A través de los cristales de una oficina de Correos de Madrid se vislumbra una escena distinta a la habitual. Mientras varias personas esperan su turno con paquetes en sus manos, Valeria le pide a su abuela que entretenga a su bebé mientras entrega a una funcionaria fotocopias del pasaporte, billetes de avión y certificados de antecedentes penales. Otro empleado se acerca al asiento donde ya se acumulan varias familias de migrantes, la mayoría mujeres con niños pequeños, para comprobar que llevan todos los documentos requeridos antes de que les llegue su turno. Este lunes ha sido el primer día de atención presencial para registrar las solicitudes de la regularización extraordinaria y las ventanillas habilitadas en Correos han arrancado esta nueva labor con algún que otro retraso, pero con normalidad, en distintos puntos del país. 

Valeria sale de la oficina dos horas después de la hora de su cita previa para registrar la petición de regularización para ella y su bebé, pero no le importa el retraso. Ella, de origen colombiano, vivía en Madrid de forma irregular desde hace dos años. Su niña, nacida en España, no llega al año y tampoco tiene el permiso de residencia. Pero ahora sujeta en sus manos el documento que confirma el envío de la solicitud que, si nada falla, les concederá la ansiada autorización. “Llevaba soñando varios días con esta cita. Literalmente. Hoy he soñado que estaba aquí plantada. Y he tenido pesadillas pensando que no llegaba, que la perdía”, dice entre risas, para describir su alivio tras zanjar el trámite que la perseguía desde hace tiempo.

La escena de alegría, que se entrelaza con la actividad rutinaria de Correos sin grandes filas ni colapso, contrasta con la frustración de los cientos de migrantes que un día más han esperado varias horas de colas frente a las oficinas de los servicios sociales de distintos ayuntamientos del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o Cartagena, para conseguir recopilar toda la documentación exigida. La situación de colapso también se ha repetido en las sedes de algunas de las ONG colaboradoras en el procedimiento de regularización. El principal escollo, el trámite que ha creado un cuello de botella en parte del procedimiento, es el llamado “informe de vulnerabilidad”, un requisito añadido en el último momento en el real decreto, que debe presentar un grupo concreto de personas sin papeles: aquellos que no tengan hijos a cargo o quienes no puedan justificar una vinculación laboral anterior o futura. 

Mientras cientos de personas aguardaban horas para conseguir este papel, después incluso de hacer noche frente a los espacios habilitados para validar los informes de vulnerabilidad, las oficinas de Correos y Seguridad Social de todas las provincias han comenzado a recibir este lunes con cita previa los primeros expedientes de migrantes y solicitantes de asilo que ya tenían todo preparado.

Algunas entidades que se dedican a acompañar a migrantes en este proceso consideran que, además del sistema de cita previa obligatoria que ordena el proceso, la tranquilidad que ha reinado en las oficinas de Correos también puede explicarse por el propio atasco en el sellado del nuevo informe: “Muchas de las personas que solicitaron la cita previa no se han llegado a presentar porque todavía no tenían el certificado de vulnerabilidad”, sostienen. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión asegura que la agilidad en los espacios habilitados para el registro presencial de la solicitud se debe únicamente a la activación de múltiples espacios para este fin y a la organización de las citas.

Como Valeria vive con una menor a cargo, no ha tenido que presentar el requisito que está entorpeciendo el procedimiento de los que sí. Con toda la documentación preparada, a ella el real decreto no le dio sorpresas de última hora y ha podido presentar por su cuenta la petición el primer día de atención presencial. Si todo va como espera, la ecuatoriana recibirá en 15 días la admisión a trámite de su solicitud. La mera admisión conllevará, además de la suspensión de cualquier posibilidad de retorno a su país, un permiso que ya la habilita para trabajar.

“Así solo puedo trabajar irregular, sin cotizar. Sin papeles, abusan más. Soy enfermera y ahora podré empezar a homologar mi título, que son dos años más”, celebra la mujer, de 26 años, ya pensando en el siguiente paso burocrático. A su lado, su abuela, asiente detrás del carrito de su bisnieta. Ella ya tuvo que pasar por lo mismo, aunque un proceso distinto y más sencillo entonces, casi tres décadas atrás, cuando llegó a España sin papeles. 

“Tardas más en enviar paquetes”

En Barcelona, tampoco se han registrado colas en prácticamente ninguna de las oficinas habilitadas de Correos ni Seguridad Social en las que se estaban dando citas previas para tramitar la regularización. “No he tenido que esperar nada de nada”, se ha sorprendido Karen. Tenía vez a las 8:30 y ha venido antes “por si acaso”. Pero no le ha hecho falta. El vestíbulo de la oficina acogía a muy poca gente. “Tardas más para enviar paquetes”, compara esta mujer ecuatoriana de 53 años.

Ella también tiene todos los documentos a mano, incluso el certificado de antecedentes penales, que había necesitado para un trámite anterior, así que ha podido realizar la solicitud sin complicaciones. Donde sí ha habido colas y rostros preocupados ha sido en las Oficinas de Atención Ciudadana (OAC) del Ayuntamiento de Barcelona, las encargadas de expedir los certificados de vulnerabilidad que, en algunos casos, son necesarios para regularizarse. 

Las oficinas de la Seguridad Social en Valencia atienden a una veintena de personas cada hora. La gente acude con los documentos ya cumplimentados, siguiendo la explicación de la web, comentan algunos empleados públicos. Es el caso de A. Mujica, un joven venezolano, de 23 años, que lleva siete meses en España. Es barbero y quiere iniciar su propio negocio en cuanto tenga los permisos para trabajar, por ello ha acudido con la declaración jurada que manifiesta su voluntad -que también exime de presentar el informe de vulnerabilidad“. ”Mi gestora me pidió la cita y gracias a Dios ha ido bien“, dice el hombre.

La Oficina de Extranjería de la Región de Murcia, ubicada en la pedanía murciana de El Puntal, es el punto clave para la gestión de trámites migratorios. Allí se encuentran María y Onofre [nombres ficticios], quienes viven en España desde hace cuatro y tres años, respectivamente. “No ha sido fácil”, reconoce Onofre, procedente de Guinea Ecuatorial. “Te ves limitado en casi todo, si quieres trabajar tiene que ser en negro. Pero no nos gusta, queremos cotizar”, añade María.

Ambos han llegado a una oficina prácticamente vacía, en contraste con las largas colas a las que están acostumbrados. Esta sede de Extranjería siempre está a rebosar, con colas que se extienden a lo largo de la jornada: “Hoy ha sido más ágil, se han abierto muchos puntos. Esto es una ayuda para todos, para los solicitantes y para el gobierno. Si hoy ha sido tan rápido, ¿por qué no se ha hecho antes?”, se plantea José [nombre ficticio], otro solicitante. Vino a España hace diez años desde Nicaragua, buscando una vida mejor: “He trabajado en el campo, en negro. Muy poca gente quiere trabajar allí y necesitan mucha mano de obra”, señala. “Debería haber más regularizaciones para que haya menos trabajo en negro”.

Roberto sale de una oficina de Correos de Sevilla tras casi media hora de espera: “Todo el proceso ha sido relativamente fácil”. Lleva desde enero atento a la regularización extraordinaria después de que el Gobierno central anunciara el acuerdo con Podemos. Un hito que cambió sus perspectivas, ya que, de repente, ha acortado el proceso de petición de asilo por razones humanitarias de casi dos años a apenas unos meses. El venezolano de 33 años es ingeniero petroquímico. Al ser solcitante de asilo, no necesita el informe de vulnerabilidad que está trayendo por el camino de la amargura a quienes se lo exigen. Aterrizó en Sevilla tras intentar crear una nueva vida en Colombia y Santiago de Chile. La regularización le aportará, dice, una estabilidad en España que hasta ahora no había encontrado desde su salida de Venezuela.

Luisa sale un momento de la oficina de Correos de Madrid donde espera su turno para llamar a su madre y pedirle que recoja a la niña de la escuela infantil. La mujer peruana tenía cita previa, pero ha tenido que interrumpirla para imprimir un documento que le faltaba, por lo que teme que el proceso se retrase. “Me da miedo que al volver ya no puedan atenderme”, dice la mujer. Pero no fue así. Aunque el funcionario en un principio no sabía indicarle cuál era el papel que debía presentar, finalmente entre los dos lo averiguaron: “No son expertos en extranjería y, cuando intentaban ayudarme, se les veía un poco perdidos. Me han dicho ellos mismos que les han puesto a atendernos sin la formación suficiente”, se queja.

Después, el mismo empleado ha empezado a adelantarse a ese tipo de situaciones y comenzó a comprobar con antelación la documentación de las solicitantes que esperaban su turno, para que pudiesen aprovechar el tiempo en caso de que les faltase algún papel. “Se nota que es el primer día, pero los trabajadores están haciendo todo lo que pueden y tienen muy buena actitud. Al ver que lo que ha pasado con mis papeles, han intentado remediarlo con el resto”, dice la peruana, quien acude a solicitar los papeles para su hija de dos años. Ella no ha podido optar a la regularización, dado que había pedido un permiso residencia por la vía habitual y debe esperar la respuesta de esa solicitud. “Tampoco tiene sentido que la vía telemática solo se pueda presentar con un certificado digital: si no tenemos papeles, la mayoría no podremos hacerlo”, añade.

Colapso por el informe de vulnerabilidad

En Barcelona, Mohammed, un pakistaní de 26 años, se ha levantado muy temprano para llegar antes de las 5:30 horas de la mañana a una OAC a por ese documento. Y ya había gente esperando. Cuando han abierto, le han dicho que no quedaban citas disponibles y que no habría ninguna hasta el lunes que viene. Este joven sabe que cumple todos los requisitos, pero está preocupado por no poder llegar a juntar todos los documentos a tiempo.

