Mari Carmen y Juan esperaban disfrutar de una segunda luna de miel con su jubilación. Con sus dos hijas adultas y completamente independizadas, no había nada que les hiciera pensar que no podría ser así. Pero una intervención médica innecesaria y de cuyos riesgos y alternativas no fue informada cambió el destino de la mujer y su familia. Un juzgado ha condenado a la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud a indemnizar a esta paciente con 820.000 euros, en una sentencia que está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a 2022, cuando Mari Carmen tuvo un susto de salud: un problema pulmonar, que se resolvió satisfactoriamente tras unas semanas de ingreso en el hospital de Móstoles. En una de las pruebas que le realizaron en este centro, los sanitarios encontraron un aneurisma sacular, una pequeña protuberancia de una arteria cerebral, que no tenía nada que ver con su dolencia.

“Cuando se recuperó y le dieron el alta, la derivaron al hospital de Puerta de Hierro, para que le vieran el aneurisma”, relata su hija Vanesa. Ahí empezó su calvario, que ha dejado a la mujer, que tiene ahora 69 años, con una discapacidad grave, problemas cognitivos y totalmente dependiente. “Nos dijeron que [si no se operaba] le podía dar un infarto cerebral y que [la intervención] era muy sencilla, que se hacían muchas. Un día de UCI y a casa. Nos lo puso tan fácil como sacarle una muela”, recuerda Juan, su marido.

Esa operación, a la que Mari Carmen accedió creyendo que era como sacarse un diente, derivó en un ictus durante el postoperatorio, que la ha dejado postrada y con secuelas de por vida. “Ahora depende para todo de mi padre”, lamenta Vanesa. La mujer duerme en un sillón para evitar los dolores. Y en la butaca de al lado, su marido, que no quiere dejarla sola.

La familia decidió ponerse en contacto con la asociación Defensor del Paciente, que ha pilotado el caso, después de que una médica amiga y hasta el de cabecera de la mujer les dijeran que había “algo raro” en el procedimiento médico. “Le llevo toda la documentación a Álvaro [Sardinero, el abogado] y unos días después me llama para hablar, tras ponerse en contacto con un perito”, continúa la hija de Mari Carmen. De aquella conversación la familia sale con dos ideas claras: “Es un aneurisma que no se opera y, además, no aparece la autorización de la intervención”, que es obligatoria porque implica que se ha informado a la paciente.

Con estos datos, deciden iniciar una vía legal para que se reconozca la negligencia y se indemnice a la mujer. En julio de 2025, el juzgado de 1ª Instancia número 51 de Madrid condena a Relyens, la aseguradora del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) a indemnizar a Mari Carmen por los daños ocasionados y las secuelas que padece con la cantidad de 821.166,96 euros.

La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial por la reaseguradora, señala que “no existe prueba que acredite que a la paciente se le informó de las alternativas terapéuticas ni tampoco del riesgo que conllevaba la intervención”. Y, como recuerda el propio texto, “toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado”, que deberá prestarse por escrito en los casos de intervenciones quirúrgicas, entre otras.

El magistrado considera que “la falta de información a la paciente (...) causa, además, un daño efectivo y real como consecuencia de la cristalización del citado riesgo, por cuanto la actora se vio privada de la posibilidad u oportunidad de ponderar la conveniencia de sustraerse a la operación evitando sus riesgos, máxime cuando existe controversia sobre la necesidad de haberse operado”.

La sentencia va más allá de esa controversia, al señalar que “en este caso también ha quedado acreditada la mala praxis, no en la operación, sino en la decisión de acometerla”. Se basa, principalmente, en la información aportada en el informe pericial judicial, a partir de las pruebas aportadas al caso, que muestran un aneurisma con diámetros aproximados de 3x4 milímetros, que además no había mostrado síntomas.

El informe pericial señala que los aneurismas menores de 10 milímetros en pacientes asintomáticos no requieren tratamiento inmediato, pero deben ser monitorizados ante posibles crecimientos. Algo que, en el caso de Mari Carmen no ocurrió, al ser directamente intervenida. De hecho, el Estudio Internacional de Aneurismas Intracraneales No Rotos —ISUIA, por sus siglas en inglés— señala que el riesgo de rotura en aneurismas de menos de 7 milímetros en esa zona es del 0% a los cinco años.

Un contrato de 35 millones de euros

La demanda, como indican desde el Sermas, es una acción directa en la vía civil contra la compañía aseguradora Relyens, como se prevé en la Ley de Seguros. Esta redacción se ha puesto en contacto con Relyens, para conocer los motivos del recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial, pero desde la compañía han declinado responder a las preguntas de este medio.

Esta empresa se encarga de cubrir las indemnizaciones derivadas de casos como estos y en ella lleva confiando la Comunidad de Madrid durante años. El presupuesto de la última licitación del servicio de póliza de seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud ascendió a un total de 35 millones de euros por dos años. Pero la colaboración se alarga más allá. De hecho, la mutua, antes denominada Sham, lleva encadenando contratos millonarios para la cobertura de las responsabilidades derivadas de los profesionales y los centros sanitarios de la Comunidad desde 2016.

Según ha publicado la propia compañía, el Grupo, que desarrolla su actividad en España, Francia, Portugal, Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, recibió 1.160 millones de euros en primas en 2024, los últimos datos disponibles. Esto supone un aumento del 7,3% respecto a 2023 y un volumen de negocio de 674 millones, un 6,9% más.

Mientras tanto, en casa de Mari Carmen han tenido que ajustarse también en lo económico. En la hoja de nuevos gastos suma terapias, rehabilitación y cremas, entre otras partidas, a cargo de una pensión “mileurista” y de las aportaciones de Susana, la otra hija del matrimonio, quien, “económicamente, es la que puede ayudar”, lamenta su hermana, que en este momento se encuentra de baja.

Por eso, aunque la indemnización no va a devolver a la mujer a su estado de salud previo sí puede facilitar su día a día, darle acceso a terapias sin mirar la factura o acceder a un coche mejor, para que se traslade de forma más cómoda a las consultas y las sesiones de rehabilitación. “Estamos esperando a que la Audiencia Provincial nos dé la razón, pero un juez de primera instancia ya nos la ha dado”, reivindica Vanesa.

Por provincias, 166 de las denuncias se produjeron en Badajoz y 105 en Cáceres. Los hospitales más señalados fueron, por este orden, los de Badajoz, Mérida, Cáceres, Plasencia y Don Benito–Villanueva de la Serena.

Las principales reclamaciones estuvieron relacionadas con las listas de espera y con la atención en los servicios de cirugía general, urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia, según detalla la asociación.

El Defensor del Paciente subraya que las cifras de 2025 se sitúan por debajo de la media de la última década en Extremadura, fijada en 299 casos anuales, lo que coloca a la comunidad en una franja media-baja del recuento estatal. Pese a ello, advierte de que “existe un descontento general entre la población y el personal sanitario por la situación de la sanidad extremeña”.

La entidad atribuye esta situación a la “inestabilidad” del sistema sanitario regional, derivada en gran parte de las listas de espera quirúrgica. Según sus datos, Extremadura presenta la tercera peor lista de espera para intervenciones quirúrgicas de España, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

A 30 de junio de 2025, el tiempo medio de espera para pasar por quirófano en la región se situaba en 134 días, 30 menos que el año anterior. En esa misma fecha, 21.208 personas permanecían en lista de espera para una intervención, lo que supone un descenso aproximado de 3.072 pacientes.

La asociación también alerta de la “delicada situación” de la atención primaria en Extremadura, especialmente en las zonas rurales, debido a la falta de especialistas en medicina familiar y comunitaria. Asimismo, denuncia la existencia de “más de un centenar de plazas sin cubrir” en especialidades como medicina interna, cirugía general, anestesiología y reanimación, traumatología y radiodiagnóstico.

Críticas a la privatización y defensa del sistema público

“El fortalecimiento del sistema público es la única vía para afrontar los retos de la sanidad extremeña”, concluye El Defensor del Paciente, que critica la derivación de recursos a la sanidad privada en lugar de reforzar de forma estructural la pública.

El centro público de Educación Especial Marqués de Vallejo de Logroño vuelve a ser noticia, esta vez tras reconocerse el derecho de una familia a ser indemnizada por las lesiones que ha sufrido su hija de 17 años y con una discapacidad del cien por cien. Así lo ha reconocido el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Educación y Empleo. Nuria es la madre de esta menor y en una conversación con este medio ha querido dejar claro que la intención con esta denuncia es “que esto no vuelva a pasar a ningún niño con discapacidad porque los menores que acuden a este centro son especialmente vulnerables y necesitan cuidados extremos, profesionales especializados y centros dotados de recursos reales, no de buenas intenciones”. Tampoco ha pretendido atacar ni cuestionar el trabajo del personal del centro. “Sé que cuidan bien de mi hija, sé que la quieren mucho”. El problema, también aquí, es “la falta de personal”.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero. Ese día, la “enfermera me llamó por teléfono y me contó que tras la sesión de fisioterapia, mi hija se puso a llorar de una forma distinta a la habitual y que tras llevarla a una camilla, que estaba a unos diez metros de la sala, le vieron un bulto”. Personal del centro y la madre de esta menor acuden al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de Logroño. El diagnóstico: rotura fémur con desplazamiento por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Con este diagnóstico, Nuria pide explicaciones. “Pregunto qué es lo que ha pasado porque soy consciente de que ha sido un accidente. Confío en el personal del centro, accidentes tenemos todos, pero quiero saber qué es lo que ha pasado”. Y la respuesta que obtiene es que el fémur se ha roto y desplazado solo. “Me dicen que no saben cómo ha sido y que no ha pasado nada”. Nuria insiste, pero la versión sigue siendo la misma “y ya empiezo a ver contradicciones en el relato por lo que acudo al Defensor del Paciente para demostrar que, efectivamente, el fémur de mi hija no se ha roto solo”, como así ha hecho con diferentes informes.

Esta denuncia, insiste Nuria, “no va contra los profesionales, sino que queremos poner de manifiesto la falta de personal que hay en el centro”. El colegio Marqués de Vallejo se divide por pasillos. Su hija está en el amarillo, el pasillo en el que están los menores que van en sillas de ruedas y los más dependientes “y en el que la plantilla nunca está completa porque siempre hay alguien de baja así que los que quedan, hacen lo que pueden. Desde hace años venimos denunciando la falta de ATES, de profesionales cuidadores. Las bajas de profesores sí se cubren, pero estas no”. Por lo que también invita a estos profesionales a dar un paso adelante y denunciar su situación “porque estamos hablando de niños y niñas especialmente vulnerables”.

Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur

Nuria, madre de la alumna del Marqués de Vallejo

Con la resolución en la mano, Nuria se siente relativamente tranquila porque ha podido demostrar que el fémur de su hija no se ha roto solo. Por esto recibirá una indemnización económica de 17.000 euros. La abogada que ha tramitado el caso, Emma Pallardó es especialista en Derecho sanitario y adscrita a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’ y explica que “la resolución estima parcialmente la reclamación presentada por la familia, reconociendo la negligencia en el manejo de la niña, condenando al pago de una indemnización de 17.000 euros, pero rechaza indemnizar cualquier daño moral a pesar del sufrimiento evidente que ha soportado la menor —que no puede verbalizar su dolor ni interpretar lo sucedido— y el impacto emocional devastador en su entorno familiar”. Por lo que el caso no se acaba aquí y habrá recurso. “Mi hija no tiene voz, yo sí. Y la usaré para que esto no le pase a ningún niño más”, apunta la madre. “Me duele profundamente que se diga que mi hija no ha sufrido daño moral. Mi hija gritaba de dolor y nadie supo explicar cómo se fracturó el fémur”.

La hija de Nuria ha vuelto al colegio, pero para ella no ha vuelto la normalidad porque “por las noches tiene pesadillas y necesita ayuda para dormir y, aunque confío en el personal, me genera mucha ansiedad dejarla allí cada día sabiendo que me han tratado de mentir, de ocultar la verdad y con el colegio en la situación en la que se encuentra”.

Poner de relieve un problema estructural

Esta resolución ha servido para poner de relieve un problema estructural. “La escasez de personal auxiliar y la falta de supervisión adecuada en un centro destinado precisamente a niños y niñas con grandes necesidades de apoyo” insiste la madre. En la misma línea se posiciona la Asociación El Defensor del Paciente que advierte de que este caso no es aislado sino la punta de un iceberg preocupante. “Hace años que denunciamos que los centros de educación especial sufren infrafinanciación, ratios insuficientes y falta de formación específica. Y mientras no se corrija, seguirán produciéndose lesiones evitables. Estos niños no pueden elegir ni defenderse. Dependen por completo del sistema. Y el sistema les está fallando. La protección de estos menores no es opcional: es un deber legal y ético”.

La semana pasada te contamos la condena de dos cuidadores, extrabajadores del centro Leo Kanner, otro centro público del Gobierno de La Rioja dedicado a la atención a personas con discapacidad, autismo, que incluye centro de día, residencia y terapias. Los profesionales han sido condenados a un año y ocho meses de prisión por maltratar a una residente. De hecho, según la sentencia del Juzgado número tres de lo Penal de Logroño, ambos cuidadores “después de haber duchado a la residente, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama en la que se encontraba, tirándola al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola en ambas ocasiones y abandonando la habitación dejándola sola y desnuda”.

En este caso, el Gobierno de La Rioja limitó su responsabilidad y señaló que a la entidad gestora del centro. “Es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja”, señaló el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. “Dentro de los mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad” y es esta “la que ha establecido la condena”. No obstante, sí señaló Domínguez, que el ejecutivo “analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro”.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 180.000 euros más intereses legales a un paciente que sufrió la amputación de media pierna derecha tras permanecer trece días sin ser trasladado a un hospital con cirugía vascular.

Según la sentencia, facilitada por la asociación El Defensor del Paciente, los hechos se remontan a noviembre de 2021, cuando el afectado, de 55 años, acude al Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal La Merced de Osuna (Sevilla), por necrosis en dos dedos del pie derecho (3º y 4º), con afectación al antepié.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Écija, en el que se le realizó una amputación parcial del pie pese a que, según ha detallado la asociación, en el mismo no existe un servicio de cirugía vascular. El paciente fue atendido, tal y como ha detallado la asociación, por cirugía general y traumatología, sin ser remitido a un hospital con especialistas en cirugía vascular.

“Mala praxis” médica

Finalmente, el 22 de noviembre fue trasladado al Hospital Virgen de Valme de Sevilla, donde se le practicó una revascularización el día 24. Entre el 25 y el 26 de noviembre se le realizaron nuevos desbridamientos y una amputación en guillotina del pie, y el 3 de diciembre se practicó la amputación definitiva de la pierna derecha por debajo de la rodilla.

Así, la demanda presentada por el paciente sostiene que el retraso de trece días sin revascularización, pese a existir desde el inicio un diagnóstico de pie diabético con necrosis, supuso una “mala praxis” médica.

Según la reclamación, si el paciente hubiera sido enviado de inmediato al Hospital de Valme, podría haberse salvado parte del pie. También ha advertido de falta de información, ya que no se le informó ni a él ni a su familia de la necesidad de revascularizar antes de amputar, ni de que se le iba a extirpar el mediopié. Por todo ello, solicitó una indemnización de 420.000 euros.

Falta de oportunidad

Finalmente, el juzgado ha indicado que no se puede saber “a ciencia cierta” si de haber derivado a Angiología y Cirugía Vascular y la revascularización previa hubiera sido plenamente efectiva para evitar la amputación, aunque ha reconocido una “falta de oportunidad” de haber alcanzado un resultado más favorable.

Sin embargo, ha señalado que hay “factores como la infección y la diabetes que también afectan al resultado”, a lo que ha añadido que los peritos señalan que no se puede establecer relación causal directa entre la demora y la amputación final. En consecuencia, ha reducido la cantidad solicitada por el demandante como indemnización, 420.000 euros, y ha condenado al SAS a abonar 180.000 euros más intereses legales al paciente.

Asimismo, el juzgado ha recordado que la resolución no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este contexto, la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha manifestado su desafección con que “sólo dos hospitales de Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Hospital de Valme, cuenten con unidades completas de angiología y cirugía vascular”.

Así, ha instado a las autoridades competentes a invertir una mayor cantidad de recursos a reforzar este tipo de servicios, que atiende “las necesidades reales de los andaluces”.

El juzgado Contencioso Administrativo número 6 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 200.000 euros, más intereses, a una paciente sevillana a la que tardaron 13 meses en diagnosticarle un cáncer. El caso ha sido defendido por la letrada María Jesús Villalpando Sedeño, perteneciente a los servicios jurídicos de la asociación El Defensor del Paciente. En estos momentos, la sentencia es firme al no haber sido recurrida por el SAS.

Los hechos se remontan al 19 de julio de 2017, día en que L.M.C, de 43 años, acudió a su centro de salud del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra. Presentaba dolor dorsolumbar, por lo que su médico le solicitó una radiografía (RX), “que pese a ser un medio pobre de diagnóstico ya era patológica, algo que pasó desapercibido para el médico del centro de salud”.

La paciente siguió acudiendo a su médico de atención primaria con sintomatología que iba a peor durante todo un año. “Del dolor de espalda pasó a no poder respirar; de no poder respirar a sentirse una masa, e increíblemente ni se molestaron en explorarla, pese a que el tratamiento pautado, para el supuesto dolor de espalda, no la hacía mejorar. Y sin tener en cuenta ni la radiografía ni antecedentes familiares de sarcoma”, señalan desde el citado colectivo.

La afectada, ante el cuadro que presentaba –“casi sin poder respirar”–, acudió el 9 de agosto de 2018 a Urgencias del Hospital Virgen de Valme, “donde rápidamente le hicieron un TAC y le diagnosticaron un sarcoma”. Habían pasado 13 meses “desde los primeros síntomas y desde una radiografía patológica que obligaba a haberle realizado un TAC un año antes”, denuncian desde la asociación en defensa del paciente.

La importancia de un diagnóstico temprano

“La sentencia es rotunda al punto de no haber sido recurrida por el SAS ni por su aseguradora”, explican los denunciantes. “Considera que, sin lugar a duda, esos 13 meses de demora en una patología muy grave, supuso para la paciente una pérdida de expectativas de curarse. Reprocha que ni se molestasen en explorar a la paciente”, añaden. La resolución “estima acertado lo defendido por los peritos de la demandante”, según destacan en la mencionada asociación, “al considerar que desde la primera radiografía que le hicieron a la paciente, rápidamente se le debió hacer un TAC”.

“El no hacerlo, y así lo recoge la sentencia, provocó que la tumoración maligna se infiltrase a estructuras que hacía imposible resecarla. Ello se podría haber conseguido con un diagnóstico temprano”, lamentan. “La demora diagnóstica ha supuesto a la paciente un calvario terapéutico, teniendo que ser sometida a varias intervenciones quirúrgicas, a secuelas físicas de calado y a tenerse que someterse, de por vida, a quimioterapia paliativa”, informan desde El Defensor del Paciente.

Segunda condena en una semana

En opinión de Carmen Flores, presidenta de la asociación El Defensor del Paciente: “En una semana ha salido a la luz pública dos condenas al SAS, de dos mujeres que acudieron a nuestra asociación en busca de ayuda. En ambos casos estábamos ante un sarcoma. A una le diagnosticaron un cáncer que no tenía, provocándole tremendas lesiones al tratar una tumoración benigna como maligna, sometiéndola a un ensayo clínico a base de quimio y radioterapia”.

“Ahora, se vuelve a condenar al SAS, por lo contrario, por no diagnosticar a tiempo un sarcoma que sí tenía, y cuya demora en materia oncológica de un diagnóstico y tratamiento tiene tremendas consecuencias”, ha afirmado Flores, al tiempo que ha hecho un llamamiento específico al SAS “ante la mala calidad asistencial que ha demostrado, en este caso, un ámbito de la medicina que es fundamental: la atención primaria, puerta fundamental para permitir al paciente ser derivado al especialista y estar correctamente diagnosticado y tratado”.

La asociación El Defensor del Paciente recibió el año pasado en Cantabria un total de 223 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias --un 10% más que el año anterior-- de las que diez tuvieron resultado de muerte. Así lo recoge la Memoria 2024 que ha publicado la asociación Defensor del Paciente este lunes, en la que indica que los hospitales más denunciados en Cantabria son, por orden, el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Sierrallana y Santa Clotilde. Las principales reclamaciones tienen que ver con listas de espera, urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología y obstetricia.

A pesar de que Cantabria se encuentra en la zona media baja del recuento con 223 casos, existe un descontento general entre la población y el personal sanitario por la situación de la sanidad cántabra, según la asociación, que ha apuntado que el número de casos se asemeja a 2022, cuando fueron 225 casos y que están “un poco por encima de lo normal”, pues la media de última década es de 213 casos.

