan quienes recorren cada día las carreteras aragonesas para mantener comunicado al medio rural.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado concentraciones a las puertas de las principales oficinas de Correos en las cinco capitales de provincia castellanomanchegas para denunciar que la empresa pública “incumple” el acuerdo “que firmó” a finales de 2024. En dicho pacto se comprometía a un refuerzo de personal, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento, según explica CSIF.

En Toledo, la convocatoria ha reunido a una treintena de personas a las puertas de la sede de la entidad postal en el Casco Histórico para exigir a Correos que respete las condiciones pactadas.

“En vez de cumplirlas, cada vez hay menos personal: se han perdido 22.000 empleos y tenemos contratadas más de 4.000 personas con jornadas parciales que deberían ser completas”, apunta Luisa Barrios, delegada de CSIF en la provincia de Toledo.

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, Barrios asegura que solamente en la provincia Toledo se han perdido 150 puestos de trabajo y en el primer semestre del año se han hecho más de tres mil horas de jornadas complementarias. Por ese motivo, la delegada de CSIF considera que “todas las jornadas parciales deberían ser completas”.

“Correos, escucha, estamos en la lucha”, “más personal y empleos de calidad” o “refuerzos ya, la plantilla no puede más” han sido algunas de las proclamas coreadas por los manifestantes.

Estas movilizaciones se han reproducido también este jueves en todas las capitales de provincia de Castilla-La Mancha, y CSIF asegura que, de no atender Correos sus peticiones, el próximo 30 de septiembre convocarán “una gran concentración” en Madrid.

Detalles del Acuerdo Marco que Correos “incumple”

Según detalla CSIF, el Acuerdo Marco firmado en 2024 pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La situación actual, sin embargo, “difiere de estos objetivos”. La central sindical asegura que la falta de contratación de personal de refuerzo ha supuesto una pérdida “de 22.000 empleos en una década” en toda España.

A ello hay que añadir, denuncia CSIF, que un porcentaje de casi 10 % (4.000 trabajadores a nivel nacional) tiene jornada a tiempo parcial con un sueldo que oscila entre los 700 y 800 euros mensuales. “Esta situación no se ha corregido desde la última convocatoria de empleo en 2023. Dicha oferta de empleo contemplaba 7.757 plazas, de las que más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados”, asegura en un comunicado.

El Pleno del Ayuntamiento de Camargo ha aprobado este jueves, con los votos a favor de PP y la abstención de PSOE y Vox, una moción presentada por el PRC en la que se exige al Gobierno de España (PSOE-Sumar) más recursos y personal en Correos para garantizar un servicio postal de “calidad, eficaz y accesible” para los vecinos. El objetivo de la iniciativa es evitar “el deterioro del servicio y garantizar la adecuada cobertura de bajas y vacantes”.

Durante el debate de la moción, el alcalde, Diego Movellán (PP), ha incidido en que el equipo de Gobierno ya trasladó en 2024 a la Presidencia de Correos “los problemas que estaban sufriendo los usuarios del municipio”. Movellán ha relatado que en septiembre de aquel año, se dirigió por escrito al entonces presidente de la compañía pública para trasladarle el “malestar” de vecinos y empresarios ante los “retrasos considerables” que se estaban produciendo en la distribución de correspondencia y otros envíos y reclamar un servicio “fiable y puntual”.

El regidor hizo hincapié entonces en las consecuencias que las “deficiencias” del servicio estaban teniendo en el día a día de los vecinos, especialmente ante retrasos en cuestiones de especial importancia como la recepción de documentos oficiales, notificaciones, citas médicas, facturas y otros envíos de carácter urgente.

Así, reclamó a Correos la adopción de medidas que permitiesen “asegurar” el correcto funcionamiento del servicio y garantizar los estándares de “calidad y eficacia que nuestros vecinos merecen”.

Movellán también trasladó en aquella ocasión la preocupación existente por la situación de la plantilla y dejó claro que los trabajadores “no son los culpables de la pérdida de calidad del servicio”. El alcalde defendió, según ha dicho durante el Pleno, que Correos constituye “un servicio público esencial y estratégico” y avanzó la voluntad del Ayuntamiento de continuar reclamando “soluciones mientras persistieran las deficiencias detectadas”.