Lleva desde 2019 en España y, aunque llegó con un permiso de deportista como jugador de hockey, perdió los papeles cuando tuvo que dejar de jugar para conseguir un trabajo. Desde entonces, ha ido encadenando empleos en la construcción y en tiendas de amigos de familiares suyos, que son quienes también le realquilan una habitación. Ahora, les ha pedido que le hagan un contrato de alquiler. Si lo presenta, podría presentar su petición sin el informe de vulnerabilidad que ahora parece inalcanzable para muchos. “Aunque sea momentáneo, incluso yo pagaría los impuestos. Pero no quieren ayudarme”, se lamenta Mohamed.

En Cartagena, a pocos metros de la tranquila oficina de Correos, algo más de un centenar de personas aguardan su turno en la sede de la concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Un funcionario municipal les recibe en la entrada para explicar las dudas de última hora sobre el proceso y para informar sobre el estado de la cola. “Hoy no cogemos más citas”, dice, mientras cuenta que este lunes se tramitarían más de 300 solicitudes para el informe.

José Luis nació en Colombia. Pero hace cuatro años llegó a España con su esposa en busca de mejores condiciones de vida. Liliana es ingeniera de sistemas, también es colombiana, y quiere homologar su título e intentar trabajar en el sector para el que dice estar perfectamente preparada. Dos estudiantes venezolanos de Derecho quieren arreglar sus papeles para poder terminar sus carreras universitarias, buscar trabajo y “ayudar a otros”.

Son algunas de las historias de los migrantes que este lunes han acudido a las oficinas habilitadas en Toledo en el día en que arranca el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ciudad son, concretamente, las oficinas de Correos de la calle Duque de Lerma y del barrio del Polígono, en horario de mañana (de 8.30 a 14.30 horas) y de tarde (de 14.30 a 17.30 horas). También están habilitadas las dos sedes de la Tesorería de la Seguridad Social del Casco Histórico, en horario solo de tarde (16.00 a 19.00 horas).

Precisamente, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado hoy la necesidad de cita previa. “No informamos exactamente de las oficinas porque no queremos que ningún ciudadano interesado se presente directamente sin cita previa en las oficinas a presentar solicitud, porque puede dar lugar a que se forme algún tipo de cola o algo que no tenga ningún sentido”.

En la oficina de la calle de Duque de Lerma han habilitado persona y un mostrador específico para este proceso, no así en el Polígono, donde han acumulado todos los trámites, ordinarios y extraordinarios.

Hablamos con los que ya guardan cola después de obtener la cita previa por vía telemática. Los primeros en llegar han podido realizar sus trámites sin apenas esperar, pero conforme avanza la mañana, la fila aumenta y la media de tiempo para cada trámite es de media hora o una hora en algunos casos.

José Luis acude con su esposa desde la localidad de Portillo de Toledo, muy cerca de la comarca de la Sagra, limítrofe con la Comunidad de Madrid. Ambos prevén que esperarán al menos una hora. Tienen sus papeles y la solicitud preparada, pero están algo nerviosos.

Durante los cuatro años que este migrante lleva en España, ha estado trabajando como soldador de tanques con la denominada ‘Tarjeta Roja’, es decir, el documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional. Se trata de una tarjeta provisional que autoriza a extranjeros, a menudo de zonas en conflicto, a residir legalmente mientras se resuelve su solicitud de asilo o protección internacional.

Ha estado trabajando desde 2022, pero ahora en el trabajo le han exigido que solicite la regularización para que pueda empezar a cotizar a la Seguridad Social y disponga de todos sus derechos laborales. Porque su intención es quedarse.

Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías

“Este proceso viene caído del cielo. Yo ya llevo aportando mi trabajo desde hace mucho tiempo, ganándome la vida y ahora quiero hacerlo con todas las garantías. Recién llegué lo pasé muy mal y estuve trabajando ‘en negro’ pero varios compañeros de Colombia me ayudaron y pude salir adelante. He podido formarme y trabajar”, afirma.

A José Luis le gusta mucho su trabajo y ahora lo único que quiere es obtener sus papeles y seguir trabajando en su sector, que le “encanta”. “Acá he tenido la oportunidad de formarme más aparte de la formación que ya traía de mi país. He podido aprender muchas cosas y ahora mi sueño es seguir aportando al país, pero con todo en regla”.

Justo cuando le llega el turno a José Luis y a su esposa, dos jóvenes originarios de Venezuela acaban de terminar su trámite en el mostrador. Han estado casi 45 minutos y tienen mucha prisa, pero relatan a este medio que estudian Derecho en Toledo, aunque viven en Yuncos, también un pueblo de la comarca de la Sagra.

“Ahora toca esperar, pero queremos seguir estudiando y buscar trabajo en lo nuestro, sobre todo para ayudar a otros”, nos dicen mientras salen corriendo después de haber perdido las dos primeras clases de la mañana.

Susana es cubana, tiene 53 años, y trabaja en el sector de la limpieza, desplazándose a Toledo desde Alameda de la Sagra. Acaba de llegar a la oficina. Su cita es a las 10.30 y llega puntual, pero otros migrantes de la fila le comentan que la espera será larga porque las citas se están dando con 15 minutos de intervalo, y el trámite está resultando bastante más largo.

“Espero no tener que volver otro día porque es difícil que pueda librar en el trabajo. He traído todos los papeles y no me importa esperar lo que sea, si lo puedo dejar solucionado hoy”, relata.

“Como una trabajadora más”

¿Qué es lo que más desea Susana con esta solicitud? “Ser como una trabajadora más en España, poder cotizar a la Seguridad Social y mejorar mis condiciones”. Mi sobrina está en Madrid, también limpiando, y tiene la cita para otro día. Ella es informática, quiere intentar trabajar en lo suyo. Ojalá lo consiga“.

En la fila se encuentran asimismo Liliana, de 34 años, y su pareja John Jairo, de 37. Viven en Cabañas de la Sagra, curiosamente también en una zona colindante con Madrid. Él llego de Colombia hace dos años y ella hace un año y medio se reunió con él junto con su hijo. Liliana tramitó su estancia por estudios mientras que John ha estado trabajando en diferentes sectores, “básicamente donde he podido”, pero principalmente en la hostelería   

A partir de la obtención de su regularización, ambos quieren pasar la página de “muchos meses estando muy mal”, ya que Liliana no ha podido trabajar por “varios inconvenientes” en sus papeles.

Cuenta que su pareja tiene mucha formación en mecánica y electricidad en el sector industrial y querría dejar la hostelería para trabajar en ello. “Falta mano de obra y hay sectores en los que podemos aportar mucho”.

Creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular

“Yo soy ingeniera de sistemas, pero no he logrado conseguir ningún trabajo porque debo regularizarme primero. Una vez que me lo aprueben, creo que será más fácil poder homologar mi título y encontrar algo. Lo sé porque he tenido ofertas de trabajo que no podido aceptar por no estar en España de forma regular. Esta es mi gran oportunidad, mi sueño, mi esperanza. Y creo que es lo correcto”, resalta muy sonriente.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha estima que se presentarán entre 13.000 y 15.000 solicitudes de migrantes para acceder a la regularización extraordinaria en esta comunidad autónoma. Hoy ha sido el primer día para empezar a presentar las solicitudes y la documentación después de que el pasado jueves, día 16, se habilitara el proceso telemático para empezar a solicitar su cita previa.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un portal web (inclusion.gob.es/regularización), específicamente destinado a informar sobre este proceso de regularización extraordinaria a las personas interesadas.

Este portal ofrece la posibilidad de pedir cita previa, completamente gratuita e imprescindible para ser atendido presencialmente. Aunque el servicio está disponible desde el pasado jueves, día 16 de abril, la atención en oficinas ha arrancado este lunes, día 20 de abril.

En Castilla-La Mancha hay 13 oficinas receptoras, que son cuatro de la Tesorería y una del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en las distintas provincias, así como ocho oficinas de Correos, donde puedan presentar la solicitud de manera presencial.

“No cabe ninguna duda de que los inmigrantes están aportando mucho a la riqueza de España”, ha abundado el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido. “Nos vamos a llenar de gente normal, de gente que trabaja, de gente que quiere lo mejor para su familia”.

La población migrante tiene un papel “relevante” en el empleo

La población migrante desempeña un papel “relevante” en el equilibrio demográfico regional, y contribuye “de forma significativa” a la cohesión territorial y al mantenimiento de la población activa.

Son algunas de las conclusiones que arroja el reciente informe 'Análisis de la situación de las personas migrantes en relación con el mercado de trabajo' que ha elaborado el sindicato UGT para obtener una radiografía detallada de la población inmigrante de Castilla-La Mancha, de cómo es su inserción laboral, de cuál es su contribución a la hora de sostener la actividad económica y de cuáles son las condiciones con las que el mercado absorbe esta mano de obra.

Los resultados muestran que, frente a una tasa de empleo media en Castilla-La Mancha del 52,2% en el último trimestre de 2025, la cifra de población extranjera empleada se ubica en el 56,13%, una comparación que para UGT evidencia la “fuerte participación en el mercado laboral” de este colectivo.

La Junta Electoral Central (JEC) ha autorizado a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos a recurrir a mensajería privada para enviar documentación electoral a ciudadanos en determinados países en el exterior para las elecciones al Parlamento andaluz convocadas para el próximo 17 de mayo.

Según el acuerdo consultado por Europa Press, el uso de la mensajería privada se permite en “aquellas situaciones que pudieran suscitarse, poniendo en riesgo la recepción de la documentación electoral en plazo, según resulte más ventajoso tanto en calidad como en precio”.

En este sentido, la JEC pide a Correos que detalle los supuestos en los que “específicamente y de forma excepcional” se hará uso del servicio privado o premium.

La entidad fundamente la decisión en base al Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2025, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2026.