El Defensor del Paciente señala que “la inestabilidad del estado de la sanidad cántabra se origina por sus improcedentes listas de espera, de las peores del territorio español, solamente superada por Andalucía, Extremadura y Aragón, con un promedio de 139 días para cirugía que supera la media nacional”.

De nuevo, es la comunidad autónoma con mayor tasa de pacientes en espera para una operación no urgente, con 29,21 por cada 1.000 habitantes. A 30 de junio de 2024, 16.776 pacientes estaban pendientes de una intervención.

Los cántabros que sufren los mayores retrasos en traumatología, oftalmología y cirugía general y digestivo,y las especialidades con mayor tiempo de espera son cirugía plástica, neurocirugía y traumatología.

En toda España, la asociación recibió durante el año 2024 un total de 14.088 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias -2.017 más que en 2023-, de los cuales 798 han sido con resultado de muerte, lo que supone 196 fallecidos más que en 2023.

Los casos más habituales que se han producido por mala praxis son intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias. “Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico y la pérdida de oportunidad terapéutica”, subraya la Memoria.

Desglosando por especialidad y proceso, unos 108 bebés nacieron con alguna discapacidad, lo que supone 3 casos más respecto al año anterior, debido a partos llevados de forma inadecuada o con fórceps, causando secuelas como sufrimiento fetal, parálisis cerebral o braquial.

“Lo peor de este apartado es que, en gran parte de estos casos, los ginecólogos no informan a los padres durante el embarazo de las malformaciones del feto y luego muchos bebés fallecen a las pocas horas de nacer por ser incompatibles con la vida”, lamenta la asociación.

Asimismo, se han recibido 351 casos de personas que se sometieron a una intervención de cirugía plástica, reparadora y estética, con resultado insatisfactorio. La cifra es superior en comparación con el año pasado, con un total de 65 casos más.

Además, 25 personas fallecieron en casos en los que tras avisar al 112, o bien no se envió una ambulancia al domicilio para trasladar al enfermo a un hospital, o bien en esos casos la respuesta fue tardía con más de una hora de retraso.

Por su parte, 32 pacientes fallecieron por infección hospitalaria debido a que el hospital no cumplió las medidas de asepsia necesarias. “Este es un número ínfimo al real, ya que en España al año fallecen más personas por infecciones hospitalarias que por accidentes de tráfico”, destaca El Defensor del Paciente.

La Memoria también refleja que hubo 134 casos de estado de discapacidad en pacientes después de una intervención quirúrgica, quedando en estado de tetraplejia o paraplejia. Este dato supone 33 casos más contabilizados comparándolo con 2023.

Afectadas por depilación láser

En 2024, hubo 70 casos de personas afectadas por depilación láser. El Defensor del Paciente considera que este es un dato para tener muy en cuenta, ya que es una técnica que durante los últimos años ha incrementado su práctica dentro de las cadenas de estética.

Asimismo, hubo 24 casos de contagiados por hepatitis C (VHC), el número es similar al del año anterior, con un caso menos. La mayoría vienen originados por trasfusiones de sangre en intervenciones 

Por otro lado, 287 personas denunciaron haber sido dadas de alta sin estar en condiciones óptimas de poder ir a trabajar.

Por orden descendente, las CCAA con más denuncias por negligencias son: Madrid (3.811 Casos); Andalucía (2.509); Cataluña (1.783); Comunidad Valenciana (992); Castilla y León (812); Galicia (746); Castilla-La Mancha (705); País Vasco (462); Murcia (454); Aragón (380); Canarias (307); Extremadura (290); Asturias (237); Cantabria (223); Baleares (201); Navarra (99); La Rioja (62), y Ceuta y Melilla (15).

Los servicios más denunciados en 2024 son las listas de espera, seguido de la cirugía general ; Urgencias; Traumatología; Ginecología y Obstetricia; Odontología y maxilofacial; transporte sanitario y Ambulancias; Oncología; Cardiología, y Oftalmología

Listas de espera

La Asociación señala que, del 2020 al 2024, las listas de espera continúan con un “ascenso meteórico”, al mismo tiempo que, en materia de justicia de negligencias médicas, “cada vez es mayor el número de sentencias favorables en los que el distintivo es la demora diagnóstica y los tratamientos de cáncer tardíos”.

Así, aseguran que los plazos de garantías no se cumplen. “Transcurridos más de veinte años desde que se instauró el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, nos encontramos ante una ley desfasada. Una ley sobre listas de espera que data de 2003 está más que obsoleta. Se debería aprobar una nueva”, defienden, a la vez que denuncian que “las listas de espera son un fraude de ley”, explican.

Al hilo, recuerdan que ,según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, a fecha del 30 de junio de 2024, los plazos de espera para una intervención quirúrgica establecen un nuevo registro con 848.340 pacientes para una operación y una media de tiempo de 121 días.

“Nunca hubo tantos pacientes a la espera de someterse a una cirugía, porque si los comparamos con los del informe de 2023 suponen 28.376 más, mientras el tiempo de espera asciende 9 días. Los datos registrados vuelven a convertirse en los peores de toda la historia de la sanidad pública. Son cifras atroces”, resaltan.

Servicios de Urgencias

La Memoria critica la situación de los servicios de Urgencias. Así, señala los diez hospitales que más reclamaciones han tenido de sus servicios de Urgencias por una gestión “deficiente”, en los que “las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento (tanto mental como físico)”.

“Son servicios con deficiencias similares durante repetidas etapas del año: pacientes hacinados por falta de espacio, insuficiente número de camas, horas de espera hasta recibir asistencia, colapso brutal”, explica la asociación.

Por orden decreciente, aquellos que cuentan con más denuncias por sus servicios de Urgencias son: El Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (Santa Cruz de Tenerife); Hospital Universitario de Toledo; Complexo Hospitalario Universitario de Santiago; Hospital Universitario La Paz (Madrid); Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona); Hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada); Complejo Hospitalario Universitario de Albacete; Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca); Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla), y el Hospital Universitario San Pedro (Logroño).

Antonio había dejado muy claras las instrucciones a su familia. El día que llegara el momento no quería ser incinerado, sino enterrado en un ataúd en el cementerio de Rincón de la Victoria (Málaga) junto a su padre y otros seres queridos. Pero su deseo se ha truncado por una macabra confusión. En el Instituto Anatómico Forense de Cádiz, dependiente de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, el cuerpo de Antonio fue enviado a Barbate donde otra familia lo veló durante horas y lo terminó incinerando pensando que era otra persona.

Antonio, natural de la provincia de Málaga, estaba pasando unos días en El Puerto de Santa María (Cádiz), según ha relatado Damián Vázquez, el abogado de sus dos hijas y letrado de la Asociación del Defensor del Paciente, tras conocerse este caso por una noticia publicada en el diario SUR. El hombre se sintió mal y falleció, al parecer por una afección cardiaca. Su cuerpo fue enviado al Anatómico Forense de la capital gaditana para organizar su traslado a Málaga y hacerle unas comprobaciones, según les explicaron. Sus dos hijas viajaron a Málaga a preparar el funeral.

Pero al día siguiente recibieron una llamada del director del Instituto donde, supuestamente, estaba su padre. Era un mensaje de disculpas con una terrible confesión: alguien había confundido el cadáver de Antonio con el de una mujer de Barbate, en Cádiz. De forma que su cuerpo fue llevado al tanatorio de Barbate y allí fue incinerado. Nadie se percató del error.

“Un error garrafal”

Según han explicado fuentes de la Junta y el abogado de las hijas de Antonio, el cadáver de la mujer no llegó a viajar a Málaga, de forma que la familia barbateña sí podrá velar (de nuevo) e incinerarlo (otra vez). Pero el deseo de Antonio de ser enterrado en el nicho familiar en el cementerio de El Rincón de la Victoria no se podrá cumplir.

“Es un error garrafal por el que pedimos responsabilidades”, ha avanzado Damián Vázquez en nombre de las hijas de Antonio. “Lo que se les dijo es que había habido una confusión y que tratarían de hacerles llegar las supuestas cenizas con un columbario”, ha añadido. “Mis clientas están destrozadas. No pueden entender cómo ha pasado algo así. Piensan que es un mal sueño, primero por perder a su padre, después por perder su cuerpo”.

La Junta de Andalucía ha anunciado la apertura de un expediente que aclare qué ha podido fallar para confundir dos cuerpos que, además, eran de sexo diferentes. También han pedido disculpas por lo ocurrido. “El objetivo del expediente es esclarecer los hechos y las circunstancias acaecidas en el procedimiento de entrega de los cadáveres, desde que llegaron al Instituto de Medicina Legal hasta que fueron entregados por la funeraria a la familia, para conocer qué errores se pudieron cometer y si no se siguieron los protocolos existentes”. 

La denuncia se ha presentado en el juzgado de guardia de Cádiz, al ser el lugar donde se produjo la posible negligencia. 

Conchi sigue nerviosa tras el teléfono. Ha pasado la noche en vela y poco a poco se va a recuperando, pero el enfado tardará un tiempo en irse. A su marido, de 76 años, este lunes le dieron el alta en el hospital de Usansolo después de ser operado para colocarle una prótesis de cadera. La pareja pidió una ambulancia a las 14.30 que les trasladara hasta su municipio, Llodio, debido a que por recomendación del médico el traslado del paciente debía ser tumbado y no podía realizarlo en taxi ni coche. “Esperamos y esperamos y la ambulancia no venía. Llamé hasta en tres ocasiones y me dijeron que nosotros éramos los siguientes, pero ahí no venía nadie. No entendíamos nada y la angustia y la rabia eran cada vez más grandes”, confiesa la mujer.

El hombre estaba vestido y preparado para abandonar la habitación, algo que no pudo hacer porque la ambulancia no llegaba. Finalmente, optaron por volver a encamarlo y pasar otra noche en el hospital. “Yo tuve que llamar a mi hija para que viniera a buscarme porque ya no había autobuses. Me marché y él se quedó en la habitación. ¿Cómo es posible que con la alta ocupación que hay en los hospitales estemos ocupando una cama que realmente no necesitamos, porque mi marido estaba ya para irse a casa, en lugar de dejarla libre para alguna urgencia o ingreso?”, se pregunta.

Conchi volvió al día siguiente y las enfermeras del hospital le confesaron que la ambulancia finalmente llegó a las 00.30, diez horas más tarde de solicitarla. Al ver que el paciente estaba dormido, se marcharon. Conchi y su marido fueron trasladados en ambulancia a la mañana siguiente sobre las 09.30. “¿Las doce de la noche es un horario adecuado para trasladar a un enfermo de 76 años después de una operación de cadera? No hay derecho. Me replanteé el pagar una ambulancia, costara lo que costara, pero no tuve opción y entiendo que no es justo. Este es un servicio que necesitamos y que debemos tener como ciudadanos que pagamos impuestos”, sostiene Conchi.