La moción aprobada insta al Gobierno de España a reforzar la financiación del servicio público postal y garantizar los recursos necesarios para ofrecer una atención de calidad a toda la ciudadanía, con especial atención a los núcleos de población dispersa.

Asimismo, reclama una dotación suficiente de personal, la cobertura de los puestos de trabajo estructurales y la adecuada sustitución de bajas y vacantes, así como el pleno cumplimiento de la Ley del servicio postal universal.

La iniciativa recoge también la petición de promover la inclusión del personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento de su función y favorecer unas condiciones adecuadas de estabilidad y desarrollo profesional.

El expresidente de Correos y ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano, ha solicitado formalmente al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Leire Díez que le devuelva su teléfono móvil después de que la Guardia Civil haya terminado el segundo clonado.

En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Serrano ha pedido este viernes al juez Santiago Pedraz que le devuelva el teléfono depositado en sede judicial, dado que este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil terminó la operación de clonado del dispositivo, así como la copia de trabajo “para que sirva como a los propósitos de la investigación”.

Esa diligencia no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes, y por ello la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba. Sin embargo, el juez ordenó que se volviera a realizar el clonado, esta vez en presencia de Serrano y su abogado.

Serrano solicita la devolución argumentado que “consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación”.

Imputado en el caso Leire Díez

El juez ordenó dicha operación el pasado martes, tras la comparecencia de Serrano en la Audiencia Nacional, donde había sido citado para verificar el clonado de su móvil por parte de la UCO tras la incautación de su terminal a finales del pasado mes de mayo, durante el requerimiento de información de la Guardia Civil en la sede del PSOE.

En el marco de esta causa, el instructor imputó el pasado 10 de julio a Serrano después de que la Guardia Civil le atribuyera un “papel preeminente” en las dos ramas del caso Leire Díez antes mencionadas.

Pedraz acordó el acceso, volcado y análisis en sede policial del móvil de Serrano, indicando que “la apertura de sus dispositivos, la clonación íntegra y la salvaguarda de su contenido se realizará con las condiciones técnicas necesarias para asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.

Esta diligencia, sin embargo, no se realizó en presencia de un abogado de Serrano, según las mismas fuentes. Por este motivo, la defensa del expresidente de Correos había pedido anular la validez de esta prueba, motivo por el que se le había citado para verificar el mismo.

El nuevo clonado se comenzó a realizar el pasado martes en una sala precintada del juzgado y Serrano y su abogado fueron citados este miércoles para recoger una copia del mismo. Así, el anterior clonado quedará invalidado como prueba, y a partir del nuevo, la Guardia Civil elaborará un informe que entregará al instructor para incorporarlo a la causa.

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja ha iniciado un expediente sancionador contra la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos tras dar por probado que una trabajadora de la oficina de Arnedo sufrió un golpe de calor por las altas temperaturas del local y la falta de aire acondicionado.

En junio de 2026, te contamos el suplicio de los profesionales de esta oficina de Correos. Tal y como denunciaba el sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), los trabajadores han tenido que llevar ventiladores de casa y detener la actividad quince minutos cada hora para “descansar del calor”. Una situación que, afirmaban, padecen los trabajadores de Correos en La Rioja de las oficinas de Arnedo, Alfaro y Cascajos en Logroño. El expediente sancionador al que ha tenido acceso Rioja2 responde a una situación ocurrida en el verano de 2025 y que cruzó la línea roja de la salud laboral.

Tal y como recoge la resolución, los hechos ocurrieron el 2 de julio de 2025 sobre las 18.00 horas en la sucursal situada en la calle Juan Carlos I de Arnedo. En medio de una ola de calor, con predicciones de la AEMET de temperaturas máximas que oscilaban entre los 36 y los 39 grados en la comarca y zonas limítrofes de la Ribera del Ebro, la empleada sufrió un desvanecimiento acompañado de vómitos mientras realizaba su trabajo. La trabajadora, relataban desde la formación sindical, “se encontraba sola por la tarde y sufrió un síncope derivado de un golpe de calor en el interior de las instalaciones”: “Fue una compañera quien la encontró desmayada al entrar a la oficina y dio la voz de alarma. Un año después de aquel incidente, esta trabajadora ha desencadenado otras patologías asociadas y continua de baja médica”.