En su solicitud, Correos ha indicado que, al igual que en elecciones anteriores, se estará en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores por “si fuera sabedor de algún país cuyas circunstancias aconsejen emplear un canal alternativo al certificado postal tradicional para la remisión de la documentación electoral”.

Situaciones que hagan “aconsejable” un “servicio premium alternativo”

Concretamente sobre los comicios andaluces, la Sociedad Estatal ha asegurado que está previsto el uso del certificado habitual a través de los operadores postales de la Unión Postal Universal, “considerando que en las circunstancias actuales el empleo de canales alternativos no incrementaría ni facilitaría la entrega de dichos envíos a sus destinatarios”.

En esta línea, han indicado que “pueden producirse situaciones que hicieran aconsejable el uso de un servicio premium alternativo”. Al respeto detalla, la existencia de destinos “requeridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores (en el caso de que finalmente se produzca), siempre que tenga cobertura la red alternativa en dicho país”.

También se recogen posibles “envíos con dirección completa y correcta de entrega que hayan tenido algún tipo de incidencia operativa” como puede ser “deterioro en los procesos de transporte o distribución, reenvío a solicitud del destinatario, reimpresiones derivadas de eventualidades en el envío remitido inicialmente como pudiera ser que se hubiesen recibido sobres sin contenido”

Asimismo, se reconocen aquellos envíos de residentes ausentes o temporalmente ausentes “que sean depositados en Correos posteriormente a los plazos establecidos inicialmente, y que por ello requieren una premura aún mayor en su gestión”. También se ponen “casos no recogidos pero que por su singularidad sea aconsejable el uso de un servicio urgente”.

Para las anteriores elecciones autonómicas andaluzas, celebras en 2022, Correos remitió a las JEC una lista con 78 estados para recurrir con ellos a la mensajería privada, entre ellos se encontraban India, Sudáfrica, Ecuador o Australia.

De este Acuerdo se dará traslado a la Dirección General de Política Interior, a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y a la Junta Electoral de Andalucía, para su conocimiento y traslado a las Juntas Electorales Provinciales y a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La presencia de maquinaria y trabajadores en el interior del antiguo edificio de Correos de Zaragoza ha alertado a vecinos y colectivos patrimonialistas, que llevan tiempo manifestando su oposición al derribo. La asociación de vecinos Joaquín Costa ha contactado con la Policía Local tras detectar trabajos en el inmueble, al considerar que no deberían iniciarse mientras no concluya el proceso administrativo y se formalice el recurso de alzada contra la decisión del Gobierno de Aragón, que ha descartado su protección al entender que no reúne valores suficientes para ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC) ni Bien Catalogado.

El aviso se ha producido a primera hora de la tarde, cuando el presidente de la entidad vecinal, Juan Fustero, ha recibido una llamada que le advertía de actividad en el edificio. “Me dicen que parece que están trabajando dentro y no tenía constancia de nada”, explica. Tras desplazarse hasta la zona, asegura haber encontrado a varios operarios en el interior del inmueble.

Fustero ha documentado la situación con fotografías tomadas entre las 14:30 y las 16:00, en las que se observa la presencia de maquinaria y de entre seis y siete trabajadores. Según relata, en un primer momento se le trasladó que las máquinas operaban en una zona contigua, fuera del solar de Correos.

El representante vecinal ha iniciado una cadena de llamadas a distintas instituciones. Según ha explicado a este medio, ha contactado con la Policía Local, que ha llegado hasta el lugar en torno a las 15:00. Allí, los agentes ha procedido a identificar a los trabajadores y a recabar información sobre la actuación que se estaba llevando a cabo.

Paralelamente, Fustero ha contactado con la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón para trasladar lo ocurrido, así como con responsables de la Asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa).

Desde la asociación vecinal sostienen que la presencia de operarios en el interior del edificio no es compatible con la situación administrativa actual. “Estamos en plazo para presentar un recurso de alzada, por lo que entendemos que no puede haber actividad en el inmueble”, señala Fustero, que advierte de que cualquier intervención será tenida en cuenta en futuras acciones legales.

El episodio se produce apenas días después de que el Gobierno de Aragón haya rechazado proteger el edificio como Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien Catalogado, una decisión que abre la puerta a su derribo pero que todavía puede ser recurrida. De hecho, tanto Apudepa como los colectivos vecinales trabajan ya en la presentación de ese recurso y no descartan acudir a la vía judicial.

Desde la entidad patrimonialista aseguran que, además del recurso de alzada, estudian trasladar el caso a la Fiscalía. “Mientras esté en marcha cualquier procedimiento legal, no pueden tirar nada”, sostienen.

La Dirección General de Patrimonio Cultural resolvió no incoar el expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) ni como Bien Catalogado al considerar que el edificio no cumple con los criterios exigidos de singularidad, relevancia, integridad y autenticidad.

Según la argumentación del Ejecutivo autonómico, el antiguo edificio de Correos no puede adscribirse al movimiento brutalista —como defendían algunos colectivos— al no presentar rasgos característicos como la expresión estructural o el protagonismo del hormigón visto. El informe concluye que se trata de una construcción funcional, propia de su época, sin elementos innovadores ni un carácter excepcional que justifique su protección. Además, incide en la pérdida de uso tras su abandono por parte de Correos, la ausencia de reconocimiento patrimonial a nivel municipal y el hecho de que cualquier adaptación a nuevos usos implicaría transformaciones sustanciales que desvirtuarían sus valores originales.

Parece non moi xusto, ou mesmo non moi axustado aos tempos, falar de organización empresarial, das empresas públicas, sociedades estatais como Correos ou tan sequer de melloras na vida dos/as cidadáns grazas ao papel desempeñado polo Estado español. Alongadas as accións ilexitímas do Estado de Israel e as dos EUA, de modo e maneira que pasan polo ceo de media Europa todo tipo de mercadorías de guerra, e nós aquí, observando como nos vai ou nos podería ir en tempos de paz máis ou menos normais. Mais o inmediato non xustifica que perdamos de vista as melloras en servizos públicos que se poderían acometer. Mesmo somos da crenza que esa é a directriz do Goberno español ao se negar de feito a entregar á industria armamentística ianqui o 5% do gasto equivalente a esa porcentaxe do PIB, e seguir coa senda de utilizar unha gran parte dese gasto en melloras sociais directamente destinadas á vida diaria e económica dos cidadáns.

Dúas novas incitáronnos a botar unha ollada a Correos: unha, a desaparición en Dinamarca do servizo postal estatal de reparto de correspondencia a domicilio. Pasounos como con outras accións dos gobernos dos países nórdicos. Será o inicio de accións semellantes a imitar ou é que no afán dun aforro no límite convertéronse en irresponsábeis? En Dinamarca non podes escreber cartas porque non tes servizo de Correos público que as distribúa. Aquí existe nominalmente pero, por mor da absoluta ineficacia na distribución, acabarase convertendo en inútil totalmente pensar que despois de escreber e enviar vai chegar -en tempo normal na vida- ao seu destino. Así, por exemplo, as cartas e efectos postais do mesmo tipo seguen unha curiosa ruta -non ecoloxicamente sostíbel- que fai que as cartas, antes de chegaren ao seu destino, coñezan moito mundo.

Unha carta de Lugo cidade para Lugo cidade (extensíbel a calquera urbe galega) non se clasifica na cidade e simplesmente se entrega. Primeiro colle camiño ao centro de Correos en Lavacolla (Centro de Tratamento Automatizado, CTA) e logo, alí, visto que non foi suficiente viaxe, son enviadas a Valladolid, a un centro semellante pero mellor dotado -ao parecer- para clasificar e, logo, coa viaxe á contra, distribuír nos respectivos destinos. Así se explica que aqueles que precisan comunicar dun día para outro na propria cidade, sabendo que ese servizo pode demorar 4, 5 ou 10 días, se vexan obrigados a utilizar sevizos postais de compañías privadas co consabido sobrecusto que iso significa. É este modelo de clasificación e final reparto un aviso para que se entenda que Correos non vale como servizo postal de sempre? É por seguir o modelo danés que previamente e con planificación empresarial á mantenta se vai avisando de que non vale como servizo para eses mesteres? Ou é unha maneira basta de incitar ao abandono da relación epistolar tanto entre cidadáns como entre empresas e institucións públicas? Non se pode dicer que hai mal servizo e se envían poucas cartas ou será que hai moi poucas cartas a enviar porque o servizo está en desaparición?.

Non obstante, Correos existe. Mesmo podemos dicer que existe cunha realidade nova. Ou novísima. Nas oficinas de Correos das cidades hai de todo. Ía dicer que menos comida, mais non é certo, porque hai caramelos. Podes atopar das máis diversas mercadorías que pensabas que che venderían nunha oficina postal: bonecos, abanos de vivas cores (non sei se imitando o arco da vella ou a enseña lgtbi), botellas para levar auga nas viaxes, contos de coloríns para nenos, rifas da ONCE, tarxetas de crédito, balizas para autos, seguros dunha compañía privada… Ante tal escaparate, a miña primeira pregunta foi saber se nas xanelas de atención ao público ao cargo de funcionarios de Correos era posíbel adquirir tal diversidade de bens e servizos. A resposta é: si.

Agora, a segunda pregunta. Entraba no exame das oposicións este tema de vendedor de mercachifres? A resposta é: non. Sen previo aviso nen modificación algunha na organización do traballo aparareceron mercadorías para ser traficadas ao mesmo tempo e coa mesma dedicación que os efectos postais. Mais aínda hai segunda parte. No caso dos seguros, compañía AXA, os/as carteiras rurais deben dedicarse a oferecer seguros directamente nos domicilios facendo de axentes gratuítos para a compañía, co que esta acción significa: un abuso por parte da aseguradora da lexitimidade e confianza de que gozan as/os carteiras no rural. Ás veces é o único contacto co exterior que chega ás vivendas en núcleos illados ou en hábitats moi dispersos. Iso si, despois da recollida de todos os dados de interese para unha aseguradora que realizan os empregados de Correos, e se dan asinado unha póliza, reciben unha comisión. Este mecanismo de eficacia empresarial fantástica é desfrutado por unha só empresa cuxa chegada ao convenio con Correos é cuestionada por sindicatos (non dos hexemónicos no Estado) e no Congreso dos Deputados polo BNG. O mesmo cuestionamento de funcionamento dáse nos contratos de patinetes (no mercado de Correos) e o das balizas, por falta de transparencia.