¿Las doce de la noche es un horario adecuado para trasladar a un enfermo de 76 años después de una operación de cadera?

Justo el mismo día que estos vecinos de Llodio sufrían en sus carnes lo que supone esperar durante horas a una ambulancia, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez entregó al Parlamento Vasco los datos relativos al retraso de las ambulancias: 126.000 demoras en Álava y Gipuzkoa y 5.000 esperas de más de tres horas en Bizkaia. Preguntados por este suceso en concreto, desde el Grup La Pau, cooperativa catalana encargada de estos desplazamientos en Álava y en Bizkaia, sostienen que el retraso se debió a un “problema de coordinación” y al “alto absentismo” de los trabajadores. “Hubo un problema de coordinación, unido a un número grande de servicios, a la confluencia de la petición de muchos de ellos a la misma hora, y a un problema de un menor número de unidades en servicio como consecuencia del alto absentismo que soporta la cooperativa”, reconocen.

Según informa, la petición de Conchi y su marido se registró a las 14.35 “junto a otras 40 más” y “desde las 14.00 hasta las 23:00 se realizaron 330 servicios, fundamentalmente de altas , interhospitalario, rehabilitación y diálisis”. “La cooperativa lleva mucho tiempo intentando evitar estas situaciones, dotando de más recursos humanos (contratando a más personal), dedicando más personal a coordinación con los hospitales y creando nuevos sistemas para evitar en la medida de lo posible esos retrasos”, señalan desde la cooperativa tras indicar que “lamentan muchísimo las molestias ocasionadas al paciente y su familia”.

Un servicio de transporte sanitario para acudir al hospital

No se trata de la primera denuncia realizada por Conchi y su marido con respecto a las ambulancias para trasladarles desde Llodio hasta el hospital de Usansolo. A lo largo del último mes han realizado dos escritos a Osakidetza exigiendo un transporte para poder llegar a las consultas sin tener que pagar un taxi de su bolsillo, algo que han tenido que hacer en reiteradas ocasiones. “Llevo más meses de los que me gustaría sin poder salir de casa por la extrema limitación de la movilidad derivada al proceso por el que voy a ser intervenido, por no hablar del dolor que sufro cada vez que tengo que mover la pierna (...) Las soluciones que me dan son que vaya en transporte público o en taxi, es decir, que pague dos veces por ese desplazamiento, la primera vía impuestos y la segunda vía mi cartera. ¿Saben ustedes lo que supone para un jubilado un taxi para ir y otro para volver desde Llodio al hospital? ¿Y las veces que he tenido que ir a las consultas de traumatología, anestesia o hematología?”, recoge uno de los escritos firmado por Juan Antonio, el marido de Conchi, quienes prefieren no hacer públicos sus apellidos.

En el primero de los escritos enviado a Osakidetza el pasado 24 de septiembre, la pareja explica que se le negó un traslado en ambulancia para acudir a las citas médicas argumentando que su caso no se consideraba “servicio mínimo” y los trabajadores de ambulancias del Grup La Pau “se encontraban en huelga”. El consejero Alberto Martínez ha asegurado que hay dos convocatorias de huelga que han podido condicionar el normal funcionamiento del servicio. La primera, de febrero, fue de todos los sindicatos, para todo el territorio y duró hasta abril. Se desconvocó con un acuerdo con La Pau a dos días de las elecciones. La segunda es exclusiva de LSB-USO y se activó en junio y únicamente en Bizkaia.

Los ciudadanos no tenemos la culpa de cómo ni a quién adjudican las externalizaciones de las prestaciones

“¿Me están diciendo que le han dado de nuevo la concesión y varios millones de euros a los cuales contribuyo pagando impuestos a una empresa que tiene aún en huelga a sus trabajadores por las condiciones laborales que sufren? Me parece una dejadez total y absoluta por su parte externalizar estos traslados a empresas sin asegurarse que cumplen lo contratado”, denuncia Juan Antonio.

“Solicito que me sea concedido el transporte sanitario adaptado a mis necesidades, tanto para acudir al hospital como para cuando me den el alta. Los ciudadanos no tenemos la culpa de cómo ni a quién adjudican las externalizaciones de las prestaciones y sí tenemos todo el derecho a exigir una solución que se lleva alargando en el tiempo más de lo necesario. Demuestren de una vez que los ciudadanos les importamos más allá del periodo electoral”, escribió el paciente antes de realizarse la intervención.

Desde el servicio de atención a pacientes y personas usuarias de Osakidetza respondieron a las quejas del hombre señalando que “su reclamación ha sido enviada a la empresa de ambulancias La Pau S.C.C.L. para su conocimiento y efectos y la Inspección Médica de la Delegación Territorial de Salud de Bizkaia ha tenido conocimiento de la misma”. “Manifestarle que el conocimiento de quejas, sugerencias y reclamaciones es una de las más importantes vías con que contamos para conocer el grado de satisfacción del usuario y corregir las posibles deficiencias que se puedan plantear, por lo que con su escrito, además de exponer sus impresiones, usted nos está ayudando a continuar la línea de calidad asistencial que nos hemos propuesto para esta organización de servicios”, concluye el escrito de Osakidetza.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Albacete ha dictado una sentencia, tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', que reconoce una indemnización de 128.700 euros al viudo e hijos de una paciente por una “negligente asistencia médica de urgencias”.

Los hechos se remontan a enero de 2020, cuando esta mujer, de 72 años, sufrió una caída golpeándose la cabeza en su domicilio en Hellín (Albacete), con posterior traslado al hospital de esta ciudad. En este servicio le dieron el alta sin seguir las prevenciones protocolarias para un traumatismo craneoencefálico que exigían, entre otros, un tiempo mínimo de observación y repetición de pruebas de imagen.

“La fatal consecuencia de este error fue que se pasó por alto la hemorragia cerebral que padecía la paciente, quien ya de alta al día siguiente evolucionó mal, por lo que fue reingresada para hacerle, demasiado tarde, un TAC que mostró una hemorragia cerebral cuando ya no se podía evitar su muerte”, relata la sentencia.

Por estos hechos la familia se dirigió a la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, que derivó su caso al legrado Ignacio Martínez, especialista en derecho sanitario. Se formalizó reclamación patrimonial administrativa y posterior demanda a nombre del viudo de la fallecida y sus tres hijos. 

Dos años después, en febrero de 2022, tras instruir el expediente, el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios del propio Sescam (el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) emitió informe en el que confirmó la “defectuosa” asistencia sanitaria: 

“No se siguió ningún protocolo o guía clínica de atención al paciente”

Reconoció que en la asistencia prestada a la paciente en el Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Hellín “no se siguió ningún protocolo o guía clínica de atención al paciente adulto con TCE”. De la falta de asistencia precoz, al traumatismo craneal derivó “una pérdida de oportunidad para la paciente como consecuencia en la demora del diagnóstico y tratamiento de la hemorragia intracraneal teniendo en cuenta que el tratamiento temprano y adecuado es clave para la supervivencia”.

La resolución del Sescam añadía que la paciente debería haber permanecido en observación al menos 24 horas debido al traumatismo craneal, persistencia de cefalea y náuseas, y presencia de factores de riesgo.

“La realización de una nueva prueba de imagen cerebral con anterioridad al alta hubiera sido esencial; teniendo en cuenta que los estudios recientes evidencian que la progresión de la lesión generalmente sucede entre las 6 y 9 horas del traumatismo”. 

En abril de 2023, mientras se tramitaba el pleito ante el juzgado de lo contencioso de Albacete, el Sescam dictó resolución expresa en el expediente administrativo que, basándose en el anterior informe, estimaba la reclamación apreciando una pérdida de oportunidad de un 70%, lo que ahora ha sido confirmado en sentencia.

La familia ha querido hacer público el caso para que en lo posible se prevenga que “una muerte de este tipo, que era perfectamente evitable, vuelva a producirse”. Desde la Asociación 'El Defensor del Paciente', su presidenta Carmen Flores, hace un llamamiento a los servicios sanitarios de urgencias para extremar el celo en el cumplimiento de los protocolos médicos para salvar vidas, de manera que el facultativo responsable “no se deje llevar por su impresión subjetiva y complete todas las pruebas precisas antes del alta”.

La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado la intervención “urgente” de la Fiscalía de Cantabria por la situación “crítica” de la atención sanitaria en esta comunidad autónoma, que “multiplica” su población en verano. Así se desprende de la denuncia remitida por esta agrupación al ministerio público, que ya ha sido presentada y está pendiente de admisión, han indicado este lunes fuentes fiscales a Europa Press.

El Defensor del Paciente pidió la intervención urgente de la Fiscalía la semana pasada por un posible delito de dejación de funciones y de abandono a los ciudadanos y a los trabajadores.

Realizó la solicitud a raíz de una denuncia pública de un partido político: una rueda de prensa del PRC, que aseguró que la región está viviendo “el peor verano” en materia sanitaria de los últimos 30 años, por “el abandono y la dejadez” de la Atención Primaria en Liébana y Campoo por parte del Gobierno (PP), donde “no hay pediatra desde mayo” ni “médico en el SUAP de Reinosa”, respectivamente.

“Lo que se está haciendo con los ciudadanos de la comunidad cántabra es difícil de calificar, abandonándolos a su suerte, que puede ser incluso la muerte”, ha avisado la asociación.

El Tribunal Superior de Justicias de Castilla y León (TSJCyL) ha dictado sentencia por el que condena a Sacyl y a su aseguradora a indemnizar con 60.000 euros a la familia de un paciente de 75 años que ingresado en el Hospital Santa Bárbara de Soria sufrió un ictus y no fue atendido por el médico a pesar de la urgencia del caso.

De los 60.000 euros de indemnización, 40.000 euros son para la viuda y 10.000 euros para cada una de las dos hijas del fallecido, según han explicado desde la Asociación 'El Defensor del Paciente', cuyo letrado, Santiago Díez ha llegado la defensa de la familia.

El paciente ingresó en la planta de Medicina Interna el día 9 de enero de 2019 por reagudización de su enfermedad pulmonar y fue tratado de esa afectación pulmonar, “progresando lentamente” y un mes después, el 9 de febrero, coincidiendo con el fin de semana, el paciente comenzó a presentar diversos síntomas (adormilado, leve respuesta a estímulos, midriasis) que propiciaron que la enfermera avisara al médico de guardia en reiteradas ocasiones.