Un fallo en el sistema de climatización

Así, y tras la investigación abierta a raíz de la denuncia de la empleada afectada, Inspección de Trabajo concluye que el origen del accidente estuvo directamente ligado a las elevadas temperaturas dentro de la oficina. De hecho, el informe constata que los equipos de aire acondicionado no funcionaban correctamente.

Tras la investigación y después de citar a la dirección de Recursos Humanos y a la representación sindical de la empresa, la Inspección de Trabajo concluye que el origen del accidente estuvo directamente ligado a las elevadas temperaturas dentro de la oficina. El informe constata que los equipos de aire acondicionado no funcionaban correctamente. Y así lo refleja la resolución expresamente: “La empresa ha incumplido su obligación en relación con las condiciones ambientales del centro de trabajo. Ha quedado probado que a fecha 2 de julio de 2025 no se habían adoptado las medidas suficientes para evitar, reducir o controlar los niveles de temperatura en el centro de trabajo de manera que no pudieran suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

Por este motivo, Inspección de Trabajo tipifica los hechos como una infracción administrativa en materia de Seguridad y Salud Laboral. Además de requerir a Correos la subsanación inmediata de los problemas de climatización en las instalaciones, el expediente contempla dos vías de penalización. Por un lado, la apertura del procedimiento de multa a la empresa pública por vulnerar la normativa de riesgos laborales, y por otra, la propuesta de recargo de prestaciones. Esto es, una penalización económica adicional por la que Correos deberá pagar un porcentaje extra sobre la indemnización de baja percibida por la trabajadora durante su incapacidad.

Una resolución que llega “tras años de reclamaciones e inacción”

Desde el sindicato valoran la resolución de la Fiscalía sobre el caso de la trabajadora de la oficina de Correos de Arnedo que sufrió un golpe de calor. La organización destaca tanto el fondo del dictamen como el momento en el que llega, tras años de reclamaciones e inacción. “Nos parece positivo que se multe a Correos y se le obligue a cambiar el equipo de aire acondicionado”, señalan fuentes sindicales. Asimismo, celebran que la resolución reconozca el recargo de prestaciones a favor de la afectada porque se demuestra así “que el accidente laboral se produjo por una falta de medidas de seguridad achacable a la dirección de la empresa”.

Y además celebran que esta resolución pone fin a cuatro años de reclamaciones e inacción. Y es que, además de denunciar la situación ante Inspección de Trabajo, la situación de estos trabajadores también ha llegado al Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja. Un órgano colegiado y paritario de participación destinado a la consulta regular y periódica en materia de prevención de riesgos laborales del que forman parte delegados de prevención y representantes de la Administración. “Llevamos cuatro años con este problema. El año pasado (2025), lo único que hizo la empresa fue poner dos aparatos portátiles (pingüinos) que no solucionan nada”, relataban a principios de junio. Estas quejas ante el Comité Provincial de Seguridad y Salud de la Administración General de La Rioja, de momento, no han servido para mucho. No así la denuncia ante Inspección de Trabajo cuya resolución llega “un año después y tras haber denunciado también la situación públicamente”.

Finalmente, los trabajadores de Correos en Arnedo encaran el mes de agosto con cierta tranquilidad porque como aspecto clave de la resolución, subrayan “el compromiso fijado para el futuro: cualquier incidencia o avería en el sistema de climatización deberá solventarse en un plazo máximo de 48 horas”. También celebran lo relativo a su compañera. “Todavía está en situación de baja porque el golpe de calor agravó una dolencia previa que padecía, pero al menos se ha confirmado que fue un accidente laboral producido por un golpe de calor y cobrará algo más de indemnización”.