Agora ben, dados os pasos noutras seccións de Correos, non se pode aseverar que estexa en desaparación senón que emprendeu un camiño dunha privatización propria desta época. É sabido o auxe e crecemento positivo do comercio en liña. Consecuencia foi o crecemento moi positivo da distribución de paquetaría. Correos comprou no 2001 Cronopost. Logo converteuno en Correos Exprés que funciona no Grupo Correos mais como empresa privada. A súa vez, os servizos dividíronse en dous: os que son urxentes, para o privado, e os de máis de 48 horas (menos rendíbel) para a parte pública. Claro que a parte urxente, rápida e eficaz para os clientes funciona cunhas eivas laborais semellantes ás da precariedade das empresas privadas: horarios impensábeis, salarios cativos e mesmo falsos autónomos (até na posesión dos vehículos de Correos exprés faise como nas empresas privadas de distribución de paquetaría: os vehículos son responsabilidade dos traballadores). Diciamos privatización do século XXI, mais a mesma constante dos inspiradores liberais/ortodoxos na economía pública: o Estado coa parte menos rendíbel, e onde hai negocio, para as empresas privadas. Socializando perdas e privatizando beneficios.

Correos ha admitido 54.318 solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León que se celebrarán el 15 de marzo, según ha informado en un comunicado.

De las 54.318  solicitudes de voto por correo admitidas, 37.641 se han gestionado en la red de oficinas postales y 16.677 de forma telemática a través de la web de Correos, mediante firma electrónica y aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria o el DNI electrónico (DNI-e).

Estas cifras suponen un 6,42% más respecto a las 51.038 solicitudes presentadas en las anteriores elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, el 13 de febrero de 2022, primeras que tuvieron lugar en la autonomía sin coincidir con otros comicios.

Entrega de la documentación electoral

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Castilla y León siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente. El Censo tiene de plazo hasta el día 8 de marzo para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.

Correos realizará al menos dos intentos de entrega de esta documentación en mano al propio destinatario, dejando el aviso para que vaya a recogerla a su oficina en caso de no haber sido posible realizar esa entrega en mano. El personal de Correos comprobará la identidad del votante mediante el DNI, pasaporte o permiso de conducir y anotará el número del documento identificativo dando fe de la recepción de los sobres y papeletas con la firma de la entrega por parte del solicitante. Correos ya ha puesto a disposición de los electores 43.130 documentaciones electorales para que puedan ejercer su derecho al voto.

En caso de que el elector no haya recibido su documentación electoral y vaya a cambiar de dirección respecto a la que indicó en su solicitud puede localizar el número de registro de su envío en la página web del Censo Electoral y solicitar la reexpedición de la documentación en cualquier oficina de Correos a otra dirección o a otra oficina de Correos, con plazo suficiente para que Correos se lo pueda hacer llegar al nuevo destino.  Ese número de registro también permite al elector comprobar la situación del envío en el localizador de la web de Correos www.correos.es.

Depósito del voto: hasta el 11 de marzo

El solicitante tiene de plazo hasta el miércoles, 11 de marzo, para depositar el sobre con su voto en cualquier oficina de Correos en toda España, en su horario de apertura habitual.

Se exige que el elector haga entrega personal en las oficinas de Correos de la documentación necesaria para ejercer el voto por correo. Para ello, al depositar el voto por correo, deberá identificarse mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, permiso de conducir o cualquier otro documento válido que permita identificar al elector, debiendo el personal de Correos proceder a su comprobación.

Autorización para delegar el depósito del voto

Las personas que solicitaron el voto por correo pero no puedan acudir personalmente a la oficina de Correos para depositar el voto, deberán otorgar una autorización para que la entrega sea realizada por otra persona en su nombre. La autorización deberá ser firmada por el elector y acompañarse de la fotocopia de su Documento Nacional de Identidad, pasaporte u otro documento oficial identificativo, así como de la fotocopia del documento identificativo de la persona a la que autoriza.

Para facilitar la redacción de ese documento de autorización con todos los datos necesarios, Correos recomienda utilizar el modelo de autorización que se puede descargar en la web www.correos.es.

El personal de Correos no aceptará la entrega de documentación electoral perteneciente a otro elector si no se acompaña de la correspondiente autorización firmada por el elector, que deberá ser conservada, junto a la fotocopia del documento oficial acreditativo del elector y de quien entrega en su nombre la documentación electoral, para su remisión a la Junta Electoral correspondiente. 

Se recomienda a los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto por correo que procuren no esperar hasta el último día y que aprovechen la amplitud horaria de las oficinas postales para depositar su voto cuanto antes.

Tarjetas censales y propaganda electoral

La colaboración de Correos en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León del 15 de marzo se extiende también al reparto de las tarjetas de inscripción en el censo y a los envíos de propaganda electoral, además del envío a los Ayuntamientos de la lista del censo, la recogida de documentación el día de las elecciones y el envío de las comunicaciones a miembros de las Mesas Electorales en los municipios con los que hay acuerdo.

Correos ya ha distribuido 1.917.558 tarjetas censales remitidas por el Instituto Nacional de Estadística a los hogares de los ciudadanos con derecho a voto el 15 de marzo, en las que figuran los datos de su inscripción en el censo, así como el colegio y la mesa de votación correspondiente.

Además, Correos está repartiendo los envíos de propaganda electoral de los diferentes partidos y coaliciones que concurren a los comicios. Todas ellas son obligaciones de servicio público que Correos tiene encomendadas por ser el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal en España.

Desde la convocatoria de las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León, Correos está adoptando todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas durante los procesos electorales y está poniendo todos sus recursos tecnológicos, logísticos y humanos al servicio del correcto desarrollo del proceso.

Un 80 por ciento de la plantilla de Correos en Torrelavega, según CGT, ha secundado la primera jornada de huelga convocada contra el nuevo modelo de reorganización operativa de la sociedad estatal, al que los trabajadores se refieren como la “dictadura del algoritmo”.

El paro ha sido convocado por CGT a iniciativa de los empleados de Torrelavega, que se han concentrado para denunciar un modelo que “dinamita la figura del cartero de barrio, rompe la confianza con el vecino y retrasa documentos vitales como citas médicas o notificaciones por el simple hecho de que no encajan con el cálculo del día”.

“Lo llaman algoritmo cuando quieren decir explotación”, han sentenciado los empleados, que primero se han concentrado de 9.00 a 10.00 horas a las puertas de su centro de trabajo en Torrelavega, y de 13.30 a 14.30 han estado en la zona de las estaciones de Santander, acompañados por grandes pancartas con lemas como 'Contra la amazonización de Correos. Servicio público sin algoritmos', 'Por un convenio justo' o 'Sin cartero no hay correo'.

Los trabajadores subrayan que el nuevo modelo de Correos impone rutas “decididas por una máquina que no sabe lo que es subir a un cuarto piso sin ascensor, que no entiende que bajo la lluvia de Cantabria los tiempos no son los mismos y que ignora que un cartero no es un GPS”.

Por ello, creen que contribuye al “desmantelamiento del servicio público” y que Correos está “abandonando su obligación de servicio universal” para “centrarse en el negocio”: “Nos obligan a priorizar el beneficio comercial de empresas privadas sobre el derecho del ciudadano a recibir su correspondencia”.

También aseguran que “no se cubren” bajas, jubilaciones o vacaciones, por lo que se ven obligados a “hacer el trabajo de dos y tres personas, provocando estrés y lesiones que la empresa ignora en busca de rentabilidad”.

Así, han reclamado contrataciones y cobertura total de la plantilla, “respeto” al servicio postal y que el correo ordinario y las notificaciones “vuelvan a ser la prioridad”, porque “mientras ellos hacen números en sus despachos, la plantilla se está rompiendo”.

La huelga continuará este viernes con su segunda y última jornada, en la que los empleados se concentrarán nuevamente frente a Correos Torrelavega de 9.00 a 10.00 horas.

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido hoy de posibles movilizaciones, así como del uso de la vía judicial, ante la “reestructuración salvaje” prevista en Correos.

En nota de prensa, el sindicato ha denunciado que la prueba piloto que Correos tiene previsto en La Rioja es “la antesala de un cambio estructural” que alcanzará a todas las carterías (unas 2.500 en todo el país) con “graves consecuencias laborales y de servicio público”.

Se trata, ha dicho, de un plan estatal “deliberadamente oculto”, estructurado en hasta cinco fases, cuya primera etapa pretende implantar 71 “pruebas piloto” en todo el país, de las cuales una se concentra en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Esta distribución, ha añadido, “no es casual y evidencia que el equipo que dirige Pedro Saura, bajo la coartada de una supuesta fase experimental, está tratando de extender, posteriormente, este modelo al conjunto de las cerca de 2.500 carterías del país”.

En La Rioja, CCOO ha advertido de que la prueba piloto anunciada “sólo es el primer paso de un proceso de implantación generalizada que afectará a las diecisiete carterías” de La Rioja “con impacto directo sobre 150 carteros y carteras”.

“Este modelo alterará recorridos, turnos, centros de trabajo y condiciones laborales, y provocará un grave desorden en la prestación del servicio postal público, con perjuicios evidentes para la ciudadanía, las empresas y las instituciones”, ha dicho.