La primera llamada se efectuó a las 20.30 horas y el médico se limitó a ordenar cambios en el tratamiento sin explorar al paciente, sin que estos ajustes de tratamiento mejoraran su estado. Así, ordenó disminuir el flujo de oxígeno por si se trataba de una retención de CO2, pero esta medida no hizo que el paciente mejorara, lo que llevó a enfermera a avisar médico de guardia a las 22.18 horas, quien continuó sin acudir a explorar al paciente.

Al día siguiente, el paciente estaba muy dormido y no respondía a llamada por lo que el médico de guardia fue avisado en repetidas ocasiones por la enfermera (a las 7.01 horas, a las 7.26 horas y a las 14.23 horas) pero no acudió a realizar exploración al enfermo y volvió a modificar el tratamiento.

Finalmente, ese mismo día a las 18.10 horas y tras el cambio de guardia, la médico de guardia fue avisada por enfermería porque el paciente se encontraba igual y en esta ocasión sí que acudió la médico a explorar al paciente, constatando que tenía los ojos semiabiertos, pero no respondió a estímulos (salvo muy dolorosos), con hemiplejia y afasia de 24 horas de evolución.

La médico solicitó la realización de un TAC urgente por sospecha de un posible Ictus, que fue confirmada por ese TAC a las 20.11 horas.

Tras tener el diagnóstico, la médico de guardia llamó al neurólogo de guardia, quien no se encontraba en el hospital (tenía guardia localizada, pero no presencial). Conocido ya el diagnóstico, la respuesta del neurólogo de guardia fue que “pida interconsulta” para hacer la valoración del paciente el lunes.

Y ello porque, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, ya no había tratamiento viable para el ictus ya que se había superado “con creces” la ventana temporal para intentar cualquier tratamiento para resolver ese ictus.

El lunes, 11 de febrero de 2019, cuando el paciente fue visto por el neurólogo, fuera de la ventana temporal, se pautó el único tratamiento viable para el paciente en ese momento: tratamiento paliativo, de limitación de esfuerzo, aunque el enfermo finalmente falleció. Además de que queda acreditada la mala praxis, la Sala de TSJCyL aplica la llamada teoría de la pérdida de oportunidad.

A raíz de que han salido a la luz las 1.700 personas que han fallecido en Cantabria mientras se encontraban en lista de espera sanitaria, el Defensor del Paciente, asociación que lleva casi tres décadas asesorando sobre esta materia en toda España, pidió a la Fiscalía una investigación “exhaustiva” al respecto de lo ocurrido.

Su presidenta, Carmen Flores, se muestra “horrorizada” con esta cifras y con la falta de transparencia por parte de las administraciones sobre el total de personas que fallecen en estas circunstancias. “Tenemos derecho a saberlo”, sostiene. “Lo ocurrido en Cantabria es gravísimo y, además, es un insulto a todos los que utilizamos la sanidad pública”, lamenta, llegando a afirmar que “morir en una lista de espera es casi un delito de homicidio”.

¿Cuáles son los principales desafíos que, a su juicio, enfrenta el Sistema Sanitario Nacional en la actualidad desde la perspectiva de los derechos de los pacientes? 

Pues ahora mismo, según está la sanidad pública en todas las comunidades sin excepción, creo que hay desafíos muy grandes, muy importantes y, desde luego, urgentes de realizar, empezando por las listas de espera. No se puede consentir que haya ni una sola persona que muera en lista de espera, menos aún 1.700 como acabamos de conocer en Cantabria. ¿Cuántos serán en España? Pues un horror, seguramente. Y así se lo hemos pedido al Gobierno, que nos den explicaciones y que nos digan qué saben de la cantidad de gente que se muere en una lista de espera antes de ser atendido. La atención primaria es fundamental, es la puerta de todo, y si su situación fuera mejor eliminaría en una medida importantísima los colapsos que hay en las urgencias de los hospitales, que es otro reto, porque en urgencias hace falta personal, hacen falta medios y, desde luego, de una forma casi inmediata. Reivindicamos que no salga nadie afectado como víctima de unas urgencias en las que se le da un alta precipitada, o se va deprisa, o el médico que atiende no es el adecuado. Y no me quiero olvidar de la dependencia y las residencias de ancianos, que también entran dentro de la sanidad.

Describe un panorama caótico...

Sí, la situación es bastante caótica y grave en lo que se refiere a nuestro sistema sanitario, y debemos recuperarlo porque es maravilloso, por lo menos bajo mi punto de vista. Lo que no se puede hacer es matarlo poco a poco con la prioridad que tienen las comunidades autónomas de derivar a los pacientes a la privada. Si siguen por este camino morirá la pública. Y ahí el Gobierno tiene que entrar de verdad y de forma contundente. Lo ocurrido en Cantabria es gravísimo y, además, es un insulto a todos los que utilizamos la sanidad pública. No podemos estar pagando para morirnos, estamos pagando para que nos atiendan y recibamos un trato y una asistencia digna. 

Precisamente sobre estos 1.700 fallecidos que estaban en lista de espera y esa petición de investigación dirigida a la Fiscalía desde el Defensor del Paciente, ¿cuáles son los principales resultados o descubrimientos que esperan obtener?

Tenemos derecho a conocer de verdad cuántos pacientes han podido morir y cuántos están en una lista de espera prioritaria y que, sin embargo, siguen esperando, no se les atiende, y, por tanto, se les pone en riesgo. El 100% de los pacientes que están en lista de espera llegan con agravamiento, y algunos con un agravamiento importantísimo. En Galicia, por ejemplo, tenemos 400 días para revisar un cáncer. Esto ya es poner en riesgo de muerte al paciente. ¿Qué es lo que le pedimos a la Fiscalía? Una investigación para que se sepa qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado. Entendemos que es por falta de medios, por dejación de funciones, por falta de profesionales, etcétera. Creo que es importante que las fiscalías actúen, porque sí es un delito que alguien se muera en lista de espera y sí es un delito que una persona se agrave y en muchas ocasiones quede con una incapacidad permanente porque está en lista de espera, aunque intenten decirnos que esto no es una causa penal. Sí lo es, porque se está poniendo en riesgo nada menos que la salud y la vida de las personas. La realidad es que todas las comunidades actúan igual o similar, tengan el color político que tengan.

Yo no quiero un médico que gane poco, que esté disconforme, que esté trabajando también en la privada porque no gana lo suficiente y, además, que esté cansado

¿Conoce algún otro caso similar en el que también hayan reclamado a la Fiscalía que investigue?

Lo llevamos haciendo muchísimos años, pero no hemos conocido hasta ahora esa cantidad de muertes porque obviamente no lo quieren decir. Hablamos de un delito casi de homicidio, a sabiendas de que ese paciente que está en lista de espera puede morir. Las administraciones están para proteger la vida y la salud de las personas, y no para ponerles piedras que les empujen a la muerte.

¿Cuál cree que es la estrategia más efectiva para tratar de reducir esas listas de espera?

Es la inversión. Dedicar el dinero público donde se debe dedicar. Yo pago la sanidad pública, es un contrato que tengo con la Administración y lo cumplo con la conformidad de que voy a tener un resultado, es decir, una asistencia rápida y digna. Si no es así, tendremos que denunciar que están incumpliendo ese deber por el que se paga. Los ciudadanos mantenemos todos los servicios públicos y tenemos que recibir a cambio por lo que pagamos, y no lo estamos recibiendo porque el dinero se va por otro sitio. Pedimos que el dinero que pagan los ciudadanos revierta en los servicios públicos y no en empresas privadas que deben buscarse los clientes. 

Mencionaba antes la situación en la atención primaria. ¿Qué medidas considera urgentes, sobre todo para mejorarla en áreas rurales o en zonas menos pobladas, que es donde es más deficiente? 

Sí, efectivamente. Ahí tienes toda la razón. No hay derecho a que un paciente porque viva en un pueblecito o porque sea una persona mayor no tenga médico o le tengan que atender por teléfono, como está pasando en algunas comunidades. Los que viven en zonas rurales tienen los mismos derechos porque también pagan. Por tanto, volvemos a la inversión, a la necesidad de invertir en salud y en vida. Esto es lo más importante, y se puede hacer si se quiere, si se tiene voluntad, y desde luego, si no se regala el dinero donde no debe regalarse. 

¿Cómo valora la transparencia y la comunicación entre las instituciones sanitarias y los pacientes?

Cero. Nosotros hemos mandado una carta al presidente del Gobierno de España y a la ministra de Sanidad pidiendo que haya transparencia en cuántas personas pueden haber muerto en España, porque no nos enteramos absolutamente de nada. Y gracias a vosotros, a los medios de comunicación, podemos hacer y reivindicar algunas cosas, pero la transparencia es cero. En un país que se presume que es democrático tiene que haber transparencia y los ciudadanos tienen que conocer qué es lo que pasa. En la carta señalamos que el propio Gobierno dice cuántos se mueren en accidentes de tráfico, cuántas mujeres mueren por violencia machista, cuántos han fallecido, desgraciadamente, suicidándose por problemas de salud mental... pero, ¿qué pasa con las personas de las negligencias médicas, de los que mueren por una falta de asistencia, por una lista de espera? Tenemos el mismo derecho a tener conocimiento de ello, porque esconder el sol con un dedo no sirve de nada.

¿Qué estrategias propondría para abordar la escasez de profesionales sanitarios?

Hace poco leí un artículo donde una MIR contaba lo que les pagan, la cantidad de trabajo que tienen, las horas de trabajo... Algunos cobran 1.200 euros. Esto es vergonzoso. Un médico tiene que estar bien pagado y, desde luego, descansado. Yo no quiero un médico que gane poco, que esté disconforme, que esté trabajando también en la privada porque no gana lo suficiente y, además, que esté cansado... Está mi salud en sus manos. Por tanto, la reivindicación es que vengan los médicos que se han ido porque no se les paga en condiciones, porque estamos muy por debajo de lo que cobran de media los médicos en Europa. Y no es posible que un médico esté 24 horas de guardia. Ese médico, cuando pasan 12 o 14 horas, no ve, ya no atiende al paciente en condiciones porque está cansado y, lógicamente, tiene un trabajo de riesgo. Y el riesgo es mi vida, mi salud y una denuncia para ellos. Yo creo que el objetivo es recuperar a los médicos y tomar en cuenta que en un trabajo bien pagado el trabajador va a estar contento y, desde luego, va a hacer su trabajo mejor. 