Correos elude valorar la resolución de Inspección de Trabajo

Preguntado por esta resolución, desde Correos han asegurado a este medio que “no entran a valorar resoluciones” ademásde confirmar que el nuevo sistema de aire acondicionado de la oficina en Arnedo “se encuentra plenamente operativo”. Por lo demás, la mimsa respuesta de mediados de junio: “Correos lleva a cabo en sus centros todas las acciones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de sus instalaciones y favorecer unas condiciones óptimas para trabajadores y usuarios”. De nuevo recuerdan que disponen de “medidas preventivas específicas para la protección de sus trabajadores frente a situaciones y condiciones climatológicas adversas, como pueden ser, en esta época del año, las altas temperaturas”. Y dentro de su Plan de Prevención, insisten en que cuentan con un “Protocolo de actuación específico que establece que, en las unidades de reparto ubicadas en zonas geográficas afectadas por avisos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) de alerta naranja (riesgo importante), la plantilla del turno de mañana no realizará labores de reparto domiciliario más allá de las 13:00 horas, mientras que, en el turno de tarde, dichas labores no se iniciarán hasta las 17:00 horas”.

En el caso de que el aviso se eleve a alerta roja (riesgo extremo), prosiguen, se suspenderán las tareas de reparto a pie y en moto en el turno de tarde mientras se mantenga dicha situación, quedando limitada la actividad, a partir de las 17:00 horas, al reparto en vehículos de cuatro ruedas para la distribución de envíos registrados. Además, y de manera independiente a la activación o no de alertas desde AEMET, informan de que Correos pone a disposición de los trabajadores, de manera permanente gorras técnicas para cubrir la cabeza y crema solar para la protección frente al aumento de la radiación ultravioleta que se produce en esta época.

De igual forma añaden que cuentan con “abundante material divulgativo, como infografías y campañas comunicativas, orientado a concienciar sobre los riesgos del calor. Este material incluye consejos para afrontar la actividad diaria durante el verano, pautas para prevenir el golpe de calor, así como indicaciones para su detección y actuación en caso de producirse, en el ámbito de los primeros auxilios, todo ello complementado con la formación preventiva obligatoria”. En definitiva, concluyen, “el Protocolo contempla todas aquellas medidas necesarias para preservar la seguridad y salud de las personas trabajadoras, así como de los clientes y usuarios”.

En 2025, por primera vez se enviaron más paquetes que cartas en España, según se desprende del Informe Anual del Sector Postal 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Durante el pasado año, se enviaron 1.335 millones de paquetes en España, un 10% más que en 2024 y un 148% más que en 2019, mientras que los envíos tradicionales (cartas, tarjetas postales, notificaciones administrativas, publicidad directa) descendieron un 8%, hasta los 1.164 millones –la mitad que en 2019 y la tercera parte de los de 2015–.

La paquetería obtuvo 7.325 millones de ingresos, un 10% más que en 2024 (+86% respecto a 2019), frente a los 1.146 millones del sector postal tradicional, un 3% más con respecto al año anterior, pero un 17% menos respecto a 2019.

Las entidades públicas mandaron el 30% de las cartas enviadas

Dos de cada tres envíos de mensajería y paquetería fueron paquetes de poco peso (hasta dos kilogramos), y casi ocho de cada diez envíos tradicionales fueron cartas ordinarias o tarjetas postales. Las Administraciones Públicas realizaron el 30% del total de los envíos postales tradicionales.

En este contexto, Correos presentó una cuota del 84% en el sector postal tradicional y del 16% en paquetería. Las compañías inscritas en el registro de operadores postales pasaron de 1.765 a 4.565 en los últimos diez años impulsados por la paquetería del comercio electrónico.

Según el Panel de hogares de la CNMC (oleada del segundo semestre de 2025), solo el 14% de los ciudadanos envió cartas, el 43% las recibió de empresas o suministradores, y el 43% recibió notificaciones administrativas. El 38% visitó al menos una vez una oficina postal en los últimos seis meses, apenas tres puntos porcentuales menos que hace diez años, mayoritariamente para enviar o recoger paquetes.

Un 60% de ciudadanos ha recibido alguna compra online

No obstante, solo el 10% recibió paquetes no vinculados al comercio electrónico (hace diez diez años era el 17 %), y el 61,2% recibió al menos un envío derivado de una compra online (hace diez años era el 29%). De estos, el 35% devolvió alguna compra (logística inversa) y el 16% tuvo alguna incidencia en la entrega de su último paquete.

La gran mayoría de los paquetes se entregó en el domicilio del destinatario (86%), seguido de los puntos de conveniencia (9%) y las taquillas autoservicio (3%). Estas infraestructuras de logística de última milla van en aumento.

