Maltrato a una usuaria en un centro público de autismo en Logroño: la tiraron de la cama dos veces y la abandonaron

Dos extrabajadores del centro para personas con autismo Leo Kanner de Logroño, un centro de titularidad pública gestionado por ARPA Autismo Rioja, han sido condenados a 18 meses de prisión por un delito contra la integridad moral una usuaria que residía en el centro. Ambos, que trabajaban como auxiliares especializados, han reconocido los hechos de los que se les acusaba, ocurridos el verano de 2023.

Según se recoge en la sentencia del Juzgado nº3 de lo Penal de Logroño, ambos cuidadores “después de hacerse duchado la residente, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, procedieron por dos veces consecutivas a volcar la cama en la que se encontraba, tirándola al suelo contra el armario, agarrándola y zarandeándola en ambas ocasiones y abandonando la habitación dejándola sola y desnuda”.

La sentencia también recoge que la víctima, que tenía 32 años en ese momento, es una mujer “extremadamente vulnerable”. Tiene una alteración cromosómica y Trastorno del Espectro Autista (TEA), con un 78% de discapacidad, que le afecta gravemente en su desarrollo intelectivo, necesitando supervisión especializada en todas las actividades de la vida diaria.

Según detallan los hechos probados, los cuidadores ahora condenados instaron a la usuaria a vestirse tras la ducha y al no reaccionar ésta a la indicación, “lejos de intentar hablar con ella y convencerla para que se vistiera, al margen de todas las pautas pacientes y educativas que un profesional que trabaja con personas autistas debía adoptar”, utilizaron un “tono autoritario, vejatorio, violento, absolutamente innecesario e indigno y desproporcionado para con la persona asistida, sin tener en cuenta sus especiales necesidades, de no mostrar enfado, ni elevar el tono de voz”. La sentencia ve probado que esta usuaria “en ningún momento, se mostró violenta, ni agresiva, ni abiertamente contraria a la orden recibida”.

En lo referente a la responsabilidad penal, los acusados han reconocido los hechos en el acuerdo de conformidad y han sido condenados a 18 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo de trabajador en centro de asistencia a personas con discapacidad, e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

No obstante, no mostraron su conformidad con la responsabilidad civil, para lo que se les reclamaba 15.000 euros por daños morales, justificando que “no se ha aportado prueba que acredite los daños morales”. Sin embargo, la jueza considera que el delito de trato degradante reconocido por los propios acusados comporta de forma inherente un daño moral en la víctima, por lo fija la indemnización en 12.000 euros. También se condena a la entidad gestora a la responsabilidad civil subsidiaria.

El Gobierno de La Rioja ha limitado su responsabilidad y ha señalado a la entidad gestora, que sigue al frente de la gestión del centro. “Es una condena que tiene que ver con trabajadores de una entidad que tiene licitado ese contrato por parte del Gobierno de La Rioja”, señaló el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez. “Dentro de los mecanismos de control, cuando hay indicios de delito es la jurisdicción penal la que tiene la prioridad” y es ésta “la que ha establecido la condena”. No obstante, sí señaló Domínguez, que el ejecutivo “analizará y tendrá muy en cuenta a la hora de vigilar el funcionamiento del centro”.