Nuevo modelo operativo

El sindicato ha denunciado que el denominado Nuevo Modelo Operativo “se está imponiendo de manera unilateral y opaca, mediante pruebas piloto aplicadas de facto y a espaldas de la negociación colectiva, sin documentación previa ni memoria justificativa y sin evaluar sus consecuencias reales sobre el empleo, la salud laboral, la conciliación y la igualdad”.

Ha señalado que “introduce recorridos diarios variables impuestos por algoritmos y normaliza la no cobertura de ausencias, implantando una política de contratación cero que traslada la carga de trabajo a la plantilla existente, agravando un ajuste de empleo que ya es insostenible”.

“Esto no va de modernización ni de eficiencia, va de ahorro de costes, recorte de empleo y precarización del trabajo de reparto y del servicio público”, ha asegurado Comisiones Obreras.

Ha alertado de que esta reorganización “viene acompañada de cierres y concentraciones de centros, con traslados forzosos, movilidad geográfica y cambios de turno y jornada, especialmente hacia la tarde”.

El sindicato ha advertido de que este modelo “provocará una sobrecarga laboral insostenible, cronificando la no cobertura de ausencias y aumentando las cargas y los recorridos de reparto, con efectos directos sobre la salud laboral de la plantilla, incrementando el estrés, la ansiedad y la siniestralidad, además de agravar unos niveles de absentismo ya elevados”.

Ha añadido que las consecuencias no se limitarán a la plantilla, sino que la ciudadanía, las empresas y las instituciones verán deteriorarse de forma significativa la calidad del servicio postal público, con retrasos en el reparto, acumulación de correspondencia y pérdida de presencia territorial de Correos.

Paralización de pruebas piloto

Ante esta situación, CCOO exige la paralización inmediata de todas las pruebas piloto, la apertura de una negociación estatal real y que se demuestre que el modelo actual de reparto no es válido.

El sindicato reclama, además, que se pongan sobre la mesa el Plan de Incentivos y la reducción de la jornada a 35 horas, compromisos pendientes que la empresa sigue incumpliendo.

CCOO advierte de que, “si Saura persiste en esta deriva e intenta imponer la reconversión sin negociación, activará la vía judicial y la movilización sindical frente a los incumplimientos de los acuerdos”.

El jueves, 29 de enero, finaliza el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero de 2026.

Los electores que decidan votar por correo pueden solicitar hasta el día 29 de enero (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral, requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse, por vía telemática a través de la web de Correos o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la mencionada web, sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad –acreditada mediante certificación médica oficial- que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Apertura en seis núcleos

Dado que el 29 de enero numerosos núcleos de Aragón celebran el festivo local de San Valero, Correos abrirá de forma extraordinaria sus oficinas en Zaragoza, Cariñena, Cuarte de Huerva, Cartuja baja, Casetas y Garrapinillos (estos tres últimos, barrios de la capital aragonesa), para facilitar el máximo la solicitud del voto por correo hasta el último día del plazo fijado, a pesar de ser no laborable en esas poblaciones (consultar horarios en las oficinas).

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello, el elector tan solo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entrega las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Aragón, quienes están enviando a los solicitantes, desde el 19 de enero, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual.

Una vez presentada la solicitud vía web o presencial, si es aceptada por la Oficina del Censo Electoral, no se podrá votar en la mesa electoral el día de las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón.

El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 4 de febrero de 2026.

Que suene el timbre es un momento cotidiano que se hace aún más frecuente en Navidad. En nuestras ciudades, especialmente desde la pandemia, repartidores hay muchos, pero carteros de toda la vida, que hayan visto la evolución de nuestras familias, de nuestro consumo… no tantos.  

Hoy nos situamos al otro lado del timbre. Los periodistas de elDiario.es David Noriega y Marcos García Santonja acompañan a Ángeles, una cartera de Madrid, y a Frank, un cartero de Alicante, en un recorrido navideño en el que la observación de estos profesionales es la base para apreciar la transformación de nuestros barrios en los últimos años: turistificación, envejecimiento de la población, desaparición de comercios de toda la vida y de elementos que vertebran una ciudad.

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El servicio postal de Dinamarca entregará su última carta el 30 de diciembre, poniendo fin a una tradición de más de cuatro siglos.

PostNord, formada en 2009 tras la fusión de los servicios postales sueco y danés, anunció su decisión a principios de este año y señaló que recortaría 1.500 puestos de trabajo en Dinamarca y retiraría 1.500 buzones rojos ante la “creciente digitalización” de la sociedad danesa.

La empresa de servicio postal describió a Dinamarca como “uno de los países más digitalizados del mundo” y explicó que la demanda de cartas ha “caído drásticamente”, mientras que las compras por Internet no dejan de aumentar. Por este motivo, la empresa decidió centrarse en el envío de paquetes.

PostNord solo tardó tres horas en vender 1.000 de los característicos buzones, ya desmontados, cuando salieron a la venta a principios de este mes. El precio fue de 2.000 coronas danesas (unos 275 euros) para los que estaban en buen estado y 1.500 coronas (alrededor de 205 euros) para los más desgastados. Otros 200 se subastarán en enero.

El servicio postal, que seguirá repartiendo cartas en Suecia, ha anunciado además que durante un tiempo limitado reembolsará los sellos daneses no utilizados.

Los daneses podrán seguir enviando cartas a través de la empresa de reparto Dao, que ya se encarga de la entrega de cartas en el país. A partir del 1 de enero, Dao ampliará sus servicios de unos 30 millones de cartas en 2025 a 80 millones el año que viene. Para enviarlas, los clientes tendrán que acudir a una tienda Dao o pagar un suplemento para que se las recojan en su domicilio, y abonar los gastos de envío por Internet o a través de una aplicación.

¿Un resurgimiento?

El servicio postal danés gestionaba el envío y la entrega de cartas en el país desde 1624. En los últimos 25 años, el envío de cartas ha experimentado un fuerte descenso en Dinamarca, con una caída de más del 90%.

Sin embargo, algunos indicios apuntan a un posible resurgimiento de la escritura de cartas entre los jóvenes.

Según un estudio de Dao, las personas de entre 18 y 34 años envían entre dos y tres veces más cartas que otros grupos de edad, y cita al investigador de tendencias Mads Arlien-Søborg, quien atribuye este aumento a que los jóvenes “buscan un contrapeso a la sobresaturación digital”. Según el experto, escribir cartas se ha convertido en una “elección consciente”.

Según la legislación danesa, el Gobierno está obligado a garantizar el derecho de la población a enviar y recibir cartas. Esto significa que, si Dao dejara de repartir cartas, el Ejecutivo estaría obligado a designar a otra empresa para que lo hiciera.

Una fuente cercana al Ministerio de Transporte asegura que nada cambia en la práctica en 2026, ya que la población seguirá pudiendo enviar y recibir cartas, simplemente lo hará a través de otra empresa. Señala que se trata de una cuestión meramente “sentimental”.

Lo curioso es que recibir una carta física tiene un valor extremadamente alto

Magnus Restofte — Director del museo de correos, telecomunicaciones y comunicaciones Enigma

Sin embargo, otros defienden que se trata de una decisión irreversible. Magnus Restofte, director del museo de correos, telecomunicaciones y comunicaciones Enigma, en Copenhague, cree que, en caso de que ya no fuera posible utilizar las comunicaciones digitales, “sería bastante difícil volver atrás [al correo físico]”. “No podemos volver a lo que era antes. Además, hay que tener en cuenta que somos uno de los países más digitalizados del mundo”, dice.

Más digitales

En virtud del programa MitID —el sistema nacional de identificación digital de Dinamarca, que se utiliza para todo, desde la banca en línea hasta la firma electrónica de documentos y la reserva de citas médicas—, todas las comunicaciones oficiales de las autoridades se envían automáticamente por “correo digital” en lugar de por correo postal.

Aunque existe la opción de darse de baja y recibir correo físico, pocos usuarios lo hacen. En la actualidad, el 97% de la población danesa mayor de 15 años está inscrita en MitID y solo el 5% de los daneses ha optado por no recibir correo digital.

Según Restofte, la población danesa se ha mostrado “bastante pragmática” ante los cambios en los servicios postales, en parte porque muy pocas personas reciben ya cartas físicas en sus buzones. De hecho, algunos jóvenes nunca han llegado a enviar una carta en papel.

La escasez de cartas físicas ha aumentado su valor. “Lo curioso es que recibir una carta física tiene un valor extremadamente alto”, dice Restofte. “La gente sabe que si escribes una carta física y la escribes a mano, has dedicado tiempo y también dinero”.

Al anunciar su decisión a principios de este año, Kim Pedersen, director ejecutivo adjunto de PostNord Denmark, afirmó: “Hemos sido el servicio postal danés durante 400 años, por lo que poner fin a esa parte de nuestra historia es una decisión difícil. Los daneses se han vuelto cada vez más digitales, lo que significa que hoy en día se envían muy pocas cartas, y el descenso continúa de forma tan significativa que el servicio postal de cartas ya no es rentable”.

Traducción de Emma Reverter.

Un total de 122 de los 124 electores cuyos votos por correo fueron sustraídos en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) ya han ejercido nuevamente su derecho al voto, según datos aportados por Correos este sábado.

El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente, ha informado el ente público postal en un comunicado de prensa.

Sobre la sustracción de los 124 votos por correo ocurrida en la oficina postal de Fuente de Cantos, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atribuyó este viernes el hecho a “la delincuencia común”.

Explicó que el instituto armado, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de Correos y solo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo.

En concreto, la madrugada del jueves se llevaron una caja de fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue localizada forzada y abierta horas después en un paraje de Talavera la Real sin dinero y con los votos por correo esparcidos a su alrededor.

Estos votos “no eran del interés” de los delincuentes, pues todo apunta a que se trata de “un delito de delincuencia común”.

Una atribución que también ha recalcado Correos sobre unos hechos que vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca.

Además, ha recordado que una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz para procurar su entrega a los interesados y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.