Las oficinas de Correos de Alfonso XIII y Cuatro Caminos, en Santander, y la de Torrelavega son los puntos de atención presencial habilitados en Cantabria para atender presencialmente las subsanaciones del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes.

Los interesados podrán hacerlo hasta el 30 de septiembre, sin necesidad de cita previa y en los horarios establecidos, que pueden consultarse en la página web www.correos.es.

En un comunicado, Correos ha especificado que los trámites de subsanación están dirigidos exclusivamente a aquellos que hayan presentado su solicitud en plazo y que necesiten aportar documentación adicional, bien por iniciativa propia, para ampliar información, o como respuesta a un requerimiento de subsanación por documentación no aportada, incorrecta o incompleta.

De este modo, y en coordinación con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la entidad ha destacado que continúa poniendo a disposición del Estado el conjunto de sus capacidades operativas, técnicas y humanas para asumir las tareas asignadas por el real decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y regula el proceso de regularización extraordinaria, que se inició el 16 de abril y cuyo plazo de presentación de solicitudes se cerró el 30 de junio.

Por último, Correos ha incidido en que esta colaboración en la admisión de subsanaciones forma parte de los servicios esenciales a la ciudadanía (Servicios de Interés Económico General) asignados a la empresa pública, ha indicado.

CCOO en Correos ha denunciado que la empresa pública ha reducido en torno al 35% la contratación de verano en Cantabria respecto a la campaña estival de 2025, una decisión “especialmente grave” a juicio del sindicato por producirse en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas.

Según los datos recopilados por CCOO, los mayores recortes se han producido en carterías, oficinas o localidades donde la cobertura de vacaciones y ausencias se encuentra “muy por debajo” de las necesidades reales del servicio. Así, entre las localidades especialmente afectadas están Santander, Torrelavega, Laredo, Castro Urdiales y Maliaño, en las que el recorte en la contratación supera el 40%.

Según la delegada de CCOO en Correos, Patricia Herrero, la entidad postal “pretende prestar más servicios con menos personas”. “Cada verano recorta la contratación mientras aumenta la población, crece la paquetería y se incorporan nuevas tareas a las ya existentes. Es una decisión exclusivamente económica que acaba pagando la plantilla y la ciudadanía”, ha lamentado.

CCOO ha considera que este recorte constituye el mayor ajuste de contratación estival registrado en la comunidad y responde a una política continuada de reducción de costes laborales que se viene aplicando en Correos desde hace años.

El sindicato ha criticado que la empresa utilice conceptos como eficiencia o productividad para justificar “una estrategia basada en la disminución de efectivos, el incremento de las cargas de trabajo y el deterioro progresivo del servicio postal público”.

También ha censurado que estos recortes resultan “especialmente contradictorios” por cuanto la dirección de Correos continúa presentando públicamente a la empresa como un instrumento esencial para la cohesión territorial y anuncia nuevos servicios públicos que requieren más recursos humanos.

El sindicato ha apuntado que el recorte en la contratación de verano se produce con la reciente publicación del Informe Anual 2025, en el que la empresa declara unos beneficios de 11,5 millones de euros. “No se puede presumir de beneficios cuando una parte importante procede de vender patrimonio y de recortar empleo. Si los resultados se consiguen reduciendo contratación y aumentando la carga de trabajo, quien está financiando esos beneficios es la propia plantilla”, ha afirmado la delegada sindical.

Para CCOO, no se puede hablar de éxito empresarial cuando ese resultado se obtiene a costa de reducir contratación, aumentar la presión sobre las plantillas y deteriorar las condiciones de trabajo, porque Correos “mantiene niveles de temporalidad incompatibles con una empresa pública, miles de puestos pendientes de estabilización, una elevada parcialidad y una oferta de empleo paralizada desde hace cuatro años”, ha denunciado.

Además, este verano presenta una situación “especialmente preocupante” según CCOO porque “nunca las personas que permanecen trabajando durante el periodo estival habían contado con tan poco apoyo de contratación adicional y nunca quienes aspiraban a acceder a una contratación temporal de verano habían encontrado tan pocas oportunidades laborales”.

El sindicato ha advertido que esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral.

Por todo ello, CCOO ha exigido a Correos la recuperación inmediata de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en Cantabria.