Más allá de estas problemáticas que hemos abordado, ¿qué otras quejas son las más frecuentes que recibe el Defensor del Paciente por parte de la ciudadanía?

Lo que más recibimos son, desgraciadamente, negligencias médico-sanitarias, o sea, negligencias que han pasado por acción u omisión de la Administración o de un médico. Volvemos a la disconformidad y al enfado de los médicos. No tienen tiempo para atender a los pacientes, se tienen que dar mucha prisa, los pacientes exigen porque creen que no les mandan a un especialista y les tienen que mandar, etcétera. Y se produce un enconamiento entre pacientes y médicos que termina con una situación que no se debiera producir. El tema de las listas de espera es una alusión constante y el de las residencias de ancianos también. Hay que mencionar también a los pacientes de salud mental, que están muy maltratados. Su lista de espera deriva en muchísimos más suicidios por falta de psicólogos y de psiquiatras. Son muchísimos asuntos los que recibimos y los atendemos con todo el cariño del mundo, lo mejor que podemos, hasta donde alcanzamos. Aquí estamos y en lo que podamos ayudar, obviamente, lo vamos a hacer. 

El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Fiscalía de Sevilla el caso, destapado por elDiario.es Andalucía, de un estudio clínico en el hospital Macarena con pacientes diabéticos sin su consentimiento expreso ni el aval del comité ético. La investigación está pilotada por cuatro médicos del servicio de Medicina Interna y fue denunciada ante las autoridades sanitarias por otro facultativo del mismo departamento.

En la notificación a la que ha tenido acceso este periódico, la presidenta de esta asociación en defensa del paciente, Carmen Flores, adjunta la noticia de elDiario.es Andalucía para solicitar “una investigación exhaustiva” en torno a unos hechos que cataloga como “presunto delito de abuso de poder y confianza” por parte del personal sanitario.

El Defensor del Paciente lleva 27 años persiguiendo casos de mala praxis médica por toda España, así como asesorando a usuarios que han sufrido alguna negligencia médica. En los últimos años, han conseguido que se abran diligencias de investigación por algunos de los casos llevados ante Fiscalía, aunque “no son tantos como nos gustaría”, tal y como manifiesta la presidenta de esta entidad en conversación con este periódico.

A la espera de conocer si la Fiscalía de Sevilla admite a trámite esta denuncia, el hospital, el Gobierno andaluz y el Consejo de Transparencia y de Protección de Datos de Andalucía ya han abierto sendas investigaciones sobre las “irregularidades y malas prácticas en materia de investigación y ética asistencial” denunciadas inicialmente por un médico del hospital Macarena en octubre de 2023.

Sortear códigos éticos

En conversación con este periódico, Carmen Flores lamenta que este tipo de irregularidades en el ámbito sanitario sean “muy comunes”, pero no salgan a la luz porque “en la mayoría de los casos los pacientes no se enteran”. De ahí que felicite al médico que ha dado la voz de alarma en el hospital Macarena “por esa valentía de que haya denunciado”.

En su denuncia, el facultativo deja constancia de que los autores del estudio iniciaron la toma de muestras biológicas en al menos 20 pacientes con pie diabético el pasado mes de marzo, sin contar con su consentimiento informado ni con la autorización del Comité Ético de Investigación de Sevilla, que emitió dictamen desfavorable tres meses después, rechazando el proyecto.

A este respecto, la defensora del paciente recuerda que el consentimiento informado es el primer paso en un ensayo clínico con seres humanos: “Lo primero es explicar en qué términos se va a llevar a cabo el estudio y cómo me va a afectar”. Sin embargo, Flores sostiene que no siempre se cumple con este requisito y, en otras ocasiones, se hace vulnerando los códigos éticos de investigación: “Sabemos de personas que les han hecho firmar un ensayo clínico dentro del quirófano, aprovechando un momento de máxima vulnerabilidad”.

De acuerdo con la legislación vigente, toda investigación sobre seres humanos o su material biológico requiere “el previo y preceptivo informe favorable del Comité de Ética de la Investigación”, así como el “consentimiento expreso y escrito” de los pacientes, según lo establece la Ley de Investigación Biomédica. De ahí que el médico denunciante concluya que los cuatro facultativos de Medicina Interna que figuran en el proyecto “se han pasado por alto el protocolo esencial para iniciar cualquier estudio de este tipo”.

Pacientes indefensos

Por otro lado, tampoco se informó al profesional que estaba a cargo de estos pacientes hospitalizados, de modo que el denunciante considera que “esta omisión deliberada hacia el médico responsable, saltándose la legalidad vigente en temas tan serios como es la asistencia a la salud de las personas, ponen en peligro el cuidado de los pacientes” y “representa una clara negligencia y falta de diligencia profesional, así como una grave amenaza para la seguridad y el bienestar de los pacientes”.

Para Carmen Flores, los hechos relatados demuestran “la vergonzosa indefensión que tenemos cuando ingresamos en un hospital”. “Hacen lo que quieren y no nos enteramos de nada, es absolutamente injusto cuando está en juego nuestra salud”, deplora en este sentido la defensora del paciente, quien considera esta situación como “un abuso de poder y de confianza”, toda vez que los pacientes –con una condición tan vulnerable como un ingreso hospitalario– se confían a los profesionales que les atienden.

En esta línea, Carmen Flores en el escrito remitido al fiscal de Sevilla califica como “gravísimo” que los profesionales de la salud se aprovechen de su autoridad para que las personas ingresadas “firmen cualquier cosa que les ponga por delante su médico de confianza”. Y en relación a los intereses que hay detrás de los ensayos clínicos se pregunta “qué tienen que ver en estas prácticas las farmacéuticas y/o las direcciones medicas y/o médicos que hacen semejante abuso sin que medie consentimiento”.

Por todo ello, la defensora del paciente concluye su petición instando al fiscal de Sevilla a investigar el caso, en la medida en que, remarca, este tipo de actos “no se deben consentir legalmente”.

El Hospital Recoletas de Cuenca, de gestión privada, tendrá que indemnizar con 215.000 euros al marido y a los dos hijos de una mujer a la que no diagnosticó a tiempo un infarto de miocardio. Así lo dicta una sentencia del juzgado de Primera Instancia número tres de esta ciudad, con motivo de una denunciado tramitada por los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.

Según explica este colectivo, la sentencia constata la “deficiente asistencia sanitaria” prestada en dicho Hospital al no haber diagnosticado a tiempo un infarto agudo de miocardio, que ocasionó el fallecimiento de la paciente a la edad de 63 años el 30 de septiembre de 2020.

De esta forma, la sentencia reconoce “el daño y la mala praxis” y critica que los profesionales del Hospital Recoletas de Cuenca no hiciesen un electrocardiograma en el momento del ingreso cuando la paciente acudió con “signos y síntomas claros” de estar sufriendo un infarto de miocardio, había padecido un síncope y tenía dolor en el pecho.

“Muy al contrario, se efectuó una anamnesis y exploración insuficientes y la paciente fue ingresada en planta. Tampoco la elevación de las enzimas cardíacas que se apreciaba en la analítica efectuada ni el agravamiento de la paciente en planta hizo sospechar a los médicos asistenciales del posible error de diagnóstico”, detalla.

Traslado y fallecimiento

El Defensor del Paciente apunta que no fue hasta el día siguiente, con la paciente ya en estado crítico, cuando se solicitó el traslado a un hospital con mayores medios asistenciales, el Virgen de la Luz.

Fue en la UVI móvil, con la paciente en estado crítico para su traslado, cuando se efectuó el electrocardiograma “que se debió realizar el día anterior”. Entonces se diagnosticó el infarto ya muy evolucionado. Las asistencias prestadas en el Hospital Virgen de la Luz y su evacuación en helicóptero al Hospital Universitario de Albacete “no pudieron remontar el grave deterioro en el que llegó la paciente”.

La defensa del caso ha sido tramitada por el letrado Francisco Javier Fernández-Bravo García, especialista en Derecho sanitario y adscritos a los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León (FSSCCOO CyL) ha condenado las declaraciones de la presidenta de la asociación el Defensor del Paciente, Carmen Flores, en las que sugirió realizar controles rutinarios de alcoholemia a las personas trabajadoras de Sacyl antes de acceder a sus puestos de trabajo e incluso propuso instalar cámaras en zonas de quirófano o servicios especiales.

Flores realizó estas declaraciones y presentó un escrito dirigido al presiente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en referencia al suceso ocurrido en la Plaza de Toros de El Burgo de Osma (Soria) el 17 de agosto cuando una sanitaria responsable del festejo taurino dio positivo en un control de alcoholemia.

La organización sindical, a través de un comunicado recogido por Europa Press, recuerda a la Defensora del Paciente que el servicio médico que atiende los festejos taurinos no depende de Sacyl, por lo tanto es de gestión privada y será en este ámbito dónde se deban exigir responsabilidades.

Además, añade que lo único que se consigue es alarmar a la población de una forma completamente irresponsable y gratuita por un hecho aislado que es totalmente condenable y para el que desde luego se deben tomar medidas.

Por ello, CCOO exige una disculpa pública por parte de la Defensora del Paciente a todos los trabajadores de la Sanidad, “que, de forma extremadamente profesional, realizan su labor día a día, sin que nadie les tenga que recordar que deben hacerlo en condiciones óptimas”.

“Esta figura, que es importantísima, desafortunadamente tiene muchos otros problemas sanitarios de los que ocuparse, con un peso específico mucho mayor, como son el cierre de camas, listas de espera interminables, la sobrecarga asistencial y el desmantelamiento de la Atención Primaria”, añade el sindicato.

Por otra parte, el sindicato se muestra sorprendido por el silencio existente por parte del consejero de Sanidad, el presidente de la Junta de Castilla y León, del Colegio Oficial de Médicos, y demás organismos competentes, a los que CCOO exige que hagan una defensa pública de sus profesionales ante “este ataque que no hace más que socavar la reputación de éstos y la imagen pública de Sacyl”.

El Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en el que reclama controles de alcoholemia a todo el personal sanitario que esté tratando a pacientes de forma rutinaria, tras detectarse un positivo en la cirujana que tenía que atender en el primer festejo taurino de la feria de El Burgo de Osma (Soria).

“Es curioso que se prohíban bebidas alcohólicas en los festejos y resulte que la prohibición no es para todos. La tasa de alcohol de esta señora no es casual ¿Cuántas veces lo ha hecho?”, ha cuestionado en un comunicado.

Por ello, Carmen Flores ha pedido controles a todos los trabajadores que directamente estén tratando a los pacientes de forma rutinaria, así como cámaras en los recintos en los que estén actuando, “quirófanos por ejemplo”.