“En aplicación de dicha resolución, Correos activó de inmediato un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho”, ha expuesto.

Asimismo, Correos ha asegurado que continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para “garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público” encomendadas al servicio postal en los procesos electorales.

“¡Qué bien nos sientan las campañas electorales!”. Pedro Sánchez ha llegado al último mitin de la competición electoral en Extremadura con los socialistas un poco más animados de como la iniciaron gracias a los problemas que ha encarado el PP, que ha intentado tapar una denuncia por acoso de una concejala contra un alcalde y con María Guardiola forzada a cesar como chófer a su primo, condenado por violencia machista. A eso hay que sumar las dudas que han intentado sembrar sobre la gestión del voto por correo ante el robo en una oficina de Correos, que la Guardia Civil dijo desde un primer momento que era “delincuencia común”. “Solo les valen los resultados cuando ganan y si no es un pucherazo”, ha reprochado el líder de los socialistas en referencia a ese problema que está prácticamente resuelto porque 118 de los 124 afectados han votado de nuevo en apenas 24 horas.

“Dicen que son demócratas, alertan sobre una supuesta deriva autoritaria y la dictadura, pero, en fin, vemos que la señora Guardiola no se ha enterado de que su primo, su chófer, tuviera una sentencia por violencia de género. Tampoco se ha enterado de que el alcalde de Navalmoral estaba acosando laboralmente a una concejala, pero antes de que la Guardia Civil supiera todo, ella ya sabía que un robo de unos delincuentes comunes era todo un pucherazo”, ha enumerado Sánchez: “Es el PP de siempre. Solamente les valen los resultados electorales cuando ganan y si no es un pucherazo. Vamos a ganarles con el único voto que puede hacer frente al PP y Vox que es el PSOE”.

“Hemos visto a Guardiola tratar de tapar sus escándalos de abuso y acoso laboral propagando un bulo que es el del pucherazo”, ha recriminado el presidente del Gobierno, que también ha mencionado que Isabel Díaz Ayuso advierte de una “deriva autoritaria y una dictadura” mientras ella “está todo el día insultando”. Y se ha referido a las palabras del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonillla, que dijo: “Lideras una Comunidad Autónoma y eso hace que las mujeres se acerquen con interés”. Después ha recordado el lapsus de Alberto Núnez Feijóo cuando dijo que Huelva está en el Mediterráneo y su ironía al decir que los andaluces “no saben contar”.

“Pero qué paciencia hay que tener con esta derecha. Hay que tener una paciencia con ellos… Por eso es tan importante que el próximo 21 de diciembre Miguel Ángel Gallardo sea un alcalde para Extremadura. Es lo que necesita Extremadura: un alcalde con las puertas abiertas de su despacho recibiendo a los extremeños y extremeñas y sacando adelante esta tierra”, ha acabado Sánchez en el acto de cierre, celebrado en Villanueva de la Serna, el municipio en el que el líder regional fue regidor casi 20 años.

Guardiola, “sometida” a Feijóo y Vox

Por primera vez en la campaña, Sánchez ha mencionado que Gallardo, procesado por el supuesto 'enfuche' a su hermano a través de la Diputación de Badajoz, se ha enfrentado a “bulos” y “zancadillas”, aunque no ha aludido expresamente a la causa judicial. “Han intentado que perdiera la calma y no lo han conseguido. Va a ganarle el próximo domingo con el voto de los extremeños y extremeñas. Va a ser un gran presidente, como lo fue Juan Carlos Rodríguez Ibarra y nuestro añorado Guillermo Fernández Vara y lo va a hacer porque va a poner por delante Extremadura, como lo hizo con Villanueva de la Serena, no como Guardiola”, ha seguido Sánchez, que ha contrapuesto el modelo de los socialistas al del PP, que ha recordado que no ha mejorado los servicios públicos pese a la inyección extraordinaria de fondos procedentes del Estado. “Extremadura no está en venta y se defiende votando al PSOE”, ha exclamado.

Sánchez ha dibujado a la presidenta extremeña, María Guardiola, sometida a Feijóo y a Vox. “Ha convocado anticipadamente las elecciones porque se lo ordenó Feijóo”, ha dicho antes de mencionar que el PP está “sometido a la ultraderecha de Vox”. “Habrá muchas papeletas, pero solo dos opciones de Gobierno: una que es la del retroceso de PP y Vox y otra liderada por el PSOE y Gallardo. Todos a votar a la opción del progreso”.

“Extremadura es cultura y la cultura le va a vencer a él y a su intolerancia reaccionaria el próximo 21 de diciembre votando al PSOE”, ha dicho nada más empezar Sánchez, refiriéndose a Santiago Abascal, que dijo que habría que “desinfectar” o echar “agua bendita” en el Palacio de Congresos de Plasencia, desde ahora llamado 'Roberto Iniesta', en honor al cantante de Extremoduro. El líder de la ultraderecha pronunció esas palabras tres días después de que miles de personas despidieran al cantante en ese lugar, que fue el elegido por Sánchez y Gallardo para abrir la campaña electoral.

Gallardo ha aprovechado para presentar al presidente con un toque más personal al recordar que se vio con él en Villanueva de la Serena en 2014, cuando un desconocido Sánchez empezaba a recorrer España para intentar hacerse con el liderazgo del PSOE. Ha dicho que se siente “orgulloso” de haber podido “conocer a la persona” y después ha relatado que Sánchez le dijo que era “fan” del jugador de baloncesto José Manuel Calderón y que le llevó a su casa.

Gallardo, ante su dificultad: “Hay que levantar el ánimo”

El candidato socialista se ha reivindicado en su casa, que ha dicho que era una “ciudad que estaba herida” cuando se hizo con la alcaldía en 2003. “Fuimos capaces de levantar el ánimo. Lo primero que hay que hacer siempre para poder confiar y creer en nuestras posibilidades es levantar el ánimo y es lo que vamos a hacer a partir del domingo”, ha dicho Gallardo, que parte de una situación difícil, con una importante ventaja por parte del PP y una valoración muy negativa, según los datos del CIS.

Gallardo ha asegurado que “la campaña que empezó de la peor forma con una mentira” -sobre la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos- “como se inició la legislatura”, cuando Guardiola aseguraba que no pactaría con Vox. “Ha terminado con otra gran mentira”, ha dicho sobre el voto por correo que ha puesto en duda el PP. “Esta campaña ha ido de mal en peor para la derecha”, ha zanjado Gallardo, que se ha presentado como un hijo “del ascensor social” y se ha presentado a través de un vídeo en el que hablan personas próximas, como su hermana, para defender su honorabilidad mientras aguarda el juicio.

“Hemos visto cómo se apalean los olivos para que den frutos. Solo se apalea lo que da frutos. Cuando le están dando tantos palos es porque tiene frutos”, dice el expresidente Ibarra, que ha hecho campaña por Gallardo mientras abre el debate sucesorio en el PSOE alentando una “alternativa” a Sánchez.

118 de los 124 ciudadanos afectados por el robo de sus votos por correo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) de la madrugada del jueves han votado de nuevo, según ha informado el propio Correos a través de un comunicado. El anuncio llegaba unas horas después de que la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección, María Guardiola, volviera a insistir en lanzar sospechas de un pucherazo, y a solo dos días de las elecciones regionales. Esta mañana aseguró que “a 124 extremeños le están hurtando el derecho a decidir”.

Correos desmiente así a Guardiola y a la dirección del PP, que lanzó la idea del pucherazo electoral porque el jueves, en un caso que la propia Guardia Civil calificó de “delincuencia común”, unos ladrones robaron una caja fuerte de una oficina postal para quedarse con el dinero, pero dentro de la misma también había 124 votos por correo que después aparecieron a 20 kilómetros. Pese a la evidencia de que los ladrones buscaban el dinero y no los votos, el PP habló de que la democracia “está en peligro” en España, aunque Correos ya dejó claro el mismo jueves que esos 124 votantes, pertenecientes a las localidades de Fuente de Cantos, Bienvenida y Calzadilla de los Barrios, podían volver a votar ante lo sucedido.

“Gracias a las acciones extraordinarias emprendidas conjuntamente por la Junta Electoral Provincial de Badajoz y Correos, 118 de los 124 ciudadanos afectados por el robo en la oficina de Correos de Fuente de Cantos han podido ejercer nuevamente su derecho al voto”, explica Correos en su comunicado, en el que matizan que “el resto de votantes ya ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, puedan emitir su voto nuevamente”.

En el texto enviado a los medios Correos recuerda que “durante la madrugada del jueves, la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) fue asaltada por delincuentes que buscaban sustraer efectivo y artículos comerciales”. “Este hecho se vincula con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca y se atribuye a delincuencia común”, añade.

A renglón seguido, la compañía postal señala que en el caso de Fuente de Cantos, “los ladrones lograron arrancar la caja fuerte y llevarse su contenido, que incluía dinero en efectivo y 124 votos emitidos por correo”. También informa de que “una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo”.

Así, Correos señala que “en aplicación de dicha resolución, Correos activó de inmediato un operativo especial para asegurar que todos los ciudadanos pudieran ejercer su derecho” y deja claro que “continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que le son encomendadas en los procesos electorales”.

La Junta Electoral Provincial de Badajoz ha informado a Correos que los 124 electores afectados por el robo de la caja fuerte en la oficina de Fuente de Cantos, en la provincia de Badajoz, podrán emitir nuevamente su voto postal. La Guardia Civil ha hallado en las inmediaciones de la la oficina la caja fuerte robada, “completamente calcinada”, según un comunicado difundido por Correos. “El dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad, en tanto que los votos emitidos por correo se encontraban esparcidos en sus alrededores”.

Pese a que la Guardia Civil vincula los robos con la delincuencia común, el PP ha vuelto a agitar el fantasma del 'pucherazo' electoral. Feijóo ha señalado al Gobierno por “ocultar intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada” y “no ofrece garantías” de la limpieza del proceso. Su 'número dos', Miguel Tellado, ha lanzado directamente la idea de que existe una operación para “alterar el resultado de las elecciones del próximo 21 de diciembre”. También la candidata, María Guardiola, ha abundado en la existencia de una trama contra ella.

Durante la madrugada de este jueves, las oficinas de Correos de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía fueron asaltadas por delincuentes que buscaban sustraer efectivo y artículos comerciales. Sólo en una de ellas, Fuente de Cantos, los ladrones lograron arrancar la caja fuerte y llevarse todo su contenido, que además de dinero en efectivo incluía 124 votos emitidos por correo.

En su resolución, difundida por Correos en un comunicado, la Junta Electoral Provincial de Badajoz informa que “se autoriza la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz, para procurar su entrega a los interesados, y puedan emitir nuevamente su voto por correo”.

La Guardia Civil ha hallado, en las inmediaciones de Talavera la Real, a 90 kilómetros de Fuente de Cantos, y completamente calcinada, la caja fuerte robada en la oficina de Correos de dicha localidad. El dinero en efectivo se había sustraído en su totalidad, en tanto que los votos emitidos por correo se encontraban esparcidos en sus alrededores.

Resultado de dicha resolución, Correos se está comunicando con los electores afectados y ha organizado un dispositivo extraordinario para proceder a la entrega, de manera inmediata, de la documentación original y la admisión de los votos emitidos a través de los carteros.

Desde el pasado mes de octubre, cuando todavía no se habían convocado las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, se han producido nueve hechos similares en Badajoz. Fuentes del instituto armado han llamado la atención sobre que solo se han robado votos emitidos por correo en una oficina postal, en la que las papeletas estaban guardadas junto a 14.000 euros en efectivo.

La Guardia Civil ha informado además de que ya venía investigando otros dos robos ocurridos en los últimos días en otras dos oficinas de Correos ubicadas en Talavera la Real y Villafranco del Guadiana, también en la provincia de Badajoz. En octubre se produjeron otros cuatro.

No es la primera vez que las sospechas sobre el fraude en los votos por correo impacta en una campaña electoral. Ocurrió también en las últimas elecciones municipales, en mayo de 2023, con varias detenciones en Melilla y en Mojácar por la compra de votos y robo de documentación electoral a los carteros en la ciudad autónoma.

En este adelanto electoral, 17.508 electores extremeños han pedido votar por correo, lo que supone un 49,3% menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales celebradas el 28 de mayo de 2023. El plazo para depositar el voto finalizó ayer, miércoles.

Correos ha confirmado el robo de la caja fuerte de su oficina en Fuente de Cantos (Badajoz) que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo para las elecciones que este domingo se celebran en Extremadura. Los despachos de otras dos localidades, Torremejía y Santa Amalia, también han sido objeto de robos pero en ninguno de esos casos se ha sustraido la caja fuerte ni el voto por correo, sino artículos comerciales y material de oficina.

Según Correos, la Guardia Civil ha vinculado el suceso con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero, aunque la investigación está en curso.

Los hechos ya han sido comunicados a la Junta Electoral Provincial de Badajoz y se está a la espera de la decisión que adopte con objeto de garantizar el derecho al voto de los electores afectados.

Por su parte, el PP de Extremadura ha denunciado los robos, pero ha levantado las sospechas por lo que considera, sin pruebas, una “estrategia coordinada” para sustrater los votos por correo. “Nos están robando la democracia”, ha alertado el secretario general del PP regional, Abel Bautista, un mensaje que la candidata y presidenta de la Junta, María Guardiola, ha reiterado en un mesaje en las redes sociales.

Según ha explicado Bautista, la oficina de Correos de Fuente de Cantos recoge el voto por correo de esta localidad, de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros. En el caso de Torremejía no había votos por correo, debido a que esta localidad deposita diariamente los sufragios recibidos en la ciudad de Mérida. La misma situación se ha repetido en Santa Amalia, donde “tampoco han podido sustraer nada porque no había voto por correo”.

El PP ha propuesto que se establezca un “procedimiento extraordinario” para que los ciudadanos afectados por la sustracción de Fuente de Cantos puedan ejercer su derecho al voto. “Si un Estado democrático no puede garantizar el derecho al voto de sus ciudadanos, ¿qué clase de Estado tenemos y qué clase de democracia tenemos?”, se ha preguntado.

El dirigente del PP ha llamado además a la movilización masiva de todos los extremeños el próximo domingo para responder “contundentemente” ante estos hechos acudiendo a los colegios electorales con el fin de que “hablen como hay que hablar en democracia, depositando el voto”.

Este suceso se une a la denuncia que ayer formuló el PP de que las papeletas de su partido no iban en determinados votos por correo que habían sido solicitados por los ciudadanos, un número que, ha recalcado, pudieron ver “cómo aumentaba”. Por esta razón, sobre las diez de la pasada noche pusieron los hechos en conocimiento de la Junta Electoral advirtiendo de que no se había garantizado el derecho de los electores a ejercer libremente su voto y, por tanto, a elegir al partido que quisieran “teniendo en cuenta que la papeleta del Partido Popular no venía dentro”.

El voto por correo para las elecciones autonómicas a las Cortes de Aragón, que se celebrarán el domingo, 8 de febrero de 2026, ya se puede solicitar. Los electores que decidan votar por correo pueden pedir hasta el día 29 de enero de 2026 (inclusive) el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La obtención de este certificado es requisito imprescindible para poder emitir el voto por correspondencia y puede solicitarse por vía telemática a través de la web www.correos.es o presencialmente en cualquier oficina de Correos de España.

Los electores pueden solicitar su voto a través de la web de Correos (www.correos.es), sin tener que acudir en persona a una oficina postal. En este modelo de solicitud, que evita desplazamientos, el interesado debe acreditar su identidad mediante autenticación y firma electrónica, aceptándose como sistemas de identificación válidos los certificados de persona física reconocidos por el Ministerio de Industria en su lista de prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza o el DNI electrónico (DNI-e).

La solicitud de voto por correo también puede realizarse en todas las oficinas de Correos de España. Esta petición debe ser realizada personalmente por cada elector, salvo en caso de enfermedad o discapacidad —acreditada mediante certificación médica oficia— que le impida la formulación personal de dicha petición. En este caso, puede ser presentada en nombre del elector por otra persona autorizada notarial o consularmente.

En el momento de formular la solicitud, los interesados deben acreditar su identidad presentando ante el empleado de la oficina postal el DNI, pasaporte o carnet de conducir originales.

Con el objetivo de agilizar los trámites y evitar esperas, la compañía ofrece la opción de cita previa para la solicitud del voto en oficinas, a través de la app, la web de Correos o la Oficina Virtual. Para ello el elector tan sólo debe seleccionar la oficina disponible que tenga cita previa y, por último, elegir el día y la hora que más le convengan.

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Aragón, quienes enviarán a los solicitantes, a partir del 19 de enero de 2026, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo. Se recuerda a las personas que soliciten el voto por correo que esa documentación la recibirán en la dirección que indiquen en la solicitud, que no tiene por qué coincidir con su domicilio habitual. El plazo de depósito del voto por correo finalizará el 4 de febrero de 2026.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga la adjudicación de un contrato valorado en 2,8 millones de euros para la demolición y el desmantelamiento de las antiguas baterías de coque de Avilés. La investigación se enmarca en el procedimiento que se sigue contra la ex militante socialista Leire Díez, el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a través de la sociedad Servinabar. Se intenta determinar si pudieron haber recibido 'mordidas' a cambio de mediar en contratos relacionados con la SEPI, entre los que figura el de las antiguas baterías siderúrgicas.

El Ayuntamiento de Avilés ya se ha desmarcado del proceso de contratación. Así, el concejal de Desarrollo Urbano y Económico y portavoz socialista, Manuel Campa, ha asegurado este lunes que la adjudicación de esta obra es “totalmente ajena” al consistorio.

Contrato adjudicado en 2021

El futuro de baterías es un proyecto clave para la ciudad, según ha ratificado el edil, que ha incidido en que la preocupación del equipo de gobierno local es el desarrollo de suelo industrial, generar actividad económica y empleo y para lograr estos objetivos, “estos procesos deben de ser ágiles y transparentes”.

El contrato de adjudicación se concedió a finales del año 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integran Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente.

Valorado en 2,8 millones

Erri Berri fue la adjudicataria del contrato público para la demolición de las baterías de coque de Avilés, suscrito por el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), gestionado por Sepides, la sociedad inmobiliaria filial de la SEPI, por valor de 2,8 millones de euros.

La UCO trata de esclarecer si en este contrato pudo haber una 'mordida' a un grupo autodenominado Hirurok, el nombre con el que los tres investigados -Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández- se llamaban y que traducido al castellano desde el euskera significa “Nosotros tres”.

Una comisión de 400.000 euros para Hirurok

Esta sería la fórmula utilizada en al menos cinco contratos. Además de las baterías de coque, están cuestionados los contratos adjudicados a las empresas Mercasa, Enusa y Residuos Melilla. En total, se baraja la cuantía de 132 millones como el dinero al que ascenderían los contratos supuestamente amañados a través de la SEPI o empresas públicas participadas por el holding estatal.

Al parecer, el contrato para el desmantelamiento de las antiguas baterías siderúrgicas podrían haber generado una comisión cercana a los 400.000 euros; una cantidad que iría al grupo HiruroK.

Secreto de sumario

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, lleva la causa que permanece bajo secreto de sumario.

Los investigadores tratan de establecer si Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso se repartieron hasta 750.000 euros en comisiones entre los años 2021 y 2023 a través de una labor de mediación en contratos y ayudas vinculadas a empresas relacionadas con la SEPI.