Flores ha señalado que el personal sanitario tiene un trabajo de riesgo “y ni pueden ni deben beber una gota en sus lugares de trabajo; no entendemos por qué en la cafeterías de los hospitales se permiten las bebidas alcohólicas para ingerir en ellas o comprarlas”, ha indicado.

Además ha apuntado que al igual que defienden contratos de dedicación exclusiva, con sueldos al nivel europeo y trabajo de 40 horas semanales, también hay que exigir la responsabilidad del control en su trabajo, porque “no podemos imaginar a trabajadores de alto riesgo hacer su trabajo borrachos”.

La cirujana a cargo del festejo taurino celebrado en El Burgo de Osma el 15 de agosto dio positivo en un control de alcoholemia antes de llegar a la plaza de toros, lo que obligó a retrasar 45 minutos el festejo de rejones hasta que llegó el médico sustituto.

La Subdelegación del Gobierno de Soria ha confirmado que la facultativa titular, que llegó desde fuera de El Burgo, fue trasladada al cuartel de la Guardia Civil para prestar declaración y tendrá un juicio rápido por superar la tasa de alcoholemia permitida. 

Nuevo caso, y ya van dos, de error en una fecundación in vitro en Andalucía, en los que el padre está descubriendo que no es su hijo biológico. Así lo ha confirmado el director general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Luis Martínez, una segunda incidencia que se habría producido por las mismas fechas que el conocido esta semana en el hospital Puerta del Mar de Cádiz. De paso ha descartado que –por el momento– haya más casos relacionados con esta causa.

Así lo ha explicado Martínez en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que ha dicho que se está evaluando la trazabilidad del proceso y el cumplimiento de los protocolos establecidos para este tipo de intervenciones, después de que se conociera que una pareja había dado a luz a un bebé cuyo padre no era el biológico por un presunto error en la fecundación in vitro realizada en el hospital de Cádiz. Martínez ha explicado que la investigación aún se encuentra en fases “muy preliminares” porque el proceso es “muy minucioso” para “no saltarnos ningún paso” y “no cometer errores en la trazabilidad”, aunque van a intentar esclarecer lo sucedido “lo más rápidamente posible”.

En lo que se refiere a las causas que han suscitado el “error” en la fecundación in vitro, ha argumentado que, “desde el punto de vista científico, siempre hablamos de tres cosas, o que haya fallado la trazabilidad o que haya fallado la toma de muestras o que haya una tercera causa”.

¿Muestras de semen intercambiadas?

Preguntado sobre el que se haya producido un intercambio en las muestras de semen de los progenitores, el responsable de Salud se ha mostrado sorprendido por esta idea, al considerar que sus secuenciadores genéticos son “extremadamente pulcros en estas cosas” porque son situaciones “muy sensibles y afectan a las personas”. “Se tarda tiempo en elaborar protocolos serios, que se ponen en funcionamiento después de los pilotajes correspondientes, y que haya una variación en eso nos resulta extraño, por eso estamos investigando las causas y buscando cuales pueden ser los fallos que hayan podido haber en ese caso”, ha manifestado.

Martínez ha señalado que los protocolos se ajustan “a cada centro” porque cada uno de ellos cuenta con “máquinas específicas para determinadas cosas”. “Hay que adecuar los protocolos a cada uno de los procesos y de los centros porque no son los mismos los profesionales que hay en los distintos hospitales, con lo cual tampoco es lo mismo los servicios ni tienen que ser los mismos los protocolos”, ha añadido.

Fue el Defensor del Paciente el que dio la voz de alarma esta semana al hacer pública esta semana la denuncia de un matrimonio que había descubierto que el bebé que habían tenido por fecundación in vitro no era hijo biológico de su padre, una situación que se ha replicado en un segundo caso del que no se tienen datos al respecto. Además, el Defensor del Paciente ha solicitado al Fiscal Superior de Andalucía que realice “una investigación exhaustiva” de las fecundaciones in vitro que se han realizado en el Puerta del Mar de Cádiz para determinar “en número” los “errores” que pudieran haberse cometido y así depurar responsabilidades.

Un millón de euros de indemnización

Por su parte, Ignacio Martínez, el abogado del matrimonio del primer caso ha señalado que la pareja reclama al SAS un millón de euros por el “grave error”, y ha manifestado que desconocen si se trata de “un error puntual” o se ha debido “a un protocolo que puede afectar a otros casos”. Así lo ha expresado en un vídeo recogido por Europa Press, en el que ha explicado que, tras someterse en 2019 a una fecundación asistida en el hospital Puerta del Mar de Cádiz, la pareja ha descubierto recientemente que el hijo que han tenido juntos no tiene los marcadores genéticos del padre y por lo tanto no es suyo.

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunciaba recientemente en el Parlamento andaluz que el caso ya estaba siendo investigado para esclarecer los hechos y descubrir si se ha debido “a un error humano o un error de protocolo”, actuándose “en consecuencia” una vez se determine.

Los hechos se remontan a 2019 cuando el matrimonio fue incluido en lista de espera para un proceso de reproducción asistida en el Hospital de Cádiz. Dos años después se llevó a cabo la fecundación in vitro y la transferencia embrionaria, un proceso que “exitoso”. La pareja descubrió los hechos al someterse en febrero de este año a una prueba de paternidad, debido a “los reiterados comentarios familiares de la falta de parecido físico entre el niño y su padre”. El resultado de los análisis determinaron que el menor no era hijo biológico del padre, aunque sí de la madre.

“Hasta ahora eran unos padres normales y felices pero por un hallazgo casual se ha descubierto que el padre no es su padre biológico, lo que conlleva a que hubo un error en la muestra de semen”, ha aseverado el abogado, que ha repetido el desconocer si es una situación “puntual” o “puede afectar a otros casos”. Martínez ha asegurado que las implicaciones del error son “muchas” aunque “desconocemos las potenciales”. De entrada, ha señalado que “esta familia ha perdido la cohesión biológica y el niño ha perdido el derecho que tiene cualquier persona al conocimiento de su familia biológica y esto condicionará su futuro”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La-Mancha, mediante la cual se condena al Servicio de Salud de Castilla La-Mancha a indemnizar con 600.000 euros a los familiares de un hombre de 42 años por la “deficiente asistencia sanitaria” prestada en el Hospital Virgen de la Luz (Cuenca) al no haber detectado a tiempo una hemorragia ocasionada en una intervención causándole el fallecimiento.

Según la sentencia, facilitada por los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente, en 2020 el Juzgado Contencioso Administrativo de Cuenca ya dictó una sentencia que reconocía el daño y la mala praxis. Entonces condenó al SESCAM y a MAPFRE, pero solo indemnizó en la cuantía de 60.000 euros en base a la pérdida de oportunidad. Dicha sentencia fue recurrida por todas las partes, siendo ahora estimado el recurso de los familiares del paciente fallecido en la cuantía señalada: 517.000 euros de principal y 83.000 euros de intereses.

La actual resolución judicial no comparte la fundamentación de la sentencia en primera instancia de Cuenca. Revoca la misma y reconoce como hechos acreditados que el paciente acudió al Hospital Virgen de la Luz para la práctica de una extirpación de bazo debido a una esplenomegalia acusada (bazo agrandado), trombopenia y déficit congénito leve de factor VII, circunstancias que alteraban la coagulación del paciente.

En la intervención, efectuada el 19 de julio 2017 se produjo la lesión de una pequeña arteria peripancreática que pasó inadvertida y el paciente ingresó en reanimación para el control postoperatorio. “Desde su ingreso se constató que padecía taquicardias y dolor abdominal que no cesaban a pesar de los fármacos analgésicos suministrados. Tal sintomatología pasó completamente inadvertida convirtiéndose en un error fatal para el paciente”, refiere la sentencia.

Daño hipóxico por pérdida de sangre

Tras tres horas y media en reanimación, y como consecuencia de haber perdido casi cuatro litros de sangre, sufrió una parada cardiorrespiratoria y hasta dos horas después no se le intervino para frenar la hemorragia. A pesar de que se consiguió estabilizar al paciente, la excesiva pérdida de volumen de sangre provocó un daño hipóxico que le condujo al fracaso multiorgánico falleciendo al día siguiente de la intervención.

“El paciente no fue tratado correctamente, puesto que no se tuvieron en cuenta los antecedentes relacionados con problemas de coagulación que padecía y tampoco se prestó atención a los síntomas (taquicardias y dolor abdominal) que manifestaban la hemorragia. Además, en el consentimiento informado contemplaba la hemorragia como posible riesgo postoperatorio y aun así no se tuvo en cuenta”, apunta El Defensor del Paciente.

Alega igualmente que la ausencia de la práctica de pruebas para controlar la posible existencia de hemorragia demuestra que no hubo una actuación correcta ante la sintomatología que presentaba el paciente. “Si se hubieran realizado pruebas se habría diagnosticado la hemorragia abdominal a tiempo, y el paciente habría sido llevado a quirófano, trasfundido y no habría presentado la parada cardiorrespiratoria ni por lo tanto muerte encefálica. 

El Tribunal autonómico reconoce en la sentencia que la hemorragia no fue súbita, sino que existían signos suficientes que evidenciaban la presencia de la misma desde su ingreso en reanimación. “Pudo haberse detectado por medio de ecografía abdominal y una mejor monitorización del paciente”. La asociación y su representación judicial subrayan que la repercusión y el daño ocasionado a la familia es “enorme” dado que el resultado de la mala praxis ha sido el fallecimiento de “un padre joven, esposo, hermano e hijo”. 

Castilla-La Mancha no es ajena a la situación que se está viviendo en la sanidad pública debido a las largas listas de espera, a los colapsos en las Urgencias y a la sobrecarga de la Atención Primaria. Desde el final de la Navidad, varios sindicatos han denunciado estos hechos en la región, especialmente en el Hospital de Toledo, y han reclamado la puesta en marcha de soluciones para paliar una situación que se viene repitiendo por las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Ahora, la Asociación El Defensor del Paciente viene a constatar estos hechos en su Memoria de 2022 con la que pretende “humanizar” el sistema sanitario. En su balance, desgrana que los casos que recibió el año pasado por presuntas negligencias médico-sanitarias en Castilla-La Mancha ascienden a 710: son 231 en la provincia de Toledo, 198 en Ciudad Real, 131 en Albacete, 120 en Guadalajara y 30 en la provincia de Cuenca.