Medidas cautelares

Tras su detención, los tres pasaron el sábado a disposición de la Audiencia Nacional. El magistrado Antonio Piña acordó su puesta en libertad provisional con medidas cautelares, entre las que se encuentra la retirada del pasaporte y la obligatoriedad de comparecer cada 15 días en los juzgados, tal y como había reclamado la fiscal Elisa Lamelas.

Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que Vicente Fernández sí respondió a las preguntas de todas las partes y negó su participación en los supuestos amaños. Los tres están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Los currículos

Vicente Fernández fue presidente de la SEPI tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto — motivó su cese. Leire Díez, por su parte, fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021. Después pasó a ser directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023.

Según la investigación, su actividad se proyectó sobre “distintos puntos del territorio nacional” y “varias administraciones públicas”. Y operó “al menos en el periodo comprendido entre los años 2021 y 2023”. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI. Ante el juez, él ha negado cualquier irregularidad. Ha sido preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo ha negado.

La 'intermediación'

La operación de mayor volumen que está bajo sospecha es el rescate por parte de la SEPI de la empresa vasca Tubos Reunidos, que recibió un préstamo participativo de 112,8 millones en 2021. Una ayuda que la compañía debe devolver, como tarde, en 2028, según informa Elena Herrera. La tesis de los investigadores es que el grupo llevó a cabo labores de “intermediación” que “podrían haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda”. Y que cobraron por ello 114.950 euros.

Fuentes de la compañía Tubos Reunidos admiten que la sociedad ha mantenido un “contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses” con Vicente Fernández, si bien afirman que no han tenido colaboración alguna ni con Leire Díez ni con Antxon Alonso. Estas mismas fuentes apuntan que el juzgado de la Audiencia Nacional hizo una solicitud de información sobre ese contrato y que la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la documentación que obraba en su poder, informa Iker Rioja.

Contratos bajo sospecha

En los otros cuatro contratos, la licitación corresponde a la gestora de los mercados centrales de abastecimientos, Mercasa, 18.119,75 euros; la empresa pública del sector nuclear, Enusa, 17.545 euros; el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), 2,8 millones de euros; y Sepides, la sociedad pública dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial, 17,3 millones de euros, según los datos recogidos por elDiario.es.

Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo, resultó adjudicataria del contrato de 18.119,75 euros por parte de Mercasa. La licitación estaba relacionada con la pretensión de un cambio de sede de la empresa pública. Servinabar fue contratada para realizar “un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa” cuantificando de manera elevada el coste de las obras de rehabilitación de la sede. Los investigadores creen que es un contrato mendaz porque no era necesario.

En el foco de la UCO

Durante la comparecencia, la abogada de Leire Díez afirmó que su clienta no iba a declarar porque no había tenido acceso a los datos esenciales de las actuaciones. La causa sigue bajo secreto, por lo que las defensas no han podido examinar los indicios que presuntamente les incriminan. El expresidente de la SEPI fue preguntado por cantidades facturadas que los investigadores sospechan que pueden ser comisiones por presuntos amaños y él lo negó.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público también fueron objeto de requerimientos de información. Según informó EFE, se trata de Correos, Mercasa, Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa, donde los agentes sí llevaron a cabo un registro. 

El servicio postal de Correos en el Ayuntamiento de Logroño se restablecerá a partir de la próxima semana tras las gestiones y conversaciones mantenidas entre las unidades técnicas de ambas entidades.

Tal y como adelantó el Consistorio logroñés se estaba trabajando para regularizar la situación y que el servicio se restableciera lo antes posible, y así será a partir de la próxima semana.

Correos había suspendido desde este mes el servicio del consistorio por los impagos de facturas desde junio de 2025. “Esta interrupción no solo afecta a la relación entre la Administración y la ciudadanía, sino que también puede generar problemas legales al no llegar notificaciones importantes en tiempo y forma”, ha advertido UGT.

El Ayuntamiento de Logroño reconocía que el contrato con Correos “tiene cantidades pendientes”, pero justificaba que “como suele ocurrir anualmente por estas fechas por regularización de costes”. Así mismo, señalaban que estaban “dando los pasos para solucionarlo y restablecer el servicio”.

El futuro inmediato de los tres protagonistas de la última trama de presunta corrupción desmantelada esta semana está en manos de la Audiencia Nacional. El expresidente de la SEPI Vicente Fernández, la exmilitante y exconcejal socialista Leire Díez y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, pasan este sábado a disposición del juez Antonio Piña, que les investiga por graves delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. La Fiscalía Anticorrupción impulsa unas pesquisas que indagan en presuntos amaños de contratos públicos y que siguen por el momento bajo secreto de sumario. 

Tras pasar casi tres días en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil, el juez les tomará declaración y decidirá si les envía a prisión o les somete a otras medidas cautelares menos gravosas, como las comparecencias en el juzgado o la retirada del pasaporte. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es afirman que el magistrado decidirá el lunes si se inhibe en favor del Tribunal Supremo, donde Antxon Alonso ya es investigado dado el aforamiento del exministro José Luis Ábalos, si es competente el otro juzgado de la Audiencia Nacional que empezó a investigar el caso Koldo o si manda el asunto a reparto.

La investigación apunta a uno de los centros neurálgicos del uso de dinero público en la administración central: las empresas de propiedad estatal. En el epicentro aparece la SEPI, el holding público que administra y coordina todas las empresas públicas estratégicas o con participación del Estado. Vicente Fernández fue su presidente tras la llegada del PSOE a la Moncloa: entre junio de 2018 y octubre de 2019. Político de la confianza de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pasó apenas 15 meses al frente de la empresa pública hasta que su implicación en el caso Aznalcóllar —del que acabó absuelto la semana pasada— motivó su cese.

Registros y requerimientos

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron esta semana en las oficinas de la SEPI y reclamaron documentación. Otras cinco empresas públicas participadas por el holding público han sido objeto de requerimientos de información. Se trata de Correos, Mercasa (gestora de los mercados centrales de abastecimientos), Sepides (dedicada a la promoción industrial y el desarrollo empresarial), Cofivacasa (cuyo objeto principal es la liquidación de sociedades y la administración de patrimonios) y Enusa (sector nuclear), donde los agentes sí llevaron a cabo un registro, informa EFE. 

Fuentes próximas a las pesquisas aseguran a elDiario.es que los agentes reclamaron en Mercasa contratos del periodo entre 2021 y 2023. Esto es, una vez que Vicente Fernández había salido de la SEPI y había sido contratado por Servinabar, la sociedad de Antxon Alonso considerada vehículo para el cobro de mordidas de Santos Cerdán y el resto de miembros de la trama que investiga el Tribunal Supremo.

Leire Díez, que está siendo investigada en un juzgado madrileño por cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía y altos mandos de la Guardia Civil, ocupó puestos directivos en dos de estas empresas públicas bajo gobiernos de Pedro Sánchez. Fue responsable de comunicación de Enusa entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, época en la que Vicente Fernández presidía la SEPI. Dirigentes socialistas afirman que durante esta etapa ambos acudían juntos a reuniones del holding público. Leire Díez pasó a ser después directora de Relaciones Institucionales y Filatelia en Correos, donde estuvo hasta finales de 2023. 

También se han producido requerimientos de información en las sedes de organismos dependientes de los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica, fundamentalmente direcciones generales, donde se ha reclamado documentación sobre contratos y subvenciones investigados en relación con la trama. Los agentes se han desplazado a la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (de Hacienda) y la Dirección General de Política Energética y Minas (Transición Ecológica). 

Ha habido, asimismo, registros en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Los agentes acudieron también a las instalaciones de la empresa de renovables Forestalia en Zaragoza y Madrid, a la asesoría fiscal Conaudire o a la empresa Cemsal. Y registraron un bar de Sevilla supuestamente vinculado al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La operación deja por el momento los citados tres arrestos, aunque hay otras personas investigadas que serán citadas para comparecer en sede judicial próximamente. Entre ellas está el expresidente de Enusa entre 2018 y 2021, José Vicente Berlanga, al que el PSOE suspendió de militancia este viernes. 

Servinabar, en el foco

Estas pesquisas ha vuelto a poner el foco sobre Servinabar, la empresa navarra en la que Santos Cerdán tenía supuestamente el 45% de las participaciones, según la documentación incautada por la Guardia Civil. El exdirigente socialista lo niega, si bien un informe posterior de la UCO reveló que esta empresa le había pagado alquileres, viajes o comidas y que había contratado a sus familiares. 

Fuentes de la investigación afirman que esta nueva operación deriva del material requisado en la batería de registros del pasado junio vinculados a Antxon Alonso, que está también imputado en la causa del presunto amaño de contratos que investiga el Tribunal Supremo y que ha llevado a prisión a dos ex secretarios de Organización del PSOE. Cuatro agentes de la UCO se personaron en su dúplex en la localidad vizcaína de Elorrio a las 8.05 horas del 10 de junio.

El registro se extendió hasta las 23.57 horas, cuando los investigadores terminaron de examinar las oficinas de su empresa, Servinabar, ubicada en Pamplona, a un centenar de kilómetros de allí. Los agentes se incautaron de dos ordenadores, un disco duro, dos iPhone, así como abundante documentación en formato digital y papel. Antxon Alonso estuvo entonces bajo custodia policial, pero no detenido, como sí lo ha estado en esa ocasión. 

Esa documentación motivó que la Fiscalía Anticorrupción abriera una nueva investigación al considerar que el asunto era diferente al presunto amaño de obras que investiga el Tribunal Supremo. Esta semana, un movimiento de Vicente Fernández provocó que saltaran las alarmas entre los investigadores y acudieran de urgencia a la Audiencia Nacional a judicializar las diligencias. Se encontraba de guardia Antonio Piña, magistrado al frente del Juzgado Central Instrucción 6, que autorizó los 19 registros y las detenciones y que este sábado tomará declaración a los arrestados y decidirá sobre su libertad.