Según detalla la asociación, los hospitales más denunciados han sido el Complejo Hospitalario de Toledo, el Hospital General de Ciudad Real, el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, el Hospital Universitario de Guadalajara y el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Asimismo, las reclamaciones, especialidades y servicios más denunciados estuvieron relacionados el año pasado con las listas de espera, la cirugía general, las urgencias, la traumatología y la ginecología. Con todo ello, Castilla-La Mancha se sitúa en la séptima posición del ranking autonómico, aumentando levemente en 18 asuntos con respecto a 2021. Esto supone un repunte del 2,5% en relación con ejercicio anterior.

Una lista de espera “improcedente”

Argumenta la asociación que la lista de espera quirúrgica que soportan los castellanomanchegos es “improcedente” pues la tasa media ha superado el umbral de los 110 días, mientras que un total de 32.193 pacientes la engloban, siendo cirugía general, traumatología y neurocirugía las especialidades que acumulan mayor número.

“Son guarismos propios de una gestión inocua y en tela de juicio”, subraya, puesto que según los datos que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) facilitó al Ministerio de Sanidad de noviembre a diciembre de 2021, “por arte de magia desaparecieron 7.500 pacientes que ocupaban el apartado de más de 180 días de la lista de espera quirúrgica”.

Debido a este “desperfecto”, la asociación exige al Ejecutivo de Emiliano García-Page que realice una auditoría para aclarar este asunto y, al mismo tiempo, diseñe un plan específico para aligerar pacientes de la nómina de cirugías pendientes “en lugar de acicalar las cifras y avivar el auge de la sanidad privada”.

El colapso de la Atención Primaria y el déficit de médicos especialistas son “otros factores que afean el deteriorado modelo sanitario castellanomanchego”. Explica que en centros hospitalarios como los de Toledo y Guadalajara “la falta de profesionales es alarmante”.

De igual modo, “el caos organizativo se ha visto reflejado en el malestar profesional como consecuencia de la endeble planificación a la hora de tramitar las sustituciones cuando en septiembre finalizaron los contratos COVID”. “Y es que la falta de transparencia en la bolsa de empleo del SESCAM, todavía sin actualizar los méritos de gran parte del personal correspondiente al 2021, es otra turbulencia por añadir”, apostilla.

En su Memoria, El Defensor del Paciente destaca que la emergencia sanitaria “nos ha enseñado que necesitamos más y mejores recursos”, pero “no puede ser la justificación de la crisis sanitaria que sufren muchas comunidades”. La resaca de la pandemia deja “un sistema sanitario en pie de guerra por la falta de personal y el exceso de trabajo de muchos profesionales, especialmente de Atención Primaria, que ha provocado la convocatoria de varias huelgas”.

Una “dramática situación” de todo el Sistema Nacional de Salud

Con carácter general, denuncia que el Sistema Nacional de Salud se encuentra en “una dramática situación” como consecuencia de la falta de profesionales sanitarios. Alega así que las mejores medidas para paliar dicha problemática, en algunas especialidades y zonas geográficas, pasan por flexibilizar los criterios de acreditación MIR en “especialidades deficitarias a través de ofertas de empleo público”, aumentar las plazas en las facultades de Medicina de toda España, garantizar la estabilidad laboral y optimizar la retribución económica.

Igualmente, los servicios de Urgencias “continúan saturados”, sobre todo, por la crisis de la Atención Primaria. “La herencia que nos ha dejado el COVID-19 Sigue haciendo mella en nuestra salud como está sucediendo con la implementación, cada vez más arraigada, de la atención por vídeo consulta en los servicios de Urgencias. A nuestro modo de entender, la asistencia de los pacientes a través de una pantalla es una falta de respeto, una ilegalidad y un peligro. Conlleva mucha dificultad diagnóstica y puede conducir a graves errores en la medicación”, concluye.

Precisamente, el presidente del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha resaltado hoy el “compromiso” y la “fuerte apuesta” del Gobierno de García-Page para seguir reforzando la sanidad pública de la región, tras la próxima incorporación de cerca de 150 profesionales de Medicina Familiar y Comunitaria en el sistema sanitario. Eso sí, mediante promoción interna. Es un objetivo obligatorio para la comunidad autónoma, según directrices europeas, de estabilizar el empleo público.

En 2022 el Defensor del Paciente recibió 37 reclamaciones diarias por mala praxis médica, según se desprende de la 'Memoria 2022' publicada por la organización, que muestra que el año pasado tuvieron conocimiento de 13.611 casos de negligencias médico-sanitarias (455 más que en 2021) y 225 de ellas en Cantabria, de los cuales 699 fueron resultado de muerte (71 más que en 2021), cinco de ellos en la comunidad cántabra.

De los fallecimientos por mala praxis los casos más habituales fueron debido a errores de diagnóstico, pérdida de oportunidad terapéutica, así como por intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.

“La pandemia nos ha enseñado que necesitamos más y mejores recursos, pero esto no puede ser la justificación de la crisis sanitaria que sufren muchas comunidades (Madrid, Cantabria, Cataluña, etc.). La resaca del Covid-19 nos deja un sistema sanitario en pie de guerra por la falta de personal y el exceso de trabajo de muchos profesionales, especialmente de Atención Primaria, que ha provocado la convocatoria de varias huelgas”, ha denunciado el Defensor del Paciente.

En el caso de Cantabria, los hospitales más denunciados fueron el Marqués de Valdecilla, seguido de Sierrallana y Santa Clotilde. Mientras que las reclamaciones, especialidades y servicios más denunciados fueron listas de espera, urgencias, cirugía general, traumatología y ginecología y obstetricia.

Según el Defensor del Paciente, Cantabria se halla en la zona media baja del recuento con 225 casos, 29 más que hace un año, lo que supone un incremento del 13%, entre los más elevados.

El estudio indica que los valores alcanzados se asemejan a los del período comprendido entre 2017 y 2018, en el que se denunciaron 227 y 226 casos, respectivamente. Unas cifras “en concordancia con lo normal”, puesto que la media de asuntos recibidos durante la última década es de 224 casos anuales.

Sin embargo, con unos dígitos similares a Castilla y León y a Extremadura, la lista de espera quirúrgica de Cantabria es “de las peores de todo el SNS”, con un promedio de 132 días para cirugía. Además, unos 13.606 pacientes están pendientes de una intervención.

Los cántabros que sufren los mayores retrasos se encuentran en traumatología, cirugía general y de digestivo, oftalmología y, en cuarto lugar, cardiología.

Según el Defensor del Paciente, “Cantabria precisa de un plan con medidas inmediatas puesto que nunca ha habido tantas personas estancadas en las listas de espera para cirugías, consultas o pruebas diagnósticas”, y en este sentido denuncia la “inacción del Ejecutivo cántabro para adoptar medidas ante esta dinámica ascendente”.

Por otra parte, la entidad también se refiere a la huelga de médicos de Atención Primaria del pasado noviembre, que se prolongó durante diez días que dejaron 45.000 consultas pendientes, si bien para el Defensor del Paciente la movilización fue “más que necesaria” por la “inaceptable política de brazos cruzados del Ejecutivo cántabro que, durante más de tres años, no ha cumplido lo pactado”.

Finalmente, señala la falta de especialistas en los hospitales comarcales de Sierrallana, Laredo y Tres Mares como “otro síntoma de ruptura del sistema sanitario cántabro debido a que la población opta por acudir directamente a Valdecilla ante la falta de garantías para recibir asistencia”.

Sanidad en España

En España, a juicio del Defensor del Paciente, la sanidad pública ha entrado en “terreno pantanoso”, puesto que el gasto per cápita es inferior a muchos países de la UE, por lo que ha solicitado un aumento de la financiación del gasto sanitario de hasta el 7,2 por ciento del PIB.

“En España se invierte en la sanidad pública 2.027 euros por persona, mientras que la media de la UE es de 2.746 euros por persona. Por ejemplo, en Alemania se destinan 3.990 euros por persona. Nos estamos jugando el futuro, por lo que es el momento de que el Gobierno cree un pacto estatal por la sanidad pública”, ha apostillado.

Asimismo, se ha referido a las grabaciones de las intervenciones quirúrgicas. “Podemos entender que establecer por ley la grabación de todas las intervenciones quirúrgicas sea quizá excesivo e innecesario, pero sí de todas aquellas en las que lo solicite el paciente, o tengan una complejidad previsible que lo aconseje, incluso con fines médicos ante una posible segunda cirugía necesaria, un postoperatorio complicado, etc”, ha argumentado la organización, para pedir que se lleven a cabo las medidas oportunas para hacer efectivo el derecho de todos los pacientes a que sea grabada su intervención quirúrgica.

Por otro lado, el Defensor del Paciente ha mostrado su preocupación por el “auge” de la teleasistencia, puesto que, a su entender, conlleva “mucha dificultad” en el diagnóstico y “pone en peligro” la salud de los pacientes.

“Parece que los responsables políticos están orquestando un modelo sanitario 'low cost', tratando de maximizar rendimiento con el mínimo gasto posible”, ha criticado, al tiempo que ha avisado de que atender a los pacientes a través de una pantalla es una “falta de respeto y una ilegalidad”.

La organización ha denunciado también la gestión llevada a cabo en determinados servicios de Urgencia, informando de los hospitales que más reclamaciones han tenido: el Complejo Hospitalario Universitario Insular (Las Palmas de Gran Canaria), el Hospital Universitario La Paz (Madrid), el Hospital General Universitari de Valencia, el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña - CHUAC, el Hospital Universitario de Toledo, el Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío (Sevilla), el Hospital Universitari Son Espases (Palma de Mallorca), el Hospital Universitario Miguel Servet (Zaragoza), el Hospital Universitari Vall d'Hebron (Barcelona), y el Hospital Universitari de Bellvitge (Barcelona).

Finalmente, y con respecto a las listas de espera, el Defensor del Paciente ha comentado en su 'Memoria 2022' que una de las soluciones para paliarlo es adecuar el número de camas, quirófanos y medios diagnósticos a la demanda, y “renunciar” a los planes de choque y a las derivaciones a la privada porque, tal y como ha asegurado, a la larga ha quedado demostrado que “no son suficientes ni funcionan”.

Y es que, mientras los catalanes y los aragoneses aguardan 151 días de media, para cirugía, los vascos esperan 64, es decir, cuatro meses menos.

Entre comunidades existen diferencias, siendo Cataluña es la región con más pacientes esperando una intervención quirúrgica, 165.552, por delante de Andalucía, con 136.613, mientras que Navarra es la que menos, con 6.641. “Indiscutiblemente la falta de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades es el detonante de divergencia tan voluminosa”, ha concluido.